30 de mayo

Hoy, en el 77 día de mi arresto domiciliario con libertad provisional, ha sido un día muy especial para mí.  He pasado un día estupendo festejando mi 72 cumpleaños en una comida que celebramos en la sidrería Les Escueles de Sama al lado de la gente que más quiero, con la única excepción de mi nieta Ainoa que está trabajando en Madrid, y he recibido cientos y cientos de mensajes hermosos, de personas también muy hermosas.

La gente que me conoce sabe cuánto me gusta que llegue mi cumpleaños, festejar con mis seres queridos y recibir el cariño de la gente que conozco. Y un año más, ha sido espectacular, por ello quiero dar las gracias por haberme felicitado, me ha hecho mucha ilusión que se acuerden de mí. Muchas gracias por este día, que me han servido para recargar las pilas de alegría para todo el año, y si tengo un día malo, ¡ya sé de qué me tengo que acordar para ponerme bien!

Entrando en los asuntos referidos a mi diario, hoy, como dicen desde el gobierno, es un día histórico, refiriéndose al ingreso mínimo vital aprobado por el consejo de ministros. No sé yo cuanto percibe Dina Bousselnam de salario mensual para hablar de una vida digna con la ayuda que supone el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Consejo de Ministros, aunque yo lo dejaría como un buen punto de partida hacía la deseada Renta Básica, especialmente en los momentos que estamos viviendo actualmente conPANdemia – cada vez son más grandes las colas de la gente para recoger su bolsa de comida en los distintos organismos y asociaciones que vienen prestando esa labor -, sin olvidarnos del negro futuro que se presentan a la vuelta de la esquina para vivir sinPANdemia.

En mi diario del 12 de mayo, me extendí ampliamente los que significaba el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica, por la que desde hace muchos años venimos luchando con nuestras concentraciones y manifestaciones en Madrid – otros pocos realizando sus marchas andando desde los distintos puntos de España para hacerlas confluir en Madrid -, pero no está demás hablar un poco de este “hecho histórico” que titulan desde el gobierno, deseando, muy sinceramente, que no quede como otros “hechos históricos” que quedaron en eso, en historias de la buena pipa, caso concreto de la Ley de Dependencia a la que me referiré un poco por encima en este diario.

“España debe aumentar el gasto social, pero mejorando la eficacia redistributiva”, ha dicho Iglesias, quien ha opinado que “la buena noticia es que el sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora”, incorporando reformas en la tributación de la riqueza para eliminar algunos privilegios fiscales de los que se benefician las empresas. (Expansión, el 13 de febrero de 2020)

Efectivamente, después de meses de negociaciones y anuncios, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha quedado aprobado definitivamente, cumpliendo nuestro país con una de las principales carencias de su Estado del Bienestar: las ayudas a las familias en situación de pobreza, especialmente a aquellas con hijos, quedando decidido su vinculación a la pensión no contributiva. Así figura en el borrador del real decreto-ley del Gobierno que aprueba la creación de esta renta mínima.

Es decir, si tenemos en cuenta que la pensión no contributiva asciende a 395,6 euros mensuales en 14 pagas, el ingreso mínimo vital tendrá 12 pagas, por lo que, prorrateado, da como resultado los 461,53 euros al mes que será la renta garantizada mínima de esta ayuda.

En el caso del IMV es importante el concepto de “renta garantizable” – muy distinto a llamarla un ingreso para vivir con dignidad -, ya que se trata del umbral mínimo de ingresos que tendrá cada hogar sumando la prestación de la Seguridad Social y sus propios ingresos. Así, una familia que tiene una renta mensual de 200 euros tendrá un complemento con el IMV de 262 euros para llegar a la renta garantizada.

A partir de esta cuantía base se aplican unos coeficientes adicionales para los hogares con varios miembros y con hijos a cargo. Por ejemplo, un hogar con un adulto y un hijo a cargo multiplicará esta ayuda mínima por 1,52. En el caso de hogares con dos adultos y tres o más hijos menores a cargo, la ayuda se multiplica por 2,2. Esto significa que todas las prestaciones del ingreso mínimo vital están vinculadas con la ayuda base y, por extensión, con la pensión no contributiva.

” El Ingreso Mínimo Vital que acaba de nacer es, en definitiva, un nuevo tipo de prestación, más moderna y mejor diseñada, con voluntad de permanecer y, con ello, de contribuir a resolver el grave problema de desigualdad y acceso a las oportunidades que ya antes de la pandemia tenía nuestro país. Es fundamental para nuestro país que entre todos logremos que se cumplan los objetivos”. (ministro Escrivá en El Mundo, el 30 de mayo de 2020)

Según los cálculos de la Seguridad Social, el IMV tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros para las arcas públicas, que se financiará directamente con los presupuestos generales del estado de cada año, para los que el gobierno realizará una transferencia a la Seguridad Social de 500 millones de euros contemplada en el real decreto aprobado este viernes.

Estos 500 millones transferidos para financiar el Ingreso Mínimo Vital apenas sirven para cubrir un 17% de los 3.000 millones que costaría esta prestación en un año completo, lo que ponen en evidencia que la diferencia que el Gobierno anticipa para el IMV no funcionará a pleno rendimiento este año, como consecuencia de que no empezará a funcionar hasta junio y que muchos hogares tardarán en tramitar y percibir la ayuda.

La Seguridad Social abrirá el plazo para la presentación de solicitudes el próximo lunes, día 1 de junio. Todas aquellas peticiones que reciba desde ese día hasta el 30 de septiembre se abonarán con carácter retroactivo a fecha del 1 de junio y los primeros pagos comenzarán el 15 de junio. Para el caso de que se agoten estos 500 millones de euros antes del final del año, el decreto dice que el Estado ampliará la transferencia en la cuantía necesaria.

Sin embargo, lo más importante de lo que nadie habla es la forma de cómo se van a pagar, estas y las otras partidas del Estado del Bienestar ¿Cómo se van a garantizar las promesas en realidades? ¿Se va a atrever el gobierno a “meter mano a los de arriba”, como dice el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias?

Desde mi punto de vista, si no se corrigen todos los desequilibrios acumulados durante estos últimos diez años, ahora multiplicados como consecuencia de la crisis de la covid-19, todo el estado del bienestar correrá, está corriendo, un serio peligro que, en cualquier momento puede estallar, mucho antes de lo esperado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo director era el actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto esta misma semana negro sobre blanco la magnitud del problema. El déficit público se disparará hasta el entorno del 10% este año y la deuda subirá por encima del 120% del PIB. Una situación sin precedentes desde que existen registros modernos. La magnitud de la deuda es tan elevada que su gestión ya no depende solo de las decisiones de España, sino que también dependerá de la capacidad y la voluntad del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en mínimos.

Si el eurobanco no lo hace, los costes de financiación se multiplicarán rápidamente como consecuencia del volumen de deuda acumulado. Según las estimaciones de la AIReF, una subida de la prima de riesgo de 100 puntos básicos que se mantenga en el tiempo conllevará un coste del 1,5% del PIB en el largo plazo. Esto significa que casi se duplicará el coste de la deuda actual, con un coste de más de 20.000 millones de euros.

Unos datos para comprender la magnitud del problema: cuando termine la crisis del coronavirus, el déficit estructural de España superará ampliamente los 30.000 millones de euros. Esta cuantía es superior a la recaudación anual del impuesto sobre sociedades y un 50% superior a toda la recaudación de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, etc.). Tal desequilibrio no se corrige sin esfuerzos. Es el “gran elefante en la sala” que todos quieren retrasar para el futuro político de turno.

En cuanto a la deuda pública, la magnitud del problema es incluso superior. En 2021 se situará en el entorno del 120% del PIB y todavía seguirá subiendo, ya que el déficit público será superior al crecimiento del PIB si no se pone remedio antes. Esto significa que estará ya casi 30 puntos por encima del nivel de deuda que había en 2019. Para corregir esa deuda serían necesarios muchos años y un fuerte sacrificio. Para hacerse una idea en la comprensión de la magnitud de las cifras, basta comprobar que, en los años de la burbuja inmobiliaria, con el PIB y la recaudación de España dopados, se tardaron diez años en rebajar la deuda en 30 puntos del PIB. Ahora hay que hacer esa proeza sin la ayuda de una burbuja.

