10 de mayo

Un día más de mi arresto domiciliario que hace el número 57 y seguimos avanzando. Dolorosamente, a la vista de las cifras trágicas, propias de una guerra, que día tras día nos muestra el panel del ministerio de Sanidad: 26.621 muertos y 224.390 infectados, de los cuales 47.481 pertenecen al personal sanitario, en su mayoría por falta de medios adecuados para el tratamiento de los infectados. Es decir, hemos pasado de ser el país donde la incidencia iba a ser mínima al país con mayores índices de muertos e infectados del mundo por millón de habitantes.

Además, alrededor de 6,5 millones de habitantes podrían estar infectados del COVID-19 en España, según se desprende de una información que acaba de hacer pública el ministerio de Sanidad sobre la práctica de pruebas de detección de Covid-19 y el número de contagiados confirmados como tales mediante dichas pruebas. De acuerdo con los datos ofrecidos nuestro país habría hecho supuestamente hasta la fecha 1,625 millones de PCR, mientras que la cuantía de infecciones ratificadas con dichas pruebas alcanza las 224.390 personas. Los datos oficiales revelan por tanto que un 13,8% de la población ha dado positivo en las detecciones practicadas, lo que extrapolándolo al conjunto de los españoles arrojaría esa cifra de 6,5 millones de infectados.

Ayer mismo, unas horas antes de que los datos fueran difundidos la prestigiosa cadena de noticias estadounidense CNN revelaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mentido, al asegurar que España figuraba a la cabeza de los estados que supuestamente más PCR practican en base a un estudio inexistente. El pasado 28 de abril, Sánchez había dicho en rueda de prensa ante todo el país que España era el quinto país en cuanto a test de Covid-19 realizados, citando para ello un estudio de la prestigiosa universidad estadounidense Johns Hopkins, teniendo que ser la propia universidad quien confirmare la inexistencia del estudio al que se refería el presidente del gobierno en su comparecencia,

Tampoco era la primera vez que el Gobierno adulteraba las cifras enviadas a organizaciones internacionales sobre las pruebas realizadas. Recuerdo cuando el 28 de abril, el presidente afirmó que, según la OCDE, España era el octavo país con más pruebas de coronavirus, teniendo que ser rectificado por el organismo para indicarle que su puesto en el ranking era el número 17, y eso teniendo en cuenta los datos oficiales que le envía el Ministerio, cuya credibilidad viene siendo puesta en duda desde los principios de la crisis.

Según el ministerio de Sanidad, nuestro país ha practicado 1,625 millones de PCR, pero pese a ello, al día de hoy llevamos 26.621 ciudadanos muertos.  En Alemania, por ejemplo, se han hecho alrededor de un millón más de pruebas con el doble de población y apenas contabiliza 7.500 cadáveres, y en nuestro país vecino de Portugal, la cifra de test apenas alcanza los 520.000 y el número de fallecidos no llega a 1.200.

Esa es la reflexión profunda que Pedro Sánchez tiene que realizar al observar cómo un país en la misma península como Portugal tiene cinco veces menos muertos e infectados que nosotros, y dejarse de martirizarnos todos los sábados con sus homilías plagiadas en gran parte de los discursos de guerra pronunciados por Winston Churchill.

Portugal en ningún momento ha impuesto cuarentena obligatoria para la población en general, ni mucho menos lanzó al ejército a la calle, por considerar que era un deber cívico. Portugal no ha parado su economía, salvo restaurantes y comercios. ¿Cuál ha sido la diferencia entonces entre dos países de cultura similar que comparten la misma península? Pues muy sencillo: “la anticipación y la rapidez en la adopción de las medidas de salud pública”, afirma el experto en salud pública, Alberto Infante: “El cómo actúas al principio determina todo lo que pasa después, porque, aunque esto no lo sabíamos hasta finales de febrero o principios de marzo, los asintomáticos han tenido un papel muy importante. Portugal tuvo la suerte de ver lo que estaba pasando en España e Italia y el acierto de tomar medidas cuando allí la epidemia ya había empezado”.

Además de esta anticipación, que ha sido la clave, Infante también señala tres características que han podido marcar diferencias con España: “No tenemos un sistema autonómico que complique la toma de decisiones; Gobierno y oposición han ido a una, lanzando el mismo mensaje desde el principio; y, quizás por esto y porque veían lo que estaba pasando fuera del país, la población ha estado muy concienciada”.

La cuestión es que, en plena fase de desescalada y como buenos marineros cuando amaina la tormenta, es hora de evaluar los daños causados por esa tempestad sin precedentes sobre el sistema sanitario español llamada COVID-19. Alejados ya de la urgencia y el colapso, aunque todavía vigilantes, los centros hospitalarios y por ende sus profesionales tendrán que ir volviendo poco a poco a la normalidad: a las citas pendientes, a las cirugías programadas, a las revisiones y a las pruebas diagnósticas, aunque, desde mi punto de vista, sin olvidarse de hacer una muy amplia y necesaria reflexión acerca de nuestro Sistema Público de Salud.

Fuente: Ministerio de Sanidad (09-05-2020).

Después de dar mi paseo diario por el parque, enseguida regresé a casa debido al tiempo lluvioso que hacía la primera noticia que recibo es de un amigo que me envía un mensaje desde Córdoba para comunicarme que Julio Anguita, aunque siga en un estado grave, parece ser que su vida no corre peligro, cuestión que me alegra enormemente.

En España, por ahora ninguno de los partidos está obteniendo algún beneficio político de la situación creada por el COVID-19, pero todos lo esperan, porque todos están en la competición partidista y electoralista a la espera de que recomience la liga. Por eso no paran de moverse para ver si pueden aprovechar las ocasiones que les brinda esta situación tan atípica, aunque sea tirándose a la cara, unos a otros, los cadáveres de las víctimas del COVID-19. Ninguno de los partidos ha dado en la tecla para despegarse de sus adversarios, ni siquiera entre los partidos que componen la coalición de gobierno PSOE-UNIDAS PODEMOS, donde siguen exactamente los mismos recelos y desconfianza que había antes de la coalición. Pero la oposición tampoco está sacando provecho en su estrategia del enfrentamiento, en ocasiones semejándose más a los buitres carroñeros en busca de los despojos, que demostrando ser personas con cierta capacidad política y, sobre todo, humana.

¿Nadie gana o todos pierden? Desde mi punto de vista, los que están perdiendo son el conjunto del pueblo español que, en absoluto se merecen esta clase de políticos. El mundo se ha dado la vuelta como un calcetín, pero estos profesionales de la política, en su inmensa mayoría, siguen perviviendo en sus máximas de siempre: interpretar y manipular siempre la realidad a su favor; buscar un chivo expiatorio para tratar de compensar sus insuficiencias o para afirmar sus posiciones; y no reconocer jamás un error, porque solo yerra el adversario.

Resultó muy interesante observar el cabreo de ERC cuando Pedro Sánchez se avino a pactar con Ciudadanos – tampoco era la primera vez, teniendo incluso en su día un programa definido para un gobierno PSOE-C’S -, para sacar adelante la renovación del estado de Alarma que cada vez se parece más a una alarma en el Estado. Lo grotesco del caso es que estos políticos no quieren darse cuenta de que ahora no se trata de que gane este o aquel, al menos a mí no me preocupa en absoluto, sino de que salgamos ganando todos, a ser posible con el menor coste de vidas humanas.

Tal y como se esperaba la votación en el pleno de investidura en el Parlamento vasco resultó protocolaria porque no hubo sorpresas, aunque sí un resultado de calado histórico. La Cámara dio la alternativa a Patxi López que se convierte en el primer lehendakari socialista, que pone fin a 30 años de hegemonía nacionalista en el País Vasco. Con los votos de su partido, 25, los 13 del Partido Popular y el de UPyD, López reunió los 39 apoyos que le resultan suficientes para iniciar una legislatura sin precedentes.

Y mucho me temo que lo volveremos a ver a partir de este jueves próximo cuando den comienzo las sesiones de la recién creada Comisión para la Reconstrucción, presidida por Pachi López. Por cierto, otro profesional de la política en el apparatchik del PSOE que, después de estar diez años en la escuela de ingeniería industrial de Bilbao no fue capaz de finalizar el primer curso, aunque eso sí, es un consumado negociador político, no en vano alcanzó en su día la Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria del País Vasco de la mano del Partido Popular (2009-2012).

No obstante, lo dicho, Pedro Sánchez no salió mal parado de su órdago al sacar adelante con retoques la declaración de alarma con la respiración asistida de la Arrimadas y el abono extra a la burguesía vasca del PNV, pese al resquebrajamiento que parece registrarse en sus “amistades” con ERC. Otra cuestión muy distinta es la que se pueda originar en las ya deterioradas relaciones en el seno de la propia coalición del gobierno, aunque den sensación de tranquilidad porque están convencidos de que la estrategia del PP se ha estrellado, gracias sobre todo a la decisión de Ciudadanos de negociar y llegar a acuerdos, y porque están convencidos de que los motivos que llevaron a Esquerra a situarse en el ‘no’ son coyunturales.

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos no esperan que el partido de Inés Arrimadas vaya ganar influencia en las decisiones del Ejecutivo, del mismo modo que tampoco cuentan con que otros partidos, con los que también se ha llegado a acuerdos en algún momento, como es el caso del PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu acaben marcando el rumbo de la coalición. Por una vez “un partido de derechas hizo algo responsable”, afirman, y eso sirvió para “compensar” lo que consideran un “grave error” de cálculo de ERC y garantizar la mayoría necesaria para mantener la vigencia del estado de alarma.

El PSOE y Ciudadanos han firmado este miércoles el acuerdo para un “gobierno reformista y de progreso” que supondría que la formación naranja votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana. Este acuerdo se ha alcanzado después de que sus respectivas ejecutivas hayan ratificado este mismo miércoles el preacuerdo que alcanzaron este martes los equipos negociadores de ambos partidos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han sido los protagonistas de la firma del documento en la sala Constitucional del Congreso, una de las más solemnes y que está presidida por los retratos de los siete “padres” de la Carta Magna.

No obstante, no esperar que Arrimadas gane influencia en la coalición de Gobierno no significa que Unidas Podemos no prevea que la puerta abierta a Ciudadanos sea aprovechada para “enredar” por quienes los morados consideran sus principales adversarios dentro del Ejecutivo, en especial la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con quien han sostenido varios encontronazos internos desde el comienzo de la legislatura.  En ese mismo escenario, el análisis de Unidas Podemos de lo ocurrido el miércoles en el Congreso es muy semejante al que hacen desde las filas socialistas.

Más allá de eso, en UP reconocen que la actitud de Ciudadanos interesa al PSOE porque “centra” al Gobierno, especialmente en las provincias donde más desconfianza despierta la buena relación con Esquerra. Les permite “vender moderación” y, en la medida en que combate el retrato que el PP y la derecha mediática hacen del Ejecutivo como un gabinete radical, “le viene bien hasta a Podemos”, reconocen

Pero en Unidas Podemos ni se plantean que la relación con Ciudadanos, más allá de que puedan dar soporte a determinadas iniciativas, vaya a afectar al núcleo fundamental del programa de gobierno de la coalición y que tiene como ejes la defensa de lo público, la reconstrucción del Estado de bienestar y la justicia social para que las grandes empresas paguen lo que les corresponde, luchar contra el fraude y poner en funcionamiento los gravámenes sobre determinados servicios digitales y una parte de las transacciones financieras que afectan a las sociedades que cotizan en el IBEX 35.

“Estamos logrando construir un “escudo social” que, con límites, es mucho más de lo que hizo nunca un Gobierno. Y estamos trabajando para un escudo europeo con Portugal e Italia (…) Por eso, “es fundamental el papel de la gente de Podemos”, que “siga movilizada, en las redes sociales, en los grupos de solidaridad en los barrios, en los centros de trabajo, para empujar junto a nuestro pueblo la posibilidad de hacer realidad los consensos sociales que refuercen lo público y que nos construyen como sociedad. Porque son los que nos unen y nos cuidan a todos y todas”,

De hecho, el viernes, 8 de mayo, el propio Pablo Iglesias se dirigía por videoconferencia a los miembros del Consejo Ciudadano de Podemos, después de volver  a defender la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, dejaba muy claro que los objetivos pasan por “blindar la sanidad pública”; proteger a la “industria” frente a las “deslocalizaciones”; llevar una “postura común como país” a Europa, “porque es donde en último término se va a dirimir la salida de la crisis”; avanzar hacia un “sistema fiscal sólido y progresivo”; o la defensa de una “tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen que ser solidarios y arrimar el hombro”. “La pandemia nos debe servir para tomarnos más en serio la transición ecológica”.“Estos principios deben construir la reconstrucción”-continuó diciendo – básicamente, son los que Unidas Podemos y el PSOE han pactado para la comisión parlamentaria que comenzará a trabajar la semana que viene.

Para desgracia de España, el actual presidente del gobierno no es un político de acuerdos y consensos, salvo aquellos que le permitan atesorar poder. Quien fracturó su partido no va a tener ambages ni pudores para suministrar la misma medicina a su rival. Como entiende que el fin justifica los medios, su estrategia ha sido siempre dividir la sociedad y enfrentarla. Lo hizo para tomar el poder e igualmente para sostenerse en él.

Desde este punto de vista, si usa la pandemia para arrogarse atributos de auténtico Cesar, también aprovechará la postpandemia para hacer lo propio mediante un plan de reconstrucción en el que, lejos de favorecer tan siquiera la apariencia de gran acuerdo nacional – otra vez los volvió a catalogar de nuevos Pactos de la Moncloa, sin tener ni puñetera idea de lo que fueron y en que quedaron los auténticos Pactos de la Moncloa de 1977 -, ha ido al copo de la comisión creada en el Congreso de los Diputados, lo que, en cierto modo, ya anticipa la andadura que va a tener la misma, corroborando lo predicho por Napoleón de que, si quieres solucionar un problema, nombra un responsable, pero si deseas que perdure, designa una comisión.

Lo verdaderamente importante, visto la poca consistencia de los partidos y sus liderazgos, es que el golpe asestado a la economía española por el COVID-19 mucho peor que la carnicería provocada por la crisis financiera de 2008, es que esta conmoción histórica representa nada menos que un episodio que marcará a toda una generación, poniendo a prueba no solo la capacidad de gestión de crisis de nuestro sistema político y nuestras instituciones, sino también la capacidad básica de recuperación de toda la sociedad,

Dadas la incertidumbres sanitarias, objetivo número uno, resulta bastante difícil concretar cuánto va a durar la emergencia económica, incluido el riesgo cada vez mayor de que algunas alteraciones a corto plazo se incorporen a la estructura económica en forma de desempleo a largo plazo, quiebras y otras disfunciones sustanciales, para lo que se necesita de auténticos liderazgos políticos que tomen medidas a tiempo, de tal manera que no ocurra como ocurrió con el COVID-19 que, de aquel “tranquilos que en España no tendrá prácticamente ninguna incidencia” nos han colocado en el ranking de la cabeza mundial.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

11 de mayo

Cuando comienzo mi día 58 de arresto domiciliario, el mundo continúa parado. Nunca había vivido una situación así en mis 71 años de edad. Aparece un bichito insignificante, del que nos hemos dado cuenta de él cuando ya era demasiado tarde, produciendo la parálisis de más de medio mundo a la vez que produciendo una serie de emociones, hasta la fecha nunca vividas de esta forma: incertidumbre, miedo, temor, angustia, terror, pánico… a la infección y, en definitiva, como anticipación de lo peor, a la muerte. ¿Cómo será el bichito éste que ha sido capaz de parar desde las competiciones del fútbol en España, las corridas de toros, y hasta las procesiones y demás parafernalias de la semana santa por primera vez en la historia de nuestro país?

Sin embargo, a pesar de los 26.744 muertos y los 227.436 infectados que llevamos al día de hoy, 11 de mayo, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad, que nos sitúa en el segundo país del mundo con más casos detectados, por detrás de Estados Unidos, el bicho este, efectivamente, acabará siendo determinante en esta legislatura política, pero no tanto por su impacto sobre la salud como por su economía.

Fuente: Ministerio de Sanidad (10 de mayo de 2020)

Se presentan meses y tal vez años devastadores para la actividad productiva, un periodo de sufrimiento que no provocará tantas muertes, pero perturbará muchas vidas. Y es ahí donde el gobierno se juega su supervivencia política, más allá del indescifrable desvarío de la presión separatista, de tal manera que, sabiéndolo como lo saben, desde el gobierno ya tienen su estrategia muy decidida a través del llamado “escudo social” que ha llevado a la ministra de Trabajo a blasonar de tener bajo subsidio a más  de cinco millones de personas en España, donde 21 millones de españoles (44% de la población) perciben su salario del Estado, entre desempleados, afectados por ERTE, pensionistas y funcionarios, estando previsto que este porcentaje se ponga en el 60%  cuando entre en vigor la renta básica o ingreso mínimo vital que, tal y como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, echará a andar en el mes de junio a través del correspondiente decreto-ley que lo regulará, afectando en torno a un millón de hogares, puesto que la ayuda no está previsto concederla a las personas, sino a la “unidad de convivencia”, en conjunto. Unas cifras que superan por primera vez en España el 51% del Producto Interior Bruto y que, nadie se engañe, teniendo en cuenta la corrupción y el nepotismo existente en nuestro país a diestra y siniestra, donde la igualdad de oportunidades simplemente es un sarcasmo, este aparato elefantiásico, entre otras cuestiones, servirá para ir creando y manteniendo ese voto cautivo de estómagos agradecidos a la hora de meter el voto en las urnas.

El 1% más rico de España acapara el 25% de la riqueza del país. La España de hoy es más desigual que la España de antes de la crisis. Durante los años de recesión la diferencia entre la riqueza de los más pobres y de los más ricos se ha hecho mayor. En el informe de Oxfam Intermón se afirma que, en base a datos de Eurostat, “la recuperación ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres” (22-01-2018)

Desde mi punto de vista, el único y principal problema de esta economía cautiva es que exige de muchísimo dinero para sostenerla y, habiendo como hay dinero – muchísimo dinero -, éste se encuentra en manos de una minoría demasiado minoritaria. La desigualdad en España se alimenta no solo durante las crisis económicas, sino también durante la recuperación de las mismas, de tal manera que un informe de Oxfam Intermón realizado en 2018, entre otros muchos elaborados, nos dice que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y el 10% más rico de la población concentra ya más de la mitad de la riqueza total (53,8%), más que el otro 90% restante.  El informe señala que la evolución del reparto de la riqueza en España confirma su “injusta distribución”, puesto que el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).

Entre 2016 y 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada en ese periodo, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de este incremento. Solo en el último año, cuatro nuevos multimillonarios españoles entraron a formar parte de la lista creada por la revista Forbes, que ya incluye 25 multimillonarios españoles en la lista.

El 26,1% de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social O lo que es lo mismo, 12,1 millones de personas tienen serios problemas para cubrir las necesidades básicas, según el informe “El estado de la pobreza”. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018. Nada ha mejorado en el último año en este aspecto. Si discriminamos la tasa de pobreza, esta afecta al 21,5%, unos 10 millones de ciudadanos en todo el país.

Refiriéndose a los salarios, el estudio de Oxfam Intermón refleja que, mientras que la remuneración de los trabajadores no ha recuperado todavía los niveles de 2009, los beneficios empresariales lo hicieron dos años antes y se situaron, en el segundo trimestre de 2017, un 8,3% por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2009. De esta forma, desde el primer trimestre de 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido diez veces más que el salario promedio por hora trabajada.

Según Oxfam Intermón, respecto a las empresas cotizadas en el IBEX35, señala que la polarización salarial mantiene su curso, dado que mientras que en 2014 un trabajador medio de una empresa del IBEX35 tenía que trabajar 84 años para igualar el salario anual del primer ejecutivo de la compañía, en 2016 esta cifra se elevó hasta los 112 años. La cifra se elevaba hasta los 207 años si se compara con el salario mínimo promedio de las compañías del IBEX 35.

Asimismo, en el informe se denuncia que el sistema fiscal español también contribuye a generar desigualdad, entre otras razones porque son los asalariados los que soportan principalmente el sistema tributario, frente a empresas y capital. En detalle, el 83% de la recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y otros impuestos pagados fundamentalmente por familias, mientras que el impuesto de Sociedades aportó el 12% de la recaudación total, diez puntos menos que en 2007. Es decir, el sistema fiscal español es uno de los sistemas con peor capacidad de redistribuir de la Unión Europea, situándose el cuarto por abajo, después de Bulgaria, Letonia y Lituania, y lejos del promedio europeo. En España, los impuestos y transferencias reducen la desigualdad de mercado en un 30%, mientras que el promedio de la Unión Europea se sitúa en el 40%.

En términos globales, la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad de la renta bruta disponible de los hogares se sitúa en un 2,97%, obteniendo que sólo el IRPF representa un efecto reductor de las desigualdades (en torno al 8%), mientras que el resto de impuestos supone un incremento de las desigualdades de un 5%.

Fuente: Ministerio de la Seguridad Social. (Año 2020)

¿Qué nos puede hacer pensar que está gravísima crisis económica que se encuentra oculta bajo el caparazón del bicho va a ser distinta a lo ocurrido en 2008, cuando según Zapatero, jugábamos en la Champions League que, por cierto, también el bicho se la cargó? Por aquel entonces, el “austericidio”, provocado por la reforma de la Constitución en su artículo 135, sirvió para rescatar a los bancos, ¿estafándonos la cantidad de 60.000 millones de euros del erario público, y ello ocurrió porque Europa decidió rescatar a los bancos en lugar de a los ciudadanos. O, mejor dicho, a costa de los ciudadanos. Y a quien se opuso le puso un revólver en la cabeza. Grecia fue el primero en plantarse. Por momentos pareció que lo conseguiría, pero fracasó. Su movimiento era clave para el resto de países europeos, pendiente de si aquella pequeña rebelión surtía efecto, por lo que durante semanas el Viejo Continente contuvo el aliento. Lo contuvo entre amenazas propias de mafiosos, pues la Unión Europea puso sobre la mesa la opción de asfixiar a Grecia. Dejarlos morir, literalmente, de hambre. Conmigo o muertos. Los griegos doblaron las rodillas y suplicaron a su maltratador europeo que el castigo no fuera muy severo. Perdieron un 20% la renta por habitante solo entre 2010 y 2015, aumentaron el desempleo hasta el 27%, la pobreza llegó a niveles insoportables y la deuda pública se disparó.

España recortó a nivel estatal en diferentes sectores 44.448 millones de euros solo entre 2009 y 2014, incluida la sanidad pública y tras diez años de recortes, España estaba invirtiendo en Sanidad el 5,9% de su PIB, mientras que en Europa se invertía el 7,5%, lo que provocó escasez de personal sanitario, como enfermeras (5,7 por cada mil habitantes, mientras que la media europea es de 8,5 y hay países como Noruega que tienen 17).

Es decir, la Europa del Sur vivió una de las situaciones más ruinosas de las últimas décadas, pero los bancos franceses y alemanes cobraron, que era el objetivo de la Unión Europea, las bolsas volvieron a funcionar y la prima de riesgo desapareció de la escena. Por estas medidas, entre 2010 y 2018 solo Alemania creció en la Unión Europea por encima del 2%, pero el resto de países quedó estancado en niveles de crecimiento inferiores al 2%. El parón de la economía no fue la única consecuencia del austericidio, pues los niveles de desigualdad y pobreza alcanzaron niveles que ya casi ni se recordaban, pero que siguen estando ahí, sin solventar, a los que habrá que sumar todo lo que se avecina ahora.

Hasta ahora, los que sufrían los recortes eran solo los pobres o los hijos de los pobres, esos sectores marginales que conviven en el mismo vecindario que las élites. Los que esperan para recoger bolsas de comida en centros de caridad o acuden a comedores sociales mientras los más pudientes arrojan al cubo de la basura aquello que ya ni son capaces de comer.

Sin embargo, el virus lo cambió casi todo. El sistema ha sido tan esquilmado que no ha sido capaz de soportar ni siquiera un virus muy contagioso. Mención aparte, a pesar de la ocultación de datos y de cadáveres, el tiempo lo verá todo y considerará, quizá en un proceso, que nuestra generación condenó a muerte a más de 17.000 ancianos, abandonándolos de manera vil cobarde en esos pretanatorios, muchos de ellos con el nombre de geriátricos, negándoles asistencias en urgencias y en ucis. Muchos murieron asfixiados, sin respiradores. Les negaron retrovirales y les enviaban sedantes y morfina. Tendrán que explicar porque les pusieron la estrella amarilla y dejaron morir a una de las mejores generaciones de nuestra historia; ni siquiera se contaron los cadáveres que se mezclaron con los residentes vivos, solos, en días y noches de terror y miseria.

La pandemia del coronavirus ha colocado a la economía española al borde del abismo. En estos momentos, se encuentra en caída libre, con un déficit y una deuda pública fuera de control. Por eso hace ya semanas que el equipo económico del presidente del Gobierno, liderado por Nadia Calviño, prepara un duro plan de recortes económicos que permita a España recibir el imprescindible auxilio de Europa y bordear la intervención de nuestras cuentas por Bruselas. Sin embargo, este plan enfrenta frontalmente a los socialistas con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, donde el vicepresidente Pablo Iglesias no está dispuesto a transigir con un programa de severos ajustes de las cuentas públicas, que suponga meter las tijeras a las pensiones, que el ministro de Seguridad Social tiene negro sobre blanco desde hace semanas encima de la mesa de su despacho y en su cabeza desde hace años.

Alineado con Calviño, tiene ya preparadas las tijeras para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones, así como su cálculo. Además, está dispuesto a establecer en los Presupuestos de 2021 un crecimiento cero en las nóminas de 9,7 millones de pensiones, que, en un contexto deflacionista como el actual, supondrá un mantenimiento del poder adquisitivo, tal y como promete.

¿Va el gobierno de España a reclamar esa cantidad de millones de euros para ponerlos al servicio del pueblo, o va a seguir oponiéndose a exigirlo en el Congreso de los Diputados, tal como vino haciendo el PSOE, o, por el contrario, tal y como se hizo la otra vez vendrán más recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación o reducción de nuestras pensiones? ¿Va el gobierno español, tal como dice su vicepresidente segundo Pablo Iglesias, a afrontar esa reforma fiscal para que los de arriba paguen lo que efectivamente les corresponde pagar o vamos a ser de nuevo los trabajadores y pensionistas los “paganinis”?

Vamos a hablar muy claro. No es posible comprender el carácter profundamente reaccionario y la irreformabilidad sustancial de las instituciones europeas sin explorar sus fundamentos ideales, que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo declarado de crear un espacio geopolítico económicamente próspero y sustraído de los horrores de la guerra, sino que se remontan a mucho antes de que la construcción europea diera sus primeros pasos y propusiera la aniquilación de la soberanía popular, e vaciamiento de la democracia y una drástica reducción de la fuerza contractual de las clases subalternas. Es bien sabido que los cimientos del neoliberalismo – Pablo Iglesias lo sabe mejor que nadie – fueron puestos no solo por von Hayek y otros, sino también por el famoso encuentro dedicado al intelectual liberal norteamericano Walter Lippmann, celebrado en Paris en 1938. En aquella ocasión se criticó la visión clásica del Estado mínimo, tan apreciado por los teóricos del laissez faire, y se empezó a discutir sobre la necesidad de un Estado fuerte capaz de llevar a cabo una función de “policía económica”, es decir, al que se le encomendase la tarea de contrastar la desintegración social provocada por un mercado abandonado a sí mismo, lo que habría sido posible elevando las leyes de mercado a leyes de Estado, de tal forma que se impusiera su respeto con la fuerza de la ley: el neoliberalismo, en definitiva, pedía a los poderes públicos que promovieran activamente el funcionamiento del mercado convirtiendo sus leyes en leyes del Estado. De ahí la necesidad de considerar la circunstancia de que “la democracia no es más que una forma de establecer la autoridad”. Esta filosofía, que se inscribe en el código genético de las instituciones europeas y sus reglas de funcionamiento, ha sido adoptada por las élites neoliberales, de derecha a izquierda, que han reconocido al instrumento estratégico para imponer desde fuera la disciplina económica que no conseguían imponer en sus propios países. De hecho Guido Carli, que representó a Italia en las negociaciones del Tratado de Maastricht como ministro del Tesoro, era perfectamente consciente de ello, llegando a declarar que el Tratado conduciría a “ampliar a Europa la Constitución monetaria de la República Federal de Alemania”, añadiendo que esto obligaría a todo el mundo a “adoptar un comportamiento antiinflacionista” y, en última instancia, implicaría “un cambio de naturaleza constitucional por el que se restringirían las libertades políticas y se reformarían las económicas “ realizando en particular “una redistribución de responsabilidades que restringiría el poder de las asambleas parlamentarias y aumentaría la de los gobiernos”, y un replanteamiento general de las “leyes con las que se ha logrado el llamado Estado del Bienestar”.

Con la aprobación del Tratado de Maastricht se inicia el proceso de desmantelamiento/neutralización de las características incompatibles, en el caso de España, de nuestra Constitución. De verdad, ante este panorama que se nos presenta, ¿no corremos ningún riesgo de ser intervenidos por la Unión Europea en un plazo no superior a tres o cuatro meses?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

12 de mayo

En estos momentos de terrible angustia y de pérdidas de miles y miles de vidas humanas, cuando me encuentro en mi 59 día de arresto domiciliario, vengo escuchando y leyendo que se ha impuesto un nuevo concepto, cada vez más aceptado como es el de la nueva normalidad. Una expresión que viene apareciendo en casi todos los discursos políticos, empezando, claro, por las homilías churchilianas del presidente del gobierno español y artículos periodísticos, invitándonos a los ciudadanos a realizar un esfuerzo para ir adaptándonos a una nueva realidad terrible.

Pero, ¿qué es eso de la nueva realidad? Existen muchas razones para reflexionar sobre lo que puede significar, porque ante el inmenso desastre que nos amenaza, uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad, en absoluto debería de adoptarse esa nueva normalidad, entre otras cuestiones, porque estoy más que seguro de que en nada mejoraría a la que teníamos antes del COVI-19, sobre todo si nos detenemos por un momento en lo que ahora mismo y observamos que tenemos muchas razones para temer lo que nos pueda traer esa tan cacareada nueva normalidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad (11 de mayo de 2020).

No sé cómo será. En cualquier caso, tal vez no sea tan nueva. Para mí, esa nueva normalidad no es otra que poner freno a la sangría de las muertes e infectados que, cuando estoy escribiendo mi diario de hoy me asomo al panel del ministerio de Sanidad y me encuentro que las cifras se siguen incrementando hasta los 26.920 muertos y los 228.030 infectados, de los cuales casi 50.000 infectados son profesionales de la sanidad. Eso es lo anormal.

“La incidencia de la gripe cada semana período epidémico es de entre 100 y 500 por cada 100.000 habitantes. Ahora de coronavirus tenemos medio caso por cada 100.000. Es cierto que puede haber un problema porque este coronavirus tiene connotaciones asociadas a miedos y pánicos más grandes que las gripe, pero si nuestros hospitales soportan la presión de la gripe deberían ser capaces de soportarlo, con problemas como todos los años, con sobrecarga, pero nuestro sistema es robusto para responder”. (ANTENA 3, el 6 de marzo de 2020).

Al respecto, me llama poderosamente la atención ver en el día de ayer en rueda de prensa al Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, pronunciar el nombre de Corea para reprocharle sus repuntes a la vez que nos advertía a los españoles que no deberíamos seguir por ese camino de perdición. Naturalmente que hay nuevos casos, no solo en Corea, y los seguirá habiendo durante algún tiempo, pero llamar repunte a los 35 nuevos casos de Corea me parecen del mismo rigor que cuando dijo aquello de que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” (…) “espero que no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada” (…) “ahora mismo se investigan 5 en la Gomera y 1 caso en Castilla la Mancha” (…) “con la información que tenemos ahora mismo, hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible” (…) “Por lo tanto parece, según número de casos diagnosticados día a día, que la epidemia comienza a remitir” (TVE, el 31 de enero de 2020).

Desde luego, pienso yo que el prestigioso epidemiólogo Simón debió de sacar otras conclusiones de Corea, cuando desde mediados de enero  habían empezado a tomar medidas, incluidas las de aprovisionarse de material sanitario contra el virus, cuando en Europa, y más concretamente en España, nadie se lo planteaba, buscando el material adecuado, solicitando ayuda a la OMS, Médicos sin Fronteras y Cruz Roja y cerrando totalmente las fronteras, con tal solo unas 20.000 personas sometidas a cuarentena, reduciendo el riesgo de expansión del virus, con el resultado de un solo muerto, más los 35 referidos. Y, pienso yo, ¿por qué sin ir tan lejos, el doctor Simón no se conforma con lo sucedido en nuestro país vecino de Portugal, por ponerle el ejemplo más acorde a nuestra cultura y nuestras costumbres, aunque con menos medios sanitarios que nosotros y, sin embargo…?

Dibujo de Julio Anguita realizado por Mandi Braña, el 12 de marzo de 2020.

Cuando estoy ya de regreso de mis dos horas de libertad provisional, una vez realizado mi paseo diario por el parque de Sama, leída la prensa y hecho la compra, me llega la noticia del parte médico sobre el estado de mi amigo y compañero Julio Anguita en el que se dice que “su estado sigue siendo estable dentro de la gravedad y sin cambios significativos”, lo que me hace pensar que dentro de unos días ya estará en casa para seguir impartiendo escuela, aunque tendrá que ir bajando un poco esa pasión que pone a la hora de explicar sus lecciones para que su corazón no pague las consecuencias.

En mi diario de ayer me refería de manera muy somera a la renta vital que había anunciado el ministro de Seguridad Social, el eurócrata José Luis Escrivá, para primeros de junio, el cual suscitó un pequeño y agradable debate en las redes con mi amigo Bartolomé, lo que me obliga a extenderme hoy sobre lo que yo pienso sobre tan importante asunto. En efecto, tal y como recoge el borrador del decreto – ley que regulará el ingreso mínimo vital permite presentar la solicitud para cobrar la ayuda mediante “una declaración responsable en la que se hará constar que se cumplen los requisitos exigidos”. Entre ellos, que el demandante no haya tenido apenas ingresos en 2019, que tenga más de 23 años y menos de 65, que no tenga una casa en propiedad de más de 100.000 euros o que esté buscando empleo, pero no lo encuentra. Una renta cuyas cuantías máximas oscilarán entre las 462 y los 1.015 euros, dependiendo del número de personas en el hogar y de los ingresos que hubieran tenido en 2019.

Es decir, con dar la palabra, suficiente para acceder a la prestación a través de una “declaración responsable” sin embargo la administración someterá la misma a controles posteriores para verificar el cumplimiento real “recabando la información a otras administraciones públicas”. De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) “llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias”, de tal manera que, si no puede verificar algún requisito, podrá suspender cautelarmente la prestación, dándole tres meses para que acredite documentalmente su situación y si ello no se produce la prestación se extinguirá.

Al respecto, me sorprende, o no me sorprende tanto, siendo sincero, cuando soy consciente del gran fraude existente entre muchos parados, prejubilados y jubilados que, siendo receptores del subsidio del desempleo o percibiendo sus jubilaciones se dedican al trabajo en negro, perjudicando a otros trabajadores que pagan sus cuotas de autónomos, por ejemplo, pero me sorprende tanta vigilancia entre los perceptores de estas rentas de supervivencia y, sin embargo, se haga la vista gorda a las grandes evasiones y robos del dinero del contribuyente por parte de las empresas del IBEX35 en las conocidas madrigueras de los paraísos fiscales, donde la gente y los negocios pueden crear compañías y cuentas abiertas sin nombres reales o identificación alguna. A menudo usando bancos falsos que son realmente tapaderas que canalizan dinero de bancos reales por medio de “cuentas correspondientes”, donde los bancos fantasmas hacen un paquete con las transferencias y no dicen de quien provienen, de tal manera que todo el dinero procedente del terrorismo, trafico de drogas, de armas y otros delincuentes encuentran esas madrigueras como lugares seguros de los dineros robados o percibidos por acciones criminales. Lo más grotesco de muchos de estos casos es que están asesorados de los personajes que fueron la “flor y nata” de la inspección fiscal en la Hacienda española.

Volviendo al tema de la Renta Básica, en la que me tocó participar en todas las movilizaciones habidas en Madrid – no en las marchas, por razones obvias, como hicieron muchos compañeros y muchas compañeras, enfrentándose al frio, a la lluvia y hasta la nieve -, la cuestión es que el panorama social y económico que se nos presenta después del COVID-19 es más negro que el carbón de nuestras minas, hoy clausuradas. Nos hemos adentrado en un mundo en donde para una gran parte de la población su existencia va a ser una vida de mierda. El viejo zorro y judío-masón Kissinger, poco dado a la gesticulación y más ahora que ya es casi centenario, dejó escrito en un artículo en The Wall Street Journal del pasado 3 de abril que “La actual crisis económica es de una complejidad inédita. La contracción desatada por el coronavirus, por su alta velocidad y su amplitud global, es diferente a todo lo que hemos conocido en la historia”.

Estas declaraciones de este personaje que asesora a la “Alta Finanza Internacional” significan solamente una muestra de pocas palabras acerca de lo que puede leerse en declaraciones, informes, proyecciones y modelos de simulación que estos días proliferan como setas en otoño cuando las lluvias previas han sido generosas. Solamente una recientísima declaración al respecto del gobierno español: el PIB se contraerá el 9,1% en el 2020 y el desempleo oficial llegará al 19%. Demoledor. Con unas perspectivas sociales y económicas así de extraordinarias previstas por el gobierno español, cualquiera podría pensar sin necesitar mucha audacia que sería aconsejable desarrollar y proponer algunas medidas también extraordinarias por parte de este gobierno.

Medidas que, efectivamente, no gozan habitualmente de amplia simpatía en el mainstream político y académico, como una imposición a las grandes fortunas y una renta básica, ante la extraordinaria situación se expanden en medios de comunicación, informes y, lo que es más importante, entre una buena porción de la ciudadanía.

Medidas “excéntricas” las llamaba un editorial de Financial Times de hace pocas semanas, pero medidas que había que tomar en consideración. Exactamente decía: “…La redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse”. Hasta el Financial Times considera que estas medidas “deben empezar a considerarse”, pero ¿se atreverá el gobierno español a ello, o todo quedará en meter ruido sobre el bombo y los platillos? Porque, no nos engañemos, sino se mete a mano a las grandes fortunas no habrá dinero para sostener la renta básica o ingreso mínimo.