No nos hagamos ilusiones, que nadie trate de engañarnos, esto requerirá meter la mano en el bolsillo de los españoles, una decisión muy delicada, y la opción más sencilla para estos gobernantes turnistas y sus grupos de “sabios” pasa por congelar las pensiones durante toda la fase de recuperación, a la vez que precarizando el estado del bienestar – no fueron suficientes los pensionistas muertos por la covid-19, en su gran mayoría por abandono sanitario -, por eso y para eso han constituido esa comisión de reconstrucción, que para nada difiere de la de los Pactos de la Moncloa de 1977, que servirá – nadie lo dude – para ocultar los ajustes previstos para el futuro que, no solo va a crear más desilusiones a la sociedad, sino que contribuirá al inevitable “estallido social” que se producirá en España. Atajar ese escenario con un discurso realista, sin insultos ni enfrentamientos, como se vienen produciendo sin ni siquiera haber empezado las discusiones, es ahora la gran responsabilidad de todos los partidos políticos. Porque el elefante no se irá de la sala sin el esfuerzo común.

En todo caso, el Gobierno del PSOE y UP ha tomado una buena decisión digna de aplaudir que en su día no tomaron los gobiernos del PSOE ni del PP durante los años de la crisis financiera que estalló en 2008 y en la que asistimos al abandono público de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, pero sigo pensando que sería mucho más justa si, de manera paralela el gobierno llevara a cabo una reducción del gasto público relativo a la clase política con reducción de los cargos públicos: ministerios, consejerías autonómicas y los miles de asesores políticos pagados con dinero del Estado, a  lo que habría que añadir una drástica reducción del número actual de diputados nacionales y autonómicos, concejales y diputados provinciales, porque buena parte de todos estos cargos son innecesarios y sólo sirven para colocar a dirigentes y militantes de los partidos políticos. Y en muchos casos con sueldos escandalosos que incluso superan el salario del propio presidente del Gobierno. Todo ello, sin perder de vista los cargos superfluos e innecesarios de todas y cada una de las empresas públicas que son miles en los que los partidos políticos colocan a sus dirigentes y militantes como lo acabamos de ver en Enagás, por no hablar del parque móvil de coches oficiales, aunque mucho me temo que va a ser que no, teniendo en cuenta que los partidos políticos, insaciables en su gasto y proclives al “clientelismo” a costa de las arcas del Estado, no estarán en disposición de hacer las necesarias reformas de la enorme e innecesaria en muchos aspectos Administración del Estado.

La financiación actual mantiene los recortes de 2012 y el escenario que se abre es de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema. La partida de 415 millones de euros prevista en el proyecto de PGE 2019, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos. Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día)

¿Alguien se acuerda de la Ley de Dependencia a la que me refería al inicio de mi diario, también titulada como uno de los “hechos históricos” del gobierno del PSOE presidido por Zapatero? Pues bien, pese a que la ley ha supuesto en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros, quedando configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba, ni mucho menos, principalmente por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación que, al día de hoy, siguen sin resolverse.

En enero de 2017, la Ley de Dependencia se discutió en la Conferencia de Presidentes del Senado, en la que las comunidades autónomas solicitaron la inclusión de esta normativa dentro de la financiación autonómica. El Gobierno recogió el guante y, en febrero, el Consejo de Ministros aprobó la creación de un grupo de expertos para abordar este asunto. “Nos encontramos en un momento crucial e inaplazable. Hay que abordar cambios sustanciales en dependencia, que pasan primero por la suficiencia financiera”, decía el presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, cuya organización que audita cada mes las estadísticas oficiales del IMSERSO y elabora informes monográficos sobre el desarrollo del sistema. “Sin dinero, no se puede cumplir”.

En este momento, el 28% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, pese a tener derecho. “Cada cuarto de hora muere un dependiente sin ser atendido”, alerta Ramírez, que estima en 149.000 las personas que han fallecido en esta situación.

Quiero decir, en comparación con el Ingreso Mínimo Vital aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que, pese a considerar en su día la Ley de Dependencia como otro “hecho histórico” , aunque sea perfectamente recuperable para  lo que debió ser, todavía no ha alcanzado, ni mucho menos,  esa nueva arquitectura de protección en un país sin apenas construcción social sólida.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

31 de mayo

Han transcurrido 78 días de mi arresto domiciliario y, por fin, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos ha informado de que el Gobierno solicitará este martes la sexta y última prórroga del estado de alarma de 15 días. Es decir, si no hay sorpresas, el 21 de junio acabará el Estado de Alarma en España.

Tras la reunión con las Comunidades Autónomas, Pedro Sánchez ha defendido el trabajo de Fernando Simón y del ministro Salvador Illa, dos de las caras más visibles en las comunicaciones del Gobierno durante la crisis del coronavirus, después de haber prescindido de los generales del Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil, “sin caer nunca en la provocación”, a pesar de haber soportado los insultos más mezquinos sin perder en ningún momento la compostura.

Vamos a ver, presidente: yo que nunca he insultado ni al filósofo ministro de Sanidad, Salvador Illa, ni mucho menos al médico político, Fernando Simón, no puedo tragar las ruedas de molino que usted nos trata de endosar en sus homilías sabatinas leídas por teleprónter, en esta ocasión homilía dominguina, entre otras cuestiones, porque no solo el ministro y el portavoz sanitario del gobierno, sino tú mismo, habéis estado y seguís estando ocultando, mintiendo y manipulando las cifras y los informes sobre la covid-19 desde el inicio del estado de alarma: “Tortura los números y lo confesarán todo”. Esta frase del autor estadounidense Gregg Easterbook, es uno de los principales mantras para matemáticos, investigadores y analistas de datos, de tal manera que, si los datos son de mala calidad, o están falseados, los resultados de cualquiera análisis o resolución tampoco ofrecerá ninguna credibilidad.

Desde el principio de la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha cambiado de metodología en siete ocasiones y añadido un sinfín de asteriscos en sus informes oficiales para aclarar ambigüedades e imprecisiones de los datos. El último cambio se produjo ayer, cuando el ministro Salvador Illa y el portavoz sanitario, Fernando Simón, afirmaron que el viernes era el primer día con más recuperados que nuevos positivos, una afirmación falsa al tener solo en cuenta los nuevos positivos por prueba PCR, dejando fuera de la cifra oficial los casos diagnosticados por test de anticuerpos.

Quiero decir que, para afrontar la desescalada con un mínimo de garantías, es fundamental que los datos sean reales y, sobre todo, que sean recogidos sin pensar en el electoralismo partidista, según se trate de esta o aquella comunidad, porque en caso contrario, como se está haciendo, la desconfianza de la ciudadanía es total.

A pesar de no incluirse explícitamente en el acuerdo, según los nacionalistas el Ejecutivo de coalición “ha expresado públicamente su voluntad de volver a reunir la mesa de negociación” entre gobiernos una vez la pandemia entre en la fase de “nueva normalidad”. El propio Sánchez ha apuntado a julio como fecha probable de la vuelta del diálogo con la Generalitat y ha recordado que el Gobierno “siempre ha mantenido que retomaría “cuanto antes” los compromisos adquiridos en la investidura.

Es decir, lo que hace falta son datos “robustos”, y las políticas a desarrollar no se pueden basar en el recuento diario de casos que no responden a la verdad, siendo necesario conocer esa capacidad real en cada momento de propagación del virus. ¿Tiene nuestro país datos “robustos” para controlar los brotes en fase de desescalada? ¡No! Porque la gestión de los datos a lo largo de la epidemia ha generado desconcierto por su continuo baile de cifras, cuando lo que hace falta es confianza y transparencia. El gobierno, a través del ministerio de Sanidad ha fijado qué datos tenían que recabar las comunidades, pero luego éstas han ofrecido los que han podido o han querido en cada momento. Ha faltado autoridad para coordinarlas y claridad para explicarlo. Y eso no es ningún insulto, sino una constatación demostrable en cada momento, como vengo haciendo en mis diarios anteriores.

Aun así, que los datos hayan producido situaciones caóticas, o incluso que hayan sido erróneos, no significa que no hayan servido para guiar las decisiones necesarias en cada momento de la epidemia. El problema que pretendo dejar sentado es que, si se pretende pedir, como está pidiendo el presidente, una confianza ciega en ellos a los ciudadanos, en absoluto podemos creerle.

Desde que comenzó el avance de fases no hemos dejado de ver ejemplos que hacen imposible seguir la evolución de los datos diarios. Por ejemplo, si sumamos el dato diario ofrecido por Sanidad sobre Cataluña entre el 22 y el 28 de mayo, en esos siete días hubo 630 casos. Sin embargo, si miramos la columna del día 28 que indica los datos acumulados de los últimos siete días, aparecen 1.520, casi el doble.

Fijémonos en el dato del 18 de mayo en Madrid. Ese día la región presumió de tener sólo 5 contagios, pero al día siguiente corrigió el dato y lo elevó a 19. Como Madrid adjudica los positivos al día en que toma la muestra para hacer cada test y no al día en que obtiene el resultado, las cifras de cada fecha se revisan continuamente al alza. Ahora, el dato del 18 de mayo es ya de 202 casos.

El informe mantiene una columna extraña, que llama “total fallecidos”, pero que es un dato parcial: solo se suman “de forma diaria los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del día previo”. La cifra es una subestimación permanente porque hoy solo se conoce una parte de las muertes de ayer por culpa de los retrasos. Pero si mañana conocemos una muerte de ayer, esa ya no se sumará, como dice el propio Fernando Simón (minuto 23). No lo entiendo. Las muertes recientes se pueden mostrar en la tabla, si se quiere, pero incluir una columna “total” que no es un verdadero total me parece un sinsentido.

Además, la serie histórica de datos se rompe continuamente con contagios o muertos que aparecen y desaparecen, hasta el punto de que el 10 de mayo, Cataluña notificó de golpe 2.721 positivos y el día 19 suprimió de un plumazo 3.300 contagiados tras detectar que se incluyeron por un error informático. El día 22 esta misma comunidad sumó 600 fallecidos de días anteriores, pero el día 26 Sanidad eliminó 1.918 muertes de la estadística, la mayoría en Cataluña, tras detectar datos duplicados.

Eso incluye 16.000 fallecidos que constan en los registros civiles y no cuentan cómo víctimas del virus, aunque muchos lo serán. Lo sabemos gracias a una actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

La cifra más importante esta semana salió de los registros civiles, de tal manera que ahora sabemos que desde marzo en España se han registrado 43.000 muertes más de las esperadas en una situación normal. Es el coste de esta crisis. Eso incluye 16.000 fallecidos que constan en los registros civiles y no cuentan cómo víctimas del virus, aunque muchos lo son. Lo sabemos gracias a una actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Los datos del exceso de muertes se pueden desglosar por Comunidades Autónomas. Los mayores excesos se han registrado en Madrid (165%), Castilla-La Mancha (136%), Cataluña (83%) y Castilla y León (78%).

Nadie está negando las enormes dificultades para hacer esas estadísticas, siendo perfectamente asumibles hasta los errores, que nada tienen que ver con las negligencias, pero en una catástrofe pandémica de estas características, los datos reales son fundamentales para guiar decisiones de salud pública. De nada tienes que presumir presidente – desgraciadamente -, aunque lo digan los periódicos neoyorkinos a los que sueles recurrir para justificar tus incapacidades: La descoordinación administrativa y nuestra inveterada incuria con los datos se ha conjugado con la siempre complicada tarea de tener una foto fiel de una epidemia fuera de control.

Fuente: Ministerio de Sanidad (31 de mayo de 2020)

En todo caso, como tarde el 21 de junio todos los españoles podrán circular por toda España sin problema, a cualquier punto. Antes, en fase 3, los mandatarios regionales podrán autorizar, con permiso del Gobierno, la movilidad entre las provincias de las comunidades que dirigen. Por eso este domingo el aragonés Javier Lambán o el gallego Alberto Núñez Feijóo adelantaron que cuando asuman el mando permitirán a sus ciudadanos circular en el interior de su región. La Moncloa les dejará hacerlo, según confirmaron a este diario fuentes del equipo del presidente.

Eso sí, para el 21 de junio, cuando vencerá la sexta prórroga en todo el Estado, habrá tres puntos del país que no hayan culminado la desescalada: la Comunidad de Madrid, casi toda Castilla y León (salvo el área de salud de El Bierzo), Barcelona y su área metropolitana y Lleida. Estos territorios arrancarán previsiblemente la fase 3 el 22 de junio, pero el Gobierno estima que “dada la evolución de la pandemia” no será necesario prorrogar más el estado de alarma.

Esta cita llega después de que el jefe del Ejecutivo de coalición se asegurara este sábado los apoyos necesarios para sacar adelante la que será la sexta y última prórroga al estado de alarma, tras sellar pactos con ERC y con el PNV. La citada prórroga será por otros quince días y se extenderá hasta el 21 de junio.

En un comunicado emitido por ERC, la formación explica que “El Gobierno se ha visto forzado a replantear su postura tras el toque de atención de los republicanos en la negociación fallida por la prórroga anterior. Este retorno a la vía de la negociación ha llevado a la Permanente de Esquerra Republicana a inclinarse por la abstención, tal y como ha acordado esta tarde de manera telemática, a condición de que sea la última extensión del estado de alarma”.

A pesar de no incluirse explícitamente en el acuerdo, la formación detalla que el Ejecutivo “ha expresado públicamente su voluntad de volver a reunir la mesa de negociación” entre gobiernos una vez la pandemia entre en la fase de “nueva normalidad”.

Por su parte, el PNV ha logrado que se incluya un punto en el acuerdo mediante el que “se ha recuperado todo el autogobierno vasco”. En concreto ese punto señala que “la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma”, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía.

En otro de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la recuperación económica comenzará en España en el último trimestre de este año, si bien auguró que se “prolongará durante dos ejercicios”. “Al final de la presente Legislatura estaremos en una situación mejor que la que nos deja la pandemia”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy a los rebrotes de coronavirus que se están produciendo en diferentes puntos y ha asegurado que son fruto de la “irresponsabilidad individual de algunas personas”. Sánchez ha destacado que la mejor capacidad de las comunidades autónomas está permitiendo su detección precoz, pero ha advertido del riesgo. “Fue así como comenzó todo… La responsabilidad individual es fundamental si queremos mantener a raya a un virus que está al acecho”, ha subrayado.

Para que esta recuperación sea posible, el Gobierno asegura que presentará a Bruselas un plan de recuperación e inversión “sin precedentes” para reactivar la economía y reconstruir el tejido productivo del país que catalizará los 140.000 millones que el plan europeo de recuperación reserva para España. El grueso de estas ayudas se dirigirá a dos de los sectores más afectados por la crisis que ha generado el coronavirus: la automoción, el transporte y el turismo. Esta semana, Nissan ha anunciado el cierre de su planta en la Zona Franca de Barcelona, Todos los nubarrones que sobrevolaban la fábrica de Nissan en Barcelona se confirmaron ayer, cuando la compañía comunicó el cierre de las instalaciones. La medida afecta a la planta de Zona Franca y a los dos satélites de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca que le suministran. En total, más de 3.000 empleos directos, más otros 13.000 indirectos, cifra que los sindicatos elevan hasta las 20.000 personas, y ello a pesar de que el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado por zanjado en el Foro de Davos, en enero, cuando afirmó públicamente que se había reunido con la cúpula del fabricante y que el empleo estaba “asegurado”.

El debate acerca de las respuestas económicas a la pandemia, tanto a nivel europeo como nacional, se centra en la recuperación, obedeciendo a un calendario propio que no coincide con la dinámica de la crisis. Así pues, el plan propuesto por la Comisión Europea, cuando sea aprobado por la unanimidad de todos los miembros que forman el Consejo de la UE, será sin duda objeto de ásperas negociaciones durante largos meses, y con toda probabilidad no será aprobado por los parlamentos nacionales y europeo antes de finales de año. Por tanto, si bien se trata, en principio, de un paso en la buena dirección, en absoluto se anticipa que las ayudas estén disponibles hasta mediados de 2021. Por otra parte, la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica acaba de entrar en funcionamiento, aunque se haya iniciado a hostia limpia entre sus participantes, sus trabajos se extenderán durante varios meses.

Fuentes: Organización mundial del turismo y European Automobile Manufacturers Association (31 de mayo de 2020)

Pero la economía real no espera y la recesión se cierne desde ya, con especial severidad sobre el turismo y la industria del automóvil, dos de los principales pilares de nuestra economía, representando cada uno de ellos, directa o indirectamente, en torno al 10% del PIB. Solo una acción que combine medidas urgentes y visión estratégica puede ayudar a evitar una agravación de las dificultades que atraviesan el turismo y la automoción En momentos de crisis, el debate político solo puede centrarse en la realidad, por muy crudo que resulte, desprendiéndose del solipsismo.