Personas de diferentes lugares y de distintas clases sociales están “haciendo camino” con el fin de conseguir una renta básica universal y exigir el fin de la precariedad, una situación que también están sufriendo durante el trayecto: “Nos acompañan personas en verdadera situación de pobreza, que por no traer no traían ni guantes ni calcetines para combatir el frío”

En una primera aproximación poco atenta, alguien podría pensar que ahora está a favor de la renta básica todo tipo de personajes políticos, académicos y hasta religiosos. Que si Guindos, que si el Papa. Lo que defienden estos personajes es ni más ni menos que un subsidio para pobres. Como el gobierno español. No una asignación pública monetaria incondicional y universal, como internacionalmente se ha considerado que es la renta básica, al menos como la defiende desde 1986 la Basic Income Earth Network, sino una renta condicionada, no universal y, por tanto, para pobres.

Los que defendimos y seguimos defendiendo la renta básica, ahora con la pandemia y después sinPANdemia, seguimos defendiendo que la mejor renta para pobres del reino de España – la del País Vasco – queda muy por debajo de las necesidades reales, y creemos que argumentar, razonar y mostrar que eso es así resulta una obligación para quien así lo piense y los datos lo muestren. Sobre la renta básica y sobre cualquier otra cosa.

Muy poco sabemos aún de cómo se concretará el ingreso mínimo vital, pero el ministro Escrivá ha dado algunas pistas y considera que hay que tener “mucha finura porque de lo que se trata es de llegar a los más vulnerables, a los que se han quedado atrás”.

Acaba de afirmar que llegará a un millón de hogares. Es decir, a 2,5 millones de personas, pero, ¿desconoce el ministro cuántos pobres había en el 2019? Seguro que lo sabe de sobra: cuatro veces más. ¿Y cuántos hay ahora? Nadie lo sabe, pero muchos más que al finalizar 2019. Quizás cubra el ingreso mínimo vital, confiando en la perspectiva del señor ministro, a un 20 por ciento de la población “de los más vulnerables”, de tal manera que un 75% queda fuera ya de entrada. Es lo que ya hace años se conoce: la pobreza de los subsidios dedicados a la pobreza. “Vale más eso que nada”, claman los hiperrealistas. Ante tan profundas palabras solamente hay que admitir que el “más vale algo que nada” es imposible de rebatir. Y además a algunos les sirve incluso para sacar pecho.

Hace tiempo leía yo un detallado y exhaustivo artículo del Ignacio Ramonet, sobre la renta básica, donde defendía “la urgencia, a nivel global, de la creación de una renta básica que ofreciera protección a todos los ciudadanos en tiempos de crisis… y en tiempos ordinarios.”

Demasiado radical deben pensar algunos hiperrealistas, y algunos hasta lo dicen. O, en vez de “radical” se cambia la crítica por el consabido “realismo”: no es realista defender la renta básica. Hay que ir por pasos, progresivamente, a largo plazo. Difícil es no recordar en estos casos a Domènech, un radical y confeso robesperiano, y su desprecio mal disimulado por los mequetrefes supuestamente realistas: “Una izquierda no filistea, es decir, una izquierda que quiera ser realista, sensata y radical a la vez tiene hoy que aspirar a desarrollar políticas que sean más ambiciosas en el medio y en el largo plazo y, a la vez, más adaptadas a las presentes circunstancias.” Ante una situación extraordinaria como la actual, no se aprecia por parte de ningún gobierno de la Unión Europea, incluido el del reino de España, algo que se asemeje a “políticas ambiciosas”. Pero la UE no es de izquierdas, dirá inmediatamente más de uno. ¿Y los que son de izquierdas? Pongamos que hablo del gobierno español.

Quiero decir y lo digo que, una cuestión es predicar y otra es dar trigo. Hace menos de cuatro meses, concretamente el 20 de febrero de 2020  comparecía yo en el Parlamento asturiano para debatir sobre este y otros asuntos como la ley de la dependencia dentro del Proyecto de Ley que se discutía sobre Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y les decía: “El Gobierno de Asturias habla de blindar las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad, y sigue hablando de asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan” en su proyecto de Ley. Hasta aquí todo muy bonito. Pero ¿dónde está el dinero para llevarlo a la práctica? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Acaso tiene este gobierno autónomo la capacidad para legislar una reforma fiscal equitativa que, efectivamente, haga pagar más a aquel que más renta tiene, a la vez que obligue a pagar lo mismo a todos los individuos independientemente del origen de su renta, cuando se dedica a andar miagando por Madrid en busca de las correspondientes migajas para nuestra región?

Un ejemplo de lo que estoy tratando de reflexionar acerca de la falta de dotación presupuestaria para cualquier iniciativa que se presente, lo supone la Ley de Dependencia, promulgada por el gobierno de España, el 30 de noviembre de 2006, y que actualmente se encuentra en el limbo, con más de un millón de afectados, entre dependientes y sus cuidadores familiares que, en el mejor de los casos, reciben cantidades irrisorias, cuando no se las han cancelado en su totalidad por falta, precisamente, de presupuesto, dándose en múltiples ocasiones – demasiadas – que muchos de los dependientes aún no hayan recibido las ayudas mientras la muerte ya se ha llevado por delante a quiénes cuidaban y amaban.

Señorías: En España somos millonarios en leyes. Tenemos leyes para todo, pero nuestro país está entre los países del mundo que más viola o incumple las leyes, incluida la ley fundamental de la Constitución.

Hace 42 años que se aprobó la Constitución española, y muy lejos de los discursos oficialistas habituales, quiero recordar hoy que nuestra Constitución, habiendo marcado un hito importantísimo en nuestra historia, solo tiene un problema. ¿Se cumple nuestra Constitución? Pues depende de qué y de quien se trate. Hay muchos artículos constitucionales que se cuestionan o directamente que no se cumplen.

Me refería muy especialmente a una de las mayores apuestas legislativas – si no la mayor – de José Luis Rodríguez Zapatero en sus dos legislaturas de Gobierno, encomendando su desarrollo a una persona de su total confianza, Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social. “Un hito histórico”, lo llegó a calificar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de la Ley de Dependencia, que ha obtenido hoy una amplia mayoría. Sólo CiU, PNV y EA han votado en contra de una ley que prevé dar un sueldo a los que se ocupan de personas dependientes, cerca de 1,2 millones de españoles. Pero, transcurridos tres después de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia en absoluto había cumplido con lo prometido, hasta el punto de que hoy tal parece que haya sido uno de esos cortos sueños.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

13 de mayo

Hoy, cuando se cumple el 60 día de mi arresto domiciliario, me levanto temprano para ver la sesión parlamentaria televisada de los miércoles para controlar al gobierno, donde el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a apelar a la unidad para superar la crisis del coronavirus en su respuesta a la pregunta que le ha formulado el líder del PP, Pablo Casado. Desde mi punto de vista, lo único que ha quedado claro es la escenificación de la ruptura total del PP con el Gobierno al avanzar este que su grupo no apoyará la nueva prórroga del estado de alarma que el Gobierno tiene previsto llevar la próxima semana al Congreso con la peculiaridad, esta vez de que tenga una duración de un mes, es decir, hasta finales de junio.

El presidente ha eludido entrar en la confrontación parlamentaria ante “su argumentario de cartón piedra” -le ha dicho – y ha reiterado que el Ejecutivo está afrontando la crisis económica con medidas dirigidas a sectores generadores de empleo y muy expuestos a la restricción sanitaria, como el del turismo, facilitando liquidez a las empresas con las líneas ICO, a la vez que señalaba al líder del PP el “camino de la unidad” recordándole la puesta en marcha, esta misma semana, de la comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica del país donde su grupo – le dijo – “ está llamado a fraguar esa unidad para salvar vidas y puestos de trabajo”.

El diario balear ‘Última Hora’ ha enviado un requerimiento al nuevo medio de comunicación apadrinado por Podemos, ‘La Última Hora’ (laultimahora.es), para exigirle que “cese de inmediato su actividad por usurpación de marca y competencia desleal”. El escrito va dirigido a la administradora de la web, la exdirigente del partido morado Dina Bousselham, que ha dejado la formación para poner en marcha esta plataforma de noticias.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la intervención del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, cuando le pidió al presidente que especificara a los ciudadanos “qué entiende” exactamente por “nueva normalidad”, ese término que ha acuñado el Gobierno para referirse a la etapa en la que culminará la desescalada y que para Esteban suena a título de serie de televisión. A su juicio, “no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos, ni restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales de acuerdo al orden constitucional”, como tampoco se puede aprovechar para hacer reformas con esa intención.

En este contexto, el presidente del gobierno ha vuelto a recalcar que el estado de alarma es para el Gobierno “una necesidad y no un proyecto político” y por eso ha defendido mantenerlo, después de considerar que hay que transitar hacia esa “nueva normalidad” con un “estado de alarma distinto” para culminar esta etapa. Y una vez logrado, ha añadido, se deberá producir el debate político para “reforzar los mecanismos de coordinación para que los rebrotes sean lo menos posibles”.

Si alguien nos llega a hablar, tres meses atrás, de la nueva normalidad, seguro que lo hubiéramos tomado por un iluminado. Ahora, en cambio, este es un concepto tan consolidado como el de Estado de bienestar, pongamos. Es decir, la nueva normalidad es el concepto acuñado por el gobierno para intentar hacernos entender qué es lo que nos aguarda cuando podamos volver a hacer una vida normal. Pero como en realidad no será normal – no, por lo menos, tal como concebíamos hasta hace poco la normalidad–, entonces la llaman nueva. Una vida nueva, como la de Dante, pero, a diferencia de esta, sin esplendor. Una vida que para muchos va a ser, por desgracia, dantesca, en el sentido más dramático del término.

Cuando hayamos superado el calendario de fases y volvamos la vista atrás, muchos extrañarán la normalidad caduca y deplorarán la nueva. Entremedias habrán quedado los meses del confinamiento – una normalidad inimaginable que se hizo, dolorosamente, más que imaginable, real –. Pero este ínterin entre las dos normalidades nos ha enseñado algunas cosas valiosas.

Yo, que no he perdido mi empleo, ni he perdido a ningún familiar, aunque sí a quince amigos apreciados hasta la fecha, y que, durante este periodo, he podido hacer lo que más me gusta: leer, escribir o escuchar música, aunque privado de libertad para mantener mi tertulia diaria en torno a unes botellines de sidra, he aprendido que la muerte, tal y como dijo Malraux, “sólo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”. Y, por tanto, lo único que somos – no lo único que tenemos – es el tiempo que nos queda.

En el debate parlamentario de hoy, si es que se puede llamar así, he aprendido también, una vez más, que la política partidista española anda buscando desesperadamente héroes y villanos. Instalada en la confrontación permanente, en el blanco y el negro, en el tú más que yo, no concibe otra manera que la oposición al otro. Y esa necesidad de ser el positivo o el negativo de la foto rota de un país condenado a ser dos mitades queda reflejado en siglas, pero, sobre todo, en los nombres propios.

Cuando nos estamos jugando la vida, cuando España está a punto de ser rescatada por el IV Reich, aunque será un rescate silencioso porque España todavía no está en quiebra, el enfrentamiento continúa de una manera feroz entre la clase política, a izquierda y derecha, por cierto, muy bien pagada sin ni siquiera aparecer por el Congreso, Senado y todas las carpas parlamentarias de cada comunidad autónoma (para ellos y ellas no hay ERTES), con todo tipo de zancadillas, infundios, bolas y sondeos. Pero, ¿quién sabe a quién va a votar la gente – los que vayan a votar -, cuando lleguen la ruina, la bronca y se produzca el estallido social? Nos tratan a los contribuyentes como gilipollas y muchos tal parece que lo son.

Ya lo decía el florentino Nicolás Maquiavelo: “los hombres son tan simples y de tal manera que obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”. Usan el morbo de la política para sustituir a la morbosidad del COVID-19, para entretener a la tribu y que se olvide de la tragedia. Se decía que idiota era el tosco e inculto ciudadano que se desentendía de la cosa pública. Hoy podrían considerarse idiotas los contrarios, los que se enganchan a la política y se dejan llevar por el maniqueísmo de los que creen que el adversario es siempre un canalla que nunca tiene razón. Se salvan de la idiocia los que viven de los partidos y sus jenízaros, los atizadores de la secta o partido que lo defienden como sicarios en las redes y en las tertulias.

Fuente: Ministerio de Sanidad (12 de mayo de 2020)

De regreso a mi casa, después de dar mi paseo diario por el parque y tomar el café con mis amigos, a la distancia reglamentaria que marca el estado de alarma, me encuentra con la nueva normalidad que vivimos: 27.104 muertos y 228.691 infectados, según los datos oficiales del ministerio de Sanidad. No obstante, está vez desenmascaradas las cifras oficiales por las reales que, según los Tribunales Superiores de Justicia casi doblan los muertos que el ministerio de Sanidad nos viene dando para las dos Castillas de León y La Mancha, de tal manera que, mientras el ministerio de Sanidad nos viene dando la cifra de 4.268 fallecidos por coronavirus en estas dos comunidades, la realidad, según el informe “Actualización nº 92. Enfermedad por el coronavirus”, de fecha 1 de mayo, cifran las mismas en 8.299, es decir un incremento del 95% sobre los datos oficiales.

¿Por qué los datos que se vienen ofreciendo al público son tan incompletos como engañosos en cada comunidad autónoma midiendo a su aire las muertes y los infectados, con el ministerio de Sanidad corriendo detrás de las deficiencias locales sin poder o sin querer explicarlas de una manera comprensible, lo que nos hace pensar muy lógicamente que las informaciones que diariamente nos ofrecen los responsables sanitarios a través de las ruedas de prensa, lisa y llanamente, no responden a la realidad del COVID-19. No digo que nos estén engañando, sino que se oculta la realidad de las cifras. Las comunidades de todo signo político, se vienen quejando de la falta de transparencia sobre los criterios de desescalada y del anonimato del comité científico que los recomienda. Una cuestión en la que no voy a entrar. Tal vez puedan tener razón, pero ¿a qué viene tanto secretismo científico? ¿Por qué la transparencia sigue siendo una palabra tan fea en nuestro tiempo? ¿Acaso porque la gente si sabe ciertas cosas que están ocurriendo pueden votar mal en las próximas elecciones y armen una escabechina política? ¿Es preferible el silencio bochornoso antes que la verdad cristalina? Así es la política partidista en estos tiempos de manipulación psicológica de masas.

Otro de los aspectos que destacó en esta sesión parlamentaria de control al gobierno, fue la polémica surgida por el apartamento de lujo que la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disfruta en pleno centro de Madrid, propiedad del empresario Kike Sarasola, donde el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, llegó a manifestar en sede parlamentaria que, si la presidenta de la Comunidad de Madrid no está pagando el alquiler, y está permitiendo que el dueño de Room Mate se lo costee de su bolsillo, “de nuevo tenemos un caso de corrupción”. Cada cual, dijo Iglesias, “tiene derecho a vivir donde quiera”, siempre que “se lo pague ella”. “Si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción”.

Pero, dentro de la necesaria transparencia es necesario saber quién fue el tal Sarasola para saber que las cosas no surgen, así como así, y menos la suite de lujo de la Ayuso, por la que dice que paga 80 euros por día. El tal Sarasola fue un influyente y conocido empresario en aquella España “del pelotazo”, por su gran amistad con el expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez, durante varias décadas.

Pichurri Sarasola, Cecilia Marulanda, Felipe González y Carmen Romero en uno de sus viajes.

Ahora, el representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2.379.758,53 euros mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno. Además, les exige el pago de una multa que en el caso de la Cecilia es de diez millones de euros y en el de los hijos de ocho millones (cuatro cada uno), según informó la Fiscalía.

El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2002, fecha en que fallece Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 por ciento de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80 por ciento a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04 por ciento a la sociedad Azulintas BV, sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100 por ciento por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas).

Esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales. De manera que a través de esta estructura “opaca”, según la Fiscalía, compuesta por dos sociedades holandesas la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos SA, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.

A su muerte, Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV, sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Curacao, se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, entidad panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, “con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte”.

De este modo dispuso que, a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos SA, titularidad de Azulintas-Scoupe International NV.

Tras la polémica que ha surgido en las últimas horas, la empresa Room Mate Group, perteneciente al empresario hotelero Kike Sarasola, ha dicho que “la presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente al igual que hacen el resto de los huéspedes.

Al fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, sus hijos Fernando y Kike pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04 por ciento que correspondía a su padre como participación en Hipódromos y Caballos SA, a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros.

Pero, según la Fiscalía, ninguno de los acusados “declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español”.

Además, Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04 por ciento de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.  ¿Pero de dónde viene toda esa millonaria herencia cuyo pago en impuestos reclaman ahora los fiscales? Sin duda de ninguna clase, de la inmensa fortuna conseguida y fabricada por el patriarca Enrique Sarasola Lerchundi, un empresario comisionista fallecido en noviembre de 2002 a los 65 años de edad.

Enrique Sarasola Lerchundi (San Sebastián, 1937-Madrid, 2002), Pichirri para los amigos, fue el hombre que se escondía tras las mayores operaciones financieras del PSOE que comandaba Felipe González, a quien conoció en 1974, poco antes de que se celebrara el Congreso de Suresnes, cuando el empresario tenía su sede en el número 4 de la calle Jacometrezo de Madrid, donde también tenía su sede el PSOE, igual que la sede de UGT en la madrileña calle del Doctor Esquerdo.

Sarasola tuvo que hacer frente por aquel entonces a numerosas querellas por fraude inmobiliario, que el ascenso del PSOE al poder dejó siempre en el olvido, entre otros negocios, construyó la conocida sede del PSOE en la calle Ferraz.

Así, se convirtió en el gran soporte económico que ayudó a Felipe González a financiar sus primeras campañas políticas. Los numerosos viajes que hicieron juntos Sarasola y González permitieron al PSOE disponer del dinero que le proporcionó durante años el expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

El 3 de diciembre del 2014 Felipe González se hizo ciudadano colombiano en una ceremonia que se realizó en la ciudad de Bogotá de manos del presidente Juan Manuel Santo. Las vinculaciones que ha tenido con Colombia fueron muchas y muy variadas, conoció y fue amigo del ex presidente Omar Torrijos, ya fallecido, y de su hijo Martín; también fue amigo el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, pero también ha tenido algunas oscuras amistades como Enrique Sarasola, hombre de confianza de González, casado con la colombiana Cecilia Marulanda. Pero, quizás, la estrella de todos sus contactos es la señora Virginia Vallejo que fue amante del conocidísimo narcotraficante Pablo Escobar, quien acudiría a la fiesta del PSOE para celebrar el triunfo de las elecciones del 28 de octubre de 1982 en el Palace Hotel de Madrid.

A cambio, el empresario obtuvo jugosos beneficios al llevar a cabo operaciones triangulares financiadas con créditos FAD (Fomento de Ayuda al Desarrollo) como el concedido por el gobierno socialista a Venezuela para financiar el canje de 350.000 toneladas de azúcar con cargo a la deuda externa de Cuba con España. La venta, que debía realizarse a precios políticos, se llevó a cabo a un precio superior y el escándalo llegó al Parlamento de Venezuela implicando a la empresa pública española Fomento de Comercio Exterior (Focoex), controlada por el ministro Carlos Solchaga y su mujer, Gloria Barba, que había hecho carrera como directora de filiales y delegaciones de la empresa pública española por todo el mundo.

Enrique Sarasola había hecho fortuna en Colombia tras casarse en 1966 con María Cecilia Marulanda, hija de Alberto Marulanda Grillo, uno de los mayores terratenientes de Colombia y primer accionista de la compañía aérea Avianca.

Al volver a España entró en contacto con personajes como Los Albertos, Javier de la Rosa, Mario Conde y Manuel Prado y Colón de Carvajal, con quienes hizo numerosos y polémicos negocios. Uno de los más sonados fue el de la entrada de capital kuwaití en España a través de Cartera Central para la construcción de las torres KIO y el control del Banco Central. Una operación que dejó otra jugosa comisión a Sarasola mientras proporcionaba a Felipe González influencia sobre uno de los bancos de referencia del país.

Esos contactos permitieron a Sarasola comprar al consejero del Banco Central, Antonio Blasco, su famosa finca de El Espinar, donde montó la yeguada de orígenes más importante de España, con caballos comprados al multimillonario griego Niarchos, la reina de Inglaterra y el legendario Aga Kan, una afición que le llevó a gestionar durante un tiempo el Hipódromo de la Zarzuela. Sin embargo, la verdadera pasión de Sarasola giraba en torno a las grandes operaciones de comercio de Estado, desconocidas para el gran público, pero de las que se extraen jugosas comisiones con destino a los partidos políticos. Ya en 1982 estaba enfrascado en la adjudicación del llamado “contrato del siglo” para la construcción del metro de Medellín, en Colombia.

Sarasola representaba a la empresa del Instituto Nacional de Industria (INI), Ateinsa, a sus socios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y a su amigo José María Entrecanales, en una operación que disparó el pago de comisiones del 3% habitual hasta el 6%, lo que repartió hasta 7.000 millones de las antiguas pesetas.

En 1983 empezó a exportar a través de la empresa Intermun, de su socio Antonio Blázquez, los excedentes de carne y azúcar del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (Forppa).

El excomisario Villarejo maneja informes sobre el cuantioso patrimonio de Felipe González: casas, empresas y conferencias.

Hacia 1989 Sarasola y su socio Carlos García Pardo pusieron en marcha otro gran negocio para controlar la publicidad en el deporte español mediante la contratación del revolucionario sistema Ad-Time de publicidad rotatoria en los estadios donde se juegan los partidos de la Liga de Fútbol Profesional. Lo hicieron a través de Ibemed, una sociedad que a la postre se convirtió en la matriz de los negocios de Sarasola en España, aunque con sede en Holanda, donde la presión fiscal es menor y el control de la Hacienda española, nulo.

A través de la empresa Hispasilos, Sarasola controlaba también la venta de cemento a la Rumanía de Ceacescu, quien cobró importantes comisiones en Suiza, y actuaba como proveedor, entre otras muchas empresas, de la Sociedad Estatal de Cementos de Portugal, gracias a los contactos facilitados por el ex presidente del gobierno portugués, el socialdemócrata, Francisco Pinto Balsemao.

La puesta en marcha de las televisiones privadas en España proporcionó a Sarasola otro de sus grandes pelotazos. Esta vez, en lugar de participar en el capital de alguno de los emporios periodísticos del momento, montó la empresa Cinepaq, dedicada a la “compra, venta, alquiler, importación, exportación de películas de cine y vídeo”, donde, además de su socio Álvaro Álvarez Alonso, le acompañaban accionistas como Marc Tessier, hombre fuerte de Canal Plus Francia y uno de los principales colaboradores del presidente francés, François Mitterrand; Germán Sánchez Ruipérez, propietario del Grupo Anaya y del diario El Sol, además de accionista de Telecinco; Javier de la Rosa, a través de la empresa Grand Tibidabo; Francisco de Borja Arteaga, marqués de Estepa, vinculado a la familia Fierro; y Jesús Polanco, propietario del Grupo Prisa, del diario El País y de Canal Plus, en España.

Con esta operación, Sarasola se aseguraba un control estrecho de los canales más cercanos al PSOE – Canal Plus y Telecinco -, además de un negocio que no había hecho más que dar sus primeros pasos, al estilo de Silvio Berlusconi en Italia.

María García Vaquero, Felipe González y Kike Sarasola.

Paralelamente, Sarasola fue uno de los mentores de la Fundación para la Ayuda contra la Droga, presidida por la reina doña Sofía y el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, con accionistas prominentes como el entonces propietario de los Vips, Plácido Arango, o el amigo y conocido testaferro del rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cuyas oficinas se encontraban en aquel momento en el llamado Edificio Pirámide, en el Paseo de la Castellana de Madrid, frente al Hotel Villamagna.

Allí, se cerraron importantes y millonarios negocios como los que llevaron a Sarasola a asociarse con el traficante de armas hispano libanés, Abdul Rahman El Assir, en varias operaciones de venta de material a Marruecos, que dejaron comisiones de hasta 8.500 millones de las antiguas pesetas.

El empresario tuvo que hacer frente a sus responsabilidades hasta poco tiempo antes de su muerte por su presunta participación en delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios y en la compra venta de los terrenos de Plaza de Castilla sobre los que se alzan las torres KIO, junto a Los Albertos.

Sarasola se convirtió así en uno de los iconos más representativos de la llamada “cultura del pelotazo”, cuya esencia quedaba retratada en aquellas míticas veladas de boxeo en las que participaba Poli Díaz, “El Potro de Vallecas”, a quien Sarasola patrocinaba, y en las que era posible ver juntos en primera fila a Los Albertos, Conde, De la Rosa y demás personalidades de la farándula financiera que dio lugar al mayor período de corrupción de la reciente historia de España, bajo el paraguas del felipismo. Una sola pregunta: ¿Qué puede pretender Kike Sarasola con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que tiene hospedada por 80 euros diarios, según la ínclita, en una de las mejores suites hoteleras de Madrid, como si Kike Sarasola se emporcase en 80 euros? ¿Acaso pretende ganarse el amor sexual de la Ayuso? Tampoco, porque a Kike Sarasola no le gusta el sexo con las mujeres, él es homosexual. Lo que busca es librarse de la cárcel, como le ocurrió a su Padre Pichirri Sarasola, siendo Felipe González presidente del gobierno de España.

¿A qué viene ese abrazo muy fuerte a Kike Sarasola y a Carlos, por parte del PP, agradeciendo la tremenda generosidad que se recordará siempre, cuando fueron los primeros en reaccionar ofreciendo sus dos hoteles de Madrid a las autoridades sanitarias, ampliando después del Estado de Alarma la oferta a todos sus hoteles de España, 15 en total, para acoger al personal sanitario que viene fuera de Madrid y necesitasen  habitación para descansar durante el tiempo que estén aquí o para los sanitarios de Madrid que no quieren volver a casa por miedo a contagiar a sus familiares?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

14 de mayo

A estas alturas de la pandemia, cuando llevo 61 días de arresto domiciliario, al levantarme de la cama hay unos segundos en los que no soy capaz de recordar lo que pasa, y mi inercia pasa por ir de frente a la ducha, asearme, desayunar y salir a disfrutar del paseo diario que nos permite durante dos horas el estado de alarma decretado por el gobierno.

¿Alguien se acuerda cuando la primera salvación a la que nos tratamos de acoger fue que el coronavirus resultase menos agresivo de lo que sugerían los números? Eran los tiempos del “solo es una gripe”, “en España no tendrá prácticamente incidencia”, “todo está bajo control”. Pero los estudios de letalidad nos dejan cifras que, incluso en el caso más optimista, lo sitúan varios ordenes de magnitud por encima de cualquier otro de los virus con los que ya convivimos, de tal manera que al día de hoy hemos alcanzado la cifra de 27.321 muertos y 229.540 infectados, siempre según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad.

Hasta la fecha, el Covid-19 lleva infectados más de 4,3 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de muertos en todo el mundo supera los 298.000, situándose nuestro país en el cuarto lugar en cuanto al número de infectados, detrás de Estados Unidos (1.395.265), Rusia (252.245) y Reino Unido (230.985), ocupando el mismo lugar en el número de muertos  detrás de Estados Unidos (84.313), Reino Unido (33.264) e Italia (31.368). Esa es la realidad de las cifras, al menos de las cifras oficiales que nos ofrecen los distintos gobiernos.

Hoy, después de tener un pequeño debate entre cuatro  amigos que tomábamos el café sobre las cifras de España, todos cargaban las tintas sobre Madrid manifestándose con palabras bastantes gruesas como “a ver si se enteran estos hijos de puta de madrileños a quien siguen votando en las elecciones para que les sigan privatizando la sanidad, hasta alcanzar el mayor número de muertos e infectados de toda España” – no hace falta decir que se trataba de afiliados al PSOE, dos de ellos excargos provinciales y locales -, a lo que yo les respondía que no estaban siendo nada objetivos desde varias cuestiones que manejaban en sus exposiciones: la primera, que no era verdad que Madrid ocupara el número de España, ni en número de infectados (986) ni mucho menos en número de muertos (132) por cada 100.000 habitantes, ya que incluso era superada en muertos por Castilla-La Mancha (140), gobernada por el PSOE y en número de infectados por La Rioja (1.267), también gobernada por el PSOE, dándose la paradoja de que la comunidad de Murcia, gobernada por el PP, arrojaba menos muertos (10) y menos infectados (103) que Asturias, ejemplo que ponían como la primera comunidad de España, cuando la realidad era que ocupa el noveno lugar de España en número de muertos (30) y el octavo en número de infectados (230), siempre hablando de cifras por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, les hice ver que, siendo verdad la salvaje privatización que había llevado a cabo el gobierno autonómico en los tiempos de la Esperanza Aguirre en Madrid, no era menos cierto que la sanidad española había sido privatizada y recortada en todas y cada una de las comunidades españolas, en unas más que en otras, pero el problema fundamental estaba en los Presupuestos del Estado que se destinaban a la Sanidad española, entre los más bajos de Europa.

Les recordaba que los recortes ya habían comenzando cuando el gobierno de Zapatero, junto con su socio bipartidista del PP se cargaron el artículo 135 de la Constitución para rescatar la banca a costa de imponer el “austericidio”, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación de las pensiones por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica.

Ello me ha obligado a elaborar el cuadro que adjunto a continuación, siempre con los datos oficiales actualizados del ministerio de Sanidad, donde, cada cual puede sacar sus propias conclusiones, esperando que sirva, muy sinceramente, para que, a la hora de hacer valoraciones las hagamos dejando a un lado la “partiditis” y el “sectarismo”  pero, sobre todo, sin olvidar en ningún momento que todos los muertos e infectados, sean de Madrid, Jaén, Soria o Asturias son personas, por encima de todo, joder.

MELILLA                      C’S                            2                           138

CEUTA                           PP                             5                           137

CANARIAS                    PSOE                       7                           106

MURCIA                        PP                           10                           103

BALEARES                    PSOE                     19                           170

ANDALUCÍA                 PP                           16                           147

GALICIA                         PP                           22                          345

VALENCIA                     PSOE                      27                          216

ASTURIAS                      PSOE                     30                          230

CANTABRIA                   PRC                       35                          388

EXTREMADURA           PSOE                    46                          274

ARAGON                          PSOE                    63                          409

PAIS VASCO                    PNV                      66                           599

CATALUÑA                     JCAT                     76                           723

NAVARRA                       PSOE                     76                           780

CASTILLA-LEON           PP                          80                           757

LA RIOJA                         PSOE                   110                        1.267

MADRID                          PP                         132                          986

CASTILLA

LA MANCHA                  PSOE                    140                          810

Elaboración propia del número de muertos e infectados por cada 100.000 habitantes de cada Comunidad Autónoma con su correspondiente partido gobernante a partir de las cifras oficiales actualizadas del Ministerio de Sanidad (14 de mayo de 2020)

La realidad de los hechos, también perfectamente constatados, es que, desde aquel viernes 13 de marzo el ambiente en las calles ya estaba bastante enrarecido. Ya se había dado la recomendación del teletrabajo, y había comenzado el cierre de las escuelas en todo el territorio nacional, así como la restricción de todos los actos multitudinarios por culpa del coronavirus. En España se habían detectado 4.209 casos; de los cuales 1.259 fueron reportados ese mismo día, el triple de los que se localizan ahora por jornada, a pesar de que se realizan muchas más pruebas. Habían muerto 120 personas desde que el bicho había llegado a nuestro país, de tal manera que, siendo el día 14 de marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparecía ante las cámaras de televisión para leernos por teleprónter su discurso que nos imponía el arresto domiciliario mediante el decreto del Estado de Alarma en España, que ya dura 61 días y la que “te rondaré morena”.

La semana que comenzó el 9 de marzo con la resaca de las manifestaciones del 8 de marzo, los partidos de fútbol celebrados en todos los estadios, los actos multitudinarios de todo tipo, el congreso de Vox en el palacio de Vistalegre, y que terminó con el decreto de alarma fue de vértigo. Todavía más que los dos meses siguientes, que a muchos nos parecen dos años. Hasta unos días antes, el discurso oficial era que todos los casos estaban controlados y que no se estaba produciendo trasmisión comunitaria, pero el lunes se asumió otra realidad: la epidemia estaba totalmente descontrolada. Se empezaron a cerrar colegios en Álava, Madrid o La Rioja. El ministro comparecía por la tarde para pedir a los ciudadanos de toda España que no viajaran si no era estrictamente necesario y para restringir actos masivos en los focos de la epidemia, medidas que solo dos días después se impusieron en todo el país.

El lunes, Sanidad asumió el mando único y comenzaron las comparecencias diarias encabezadas por el director de Coordinación Sanitaria, Fernando Simón, sumándose los mandos de la Policía, Guardia Civil y el Ejército, que estuvieron durante seis semanas dándonos explicaciones de las cifras, movimientos y denuncias realizadas.

Tan solo habían pasado tres días del estado de alarma cuando Simón nos anunciaba que muy pronto comenzarían las pruebas rápidas, algo que iba a dar un vuelco radical a la contabilidad: se detectarían muchos más casos y se tendría una imagen mucho más real de la epidemia, ya que hacía semanas que el sistema, desbordado, solamente diagnosticaba los casos más graves, prácticamente a los que requerían hospitalización. Pero esas pruebas tardaron bastantes semanas en llegar, después de rocambolescas compras de material poco efectivo, entre otra “lindezas”.

En este tiempo han cambiado muchas cosas, como el uso de mascarillas, que pasó de “innecesaria” para las autoridades a obligatorias en los transportes públicos. Ni entonces, ni ahora se conoce exactamente la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos, un dato que el ministerio de Sanidad pidió hace semanas, pero que no pública.

La batalla por conseguir unificar las cifras de todas las comunidades autónomas sigue siendo constante, siendo el día de hoy que no se ha logrado todavía. Esto ha producido saltos en las estadísticas e informes llenos de asteriscos que aclaran cómo reportaba cada territorio, y ha hecho los números difícilmente comparable entre ellos.

Refiriéndonos a los pretanatorios, llamados muchos de ellos geriátricos o residencias de ancianos, el informe anual del Defensor del Pueblo, presidido por el extremeño del PSOE, Francisco Fernández Marugán, pone de manifiesto los puntos débiles de estos establecimientos antes de la crisis causada por COVID-19. El documento, entregado ayer, 13 de mayo, en el Congreso de los Diputados ni siquiera menciona para nada la pandemia que lo ha puesto todo patas arriba en 2020. Habla de otro mundo, en el que estos centros no se habían convertido en un gran foco, pero menciona aspectos que han resurgido ahora. Reclama una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal de atención directa que han quedado “manifiestamente desfasados”; que las comunidades incrementen la inspección del personal, y que se estudie avanzar hacia un modelo en el que gane peso la atención médica y de enfermería.

Durante esta crisis en los centros faltaron equipos de protección individual y test – aún no han llegado en la cantidad adecuada a todos, según los propios sindicatos -. Además, en comunidades muy tensionadas, durante el pico de la pandemia, los hospitales rechazaron derivaciones, dándose el caso de llegar a restringir la atención de algunos pacientes hospitalizados con menos esperanza de vida. El gobierno no informa sobre el número de fallecidos, pese a que recopila información de las comunidades desde hace más de un mes, pero según el reciente recuento realizado por El País, de la semana pasada, al menos 17.500 personas han muerto por COVID-19 en residencias de servicios sociales.

“Es necesario un número suficiente de personal”, sostiene en su informe el Defensor del Pueblo”. “Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor”, añade. Para ello, anima al consejo interterritorial de servicios sociales a fijar unos stándares adecuados, “tanto en cómputo global como específico”, distinguiendo gerocultores y otras categorías. Los sindicatos han insistido durante esta crisis en la precariedad del empleo, con elevadas cargas de trabajo y sueldos bajos. La institución constata la “dispersión normativa” para la apertura de centros y concertación de plazas y anima a homogeneizarla, así como a mejorar la recopilación de datos, para que haya unas estadísticas fiables y actualizadas. Al día de hoy no existe una cifra oficial de centros ni de usuarios.

También se llama a aumentar las inspecciones, dado el gran número de residencias y los diferentes modelos de gestión: privadas, con plazas concertadas, públicas e incluso públicas con gestión privada. “Es muy recomendable que se aprueben planes periódicos de inspección con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas”, añade.

El informe entregado en el Congreso de los Diputados pide que se refuerce la atención médica y de enfermedad en los centros: “Otro modelo de residencias de mayores, más propiamente sociosanitarias que contara con una atención médica y extensa, o en el que al menos y dado el perfil muy dependiente de los residentes se aumentara las exigencias a los centros de contar con más medios sanitarios, sería posible y quizás conveniente.ç

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

15 de mayo

Se cumplen 62 días de mi arresto domiciliario, salvo las dos horas que me dejan de libertad provisional. Después de dar dos vueltas al parque de Sama, me dispongo a tomar el cafetín de por la mañana y observo que se suceden las reyertas partidistas que se suceden en casi todas las mesas de la terraza a la hora de enfrentarse a la doble crisis sanitaria y económica que ha producido el coronavirus y que, pónganse como se pongan, exige acuerdos de largo alcance de todas las fuerzas políticas para tratar de mitigar las graves consecuencias que tenemos encima de la mesa, en muchas de las cuales ya falta el pan, pero el colmillo sectario y partidista que desgarra la vida política en nuestro país desde casi siempre sigue procediendo con la misma inquina que antes, como si no existiesen 27.459 muertos y 230.183 infectados, tal y como estoy viendo en el panel del ministerio de Sanidad que se ha llevado ya el COVID-19 y como si no se sintiera la cada vez más la fuerte brisa que ha empezado a soplar cuando la mayor parte de los sectores económicos se asoman al abismo tras haber tenido que frenar en seco su actividad.

Fuente: Ministerio de Sanidad (14 de mayo de 2020)

Yo he decido abstenerme de entrar en cualquier discusión, muy distinto a lo que tendría que ser un debate con algo de conocimiento sobre lo que se habla, pero no, los relatos que se pretenden imponer es que, del lado de los nuestros, sean quienes sean, todo se está haciendo bien y que sin embargo los otros, los adversarios – para ellos enemigos – lo están haciendo rematadamente mal.

Y, yo me pregunto: mientras la gente se sigue enredando en emociones, sentimientos y discusiones ideológicas, desde mi punto de vista tan respetables unas como la otras – cuestión muy distinta es que puedan ser o no compartidas -, ¿en qué estará pensando el bicho? Es evidente que no piensa en nada. Si quisiéramos hacernos una idea de su estrategia podríamos hasta compararlo con el fuego. No tiene ningún plan, solo progresa si encuentra combustible. No obstante, como especie están demostrando ser mucho más hábiles que nosotros porque no tienen cada uno su opinión, en la mayoría de las veces una opinión consignada desde las élites de los respectivos partidos.