¿Cómo se puede seguir engañando de esa manera a un pueblo, cuando si algo ha puesto en evidencia los puntos débiles de la Unión Europea, tal como explicaba en mi diario de ayer, ha sido su incapacidad para ponerse de acuerdo tanto en una respuesta solidaria y coordinada en el plano sanitario como en la receta económico ante el hundimiento de las economías de buena parte de sus socios, y cuando la vieja brecha Norte-Sur parece haber adquirido una nueva dimensión? ¿Cómo se puede referir el presidente a esa “nueva normalidad” que no significa sino un escenario cargado de sombras, de amenazas a la libertad y a la privacidad y de dificultades económicas que nos llevan directamente a la nueva modalidad de intervencionismo por parte del IV Reich?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

1 de junio

Por fin, después de 79 días de arresto domiciliario, no se ha producido ningún fallecimiento en España por la covid-19, de lo que me alegro sinceramente, deseando que siga siendo esa la noticia en los días sucesivos.  Según el ministerio de Sanidad han sido notificados 35 muertos en los últimos siete días, pero la cifra global de fallecidos queda igual que el día anterior: 27.127 muertos. Los infectados por prueba de PCR en el último día han descendido respecto a ayer, con 71 nuevos casos frente a los 96 del domingo, quedando la cifra global de infectados en 239.638.

Fuente: Ministerio de Sanidad (1 de junio de 2020).

Sin embargo, hoy también ha sido un día de esos moviditos por las redes sociales con los ataques correspondientes recibidos por parte de los jenízaros partidistas de siempre porque, parece ser, que, aquí en España, hay que decir, por cojones, que, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el ministro de Sanidad, el filósofo catalán Salvador Illa, y el epidemiólogo político, Fernando Simón, son un trio de muchachos excelentes, porque han hecho las cosas casi rayando la perfección.

En esta ocasión, el tema de la discusión versaba sobre las cifras manipuladas que, un día sí y otro también se vienen produciendo en las estadísticas, cuando yo solo estoy usando cifras oficiales del propio ministerio y del Instituto de la Salud Carlos III (MoMo).

Por un momento, de verdad, me vino a la cabeza aquel trio de las Azores formado por Bush, Aznar y Blair que, al día de hoy, todavía siguen buscando por el desierto las armas de destrucción masiva como justificación de la guerra que promovieron en Irak.

Joder, me dije: estos individuos que me atacan por Telegram o Facebook, entre otras redes, me van a convencer de que estoy mintiendo, cuestión que me causa repugnancia a la misma altura que la hipocresía, y aunque haya personas que son muy hábiles en este “arte” y que nos pueden mantener a todos engañados de una manera verdaderamente asombrosa, estas personas suelen vender humo a cualquier precio con tal de salirse con la suya, pero la mentira y la falsedad tienen siempre fecha de vencimiento, pues necesitan de muchas circunstancias para sostenerse. Como se suele decir en el argot popular: se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.

Hace unos días, había tenido yo otra de las moviditas acostumbradas, la mayoría de ellas suelen ser a través de las más de trescientas cuenta fake que tiene el PSOE funcionando por las distintas redes, porque a raíz de la homilía sabatina del presidente, éste se vanagloriaba de haber salvado 300.000 vidas con las actuaciones de este mismo trio ante la pandemia, contestándole yo que mejor se hubieran preocupado de “coger el toro por los cuernos” cuando ya se sabía lo que estaba ocurriendo, incluso con casos de infectados y muertos en España, y sin embargo la respuesta seguía siendo de que aquí, en España, no había problema, para rematar diciéndoles lo mismo que les digo ahora: ¿Cuantas muertes y cuantas personas contagiadas se hubieran evitado si se hubieran hecho las cosas con responsabilidad y profesionalidad?

Irene Montero, ministra de Igualdad. (Foto del periódico digital “La Última Hora” del 1 de junio de 2020)

Ahora mismo, cuando estoy escribiendo mi diario me encuentro con una información del periódico digital de Podemos “La Ultima Hora” donde Euskal Telebista y su programa “En Jake” dicen que “son ajenos a esta filtración y lamentan el daño reputacional que la difusión de esa conversación haya podido causar al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero como ministra de Igualdad”, reservándose, dicen, “el derecho a ejercer cuantas acciones judiciales sean oportunas”  a la vez que manifiestan a que “la conversación distendida que se produjo previamente a la entrevista con la ministra no fue emitida en el programa “En Jake” ni en ningún otro espacio de ETB”. Todo parece indicar que la ministra Irene Montero, había realizado a una periodista de ETB en la previa de una entrevista para el programa de actualidad política “En Jake”, cuya literalidad parte de un vídeo al que ha tenido acceso ABC y dicen que se puede ver en su página web ABC.es: ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras, pregunta la periodista, refiriéndose a la bajada de las personas participantes en la manifestación del 8 de marzo? “Pues tía, creo que al coronavirus (…) No lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió la ministra.

Por supuesto que no voy a entrar o salir en una cuestión en la que ya me he pronunciado en mis diarios sobre lo ocurrido en esos días anteriores y posteriores al 8 de marzo, pero si me hubiera ocurrido a mí, sin ser verdad, ya estaría en los juzgados. Así que ya saben cada cual lo que tienen que hacer. La televisión vasca presentar una querella con el ABC sin recurrir a esa cantinela de “me reservo de ejercer acciones judiciales”, y la ministra más de lo mismo con el periódico monárquico. De lo contrario, tendremos que convenir de que todo ha sido verdad. Por cierto, la ministra fue una de las primeras afectadas por el covid-19, junto con otras ministras y la mujer del presidente que encabezaban una pancarta en la manifestación.

Ayer, como ya es sabido, el presidente del gobierno anunció que mañana martes, 2 de junio, pedirá en el Congreso de los Diputados lo que ha dicho en su homilía que será la sexta y última prórroga y que cederá la responsabilidad de la desescalada en fase tres a la Comunidades Autónomas.

Después de pintarnos un futuro mucho más feliz que antes del covid-19 con vehículos sostenibles – calculo yo que seguirán teniendo cuatro ruedas -, un Estatuto de Trabajadores siglo XXI, prometiendo acabar con la pobreza infantil y prolongar los ERTE – sigue sin pagarse la mayor parte de ellos, dándose el caso, me comenta una directora de SEPE, que mucha oficinas siguen cerradas con largas colas de gente protestando delante de las puertas de los chiringuitos del desempleo – y, lo más sangrante, según el propio García Page, presidente del PSOE en Castilla-La Mancha, mercadeando con los vivos y con los muertos. El presidente sigue hablando de la “nueva normalidad”, pero me causa mucha gracia, cuando le escucho hablar con ese énfasis como si hubiera descubierto vida en Júpiter cuando habla de la renta mínima. El mismo énfasis que ponía cuando hablaba de su radical oposición a las “puertas giratorias” con la entrada de los ministros del PSOE, José Montilla y Pepiño Blanco, más el científico adscrito a PODEMOS, Cristóbal José Gallego, en el Consejo de Administración de ENAGÁS, con una “renta mínima” de 11.000 euros mensuales, a lo que, con el cinismo que le caracteriza, contestó en su comparecencia dominical que: “Era una decisión del Consejo de Administración y, a través de la SEPI, son los nombres que se han propuesto”.

Otra de sus mentiras acostumbradas, porque, siendo como es la SEPI el primer accionista, no puede proponer consejeros “independientes” como son oficialmente Pepiño, Montilla y Gallego. De risa, vamos. El sabe perfectamente, como también lo sabe Pablo Iglesias, que son nombramientos irregulares, porque su selección corresponde a la Comisión de Nombramientos formada a su vez por una mayoría de consejeros independientes. Es más, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reclama expresamente a esta comisión que se guarde de nombrar como independientes a los que sean propuestos por un accionista del peso de la SEPI, porque desvirtúa tal etiqueta. Tampoco creo que haya sido Amancio Ortega que, teniendo otro 5% de las acciones a través de Pontegadea se ha sentido bastante molesto porque le han montado una cúpula en ENAGAS un 25% mayor que en Inditex.

¿Continuando con la “nueva normalidad” yo sigo preguntándome “en qué consistirá esa nueva normalidad con el gran reajuste del sistema capitalista “? ¿Tienen, tanto el gobierno de España como el resto de los partidos políticos, salvo la charlatanería barata que usan en los parlamentos, las fuerzas que alegan querer transformar la sociedad un plan de combate alternativo?

Partiendo del panorama social y laboral que tenemos presentado a la vuelta de la esquina como consecuencia de los proyectos largamente gestados, estudiados y necesitados que ahora ha encontrado la burguesía para su aplicación a base de recortes salariales, cierres patronales, “modernización” de los puestos de trabajo – ¿alguien se acuerda de aquella “modernización” del felipismo que produjo el desmantelamiento industrial y agrario de nuestro país, dejando el futuro de España en lo que dure el sol, las playas y el turismo? -, congelación de las pensiones e implantación de la mochila austriaca, el PePP y un largo etcétera. Por eso me sigo preguntando y preguntando si aquellas fuerzas políticas y sindicales que alegan, al menos de boquilla, estar empeñadas en cambiar la sociedad disponen de algún “plan revolucionario” alternativo que sea capaz de detener la marcha arrolladora de la gran patronal.