Tal parece que hayamos ganado la batalla contra la saturación de los hospitales, pero el bicho todavía está por ahí rondando sin que se haya producido logro alguno para su exterminio. Frente al bicho solamente hemos levantado un cortafuegos para ganar tiempo contra un incendio que todavía parece estar lejos de su extinción. Es decir, si rompemos el cortafuegos, el bosque que se encuentra al otro lado prenderá con intensidad, porque el problema en este incendio que se está tratando de apagar no es cómo de grande sea el foco, sino cuánto bosque queda por quemar. Han pasado, efectivamente, 62 días de cautiverio y seguimos estando más pendientes de las disputas entre los políticos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, y de los tertulianos y tertulianas que no hacen sino de voceros de “a tanto precio la palabra o la línea” al servicio de los partidos, intoxicando y desinformando, cuando no metiendo el pánico entre la gente, pero nos hemos olvidado de los científicos y de los bomberos que, pienso, deben de ser los que saben algo de cómo actuar en esta catástrofe. En este panorama es hasta probable que nuestra torpe avidez competitiva nos esté haciendo considerar el cambio de la desescalada como un éxito o un premio en lugar de una responsabilidad, mientras que nadie desea para su comunidad que le retiren el cortafuegos que nos está protegiendo a todos del fuego

Es evidente que durante un cautiverio como el que nos ha tocado vivir nos permite leer todo lo habido y por haber y a ello estoy dedicando gran parte de mi tiempo desde el primer día, llegando en este asunto de la pandemia del COVID-19 a una clara conclusión: que a pesar de que ya habíamos recibido bastantes toques de atención, el coronavirus nos ha vuelto a coger por sorpresa, siendo ya muy conscientes de que no será la última vez. Vendrán má virus y má males y volverán a sorprendernos, y seguiremos discutiendo en las terrazas de las cafeterías y en los chigres – los que no acaben en el cementerio o en los hornos crematorios – tal y como si todos los días fueran lunes para hablar de los partidos de fútbol jugados el domingo. Y los remedios que se volverán a improvisar y se pondrán en práctica se diseñarán con la misma estrategia estúpida de siempre, en unos casos con los “unos” en el gobierno y en otros momentos con los “otros” en la oposición carroñera, pero siempre mirando por el rabillo del ojo a su propio electorado, a su propio sistema de salud sin adoptar medidas para su reforzamiento, a su propia educación -fundamental para enfrentarse a situaciones como las que estamos viviendo, sin falta de echar el ejército a la calle -, a su “tejido” industrial, a su propia nada.

“Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. (Albert Camus).

A lo largo de los siglos, el Viejo Continente ha sufrido epidemias cada pocos años. Una de ellas resultó especialmente nociva, hasta el extremo de que su nombre se sigue utilizando hoy a la hora de designar cualquier patología, infecciosa o no, que provoca una gran mortandad. Me refiero, claro está, a la peste, aparecida allá por el año 1348, permaneciendo en la memoria histórica como la más dañina, alcanzando tal grado devastador que un tercio de la población europea sucumbió a sus estragos. Pero regresaría en varias ocasiones, más o menos regulares: 1363, 1374, 1383, 1389, aunque nunca con aquella intensidad letal. Nos preguntaremos obligatoriamente quienes fueron los culpables, buscando siempre el chivo expiatorio al que culpar entre los extranjeros y marginados sociales como los leprosos, entre otros. La angustia hacía que los testigos proporcionaran evaluaciones muy exageradas de los hechos, dándose el caso de que el propio Bocaccio, en el Decamerón, llegó a afirmar que en Florencia murieron más de cien mil personas durante la peste de 1348 cuando la ciudad italiana no tenía por aquel entonces tantos habitantes.

Las crónicas sobre epidemias en diversos siglos nos enseñan cómo el peligro de contagio desataba episodios de auténtica crueldad. En la ciudad alemana de Wittenberg, por ejemplo, durante la peste de 1539, se produjo un auténtico sálvese quien pueda. Martin Lutero, el líder de la Reforma protestante, observó que sus conciudadanos huían despavoridos llevados por la histeria. Los enfermos no tenían quien les prestara cuidado, de tal manera que el miedo llegó a ser un mal mucho más terrible que el de la propia enfermedad, llegando incluso a perturbar de tal manera el cerebro de la gente que llegaron hasta despreocuparse de sus propias familias.

La última gran epidemia de peste que asoló Europa tendría lugar en la localidad francesa de Marsella allá por el año 1720, desapareciendo la misma del Viejo Continente, para ser sustituida por otras plagas terribles, aunque no tan mortíferas, como la viruela, el tifus o la fiebre amarilla – ¿Quién de mi generación no sufrió de alguna de ellas? Concretamente, hablando de la fiebre amarilla, que asolaría a la comunidad de Andalucía entre los años 1800 y 1804, en un intento de hallar una explicación, se discutía si el miedo era el causante del contagio, aunque las voces más sensatas respondían que aquello no podía ser, debido a que los hombres valientes morían en mayor cantidad que las mujeres “tímidas” o los niños. Además, seguían diciendo, no se había observado que en el Ejército o en la Marina hubiera má afectados. Eso es lo que hubiera debido suceder de ser cierta la hipótesis: en el combate se experimenta temor.

La pandemia de 1918 fue la peor catástrofe sanitaria de la historia, una crisis mundial de población que quedó eclipsada por los últimos compases de la Primera Guerra Mundial. Aunque la falta de registros precisos dificulta el recuento, los investigadores sitúan entre 40 y 100 millones el número de muertes directamente imputables a la pandemia gripal de 1918. Cuando se cumplen 100 años desde su aparición, no existe consenso sobre su origen; tradicionalmente se apunta a un campamento de instrucción del ejército estadounidense en Kansas, pero hay indicios que también permiten pensar en el importante campamento británico establecido en la localidad de Étaples-sur-Mer, al norte de Francia.

Así llegamos al año 1918, con la gripe española, una pandemia tan letal como las peores de los siglos pasados, causante de la muerte de cuarenta millones de personas en todo el mundo – solamente en España causó 300.000 víctimas -, la cual se había presentado cuando apenas se había salido de las calamidades ocasionadas por la Primera Guerra Mundial, encontrándose los servicios médicos totalmente desbordados ante aquella amenaza de origen incierto. En aquel ambiente de angustia, la prensa francesa, siempre muy dada a echar la culpa a los demás, no dudó en culpar de la gripe al enemigo germano, haciendo circular el rumor sobre unas conservas llegadas desde España en las que los agentes del káiser habrían introducido agentes patógenos. Lo cierto fue que Alemania se vio igualmente afectada por la gripe, siendo el día de hoy que, a pesar de los servicios del contraespionaje francés, nada se pudo demostrar de la práctica de una guerra biológica.

El siguiente episodio de pánico lo vivimos en los años ochenta, provocado por el virus del sida, donde os homosexuales y los drogadictos pasaron a ser los nuevos apestados en un clima en el que la histeria, una vez más, desencadenó actitudes persecutorias hacia los más débiles.

Hoy, como en el pasado, tampoco faltan las típicas conspiraciones, que, si China fue el causante de la pandemia en su pugna por la hegemonía mundial, o viceversa. Que si fueron los del Trump quienes llevaron el virus a la China, que si patatín que si patatán. Es una cuestión que, posiblemente no sabremos, aunque todos los imperios tienen auges y caídas y todo parece indicar que la decadencia apunta hacia los Estados Unidos y el auge por el control del mundo apunte hacia la China.

Una de las conclusiones que he sacado de mis lecturas sobre las pandemias es que han servido para impulsar o destruir grandes imperios a la vez que causaron profundos cambios económicos y sociales a lo largo de los siglos. La rapidez con que un puñado de conquistadores españoles desmanteló, por ejemplo, las estructuras de poder de los pueblos precolombinos, formados por millones de personas, no se debió solo a su superioridad militar, sino también y, sobre todo, a las enfermedades que traían consigo y ante la que las poblaciones indígenas carecían de defensas. En cambio, cuando casi tres siglos después otros europeos, en este caso las tropas francesas, llegaron a Haití para reprimir la revuelta de los esclavos, cayeron derrotados por una terrible epidemia y no pudieron hacer nada para evitar la emancipación.

Ni los hipócrita representantes de Dios se salvan de las pandemias, tal y como queda demostrado cuando en el año 1632, la muerte de diez cardenales en Roma llevó al papa Urbano VII a exhortar a Occidente a encontrar una cura para la malaria, de tal manera que, pocos años después de su descubrimiento, las propiedades de la quinina serviría para movilizar a las grandes potencias imperiales a hacerse con el control de la mayor cantidad posible del compuesto, con un objetivo muy claro para, no solo consolidar su poder sino para extenderlo hacia otras zonas de interés, quedando la sustancia descubierta en el más valioso instrumento de poder político y, a la vez, en un estímulo para seguir ampliando el dominio sobre nuevos territorios.

Hasta épocas relativamente recientes, las enfermedades constituyeron un factor que servían para inclinar batallas de un lado a otro. Es conocida la epidemia de cólera que mató en 1832 a diecinueve mil parisinos. Por aquel entonces circulaba por la ciudad una teoría de la conspiración según la cual el nefasto e impopular Luis Felipe de Orleáns había envenenado los depósitos de agua, siendo este el detonante de un gran estallido de violencia que las fuerzas del orden no pudieron contener, alimentando la imagen entre las élites y la administración del Estado de que las clases humildes eran muy peligrosas, de tal manera que esa percepción sirvió durante todo el siglo XIX, en pleno desarrollo de la Revolución Industrial y la emergencia de la clase obrera, para justificar los durísimos ejemplos de represión en la capital francesa, como el de la Comuna de 1871, con decenas de miles de ejecuciones.

Lógicamente, el COVID-19 no ha alcanzado la dimensión de epidemias pasadas, entre otras cuestiones, porque la medicina y los sistemas sanitarios – muy mejorables todos ellos – son mucho más avanzados. En cualquier caso, de la misma manera que las epidemias han forjado la historia humana, también los humanos han dado forma a la extensión de estas enfermedades. Es verdad que las epidemias no dependen de los humanos, pero no es menos cierto que las vulnerabilidades a través de las que estas nos atacan sí, como cuando la Revolución Industrial llevó a la concentración de población en muy poco espacio, en las ciudades, dejando las aldeas y los pueblos prácticamente despoblados. De la misma manera que la globalización explica que el COVID-19 se esté expandiendo a una velocidad de crucero, mucho más elevada que otras epidemias anteriores, ¿tendrá esta enfermedad la misma capacidad de influir sobre la humanidad que en otros casos? Lo vamos a ver enseguida, pero lo primero, pongamos freno a tanta muerte de las personas, especialmente a nuestros viejos, a los que debemos la libertad y las conquistas sociales logradas a sangre y fuego, como nuestro sistema público de sanidad, aunque ahora no les hayan servido, cuando muchos de ellos han muerto en el más absoluto de los abandonos y cuidados sanitarios.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

16 de mayo

Hoy, cuando se cumplen 63 días de mi arresto domiciliario me he levantado muy temprano, a las 7,00 horas y, después de pegarme una ducha de agua fría, asearme, y hacer la revisión médica semanal: Peso 123,5 kilos, tengo 144/75 de tensión, 59 pulsaciones y 130 de glucosa, me dispongo a desayunar para salir a las 10,00 horas a dar el paseo diario que me permite el estado de alarma.

Hasta la fecha, desde que empezó el estado de alarma que nos tiene confinados, casi nunca había hablado en mis diarios, salvo de manera esporádica en alguna ocasión, de esa enfermedad convertida en calamidad pandémica de las organizaciones sociales, pueblos, estados y personas que afecta a todos al relacionarse con la satisfacción fácil, perniciosa e inmoral de necesidades e intereses suntuarios, egoístas e innecesarios que se conoce por corrupción, un camino viciado de abusos e ilegalidades que distorsiona por completo las normas, reglas y leyes de la sociedad, que daña y pervierte la honradez, la honestidad y las buenas costumbres, donde sus principales aliados son la mentira, el robo, el engaño, la hipocresía y la manipulación.

Pero hoy me encuentro con un informe de la Europol (Policía de la Unión Europea) advirtiendo sobre la proliferación de estafas a través de Internet que esta organización policial bautiza como los “coronacrímenes” donde quedan identificadas las principales amenazas y los factores clave que influyen en la delincuencia organizada.

Tras una primera fase, la actual según se explica, en la que han proliferado los fraudes en la compra de material sanitario, tal y como ha sucedido en nuestro país. De hecho, el gobierno de Baleares lleva comprado hasta el momento material por valor de 6 millones de euros a Rayan Holdings Ltd., el proveedor chino que llegó de la mano del despacho de abogados de José María Fuente, destacado militante del PSOE balear, y parte de ese material – una partida de más de 40.000 mascarillas – tuvo que ser inmovilizado por las autoridades sanitarias autonómicas al detectarse deficiencias en las mismas. Pese a que la operación de compraventa fue presentada como una acción de emergencia por el bien común y de cooperación con la “sociedad civil”, según las propias declaraciones del abogado Lafuente, el gobierno balear acordó el pago de una comisión de 1,5 % en concepto de asesoramiento.

Hasta la fecha, según confirmaciones oficiales de la consejería de Sanidad del gobierno balear se han tramitado dos facturas en concepto de honorarios a una abogada china que integra el despacho del abogado Lafuente en Palma de Mallorca. Concretamente, el gobierno ha librado una factura de 20.722 euros por la intermediación que el gobierno denomina “asesoramiento mercantil” y el abogado “asesoramiento jurídico” por la compra y traslado de la primera partida de material procedente de China con 300.000 mascarillas quirúrgicas, otras 40.000 ffp2, 10.000 gafas de protección y 30.000 buzos para sanitarios.

La segunda factura librada se corresponde con un cargamento de 30.000 buzos y un millón de guantes por un valor de 19.966 euros. En total, el gobierno balear admite ese gasto de 40.688 euros al despacho de Lafuente, que en 2011 llegó a formar parte de la candidatura del PSOE para gobernar la alcaldía de Palma que lideraba la hoy delegada del gobierno en las islas, Aina Calvo. El abogado Lafuente en ningún momento ha ocultado sus vínculos con el PSOE, pero sostiene que “su intervención en la operación no responde a su afinidad política”, sino a la excepcional circunstancia de que su compañera de despacho, Wey Wey Jiang es la única abogada colegiada de origen chino que hay en Baleares”. A este abogado solo me queda decirle que en el sindicato de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) aquí, en Asturias, donde nadie habla chino, tardaron más en recaudar los 20.000 euros, procedentes de los bolsillos de sus afiliados, para la adquisición de material sanitario que, en el traslado del mismo desde la China, llegando en perfectas condiciones para uso del mismo por parte del personal sanitario, tal y como está ocurriendo con toda normalidad.

En el mismo informe de la Europol siguen advirtiendo que Llegarán una segunda y una tercera fase en las que “la pandemia y sus consecuencias económicas ejercerán una presión significativa sobre el sistema financiero y el sector bancario”. En esta fase, advierte la agencia de la policía de la Unión Europea, es posible, tal y como ocurrió en crisis anteriores, que se produzca “un aumento en el número de fraudes bancarios y de préstamos, lavado de dinero y corrupción”.

En el ámbito financiero y de inversión, las advertencias sobre estafas llegan en España especialmente de la mano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor bursátil considera que, si bien aún es quizás “pronto” para poder sacar conclusiones sobre si la situación creada por la pandemia ha dado lugar a más actividad irregular, puede deducirse que “se ha intensificado el contacto de inversores con chiringuitos en Internet, puesto que la actividad presencial está limitada por el confinamiento”,

Bajo, entre otros, el lema “Con o sin pandemia, los chiringuitos no juegan limpio”, las autoridades no dejan de alertar sobre las llamadas, mensajes o correos inesperados prometiendo altas rentabilidades y sobre las entidades no registradas que ofrecen servicios de inversión. Desde la CNMV explican que en los últimos tiempos los productos estrella en las estafas son los basados en criptodivisas y en general todo tipo de criptoactivos, con la curiosidad de que la mayor parte de ellos son ofertados por “entidades llamadas clones que tratan de captar clientes utilizando el mismo nombre que otras entidades completamente legales aprovechándose de su reputación”.

Desde la CNMV advierten para quienes puedan sentirse tentados de operar con empresas no registradas que han detectado, vinculadas a la covid-19, entidades fraudulentas que ofrecen información a los inversores sobre las consecuencias de la expansión del virus en los mercados financieros, asegurando falsamente contar con “servicios para identificar y gestionar los riesgos potenciales y aprovechar así las posibles oportunidades”.

A todos estos timos financieros se suman los tradicionales intentos de conseguir las claves de acceso de las cuentas corrientes. La realidad es que, según explican desde la policía, los “ciberdelicuentes no descansan y han encontrado en la situación actual un buen caldo de cultivo para sus intentos de fraude”. Así recuerdan que ni La Caixa manda correos para “informarle de que, después de los cálculos finales de compensación, le corresponde un reembolso de una cantidad determinada”, ni al BBVA “le complace informarle sobre sus facturas pagadas”, ni ING pide “que actualice sus datos personales”.

En general, ninguna entidad financiera advierte de que se tienen “24 horas para pagar 1.000 euros o su cuenta será cancelada”. Según se deja claro en las redes sociales tanto de la policía como de la Guardia Civil, los intentos de hacerse con lo ajeno se han adaptado con rapidez a la pandemia. Bajo el lema “No piques” se advierte de la falsedad de algunas campañas vinculadas con las ayudas directas de la Seguridad Social a los afectados por ERTE, de las comunicaciones del Ministerio de Economía, de los pagos adelantados de Hacienda, del cobro de multas de la DGT.

Es decir, no solo existen los buitres carroñeros que esperan sacar rentabilidad electoral a cuenta de las muertes del COVID-19, sino que también existen esta especie de “urracas” que se dedican al robo y a la picaresca aprovechándose de las pandemias como la que nos ha tocado vivir.

Fuente: Ministerio de Sanidad (15 de mayo de 2020)

Apenas estoy mirando el panel del ministerio de Sanidad para ver las cifras de muertos por el COVID-19 (27.563) e infectados (230.698), cuando recibo una llamada de un compañero para confirmarme el fallecimiento de mi amigo y compañero Julio Anguita que, como sabéis estaba ingresado en el hospital afectado de sus problemas con su corazón infartado, tal y como había informado en mi diario del 9 de mayo. Sinceramente, tuve que llorar por la impotencia que me produjo la muerte de mi amigo y compañero Julio.

Imagino que es indescriptible el dolor que se siente por la muerte de un compañero como Julio Anguita, especialmente para las personas que, como yo, tuvimos el privilegio de trabajar políticamente a su lado durante varios años en el seno de la comisión ejecutiva federal de Izquierda Unida. Siempre sentí una gran admiración y ahora mucho más, porque Julio fue un guerrero que luchó hasta el final de sus días llevando siempre como bandera la honradez y la honestidad. Su amistad en su forma tan particular de ser, su manera de hacerse querer nos hace que guardemos de él los mejores recuerdos, las lecciones magistrales que impartía cada vez que hablaba. Como amigo y compañero le voy a extrañar un montón y no creo que otra persona pueda llenar el vacío que deja en mi corazón. Todavía me acuerdo de su visita al hospital Valle del Nalón cuando me pegó el segundo infarto en plena campaña electoral y me decía que en pocos días estaría otra vez en la batalla, como así fue, pero su corazón rojo había comenzado a debilitarse desde aquel acto electoral en Barcelona donde sufrió el primer infarto agudo, agravado aún más después de sufrir la pérdida de su hijo cuando cubría la información periodística en la maldita guerra de Irak, aquella de las armas masivas que decían los Bush, Aznar y Blair.

Dibujo Julio Anguita, realizado por el pintor langreano Mandi Braña. (mayo de 2020).

La última vez que hablé con él, con ocasión de la presentación de uno de sus libros en Gijón, me preguntaba por mi estado de salud, pero ya me decía que tenía sus coronarias hechas una mierda, aunque se cuidaba mucho. Tienes que bajar el listón en tus actos Julio, pones demasiada pasión en ellos y eso te perjudica la patata. Te lo digo por experiencia, le decía, porque a mí me pasaba lo mismo y tuve que tomarme la vida de otra manera distinta, un poco má tranquila, aunque sin dejar mi actividad al servicio de la causa ni un solo momento.

Fidel Castro y Julio Anguita en La Habana.

Sin embargo, necesitamos ser fuertes para superar su ausencia, cambiando las lágrimas por los recuerdos de los bellos momentos que nos brindó a lo largo de su brillante trayectoria política. Se marcha por el camino que todos recorreremos algún día, pero, a pesar de que no puedo estar físicamente a su lado para decirle adiós, quiero que sepa que lo quise mucho. Su muerte es un acontecimiento que nos ha impactado a todos los que le queríamos, pero siempre nos quedará su recuerdo.

A pesar de su carácter huraño, enemigo de la política espectáculo y “comunista de orden”, como dicen de él en Córdoba, siempre negado a firmar autógrafos que le pedían en sus actos, es difícil encontrar en su ciudad cordobesa – aunque él haya nacido en la localidad malagueña de Fuengirola -, en la que cuando él tomó la vara de mando había barrios sin alumbrado público, sin alcantarillado, sin recogida diaria de basuras y barrios obreros de chabolas inmundas, alguien que no tenga devoción por el político comunista y que no admita que ha sido el mejor alcalde que ha pasado por Capitulares, plaza donde está la sede del Ayuntamiento cordobés que él mismo mandó construir durante el primer mandato democrático con el objetivo de modernizar los servicios municipales.

Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el referéndum de la OTAN.

Nunca fue Anguita un líder que viviera de la nostalgia y de la identidad, para él los partidos tenían utilidad en la medida que servían para cambiar la vida de la gente. En 1988 sustituyó al asturiano Gerardo Iglesias al frente de la secretaría general del PCE y desde ese lugar pilotó la operación más importante por conformar un espacio político que superara el Partido Comunista y aglutinara a los sectores descontentos y castigados por aquel felipismo del PSOE asolado por la CORRUPSOE que privatizaba las empresas públicas y hacía reformas laborales contra los trabajadores y contra los pensionistas como cualquier otro líder europeo de derechas al servicio del neoliberalismo.

Julio Anguita.

Conocí personalmente a Julio Anguita en 1986 durante el duro conflicto que librábamos en la onubense empresa Riotinto Minera, cuando había ensayado en su tierra una confluencia que superaba las paredes del Partido Comunista y funda el espacio de confluencia Convocatoria por Andalucía, aglutinando a movimientos sociales, uniendo a todos los partidos a la izquierda del PSOE y a la masa social que había hecho campaña por el no a la entrada de España en la OTAN, en un histórico referéndum convertido en un plebiscito contra Felipe González, donde la derecha de Alianza Popular pidió la abstención y en el que la postura contraria obtuvo un meritorio 43,15% de apoyos frente al 59,42% de lo defendido por Felipe González.

Julio Anguita

En 1989, fijándose en la experiencia andaluza, se funda Izquierda Unida, coalición de la que será coordinador general hasta el 2000 y con la que consigue obtener los mejores resultados electorales de la formación en 1996, 21 diputados y más de un 10% de votos, lo que sirvió para que el PSOE y sus medios de comunicación afines, con el Grupo Prisa a la cabeza, encendieran el ventilador contra el líder de izquierdas y lo acusara de hacer “la pinza” junto con el PP para impedir que gobernaran los socialistas.

Durante su periodo al frente de IU, en los años 90, fue duramente combatido por los grandes medios de comunicación, especialmente los vinculados al Grupo Prisa, con una influencia cultural decisiva entre el público progresista. Presentado como un personaje quijotesco y al margen de la realidad, Anguita sin embargo acertó en casi todos sus pronósticos realizados en una década de los 90 marcada por la caída del Muro de Berlín y el triunfo de EEUU y sus aliados en la Guerra Fría.

Julio Anguita en un mitin electoral en Granada.

Él iba a contracorriente en una sociedad española donde los efectos del neoliberalismo empezaban a palparse, pero que aún no había conocido de forma masiva la precariedad laboral y los recortes al Estado del Bienestar que llegarían con la gran crisis de 2008.

Por eso, sería después de la crisis y del 15M, cuando muchos redescubrirían el discurso político de este viejo profesor de historia. Julio Anguita ya decía en los años noventa el discurso que veinte años más tarde se escucharía en la Puerta del Sol en boca de los indignados, oponiéndose, sin paños calientes, a la destrucción industrial que el PSOE llamó “modernización industrial” dejando el futuro de España basado en lo que dure el sol, las playas y el turismo, esto es, un país de la periferia europea con sueldos bajos, alta precariedad, escaso valor añadido y muy dependiente del monocultivo del turismo y la especulación urbanística.

Julio Anguita y Antón Saavedra en un mitin electoral en el Pabellón de los Deportes de Gijón

Pero fue también, radicalmente contrario, de todos los procesos de privatizaciones de los sectores estratégicos, llevados a cabo por el bipartidismo turnista PPSOE, advirtiendo en su día de que el Tratado de Maastricht no era otra cosa que la entrega de la democracia española a los poderes económicos y financieros incontrolables por el poder político, anticipándose a la crisis europea de deuda de 2008 y al desastre social de la austeridad y los recortes a la sanidad, la educación, la dependencia y la congelación de las pensiones para rescatar a la banca de su quiebra.

Anguita siempre fue muy beligerante contra el modelo europeo consagrado en el Tratado de Maastricht. Al contrario que Antonio Gutiérrez, líder de CCOO, y una parte de su partido – el grupo de las Almeidas, los Garridos, los Carneros y tantos otros que se dedicaron siempre a hacerle la cama desde el PSOE, donde acabaron todos y todas en su pesebre -, defendió oponerse al tratado firmado en la ciudad holandesa, aunque supusiera para IU quedarse en soledad. En junio de 1992, tras la derrota del Tratado de Maastricht en el referéndum danés pidió que España renegociara el acuerdo y abogase por un frente común con los países del sur de Europa para contrapesar la influencia de la Alemania reunificada en la UE.

En aquella ocasión, Julio Anguita ya advertía sobre una crisis del euro, y sostuvo que la construcción de la Unión no podía empezar por la moneda única, sino que esta debía ser en todo caso el resultado final de un proceso previo de armonización en materia laboral y fiscal de las economías de la Europa más rica y la Europa más pobre.

Julio Anguita

Posiblemente, el gran pecado político de Julio Anguita haya sido haber nacido muy pronto, anticiparse a un tiempo político y parecer antipático por decir las verdades de un sistema que, dos décadas después de que él lo vaticinara, se abrió en canal y mostró todas las vergüenzas que él señalaba. La crisis del Covid19 ha puesto de relieve la debilidad del tejido industrial español y su extrema dependencia del turismo. Hoy las encuestas revelan que la mayoría de los españoles abogan por recuperar empresa pública y exigir a la banca la devolución del rescate bancario.

En Córdoba, donde nació el filósofo Séneca, se practica el senequismo, el dominio de las pasiones que tan bien representó la vida política y personal de Julio Anguita y que, aunque no le valió para ganar las elecciones generales, habiendo sido el líder más valorado en cada encuesta que se realizaban, al menos le ha valido para morir teniendo razón, que no deja de ser un epitafio triste de una carrera política brillante en un país lleno de necios. “Murió teniendo razón, aunque nunca se la dieron”.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y Republica.

17 de mayo

Cuando comienzo mi 64 día de arresto domiciliario, un poco recuperado de la muerte de mi amigo y compañero Julio Anguita, me dispongo a reiniciar mi diario de hoy, refiriéndome a la homilía sabatina que nuestro presidente de gobierno nos tiene acostumbrados a leer por teleprónter. En la misma nos informa de que el 70% de los ciudadanos están disfrutando de la fase 1ª de la desescalada en todas las comunidades menos Madrid, el área metropolitana de Barcelona y una buena parte de la comunidad de Castilla-León.

“Con el informe serológico hemos visto – dijo el presidente – que se ha contagiado el 5% de la población y la letalidad real es del 1%. Estos dos datos nos llevan a concluir que el estado de alarma ha funcionado. El camino que estamos siguiendo desde el principio de la epidemia es el único posible. Algunos dijeron que una solución era dejar que el virus se difundiera hasta alcanzar la inmunidad de grupo, que implica un 70% de la población. Hubo países que iniciaron esa vía y tuvieron que dar marcha atrás. Si hubiéramos optado por esa fórmula, la infección podría haber alcanzado a 30 millones de compatriotas y podría haber costado la vida a 300.000 personas. O tal vez más porque se habría colapsado el sistema sanitario. Debemos de tener en cuenta estas dos lecciones”, aseguró el presidente.

Fuente: Ministerio de Sanidad (16 de mayo de 2020)

La realidad de las cifras oficiales que nos ofrecen diariamente a través del ministerio de Sanidad es que seguimos teniendo al día de hoy, 17 de mayo, 27.650 muertos y 231.350 infectados y, lo más grave de todo, con el mayor número de infectados y muertos del mundo entre los profesionales sanitarios. ¿Ha pensado el presidente y su equipo en cuántas personas se hubieran salvado de haber tomado las medidas en su debido tiempo, cuando se sabía  lo que estaba ocurriendo, y sin embargo se nos informaba por parte de los portavoces sanitarios del gobierno y por el propio presidente del gobierno en su mitin electoral del 2 de marzo en Vitoria, que “esta gripe pasaría de largo y tendría una mínima incidencia en nuestro país”, confundiendo a la ciudadanía que ignoran a estas alturas sobre que atenerse incluso con una prenda tan básica como es una simple mascarilla?¿Por qué el presidente del gobierno español se refiere a países como EE.UU., Reino Unido o México que ignoraron la realidad mucho más tarde que nuestro país, y no se refiere a países como Suecia, Corea, Cuba y, sobre todo, a nuestro país vecino de Portugal ?

La prudencia debe ser la regla, debe continuar siendo la regla. Por ello anunció que el Gobierno solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. Será la última y en lugar de 15 días será de un mes”, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. “El único camino para la recuperación económica es superar la crisis sanitaria”, ha insistido.

Cada vez resulta más difícil saber que debemos saber sobre la pandemia. Es evidente que el gobierno de España actuó tarde y se equivocó en los primeros momentos, aunque no me incluyo en ese grupo de los que lo sabemos todo “a toro pasado”, y mucho menos me considero un conspiranoico, entre otras cuestiones, porque suelo renegar de las consignas partidistas y sectarias y mi cabeza me funciona bastante bien. Tampoco actúo como jenízaro de ningún partido o secta ni me pagan por escribir “a tanto la pieza o por palabras al dictado de la consiguiente consigna”, sino cuando creo que tengo algo que decir o quiero expresar, equivocadamente o no, lo hago, pero siempre dentro de mi plena libertad para expresarme.

Pero es que además, nunca entendí los procesos históricos explicados por una sucesión de conspiraciones sino siempre basados por la lucha de clases dentro de una formación económica y social y, lo más importante, porque no soy un reaccionario, pues se es reaccionario cuando se recurre a la conspiración para “explicar” como funciona la economía bajo el neoliberalismo y tengo muy claro al respecto que para un neoliberal, que se rige por la máxima de la rentabilidad, el gasto social nunca es rentable, dejando muy claro, guste o no guste, que los gobiernos del bipartidismo turnista desde la segunda restauración monárquica en España se rigen por ese modelo neoliberal o capitalista, como se quiera llamar.

Es más que preocupante y quimérico que haya  “personajes” que, bajo el caparazón del COVID-19  sigan intentando que confundamos ese invento llamado por los progres postcapitalismo con el fin de la etapa neoliberal o del predominio del capitalismo financiero, sin el que no puede sobrevivir el productivo, cuando no hay postcapitalismo sin acabar con las relaciones sociales de producción capitalista basadas en una plusvalía nacida del trabajo excedente sin el que el sistema no puede reproducirse porque carecería de beneficio.

Quienes están jugando esta partida no son radicalmente opuestos a los fascistas criminales de VOX ni  los fascistas del PP que acusan de comunistas a los de Unidas Podemos, ofendiendo con tal acusación a los comunistas que nada tuvieron ni tienen que ver con quienes emplean bálsamos por vitales que sean, para quienes están en el nivel de la supervivencia, cuando sabemos que tras la pandemia aplicarán nuevas recetas de dolor y recortes sociales a los trabajadores para favorecer la recuperación del beneficio empresarial, en lugar de organizar a la clase trabajadora para lo que se nos viene encima. Ambos mienten. Unos para defender la democracia burguesa, cumpliendo su viejo papel de justificadores, aparentemente críticos, del capital. Otros para actuar como criminales a sueldo del capital, poniendo por delante el trapo de una bandera patria que jamás protegerá a las clases subalternas de los intereses de clase de los patriotas sean estos ciudadanos catalanes, vascos, asturianos o madrileños.

Una de las mayores incertidumbres que me viene dando vueltas a mi cabeza es la referida a la situación en que se encuentran nuestros viejos, la mayoría de ellos pensionistas que han fallecido en esos pretanatorios sin atención médica de ningún tipo, especialmente al futuro que nos espera a los que ya tenemos más de 70 años y para los vulnerables, un término que nunca se define con mucha precisión, a los que ya empiezan a aparecer informaciones tipo globo sonda de que quizás tengan que permanecer confinados hasta que no aparezca la vacuna salvadora. ¿Por qué no vamos a tener las mismas condiciones que los demás ciudadanos? ¿No será necesario establecer un verdadero debate como es debido sobre esta cuestión? Seguramente que tengamos que sufrir las consecuencias de esta pandemia más que los jóvenes, pero yo, al menos, quiero que me la argumenten. En vez de una situación en la que interesa ahorrar el dinero de las pensiones, ahora tenemos una situación en la que se quiere ahorrar dinero al Servicio Nacional de la Salud. Como mínimo, deberían decírnoslo con toda franqueza.

Volviendo a la homilía sabatina del presidente, este nos anuncia la quinta prórroga, que en realidad es la sexta al incluir 30 días. Lo que contando el primer estado de alarma hará que Sánchez al término del ‘último’ estado de alarma el día 21 de junio, habrá disfrutado de tres meses y medio de poder absoluto cuando en esa misma fecha se cumplan cinco meses y medio de su llegada al poder, el pasado 7 de enero.

El presidente intenta también que Inés Arrimadas apoye la nueva prórroga de la alarma, pero la líder de Cs se resiste a los 30 días, diciendo que son demasiados. Lo que satisface a Oriol Junquera y ERC, que odian a los de C’s y pretenden recuperar su plena capacidad de chantaje al Gobierno en unas negociaciones opacas, entre PSOE y ERC.

Puede, pues, que Arrimadas esta vez se abstenga en la votación del nuevo – y según Sánchez ‘último’- estado de alarma mientras el PP votará por fin contra Sánchez. Pero Cs seguirá en la recámara de La Moncloa de cara a la pieza fundamental del momento político que son los Presupuestos de 2021, momento que espera ERC para volver a plantear la “consulta de autodeterminación” catalana y los indultos para los golpistas condenados en el Tribunal Supremo. Y especialmente para que Junqueras pueda ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas del otoño.

Por cierto, unos Presupuestos en los que Iglesias quiere introducir su impuesto contra “los ricos”, sobre el que Sánchez esboza una sonrisa mientras nos anuncia que ya va a pedir los fondos de la UE de ayuda al empleo para sufragar con ellos el gasto de los ERTES, a la vez que insinúa que también pedirá los 24.000 millones del rescate de España a los Fondos MEDE (a partir del día 1 de junio). Pero Sánchez subraya que no se trata de un “rescate” porque no habrá “hombres de negro” ni reformas estructurales obligadas sino unos fondos exclusivos para pagar las facturas de la Sanidad. En esta ocasión – añado yo -, la intervención o rescate será realizada por hombres uniformados con batas médicas, mascarillas y guantes. En fin, esperemos al debate del miércoles en el Congreso de los Diputados para dar veracidad o no a lo expuesto.

Ayer había iniciado mi diario sobre la corrupción, ese virus pandémico que afecta a todos los partidos políticos españoles, excepción, por el momento, de la organización podemita, pero tuve que suspender el temario al recibir la noticia del fallecimiento de Julio Anguita, al que dediqué mi diario de ayer.

El laberinto en el que se ha precipitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la utilización de dos apartamentos de lujo que le habría facilitado un empresario hotelero en el centro de Madrid ha venido a mostrar, una vez más, que la organización criminal del PP no resiste casi nunca la tentación de anteponer el ventajismo a la claridad.

Desde un inicio de la pandemia, la fuerza principal de la oposición ha tratado de convertir Madrid en un modelo de gestión desde el que cuestionar la iniciativa del gobierno. En ese sentido, la presidenta Diaz Ayuso desplegó una enorme capacidad propagandística orientada a trasmitir el mensaje de que las cosas pueden hacerse mejor y ha contribuido a polarizar la gestión de una crisis que, antes que nada, necesitaría de acuerdos y de políticas pactadas, descartando la deslealtad institucional que supone animar a manifestaciones de protestas en la calle en mitad de un estado de alarma.

Desde que la presidenta supo que estaba infectada por el COVID-19 y que debía de mantenerse aislada, parecía lógico que la Comunidad de Madrid le facilitara un lugar idóneo para seguir cumpliendo con sus obligaciones. Pero lo que parecía tan sencillo como normal acabó convirtiéndose en un vodevil en el que se revela lo que parece un regalo indebido, proyectos personales de la presidenta y unos contratos que aparecen y desaparecen como en una comedia de enredo, hasta el extremo de ser destituido de manera fulminante el secretario general técnico de la consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez, responsabilizándolo de haber publicado un contrato en teoría inexistente con Room Mate en pleno escándalo por los dos apartamentos de lujo que Isabel Diaz Ayuso había alquilado por la irrisoria cantidad de 80 euros al día con esa compañía hotelera.

El polémico contrato de Room Mate y la Comunidad de Madrid fue manipulado hasta en cuatro ocasiones. Según ha informado y comprobado Cadena Ser, el Portal de Contratación ha llegado a publicar cuatro versiones distintas, con el mismo número de expediente, del contrato de explotación de los hoteles propiedad del empresario Kike Sarasola, dueño también del apartahotel de lujo en el que se aloja la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El 20 de abril se publicó por primera vez el contrato con expediente 125/2020 para la “puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como espacios de uso residencial de personas mayores”. Este fue un contrato de emergencia y el importe era de 275.000 euros (IVA no incluido).

Semanas después, se publica por primera vez la adjudicación de ese contrato. El número de expediente es el mismo y como beneficiario ya figura la empresa de Sarasola, pero con una errata: ‘Rom Mate’. El importe asciende a 565.000 euros. Esta fue la primera información que se hizo pública tras conocer que Ayuso se alojaba en uno de los hoteles de Sarasola desde que comenzó la pandemia.

Pero esta información aguantó muy poco tiempo en el Portal de Contratación. La Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Rayero, de Ciudadanos, la borró por un supuesto “error humano administrativo”.

Se publicó entonces otra vez, pero cambiando el nombre del adjudicatario (Coordinadora del Tercer Sector) y el importe de adjudicación (240.000 euros). No se modificó el importe del presupuesto base de licitación que seguía siendo de 565.000 euros.

Por último, la Consejería de Políticas Sociales ha modificado una cuarta vez ese contrato. Según han confirmado a la Ser, esta es la versión definitiva. El adjudicatario sigue siendo la Coordinadora del Tercer Sector, el presupuesto es de 806.000 euros (por la gestión de los dos hoteles) y el importe de adjudicación es de 240.000 euros ya que sólo se utilizó uno de los dos que se dispusieron.

Las diferentes versiones de estos contratos y las distintas explicaciones de la Comunidad de Madrid sobre la suite de lujo en la que se hospeda Ayuso ha suscitado muchas sospechas sobre la veracidad de los datos que se han ido dando. La presidenta madrileña ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer lo que ocurrió con el contrato, pero también ha alegado que su estancia en el hotel es un “asunto privado”.

Pero, ¿Quién está detrás de esa compañía hotelera? La empresa Be Mate Community España S.A. fue creada por un despacho de abogados, Afiens Legal, en junio de 2014. El 15 de septiembre es vendida a la firma B Mate Community BV, con sede fiscal en Holanda, creada por Room Mate tan solo seis días antes y a la que se incorporan más tarde los socios mencionados y donde todos ponen el dinero.

La ingeniería mercantil propiciaba que los dividendos que pudiera generar la empresa española fueran a parar a su “madre” holandesa, y desde allí distribuirse a los socios bajo parámetros fiscales atractivos. Holanda es un país muy relajado desde el punto de vista fiscal. La existencia de una pantalla holandesa entre Be Mate Community España SA y sus socios finales para eludir la fiscalidad española no fue óbice para que en 2015 la Secretaría de Estado de Turismo y la Entidad Nacional de Innovación, Enisa, dependientes ambas del Ministerio de Industria que entonces comandaba José Manuel Soria, destinasen en conjunto al nuevo proyecto nada menos que 3.450.000 euros en préstamos blandos.

Dichos préstamos procedían de los programas que Industria dota anualmente para impulsar a aquellas pymes españolas que posean buenos proyectos y cuenten con gestores de probada trayectoria, pero que, por tamaño, no tienen llegada fácil al crédito bancario o los contactos para llegar a la comunidad inversora y lograr las cantidades que necesitan y en condiciones asumibles.

Terraza del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.

Los préstamos de apoyo a pymes que otorga el ministerio de Industria siempre son para apoyar su crecimiento, valorándose para la concesión la calidad del proyecto, la capacidad de gestión y la experiencia pasada de los promotores. Industria no presta para refinanciar o pagar deudas, ni concede financiación a empresas con pérdidas o abocadas a las mismas. Enseñar números rojos constantes en años anteriores, si se trata de un negocio ya en marcha, o en experiencias empresariales anteriores, no es, por tanto, la mejor carta de presentación.

El préstamo de Enisa a Be Mate Community España SA era de 450.000 euros. Tenía que ser devuelto en tres anualidades desde 2017 y el calendario fue respetado. No sucedió lo mismo con los préstamos de tres millones de euros de la Secretaría de Estado de Turismo, que debían empezar a restituirse en 2018.

Durante dicho año no se produjeron pagos, obteniéndose “dispensa para su pago en el ejercicio 2019”, según explica la memoria de Be Mate Community España SA para el ejercicio 2018.

Durante sus ya cinco años de vida, Be Mate no ha logrado entrar en beneficios. En todo el periodo ha facturado la cantidad de cuatro millones de euros contra 17 millones de costes y gastos, según las cuentas depositadas en el registro mercantil. Para cubrir la pérdida de 13 millones, además de usar los fondos públicos, la compañía recurrió en los dos últimos años a sus accionistas. A 2018, lo aportado por estos superaba en el balance los 10 millones de euros.

¿Se acuerdan José Manuel Soria, aquel nefasto ministro de Industria de ingratos recuerdos en la minería española?

Los criterios del Ministerio de Industria a la hora de conceder subvenciones, y sobre todo bajo el mando del canario José Manuel Soria (Partido Popular), llevan sorprendiendo a propios y extraños desde hace años. Ya sea desde la Entidad Nacional de Innovación (Enisa) o desde las secretarías de Estado como la de Turismo o Telecomunicaciones.

Enisa es una entidad que concede cientos de préstamos por año, pero en su mayoría por debajo de los 100.000 euros, como puede consultarse en su página web. Muy pocas empresas superan dicha barrera al año. Los 450.000 euros que obtuvo Be Mate se conceden a muy contadas empresas por año.

Entre estas excepciones, son conocidos los casos de Cabify (Maxi Mobility Spain SL), fundada por españoles, pero también creada como filial de otra, Maxi Mobility Inc, con sede última fiscal fuera de España (Delaware) en la que ya estaban depositados millones por los socios, mientras la filial española solicitaba y obtenía fondos públicos de Industria.

Salón del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.

Otros casos que llaman la atención en cuanto a la cuantía, y mero hecho de su concesión, son los de los préstamos subvencionados otorgados a compañías que fueron poco después objeto de procedimientos judiciales, precisamente por no ser lo que decían ser: Gowex, que mintió sobre clientes y contratos; Eico On Line SL, la empresa de Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica; o el Grupo Zed, objeto de una doble investigación en la Audiencia Nacional (operación Hanta). En este último caso, de un lado se profundiza en las causas de la quiebra de Zed y de otro, se investiga la forma en cómo obtuvo tal cantidad de subvenciones públicas, mayormente de Industria, y en el destino final del dinero público. Otra compañía, por ejemplo, que recibió las bendiciones de Industria vía Enisa fue Dos Mil Palabras SL, editora de Okdiario, el digital que comanda Eduardo Inda.

Kike Sarasola, exjinete olímpico e hijo de uno de los constructores preferidos de Felipe González, sufrió una lesión de espalda mientras preparaba los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, en la que habría podido ser su cuarta cita olímpica.

En 2006, se casó en Madrid con su novio de toda la vida, Carlos Marrero. Su boda salió en las revistas y tuvo como invitados a muchos rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Guillén Cuervo y Felipe González, que fue quien les casó. Tienen tal estrecha relación, que una de las hijastras del expresidente del Gobierno, Micaela González García-Vaquero, de 31 años, dirige desde hace casi tres años uno de los hoteles, Room Mate.

Todos estos logros los vende en el portal en el que se promocionan sus tres líneas de negocios: Room Mate Hotels, hoteles céntricos y urbanos de “lujo asequible”; Be Mate, apartamentos turísticos en edificios señeros y elegantes; y Xperience, un servicio de consultoría a otros hoteles para compartir el “exitoso modelo” del emporio de este hombre de 56 años que se hizo muy popular por salir del armario en la portada de la Revista Zero en 2002. Su boda con su novio de toda la vida, Carlos Marrero, la ofició Felipe González, el expresidente del Gobierno de España y gran amigo de la familia.

En 2005, al año de abandonar la competición deportiva a la que se dedicaba profesionalmente, Kike Sarasola abría su primer hotel en la Plaza Vázquez de Mella, ahora llamada Pedro Zerolo. A pesar de la crisis económica de 2008, el hijo del que fuera uno de los mejores amigos y más cercanos colaboradores de Felipe González, gracias a contactos y una herencia de varios millones de euros de su padre, comenzaba el meteórico ascenso empresarial del dueño de los apartamentos en los que la presidenta madrileña se rehúye del coronavirus.

Sala del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.

El holding empresarial ha pasado de un hotel en el barrio de Chueca a contar, solamente 15 años después, con 12 sociedades: 9 en España, una en Nueva York y dos en Florida. Con la marca Room Mate Hotels, en la que aglutina los hoteles, ha abierto 25 hoteles en las principales capitales españolas y del mundo. En Barcelona cuenta con cinco hoteles; en Madrid con seis; en Málaga con dos; uno más en Estambul, Ámsterdam, Nueva York, Milán, Ciudad de México, Rótterdam, San Sebastián, Roma y Mallorca.

Con la firma Be Mate, en la que centraliza la gestión de los apartamentos turísticos, cuenta con cuatro edificios de alojamientos de lujo en Madrid, entre ellos el de Plaza de España con vistas al Palacio Real donde se hospeda la mandataria madrileña; en Barcelona cuenta con otra explotación residencial en Paseo de Gracia; tres en Ciudad de México y en Milán y Romá cuenta con sendos inmuebles.

Curiosamente, el 30% de la sociedad bajo la que operan los apartamentos turísticos pertenecen a Sandra Ortega, hija mayor de Amancio Ortega, dueño de Inditex, quien ha sido una de las grandes financiadoras del enorme crecimiento del grupo de empresas del exjinete.

Sarasola, de 56 años, tiene un hermano, Fernando, al que se le conoce como Gigi Sarasola. Los dos son hijos del empresario Enrique Sarasola Lerchundi, -fallecido en 2002-, y de María Cecilia Marulanda. Su padre era amigo íntimo de Felipe González y apadrinó al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando vino a Madrid.

Actualmente, la familia está envuelta en problemas judiciales ya que la fiscalía pide cuatro años de cárcel para los hermanos Sarasola y su madre, por defraudar a Hacienda cuatro millones de euros heredados de su padre, quien hizo su fortuna en Colombia.  En 2005, el casero de Ayuso lanzó su primer hotel bajo la marca Room Mate Hotel; en 2014 hizo lo mismo con Be Mate y los apartamentos turísticos y en 2016, nació la consultora que, en junio de 2019, abrió su primer hotel bajo la marca X-Perience, La Tonnara di Bonagia en Sicilia, una antigua atunera del siglo XVII convertida en un alojamiento de 47 apartamentos y 58 habitaciones inspirado en el Mediterráneo.

La Fiscalía le pide 4 años de cárcel, al igual que a su madre y su hermano, por haber ocultado la herencia de 26,3 millones de euros que recibieron tras la muerte de su padre, en 2002, al no haberlas declarado en el impuesto de sucesiones.

Una condena a cuatro años de prisión podría suponer el ingreso efectivo en la cárcel, aunque se espera el pago de responsabilidad económica antes del final del juicio y conseguir así una disminución o suspensión de la pena.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

18 de mayo

Cuando leáis este diario de hoy ya habrán pasado 65 días de mi arresto domiciliario, con la salvedad de que ya podemos salir a la calle desde hace una semana sin otro propósito que dar una vuelta, tomar un cafetín con los amigos, a la distancia decretada, dependiendo de la edad que tengamos cada uno de nosotros, de tal manera que todo parece indicar que ya hemos estrenado lo que el gobierno y la prensa bovina no paran de hablar de la “nueva normalidad” que se avecina. Eso sí, el gobierno emprende otro nuevo giro en su gestión del COVID-19. Si en un principio con la pandemia golpeando ya con dureza a nuestro país, no se obligó al uso generalizado de mascarillas – ni siquiera fueron recomendadas a la población en general -, el gobierno va a regular ahora el uso obligatorio de estas en los espacios públicos, tal y como anticipaba ayer, domingo, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de una petición casi unánime de los presidentes autonómicos en la reunión semanal que mantiene Pedro Sánchez con ellos.

Pero, con mascarilla o sin mascarilla, ¿Cuál es esa “nueva normalidad” que se avecina? No nos engañemos. Que no nos vendan la moto. Lo que se avecina es mucho peor de lo que muchos de nosotros estamos pensando. Ni siquiera nos lo podemos ni imaginar y, mirad, lo digo de corazón: ojalá me lo podáis reprochar de por vida que me estoy equivocando. La sociedad está en choque y no es consciente de la realidad hacia la que nos dirigimos porque ahora mismo solo tenemos una cosa en la cabeza: el ansia de libertad.

El parón es salvaje y eso queda reflejado perfectamente en las cifras del sector bancario, donde la “nueva realidad” es que en lo que llevamos del año se llevan firmadas 150.000 hipotecas menos, cada día se presentan 13.000 peticiones de aplazamiento de pago por parte de hogares y se han recibido 260.000 solicitudes de liquidez en un solo mes. Este es el primer termómetro que nos muestra lo alejado que está el ciudadano de la situación económica.

El segundo termómetro es la proliferación de negocios que revelan una urgente necesidad de liquidez, tal como nos muestran las cada vez más aperturas de los “compro oro”. Esos negocios que ya se hicieron populares durante la crisis de 2008 y que prosperan siempre que escasea la concesión de préstamos o micropréstamos, dándose el caso de qué en los mismos los hay que tienen lista de espera ante la avalancha de ciudadanos necesitados para tener liquidez. Por otra parte, el hambre ya empieza a aparecer, con largas colas ante los establecimientos preparados como bancos de alimentos, como los de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica y la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), entre otros organismos, que recuerdan aquellas fotos del auxilio social de la posguerra

Existen dos consensos entre los economistas: que la economía va a registrar una caída de entre el 10% y el 15% del Producto Interior Bruto, y que todavía no se ha todo lo posible para evitar la destrucción del tejido productivo y preservar la oferta y la capacidad de reactivación de la economía española, especialmente para las pymes y los autónomos. Las medidas adoptadas, tales como los ERTES, ayudas a los autónomos por cese de actividad y avales están contribuyendo a sostener rentas y aliviar cierto tipo de costes, como los laborales, y son imprescindibles, pero muy insuficientes e insostenibles, pudiendo acabar en un gran porcentaje en despidos y paros, siendo España, como es, una economía que no esta preparada para afrontar este duro choque debido a la debilidad de su posición fiscal global, esto es un alto endeudamiento  y el mayor déficit estructural, por mucho que el gobierno español haya maquillado la crisis inflando sus previsiones. De hecho, el programa remitido a Bruselas presenta “importantes discrepancias con el escenario de BBVA Research”, subrayan desde el servicio de estudios de la entidad en un reciente documento, siendo “la mayor incertidumbre en la previsión de los ingresos, donde el programa asume una caída de apenas un 5% respecto a 2019 (BBVA Research: -11%), lo que refleja una menor sensibilidad al ciclo económico”, añaden los analistas de la entidad dejando muy claro que el dato del gobierno es muy limitado.

El cuadro adjunto de Bruegel muestra como el esfuerzo fiscal desplegado por nuestro país no solo es el más bajo, sino que ni siquiera alcanza el valor del déficit público estructural (un 3,1% del PIB potencial en 2019, según la Comisión Europea).

Además, el debate sobre la solidaridad europea seguido hasta ahora está confundiendo el qué con el cómo. Una cosa es qué políticas debería poder financiar la Unión Europea de manera solidaria, con transferencias y subvenciones como sería deseable, y no con préstamos, y otra muy distinta cómo debe hacerlo, si emitiendo eurobonos o deuda perpetua. En estos momentos, en nuestro país más del 51% de la ciudadanía depende económicamente del Estado, de tal manera que, si se cumplen todo lo que están ofreciendo, España se instalará en la quiebra técnica en muy poco tiempo, tras dispararse, aun más el déficit y la deuda pública. Otra cuestión muy distinta es afrontar una reforma fiscal justa y equitativa, tal como se está exigiendo desde la vicepresidencia segunda del gobierno que ostenta Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición, pero todo parece indicar que, por parte de la Calviño, el Escrivá y del propio presidente del gobierno “nanai del Paraguay”. Ni siquiera un simple movimiento para que la banca pague los 60.000 millones de euros perteneciente al erario público, no vaya a ser que les retiren las subvenciones a sus partidos o, lo que sería peor, les hicieran pagar las cifras multimillonarias que todos los partidos, a excepción de Podemos, les deben.

Es verdad que el latigazo del COVID-19 sobre esta espalda desnuda de nuestro país se podría aliviar desde Europa, pero son varios los países que no están dispuesto a ayudar a un gobierno, empezando por la jefa del IV Reich que no quiere ver a un comunista ni a diez mil kilómetros de distancia, lo que nos indica que España va a ser intervenida como ya ocurriera en su día con Grecia, Irlanda o Portugal.

Fuente: Ministerio de Sanidad (18 de mayo de 2020)

Sin embargo, cuando parece que la desescalada va descendiendo con cierta normalidad, siempre según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad que acabo de ver ahora mismo – desde hoy lunes las ofrecen a partir de las 17,00 horas – con 27.709 muertos y 231.606 infectados, algunos, tratando de sacar rentabilidad electoral a cuenta de los muertos como auténticos buitres carroñeros, llevan convocando manifestaciones pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, unas manifestaciones que, desde mi punto de vista, solo merece desdén, un desprecio proporcional al que rezuma por sus poros de indigente racional quien viola la ley en una democracia para comprometer al que la cumple a un virus que ahora se sabe mortal por proximidad, es decir que mata al que te cruzas. Y, lógicamente, esto nada tiene que ver con una lucha de clases sino con la clase de lucha.

La manifestación contra el Gobierno de España que se celebró en el barrio de Salamanca, quebrantando las leyes del estado de alarma, ha llegado a la Asamblea de Madrid. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la movilización de los vecinos en la calle Núñez de Balboa porque son personas que “se van a arruinar a costa de las políticas del Gobierno central”. (Asamblea de Madrid, el 14 de mayo de 2020)

Todo hacía indicar – a veces soy bastante iluso – que la presidenta Ayuso hubiera salido a frenar tal desmadre, aunque le hubiera llamado la atención al gobierno por su juego político con el País Vasco, pero no, lo que hizo fue llamar al desorden. Experta en comunicación, la Ayuso no da puntada pragmática sin filo ideológico conductor, lo que implica que tras meses de terror infeccioso y horror político – siguen muriendo cien personas todos los días – aquello que decía de: “valórenme solo por mi gestión y no por lo que digo” ha quedado totalmente desfasado, salvo en gestionar una suite hotelera que cuesta más de 250 euros diarios, ella logró gestionarla en 80 euros, porque en la pandemia la gestión se basa en hechos, sí, pero los precipitan las palabras. Las suyas, azuzando las movilizaciones de Núñez de Balboa no son precisamente muy edificantes para asegurar el bienestar de la población madrileña, sino, más bien, en un populismo que, hasta incluso, puede actuar de auténtico boomerang.

Boca del metro de Núñez de Balboa en Madrid.

Pero, ¿Qué es y quien vive en Núñez de Balboa?  Esta calle que se encuentra en el famoso distrito de Salamanca de Madrid, que lleva el nombre de Vasco Núñez de Balboa, el ‘conquistador’ español que nació en 1475 en Jerez de los Caballeros, donde allá, por los años 70, estaba la sede Fuerza Nueva, formación de la extrema derecha fundada por el notario Blas Piñar, de donde salieron los miembros de tal organización falangista para cometer el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha aquella maldita noche del 24 de enero de 1977. Está muy cerca de la conocida “Milla de Oro”, con las tiendas y firmas de moda, decoración y joyería más caras que hay en Madrid.

Sus calles anchas, trazadas en rigurosa retícula del madrileño distrito de Salamanca no están hechas para las protestas. Luis Napoleón Bonaparte encargó al barón Haussmann, el artista de la demolición, una transformación radical de la geografía urbana parisina precisamente para evitar las barricadas, y las amplias avenidas sustituyeron a las estrechas y sinuosas callejuelas de la capital francesa.

Panorámica del barrio de Salamanca en Madrid.

A pesar de un urbanismo no pensado para las revueltas, unos pocos vecinos del distrito madrileño se han echado a la calle, saltándose las restricciones del estado de alarma, para protestar contra la gestión del Gobierno.

Durante la Guerra Civil, el Ejército de Franco evitó bombardear el barrio burgués de Salamanca, donde residían buena parte de los afines al general. Considerada zona neutral, sus ilustres vecinos apenas sufrieron el impacto de un puñado de bombas.

Precisamente por eso, los partidos y organizaciones de izquierdas se instalaron en él para resguardarse de los bombardeos. El barrio albergó la sede de la Inspección Central de las Brigadas Internacionales, la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas o el mismísimo Ayuntamiento de Madrid que se refugió en el Palacio de Amboage.

A día de hoy, el distrito de Salamanca es uno de los más ricos de España. Tiene una renta disponible declarada de 68.333 euros de media, frente a los 25.086 euros de media estatal, y el 24% de sus vecinos superan los 200.000 euros de renta disponible. El distrito se encuentra además entre los más caros de toda España, con precios medios por metro cuadrado que superan los 6.000 euros.

Como es bien sabido, las élites se perpetúan a través de la educación, y el Colegio Nuestra Señora del Pilar es el buque insignia del sistema educativo del distrito. Por sus aulas, debidamente segregadas hasta mediados de los años ochenta, han pasado los señores que han dirigido el país en las últimas décadas: directivos de grandes empresas, altos cargos del régimen franquista, directores de medios de comunicación, políticos, marqueses, diplomáticos, dirigentes del Opus Dei y algún condenado por corrupción.

Allí viven, por mucho que traten de esconderlo, con sus apellidos compuestos, su educación elitista, sus posgrados en las mejores y más caras escuelas de negocios y una agenda de contactos bien posicionados en la escala social, los miembros dirigentes de la escisión producida en el seno de la organización criminal del PP bajo las siglas de Vox.

Sin embargo, existe una tensión en el seno del partido entre los “ricos sin complejos” y los que abogan por redefinirse en clave popular, siguiendo la estela de la extrema derecha europea. Ya durante las elecciones andaluzas de 2018, vimos a un Santiago Abascal hablando de Vox no como “un partido de extrema derecha, sino de extrema necesidad”, y pocos meses después, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, se reunía en Londres con importantes fondos de inversión para buscar financiación y sinergias.

Y es que, como se encarga de recordarnos el autor de Facha (Blackie Books, 2019) Jason Stanley, “Vox no es un partido español, está financiado por los ricos del mundo”, pero también por la financiación de  más de medio millón de euros por parte del grupo terrorista iraní Muyahidin-e Jalq (PMOJ), aunque en 2012 la CIA les haya sacado de su listado de organizaciones terroristas a pesar de haber asesinado a unos 17.000 iraníes y participado en la guerra de Siria.

Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, en la manifestación por la unidad de España organizada por Vox, PP y Ciudadanos. Es decir, las tres raíces del mismo tronco de la organización criminal del PP.

Para comprender mejor quienes son estos personajes, a continuación, voy a ir citando a los más destacados, tales como Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, próximo Marqués de Valtierra. Hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, IV Marqués de Valtierra y de María Eugenia de Simón y Vallarino. Su padre ocupó cargos directivos en Iberia, Inditex, Mercedes Benz o Acciona y fue presidente del Círculo de Empresarios y del comisionado para la Marca España. Como presidente del Círculo de Empresarios propuso al Gobierno el recorte de las pensiones y la eliminación de la gratuidad de los medicamentos.

Gracias a sus apellidos ilustres y a una educación elitista, Iván Espinosa de los Monteros adquirió una amplia experiencia empresarial compartiendo negocios inmobiliarios con algunos condenados por corrupción: fue socio de un condenado por evasión fiscal, Andrés Guillamot, en los fondos Varsovia, dedicados a la inversión inmobiliaria en Polonia. También tuvo un negocio con Jacobo Gordon, condenado por el caso Gürtel.

Rocío Monasterio San Martín: Una fortuna amasada al calor de las dictaduras caribeñas. La familia de Rocío Monasterio poseía colonias azucareras en Cuba y hacía fortuna al calor de las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En el Ingenio Manuelita, propiedad de la familia Monasterio, los trabajadores vivían en barracones, carecían de seguro social y contaban con pésimas condiciones sanitarias. Las huelgas eran duramente reprimidas por la guardia rural gracias a las estrechas relaciones de los Monasterio con la dictadura. Las propiedades de la familia fueron expropiadas a raíz del triunfo de la revolución cubana y la empresa azucarera pasó a llamarse 14 de julio.

Este fue el fin de la saga Monasterio en el país caribeño, pero no el fin de su fortuna. Hoy, con seis bienes inmuebles recibidos en herencia, dos sociedades limitadas valoradas en casi 200.000 euros, dos préstamos hipotecarios y una cuenta corriente abultada, Rocío Monasterio es la diputada con mayor patrimonio de la Asamblea de Madrid.

Javier Ortega Smith-Molina. Una estirpe de abogados franquistas. El padre de Javier Ortega, el abogado guipuzcoano Víctor Manuel Ortega Fernández-Arias, frecuentaba en los años sesenta a la flor y nata de la aristocracia de la época. Una crónica de sociedad le sitúa junto a Ramón Serrano Suñer entre los testigos de la boda de los Navarro-Quijano. Su madre, Ana María Smith-Molina Robbiati, nació en Buenos Aires y su apellido aparece vinculado a negocios de la construcción y las obras públicas, integradas desde hace algunos años en un grupo empresarial muy potente, SMITH MOLINA SA. A día de hoy, el número dos de Vox tiene ocho propiedades entre viviendas, solares, fincas y locales comerciales.

Hermann Leopoldo Tertsch del Balle-Lersundi. Este proviene por parte de madre (la Marquesa de Guaimaro) de una rica familia vinculada con la Cuba colonial. Su antepasado, Francisco Lersundi, fue Capitán General en Cuba en 1866 y se ocupó de consolidar el uso de esclavos para las plantaciones azucareras. Cualquiera que vaya hoy a Cuba puede visitar la Ruta del Esclavo en el Valle de los Ingenios donde se encuentran el Ingenio Guaimaro, propiedad de los antepasados de Tertsch, y las torres de vigilancia desde las que se controlaba el trabajo de los más de 300 esclavos de la plantación. Al igual que a la familia de Rocío Monasterio, estas propiedades les fueron expropiadas tras el triunfo de la revolución cubana.

Santiago Abascal Conde. La historia de Santiago Abascal es más conocida. Con 23 años, fue elegido concejal y nombrado asesor en el gobierno de Álava por el que entonces era subdelegado, César Velasco Arsuaga, que casualmente estaba casado con su tía, Begoña Conde. Todo quedaba en familia. En 2005 intentó entrar en el parlamento vasco, pero no logró el puesto, así que Alfonso Alonso, por aquel entonces alcalde de Vitoria, le nombró asesor hasta que una renuncia le abrió las puertas a la cámara autonómica. En 2010 Esperanza Aguirre le nombra director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y le asigna un sueldo superior al del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En 2013, ya con Ignacio González como presidente de Madrid, sería recolocado como gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Una fundación sin actividad conocida, con un único trabajador además del propio Abascal y que se disolvió el mismo día en que se constituyó Vox como partido. A pesar de ello, recibió de la Comunidad de Madrid una subvención de 183.600 euros de los cuales destinó 82.491 al sueldo anual de Santiago Abascal. Hasta la creación de Vox, Abascal ha cobrado alrededor de 730.000 euros entre sueldos públicos y cargos hechos a medida sin ninguna utilidad. Pero ojo, Abascal no ha vivido siempre de “mamandurrias”, también tuvo una empresa hostelera, Heineken Urban Concept, que acabó condenada por no pagar a sus trabajadores…

Hacer una lista exhaustiva de las fortunas, orígenes y relaciones de todos los miembros de Vox queda fuera del alcance de este texto, pero terminemos con algunos perfiles más allá de las caras más conocidas del partido.

Vox en Asturias está muy ligado a El Club de los Viernes, ‘think tank’ liberal que surgió en el Principado como respuesta al nacimiento de Podemos. En esta asociación colaboró el joven abogado de 30 años José María Figaredo, que fue de número tres de Vox a las municipales de Madrid en 2015 y que ahora liderará al partido de Santiago Abascal en las generales por la circunscripción de Asturias. Licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas, Figaredo es nieto de un famoso empresario minero, hermano de la madre del exministro Rodrigo Rato, que hoy cumple condena en Soto del Real por ladrón.

El diputado por Asturias, José María Figaredo Álvarez-Sela, es nieto del empresario minero asturiano José María Figaredo Sela (que fue secuestrado fugazmente por unos trabajadores del pozo de San Inocencio de Figaredo a los que debía las nóminas de una año) y es familiar del exministro Rodrigo Rato, que hoy cumple condena en Soto del Real por ladrón, al igual que en tiempos de Franco acabó su padre que siendo más franquista que el propio Franco fue encarcelado por el asunto del Banco de Siero y otros asuntos de visión de capitales.

Víctor Guido González Coello de Portugal, hombre de confianza de Santiago Abascal, es vicepresidente primero y responsable de la vicesecretaría de recursos y fue condenado como responsable de la ruina de Marmolería Leonesa, con una pérdida de cerca de 80 empleos directos. El captador de fondos de Vox, según denuncian ex-miembros de su propio partido, estaría implicado además en la ocultación de donaciones de empresarios a Vox a través de testaferros.

En la novela de Rafael Chirbes «En la orilla», hay un momento en que se dice que si el dinero sirve para algo es para comprar la inocencia a tus descendientes. Puede que los líderes de Vox no sean culpables de los pecados de sus ancestros, pero sin duda gozan de ellos. Mantienen un patrimonio y un capital social heredado a cambio de una “obediencia debida” a una aristocracia de nuevo tipo, las élites financieras.

Vox pide reducir al máximo los impuestos a las herencias. Vox propone desmantelar el sistema público de pensiones.  Vox rechaza la “paguita” del Gobierno para personas vulnerables. Vox no apoya retirar las dietas a los diputados durante el estado de alarma.  Vox rechaza subir los impuestos a los ricos y advierte de que el Estado tendrá que recortar por el lado “más doloroso”.

Las protestas que se han celebrado estos días en el madrileño barrio de Salamanca contra el Gobierno de Sánchez por su gestión frente a la epidemia de coronavirus han provocado un efecto de reacción extendido a otras ciudades españolas, donde se han observado concentraciones similares. Este domingo, numerosas personas han ocupado las calles de Salamanca para denunciar la forma de proceder del Gobierno para frenar esta crisis sanitaria. También en Logroño, Zaragoza y Sevilla, decenas de personas han protestado cubiertos con la bandera de España, pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno.

Su ideología siempre fue la muerte. Son los herederos ideológicos de aquellos que mataron a nuestros abuelos, de quienes los tiraron a cunetas inmundas, de los que dejaron España transformada en un queso gruyere con miles y miles de fosas por todo el territorio, quienes violaron a nuestras abuelas después de quedar viudas, de quienes sacaron a nuestras madres de la escuela con ocho o nueve años para ponerlas a fregar de rodillas los suelos por donde escupían el puro o caían borrachos después de una buena jarana.

Son los hijos y nietos de quienes raparon a nuestras abuelas y las pasearon en ropa interior por el pueblo con la única finalidad de humillarlas, después hacerlas beber aceite de ricino para hacerlas pasear con diarreas a la salida de misa de doce. Los mismos que necesitaban ir armados y ser media docena para detener a un solo hombre bueno, despojarlo de su casa, su familia, llevárselo a una prisión inmunda, hacerlo desaparecer y sacarlo de madrugada en una saca para dispararle por la espalda en la tapia de cualquier cementerio.

Son los mismos que mataron a los abogados laboralistas de Atocha, en plena Transición, mientras defendían los derechos de los trabajadores más humildes. Son los herederos de quienes dieron el golpe de Estado contra la democracia española en 1936, el frustrado del 23F de 1981 y los que lo darían de nuevo, mañana si pudiesen.

Son los mismos que se subastaban a los jornaleros andaluces y extremeños en la plaza del pueblo como hacían los esclavistas con los negros antes de subir a las galeras de los barcos. Son los mismos que abusaban sexualmente de las criadas, las dejaban preñadas y, cuando parían, las despedían sin reconocer al bebé y manchando la reputación de la víctima para toda su vida.

Son los herederos de quienes llenaron España de campos de concentración de presos para levantar el país que ellos habían destruido después del golpe de Estado contra el gobierno de la II República que ocasionó la gran tragedia en España.

Son los mismos. Su ideología es la muerte. Sus mayores hobbies están vinculados a la destrucción de la vida: irse de putas, de montería o portar armas. Su ideología es la exaltación de la muerte. Por eso defienden la privatización de la Sanidad y Educación o los recortes en Ciencia y Servicios Sociales, mientras abogan por aumentar el gasto en armamento.

Son también los lacayos del poder. Los que les perdonan a los bancos los 60.000 millones de euros robados al contribuyente español, los que votan en contra de subirle el sueldo a un trabajador que cobra 900 euros.

Son mala gente que camina bien vestida, aseada, perfumada, acomodados desde que los echaron del vientre de su madre; niños pijos que no conocen más esfuerzo que levantarse a las seis de la mañana para irse de montería o de pesca en su yate; seres arrogantes que no saben lo que es tener falta de un trozo de pan en la mesa ni haber recibido nunca el aviso de las eléctricas para que te corten la luz en casa por no poder pagar la factura del mes.

Nacieron el 10 de mayo. Se bautizaron como Movimiento Barrio de Salamanca. Y ahora se llaman Resistencia Democrática. Unos doscientos vecinos de una de las zonas más ricas de España protagonizan cada noche una revuelta contra el estado de alarma en la que se llama asesino al Gobierno y se piden elecciones generales, mientras se escucha el himno nacional y el más marcial ‘La Muerte no es el final’, oda en honor a los militares caídos. A veces, los más entusiastas corean “Sánchez vete ya” con un tono propio de una hinchada enfadada con su equipo de fútbol.

Son los chupópteros de lo público, los golfos de la universidad que al final tienen que irse a la privada o la Harvard madrileña para sacar un doctorado express, son los que, con contactos, herencia y sin esfuerzos lo han conseguido todo en la vida. Son los que están acostumbrados a ganar hasta cuando pierden.

Son los consentidos del actual gobierno, mientras no demuestre lo contrario, por no dar ordenes a la policía y guardia civil para que actúen contra esta gandalla, de igual manera que ordenan cuando se trata de los trabajadores que reivindican sus salarios, sus puestos de trabajos o mejores condiciones de vida y de trabajo. ¿Cómo es posible esta pasividad del gobierno, cuando, durante el estado de Alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han elevado un total de 1.100.000 propuestas de sanción a las respectivas delegaciones del Gobierno?

Es decir, se ha interpuesto una media de casi 20.000 propuestas de sanción diarias por saltarse el confinamiento, la mayoría de ellas por prepotencia de los agentes y por pijadas. Pocos cojones.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

19 de mayo

Cuando llevo 66 días de arresto domiciliario como consecuencia del estado de alarma decretado contra el COVID-19, por fin, todo parece indicar que la desescalada va en serio a juzgar por las cifras oficiales que nos viene ofreciendo el ministerio de Sanidad, en las cuales, por tercer día consecutivo la situación de la pandemia mejora, aunque el balance que va dejando atrás de muertos e infectados sea de unas dimensiones colosales. Los muertos al día de hoy, 19 de mayo, ascienden a 27.778 – 69 menos que ayer -, mientras los infectados ascienden a 232.037. Los responsables de Sanidad – los que están dando la cara – indican que España ha entrado en un nuevo escenario en el que se ha logrado cortar casi totalmente la circulación del virus, de lo que no tengo más que mostrar mi enorme y sincera alegría.

Un documento al que tenido acceso NIUS, con membrete de la Comunidad y firmado por el director general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, Carlos Mur de Víu. Carlos Mur, con amplia experiencia en gestión sanitaria, fue destituido el 13 de mayo, cinco días después de la dimisión de la directora de Salud, Yolanda Fuentes, por negarse a que Madrid pasase a la fase 1 de la desescalada. En este documento con fecha de 18 de marzo se aconseja no hospitalizar a los enfermos de Covid-19 de las residencias de ancianos en función de su esperanza de vida y de su pronóstico.

Sin embargo, las dramáticas cifras de muertos en los pretanatorios – en su mayoría llamados sarcásticamente geriátricos o residencias de ancianos -, donde residían los más de 19.000 de nuestros viejos, me siguen pareciendo espeluznantes, aterradores, diría yo, tal y como dejé muy claro en tres de mis diarios, cuando afirmé que tal parecía que el bicho este fuese selectivo a la hora de escoger a las personas, refiriéndome, sin tapujos de ningún tipo, a que iba directamente a por los pensionistas. Aquello me causó toda una campaña de críticas e insultos a través de las redes sociales, a veces de quienes menos lo esperaba, poniéndome hasta como un demente que había perdido los papeles, pero ello no me frenó ni un milímetro en mis convicciones, todas ellas perfectamente constatadas por amigos y amigas pertenecientes al sector sanitario.

Todo ello no hubiera ocurrido si no se estuviera realizando el conocido triaje de guerra, donde se sacrifican las vidas de unas personas – en este caso los pensionistas – en beneficio de otras. Es lo que el papa argentino Francisco define como “cultura del descarte”, que priva a los ancianos del derecho a ser considerados personas relegándolos a ser un número y, en algunos casos, ni siquiera eso.

Documento del Hospital Universitario Infanta Cristina de la localidad madrileña de Parla (25-03-2020)

Y eso es lo que ha ocurrido en muchos de esos pretanatorios repartidos a lo largo y ancho del territorio español, caso concreto de la Comunidad de Madrid, donde se ha impuesto un modelo peligroso que fomenta una “sanidad selectiva” y que, aunque sus dirigentes se confiesen y vayan a comulgar diariamente a la catedral de La Almudena, siguen considerando residual la vida de nuestros viejos. De esta manera, su mayor vulnerabilidad, su avanzada edad y el hecho de que pueden ser portadores de otras patologías justifican esa forma “selectiva” a favor de los más jóvenes y de los demás sanos.

Desde mi punto de vista, resignarse a una resolución hitleriana, totalmente injustificada, contra los hombres y mujeres que más lucharon por la libertad, la democracia y la conquista de un sistema público de sanidad que hoy los abandona, no solo me parece repugnante, entre otras cuestiones y, sobre todo, porque la base de la ética democrática y humanitaria consiste precisamente en no hacer distinción entre las personas, ni siquiera a causa de la edad. En absoluto se puede aceptar bajo ningún “estado de necesidad” que legitime o dé cobertura a los derechos humanos y deontología médica.

Fuente: Ministerio de Sanidad (19 de mayo de 2020)

En absoluto se puede dejar morir a la generación de hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura, trabajando por la reconstrucción del país después de la guerra incivil española, a la vez que contribuyendo a edificar Europa con sus miles de emigrantes repartidos por todos los países europeos de Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Reino Unido y Holanda. Además, la aceptación por parte de estos y estas bestias salvajes que se sientan en las poltronas de los gobiernos que nuestros viejos no tienen el mismo valor significa el rompimiento de la trama social de la solidaridad intergeneracional y el desmembramiento de toda una sociedad.

Tiene 72 años, pero a Taro Aso, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Japón, no le tembló la voz cuando pidió a millones de compatriotas ancianos que se hagan el haraquiri para cuadrar las cuentas del país desarrollado más deficitario —la deuda supera el 200% del Producto Interior Bruto (PIB)—. Durante una reunión de expertos sobre la reforma de la seguridad social, Aso declaró que el sistema médico debe cambiar de manera que “se mueran pronto” muchos de los pacientes terminales que ahora utilizan “el dinero del Gobierno” para sus caros tratamientos. La frase no fue fruto de un exabrupto, sino que el ministro continuó explicando su tesis a los boquiabiertos expertos. “A esos pacientes se les mantiene vivos incluso si desean morirse”, afirmó. “Yo no puedo dormir bien si pienso que estoy utilizando el dinero del Gobierno [para recibir un tratamiento muy caro]”, añadió. (El País, 26 de enero de 2013)

Aquellos y aquellas que rebajan el valor de la vida frágil y débil de los más viejos son exactamente los mismos y las mismas que están preparados para desvalorar todas las vidas, incluso llevando a cabo genocidios como el ocurrido en nuestro país, con viejos, jóvenes, mujeres, niños y niñas.