No, vuelvo a repetir, no podemos aceptar bajo ningún concepto que el diseño de la organización y ejecución de estos planes, hayan surgido de manera repentina, de la noche a la mañana, y en el curso de estos dos meses de la covid-19.  La meticulosidad y las previsiones que estos contienen indican que su planificación ha sido larga y tiene su origen en mucho tiempo atrás. Y este macabro pero coherente diseño que se preparó en los EEEUU, no es diferente al que se ha elaborado para la Europa Occidental. Al fin y al cabo, que es la UE más que un caparazón para ocultar los intereses de las multinacionales.

Ocurre que, al igual de lo que sucede en Europa y, particularmente, en España, el gran capital está utilizando la virulencia de la pandemia para poner a punto una “reestructuración” que estaba planificada, prevista y deseada desde hacía mucho tiempo, pero cuya aplicación tenía “tempos” regulables, áreas geográficas de aplicación preferentes, contingencias que pudieran presentar las variables económicas y sociopolíticas no previsibles.

Esta “oportunidad de oro” se ha presentado que ni pintiparada a las burguesías occidentales. No es esta una aventurada conjetura. ¿Quién ignoraba que la pugna en la que estaba empeñado el gran capital europeo era la de proceder a recortes, despidos, privatizaciones y cierres para de esa forma poder estar en condiciones de reducir costes de producción y competir ventajosamente en el mercado internacional sin que sus tasas de beneficios se vieran reducidas?

Desde hace más de una década, aquellos tiempos de los “brotes verdes” del Zapatero, cuando España jugaba en la Champions League de la economía – ahora hasta el bicho ha paralizado el fútbol -, la clase empresarial europea y su cohorte de Bancos, grandes Aseguradoras, Corporaciones multinacionales, etc.  había asumido de manera realista la inferioridad de condiciones en la se estaba batiendo en la “guerra económica” con las potencias asiáticas emergentes, y particularmente con China.

Sin embargo, para todo este conglomerado empresarial no resultaba nada fácil imponer un corsé de hierro sobre sociedades resultantes de la postguerra, acostumbradas al relativo disfrute de sus conquistas sociales, arrancadas en duras luchas sociales y políticas desde los finales de la Segunda Guerra Mundial.

Esa es una de las razones por las que a las diferentes burguesías occidentales les ha venido ahora como “anillo al dedo” la covid-19. Y, además, esta se ha presentado con un panorama despejado. Con unos sindicatos de trabajadores ocupados por élites de un pandillerismo burocratizado y corrupto, adaptados a la “cogestión pacífica” de sus litigios laborales con las patronales y gubernamentales, en la que estas siempre resultaban invariablemente beneficiadas.

Carentes de ideología y de arraigo social, e incapacitados para la movilización social.  Con unos Partidos Socialistas, Comunistas y Obreros, borrados de la faz del mapa social y político europeo, o fuertemente comprometidos y enredados con el establishment institucional. Con una extrema derecha creciente, que, ante la ausencia de alternativas políticas realmente transformadoras, los medios de comunicación son capaces de convertir en un pis pas en una presunta alternativa para una sociedad – en el caso de la española – profundamente despolitizada y desmovilizada. Lo del 15-M resulta cada vez más claro que fue una pequeña aventura de niños universitarios mimados, en muchos casos “ninis” sin oficio ni beneficio que no buscan sino hacerse profesionales de la política, aceptando el lenguaje de la lucha de frases en vez de seguir en la lucha de clases, necesaria para afrontar cualquier cambio.

Aunque resulte muy duro reconocerlo, nunca después de que en 1945 concluyera la Segunda Guerra Mundial, las burguesías occidentales dispusieron de un campo tan propicio y despejado para ganar cualquier batalla que se les pudiera presentar, y lograr imponer su dominio indiscutido e indiscutible sobre el conjunto de la sociedad.

Desde mi punto de vista, ya no hay lugar ni para el lamento ni la dilación. Lo que hay que hacer para cambiar esta desfavorable correlación de fuerzas resulta evidente: reconstruir los ejércitos sociales derrotados como consecuencia de las erróneas tácticas de sus claudicantes estados mayores, e implementar estrategias distintas a las existentes. No queda otra. Eso es lo que hay que hacer, reorganizarse contando con las fuerzas que queden, que no son pocas y tomar la calle, pero de verdad, no con una pancarta que salga en la televisión.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

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2 de junio

Ayer, 1 de junio, me felicitaba muy sinceramente de escuchar al director del CAES, Fernando Simón, diciendo que era el primer día cuando no se había producido ningún fallecimiento en España, pero hoy, 2 de junio, cuando se cumplen 80 días de mi arresto domiciliario, tendría que estar doblemente satisfecho cuando me asomo al panel del Ministerio de Sanidad y observo que hay un muerto menos (34) que el día de ayer (35), pero, tal y como vengo manteniendo desde el inicio de mi diario todo lo que no sea verdad, lisa y llanamente, es mentira, sin entrar en ninguna otra disquisición filosófica, a la que me tienen acostumbrados alguno de los jenízaros que me atacan por las redes porque no le bailo el agua al gobierno. Ni al gobierno, ni a la oposición, ni a ningún titiritero, les añado yo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Johns Hopkins CSSE (2 de junio de 2020)

La cuestión es que, tal y como indicaba ayer, esperaba que los cinco muertos en residencias de Asturias, tres el sábado y dos el domingo (Diario La Nueva España de 2 de junio de 2020) aparecerían sumadas en las estadísticas de hoy, pero no, sino que aparecen menos muertos. Alguien me podrá decir que, a lo mejor, la comunidad asturiana aún no los ha enviado, pero tampoco, porque tal y como dice el asterisco del panel del ministerio, “están recogidos todos los muertos con fecha de defunción en los últimos siete días”. Es más, en la estadística por Comunidades Autónomas Asturias aparece con 310 muertos, cuando al día de hoy son 321 los muertos (Diario El Comercio, 2 de junio de 2020).

Desde luego, no voy a preguntar al matemático asturiano de Lada, Alberto Coto – uno de los más grandes calculistas de la historia -, para que me aprenda a comprender estos desajustes con los números, ni mucho menos pretendo seguir polemizando con los muertos. Simplemente me limitaré a seguir usando, como he hecho hasta la fecha, las cifras oficiales que nos facilita el gobierno, entre otras cuestiones, porque ya me parecen unas cifras colosales, tal y como se publican al día de hoy, 2 de junio, con 27.127 muertos y 239.932 infectados. Un amigo mio, con el que comentaba esta mañana las cifras de Asturias me decía: a lo mejor, Antón, el director del CAES, Fernando Simón, quiere llegar a su previsión del inicio de la pandemia cuando llegó a afirmar que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” y que esperan que “no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada” (Agencia Atlas, 31 de enero de 2020).

Ayer, si recordáis, me refería a una información del periódico digital “La Ultima Hora” sobre una supuesta manipulación sobre unas declaraciones a una cadena televisiva de la ministra de Igualdad, Irene Montero, las cuales habían sido filtradas, añadiendo yo que, por supuesto, no iba a entrar o salir en una cuestión en la que ya me he pronunciado en mis diarios sobre lo ocurrido en esos días anteriores y posteriores al 8 de marzo, pero que, si me hubiera ocurrido a mí, sin ser verdad, ya estaría en los juzgados. Así que ya saben cada cual lo que tendrían que hacer. La televisión vasca presentar una querella contra el ABC sin recurrir a esa cantinela de “reservarse el ejercicio de acciones judiciales”, y la ministra más de lo mismo con el periódico monárquico.

Según las fuentes consultadas, la filtración del vídeo de Irene Montero al diario ABC “viene de la televisión pública de Galicia”, concretamente, de periodistas afines al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. (La Última Hora, de Podemos, el 2 de junio de 2020)

Hoy, 2 de junio, me encuentro con la información del mismo diario digital “La Última Hora” donde dicen que, “según las fuentes consultadas, la filtración del vídeo de Irene Montero al diario ABC “viene de la televisión pública de Galicia”, concretamente, de periodistas afines al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, buscando el desprestigio de la ministra de Igualdad intentando atribuirle algo que no dice realmente, a lo que contestó la también gallega del PP, Ana Pastor, que ese vídeo sea aportado al procedimiento abierto para investigar el 8M. Un procedimiento polémico que se ha apoyado en un informe de la unidad de Diego Pérez de los Cobos hecho con recortes de Okdiario.