Precisamente, hablando del COVID-19 y de los pensionistas, uno de los retos más importantes que habrá que afrontar después de la sinPANdemia será como gestionar esa amenaza que sigue pendiendo sobre nuestras pensiones.

Ayer mismo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dió un espaldarazo sin ambages a la “terapia de choque” aplicada para paliar el impacto de la lucha contra la pandemia en la actividad económica, aunque reclamó diseñar sin tardanza un plan para sanear a medio plazo el fuerte desequilibrio que sufrirán las cuentas públicas. “El ajuste es inevitable”, avisó. Junto al plan de revisión del gasto “superfluo” y el incremento de la recaudación tributaria, Hernández de Cos pidió en el Congreso de los Diputados un “pacto político” para emprender un programa de reformas estructurales. Un acuerdo, recalcó, que se deberá aplicar durante varias legislaturas.

Descartadas las estimaciones menos pesimistas, publicadas hace menos de un mes, sobre la contracción para este año por “poco realistas”, quedan obsoletas las proyecciones basadas en “una recesión más breve y moderada”.  Ahora, sitúan la caída del PIB en dos escenarios que plantean una horquilla del 9,5% al 12,4% en el 2020, mientras esperan que el rebote del año siguiente sea del 6,1 % y el 8,5 %, respectivamente. De forma que se inclinó un dibujo en el que la crisis, vinculada a la evolución sanitaria de la pandemia y la eficacia de las medidas para reactivar la economía, puede ser más sombría y duradera, dejando la puerta abierta a nuevas complicaciones. “La recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente”, alertó.

Sobre la implantación “gradual” de un plan de ajuste presupuestario, una vez superada la recesión, el dirigente del Banco de España recordó que la Administración encarará un incremento del gasto por el pago de intereses, mayores necesidades de atención sanitaria, las pensiones, nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital o la crucial preservación de la inversión en I+D y en educación. Por lo que recetó una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todas las partidas de gasto.

Todos los políticos, gobierno y oposición, han prometido seguir subiendo las pensiones, por encima incluso de la inflación. Sin embargo, estas ofertas se contraponen con el fuerte déficit que arrastra el sistema, con que el gasto crece al mayor ritmo en una década y con el reto de la jubilación del ‘baby boom’ a partir de 2023, de tal manera que ya empieza a sonar el “no cuánto se revalorizarán, sino cuánto se van a recortar, si un 20% o un 30%”. Hoy, todos los partidos, gobierno y oposición, prefieren ignorar el elefante en la habitación y evitar hablar de una verdad dolorosa como la que señaló el anterior Gobernador del Banco de España, Óscar Arce, cuando afirmó que “La viabilidad social y financiera del sistema requiere reformas de calado, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos”.

El 11 de mayo, el grupo de trabajadores y familiares agrupados en torno a la Marea de Residencias presentó, en los Juzgados de Plaza de Castilla, una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz-Escudero y diez directores de residencias. Según informa Europa Press, las residencias mencionadas son DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal. La querella les acusa de los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Entienden, además, que la Comunidad de Madrid tiene “plenas competencias en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores”.

El uso electoralista de las pensiones no es nuevo. De hecho, el expresidente Felipe González acusó en 1993 al entonces candidato popular José María Aznar de que la rebaja fiscal que prometía en su programa “significa 8.000 pesetas menos para cada pensionista”, una acusación que posteriormente sirvió para crear el Pacto de Toledo, con el objetivo de sacar el debate de las pensiones de la contienda partidista, aunque ello haya  dificultado el necesario debate sobre las reformas de la Seguridad Social.

También el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, habló muy recientemente de limitar las pensiones de viudedad para aquellas personas que ya cuentan con una cierta renta, a lo que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, le reprochó que “Granado opina, opina… y a veces no se da cuenta de que forma parte de un Gobierno”. Por eso, le rectificó “totalmente” y abogó por una mayor alza de las pensiones de viudedad. La clave, para el Gobierno, estaría en un incremento de las cotizaciones sociales, que viene impulsado por la subida del salario mínimo y el afloramiento de los falsos autónomos, entre otras medidas.

Lo que queda de manifiesto después de todas estas declaraciones es que el problema de las pensiones, que es uno de los más grandes que sufre el país, y sus posibles soluciones es un tabú durante la campaña electoral. Y más, cuando el número de pensionistas roza ya los 9 millones de personas, un suculento caladero electoral, por no hablar de aquellos que están a las puertas de la jubilación.

No nos engañemos: van a por nosotros, jubilados y pensionistas. Nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con los votos favorables de los populares y liberales, la abstención del PSOE y el voto en contra de UNIDAS PODEMOS.

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades para su rescate, por no decir nulas, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

La estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más tarde con la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010.

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se trata de querer enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”. ¿Cómo es posible que, según el último informe anual de Credit Suisse sobre la riqueza mundial, el 1% de la población mundial posea el 45 % de la riqueza, y el 50 % menos del 1%? Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

Cuando el empleo es seguro, estable y de calidad, el sistema de pensiones ingresa lo suficiente para repartir y no sufre, pero si el empleo se vuelve inseguro, inestable y de baja calidad, el sistema entra en zona roja e ingresa menos de cuánto debe repartir.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado. Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 88% del gasto destinado a las pensiones.

Y dicen mucho más los inspectores de Hacienda: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero. Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.200 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Pero, vuelvo a repetir, los recortes que vendrán otra vez serán sobre los pensionistas, no tanto sobre los actuales, sino de una manera brutal para los que vienen – los que puedan tener derecho a pensión por años cotizados -.

Pocas políticas públicas tienen tanto impacto, político y sobre las cuentas públicas, como el pago de las pensiones. El acuerdo presupuestario de 2018 se ha cerrado a cambio de una subida de las pensiones en línea con el IPC previsto por la ley, tras semanas de protestas de jubilados que consideraban escaso el 0,25% de subida previsto

La pandemia del coronavirus ha provocado que las pensiones concedidas por el Estado sean, en muchos casos, el único sustento e ingreso que tienen las familias para poder vivir. El pasado mes de abril el Gobierno abonó una pensión de jubilación a más de 6.094.000 personas, todas ellas suman una cantidad que asciende a los 7 millones euros y que da como resultado una pensión media de jubilación fijada en 1.159 euros. Con estos datos que ofrece la Seguridad Social, se puede observar que en de febrero a abril el sistema registra una caída de 8.000 jubilados menos. Pero no en todas las comunidades autónomas se cobra la misma pensión de jubilación, la más alta de España ronda los 1.456 euros, mientras que la más baja se queda en 811 euros mensuales.

El 31 de diciembre de 2016 la pensión media de jubilación se establecía en 1.052 euros. En el último registro aportado por la Seguridad Social la pensión media ha subido 107 euros. Esta cantidad se establece con todos los datos segregados por provincia y en esa clasificación en última posición aparece Orense, en la que cada jubilado cobra, de media, 811 euros cada mes. Situación bien similar tienen en Vizcaya, allí los jubilados ingresan una cantidad muy superior y que es la más alta de toda España: 1.456 euros.

El País Vasco es la autonomía española con mayor pensión media (1.426), aunque bien cerca se encuentra, por ejemplo, Madrid con 1.355 euros mensuales, así como los 1.398 euros que se pagan en Asturias. Extremadura, por su parte, cierra la clasificación regional al contar con la pensión media más baja de toda España: 960 euros mensuales.

Siendo verdad que la banca ha sido recatada con nuestros impuestos a base de reformar el artículo 135 de la Constitución para imponer el “austericidio”, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación de las pensiones por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica, no es menos cierto que, a pesar de que la banca nos debe 60.000 millones de euros, sus directivos no tienen problema alguno a la hora de recibir su jubilación, tal y como podéis ver en el cuadro elaborado que os adjunto.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

20 de mayo

Día 20, miércoles, cuando me dispongo a cumplir mi 67 día de arresto domiciliario. Me levanto a las 9,00 horas para ver el debate televisado que se celebra en el Congreso de los Diputados para prorrogar el Estado de Alarma, pero una vez escuchados los discursos de Pedro Sánchez y Pablo Casado, salgo a la calle para hacer mi paseo diario por el parque bajo un sol espléndido, regresando a las 12,00 horas, tal y como tenemos establecido los mayores de 70 años.

Hoy es el primer día que obligan a enmascararse detrás de una careta, tal y como si fuésemos atracadores bancarios, aunque los banqueros no la necesiten para atracar al pueblo. Es decir, después de 67 días del estado de alarma, cuando el bicho escalaba a una velocidad frenética hasta alcanzar el pico e iniciar la escalada, éstas no hacían falta, pero ahora, cuando estamos en plena desescalada, ahora sí, ahora son imprescindibles. La verdad, yo me encontré bastante molesto, así que saldré a dar mi paseo diario con ella desde casa, pero la usaré estrictamente cuando me obligue la normativa.

La cuestión es que, después de los vaivenes en el discurso sobre el uso de las mascarillas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas para los mayores de seis años, siendo recomendable su uso para los niños de entre tres y cinco años. El uso de las mascarillas será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, quedando exentos los menores de seis años, las personas con alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su utilización, así como para quienes esté contraindicado por motivos de salud o discapacidad.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) gastaremos unos 24 euros al mes en mascarillas quirúrgicas diarias sin contar fines de semana ni periodos extralaborales. El coste en una familia de cuatro miembros puede llegar a los 115 euros. Evidentemente, este gasto se dispara en las familias numerosas. En caso de necesitar mascarillas FFP2, por tener un problema previo de salud, el presupuesto se dispara a los 226 euros. Ahora mismo el precio varía entre los 4 y los 8 euros.

El uso generalizado de mascarillas para reducir la transmisión comunitaria del bicho está justificado, según Sanidad, no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, “muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”.

Volviendo al debate celebrado en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se subía a la tribuna para pedir una quinta prórroga del estado de alarma, hasta el 7 de junio, con los mismos argumentos que viene exhibiendo desde hace 10 semanas: el estado de alarma “salva vidas”, es legal y no hay más instrumentos que permiten limitar la movilidad de los ciudadanos. El presidente del Ejecutivo, que ha tenido que negociar a varias bandas para conseguir los votos suficientes que salven la prórroga, ha apelado a todos los partidos para no tirar por la borda los avances conseguidos: “Los españoles han parado unidos al virus. Nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos”.

Quinto pleno donde ha llegado también la petición de perdón a los españoles. El presidente ha pedido “disculpas a los ciudadanos por los errores propios” dictados, ha dicho, por la “urgencia” en los tiempos, la “penuria de los recursos”, la “excepcionalidad” de la situación y el “tamaño descomunal” de la crisis.

El presidente del gobierno que, en un principio, quería que esta quinta prórroga fuese de un mes para culminar el proceso de desescalada, ha tenido que ceder para conseguir el apoyo de Ciudadanos. “La prórroga es de 15 días”, ha confirmado el presidente en su intervención. Ha querido dejar claro que el Gobierno decretó esta medida excepcional “únicamente para salvar vidas” y que no la mantendrá “ni un día más del necesario”. El presidente ha recordado que impulsará reformas de leyes, como la Ley de Salud Pública o la de Seguridad Nacional, para tener herramientas ante posibles rebrotes de la pandemia cuando finalice el estado de alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Congreso que considera “un buen paso” la propuesta de Francia y Alemania para hacer frente la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19, pero que espera ahora por parte de la Comisión Europea “una propuesta incluso más ambiciosa”.

En esta situación de crisis sanitaria, Sánchez sostiene que “la legislación ordinaria se ha mostrado insuficiente y la crispación política inútil”. Ha hecho una defensa cerrada del estado de alarma porque, según él, es “claramente legal”, porque “es falso” que se pueda sustituir por un “rosario de leyes ordinarias” que “enmarañarían” la coordinación y porque es “respetuoso con los derechos individuales”. En definitiva, “sería una irresponsabilidad extraordinaria”, ha afirmado, levantarla en estos momentos y permitir la libre circulación y reunión de ciudadanos.

“El estado de alarma ha funcionado y el plan de desescalada está funcionando”, ha sido la conclusión de Sánchez. La quinta prórroga, ha destacado, tiene unas características distintas. La única autoridad delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa que marcará los ritmos del desconfinamiento en coordinación con las comunidades autónomas. El presidente ha insistido en que el principio básico en esta fase será la cogobernanza. “Las comunidades autónomas irán ganando cada vez más protagonismo en la desescalada. Más capacidad de decisión”, ha garantizado.

En otro apartado de su discurso ha reclamado “unidad” al resto de fuerzas políticas para culminar la lucha contra el virus y conseguir el gran pacto de reconstrucción que necesita el país ante la gravedad de la crisis económica. Ha querido reconocer, también, la labor de todos los representantes públicos de las diferentes administraciones que han tenido que tomar decisiones muy complejas.

Al término de diez horas de Pleno en el Congreso, la aprobación este miércoles de la quinta prórroga del estado de alarma ha contado con una inesperada abstención y dos votos positivos menos esperados todavía. La portavoz socialista, Adriana Lastra, se ha confundido y ha votado abstención en lugar de ‘sí’ mientras que dos diputados de Vox han votado ‘sí’ por error en lugar de ‘no’ como el resto de su grupo.

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención en la intervención del presidente, es su insistencia en seguir en sus discursos repetitivos para pedir prorrogas con el argumento de que ha sido dicho confinamiento lo que ha evitado un mayor número de muertes: 300.000, como ha llegado a reiterar, una vez más. “Hubo países que iniciaron la vía de la inmunidad de rebaño y tuvieron que dar marcha atrás. Si hubiésemos seguido ese camino hubiera contagiado a más de 30 millones y costado la vida a 300.000 personas, posiblemente más porque hubiera colapsado a nuestro sistema sanitario”.

Es verdad que decisiones aparentemente tan simples como mantener el confinamiento, lavarse las manos con asiduidad, usar mascarilla, no tocarse la cara cuando se está en la calle o desinfectar los objetos que puedan estar contaminados se transforman, de ese modo, en conductas que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, pero no es menos cierto que, de haberse informado a la población sobre esas medidas y sobre las conductas que se deberían de haber llevado a cabo a su debido tiempo, una pandemia como la del COVD-19 podría haberse controlado fácilmente cuando aparecieron los primeros casos de infectados.

Pero no ha sido así. Las cosas, sin ser epidemiólogo ni mucho menos experto en salud pública, de haberse hecho mínimamente correcto no tendríamos que estar hablando de estupideces como las de haber salvado 300.000 personas de la muerte, sino de la cruda realidad que tenemos a la vista de las cifras oficiales que nos ofrece el ministerio de Sanidad ahora mismo: 27.888 muertos y 232.555 infectados. Vuelvo a reiterar, una vez más, lo de las cifras oficiales, porque cuando nos encontremos con las cifras reales nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, debido al número de muertes, por encima de las 35.000 muertes.

Hoy mismo, sin salir de mi comunidad asturiana me encuentro con la información que nos ofrece el diario El Comercio donde los datos del COVID-19 en Asturias sufrieron ayer un importante desajuste. El nuevo criterio de conteo del Ministerio de Sanidad, aplicado desde ahora a todas las comunidades autónomas, elimina 14 fallecimientos y 1.240 hospitalizados del historial de datos de la pandemia en la región. De este modo, desde el domingo 17, último día en el que se ofrecieron cifras de decesos desde el Principado, las víctimas mortales causadas oficialmente por la nueva enfermedad se reducen de 317 a 303.

Pero vayamos al meollo de la cuestión preocupante, tratando de hacer ver al presidente del gobierno y su equipo de expertos en la materia, los muertos que realmente se hubieran salvado, pero siempre sobre la realidad de las cifras que tenemos en la actualidad.

Esta historia comenzó en el desconcierto, y continúa, como los mejores relatos de la literatura y el cine, con la suspensión de la incredulidad. ¿Nos está pasando a nosotros o se trata de un sueño contado por un idiota que al despertar sigue al pie de la cama con su reptil impertérrito? Lo único edificante de esta tragedia es que anima a compartir el dolor, la prudencia, los cuidados de la salud de todas las personas, aunque sean viejos, y el gesto amable que nada tiene que ver con la hipocresía y la falsedad.

En este mismo escenario, me voy a remitir a la reunión del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), celebrada los días 18 y 19 de febrero de 2020 en la ciudad sueca de Estocolmo, con la participación del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el ilustre epidemiólogo, Fernando Simón, en representación de España. En la citada reunión, tal y como figura en las actas, ya hubo representantes de países que se mostraron muy preocupados por el avance de la enfermedad y, sobre todo, por la falta de medios de protección. Alemania, concretamente, alertaba el mismo día 18 de la dificultad de conseguir equipos de protección individual (los llamados EPI, es decir mascarillas, batas o gafas). En el mismo sentido se manifestaría su colega holandés. Sin embargo, nuestro representante, Fernando Simón, no recogió la advertencia, de tal manera que el gobierno tardó más de un mes en comenzar a buscar estos equipos en el mercado internacional y siquiera pensar en reorientar la producción nacional.

Durante la reunión, Alemania informó del estado de la situación en el país, reconociendo que ya se habían puesto en marcha los protocolos para la realización de pruebas PCR en 20 universidades y se habían realizado ya “más de mil test del coronavirus en varios laboratorios”. España, siempre según el documento, había realizado 60 test en total, a pesar de haber tenido ya por aquel entonces – 18 de febrero – dos casos positivos en su territorio nacional.

En aquella reunión en ningún momento se subestimó el riesgo” del coronavirus. Fernando Simón defendió este martes con esta frase que los asesores sanitarios de la UE, entre los que se encuentra, nunca minimizaron el alcance del brote durante un encuentro celebrado los días 18 y 19 de febrero en Estocolmo (Suecia) del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).

Según el documento, Fernando Simón se mostró preocupado por el “riesgo de importación y cómo lidiar con los focos secundarios, dado que el rastreo de los contactos de cada caso positivo es ahora una mayor carga para el sistema de salud que la asistencia sanitaria”. Sin embargo, el director del CAES menospreció el efecto de la trasmisión comunitaria en varias ocasiones durante la reunión y aseguró que, en su opinión, era “irrelevante si hay transmisión comunitaria” en los focos principales de la epidemia. Para el experto español, eran mucho más importantes otros factores como el factor temporal y la incidencia de la enfermedad en casos por cada 100.000 habitantes.

Precisamente, el retraso de la actuación del gobierno español ante los primeros indicios de que en España se estaba produciendo transmisión comunitaria desató la polémica en los últimos días de febrero. En la semana final de ese mes ya se había detectado un caso en Sevilla que no había tenido contacto con ningún país donde la epidemia estaba descontrolada y, era especialmente preocupante el caso de Torrejón de Ardoz en Madrid, cuyos contagios estaban totalmente desbordados.

Otra de las intervenciones clave de Simón en la reunión se refirió a los test de diagnóstico. El 19 de febrero el director del Centro de Emergencias consideraba que la clave “no se trata solo del número de test” practicados en España, sino que “cada persona tenía que ser aislada”. Y alertaba del peligro de señalamiento de los infectados: “Los testados están siendo estigmatizados”.

El experto español resaltaba ya entonces que “los trabajadores del hospital tenían miedo de ser infectados”, pero los cierto es que el ministerio de Sanidad – del que él es alto cargo – no comenzó a prepararse para hacer acopio de material hasta el 2 de marzo y no ejecutó grandes compras hasta el 25 de marzo. Una de sus perlas que pasará a la historia del COVID-19 fue cuando afirmó que “en España no hay coronavirus” y por ende “no existe riesgo de infectarse” a la vez que comentaba que la ansiedad social generada estaba “fuera de lo razonable”. El 27 de febrero, con varios infectados en España, Fernando Simón llegó a reconocer que “obviamente” iba a haber fallecidos (27.888 a día de hoy) por el coronavirus, pese a que “no es una enfermedad grave”.

Conservo y archivo todo un amplio dossier de todo lo concerniente al COVID-19, no en vano, tal y como he dicho desde mi primer diario, pretendo hablar con la verdad de los hechos ocurridos de forma documentada, y echando mano de El País del pasado 7 de marzo, le he echado un vistazo que me ha resultado más que ilustrativo pese a que hayan transcurrido 74 días, que no me parece mucho tiempo, aunque suficiente para cambiar desde la amenaza y el confinamiento. El principal titular que veo a toda plana es: “El coronavirus cuesta ya a la Bolsa española 110.000 millones. El Gobierno revisa su estrategia por la crisis”. Debajo: “Más de 60 personas se contagiaron tras un funeral en Vitoria”, y a continuación: “Madrid cierra sus 213 centro de mayores para evitar contagios”. Una foto referida a “una movilización de estudiantes antes del 8 de marzo”. Movilizaciones que se celebraron en 40 ciudades, siendo las más numerosas en Barcelona, con 30.000 participantes según el Sindicato de Estudiantes, y en Madrid, con 15.000. En la sección de cartas, hay una titulada “Sacar beneficio del miedo”, denunciando la indecente compraventa de mascarillas. En otra de sus páginas, bajo el titular “Vox, el patriotismo más rentable”, se dice que ese partido tiene prevista “para hoy” su asamblea general en la Plaza de Vistalegre, de tal manera que el día 8 de marzo, más de 9.000 militantes se reunieron allí, repartiéndose besos y abrazos, lo cual posiblemente, causó la infección de los dirigentes Ortega Smith, Abascal y Olona, que se sepa. Otro titular a cinco columnas nos dice: “La magnitud de la epidemia sigue oculta. Expertos aseguran que con más exámenes clínicos el número de positivos, 374, crecería. Los fallecimientos ascienden a 8”. En las siguientes páginas se siguen ampliando las noticias de portada sobre los centros de jubilados de Madrid y el “supercontagio” de Vitoria, y en otras páginas “breves” se puede seguir leyendo: “Casi 100.000 contagiados. En las ultimas 24 horas se han detectado 2.736 nuevos casos en 47 países. La cifra total de afectados es de 98.023 y 3.380 muertos”. “Francia cierra más escuelas, tras contarse más de 600 casos y 19 muertes, el gobierno galo ha decidido clausurar las escuelas infantiles, colegios y liceos de Oise y Alto Rin durante los próximos 15 días. La medida viene tras confirmarse 190 casos en un solo día”.

En cuanto a Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, de Ciudadanos, junto con otros miembros del partido ‘naranja’, entre los que se encontraban Edmundo Bal, César Zafra, Marcos de Quintos, Marta Rivera, Sara Jiménez o Miguel Gutiérrez han acabado abandonando la manifestación, después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que abandonasen la marcha. De este modo, a la altura de la Plaza de Neptuno y al grito de “fuera fascistas de nuestros barrios”, manifestantes han empezado a empujar a los representes del partido naranja consiguiendo, finalmente, que ciudadanos abandonase la manifestación del día de la mujer.

He omitido las páginas dedicadas a las manifestaciones que se calentaban para el día siguiente, 8 de marzo, donde solo la de Madrid congregó a 120.000 personas, y posiblemente salieron contagiadas de ella las ministras Calvo, Darias, Montero y la esposa del presidente, Begoña Gómez. También las deportivas: el día 11, unos 5.000 colchoneros volaron apiñados a Liverpool y allí festejaron a lo grande la admirable victoria de su equipo en la prórroga por 2 a 3. Tan solo una semana antes, el 29 de febrero, el presidente de la Generalitat y 100.000 acólitos se trasladaron a Perpiñan para agasajar a Puigdemont, que los había convocado. Posiblemente de allí volvió el Torra infectado.

Hoy, 20 de mayo, podemos ver la respuesta del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, donde se investiga el posible alcance penal de la manifestación multitudinaria del día de la mujer en la capital, a la magistrada que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo: “Es cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. En el informe elaborado, el médico forense también sostiene que las autoridades debieron “haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”. Asimismo, el médico forense subraya, además, que era “sabido” que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con la participación de Fernando Simón, “habían advertido sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus” en los días previos al 8 de marzo. La decisión de la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, dictó una providencia donde acordó continuar el procedimiento penal abierto exclusivamente por un delito de prevaricación al no haber podido determinar inicialmente el forense una “causalidad” entre acudir a las concentraciones y contagiarse por el coronavirus.

En otro orden de cosas, dentro del mismo asunto que nos afecta a todos, se ha puesto de moda hablar de la privatización de la sanidad en la comunidad autónoma de Madrid, como uno de los males de la situación que nos ha tocado vivir, pero nadie, o casi nadie hace referencia a la génesis de la privatización continua del sistema sanitario en España.

Más de 5.000 leoneses y leonesas siguen esperando una intervención quirúrgica en nuestra provincia debido a la negligencia y a la gestión nefasta del Consejero de Sanidad, cuya dimisión se ha exigido reiteradamente por IU. “Cada semana nos levantamos con un incremento de las listas de espera, que se duplican en el Bierzo, el colapso de las urgencias o el traspaso de pacientes a la privada. La ciudadanía está cansada dice ‘basta ya’ de jugar con nuestra salud y la vida de las personas”

Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública, con un texto que saldría adelante con el apoyo de todos los partidos políticos, con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucedería: “La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública”, recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de Izquierda Unida. “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión”, fueron las palabras exactas de la diputada según se recoge en el libro de sesiones de aquella jornada.

“Pasa desapercibida esta reforma, pero es clave. Parece que estamos siempre en una batalla entre el PP, que quiere privatizarlo todo, y el PSOE, que defiende lo público, cuando la realidad ha demostrado que están de acuerdo a la hora de recortar en gastos sociales”, en sus propios términos.

El mencionado texto de un único artículo reza en su tercer apartado que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. Una redacción a la que Maestro también alude: “Ojo con eso de «sociosanitarios», porque ya estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero.

“Junto a Julio Anguita, recientemente fallecido, hicimos una declaración pública en la que advertimos que se planteaba el copago de los medicamentos para los pensionistas y otras cuestiones que ya llegaron a ser realidad. Tuvo tanta repercusión que incluso CCOO y UGT amenazaron con una huelga general”, relata la antigua diputada, por lo que el informe se guardó en un cajón.

Movilizaciones de Izquierda Unida contra la privatización de la sanidad (1997)

Cuatro años después de que se efectuara la transferencia de las competencias en sanidad a todas las comunidades autónomas en el último consejo de ministros de 2001, surgió CAS. La Coordinadora consiguió, tras cientos de charlas por los pueblos y barrios de Madrid, crear un poso social que se vio reflejado en 2007 al juntar a 40.000 personas en la calle reclamando la derogación de la ley 15/97. “A partir de ahí empezamos a recoger firmas para que la gente viera que la privatización de Aguirre respondía a un acuerdo entre PP y PSOE. Cuando llegamos a las 400.000, las entregamos al Congreso y una persona del PSOE se entrevistó con nosotros. Lo único que nos dijo es que nos olvidáramos de esa ley porque se trataba de un asunto de Estado y nunca se iba a derogar”, relata Liébana.

La solución no se centra en financiar con más y más dinero la sanidad pública, sino en protegerla de la intromisión de entidades privadas que quieren lucrarse con ella, parafraseando a Maestro  “Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto”, en los propios términos de la exdiputada de IU y médica de formación, especialista en salud pública y medicina preventiva.

La lucha constante que venían realizando desde CAS años atrás tuvo un reflejo en las mareas blancas que inundaron España en contra de la privatización de la sanidad. Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, explica la dinámica que se llevó a cabo: “Quitaron camas, redujeron personal y provocaron listas de espera. Después, utilizaban este argumento para decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos, son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España”.

De hecho, un año después de empezar a constituirse las mareas blancas en 2012, los Presupuestos Generales del Estado marcaron la menor cifra destinada a sanidad, dejándola en 61.702 millones de euros, cuando se venía de 69.400 en 2010. Los datos más actualizados responden al ejercicio de 2018, en los que se invirtieron desde el Estado 71.145 millones de euros, de los cuales un 11,1% se destinaron a “los gastos en compras al sector privado a través de conciertos”, según explicita el informe del Ministerio de Sanidad.

“Es una estafa en toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud”, incide la propia Esbrí. De esta forma, las mareas blancas también se posicionan contra la ley 15/97 y la reforma constitucional del artículo 135: “Demandamos un proceso de desprivatización. No tiene que ser tan difícil, tan solo es un problema de gestión y de enfoque, pero para este cambio debe haber políticos que realmente sean éticos y respondan a las directrices que marca la ciudadanía, en teoría la soberana del país”, reflexiona la activista.

A su vez, Maestro realiza un ejercicio colectivo al pensar más allá del personal sanitario y reflejar la realidad que sufren todos los trabajadores que conforman los servicios del hospital, recalcando que “la privatización a trozos, de servicio en servicio, ha hecho que, por ejemplo, se recorte en personal de limpieza, cuando es algo esencial”. “Antes, los profesionales de la limpieza eran funcionarios públicos y gente formada al respecto, algo que no sucede en estos momentos por la laxitud del control por parte de las Consejerías con las empresas privadas. Es ahora cuando vemos que estas decisiones de recortar en plantilla y hacer unos contratos precarios redundan en la salud de las personas, porque la limpieza de un hospital es clave. Por eso, desde que esto sucede las infecciones dentro de los centros se dispararon y hoy son la principal causa de muerte hospitalaria”, incide la antigua parlamentaria.

Nines Maestro, de CAS Madrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad) y de Red Roja intervino de forma magistral en las jornadas organizadas por CUP-Sanitat el pasado fin de semana denunciando la aniquilación de la sanidad pública y la penetración masiva de la empresa privada. Repasa el inicio de la crisis y cómo se ha transformado en austericidio, repagos, chantaje a los profesionales del sector y no se olvida del nefasto papel de la industria farmacéutica, del Gobierno y de la Troika con la vergonzosa modificación de la Constitución, y la imposición de una Deuda absolutamente impropia e impagable. En la foto con Antón Saavedra y Vicente Gutierrez Solís en El Mazucu (Setiembre de 2019).

Desde el punto de vista de la antigua parlamentaria de Izquierda Unida, “ahora es buena ocasión para derogar la ley, pero hay que movilizarse”. “Nunca como ahora la gente ha sido tan consciente del valor de la sanidad pública, y de que no puede estar sometida a criterios del mercado o beneficios empresariales”.

Nuestra sanidad pública se enfrenta a la pandemia del coronavirus tras años de recortes, privatizaciones y erosión de los derechos laborales. Pedimos que España destine a la sanidad pública el 7% del PIB, la media europea.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

21 de mayo

Hoy, cuando se cumplen 68 días de mi arresto domiciliario, aunque todo hay decirlo, con unas horas de libertad provisional que, por primera vez me ha permitido tomar unos culetinos de sidra con la tertulia diaria de amigos, surgió el tema estrella del debate de ayer en el parlamento referido a la reforma laboral, lo cual aprovecharon algunos para cargar las tintas sobre Unidas Podemos, tratando de justificar al PSOE diciendo que todos eran iguales cuando pisaban moqueta. Es posible que así vaya a ocurrir, pero habrá que hacer la crítica cuando efectivamente ocurra, si es que ocurre. Mientras tanto hay que explicar la cosas, tal como ocurrieron, y en ello voy a centrar mi diario de hoy: la reforma laboral Zapatero-Rajoy, un tema en el que, en absoluto, estoy dispuesto a tragar sapo alguno, y menos ninguna culebra, como votante que soy de Unidas Podemos.

El presidente del gobierno, en su última homilía sabatina nos había anunciado que iba a solicitar otra prórroga del “estado de alarma”. En esta ocasión con una novedad, tratando de colarnos de rondón un “estado de excepción”, eludiendo los controles establecidos en la Constitución para éste, dejando muy claro que la nueva prórroga duraría “alrededor de un mes” en lugar de los quince días de hasta ahora.

Desde los inicios del “estado de alarma” la política del gobierno viene consistiendo básicamente en prorrogar estados de alarma. Se debate sobre la prórroga, se prorrogan los debates sobre la prórroga, se especula con su caída, se caen las especulaciones, se vuelve a empezar…

Para el presidente español llegar a la mañana misma del debate sin los apoyos atados es la norma, llegando yo a la conclusión de que la estabilidad le resulta molesto. Su corto plazo es el de esa mañana, su medio plazo es la semana entrante y su largo es el mes que le toca ir a Bruselas, dando la impresión de que a Sánchez le gusta más la estrategia del Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, al que cuando le preguntan cómo ve el futuro de un campeonato en curso responde: “no sé, yo siempre voy partido a partido”.

Sánchez sigue la misma táctica, vive al día y no mira más allá, aunque ayer, mostrándole al diputado Rufián cuatro dedos de la mano, le dio a entender que está decidido a agotar los cuatro años de la legislatura en La Moncloa al precio que sea.

Y con la ayuda de ERC de Junqueras o la de C’s de Arrimadas. Y si hiciera falta y, por muy asombroso que pueda parecer, también con la colaboración del PP, aunque para ello tuviera que prescindir de Unidas Podemos del Gobierno tirándolos por la ventana.

Bueno es Sánchez para que nadie le toque el ala de su sombrero. Y anden con cuidado Junqueras y su emisario Rufián porque, aunque este “menage a trois” de las prórrogas cuarta y quinta del “estado de alarma” dice que es un pacto solo sanitario – para salvar vidas -, como lo viene pregonando discurso tras discurso, lo cierto es que se trata de un pacto político de gobierno con todas las de la ley.

La cuestión de fondo que se debatía y se votaba y de la que Sánchez salió airoso era la de si hacía falta o no una quinta prórroga del “estado de alarma” o si por el contrario eran suficientes las leyes sanitarias y de seguridad para controlar el fin de la desescalada de la epidemia.

Sánchez estaba al tanto del interés de Bildu en una promesa expresa con la derogación de la reforma laboral, y la prueba es que facilitó el acuerdo al mencionarlo en su intervención en el pleno de este miércoles, que debatió la nueva prórroga del estado de alarma: “Nuestro compromiso permanece indeleble. En cuanto salgamos de esta emergencia, retomaremos nuestras prioridades de legislatura”, dijo a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para dar por hecho a continuación que se abstendrían.

Y, naturalmente, ganó la “alarma” porque Sánchez, desde el 1 de junio de 2018 cuando se votó la moción de censura ha ganado todos los partidos y se mantiene en el poder. Y pretende seguir haciéndolo en la que sin duda será la final de la Champions de la política: la votación de los Presupuestos de 2021. Donde ERC se cree imprescindible porque considera que C’s no podrá aceptar unos Presupuestos “progresistas”, salvo que el gobierno los califique de “emergencia” y se vean muy presionados por la Unión Europea, los mercados internacionales y la colosal deuda de España y en ese caso los tengan que moderar y centrar en pos de la colaboración de C’s y en menoscabo de ERC.

Esto no es fácil de imaginar, pero Sánchez va partido a partido y eso significa que cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo ¿quién habría imaginado unas semanas atrás que C’s salvaría a Sánchez de dos derrotas en el Parlamento y aprobando dos prórrogas del “estado de alarma”? Nadie.

Como nadie se imaginaba, salvo el Cholo Simeone, que el Atlético de Madrid iba a eliminar al vigente campeón de la Champions League, el Liverpool y en su Estado de Anfield, como ocurrió. “La política hace a veces extraños compañeros de cama” dijo una vez Manuel Fraga y acertó.

“1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente: Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.  Asimismo, modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios” (Programa del gobierno de coalición establecido entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS, referido a la reforma laboral)

Pero ayer mismo, el gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos firmaban un acuerdo con la organización vasca de Euskal Herría Bildu para proceder a la derogación de forma “íntegra” de la reforma laboral impuesta en 2012 por el Gobierno del PP, la cual, tal y como figura en el documento adjunto, “deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias” adoptadas por el Gobierno de coalición “en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”.

Sin embargo, de manera sorprendente, unas horas después de hacer público el pacto suscrito, el PSOE saldría con una nota que limitaba la derogación sólo a partes de la reforma laboral, entre las que no se encuentra por ejemplo la relativa a las indemnizaciones por despido, quedando convertido aquello en un culebrón que ha vuelto a tensar las ya tensas relaciones existentes entre el PSOE y Unidas Podemos, un culebrón en donde ha habido de todo, hasta un amago de dimisión de la propia vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, dejando ésta señora muy claro que “este país no está en este momento para ciertas cosas”. Nada nuevo, por otra parte, ya que la máxima responsable económica del Gobierno, impuesta por la Comisión Europea, siempre se ha negado a una derogación de la reforma laboral, quedando transformada en el freno de todas las aspiraciones del llamado “escudo social” de Podemos, lo que viene provocando encontronazo tras encontronazo con el vicepresidente Pablo Iglesias.

“Cada partido puede decir lo que quiera”, pero “lo firmado es lo que se ha acordado”, ha asegurado este jueves en Catalunya Ràdio el líder de Unidas Podemos y vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias. “Lo firmado obliga” o “programa, programa, programa”.

La rectificación del PSOE matizando que la derogación de la reforma laboral será parcial y no íntegra, como se había comprometido en un acuerdo con los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y Bildu, es para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, poco más que libertad de expresión porque lo único que cuenta es lo firmado. “Lo firmado y escrito en un papel es lo que se ha acordado”, ha zanjado esta mañana de manera “cristalina” en una entrevista radiofónica, a la vez que especificaba que el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura y la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, sino de la derogación de la reforma laboral, y eso es un acuerdo de Gobierno de coalición.

El “programa, programa, programa”, como homenaje póstumo al recientemente fallecido Julio Anguita. Este desencuentro y la respuesta de Iglesias a la rectificación del PSOE no se entendería sin que en las últimas semanas haya sobrevolado el fantasma de la geometría variable, con Sánchez apoyándose en Ciudadanos para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma, pensando más en que sea un acuerdo estructural más que de coyuntura, mirando a los Presupuestos.

El acuerdo de medio centenar de páginas es un programa netamente socialdemócrata que se hace incompatible con Ciudadanos y cuyo cumplimiento ata a Sánchez al bloque de la investidura. La estabilidad del Gobierno depende de que se cumpla este compromiso. Un aviso que Unidas Podemos ha dejado claro a propósito del alcance de la reforma laboral. Ahora, más que nunca, debido a la crisis económica en ciernes, es la única hoja de ruta que maneja Unidas Podemos y así ha pactado con el PSOE defenderla en la comisión de reconstrucción. “Todo el mundo en el Gobierno tiene claro con quien se pueden hacer las mayorías que cumplen los acuerdos programáticos y dan un sentido de izquierdas al Gobierno”, explicaban fuentes del sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo horas antes de que se produjese esta última polémica. “Unidas Podemos tenemos completamente claro que cuando superemos la epidemia del coronavirus tendremos que seguir poniendo en marcha medidas sociales, y nosotros tenemos muy claro con quien hay que negociar esas medidas. Y me parece que Ciudadanos también lo tiene bastante claro”. A modo de aviso mencionaba también a Anguita y su máxima de “programa, programa, programa”.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que incluso amagó con la dimisión, ha ejercido esta noche del miércoles una “influencia” decisiva para que Pedro Sánchez ordenara dar marcha atrás en el acuerdo que habían firmado horas antes PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar “íntegramente” y antes de que acabe el estado de alarma la reforma laboral de 2012.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha querido dejar el campo más abierto. En su réplica durante el debate de este miércoles al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, lo parafraseaba asegurando que “efectivamente no estamos eligiendo socios”, pero acto seguido le tendía mano de cara a los acuerdos que pretenden guiar la legislatura: “Esperamos las propuestas que puedan hacer en la comisión parlamentaria” de los pactos de reconstrucción. La antesala de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que si no surgen de la aritmética parlamentaria que facilitó la investidura de Sánchez serían un foco de tensiones en la coalición que pondría en riesgo su continuidad. De esa manera, los ministros impuestos por la comisión europea – la Calviño y el Escrivá – se sentirían muchos más cómodos pactando las cuestiones económicas con Cs y la burguesía vasca que representa el PNV.

¿De qué va esta legislatura?”, se preguntaba el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, asegurando que “con Ciudadanos va de una cosa y con nosotros de otra”. Junto a ERC, Compromís del País Valenciano también pasó al no en la votación de la prórroga del estado de alarma, lo que quizá sea un termómetro más preciso sobre las basculaciones del PSOE, a la hora de anticipar la respuesta. Aunque independientemente de ello, Unidas Podemos quiere tener la última palabra aferrándose el cumplimiento del acuerdo de coalición.

La portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, dejaba el futuro de la legislatura al albur de la matemática, que no de la ideología: “Le dije que para el Gobierno no había nada más importante que sacar la prórroga del estado de alarma. Usted dijo que para ERC era imposible votar que sí. Lo demás, son matemáticas”. Por cierto, ella también se abstuvo en la votación, al igual que dos diputados de Vox que votaron a favor del “estado de alarma”, aunque la posición de su grupo era un no radical, pero dejémoslo en la anécdota del día, debido a esta situación que nos tiene a todos y todas un poco embotados, especialmente cuando solo pensamos en los votos electorales que se pueden sacar de esta catástrofe.

La realidad es que el Gobierno digiere este jueves amargamente el “error” que ha supuesto la firma de un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar de manera íntegra la reforma laboral. Una negociación que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, impulsó y conoció en todo momento, pero cuya ejecución final ha provocado este jueves un terremoto político.

Las consecuencias políticas son tan graves, aseguran fuentes del Gobierno, que Sánchez se ha visto obligado, en la mañana de este jueves, a “arremangarse” y explicarse ante la patronal y los sindicatos. El presidente ha telefoneado a los secretarios generales de UGT y CCOO, José Álvarez y Unai Sordo, y al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Ni eso ha sido suficiente. La patronal rompe el diálogo social con el Gobierno de coalición, a pesar de la colaboración mantenida en la gestión económica y social de la crisis sanitaria del coronavirus.

Al final todo se deja a los Presupuestos para 2021 y la reconstrucción – siguen llamando guerra a lo que es una catástrofe humana, por lo que todavía no tengo muy claro lo que se tiene que reconstruir, pero esperemos a que comience el paripé de la comisión parlamentaria de la reconstrucción presidida por el Pachi López – pero lo que está muy claro es que vuelve otra vez  la misma canción de la crisis, tratando de convertirla, en esta ocasión, en la canción del verano. Será con otra música, pero con la misma letra, cuyo compositor, tal y como dejaba claro en mi diario de ayer es el Banco de España: “Un plan de ajuste para evitar la crisis del sistema financiero y ganar credibilidad ante los mercados”. ¿Nos suena este estribillo?

El Banco de España, al que no votamos, vuelve a imponerle a los partidos, a los que sí votamos, la clásica receta del sacrificio de la mayoría en beneficio de los privilegiados. Reformas estructurales para que Bruselas no nos imponga un programa de austeridad. Es tan calcada esta canción de la del 2008 que, más que una amenaza, ahora parece que se estén riendo de todos nosotros.

¿Quién manda en el país? ¿El Gobierno o el Banco de España? El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, exige un pacto político de varias legislaturas, le impone los deberes a la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social. Como primera pista de por dónde van sus recomendaciones, pide que se recaude más con el IVA, el impuesto más injusto.

¿Sería posible que el gobernador sin votos nos explicara sin eufemismos qué coño significa exactamente lo del ajuste, el amor por los bancos y el cariño para los mercados? El Banco de España afila el hacha y quiere que pongamos el cuello, con o sin mascarilla.

Fuente: Ministerio de Sanidad (21 de mayo de 2020).

Por cierto, hablando de las mascarillas, aquellas que al inicio del COVID-19 no hacían falta, tal y como explicaba magistralmente Cantinflas: Si la tienes te la pones, pero si no la tienes no te la pones, y ahora, parece ser que son imprescindibles cuando parece que la desescalada es una realidad, los “negocios” siguen proliferando por todos los rincones de España y del mundo. A la vista de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de hoy 21 de mayo: 27.940 muertos y 233.037 infectados. El día de menos muertos desde que empezara a matar el bicho (48), lo que supone, al menos para mí, un día feliz, aunque de feliz tenga muy poco.

Si hace unos días escribía en mi diario un sucio negocio sobre la adquisición de mascarillas en la China por parte del gobierno balear a través del abogado Lafuente, afiliado al mismo partido del PSOE, siendo incluso candidato de este partido a la alcaldía de Palma de Mallorca, hoy, 21 de mayo, el mismo gobierno balear ha materializado otra nueva compra al mismo intermediario que hace semanas proporcionó un lote de más de 350.000 mascarillas defectuosas, poniendo en riesgo la salud de miles de sanitarios españoles y que obligó a la Administración a retirarlas.

En esta ocasión se trata del desembolso de 56,2 millones de euros por la compra de tres millones de monos desechables. El gobierno balear, después de tragar las mascarillas fake en un lote de la empresa Garry Galaxy, lejos de interrumpir sus relaciones comerciales, volvió a encargar a la empresa Hangzhou Ruining Trading 2.290.000 monos desechables protectores para COVID-19. Han pasado casi dos meses desde que se adjudicó el contrato – 28 de marzo – hasta que el ministro de Sanidad informó esta semana de la compra de estos monos desechables en el Consejo de Ministros. Es un asunto que iremos desarrollando ampliamente, en la medida que vayamos teniendo más documentación, por parte de estos especuladores que van por la vida de salvavidas.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

22 de mayo

Día 69 de mi arresto domiciliario con derecho a unas horas de libertad provisional que aprovecho para recuperar mi tertulia con los amigos donde arreglamos el mundo, aunque cuando llegamos a casa, el mundo vuelve a estar otra vez como estaba: hecho una puta mierda. Ayer, primer día de la tertulia, recordaba en mi diario el debate que tuvimos sobre la reforma laboral, y hoy seguimos con el mismo debate debido al “terremoto” político que se ha producido que, incluso puede llevar a la ruptura del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS.

Refiriéndome al discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles, 20 de mayo, cuando dijo que la pandemia del coronavirus era “la crisis de nuestras vidas”, todo parecía indicar que había logrado lo más difícil: doblegar la curva y sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, una extraña maniobra política que nada tenía que ver con salvar las vidas ha venido a complicarle aún más las cosas.

El pacto con Euskal Herría Bildu – esta es una organización democrática, cuyos representantes son elegidos por la población vasca en las elecciones que se celebran allí, donde concurren todas las candidaturas, como el PSOE o el PNV (otra cuestión es que el PP es que no saque ni para comprar un paquete de tabaco) -, en el que se comprometió por escrito a derogar “íntegra” la reforma laboral a cambio de unos votos innecesarios, se ha convertido en un monumental lío, entre otras cuestiones, porque la palabra del presidente, daña el diálogo social, siembra la incertidumbre en un terreno clave como es el de la legislación laboral ante la crisis que se avecina y, por si fuera poco, pone en cuestión, una vez más, la solidez  de su Gobierno con Unidas Podemos.

Pedro Sánchez: “Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores” (Pagina Web del PSOE)

Para que no haya ninguna duda al respecto, a continuación, voy a recoger literalmente las siete veces en las que el presidente del gobierno dijo que iba a derogar la reforma laboral:

1-. “Vamos a poner fin a la reforma laboral y vamos a aprobar un nuevo estatuto de trabajadores”. (febrero de 2015).

2-. “Yo digo alto y claro que la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto comencemos a gobernar este país a partir de noviembre de 2015 es derogar la reforma laboral”. (Julio de 2014).

3-. “Nuestro compromiso hoy sigue siendo firme. Y será, en cuanto lleguemos al Gobierno, derogar la reforma laboral del PP y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores”. (febrero de 2015).

4-. ¿Mantiene su palabra de derogar la reforma laboral?

Sí.

¿Íntegra?

Lo haremos para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Ya, pero ¿la derogará en todos sus términos?

La reforma laboral sólo ha traído recorte de derechos, subempleo, trabajadores pobres y destrucción de muchísimos puestos de trabajo. España no puede ganar el futuro produciendo más barato, sino haciéndolo mejor y con una apuesta clara por la Educación, la Ciencia y la Innovación. (Entrevista de Esther Palomera a Pedro Sánchez en El Huffington Post. Septiembre de 2015).

5-. “El PSOE quiere adquirir hoy frente al conjunto de la sociedad española un compromiso firme, que no es otro que derogar la reforma laboral cuando el partido socialista vuelva a gobernar España”. (septiembre de 2013).

6-. “El primer compromiso de los socialistas cuando lleguemos al Gobierno será derogar una reforma laboral que, además de profundamente injusta, se ha demostrado que es profundamente ineficaz”. (febrero de 2013).

7-. “Lo primero que haré como presidente del Gobierno será derogar la reforma laboral”. (mayo de 2015).

Pedro Sánchez se ha empeñado en complicar su epitafio. Este personaje lleva acumulado tantos hitos en su corta vida política que va a ser muy difícil hacerle un funeral de letras a medida cuando la pandemia quede rebajada a una anécdota de selfies con mascarilla que, al día de hoy, 22 de mayo, con las cifras del ministerio de Sanidad, nos dan 28.628 muertos y 234.824 infectados.

Fuente: Ministerio de Sanidad (22 de mayo de 2020).

Este personaje se está pasando la historia tantas veces que corre el riesgo de pasar por ella simplemente como un idiota, una estupenda y precisa definición que ayuda a metabolizar el espectáculo diario que supone observarle dirigir un país que sufre una crisis social, sanitaria y económica inédita, de tal manera que, cada vez que se siente acorralado, redobla el desafío buscando huidas hacia adelante, pero dejando tras de sí un reguero de promesas rotas y aliados frustrados. Por mucho que ahora se quieran cargar todas las culpas por el “terremoto” ocasionado a cuenta de la reforma laboral, fue él, y solo él, quien eligió abrazarse al que le quitase el sueño, y no la Adriana Lastra, quien le permite imponer su agenda a costa de cualquier socio constitucionalista, de tal manera que, cuando cree necesario lavarse en Euskal Herría Bildu la mano estrechada a C’s, a costa del dialogo social con la patronal y hasta con los sindicatos cuando acuerda la derogación íntegra de la reforma laboral con nocturnidad.

Ahora sale a la palestra el tal Rafa Simancas. Sí, el del “tamayazo”, cuando dos de los diputados madrileños del PSOE – Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez – protagonizaron el escándalo que permitió a Esperanza Aguirre ser presidenta de la Comunidad de Madrid en 2003. Los dos políticos, elegidos en la lista del PSOE de Madrid, impidieron que Rafael Simancas, por aquel entonces candidato de la formación, saliera elegido presidente de la Comunidad de Madrid. Iba a conseguirlo con el apoyo de su grupo y el de Izquierda Unida, pero se tuvieron que celebrar elecciones de nuevo, logrando el PP la mayoría absoluta.

Hoy, 17 años después, es tendencia por unas declaraciones de éste en la Televisión Pública. El ahora diputado del PSOE y secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha acusado al Partido Popular y a Vox de “dejarles tirados” en la votación para la prórroga del estado de alarma y de “obligarles” a entenderse con otros grupos. “Si esos otros grupos lo que nos pedían es que confirmáramos el compromiso que ya habíamos adquirido en el acuerdo de gobierno para derogar la reforma laboral… El Partido Socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas” ha declarado.

Sin embargo, un cínico Rafa Simancas trata de ignorar que un acuerdo de estas características para derogar la reforma laboral del PP no era la primera vez que se producía, de tal manera que en enero de este mismo año la misma portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y él mismo negociaron el acuerdo suscrito conjuntamente con la líder del Bloque Nacional Galego, Ana Pontón, en el marco de los pactos para lograr la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. ¿También aquí tuvo la culpa el PP, el mismo partido a quienes ellos mismos habían apoyado para que pudiera gobernar?

Derogaremos la reforma laboral (…) Derogar la reforma de las pensiones, derogar la LOMCE, el artículo 315. 3 del Código Penal y la Ley «Mordaza». Con el fin de garantizar la verificación de los términos expuestos en el presente acuerdo, se creará una comisión de seguimiento, que se reunirá regularmente con carácter cuatrimestral, o bien cuando cualquiera de las dos partes lo considere pertinente.

En Madrid, a 3 de enero de 2020

Firman:

Por el PSOE, Adriana Lastra Fernández

Por el BNG, Ana Pontón Mondelo

En aquel documento, el BNG se comprometía a votar a favor del entonces candidato socialista a cambio de una serie de compromisos por parte del PSOE, donde se incluían la mencionada derogación integral de la reforma laboral y la supresión de otras normas, como la ley mordaza.

No podía faltar el grupo prisaico en caldear el ambiente, siempre al servicio de la oligarquía financiera que le sostiene. Primero fue ‘El País’ en su editorial de ayer jueves y después ha sido la Cadena SER, anoche en el “Hora 25” de Pepa Bueno y esta mañana en el “Hoy por hoy” de Àngels Barceló. Cargas sin concesiones del Grupo PRISA contra el Gobierno de coalición tras el acuerdo que PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu firmaron el miércoles para derogar de forma “íntegra” la reforma laboral de 2012. Para nada se distinguen estas periodistas de los Jiménez Losantos, Marhuenda, Ana Rosa Quintana o el Eduardo Inda a la hora de tirar por tierra cualquier proposición de Podemos.

Los prisaicos de “a tanto la línea” Xavier Vidal-Folch, Àngels Barceló y José Antonio Zarzalejos,

“Al margen del contenido del pacto – que es la reforma laboral, sobre la que puede haber todo el debate que queramos, eh… en otro momento–, con quien se pacta es con Bildu, que es cierto que está en las instituciones democráticas, pero se pacta con Bildu 24 horas después de que haya habido un ataque contra la máxima responsable del PSE sin que Bildu lo haya condenado; es con este partido con el que el PSOE pacta”, clamaba Barceló en el ‘Hoy por hoy’ de esta mañana. La periodista se ha referido así al acuerdo y a sus consecuencias: la “división dentro y fuera del Gobierno” y una “enorme grieta dentro del Gobierno”, donde habría provocado “importantes desfases” debido sobre todo a la “tensión entre dos vicepresidentes de un mismo Gobierno”, en referencia al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Un “choque” que “se veía venir”, ha dicho. Pero Barceló también ha encontrado tiempo para advertir a Pedro Sánchez, que en su opinión “queda en muy mal lugar”. “Adriana Lastra no saca adelante un pacto de estas características sin la luz verde del presidente del Gobierno”, ha zanjado la periodista. Y yo le pregunto a estas periodistas de “a tanto la línea”: ¿Es verdad o es mentira que la propia candidata a lehendakari de Euskal Herría Bildu, Maddalen Iriarte, ha manifestado “no compartir de ninguna manera” esa actuación y ha criticado que los atacantes “hayan cruzado una línea”, refiriéndose a los ataques que viene sufriendo en su domicilio la secretaria general del PSOE vasco y candidata a lehendakari, Idoia Mendia? ¿ignoran estas y estos periodistas de “a tanto la línea” de que allí, en el País Vasco existe el cuartel de Intxaurrondo – mejor Intxahorrendo – donde se torturaba y mataba a la gente, algunos de los cuales, enterrados en cal viva, cuando el partido de Idoia Mendia – el PSOE – practicaba el peor de los terrorismos que pueden existir como fue el terrorismo de Estado durante el gobierno de Felipe González? No veo yo a estas y estos periodistas poner el mismo énfasis en condenar los ataques diarios a la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero por parte de los fascistas, pero ya se sabe muy bien cuales son los intereses que defienden.

Pedro Sánchez “Pilato” se lava las manos y carga contra su persona de confianza, Adriana Lastra, haciéndola responsable de algo que hizo porque la mandaron.

La cuestión es que la conmoción en Moncloa es de “agárrate que vienen curvas”, hasta el extremo de que el PSOE se enfrenta en las últimas horas a uno de los momentos políticos más comprometidos desde que llegó al poder tras la moción de censura. Un solo adjetivo «integral» – referido a la derogación de la reforma laboral de 2012 –, en un acuerdo oculto a tres firmas con Bildu y Unidas Podemos, ha generado un malestar y un revuelo que lo abarca todo.

Enfado en el Partido Socialista; enfado en los ministros que desconocían el contenido del mismo; enfado en La Moncloa que ignoraba el «detalle concreto»; enfado en la patronal que sacó un duro comunicado y se levantó de la Mesa de Diálogo Social; enfado en los sindicatos; enfado en el País Vasco, porque daba protagonismo a Bildu a dos meses de las elecciones; enfado entre los socios que apoyaron la prórroga del estado de alarma: C’s a los que no gustó ni un pelo este acuerdo de última hora con Bildu y enfado en el PNV.

Desde Moncloa se apunta en una única dirección: Adriana Lastra. La portavoz del PSOE en el Congreso es señalada por todos como la responsable de un acuerdo inasumible en fondo y forma. En el fondo porque es imposible derogar en su totalidad la reforma laboral; en la forma, porque se tejió a espaldas de partido y Gobierno y se le otorgó con la rúbrica una oficialidad que no se deseaba. Hasta hace meses, Sánchez renegaba siquiera de negociar nada con Bildu.

Lastra comunicó al presidente su intención de alcanzar un acuerdo con la formación abertzale sobre la reforma laboral. Nada más. Cuando en Ferraz y en Moncloa se leyó el texto no daban crédito. Pero, ¿habían dado crédito al mismo pacto suscrito con el BNG? ¿También ignoraban que la derogación integral de la reforma laboral figura en el acuerdo del gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS? ¿hasta donde puede llegar el cinismo y la hipocresía?

Nadia Calviño, impuesta por el IV Reich en el gobierno de España, fue contundente oponiéndose a abrir el melón de la reforma laboral.

La realidad es que en las tres horas que fueron desde su publicación hasta la posterior rectificación, emergió la figura de Nadia Calviño, plantándose ante el presidente del Gobierno y exigió dar marcha atrás, incluso amagando con su dimisión si no se rectificaba el documento suscrito, aunque tal amago suene más a un “brindis al sol” que a una realidad, cuando es sabido que la tal Calviño es la eurócrata impuesta por el IV Reich para llevar a cabo los mayores recortes y rejonazos que están previstos contra España desde Bruselas, de tal manera que en la capital comunitaria nada tienen porque preocuparse, siendo tal la confianza que tienen en la Calviño que no han pedido ninguna explicación. Es más, desde Bruselas se exigen mantener los “logros” de la reforma, cuando en un país como el nuestro con más paro en el continente, después de Grecia, y lo mismo en desempleo juvenil, los mensajes vienen siendo constantes desde la reforma laboral del gobierno de Zapatero, llegando a afirmar sus eurócratas que la reforma laboral ha contribuido a frenar la sangría, a crear algo de empleo.

La ministra de Economía esgrimió que las circunstancias actuales eran críticas y no se podía añadir nuevos elementos de inestabilidad. Sin embargo, ayer por la mañana, la tormenta en lugar de amainar se tornó en huracán.

Con el comunicado socialista enmendando la literalidad del acuerdo aún reciente, Pablo Iglesias, abría un nuevo frente al Gobierno de coalición, desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, reafirmándose en lo pactado y en que «lo firmado, obliga». Fuentes de Moncloa lo definen como «una deslealtad increíble». Casi al mismo tiempo, en Onda Cero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos defendía la vigencia de la «nota aclaratoria» difundida por Ferraz y descargaba toda la responsabilidad en Lastra: «Yo no me dedico a tareas parlamentarias». El malestar que había generado «la acción unilateral de Lastra» era manifiesto.

«Nadie entendía nada», dicen fuentes del PSOE. Primero, añaden, «porque los votos de Bildu no eran necesarios»; segundo, «porque el PSOE fijó en su programa electoral y en el programa de Gobierno que la reforma sólo afectaría a los aspectos más lesivos», puntos estos que se están tratando con los sindicatos y la CEOE en la Mesa de Diálogo Social. Tercero, abría un melón innecesario «por el malestar que causó en el PNV y en los socialistas vascos». Y cuarto, «cómo se va a afrontar una reforma antes de finalizar el estado de alarma. Para derogarla es necesaria una nueva ley, los plazos son los que son y, además, no se tienen los votos necesarios por lo que hay que abrir una negociación amplia, que no será rápida».

«Cuándo has visto que el PSOE firme un acuerdo con un partido en este estado de alarma», comenta un dirigente socialista. Ciertamente, nunca se ha formalizado de esta forma. Se han anunciado acuerdos con Ciudadanos, con PNV, incluso con ERC, con los grupos canarios, Teruel Existe, Más País, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria. Se anunciaba el acuerdo, pero «nunca se expresó en un comunicado firmado», lo que indica que Lastra iba por libre.

La situación empeoraba a medida que avanzaba la mañana y Pedro Sánchez exigió a la portavoz que saliera a dar explicaciones, lo hizo en La Sexta. Las instrucciones eran claras: reconocer el error y anunciar que cualquier reforma se haría en el marco de la Mesa de Diálogo Social. Sin embargo, Lastra siguió el guion a medias y lejos de reconocer el «error», aseguró que los «canales habituales» –esto es, Moncloa– estaban al corriente de su negociación con los abertzales. Desde el Gobierno se asegura que Sánchez conocía que se negociaba, pero no los términos concretos en que se cerró y estampó la firma.

Una cuestión cada vez está más clara. No solo es la derogación de la reforma laboral, sino la oposición radical a promulgar una reforma fiscal e impuestos contra los ricos propuesta por UNIDAS PODEMOS. Cada vez tengo más claro que la “renta básica” va a tener los mismos problemas que la reforma laboral para ponerla en marcha, tal y como está recogida en los acuerdos del gobierno de coalición. Además, Calviño sabe muy bien que la Unión Europea no aceptará a España despilfarros de propaganda socialista ni de compra de voluntades políticas en las autonomías nacionalistas y que ejercerá un control estricto del uso de los fondos europeos que puede recibir España por distintos conceptos. ¿Quieren que les dé mi sincero parecer al respecto? UNIDAS PODEMOS no puede permanecer un solo minuto más formando parte de este gobierno del neoliberalismo. Así lo pensaba desde el inicio, habiendo preferido un pacto de gobierno desde la oposición que, más o menos, es lo que está ocurriendo ahora dentro del gobierno a la hora de plasmar sus propuestas. ¿Dónde se ha visto que, en el consejo de ministros celebrado hoy en La Moncloa, el presidente del gobierno prescindiera de la presencia de la Calviño y de Pablo Iglesias, tal como si estuviera aplicando el pacto salomónico cortando al guaje en dos trozos? ¿No le parece al presidente que ya tenemos bastantes muertos por su negligencia y tardanza en coger el COVID-19 por los cuernos?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

23 de mayo

Se cumplen 70 días de mi arresto domiciliario sabiendo que a partir del lunes ningún ciudadano estará en fase cero, que algunos entrarán en fase uno, que otros pasaremos a la dos, caso concreto de Asturias, y que en las irreductibles islas pioneras del desconfinamiento se encaminan hacia la fase tres. Sabemos dónde estamos, a qué régimen de semilibertad nos deja acceder el bicho este del covid-19 que nos impuso el cautiverio desde hace más de dos meses. Sabemos poco de nuestro futuro, refiriéndome concretamente a la generación que nos sigue, aunque sí sabemos que, acostumbrados a vivir con PANdemia, a partir de ahora tendremos que ir acostumbrándonos a vivir sin PANdemia. Lo que no sabemos, y creo que nadie lo sepa, es en que fase está el presidente del gobierno. Ni uno, ni dos, ni tres, el vive en su propia fase, en fase Sánchez.

Después del incendio provocado con la reforma laboral – todavía sin apagar – para tratar de arañar votos a su propuesta de prorrogar el estado de alarma, debido posiblemente a la ansiedad que le produce el cada vez más menguante respaldo a su estado de alarma o de una estrategia política superior que, al menos yo, no soy capaz de interpretar, lo cierto es que el presidente del gobierno cada vez pierde más credibilidad de la poca que le quedaba.

Con el aval del Consejo Superior de Deportes, el presidente del gobierno ha dado el visto bueno a que la Liga de fútbol vuelva la semana del 8 de junio. (23 de mayo de 2020)

De repente me viene a la cabeza que hoy es sábado y, por lo tanto, toca homilía sabatina del presidente leído por teleprónter. En esta ocasión, utilizando un tono triunfalista y esperanzador, nos anuncia la reanudación de la liga de fútbol a partir del 8 de junio. Resulta paradójico que ayer mismo, leyendo una entrevista que le hacían al escritor español afincado en Alemania, Fernando Aramburu, a una pregunta del periodista Manuel Llorente sobre si el pueblo español se iba a olvidar pronto de esto y miraríamos hacia delante como si apenas nada no hubiera ocurrido, el escritor contestaba: ¿Acaso nuestra memoria está ocupada con el recuerdo de las guerras mundiales, la gripe española, Vietnam o el tsunami de 2004? En cuanto se reanude la liga de fútbol en España, esto queda olvidado.

A mí, que soy un enamorado del fútbol deporte, cada vez más desilusionado por la aparición del fútbol mercantilista y corrupto, sin embargo, tengo muy claro las prioridades de la vida, especialmente en los momentos y situaciones difíciles que nos toca vivir. Quiero decir que, en absoluto me quita un solo minuto el fútbol cuando se trata de cualquier movilización por el bienestar social del pueblo y de los trabajadores.

Al respecto es conocida la locución latina “Panem et circenses”, de Juvenal, que describe una de las prácticas habituales de los emperadores romanos que consistía en proporcionar a las masas alimento para sobrevivir y espectáculo de gladiadores como entretenimiento, con el objetivo de mantener a la población sumisa, alejada de la política y ajena a decisiones controvertidas.

En la España del siglo XVIII, los ilustrados acuñaron la paráfrasis “Pan y toros” para hacer referencia al uso de los espectáculos taurinos como una forma de enardecer las bajas pasiones del pueblo llano, amortiguando su conflicto con la aristocracia y manteniendo su statu quo. Y, a mediados del XX, se comenzó a utilizar la expresión “Pan y fútbol” para hacer referencia al uso político de este deporte como canalizador de las inquietudes sociales de los ciudadanos.

Aunque pueda parecer que el “Pan y fútbol” pertenece a otra época, una semana antes de la disputa de la Eurocopa del 2012, en plena crisis económica y con una tasa de desempleo cercana al 25% de la población activa, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pedía ante los medios de comunicación a la selección española de fútbol que “los españoles necesitan una alegría. El triunfo daría un gran subidón moral a la gente en tiempos tan difíciles”, a lo que el propio seleccionador, Vicente Del Bosque, advertía: “que ganemos la Eurocopa no es la solución a los problemas de España”. No me quiero acordar de la locura colectiva que se desató en todo el país cuando España fue campeona del Mundo en Sudáfrica.

El fútbol español tiene una deuda de 3.600 millones de euros. Pese a disponer unos ingresos de 1.718 millones en la pasada temporada, la Liga continúa engordando el agujero, con unos gastos estimados en 2.100 millones. (18/10/2013 – J.R./Agencias).

Por otra parte, no me parece correcto el “trato de favor” hacia el fútbol español por parte de los gobiernos central, autonómicos y todo tipo de instituciones públicas. Al que le guste el fútbol, como a mí, que se lo pague de su bolsillo. Es más, pienso que el COVID-19 es una buena ocasión para meter mano a la locura que vive el fútbol con esas colosales cantidades de dinero en fichajes que todos los años se incrementan de una manera grotesca. Concretamente, los clubes y sociedades anónimas deportivas del fútbol arrastran un endeudamiento multimillonario con Hacienda y con la Seguridad Social, según se desprende de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de fiscalización de las actuaciones la Administración Tributaria y la Seguridad Social para el cobro de las deudas contraídas por los clubes de primera y segunda división.

Pues bien, a pesar de esta crítica situación, pocos son los clubes profesionales españoles de fútbol que se ven obligados a recortar en sus gastos y saldar sus deudas o tener que cerrar por quiebra, como está ocurriendo en otros sectores empresariales, porque los gobiernos de los distintos ámbitos territoriales (nacional, autonómico, municipal) les están concediendo una serie de privilegios en forma de ventajas fiscales. Es más, ahora hay que pagarles los ERTES a cuenta del erario público.

Actualmente, el fútbol está cumpliendo en muchos países funciones políticas que van más allá de los fines estrictamente deportivos que se desarrollan sobre el terreno de juego y muchos son los intelectuales que advierten de la manipulación a la que se está sometiendo a este deporte en particular.

En este escenario asumo íntegramente esta visión del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuando deja escrito que: “La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil. Y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato. Jugando cómo juega el niño con el globo. Y cómo juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire. Y el ovillo que rueda jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional, ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza. Que renuncia a la alegría. Atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando algún descarado, carasucia que se sale del libreto. Y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez, y al público de las tribunas. Por el puro goce del cuerpo que lanza a la prohibida aventura de la libertad”.

Por otra parte, el presidente del Ejecutivo ha anunciado que se va a aprobar la próxima semana el Ingreso Mínimo Vital en Consejo de Ministros, algo que ya había avanzado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. : “Es una medida histórica para que nadie se quede atrás”, ha manifestado y ha explicado que “será una prestación habitual, permanente, que ya existe en otros países de Europa, para reducir la tasa de pobreza”. Para el presidente del Gobierno, “es vital frenar y reducir la pobreza, especialmente la pobreza infantil”. “El Gobierno no va a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer”, ha sentenciado. Conociendo al personaje, me voy a reservar cualquier comentario al respecto, de momento, porque tendré mucho tiempo para hablar de esta cuestión tan importante.

“En otro apartado de su discurso leído por teleprónter, el presidente anunció la apertura de la temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país a reanudar su actividad”.

No obstante, Sánchez ha insistido en que “es vital no relajarse porque estamos a un paso de la victoria de vencer al virus”. Por ello, ha subrayado que “no hay que actuar con miedo, pero sí actuar con responsabilidad” ya que “la victoria depende de cada uno de nosotros y de la responsabilidad colectiva”.

Pedro Sánchez anunció que el martes se decretará luto oficial por las casi 29.000 víctimas mortales de la Covid-19, el “más prolongado de la historia de la democracia”, que aprobará el Gobierno de España a partir del próximo martes cuando todos los territorios a nivel nacional estén ya en fase 1. Sánchez ha señalado que ese duelo tendrá una duración de 10 días y durante ese tiempo “ondearán a media asta todas las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la armada”.

Fuente: Ministerio de Sanidad (23 de mayo de 2020)

“Los fallecidos en esta pandemia merecen nuestro recuerdo, nuestra memoria perdurable pero también merecen un homenaje aún mayor: nuestra convivencia y nuestra concordia”, ha resaltado el presidente del Gobierno. Espero sinceramente que, para la ocasión tenga los datos reales de la pandemia, para que se dé cuenta de que cuando nos está hablando de 29.000 muertos tendrá que hablar de más de 50.000 que existen perfectamente constatados al día de hoy, a través de los registros civiles y otros organismos. Hoy mismo han aparecido confirmados otros 635 muertos en un día pertenecientes a la Comunidad Catalana.

Por otra parte, Sánchez ha calificado como “patriota” al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y se ha mostrado confiado en que el diálogo social se recuperará “cuanto antes”, después de que se haya roto tras el pacto alcanzado por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos con Bildu la derogación de algunos puntos de la reforma laboral. De algunos puntos no Pedrin, no seas más tramposo todavía de lo que nos vienes demostrando. Lo que está firmado y tantas veces repetido por tú propia boca es la derogación íntegra de la reforma laboral.

Además, en su acostumbrada prepotencia y arrogancia, aunque dicho de una manera que parezca humilde, Pedro Sánchez ha afirmado que “si hay otras formaciones políticas que piensan que la covid puede ser una oportunidad para derrocar al Gobierno, se equivocan políticamente, porque hay 4 años por delante”, y ha deseado que “conductas de odio” como los escraches sean “marginales”. Y ha indicado que esos partidos “no hacen bien al país”, ya que España necesita ahora “confianza, arrimar el hombro, gestionar y avanzar”. “Aquí no hay enemigos, solo hay un enemigo que es la covid”, ha dicho para insistir en que este tipo de comportamientos solo consiguen fracturar a la sociedad, que necesita “la unidad de todos”. “Volquemos todas nuestras energías positivas en dar una respuesta positiva a un drama nacional como es el de la pandemia”, ha añadido.

Lógicamente, el presidente en su homilía no informó nada de la reunión extraordinaria del Consejo Editorial de El País presidida por Soledad Gallego Díaz, a la que fue invitado Felipe González. ¿Alguien se acuerda cuando se decía si PRISA era de Polanco, o realmente el que mandaba en el grupo era Felipe González? De momento lo que se sabe es que el expresidente del PSOE y del gobierno de España es habitual en las reuniones del consejo de PRISA.

Felipe González lo tiene claro: «Uno tiene que reconocer que comete errores, y no pasa nada. El error en política es perdonable. Lo que no es perdonable es la estupidez». Alude el expresidente del Gobierno, sin nombrarlo, a Pedro Sánchez: «todo líder que aparece nervioso, cambiando de posición de la noche a la mañana, que aparece diciendo hoy una cosa y mañana otra y buscando culpables, son líderes inútiles, completamente nefastos para enfrentar una crisis» (16 de abril de 2020).

Esta reunión telemática, con unos veinte asistentes, en la que, según fuentes conocedoras, el expresidente se conectó desde una casa en la costa, ha sido la comidilla durante los últimos días entre políticos y periodistas. Según se cuenta, González mostró su malestar por la propuesta de Unidas Podemos para crear un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas: “Es la gota que colma el vaso”, sentenció, dejando clara la necesidad de echar a Unidas Podemos del Gobierno propiciando un pacto con el PP, aunque el expresidente reconoció no tener convencido a Casado.

En PRISA entienden que la presión de sus medios a Pedro Sánchez puede ser definitiva, por su supuesto prestigio entre los cuadros socialistas. Según las fuentes consultadas, este episodio explicaría la deriva editorial que han tomado esta semana la Cadena SER y el diario El País atacando al Gobierno de coalición y exigiendo ceses, justo cuando la derecha está en la calle movilizándose contra el estado de alarma.

En la parte morada consideran la virulencia de PRISA, contra Unidas Podemos en general y Pablo Iglesias en particular, el pan nuestro de cada día, aunque reconocen cierta sorpresa ante el nivel de animadversión de Ángels Barceló, siendo la SER un medio al que consideran más abierto y plural que El País.

PRISA y sus medios tuvieron en el pasado un gran peso cultural en España y su influencia política fue enorme, condicionando el rumbo de los partidos de izquierda. De momento, ahí queda eso.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

24 de mayo

En mis 71 días de arresto domiciliario como consecuencia del cautiverio impuesto por la covid-19 es verdad que hemos dejado por un tiempo de lanzar mierda al espacio. Nunca hasta hoy habíamos vivido en un cielo tan limpio respirando un aire más puro, pero no es menos cierto que nunca habíamos vivido en un ambiente social tan sucio aquí abajo, en la tierra, donde la nube tóxica del odio, el cabreo  y el resentimiento  que está generando la política partidista de este país han invadido la calle, donde la discusión a través del insulto envenenado como norma, muy distinto a lo que tendría que ser un permanente debate sobre el problema que nos afecta a todos. Es más que evidente que contra esa infección no sirven ni la vacuna ni la mascarilla.

Mientras seguimos discutiendo demagógicamente sobre la eficacia de democracias y satrapías a la hora de afrontar los retos que nos plantea la pandemia, quizás fuera necesario que miráramos atentamente hacia el bloque de los países democráticos en lugar de seguir planteándonos dilemas peligrosos. Para nuestra desdicha, mientras en los países escandinavos o Alemania, por ejemplo, representan un modelo cooperativo y de confianza entre gobernantes y ciudadanos, nuestra democracia – siempre que se pueda llamar democracia a la segunda restauración monárquica impuesta por la gracia de dios y las armas de la dictadura franquista – se desliza con demasiada facilidad hacia el desgarro divisivo de los conflictos internos. Así, durante el estado de alarma si algo estamos aprendiendo, al margen de lavarnos las manos, ha sido nuestra incapacidad de abandonar la lógica de la polarización que, paradójicamente, trajo la lucha de una inmensa mayoría para poner fin al régimen de partido único fascista para apostar por los partidos políticos democráticos como herramientas al servicio del pueblo.

A un lado, observamos a un PP que decidido hacerse pequeño y actuar al toque de corneta de la calculada ruindad de un Vox parido de su propio vientre, poniendo a aprendices de Trump como la Ayuso en Madrid de ejemplo icónico de las políticas de su partido. Al otro, un gobierno que define eufemísticamente como “errores de comunicación” lo que, a ojos vista, es una dificultad manifiesta para el diálogo y para tejer acuerdos confiables, una forma de actuar que no responde sino a su peculiar manera de entender la política como mero tacticismo del regate, llena de fuegos de artificios, pero alarmantemente cortoplacista, de tal manera que mientras seguimos insistiendo en polarizar en medio de lo que, sin lugar a dudas, será la crisis más aguda de nuestra historia; mientras sea imposible tejer forjar una mayoría democrática y coherente que siga la brújula del interés general, otra mayoría devenida interesadamente en minoría mediática, la de los ciudadanos sensatos, cansados y asqueados, se va quedando huérfana de representación.

El escenario para elaborar los presupuestos del Estado que ha planteado el Gobierno recuerda a la senda de Zapatero, que con sus planes de gasto y su negación de la realidad llevó a la economía española a la peor situación en décadas. No estamos todavía así, pero en 2007 tampoco lo parecía.

Si algo está quedando claro es que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, es un maestro del escapismo y la propaganda por más que cada vez menos personas estén dispuestos a comprar su mercancía averiada. Después de una de las peores semanas para el gobierno, la pirueta del presidente ayer ha causado tanto sonrojo como inquietud, porque ha dejado demostrado que a este individuo le sirve absolutamente todo con tal de mantener su culo apegado a la poltrona monclovita. Ni disculpas a la ciudadanía, ni dimisiones, ni admisión de un error tan indecente que ha espantado hasta a los propios afiliados del PSOE, donde una mayoría lleva tragando todo tipo de sapos y culebras en un cómplice silencio. En un ejercicio de insoportable cinismo, el presidente aprovechó su homilía sabatina para seguir insistiendo en que la prórroga del estado de alarma que proponía en el Congreso de los Diputados para treinta días más – al final solo puedo lograr que fueran quince – era un asunto exclusivamente de emergencia sanitaria que “nada tenía que ver con competencias, financiación u otras”, cuando es su gobierno el que lleva casi dos meses mercadeando con todas las formaciones parlamentarias y aceptando todo tipo de chantajes, provocando auténtica hilaridad se nuestro país no se encontrara en un momento tan delicado.