Sigue diciendo el diario digital que “varios periodistas gallegos, que prefieren mantener el anonimato, señalan a Feijóo como la persona que habría dado la orden de filtrar”.

Hasta aquí, la información literal que nos facilita “La Última Hora” de Podemos, donde tal parece que el único problema que tienen es el de encontrar al filtrador del vídeo que acabo de ver en su integridad, cuando el problema es saber realmente que fue lo que pasó en esos días pandémicos que llevan miles y miles de muertos e infectados en España: si el gobierno tenía o no tenía conocimiento del nivel de riesgo que se estaba corriendo, todo ello a pesar de las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que llegó a afirmar que “les iba la vida a las mujeres en aquella manifestación del 8M” o las del propio director del CAES, Fernando Simón, respondiendo en una rueda de prensa televisada a la pregunta sobre si Sanidad recomendaba ir o no a la manifestación del 8M: “Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera”  (El País, 7 de marzo de 2020).

Irene Montero atribuye al coronavirus la menor afluencia de gente a las marchas, porque en la calle ya había temor a la enfermedad preveniente de China (2 de junio de 2020)

Hoy, con la información que tenemos podemos asegurar que el gobierno lo sabía, sabía que el 8-M era un peligro, pero no, como he dicho en varios de mis diarios, porque hubiera una manifestación de mujeres, sino por la cantidad de concentraciones masivas y espectáculos que se celebraron por aquellas fechas en Madrid. El vídeo de la ministra produce estupor por la inconsciencia absoluta con que quita importancia a una amenaza que ya había forzado a otros países de nuestro entorno a tomar medidas superdrásticas, caso concreto de nuestro vecino peninsular de Portugal. Porque no se trata de una muchacha que comenta la manifestación con una colega de la oficina o una compañera de la universidad sino de una ministra del Gobierno de España, el mismo que autorizó aquellas manifestaciones y concentraciones masivas habiendo recibido de las autoridades sanitarias datos y advertencias más que suficientes para no poder alegar ignorancia alguna. Jo, Irene, al día siguiente del 8-M, vas y le largas a una periodista de la ETB que “en la manifa había menos mogollón que el año pasado porque la peña tenía canguis con el coronavirus”. Y, además, le confiesas que eso lo vas a ocultar a la gente “porque no lo voy a decir”.

Es decir que, además de reconocer que eras plenamente consciente de que existía un riesgo para las asistentes a las que llamabas entusiasmada a acudir a unas marchas bajo el lema de “Sola y borracha quiero llegar a casa”, todavía cuentas muchas más cosas en esa grabación, explicando que “había países europeos que están tomando medidas superdrásticas” contra el coronavirus cuya “capacidad real de control es muy limitada”. O sea, que el 9 de marzo le dices a la periodista que las medidas europeas superdrásticas no sirven. Pero solo cinco días después, el gobierno de España decreta el estado de alarma que nos arresta en nuestros domicilios, mientras vemos cómo van cayendo las personas como moscas en los hospitales y pretanatorios (muchos de esto conocidos con el nombre de geriátricos o residencias de ancianos) como consecuencia de la gran catástrofe que todavía seguimos viviendo, por mucho que el gobierno se haya atrevido a calificarla como una guerra.

Todo esto que parece de tebeo, sin embargo, presenta un grave problema: que es verdad. El vídeo donde aparece la ministra prueba de manera indiscutible que se ha mentido al pueblo sobre la gravedad de la covid-19, pero, además, en la grabación la ministra manifiesta su intención expresa de seguir manteniendo el engaño cuando afirma: “o sea, no lo voy a decir, porque no lo voy a decir”.

Desde luego, no seré yo quien use “el todo vale para criminalizar al feminismo e intentar tapar el ingreso mínimo vital” como afirma hoy en la prensa el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, entre otras cuestiones, porque ni fui ni soy machista, además de estar desde hace muchos años a favor de lo que llamáis ingreso mínimo vital, y tan mínimo, Echenique, pero mañana te lo explicare más amplio y detalladamente lo que de verdad habéis representa eso que presentáis como un hecho histórico. Solo busco la verdad de los negligentes e irresponsables que contribuyeron a la gran catástrofe que estamos viviendo. ¿Me has entendido Echenique? Pues mañana o pasado, seguro que me vas a entender mucho mejor.

Y, menos seré yo el que haga responsables a las mujeres participantes de los males producidos, sino a la irresponsabilidad de los y las dirigentes, a diestra y siniestra. A mi me ha parido una mujer, mi madre – como se suele decir, la mejor del mundo -, tengo una compañera con la que llevo conviviendo felizmente más de cincuenta años, tengo una hermana, dos hijas y dos nietas, como para que alguien o alguna me venga hablando de machismo a alguien que, como yo, no solo sigo luchando por la igualdad de la mujer y el hombre, en lo que sigo pensando tiene que ser una lucha conjunta contra nuestro enemigo común, porque sigo pensando y defendiendo que la lucha de la mujer no puede ser contra el hombre, sino contra el sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos. Para ello, el cambio debe darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo, para emprender una lucha en pareja contra la opresión y la dominación del capitalismo. Por supuesto, no voy a caer en el error de uno de esos periodistas de “a tantos euros la palabra” – tampoco voy a dar su nombre por innecesario – que tiene la desfachatez de afirmar hoy en un digital que “para la crisis de la covid-19 ciertas personas han encontrado a las feministas por encima de todo”, añadiendo que “el vídeo en el que Irene Montero reconoce en una entrevista que la afluencia al 8-M fue menor por el miedo al coronavirus y que la comunicación del Gobierno se basa únicamente en criterios de salud pública ha sido utilizado para incidir en la campaña de culpabilización de la peste a las feministas “ (…) Irene Montero – escribe el periodista en el diario digital de Podemos “La Última Hora”-, “representa todo lo que la construcción del poder de clase odia. Su condición de ministra de Igualdad, la mayor representante institucional del pensamiento feminista, la hace ser un objetivo fundamental en la que concretar su odio visceral a la manifestación del 8M”. Yo solo sigo defendiendo mi verdad, la de los hechos constados, la verdad contra los negligentes y los irresponsables que, pudiendo evitar una gran cantidad de muertos e infectados siguen tratando de justificarse con algo que es totalmente injustificable.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y Republica

3 de junio

Hoy, cuando se cumplen 81 días de mi arresto domiciliario, lo primero que hago a la hora de redactar mi diario es abrir el panel del ministerio de Sanidad para ver las cifras de muertos e infectados, encontrándome que los muertos con coronavirus en los últimos 7 días se elevan hasta los 63 (ayer fueron 34), ya que han incorporado los decesos registrados en días anteriores en Castilla y León y Asturias con los que el Gobierno reconoció tener discrepancias. Sin embargo, en la estadística general quedan contabilizados 27.128 muertos, esto es uno más que el día anterior, y 240.326 infectados. De esta manera, según el último informe, Castilla y León ha sido la comunidad con mayor número de fallecidos al registrar 28 decesos con fecha de defunción en los últimos 7 días, siguiéndola Asturias con 9 y Catalunya con 8. De verdad, desisto de entrar a realizar cualquier valoración al respecto, porque no entiendo nada de nada, solo el resultado total que de manera oficial nos facilita el ministerio.

Precisamente, hoy llega a mis manos un informe de la Asociación Española de Profesionales de los servicios funerarios (Aesprof) elaborado con cinco organizaciones más titulado “Estudio de mortalidad real en España por la pandemia de coronavirus”, donde, según este documento, entre el 14 de marzo y el 25 de mayo 43.985 ciudadanos perdieron la vida en nuestro país por el coronavirus, esto es, 15.876 muertos más de los que constan en el ministerio de Sanidad. Una cifra, por cierto, muy similar a la que muy recientemente nos facilitaba el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de la Salud Carlos III, 43.002 defunciones más de las habituales entre el 13 de marzo y el 22 de mayo.

Al respecto me llama profundamente la atención otro estudio donde queda señalado que dos tercios de los muertos (17.880) por el coronavirus en España, se hayan producido en los “pretanatorios”, conocidos como geriátricos o residencias de ancianos, donde Navarra y Extremadura figuran a la cabeza con el 85 % de los muertos residentes en estos centros.

Fuente: Datos facilitados por las comunidades autónomas a partir de los datos oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo a este estudio, elaborado en base a los datos hechos públicos por las comunidades autónomas entre los días 7 y 20 de mayo, la comunidad con mayor número de fallecidos en residencias por coronavirus es Navarra, con un 85,88 % de los fallecidos (432 muertos en residencias de 503 fallecidos totales por el virus).