En su trapisonda del miércoles en el Congreso ha dejado mucho gato escaldado. Así, primero se valió de las urgencias de la Arrimadas para rebajar el prohibitivo peaje de ERC en su pulso por alcanzar el liderazgo en Cataluña. Lo hizo ocultándole su apaño con Euskal Herría Bildu para, aprovechándose de la cuarentena, dejar enterrada la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy, prima hermana de la promulgada en 2010 por el PSOE durante el gobierno de Zapatero.

En su intervención, el gobernador ha hecho un repaso de la situación económica de España, que muestra una caída de la actividad en el primer trimestre del 5,2% del PIB, lo que duplica la reducción que se produjo en el primer trimestre del 2009, en plena crisis financiera. La afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 950.000 personas entre marzo y abril y ha duplicado la pérdida del primer trimestre del 2009. Si se cuentan los ertes, hay que añadir 3,4 millones de trabajadores afectados y 1,3 millones de autónomos ha solicitado la prestación por cese de actividad.

La realidad es que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dejado perfectamente perfilada esta semana en el Congreso de los Diputados las primeras estimaciones sobre la dramática situación económica y los principales riesgos que la pandemia de la covid-19 va a dejar a su paso por España. El cese general de la actividad, imprescindible para contener los contagios, ha exigido y exigirá todavía de un incremento del gasto público sin precedentes, sobre el que existe un amplio acuerdo entre los agentes sociales, los partidos políticos y las instituciones económicas y financieras, tanto europeas como internacionales. Sin embargo, este acuerdo sobre lo inmediato no se está proyectando sobre un eventual acuerdo parlamentario que permita diseñar y sentar las bases de los sucesivos presupuestos que deberían hacer frente a esa situación y al manejo del déficit y de una deuda en niveles desconocidos desde principios del siglo XX.

La realidad es la que es, y es necesario mirarla de frente, pero el gobierno está dilapidando parte de su crédito negociador, si es que algo le queda todavía, persiguiendo geometrías parlamentarias que han subrayado su más que preocupante debilidad. El PP, sabe perfectamente que es difícil gobernar en estas circunstancias y más difícil aún desalojar al gobierno con una mayoría alternativa para la que tampoco cuenta con una mayoría para lograrlo mediante una moción de censura. Por lo tanto, en ese escenario no resulta descartable la celebración de otras elecciones generales después de la pandemia, las cuales de poco servirían mientras no se celebren con una nueva ley electoral acorde a los tiempos que vivimos donde el voto de Cataluña o el del País Vasco tenga exactamente el mismo valor que el voto de Soria, Cuenca o Extremadura. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen cosas tales como “se ha manifestado la voluntad del pueblo” al término de un proceso electoral. Porque puede que, como ocurre en nuestro país, eso sea absolutamente falso. Y es que, entre la voluntad del pueblo, expresada en votos, y la representación política, expresada en escaños, media el sistema electoral. Lo que significa que la veracidad de aquella afirmación dependerá de cómo opera el sistema electoral, y hay un enorme abanico de opciones posibles, de tal manera que, en las circunscripciones grandes, de más de 10 escaños, el sistema electoral imperante en España asigna los representantes de forma proporcional, pero en las circunscripciones pequeñas el sistema perjudica seriamente a los pequeños partidos. Y es en estas últimas circunscripciones, que son dos tercios del total, donde los votos a las formaciones que no son los del bipartidismo PPSOE son prácticamente inútiles y no obtienen representación.

Este sistema electoral, injusto porque deja sin representación a gran parte del electorado y empuja al “voto útil” a otra gran parte, no es desde luego inocente, sino el resultado político de intentar dejar sin representación a partidos de izquierdas con una gran base social distribuida a lo largo de todo el Estado. De hecho, la ley original es preconstitucional y tenía como objetivo garantizar la “estabilidad” democrática e impedir una excesiva fragmentación en el parlamento.

En definitiva, fue una ley escrita para empujar a un bipartidismo excesivo que, en combinación con un sistema de partidos escasamente democrático, permitiera a los poderes económicos influir con más eficiencia en la dinámica política, siendo aprobadas por las cortes orgánicas franquistas que pretendían ser únicamente la base de las elecciones de junio de 1977. Fueron por lo tanto normas provisionales de la transición, aunque sin embargo la Constitución de 1978 recogió los puntos fundamentales de aquellas leyes en su cuerpo jurídico.

Pero, volviendo a la intervención del gobernador del Banco de España sobre la gravedad de la situación, el PIB del 2020 sufrirá una caída estimada entre el 9,5 y el 12,4 % lo que contribuirá a que la Prima de Riesgo se dispare, se rebaje la calificación de la deuda del Estado y se incrementen las dificultades para obtener financiación exterior, factores que actuarán como espoleta de una metástasis recesiva en la economía española. Así, según el Banco de España, la deuda pública de España para el 2020 podría alcanzar el techo ionosférico del 120% del PIB nacional, lo que representa un crecimiento imparable desde el 2005 cuando la Deuda rondaba el 42% del PIB nacional (casi 400.000 millones de €).

Según las previsiones del Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, la crisis del covid-16 provocará que la tasa de paro en el 2020 supere la cifra estratosférica del 20% lo que significará el retorno a escenarios del 2010. Ello, aunado con el drástico descenso de los ingresos del Estado y las Autonomías y el bestial incremento de las prestaciones de desempleo se traducirá en una sensible reducción de los subsidios sociales para el 2021 que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad y a los sueldos de los funcionarios. Así, asistiremos al finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década debido a la pérdida del poder adquisitivo y a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico, lo que podría provocar en un futuro mediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Además, de seguir obviando la inversión en I+D+i, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.

Pedro Sánchez ha elegido a José Luis Escrivá para dirigir el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Las pensiones van a ser uno de los asuntos centrales de esta cartera de nueva creación y este economista ha dado muchas recetas al respecto como presidente de la Autoridad Fiscal (AIReF), tales como aumentar la edad efectiva de jubilación, elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones y buscar alternativa al índice de revalorización.

La factura que deja la crisis del covid-19 hasta la fecha es desconocida. Una caída de la afiliación hasta 18,5 millones de personas, 3,4 millones de trabajadores incluidos en un ERTE – el gobierno dice que ya ha pagado al 98% de los trabajadores acogidos a esta modalidad, pero yo he preguntado a muchos trabajadores y la inmensa mayoría me han dicho que no han percibido un solo euro en dos meses -, 1,3 millones de autónomos en cese de actividad – una grandísima mayoría han comunicado el cierre definitivo de su negocio – y 950.000 nuevos parados; aunque amortiguada por los expedientes temporales, que sostienen paro y ocupación artificialmente de forma transitoria. Si contabilizamos a los 1,9 millones de desempleados previos a la covid-19, cerca del 35% de la población activa se encuentra cubierta por las medidas impulsadas por el gobierno para contener la hemorragia del virus en el empleo, nos dice el eurócrata José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al presentar los datos.

El presupuesto que nos deja la crisis ha escalado hasta cotas nunca vistas: paro y ERTE se llevaron 4.500 millones de euros en el mes de abril, un récord histórico en las prestaciones abonadas por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que se suman a la transferencia de rentas de la Seguridad Social (por prestaciones a autónomos, exoneración de cuotas a los ERTE) por valor de 6.500 millones de euros hasta el me de mayo, mes hasta el que los trabajadores por cuenta propia tenían garantizadas las ayudas, que se han ampliado ahora otros 15 días más con la prórroga del estado de alarma, ampliación que ha dado al traste con el diálogo social a cuenta del terremoto político por el acuerdo del gobierno con Euskal Herría Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, tantas veces repetida como promesa en boca del presidente del gobierno, además de formar parte fundamental en los acuerdos del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS.

¿Qué va a ocurrir cuando la protección temporal de la mayoría de los trabajadores decaiga? ¿Serán suficientes las medidas de contención para conseguir el ansiado mantenimiento del empleo? Desde mi punto de vista, a falta todavía de despejar multitud de incertidumbres respecto a la evolución de la PANdemia, las fases de la desescalada, las condiciones del retorno a la actividad y, por supuesto, las bazas que jugará el gobierno, si nada lo remedia, el año 2020 va a terminar con el paro tan desbocado como en 2010. Es decir, diez años perdidos en un abrir y cerrar de ojos que, desde mi punto de vista, van a provocar un “gran estallido social” en España de consecuencias imprevisibles.

Fuente: Ministerio de Sanidad (24 de mayo de 2020).

Por cierto, refiriéndonos a las cifras oficiales del ministerio de Sanidad sobre la covid-19 en España: 28.752 muertos y 235.772 infectados, sin embargo, no debemos de olvidar que la realidad de las mismas son otras muy superiores. A modo de ejemplo, después de lo casos ocurridos en las dos Catillas de León y La Mancha que duplicaban el número de muertos, según los Tribunales Superiores de Justicia, la Generalitat de Cataluña notificó este viernes al Ministerio de Sanidad 635 fallecidos por coronavirus que hasta ahora el Govern solo había computado como casos no confirmados. La notificación de estos casos, que ha elevado a 6.656 las muertes registradas en Cataluña, provocó “sorpresa” en el Gobierno según puso de manifiesto el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, quien amonestó a la Generalitat por los problemas que ha tenido los últimos días para transmitirle los datos de la evolución de la pandemia en Cataluña. Simón dice haber apreciado “incongruencias” en los datos del Govern, lo que ha obligado a rehacer, una vez más, la serie histórica de Sanidad.

El Govern niega malas prácticas y asegura que “no hay ninguna situación anómala en Cataluña”. El caso es que este viernes Cataluña notificó de golpe 635 fallecidos por coronavirus en diferentes fechas. Las notificaciones llegaron después de que la Agencia de Salud Pública de Barcelona haya validado casos que hasta ahora no estaban formalmente confirmados y que, por lo tanto, no formaban parte de la estadística de Sanidad. Con ello, Cataluña ha pasado de 6.021 a 6.656 fallecidos confirmados por coronavirus.

A través de un comunicado, el Departamento de Salut asegura conocer la realidad de la evolución del virus en Cataluña: “El ministerio nos pide algunos de los datos de los que el departamento publica a diario y los interpreta, pero solo la Generalitat conoce la realidad epidemiológica de Cataluña”.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

25 de mayo

Cuando estoy cumpliendo el 72 día de mi arresto domiciliario, observo que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a cambiar el modelo de informe con el que hace públicos los datos de seguimiento de la covid-19 en España, de tal manera que este nuevo informe ha provocado importantes distorsiones con respecto a los datos ofrecidos por Sanidad hasta el momento. El más destacado está en la cifra de muertos, donde el Ministerio presenta un desfase de 1.918 fallecidos con respecto a los contabilizados anteriormente. Si ayer domingo eran 28.752, hoy la cifra baja hasta los 26.834.

Fuente: Ministerio de Sanidad (25 de mayo de 2020).

Lo primero que se me ocurre preguntar al respecto es si, efectivamente, los muertos de ayer estaban muertos o no lo estaban. No obstante, tendrá que ser el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias quien explique esta misma tarde el porqué de estas diferencias, que también surgen en el apartado de nuevos casos, hasta el extremo de que, si ayer había 235.772 infectados, hoy son 235.400. No creo yo en los milagros, pero tratándose del doctor Fernando Simón cualquier sabe, así que será mucho mejor esperar a mañana para ver como nos vende este cambio a la hora de contabilizar muertos e infectados que, de ser verdad que las cifras fueran así me rompería las manos aplaudiéndole.

Decía el muchas veces maquiavélico Winston Churchill, que padecía de una aversión terrible a las estadísticas, que sólo se fiaba de las estadísticas que el mismo manipulaba, para rematar diciendo que “había verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas”.

Qué duda cabe, sin ser yo ningún experto en la elaboración de las estadísticas, éstas son fundamentales si de verdad se quiere lograr una efectividad en la prevención de cualquier enfermedad o accidente, máxime cuando se trata de la covid-19 de la que dicen los expertos que se sabe muy poco. Por lo tanto, pienso yo se deben aprovechar al máximo la mejor fuente de información que se posea, siendo primordial que todo lo ocurrido en el entorno de la enfermedad o accidente quede reflejado, ordenado y dispuesto para posteriormente apreciar lo que realmente es determinante de riesgo y poder aplicar medidas correctoras para evitar su repetición o sus consecuencias. Desde mi punto de vista, el estudio estadístico de las enfermedades o accidentes es básico para orientar las acciones y técnicas prevencionistas y, siempre que funcionen correctamente la notificación, registro y clasificación de las enfermedades o accidentes, se tendrá una información más real de los resultados conseguidos. No se yo, si en el asunto de la covid-19 se están manipulando, ocultando o mintiendo, aunque a juzgar por lo que se sabe hasta la fecha, según certificaciones de muertes por coronavirus en los registros civiles, según los informes de los mismísimos Tribunales Superiores de Justicia en las dos Castillas de León y La Mancha se está mintiendo de manera descarada. Pero dejémoslo para el final, donde, sin lugar a dudas, tendrá que haber responsabilidades políticas y penales.

Fuente: ECDC y Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 de mayo de 2020.

Hoy me quiero referir, entre otros aspectos de mi diario, a la incidencia de la covid-19 en el contexto mundial y, sobre todo, a los orígenes de la misma. Así, entre las últimas semanas de 2019 y las primeras de 2020, personas aparentemente sanas se pasearon por el mundo contagiando un virus nuevo sin saberlo y sin llamar la atención. Ese virus no solo iba a ser capaz de llevarse por delante a más de 345.000 muertos y 5.000.000 millones de infectados en todo el mundo, según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino también de dañar la economía global, socavar el prestigio de quienes tenían la misión de salvaguardar la salud mundial y, de paso, incendiar la política partidista de países que, como en el caso de nuestro país, siguen enfrascados  en una disputa carroñera, tirándose los muertos a la cara, en medio de esta catástrofe pandémica que nadie vio venir y nadie sabe a ciencia cierta como combatir, pareciendo la mejor forma para ello, recurrir a las estadísticas manipuladoras y tramposas.

Esta es la crónica del virus que apagó el mundo en 100 días, los que van del 8 de diciembre de 2019, cuando el primer enfermo por una neumonía de origen desconocido ingresó en el hospital de la localidad china de Wuhan, hasta la tercera semana de marzo de 2020, cuando la alarma sanitaria por un contagio masivo llevó a decenas de países a confinarse.

Refiriéndonos a nuestro país, se habían perdido 25 días desde que se enfrentó al bicho el 31 de enero con el primer caso positivo que se había dado en la isla canaria de La Gomera en un turista alemán. Los investigadores trazaron la ruta del contagio, llegando a la conclusión que el turista se había infectado unos días antes en Alemania durante una reunión de trabajo que compartió con una compañera que, en un reciente viaje a Shanghái, se había visto con sus padres, residentes en Wuhan.

“Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y el hombre designado por el Gobierno para dar la cara ante España por el coronavirus, está en entredicho. Simón ha acumulado en un mes un catálogo de declaraciones que el tiempo y la evolución de la enfermedad ha ido desmontando día tras día, desde su «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado».

Sin embargo, el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del gobierno español y gran experto de brotes infecciosos, no pareció mostrarse excesivamente preocupado por aquella realidad, limitándose a declarar públicamente: “Hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible. Sigue habiendo una sola provincia de China con transmisión comunitaria”.

Pero no solo eso, sino que se aventuró a hacer un pronóstico que le perseguirá durante los meses que lleva el bicho actuando: “Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local, Si la hay, será transmisión muy limitada y perfectamente controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles”.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (25 de mayo de 2020).

El vaticinio del experto no pudo ser más desacertado. Hoy, España, según las cifras oficiales de sanidad, supera los 235.400 infectados y los más de 26.834 muertos, de los cuales 19.000 pensionistas proceden de los pretanatorios (geriátricos), según las comunidades autónomas. Un estudio de seroprevalencia en toda España apunta que el brote ha infectado al 5% de la población, esto es 2,3 millones de personas.

Ocho días después, el 9 de febrero, Simón volvía a comparecer públicamente porque se había detectado otro caso de un turista británico en Palma de Mallorca: “Esto no supone ningún riesgo para nuestro país puesto que no ha habido transmisión en España”, siendo mucho más categórico cuando el 13 de febrero declaró: “No tenemos coronavirus en España. No hay riesgo de infectarse”.

Y, sin embargo, el bicho ya circulaba como Pedro por su casa por todos los rincones de España desde la primera semana de febrero.

Hoy mismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, por “pérdida de confianza” al no haber comunicado, según fuentes cercanas al instituto armado, que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8 de marzo. A tenor de las distintas versiones que están circulando – vuelvo a reiterar, una vez más, este es mi diario donde recojo lo que está ocurriendo durante el estado de alarma, siempre desde los hechos perfectamente documentados -, la destitución podría deberse a un cúmulo de circunstancias entre las que destaca la investigación del Instituto Armado sobre la expansión del Covid-19 en Madrid, en la que se trata de dilucidar, entre otras cosas, la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón.

Se trata de un informe solicitado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la causa abierta en su juzgado, el número 51 de Madrid, a raíz de la denuncia de un particular por su presunta responsabilidad penal en la convocatoria del 8-M. En ese informe la Guardia Civil señala que Simón “manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis” de la COVID-19. “Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana, como un congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre con 9.000 cargos y afiliados y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores”, indica el informe.

El mando de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, ha sido destituido cuando sus agentes habían enviado informes judiciales que dejaban en una situación delicada a Fernando Simón. Desde 2006 era el asesor del Ministerio del Interior, en la etapa en la que Alfredo Pérez Rubalcaba era el titular del Departamento. Se convirtió poco a poco en uno de los hombres más cercanos al ministro. Llegó a ser el director del gabinete de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Zapatero, cargo que ahora ocupa un comisario de la Policía. Ese puesto está considerado clave porque tiene que ejercer de enlace y hombre de acuerdo entre todas las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Su hermano Francisco llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional.

El ministro considera que ha existido una falta de lealtad por parte de Pérez de los Cobos al no haber informado ni a la directora general ni a él mismo de la investigación. Que Pérez de los Cobos estuviera o no obligado a dar cuenta de la investigación es interpretable, pero es potestad del ministro determinar si con su actuación ha vulnerado la confianza que exige un cargo como el que ha desempeñado hasta ahora. Y lo único que parece claro es que el cese de los Cobos no viene motivado por el contenido del informe, sino por no haber comunicado que se iba a entregar a la jueza al tratarse de un tema delicado.

Pérez de los Cobos fue quien coordinó el dispositivo policial con motivo del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Durante el juicio en Audiencia Nacional sobre el referéndum, el coronel se mostró especialmente duro con la actuación de los Mossos d’Esquadra y acusó directamente al major Josep Lluís Trapero de “poner palos en las ruedas constantemente”. Afirmó que no confiaba nada en Trapero y que si hubiera estado en su mano lo habría apartado del dispositivo especial de aquel otoño de 2017.

Esta es la bandera de la España que se defiende en el barrio de Salamanca, y esta es la banderita que muchos policías lucen en sus pulseras del reloj.

Al respecto, no me cabe ninguna duda de que el juicio, si llega a celebrarse, con el añadido de la destitución de este coronel de la Guardia Civil, traerá consigo otra pelea de órdago a partir de ya, pero siendo consciente de que aquí, el ministro del Interior ha actuado con autoridad, no hace lo mismo con las manifestaciones ilegales – todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, siempre que respeten las normas dentro de un estado de alarma impuesto como consecuencia de una gran catástrofe mundial -, donde la ultraderecha incumple el estado de alarma, adueñándose del espacio público sin que Policía ni Guardia Civil identifiquen y sancionen como lo hacen cuando los convocantes somos nosotros, los trabajadores, cuando salimos, como vamos a salir a la calle, cuando se produzca el estallido social sin PANdemia para defender los puestos de trabajo, los salarios y las pensiones. Queda claro que no es lo mismo actuar en Núñez de Balboa que en Vallecas.

Seamos claros, el ministro Marlaska no quiere forzar una situación incómoda dentro de los cuerpos porque sabe que eso le traería problemas políticos que no quiere tener. Él sabe perfectamente de la progresiva ultraderechización que se está produciendo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), y no puede seguir escondiéndose en la herencia recibida del exministro fascista, Jorge Fernández Díaz, el creador de una estructura policial destinada a impedir la investigación de los escándalos de corrupción del PP y a recabar pruebas falsas contra sus adversarios políticos.

Este ambiente de inacción está provocando un clima de absoluta impunidad que permite ver imágenes de complicidad entre manifestantes de ultraderecha con agentes policiales, algo que sería totalmente impensable si las protestas tuviesen lugar en Vallecas o estuvieran protagonizadas por colectivos de izquierdas.

El gobierno español, con su ministro de interior a la cabeza, tiene que abordar desde ya una urgente democratización de las FFCCSE al servicio del pueblo y no al servicio del poder oligárquico financiero.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

26 de mayo

Hoy, cuando se cumplen 73 días de mi arresto domiciliario, he vivido uno de esos días movidos en las redes sociales debido a mi diario de ayer, con algunos comentarios verdaderamente voxmitivos, lo que me lleva a preguntarme si realmente somos las personas capaces de ver las cosas tal cuan son o, por lo menos, tal y como uno las ve de la manera más objetiva, para lo que es necesario, pienso yo, desprenderse del uniforme de jenízaro partidista y sectario, siempre tan acostumbrados a vencer  al servicio del sultán, dándose el caso, tal como resumía Maquiavelo en El Príncipe, que, en muchas ocasiones, “el sultán estaba en poder de los soldados” porque seguía diciendo Maquiavelo que para conservar el trono “es menester que este soberano, que no hace caso ninguno del pueblo, mantenga a sus guardias en la inclinación de su persona”.

Algunos pensadores van más allá y niegan que exista siquiera eso que llamamos realidad. El conservador Neville Chamberlain, primer ministro británico entre 1937 y 1940, siempre seguirá ocupando un lugar en la historia por un clamoroso error de juicio, cuando en setiembre de 1938 confió en Hitler y firmó con él en Múnich un acuerdo que de vuelta a Londres vendió como “paz para nuestro tiempo”. Ya sabemos como acabó aquella paz…

En una carta a su hermana, Chamberlain le explicó que “cuando Hitler me dio el doble apretón de manos que reservaba para sus demostraciones especiales de amistad tuve la impresión de que era un hombre en cuya palabra se puede confiar”.

Me viene esto a la cabeza después de tanto engaño, tanta manipulación y tanta mentira, de los “unos” y los “otros”, a lo largo de mis 72 años de edad, de los cuales llevo 56 en primera línea de fuego en defensa del socialismo. Tarea que siempre he realizado acorde con mis posibilidades, sin haber percibido salario alguno por ello, y pienso que, recordando a Descartes, es prudente no fiarse por entero de quien ya nos ha engañado, no una vez, sino varias.

Soy votante de UNIDAS PODEMOS. Estoy de acuerdo con su proyecto político, pero lo mismo me da que el “engañador” se llame de esa manera, se llame PSOE, Izquierda Unida, se llame PP, C’s o se llame Perico el de los Palotes. Cuando algunos o algunas de esos y esas ninis que llevan cuatro horas y veinte minutos buscándose un “puestín” que les permita ir haciéndose profesionales de la política, Antón Saavedra ya elaboraba y tiraba propaganda contra el franquismo a la edad de 16 años. Por lo tanto, lecciones de sensibilería revolucionaria de cartón, ni una, y menos de esos estudiantillos que piensa que por haber estado media hora sentados en las plazas de los ayuntamientos con una camiseta del Che Guevara siempre están en posesión de la verdad.

Antón Saavedra en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, el 19 de mayo de 2011.

Yo también estuve en las primeras concentraciones del 15-M en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, pero para seguir defendiendo mi verdad, como siempre ha sido en mi trayectoria, sin importarme nunca, ni antes ni ahora, si gusta o no gusta.

Tengo muy claro desde hace muchos años que la verdad y la política partidista nunca mantuvieron una buena relación y, hasta donde yo sé, nadie ha incluido la sinceridad entre las virtudes políticas. Siempre se ha considerado que las mentiras eran los mejores instrumentos no sólo del oficio de político o demagogo, sino también del oficio de estadista, especialmente cuando se es títere de los poderes económicos.

Es verdad que solemos caer reiteradamente en el dicho ese de que todos los políticos son iguales, pero no es menos cierto que eso tampoco responde a la verdad, cuando nos referimos, por ejemplo, a dos casos concretos que todos conocemos; Julio Anguita y Gerardo Iglesias.

Por otra parte, al menos, existe un intelectual del movimiento obrero del siglo XX que sí incluyó la sinceridad y la veracidad entre las virtudes políticas. Y no sólo negando la mayor, o sea, que en política la verdad sea impotente, sino afirmando además el carácter revolucionario del decir la verdad en política. Este pensador se llamaba Antonio Gramsci. Fue un activista político, italiano y comunista, que defendió al mismo tiempo, y sin reservas, dos cosas que, por lo general, suelen oponerse siempre en el mundo contemporáneo: el valor de la verdad en la vida política y la tradición maquiaveliana. Un caso insólito sobre el cual parece pertinente reflexionar, pero en otro momento de manera mucho más profundamente sobre las nociones de verdad y revolución.

Mientras tanto, Antón Saavedra sigue pensando que la verdad debe ser respetada siempre, con independencia de las consecuencias que puedan seguirse de ella; y las convicciones propias, si son fe viva, deben encontrar en sí mismas, en la propia lógica, la justificación de los actos que se considera necesario llevar a cabo. Sobre la mentira, sobre la falsificación facilona sólo se construyen castillos de viento que otras mentiras y otras falsificaciones pueden hacer desvanecerse.

Como he dejado escrito en mi primer diario, solo pretendo dejar testimonio de una época que me ha tocado vivir en arresto domiciliario durante el confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado por el gobierno de España, dejando claro que si bien para algunos pudiera resultar una pérdida de tiempo la escritura diaria de todo lo que les acontece en su vida, para muchos otros, como es mi caso, consiste en una excelente alternativa para llevar un registro de aquellas experiencias y vivencias importantes e inolvidables, para reflexionar sobre los acontecimientos que se suceden. Para ello y por ello he tratado de llevar mi diario de la manera más sincera y lo mas apegado a la realidad, a la verdad de los hechos, siempre perfectamente constatados.

De repente me encuentro con algunos de esos jenízaros y jenízaras a los que me refería cambiando su nombre por el de “Yo soy Simón”, refiriéndose al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el mismo que, entre otras “lindezas” llegó a afirmar, refiriéndose a la covid-19, que “Esto no supone ningún riesgo para nuestro país puesto que no ha habido transmisión en España” o que “No tenemos coronavirus en España. No hay riesgo de infectarse”.  Pues bien, después de haber dedicado dos o tres de mis diarios a realizar todo un recorrido cronológico de los hechos y las fechas, de los que no estoy dispuesto a quitar una sola coma por estar perfectamente constatados de manera documentada, ayer mostraba mi extrañeza porque Sanidad había “limpiado” 2.000 muertos de las cifras oficiales que diariamente nos ofrece el propio ministerio, de tal manera que si el domingo eran 28.752 los muertos desde que empezó la pandemia, ayer la cifra se rebajaba en 1918 y ahora figuraban 26.834 víctimas en el registro del ministerio, que no en los registros civiles.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Jhons Hopkins CSSE.

La justificación que nada justifica, ya que la realidad es que para seguir ocultando la realidad de la catástrofe este doctor que, parece estar cambiando su profesión de sanitario por la de político, ha cambiado en siete ocasiones la manera de computar los casos de la pandemia con su correspondiente baile de cifras, tal como si se tratase de la contabilidad de un mercado. Hoy, 26 de mayo, me asomo al portal del ministerio de Sanidad y me encuentro con las cifras de 27.117 muertos y 236.259 infectados.

Pero la refriega surgió cuando el ministro del Interior, el tal Marlaska, aquel de la polémica del Yak 42; el mismo que quiso ser Fiscal General del Estado cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa; el que impulsó el caso Faisán por el chivatazo a ETA que el PP, entonces en la oposición, utilizó para dinamitar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; aquel que llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP donde trabajó mano a mano con el presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial, Carlos Lesmes, al ser nombrado miembro de la Comisión Permanente, el centro de decisiones del órgano de gobierno de los jueces; y como no, el mismo que despertó también polémica cuando negó que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se vulneraban los derechos fundamentales de las personas allí internadas. Ese es el ministro del Interior del gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, que ayer mismo destituía de manera fulminante de su puesto de máximo responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, justificándolo en una “pérdida de confianza”, pero que a nadie se le escapa el trasfondo político. Para aclarar esta cacicada que ha enfrentado al propio ministerio de interior con la justicia hay que detenerse en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, donde se instruyen las correspondientes diligencias por una presunta prevaricación del Delegado de Gobierno en Madrid, un tal Franco, por autorizar reuniones multitudinarias – entre ellas la del 8-M – cuando la OMS había recomendado su prohibición para prevenir el contagio masivo por coronavirus, siendo determinante el informe encargado por la magistrada a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes del coronel Pérez de los Cobos.

Entre la documentación que figura en el informe enviado al juzgado, hay datos que cuestionan el papel del portavoz sanitario del gobierno en la crisis, Fernando Simón, entre ellos un documento firmado por él mismo días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de una iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus, tras una reunión mantenida junto al ministro de Sanidad, el filósofo Salvador Illa y los representantes de dicha congregación: “Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto, por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública”. En esos términos se dirigió Fernando Simón, el día 6 de marzo, tan solo 2 días antes de la manifestación del 8-M, a los representantes de las iglesias evangélicas ante el congreso Unlimited 2020 que estos querían organizar esa misma semana.

Congreso de la Iglesia Evangelista suspendido el 5 de marzo de 2020.

Era la segunda vez en menos de 24 horas que los representantes sanitarios se dirigían en esos términos a estos representantes religiosos. El día anterior, en otra reunión de similares características, les manifestaron otra vez más, de un modo “taxativo”, la imposibilidad de celebrar ese evento.

Los agentes analizan 177 concentraciones convocadas en la región entre el 5 y 14 de marzo, concluyendo los investigadores que “a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación” por el avance ya imparable de la pandemia.

El informe consta de 83 páginas, divididas en seis partes: la evolución de la amenaza de la Covid-19 y las recomendaciones de los organismos internacionales ante la amenaza, la documentación aportada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la documentación aportada por la Delegación del Gobierno, la documentación aportada por el Ayuntamiento de Madrid, un análisis de las cuentas oficiales de Twitter de la Delegación del Gobierno, y las conclusiones sobre la investigación.

A partir del 5 de marzo, dada la cantidad de avisos internos y cancelaciones de eventos en las semanas anteriores, los agentes concluyen que tampoco se deberían haber celebrado unas manifestaciones y cancelado otras. Según los investigadores, en esas fechas ya existía un “profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.

A esa reunión, por ejemplo, asistieron el Ministro de Sanidad, Salvador Illa; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el Secretario General de Sanidad, Faustino BLANCO, y la Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Yolanda Fernández. También estaban presentes los dos representantes de Iglesias Evangélicas.

El informe es meridianamente claro en sus conclusiones. Esas recomendaciones “imperativas” que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al “colectivo evangélico” y el “nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones” son indicios de la “preocupación” de estos frente a la pandemia y “su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios”.

130 manifestaciones se celebraron en aquellos días, 35 fueron desconvocadas. Sin embargo, tal y como consta en el documento, ese mismo domingo permitieron la manifestación del 8-M pese a las estimaciones de una masiva afluencia de gente, siendo el mismísimo Fernando Simón quien decía en rueda de prensa pública que “si mi hijo me pregunta si puede ir al 8-M, le diré que haga lo que quiera”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este martes 26 de mayo la aplicación del tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y supondrá un gasto de 247 millones de euros para la subida de sueldos de los agentes. Esta subida salarial se anuncia justo el día que ha dimito el Director Operativo de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña. La aplicación de este tercer tramo de subida salarial para equiparar los sueldos a los de las policías autonómicas se realizará en los próximos meses, pero con efecto retroactivo al uno de enero, según ha precisado el ministro. (26 de mayo de 2020)

De penosa, mentirosa y políticamente indecente se puede juzgar la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que intentó explicar el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid el coronel Diego Pérez de los Cobos, como consecuencia de una reestructuración de su ministerio.

Una burda patraña cuando ya era del dominio público que dicho cese fue una represalia de Marlaska por negarse Pérez de los Cobos a revelar el contenido del informe realizado a petición de la juez Carmen Rodríguez Medel. Un informe y una actuación del ministro de los que podrían desprenderse responsabilidades penales para Marlaska por los delitos de prevaricación y amenaza para la revelación de secretos, en los que también podrían estar incursos el ministro de Sanidad, Salvador Illa y su colaborador Fernando Simón, sin descartar en absoluto que este pueda ser el “caso Sánchez”. En definitiva, otra feroz lucha cainita entre las dos facciones del bipartidismo político parece estar, está desarrollándose en los subsuelos institucionales entre los diferentes poderes que se reparten la Administración de la máquina del Estado. Cada cual que saque sus propias conclusiones.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

27 de mayo

Hoy cuando se inicia el 75 día de mi arresto domiciliario, después de pegarme una ducha de agua fría y desayunar, me dispongo a ver el debate televisado de control del gobierno en el Congreso de los Diputados, donde  el presidente del PP, Pablo Casado, preguntaba  a Pedro Sánchez si va a derogar el Gobierno de forma íntegra la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo la contestación literal del presidente: “En mi debate de investidura dije que íbamos a recuperar derechos laborales y reconstruir los consensos sociales rotos con el diálogo social. Sí, vamos a recuperar los derechos arrebatados y los consensos rotos por su anterior legislación”, evitando en todo momento referirse a la derogación íntegra de la reforma laboral que pactó con Euskal Herría Bildu y UNIDAS PODEMOS a cambio de su apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma.

Pablo Iglesias en su intervención en el parlamento explicando lo que antes era una reforma integral de la reforma laboral y ahora es un desmontaje, el 27 de mayo de 2020.

Aunque el vicepresidente Pablo Iglesias abogó por la derogación íntegra y de un plumazo, mientras que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sigue considerando que es inviable y que, como mucho, habría que ir paso a paso modificando los aspectos más lesivos de la reforma, me sorprendió enormemente la manera de aplaudir enfervorizadamente la intervención de Pedro Sánchez por parte de Pablo Iglesias.

En ningún momento de la intervención de Pedro Sánchez ha conjugado el verbo derogar. Lo que ha dicho es que va a “recuperar los derechos laborales arrebatados y a reconstruir los consensos sociales rotos” con la reforma laboral aprobada por el PP. De esta forma, Sánchez incide en las explicaciones aportadas por Calviño y por la ministra portavoz, María Jesús Montero, no en las de Iglesias.

¿Ha cambiado la posición de UNIDAS PODEMOS con respecto a la reforma integral de la reforma laboral para aplaudir de aquella manera la intervención de Pedro Sánchez después de sus recientes declaraciones públicas, hechas el 21 de mayo, cuando afirmaba que “Voy a ser cristalino en esto: ‘¿Pacta sunt servanda’ (lo pactado obliga)” y “lo firmado es lo acordado, cada partido puede hacer las matizaciones que quiera”?

¿Acaso la han cambiado ese 11,25 % de los 59.201 votos emitidos sobre un censo de 526.164 personas inscritas en Podemos que participaron en la reelección como secretario general de Pablo Iglesias en la III Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos el pasado 21 de mayo, donde no me consta que se hayan debatido ponencias de ningún tipo, salvo el incremento de los salarios de acuerdo con lo estipulado en los organismos e instituciones y la ampliación de ocho a doce los años para permanecer en los cargos?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con los acuerdos firmados para la derogación integra de la Reforma Laboral

Sin embargo, todo el debate ha girado en torno a lo sucedido alrededor del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que huele mal, muy mal, y debería llamarse a la prudencia antes de precipitarse realizando declaraciones incendiarias.  El clima de crispación, el partidismo y el poder de los sondeos electorales por encima de los informes sanitarios propicia todo lo contrario, echando más gasolina a una pira que está quemando vivo a nuestro país. Cuando me encuentro redactando mi diario de hoy estoy escuchando en la radio la dimisión del teniente general Fernando Santafé como responsable del Mando de Operaciones del Instituto Armado. Otra baja en el cuadro de mandos de la Guardia Civil que se suma a la dimisión del director adjunto operativo, general Laureano Ceño, como protesta por el cese del coronel Pérez de los Cobos que no viene sino a agravar aún más si cabe la crisis abierta por el ministerio de Interior tras cesar a este por “pérdida de confianza”.

Con los datos que tenemos hoy en día, casi todos, incluido el informe íntegramente, el primer error lo cometió el Gobierno. Una vez más, y durante la crisis sanitaria este tipo de torpezas se acumulan, la comunicación hizo aguas por todos lados. La falta de transparencia en este asunto tan sensible ha generado una hostilidad que no hacía falta ser muy inteligente de anticipar. No es de recibo que se anuncie la destitución de Pérez de los Cobos sin más explicación que una “pérdida de confianza”, por mucho que se trata de un cargo que requiere de ésta. Es preciso detallar qué ha motivado esa pérdida de confianza, y no se hizo. El bipartidismo PPSOE han convertido la pandemia en el campo de batalla donde dirimir sus litigios

No nos engañemos, lo que se está librando es una feroz lucha cainita entre las dos facciones del bipartidismo político. Las redes sociales se han inundado de biografías del coronel destituido, aunque siempre desde la parte interesada. Efectivamente, el coronel Diego Pérez de los Cobos era ya ampliamente conocido por las tareas desempeñadas en Cataluña el 1 de octubre de 2017, coincidiendo con la celebración del Referéndum convocado por el Govern de esa Comunidad.

Pero no es este el único rasgo relevante de la trayectoria vital de Pérez de los Cobos. Su biografía está repleta de páginas que no pocos considerarían cuando menos “oscuras”. Destinado en Euskadi en la década de los 90, Pérez de los Cobos fue uno de los poquísimos Guardias Civiles que fueron procesados por torturas en ese territorio del Estado. Proviene de una familia acomodada, y su padre ya integró la candidatura al Congreso por el partido falangista de “Fuerza Nueva” que dirigiera el conocido dirigente de ese grupo político, Blas Pinar. Su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2011 y 2017, y presidente del Tribunal Constitucional entre el 2014 y 2017.