Le siguen Extremadura (85,21 %, con 415 fallecidos en residencias de 487) y Aragón (83,21 %, con 694 de 836). Contra las campañas orquestadas por las redes sociales, en su inmensa mayoría, desde cuentas fake partidistas que no tratan sino de arrastrar o dejarse llevar hacia sus informaciones carentes de cualquier mínimo análisis, como no sea el de la rentabilidad electoralista, aunque ésta se haga a cuenta de tantos muertos e infectados por la covid-19, se da la circunstancia de que las tres comunidades autónomas con mayor porcentaje de muertos en esos pretanatorios tienen gobiernos dende esta el PSOE. En Navarra el Ejecutivo está formado por el PSOE, Geroa Bai y Unidas Podemos; en Extremadura por el PSOE; y en Aragón lo hacen con la Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Podemos-Equo.

Por debajo de estas tres comunidades se sitúan las de Castilla-León (75,55 %, con un total de 2.525 muertos de 3.342); Cantabria (68,28 %, con 140 de 205); Asturias (62,46 %, con 198 de 317) y La Rioja (57,02 %, con 199 de 349) a las que siguen el resto, tal y como figuran en el cuadro que se adjunta.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En otro orden de cosas, hoy también ha tenido lugar el debate en el Congreso de los Diputados, por llamarlo de alguna manera, donde, por fin, parece ser que el estado de alarma tiene fecha de caducidad. El 21 de junio esa medida excepcional se levantará definitivamente en España. Pedro Sánchez ha conseguido el apoyo del Congreso de los Diputados para la sexta y definitiva prórroga, y lo ha hecho negociando a varias bandas, exprimiendo al máximo la geometría variable. Ciudadanos, PNV y los partidos minoritarios han votado que “sí” y ERC ha pasado del “no” a la abstención. El resultado de la votación ha sido 177 votos a favor, 155 en contra y 18 abstenciones.

Unos números que suponen un balón de oxígeno para Sánchez y le abren la posibilidad de acuerdos futuros, especialmente, con la vista puesta en los presupuestos: “Tiempo habrá de elecciones. Ahora es tiempo de legislatura. Cuatro años va a estar gobernando esta izquierda”.

Documento firmado por la directora general de la Guardia Civil María Gámez Gámez

La oposición ha aprovechado, no obstante, el flanco que se le ha abierto al Gobierno con el caso Marlaska y la crisis que se está viviendo en Interior tras el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, pero el presidente ha respaldado a su ministro porque según él, “está destapando la policía patriótica” del Gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez ha echado en cara a los populares esa policía puesta en marcha por el ministro del Interior popular, Jorge Fernández Díaz, para “perseguir a adversarios políticos y encubrir la corrupción del PP”, ha dicho. “Nunca, nunca, nunca”, ha rematado el presidente, “ha habido ni habrá intrusión política” en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Vamos a ver, presidente: ya no es la primera vez que mientes en sede parlamentaria. Y esta es una más. Siendo verdad lo que afirmas sobre la mafia policial puesta en marcha por el fascista exministro Jorge Fernández Diaz, el PSOE no es precisamente el partido autorizado para hablar de las cloacas del Estado y la mafia policial, máxime cuando fue un gobierno que practicó el peor de los terrorismos, como fue el terrorismo de Estado en tiempos del felipismo, asesinando y secuestrando a pacíficos ciudadanos, llegando incluso a enterrar en cal viva a personas asesinadas después de ser torturados hasta la muerte en el cubil de Intxa-Horrendo, al mando del coronel de la guardia civil Galindo, ascendido a general por el gobierno del PSOE, después de ser condecorado en varias ocasiones por sus fechorías, aunque posteriormente diera con sus huesos en la cárcel. ¿Acaso has olvidado cuando toda la cúpula del PSOE, con el expresidente González a la cabeza, y unos 7.000 simpatizantes del partido arroparon al exministro falangista, José Barrionuevo en su entrada en la cárcel de Guadalajara, junto con su secretario de Estado de Seguridad, el otro exfalangista Rafael Vera aquel 10 de septiembre de 1998? Fue allí mismo donde los líderes del PSOE improvisaron incluso una especie de mitin ante las puertas de la prisión para denunciar la “injusticia” que sufrían el exministro del Interior y su “número dos’”.

El expresidente González abrazando a su ministro de Interior Barrionuevo a la puerta de la cárcel de Guadalajara.

¿Te acuerdas cuando Felipe González se fundió en un emocionado abrazo con los dos condenados GALeses cuando estos se disponían a acceder al centro penitenciario. “¡Libertad!, ¡libertad!”, gritaban los congregados. “¡Cascos, Aznar, lo váis a pagar!”, tronaron, aunque apenas transcurridos tres meses y medio después, el 23 de diciembre de 1998, el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, aprobara en Consejo de Ministros un indulto parcial a los condenados, equivalente a dos tercios de la pena, lo que les permitía acceder a una modalidad especial de tercer grado penitenciario por el que no tenían que acudir a la cárcel ni siquiera a pernoctar. Esa medida había sido sugerida por el Supremo, en cuya Sala Segunda Barrionuevo y Vera tenían firmes defensores.

Mira, presidente: tú puedes decir lo que quieras, al fin y al cabo, tienes la misma capacidad para rectificar lo que has dicho a la media hora, pero en una democracia avanzada, resulta absolutamente intolerable que un ministro del Interior se interesara por una investigación policial que afecta al Gobierno. O que el ministro cesara a un mando policial por no avisar de un informe, encargado por una jueza que investiga a un dirigente del partido en el poder. O que ese mismo ministro mintiera en sede parlamentaria, ocultara las verdaderas razones para esa destitución y diera hasta tres versiones distintas de lo que ocurrió. En Suecia, en Noruega, en Canadá… cosas así serían intolerables, inadmisibles, impropias. Sin duda lo son. Hay motivos para una dimisión y ojalá viviéramos en un país donde estos actos tuvieran consecuencias. Lástima que España no sea una democracia tan avanzada. Puedes decir de los “otros” lo que dijiste y más, pero no puedes ignorar tampoco la trayectoria de tú propio ministro de Interior.

Ese tal Marlaska, tú ministro de Interior, al que tu defiendes a capa y espada, después de lo ocurrido, es el mismo que impulsó una causa contra Batasuna que chocaba con los planes del gobierno de Zapatero de propiciar una negociación con ETA. El mismo del chivatazo policial en el Bar Faisán, siendo ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, haciéndose un personaje muy atractivo para el Partido Popular, que el se encargaría de cuidar sus relaciones con sumo esmero, hasta ser nombrado en 2012 presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia con el respaldo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP. Antes, los populares habían visto con mucho agrado como este juez, tú ministro de Interior, el señor Marlaska, archivaba la investigación del accidente del Yak-42 que pendía sobre el PP. Su nombre fue uno de los barajados en el gobierno de Mariano Rajoy para sustituir al fallecido José Manuel Maza como Fiscal General del Estado. El propio juez, su ministro de Interior, había puesto su nombre sobre la mesa, pero al no resultar la operación fue cuando tú mismo lo recuperaste para formar parte de tú gobierno.

Recuerda, presidente, la existencia de nueve sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2004 contra el Estado español por diversos casos de no investigar torturas, y que, en seis de ellas, tú ministro de Interior, el tal Marlaska, era el juez instructor. Colocar un perfil de este tipo al frente de Interior demuestra muy claramente que no piensas, precisamente, aflojar en tú gobierno la mano dura, tal y como quedó demostrado con el operativo de otoño contra el movimiento independentista catalán. Que lo hayas mantenido en el cargo, con la aceptación de Unidas Podemos, habla también de como la política de interior que piensa desplegar el actual gobierno “progresista” no será en absoluto diferente. En fin…

Continuando con tu intervención de hoy en el Congreso de los Diputados donde afirmas que “lo peor ha pasado” y que han sido “los peores meses de la historia de la democracia”. “Hoy tenemos cero fallecidos”, ha proclamado para defender una vez más que el estado de alarma “ha sido la herramienta fundamental para detener la pandemia”. Otra mentira como una casa, de acuerdo con las cifras del propio ministerio de sanidad que aparecen publicadas en el este diario de hoy.

En cualquier caso, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un decreto ley para regular la “nueva normalidad”. Tendrá medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a posibles rebrotes de la enfermedad una vez finalice la alarma. Será la nueva legislación hasta que haya un tratamiento o una vacuna contra el virus, según Sánchez.

Pero la base de su discurso ha sido la petición “concordia” y “unidad” al resto de fuerzas políticas ante el ambiente crispado y al clima de tensión que vive la política española. Sánchez ha reclamado “aparcar la mezquindad” y no utilizar la bandera para atacar al adversario: “No hay buenos españoles, ni malos españoles”. El presidente, que se ha solidarizado con las manifestaciones que se están realizando en Estados Unidos, ha rechazado el “odio”, “el insulto” y “la provocación”.