Sin embargo, no se dice que Pérez de los Cobos, diplomado en Estado Mayor y antiguo número uno de la Jefatura de la Policía Judicial de la 112 Comandancia de la Guardia Civil, fue desde 2006 y durante cinco años asesor de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, y que en el año 2011, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, el coronel fue nombrado director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, manteniendo el cargo cuando Mariano Rajoy llegó a la Presidencia. Un hecho no precisamente anecdótico y que demuestra su perfil de hombre de Estado más que de partido. Es decir, el hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba que sobrevivió a ETA, al procés y a uno de esos cambios de gobierno que suelen resultar letales para los cargos de confianza, no ha podido sobrevivir a Pedro Sánchez, a Fernando Grande-Marlaska y a las investigaciones judiciales de un informe sobre las movilizaciones de la covid-19.

La jueza que lleva el caso, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, había encargado a este coronel una exhaustiva investigación sobre el asunto, y este no comunicó a sus superiores el encargo que le había encomendado la jueza, alegando que ésta le había “ordenado”, expresamente, que no lo hiciera. A mí, por lo menos, me causa cierto estupor el cese de este personaje cuando tan solo hace unos meses recibía felicitaciones por parte del gobierno actual en las actuaciones que libraba en Cataluña. Ahí lo dejo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en un acto con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Pero, sin salir del mismo escenario, ¿Quién es la jueza que encabeza la investigación sobre el polémico informe, Carmen Rodríguez-Medel? Pues, tampoco es, en absoluto, una desconocida en sus compromisos políticos. Se trata de una magistrada de claras tendencias conservadoras, hija y hermana, igualmente, de guardias civiles. Fue, asimismo, asesora de Rafael Catalá, el ex ministro de Justicia del gobierno Rajoy. Pero todo hay que decirlo, Rodríguez-Medel es la misma juez que puso contra las cuerdas al mismísimo Pablo Casado por la causa del máster, y que el Supremo terminó archivando al no apreciar «indicios consistentes» de su participación delictiva. Por las manos de Rodríguez-Medel también pasó la tesis de la exministra Carmen Montón e imputó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso del máster.

Antes de tomar posesión del Juzgado número 51 de Madrid, la magistrada se había fajado en dos investigaciones contra la corrupción urbanística. Desde los juzgados de Marbella, Rodríguez-Medel instruyó la primera pieza del caso Minutas, que condujo a la condena de José María del Nido, el presidente del Sevilla F.C., y el caso Malaya. En una de las causas urbanísticas que investigó estuvo involucrado el actor Sean Connery.

Independientemente de si la autorización de la manifestación del 8-M tuvo algún tipo de influencia especial en la multiplicación de los contagios, lo que sí está claro es que cualquier tipo de concentración masiva y espectáculos públicos en los que se produjera aproximación física de sus participantes incidió – como ha quedado archidemostrado – en el desarrollo de los contagios. El polémico informe de la Guardia Civil elaborado para la causa, con todos los errores que pueda contener, mantiene como principal conclusión que ninguna manifestación “se debería haber realizado” desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los “riesgos”. Pero la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno de la Comunidad y único imputado, José Manuel Franco, rechaza esa tesis: “Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”.

En la actualidad, y sin que se haya superado aún la primera ola de la enfermedad, puede volver a suceder lo mismo en la medida en que las dos facciones políticas en liza continúen tratando de competir en la aplicación de la “desescalada” hacia una pretendida “normalidad” que carece de las medidas de seguridad necesarias. Los cambios de posiciones de ambos grupos en relación con el tema en función de puro oportunismo político, no sólo expresan el surrealismo que domina la política española, sino que ponen en grave riesgo la salud de una parte de la población, donde cada día resulta más complicado conocer la foto fija de la pandemia en España, porque la precisión en la recogida de datos lleva casi siempre a la confusión –  llego a pensar si no se está haciendo de una manera premeditada para seguir contribuyendo a la estrategia de la crispación -. Ayer mismo el ministerio de Sanidad contabilizaba 27.117 muertos por la covid-19, 283 más que el lunes, cuando el número de muertos había bajado en casi 2.000 personas por cambios en la metodología, y hoy tenemos las cifras oficiales del ministerio de Sanidad con 27.718 muertos y 236.769 infectados.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (27 de mayo de 2020).

Lo que más me llama la atención, tal y como he dejado explicado en otros diarios anteriores, es la tragedia que representan las pensiones, donde, por primera vez en la historia, registra la primera caída del gasto mensual como consecuencia de las muertes provocadas por la covid-19, hasta el extremo de quedar reducido el número de pensiones en 45.000 prestaciones menos en el mes de febrero.

Pero, volviendo al asunto que está creando una grave crispación entre la ciudadanía, de la misma manera que hay trivialidades que te cambian la vida, en ocasiones también se cometen estupideces que determinan la historia. Un simple panadero que se dejó el horno encendido arrasó Londres en 1666 en un pavoroso incendio de tres días que consumió la ciudad como una cerilla. Hay que prestar atención a los detalles nimios, a las pequeñas chispas, y tener a mano agua y no gasolina para evitar una barbacoa salvaje que, como poco, te chamusque las pestañas. Y este gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene una mala relación con el fuego. Mucho tacticismo, mucha ala oeste de Moncloa y demasiada tontería, en definitiva, pero es incapaz de afrontar cualquier menudencia sin provocar algo parecido a una catástrofe. Es posible que haya alguien a los mandos, pero en los fogones vigilando el puchero, ni dios.

Puede ocurrir así que un procedimiento judicial absurdo se convierta en un escándalo político mayúsculo perfectamente evitable. Júntese un abogado que quiere hacerse famoso – si no lo era ya por algunas acusaciones de estafa de sus clientes -, una jueza que pretende seguir en el machito tras sentir el calor de los focos por su instrucción del caso Cifuentes, y un ministro con el sutil sentido del tacto del Capitán Garfio, y se obtendrá el enésimo carajal al que el Ejecutivo se enfrenta sin necesidad alguna cuando todas sus energías deberían estar centradas en combatir la pandemia y aliviar sus espantosas secuelas.

Pues bien, en vez de dejar que el asunto siguiera su curso normal en los juzgados, el exmagistrado ministro Marlaska entró en acción y decidió fulminar por desafección al responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, al que se le podía haber destituido en cualquier momento del pasado reciente o del futuro inmediato, aunque ello habría requerido que Marlaska estuviera dotado de alguna pizca del don de la oportunidad del que carece.

La primera y más inmediata consecuencia, la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, heroico gesto de quien estaba llamado a jubilarse una semana después. Todo por la patria, amigos. La segunda, la destitución del teniente general Fernando Santafé como responsable del Mando de Operaciones del Instituto Armado, y la tercera, dar munición a una derecha que ya tiene saturado el polvorín, y que no ha tardado un segundo en pedir la cabeza del propio Marlaska por sectario. Para apaciguar los ánimos, no se le ocurre otra cosa que subirles el sueldo a la Guardia Civil y Policía Nacional en plan toma pan y deja que te diga tonto. De traca.

Por si no fuera suficiente, un pueblo enfrentado, crispado. Desde mi punto de vista, para obtener el poder para sentarse en las poltronas – no el verdadero poder en manos de la oligarquía financiera -, no puede vale todo y, sobre todo, no vale la deslegitimación permanente y sistemática del adversario, de los unos y los otros,  entendiendo esta estrategia de la crispación como un desacuerdo permanente y sistemático sobre algunas iniciativas del antagonista político, presentadas desde la otra parte como un signo de cambio espurio de las reglas del juego y, en última instancia, como una amenaza a la convivencia o al consenso democrático.

Es española solo desde el año 2007, y no nació en Cataluña sino en Madrid. Hay quien considera que Pablo Casado quiso dar un toque de glamour aristocrático al PP con su fichaje para combatir a Iván Espinosa de Los Monteros de Vox, pero él no se presenta por Cataluña. Analizamos la catalanidad de la marquesa de Casa Fuerte, a quien su jefe definió como “nuestra Messi”. Nació en Madrid, de madre francesa y padre español. Pasó los primeros años de su vida en Argentina y hasta los 17 años no adquirió la nacionalidad de nuestro país. Es una mujer cosmopolita pero la catalanidad le viene por matrimonio.

La tristeza era que, mientras Alemania, flanqueada por Francia, enviaba un potente mensaje al mundo –“no vamos a dejar que la Unión Europea se desintegre”– en el espejo cóncavo del Parlamento español se discutía sobre el FRAP, organización revolucionaria de los años setenta, más o menos protegida por China a través de Albania, alcanzando la crispación tal grado  en el llamado debate parlamentario que hasta la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo se permitió llamar «terrorista» al padre del vicepresidente Pablo Iglesias: “usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político». Esa ha sido la acusación, literal, de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno en el llamado debate parlamentario.

Lo que no ha mencionado la tal Álvarez de Toledo es que ella misma compartió partido político con un ex miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) – la organización a donde supuestamente había pertenecido el padre de Pablo Iglesias durante el franquismo -, concretamente con Rafael Blasco, que fue detenido por pertenecer al grupo, aunque luego sería consejero de la Generalitat Valenciana por el Partido Socialista, pasando a engrosar en los años 90 las filas del PP de la mano de Eduardo Zaplana, formando parte del ejecutivo regional y ocupando la Consejería de Bienestar Social, de Ordenación del Territorio, de Sanidad y de Solidaridad y Ciudadanía. En 2012 quedaría apartado por su implicación en el llamado “Caso Blasco”, por el que fue condenado por corrupción, siendo condenado e ingresado en la cárcel, de la que saldría a los tres y siete meses, cuando le concedieron el tercer grado.

“Salimos fuertes” proclama el Gobierno en su última campaña institucional, por cuya paternidad mejor no preguntar. La torpeza elevada a categoría de arte. Si es que hay que reírse por no llorar.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y Republica.

28 de mayo

Cuando me dispongo a cumplir con mi 75 día de arresto domiciliario me encuentro con un gobierno vestido de luto y una oposición que se ha calado el tricornio de charol cuando la política, a pesar de la catástrofe que nos ha tocado vivir, son cruzadas verbales, tal como si ambas estuviesen asistiendo a un concurso de frases, insultos y posados. Pura cáscara, palabrería prescrita, en el momento en que estamos a punto de entrar en la fase de sin PANdemia a la vez que causando un enorme daño a la democracia.

Los unos piensan que esto puede acabar a hostias y los otros piensan al revés, aunque en el fondo estén pensando en lo mismo, esto es en la rentabilidad electoral que les puede reportar esta pandemia para seguir ocupando las poltronas ministeriales. Ayer vimos cómo los unos le ponían a huevo a los otros con escándalos como el de Pérez de los Cobos, firmante, que no autor, del informe sobre las concentraciones y movilizaciones referidas a la covid-19, realizado por encargo de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. No seré yo quien vaya a poner o quitar una sola coma en la actuación de esta magistrada. Si hay mucho que investigar, que se investigue, y si hay poco, también.

La polémica desatada por el informe, las destituciones y los ceses en la Guardia Civil le ha pillado a Rodríguez-Medel en el papel de juez instructora, pero no olvidemos que también pudo haber sido en el de máxima responsable del Instituto Armado, porque su nombre fue uno de los barajados recientemente por el gobierno actual para dirigir el cuerpo. Nada extraño, por otra parte, ya que es hija y hermana de guardias civiles y ha dado muestras a lo largo de su trayectoria judicial de su ambición y su capacidad.

La cuestión es que el ministro Grande Marlaska ha asumido el coste de la crisis con un protagonismo exclusivo, que deja fuera del foco tanto a la directora de la Guardia Civil, como al secretario de estado de Seguridad que son mandos intermedios entre el gobierno y el benemérito cuerpo del que forman parte 78.000 profesionales, incluidos cuatro tenientes generales y 70 generales de brigada o división.

El cese fulminante de un coronel de zona es un acontecimiento que requiere explicaciones (y menos ruido) y las que ha dado el ministro en sede parlamentaria y ante la opinión pública apestan a urgencia, improvisación, politiquería y a mentiras impropias de una persona con la trayectoria del juez Marlaska.

Estamos, desde mi punto de vista, ante un caso práctico de las imposiciones de la zona oscura de la política práctica. Probablemente Marlaska no tenía otra alternativa que atrincherarse con el aplauso de su bancada y la bendición de un presidente del gobierno que trabaja al día.

Nada sabemos sobre cómo llegó el informe de la policía judicial a la magistrada del Juzgado 51, informe sometido a confidencialidad requerida con mucha formalidad por la jueza. Parece obvio que el informe se haría público en su momento procesal, y que su valor es relativo y discutible, pero el gobierno no tenía derecho a conocerlo antes de tiempo. Lo conoció y actuó de inmediato con todos los recursos a su disposición para reventar el informe y el caso. Una cuestión en la que no voy a entrar hoy en mi diario, por haberlo hecho de manera exhaustiva en otros dos de mis anteriores diarios.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno de España en el Congreso de los Diputados, el 18 de mayo de 2020.

Sin embargo, sí me voy a referir a la comparecencia de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo – por cierto, una de las infectadas a partir de su participación en la manifestación de la mujer el 8 de marzo -, en el Congreso de los Diputados el 18 de mayo, donde mostró una preocupación y una diligencia extremas del Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Una inquietud que le llevó desde el 7 de enero a hacer advertencias a las comunidades autónomas; crear comités de seguimiento, de situación y científicos; activar células de coordinación; recabar todo tipo de datos, incluidos los proporcionados por el CNI, y planear estrategias sanitarias, de movilidad, educativas… para frenar el contagio. Este temor se elevó muchos grados el 4 de febrero, cuando el Gobierno ya sospechaba la rápida expansión de la enfermedad. Del relato minucioso que hizo Calvo se desprende el miedo que albergaba ya entonces el Ejecutivo ante una previsible transmisión del virus y que se compadece mal con el aliento que dio a las concentraciones masivas del 8-M y la no prohibición de celebración de algunos grandes eventos en los primeros días de marzo, cuando a la pregunta de un periodista sobre «¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir a la manifestación?», Calvo respondía: «Le diría que le va la vida, que le va su vida. Que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad». Y «como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tiene que formar parte de esto, que estamos viviendo en el siglo XXI, y que por más que se empeñen quienes se empeñen, esto ya no tiene retorno», añadía.

Ministras y ministro Marlaska en la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Cuatro ministras infectadas por la covid-19, pero por viajar en el metro ese día.

El 7 de enero, según explicó Calvo en la Comisión Constitucional, el Gobierno tenía noticias “nada preocupantes” desde Wuhan, pero el CAES decide comunicar a las comunidades autónomas la necesidad de “empezar a tener en cuenta la aparición en el horizonte sanitario de un nuevo virus, el Covid-19”, de tal manera que el 13 de enero, se decide, de acuerdo con el relato de la vicepresidenta, “nombrar un comité de seguimiento continuo y permanente con las comunidades autónomas teniendo en cuenta que el sistema público de salud está transferido casi en su totalidad”.

El día 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud “ya nos avisa de que probablemente estamos en una emergencia y nosotros”, explicó Calvo, “empezamos a cumplir todas las recomendaciones internacionales de la OMS y del organismo europeo que lleva el seguimiento y prevención de enfermedades para la coordinación de los estados miembro de la UE”.

Así llegamos a la fecha del 4 de febrero, cuando a la vista de los datos disponibles, “el Gobierno decide crear un comité interministerial”. Y lo hace, según Calvo, al darse “cuenta” de que “la propia Organización Mundial de la Salud habla de emergencia sanitaria ya”.

En ese comité “trabajan diferentes ministerios para adelantar algunas cuestiones que podían ser absolutamente obligatorias, llegado el caso, de coordinación de políticas que tenían que ver con Interior, Defensa, naturalmente Sanidad, obviamente también con todas las políticas de Movilidad y con algunas que, en segundo lugar, se podían ver afectadas, fundamentalmente de Educación”.

Este despliegue se llevó a cabo porque, en palabras de la vicepresidenta, “estábamos hablando de una emergencia y, por el conocimiento de los técnicos, una emergencia de estas características podía conducir a la expansión de un virus sobre el que la OMS todavía decía que era controlable”.

El comité interministerial empezó a reunirse y lo hizo “seis veces: tres en rango técnico” a fin de que, “los expertos pusieran al Gobierno sobre la pista de algo que fuera más que una simple emergencia controlable como decía la OMS”. Las tres reuniones técnicas se celebraron el 26 y el 28 de febrero y el 6 de marzo. Los otros tres encuentros se llevaron a cabo “con la presencia del presidente” los días 25 de febrero y 10 y 13 de marzo.

El 19 de febrero, de acuerdo con la cronología relatada por Carmen Calvo, se reúne el comité de situación, un organismo previsto en la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Ese comité se ha reunido en cinco ocasiones: el 19 de febrero y, después ya, el 16 de marzo y el 6, 17 y 28 de abril.

Este comité es “el que puede asesorar directamente al presidente del Gobierno para suministrar todo tipo de datos de tal manera que pueda tener un diagnóstico certero de las decisiones que se pueden ir tomando”. Este órgano ha estado presidido en todas sus reuniones, salvo una, por la propia Calvo.

“Para mayor eficacia», precisó, se activó también «una célula de coordinación que se ha reunido todos los días a partir del 19 de febrero”. Esta célula “registra todos los datos que el Gobierno puede necesitar para el seguimiento de la pandemia, la movilidad, el contagio, los sanitarios y todo tipo de datos que suministra también el servicio de Inteligencia”.

A partir de esa fecha, la vicepresidenta primera del Gobierno da un salto de 20 días obviando lo acontecido en los primeros 10 días del mes de marzo, continuando con la fecha del 11 de marzo, cuando la OMS declara la situación de pandemia. “Habíamos pasado en muy pocos días, en casi 24 horas, de una emergencia controlable, según la OMS, a la declaración de pandemia”, en palabras del número dos del Gobierno.

El 13 de marzo se celebra una reunión del comité interministerial y, como explica Calvo, “el presidente decide que era el momento de declarar un estado que nos permitiera parar la movilidad de las personas y poner en marcha la alarma”.

Como slogan está muy bien, pero muchas y muchos acabaron en la UCI y en el cementerio.

Esa reunión finaliza en torno a las 12.00 horas. A partir de ese momento, se empieza a discutir el decreto de estado de alarma. El trabajo dura siete horas. La redacción del texto finalizó de madrugada, a las 4.00 horas, del 14 de marzo. El Consejo de Ministros activa ya esa misma mañana el mecanismo de excepcionalidad constitucional que entra en vigor a medianoche.

Tal y como he dicho desde el inicio de mi diario, allá por 15 de marzo, éste se iba a limitar a recoger lo sucedido día tras día, siempre de acuerdo con las versiones constatadas y documentadas, en este caso recurriendo al diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pero la realidad, volviendo al informe de la Guardia Civil que provocó el cese del coronel revela muy claramente que la Delegación del Gobierno en Madrid se resistió a entregar información sobre la fecha del 8 de marzo, lo que hace sospechar a cualquier persona con dos dedos de frente, que el gobierno está ocultando datos de una manifestación que, póngase como se quieran poner quien así lo desee, desde mi punto de vista, jamás debió de celebrarse. Ni esa ni las otras casi cien concentraciones multitudinarias previstas en esas fechas. Y digo más, lanzar a la Abogacía del Estado a sabotear la instrucción de un proceso, como está ocurriendo en muchos casos con esta justicia bipartidista, presentando un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que dio lugar al inicio del procedimiento judicial, es la enésima constatación de la falta de escrúpulos por parte del gobierno, empecinado en erosionar las instituciones todavía más de lo que están.

Por cierto, casualidades de la vida, la abogada del Estado designada para el asunto no es otra que Rosa María Seoane, la misma que sustituyó a Edmundo Val en el juicio del “procés”, que fue relevado por la hoy fiscal general y ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que negara la rebelión, sin apenas tener tiempo de leer el amplísimo dossier de más de 50.000 folios.

Y mientras esto ocurre, el problema más importante que debiera de afectarnos a todos seguimos sin saber la verdad sobre los muertos de la covid-19. Alguien quiere ocultar la muerte, porque la muerte nunca vende, y menos para quienes no saben otra cosa que convertir la acción de gobernar en un ejercicio de creativos publicitarios. Entre las muchas desgracias que nos ha traído la pandemia y que nos seguirá trayendo durante mucho tiempo, resulta escandaloso en particular la ocultación y la manipulación de los muertos. Para mí, el abuso más grave tanto moral como político. El gobierno se está haciendo el muerto porque espera que el bien acabará naciendo del exceso de males. Los expertos gubernamentales coinciden en que el 8 de marzo resultó marginal en la covid-19, tratando de justificarlo con que fue mucho más relevante el transporte público – siempre con el estúpido recurso del tú más que yo -, pero las ministras y la esposa del presidente del gobierno se contagiaron, no por ir agarradas a la pancarta, donde estaba prohibido hacer el beso de reconocimiento, sino en el metro camino de la manifestación. ¿Y los muertos? Nada que no pueda arreglar la estadística, un método lógico y preciso para decir una verdad a medias con toda exactitud. De momento, tal y como quedaba demostrado hace tres días, ya llevamos dos mil resurrecciones, pero el cotejo de los datos de los registros civiles en los meses de marzo y abril, así como la bajada histórica en el importe pagado por las pensiones, demuestran que estamos en las primeras posiciones del mundo en número de víctimas, por más que se hayan esforzado en relativizar las cifras.

Fuente: Sociedad Española de Medicina Interna (28 de mayo de 2020).

En efecto, como decía al inicio de mi diario, España vive diez jornadas de luto oficial en honor a los muertos por la covid-19, pero tiene un gravísimo problema para saber exactamente cuántas personas perdieron la vida por esta razón. Mientras el Ministerio de Sanidad sitúa los decesos en 27.119 al día de hoy, 28 de mayo – hoy han resucitado otros 559 personas -, los informes de mortalidad que elabora el Instituto de Salud Carlos III (organismo del Ministerio de Sanidad) aseguran que, desde que se anunció el estado de alarma, hay un 55 por ciento más de muertes que las registradas habitualmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 13 de marzo y el 22 e mayo. Este porcentaje se traduce en un exceso de muertos superior a los 40.000 este año en este mismo periodo. Y de estos últimos, a su vez, mas de 14.400 se corresponden con personas que murieron durante la pandemia pero que el ministerio de Sanidad no reconoce como víctimas del virus al no tener un diagnóstico oficial que lo confirme. Nada menos que un tercio.

Fuente: Sistema de Monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) y Ministerio de Sanidad (28 de mayo)

Este exceso de muertos se conoció ayer, cuando se publicó la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del mencionado instituto, que recoge los datos de muertos por todas las causas que le entregan los registros civiles repartidos por todo el territorio nacional. Entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, último dato consolidado, el MoMo registró 120.851 muertos, mientras que sus proyecciones, basadas en comparaciones con las series estadísticas de los últimos doce años, auguraban únicamente 77.817. El exceso de muertos durante la pandemia, al comparar este año con un ejercicio normal, es de 43.034 personas.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

29 de mayo

Hoy, cuando inicio mi 76 día de arresto domiciliario sigo con la preocupación que vengo mostrando días atrás sobre el ambiente político de hostilidad y enfrentamiento que estamos viviendo en España debido a la confrontación permanente y a la polarización amigo-enemigo, postulando, ahora más que nunca, la necesidad de que el gobierno y la oposición, asumiendo las fortalezas y debilidades de cada uno, tienen la obligación de afrontar juntos aquellos retos que están por encima de ellos.

Es verdad que, tal y como nos dejaba escrito el poeta asturiano Ángel González, la historia de España se hace con sangre y se repite, pero no es menos cierto que no vivimos en los años 30. Ahora estamos en Europa y aunque una España bosteza por el hambre y va camino de la quiebra, el resto de los países que conforman la Unión Europea tienen que llegar a un acuerdo final, un plan de transferencias y ayudas que ayude a solventar la grave situación que nos afecta a todos debido a la covid-19.

Hace unos días, Macron y Merkel nos sorprendieron firmando un documento por el que proponían al resto de los países miembros constituir un fondo de 500.000 millones de euros de cara a solucionar los problemas derivados de la pandemia en Europa. Aun cuando el escrito mantiene abierto todo tipo de interrogantes, ambos mandatarios han tenido buen cuidado de que quedasen claros dos aspectos que preveían que iban a impactar considerablemente en la opinión pública europea. El primero, que optaban, al menos parcialmente, por el modelo de transferencias a fondo perdido frente al régimen de créditos. El segundo es consecuencia del primero. Puesto que no se va a pedir el reembolso a los países beneficiarios, la financiación tiene que ser comunitaria mediante bonos europeos. Ni que decir tiene que todos los medios de comunicación, por supuesto los de España, han saludado la medida como un gran avance. Yo, desde luego, sería mucho más cauto, entre otras cuestiones, porque la UE y las fuerzas políticas y económicas que se mueven tras bambalinas tienen un enorme poder de comunicación y propaganda, y los ciudadanos, especialmente los de los países del Sur, una capacidad ingente de credulidad.

La Unión Europea (UE) es una unión de 28 países y más de 507 millones de personas que viven en un mismo territorio: el continente europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945), gran parte de Europa quedó destruida. Los gobiernos de los países europeos se dieron cuenta de que debían unirse y trabajar juntos para conseguir una Europa fuerte y unida. El objetivo de la UE es facilitar la cooperación entre diferentes países a través de políticas comunitarias: un conjunto de normas y regulaciones que son iguales para todos los países de la Unión.

No nos equivoquemos, ni mucho menos nos ilusionemos, porque la Unión Monetaria nació perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes, y desde entonces, aunque hay quienes pretenden convencernos  de que después de la moneda única se produciría la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria, lo cierto es  que, en treinta años, digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia. Alemania siempre ha sido una artista en el enredo. Cuando se encuentra contra las cuerdas parece que asiente, pero se las agencia para que sean sus socios más duros – Holanda, Austria o Finlandia -, los que torpedeen la propuesta o la aminoren hasta hacerla inofensiva. En todo caso, los temas se van posponiendo, y quedan en punto muerto.

En esta ocasión, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Cabe la duda de si la jefa del IV Reich contaba con ello, y una vez más juega al policía malo y policía bueno. Abundando más en el tema, la Comisión Europea, a su vez, ha presentado este miércoles pasado su plan, en la misma línea del acuerdo de Merkel y Macron, incluso con una cifra global un poco más abultada (750.000 millones de euros); supongo que con la intención de dar ocasión a los halcones del Norte para rebajarla. Sin embargo, el camino que queda por delante es arduo e incierto, porque tiene que recibir el visto bueno del Consejo que, como se sabe, debe de ser aprobado por unanimidad. Y, tal y como nos demuestra la experiencia de otras veces, al final, tras tanto anuncio propagandístico, solo hemos encontrado humo.

Es decir, si el panorama de meses atrás era desolador, el de hoy, afectado por la peor crisis vivida en España desde la guerra incívica vivida, es tremendamente desmoralizante y enervante. Lo es, por supuesto, en lo referente a las víctimas directas de la covid-19, con 27.121 muertos y 238.564 infectados, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Jhons Hopkins (29 de mayo de 2020)

Pero más allá del elevado coste en vidas humanas, creo innecesario reiterar la infinidad de diagnósticos en los que sustento mi angustiante reflexión sobre la severa magnitud de la perturbación económica y social desencadenada. Nuestro país ha sido uno de los más duramente golpeados tanto por la propia crisis sanitaria como por el impacto sobre la actividad económica. Además, algunas características de nuestra economía hacen que esta sea más vulnerable que la de otros países. Entre ellas, el peso del sector del turismo, el reducido tamaño medio de las empresas y la elevada temporalidad en el empleo. Precisamente los efectos sobre la ocupación han sido demoledores y la falta de ingresos en muchos hogares agrava el análisis asolador que sobre España hizo a primeros de febrero el relator de la ONU para la pobreza Philip Alston, después de estar diez días visitando seis de sus comunidades autónomas. Les ahorro, por conocidas, las previsiones sobre la caída de nuestro PIB, el incremento del déficit y el aumento de la deuda pública. De continuar así, la pandemia irá agravando las desigualdades hasta romper las costuras de nuestro modelo social y de nuestra preciada convivencia.

En este gravísimo escenario que tenemos planteado, cuando todos los políticos que dicen representar a la ciudadanía española tenían que estar trabajando como una piña – cada cual defendiendo sus legítimas posiciones – la crispación y el enfrentamiento feroz entre partidos ha llegado a un grado, desde mi punto de vista, insostenible, sobre todo cuando nos referimos a lo ocurrido en el Congreso de los Diputados llamando, hijos de terroristas los unos y golpistas los otros. ¿sería mucho pedir que nuestros representantes políticos se esforzaran en no aumentar con su comportamiento la angustia de los ciudadanos? ¿Que asuman que la actual crisis no es ni de izquierdas ni de derechas? ¿Que busquen fórmulas de cooperación y colaboración en las grandes cuestiones de Estado y que generen sosiego y confianza en la sociedad? El pueblo español va, vamos a necesitar, mucha confianza en nuestras instituciones para salir de la crisis. Y, desde luego, no es precisamente confianza lo que hoy nos inspiran la gran mayoría, por no decir todos y todas, de dirigentes políticos.

El informe de la Guardia Civil que apunta a la comisión de delitos en el ámbito penal por parte del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus y que ha resultado clave para que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, concluye literalmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus”.

Enzarzados como seguimos estando enzarzados en el ya famoso informe de la guardia civil sobre las manifestaciones y concentraciones masivas de gente en las fechas entre los días 5 y el 8 de marzo en Madrid, donde algunos hablan incluso de un golpe de tricornio y pistola, llega a mis manos un nuevo informe, esta vez del Centro Europeo de Control de Enfermedades que revelan la impotencia de los países para hacer frente a una amenaza que subestimaron en los inicios.

La incapacidad de hacer pruebas diagnósticas a todos los casos sospechosos de coronavirus, la adopción de medidas unilaterales por parte de los Estados miembros y la dificultad para unificar criterios han lastrado la respuesta que la Unión Europea ha dado a la epidemia del coronavirus, que ya ha causado más de 176.000 muertes en el continente. Así se desprende de las actas de las cinco reuniones extraordinarias celebradas entre el 24 de febrero y el 21 de abril por audioconferencia por el Consejo Técnico Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), formado por los máximos responsables de los servicios de vigilancia epidemiológica de los Estados miembros de la UE.

En una reunión celebrada los días 18 y 19 de febrero, el Consejo si bien había considerado “bajo” el riesgo de propagación del virus por el continente, tan solo tres días después, esto es el 21 de febrero, Italia empezó a diagnosticar casos de transmisión local del virus, lo que marcó el inicio de la epidemia, de tal manera que con fecha 24 de febrero, el riesgo bajo pasa a ser moderado. La epidemia apenas acaba de asomar en Europa en un pequeño grupo de municipios del norte de Italia y los países ya asumen que carecen de la capacidad de hacer todas las pruebas diagnósticas necesarias. También observan que los primeros casos atendidos en los hospitales han causado “contagios entre el personal sanitario”. Alguien de la reunión alerta sobre “la falta de máscaras quirúrgicas” en los centros sanitarios, lo que lleva al ECDC a elevar la evaluación de riesgo global para Europa de bajo a moderado y el de que se repitan los brotes “en cualquier país” pasa de “moderado a alto”.

Con los casos detectados en Italia, debería regir ese mismo criterio. Pero de hacerse como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) “que define las áreas geográficas a nivel de país”, obliga a considerar como sospechosa a cualquier persona con síntomas procedente de Italia (…) Pero el jefe científico del ECDC ya avisa que será casi imposible frenar la propagación del virus: “Clasificar la transmisión comunitaria a nivel subnacional probablemente sea relevante solo por unas pocas semanas más, ya que luego es probable que sea generalizada en la mayoría de países”, dice Mike Catchpole (…) Los asistentes también discuten en esa primera reunión otro asunto que el tiempo revelará clave: la necesidad de disponer de herramientas que permitan saber si el virus está circulando por un país. España, por ejemplo, llegará al 8 de marzo sin saber que el SARS-CoV-2 lleva semanas propagándose por Madrid y otras zonas (…) en la reunión surge un cambio de la definición de caso que será clave: realizar las pruebas a pacientes ya ingresados en los hospitales por neumonías graves. Tras lo visto en Italia, surge la sospecha de que el virus ya puede haberse expandido a otros países. Ese mismo lunes, varios hospitales españoles empiezan a buscarlo en ese tipo de pacientes. Los resultados confirman los temores: el virus ya lleva algunas semanas en España y otros países. La cifra de infectados empieza a crecer de inmediato.

Así se llega al 4 de marzo, cuando los hospitales en Italia ya están “al límite”. Unos días después, los casos en Italia ya superaban los 3.000 infectados y los muertos llegan al centenar, mientras España se acerca a los 200 diagnósticos, registrando los primeros muertos.  La directora del ECDC, Andrea Ammon, alerta de que los hechos están evolucionando con gran rapidez, lo que obliga a cambiar de nuevo la definición de caso y a subir la calificación de riesgo a “elevado”. “Se están reportando más casos sin vínculo epidemiológico con las zonas previamente afectadas”, advierte en un nuevo indicio de que la transmisión comunitaria ya está en marcha. “Los colegas en Italia han reportado que los hospitales en el norte están al límite de su capacidad, y situaciones similares ocurren en otros países”, asegura Ammon sin mencionar cuáles. La evaluación de riesgo del ECDC, publicada solo dos días antes, “ya dibuja diferentes escenarios con las medidas necesarias para ser adoptadas”, se insiste en la reunión, pero España seguía sin adoptar todavía ninguna medida en esas fechas.

La tercera reunión extraordinaria del Consejo, celebrada el 17 de marzo, con un panorama desolador en buena parte de los países miembros. Sin pruebas, sin material de protección para los profesionales sanitarios y con los hospitales al límite, la cifra de casos y muertos no para de escalar. Italia ya se acerca a los 3.000, España a los 600 y Francia a los 300, aunque eso son solo datos de fallecidos con pruebas PCR realizadas y aún se desconoce la trágica dimensión de miles de fallecidos en residencias y domicilios.

España ya ha declarado el estado de alarma y las decisiones unilaterales como los cierres de fronteras hace días que han fracturado la unidad de acción de la UE. La directora del ECDC lamenta “las competencias limitadas” de la UE en el ámbito sanitario, aunque destaca que los países reclaman información “sobre las medidas a adoptar”. Ammon también destaca que, sin medidas como el confinamiento, “los sistemas sanitarios, y en especial las UCI, se verían desbordadas como ha pasado en Italia y China”.

El organismo ya asume que la opción ya no es parar la epidemia sino aplanar la curva epidémica para dar tiempo “a los sistemas sanitarios para hacer frente al creciente flujo” de pacientes. Uno de los principales problemas sigue siendo “la escasez de material de laboratorio en varios países”, lo que les impide “hacer las pruebas recomendadas” (…) Los test rápidos ya entran en escena en la reunión cuando un miembro del Consejo pregunta sobre su utilidad para hacer “triajes”. La respuesta del ECDC es que su “equipo técnico” lo está estudiando pero que son necesarios “más datos e información” (…) Las residencias de mayores y equipamientos similares adquieren una especial relevancia en esta fase, por lo que el organismo aboga por “los chequeos diarios para detectar síntomas compatibles” entre los residentes y “los test rutinarios” a los trabajadores, como expuso posteriormente el Centro Europeo de Control de Enfermedades en uno de sus documentos de evaluación de riesgo (…) Uno de los problemas surgidos en algunos países es la coordinación del alta hospitalaria de personas mayores: “No pueden seguir en el hospital, pero las residencias tienen reticencias para aceptarlos”, explica el representante de Austria, que propone acortar los plazos de aislamiento y pruebas PCR requeridas para hacer más ágil este proceso (…)

En fin, la extensión de las actas no permite su reproducción íntegra en un diario, pero creo que la síntesis realizada permite que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones, al margen de cualquier opción partidista y sin falta de recurrir al informe de la Guardia Civil que, si para algo ha servido ha sido para encabronar este país como nunca había ocurrido en el tiempo que llevamos bajo la segunda restauración monárquica.

En otro orden de cosas, hoy ha sido uno de esos días que podría estar escribiendo hasta llenar un Espasa con temas como la renta básica aprobada por el consejo de ministros o los asuntos industriales de la Nissan, Alcoa y lo que viene, pero lo dejaré para sucesivos días del arresto domiciliario que, además, seguramente lo vamos a seguir “disfrutando” otros quince días más de lo previsto. Así que voy a referirme un poquitín a las “tristes y famosas puertas giratorias”.

Podemos ha luchado desde su fundación contra las llamadas ‘puertas giratorias’, ese salto habitual que realizan los representantes públicos a la empresa privada al finalizar su mandato. Un reproche muy habitual de la formación a los partidos tradiciones y, con el nuevo fichaje de Enagás, el partido de Pablo Iglesias se acerca a esta actitud. Cristóbal Gallego, experto de confianza de la formación morada, aterriza en la mesa de gobierno de la compañía del Ibex 35 de la mano de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla.

Si alguien ha atacado más las “puertas giratorias” oponiéndose a ellas con mayor contundencia, estos han sido el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente Pablo Iglesias, exigiendo su eliminación, resulta que ahora me encuentro con la entrada en el consejo de administración de ENAGAS de los ministros del PSOE José Blanco, aquel de los maletines en las gasolineras, y José Montilla, ex ministro y expresidente de la Generalitat además del asesor de PODEMOS,   Cristóbal Gallego.

La oficina del expresidente de la Generalitat de José Montilla absorbió 399.266 euros públicos en el año 2018, como queda acreditado en este informe oficial del Departamento de Presidencia (El Mundo, 29 de mayo de 2020).

Enagás está bajo la batuta de la Sepi que controla un 5% del capital, aunque el fundador de Inditex, Amancio Ortega, tiene otro 5% de las acciones, tras invertir 282 millones de euros. Una vez la junta, que se celebrará el próximo mes de junio, apruebe los nuevos nombramientos, el consejo de administración de la empresa gasista estará cubierto, en su mayor parte, por ex políticos y ex ministros tanto del PP como del PSOE.

Sánchez, cuando era candidato a liderar el PSOE, llegó a decir que un ex presidente no podía formar parte de compañías de sectores estratégicos. Entonces, Felipe González era miembro del consejo de administración de Gas Natural, propuesto por CaixaBank, pero Pablo Iglesias ha sido mucho más contundente si cabe contra las “puertas giratorias”. Ha llegado a decir que son una “traición a España”. Y ha defendido a muerte la eliminación de las mismas entre los cargos públicos y los consejos de administración de las empresas del Ibex-35. ¿Acaso está recogido en algún apartado del documento firmado para el gobierno de coalición UNIDAS PODEMOS? ¿Es alguna resolución aprobada en la III Asamblea Ciudadana Federal de Podemos celebrada muy recientemente donde no me consta que se haya debatido absolutamente ninguna ponencia? ¿Cuánto podrá ganar un consejero de ENAGAS para que José Montilla renuncie a los 400.000 euros anuales que costaba al erario público por haber sido presidente de la Generalitat?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.