Hoy también ha caído en mis manos un artículo de varias personalidades que se autodefinen de izquierdas en El País pidiendo apoyo para el Gobierno de Sánchez, diciendo que la coalición de izquierdas es la única fórmula posible para “dejar atrás” tres grandes problemas: la corrupción, la crisis social de 2008 y el conflicto territorial.

Elogian las medidas que ha impulsado el Gobierno en estos 5 meses de vida, fundamentalmente dirigidas a paliar los efectos de la Covid-19 (ERTE, avales empresariales, ayudas a colectivos desamparados, ingreso mínimo vital) y lamentan que la pandemia haya impedido desplegar buena parte del programa pactado, a la vez que aplauden la actuación gubernamental ante esta plaga imprevista ya que, a pesar de los errores, ha tenido una “calidad aceptable”.

Sin embargo, desde mi punto de vista, la parte del artículo me parece decepcionante: conmina a encontrar una alternativa a este Gobierno que no sea un retorno al pasado. Produce melancolía constatar que, desde hace un par de décadas, los argumentos de la izquierda desembocan siempre en el mismo mar argumental (un mar que aquel viejo eslogan del PSC contra el PP resume: “si tú no vas, ellos vuelven”). Si ya es incomprensible que la lógica electoral de las izquierdas sea desde hace tantos años estrictamente el pánico a la derecha, más cuesta entender que las mejores mentes de las izquierdas nos inviten a refrenar la crítica y a perdonar errores con el argumento de que ya bastante se ceban en ellos los “tabernarios” o “displicentes” propagandistas de la derecha.

Hace años que en las tertulias y en las redes sociales, donde funcionan multitud de cuentas fake partidistas y sectarias, los opinadores de “a tanto la `palabra”, y los jenízaros de partido ponen su habilidad al servicio de una causa: derecha, izquierda, independencia… Parece que se desee lo mismo en la prensa. Uniformar el pensamiento en trincheras. Encapsular la libertad creativa. Encorsetar la reflexión personal.

Los firmantes del artículo nos invitan a formar en posición de apoyo del Gobierno no solo por miedo a un golpe de Estado o de “lawfare judicial a la brasileña”, sino también por convencimiento en la necesidad de las reformas.

Pues bien: nada encuentro hoy más necesario que el destrenzado de las trincheras. O encontramos la manera de construir un espacio común de referencias en el que varias visiones y los diversos intereses se encuentren reconocidos, o las trincheras acabarán por destruir lo que queda de pie en este país tras las dos crisis: 2008 y la Covid-19. Las trincheras suelen ser siempre destructivas: se ve claramente en la América de Trump, que va de la violencia racial a la irrelevancia mundial. No es chocando ni crispando a la ciudadanía – harta de vuestros enfrentamientos y vuestros insultos -, cómo se gana, sino integrando.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

4 de junio

¡¡¡ Viva el 8 de marzo ha dicho Sánchez ayer en su comparecencia parlamentaria para pedir otra prórroga del estado de alarma que nos tiene arrestados en nuestro domicilio 82 días!!!. Sí, se trata del mismo personaje que vimos llorar a moco tendido en público cuando le echaron de su propio partido y tuvo que dejar el escaño, en octubre de 2016, siendo incapaz de mostrar la más mínima emoción durante estas semanas de muerte y confinamiento presididas por su negligencia y su irresponsabilidad.

Viva el 8 de marzo, sí. Y los proveedores e intermediarios de mascarillas falsas. Y los geriátricos convertidos en auténticos pretanatorios. Y el triaje en los hospitales. Y las cifras de muertos e infectados del ministerio de Sanidad, donde se hace imposible saber el número real de muertos e infectados por la covid-19. Que viva el 8 de marzo, claro.

Fuente: Ministerio de Sanidad (4 de junio de 2020)

Ayer mismo, en la misma comparecencia parlamentaria, el presidente se vanagloriaba de tener cero muertos en España, sabiendo, como sabe, que está mintiendo como un bellaco. Ahora mismo me encuentro ante el panel del ministerio de Sanidad y veo las cifras oficiales que suman 27.133 muertos y 240.660 infectados, aunque todavía no veo que se hayan contabilizado, por lo menos, los últimos nueve fallecidos en Asturias.

Sin embargo, un estudio que ha llevado a cabo Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza la cifra de 44.000 muertos entre el 1 de enero al 24 de mayo, un 24 % superiores a las del mismo periodo del año pasado, a partir de datos recibidos desde los registros civiles que han sido comparados con el histórico de defunciones del mismo periodo de otros años que mantiene el instituto. Hay que dejar claro que son muertos, sin entrar en las causas, por lo que no podemos atribuirlos todos al coronavirus, pero la relación entre este aumento y la crisis sanitaria es muy clara.

Para empezar, el aumento en el número de defunciones se concentra en los meses de marzo y abril, cuando la epidemia estaba en su pico en España. De hecho, si se eliminan las primeras semanas del año, en las que la mortalidad fue parecida, y se toman solo las de los dos meses de mayor impacto se ve que en ellos el aumento de la mortalidad es de alrededor del 50 %. Además, las cifras del INE son muy similares a las que calcula el Instituto de la Salud Carlos III, el de mortalidad diaria conocido como MoMo, que da una cifra de 43.014 fallecimientos de más en el periodo que va del 13 de marzo al 22 de mayo, los peores días de la epidemia en España, amén de las ofrecidas por la Asociación Española de Profesionales de los servicios funerarios (Aesprof) elaborado con cinco organizaciones más titulado “Estudio de mortalidad real en España por la pandemia de coronavirus”, el INE no solo compara los datos con los del año pasado, sino que permite hacerlo con información desde 2016. En cualquier caso, la evolución de las curvas de fallecimiento en esas primeras 21 semanas es uniforme entre ese año y 2019, y marca un ligero descenso desde primeros de año, como corresponde a la disminución de la mortalidad habitual según va suavizándose el invierno, cuando suele haber un pico en el número de fallecimientos.

El 3 de marzo, un día después de recibir en el correo electrónico del CCAES el informe de la Unión Europea, el doctor Fernando Simón recomendó que “no se organicen en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios, siendo uno de los objetivos que justifican dicha medida el evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional”.

Claro, que siempre nos quedará el director del CCAOS, Fernando Simón, cuando, ayer mismo, para explicarnos estas divergencias en las cifras afirma que, más importante que contar los fallecidos con una exactitud extrema es confirmar la tendencia de cada momento. Vale, de acuerdo doctor, ¿pero esa tendencia sería la misma hoy, de haber cogido el toro por los cuernos, cuando ya se sabía, esto es en su día cuando tú mismo declarabas a todos los medios de información de una manera reiterada de que España no pasaríamos de uno o dos casos?

Por cierto, señor Simón, ¿Es verdad o es mentira que, con fecha 2 de marzo, la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC) emitió un informe en el que reclamaba a los estados europeos “evitar” que la población acudiese a “actos multitudinarios” e impedir “concentraciones masivas innecesarias” por el coronavirus? ¿Es verdad o es mentira que, en el mismo informe, recibido por el gobierno y tú mismo a través de correo electrónico, el motivo que aducía era que al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión de la Covid-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, cancelarlas “puede reducir la transmisión del virus”?

¿Es verdad o es mentira que el Gobierno de España hizo caso omiso de ese informe, permitiendo todas las manifestaciones y concentraciones multitudinarias del 8-M? ¿Es verdad o es mentira que el CCAOS que tú mismo diriges, señor Simón, recibiste esas advertencias el mismo día 2 de marzo, a las 12?45 horas, sin que lo enviases a las comunidades autónomas, sin ni siquiera discutir en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El análisis del INE permite ver el impacto del confinamiento impuesto tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, exponiendo que “la semana del año 2020 con mayor número de muertos fue la 14, que va del 30 de marzo al 5 de abril, con 20.575 personas fallecidas, un 154,6 % más que en la misma semana de 2019”, que también coincide con la evolución de la crisis. Además, nos indica que a partir del 18 de mayo las cifras vuelven a la normalidad. En esta última semana del estudio, “el número de defunciones se estima en 7.470 personas, cifra similar a las 7.429 de la misma semana de 2019”. En los otros años, con gripe, pero sin coronavirus, el máximo se da en las primeras semanas del año.

Es decir, con más de cuarenta y tres mil muertos sobre la mesa de un Gobierno negligente que reaccionó tarde y mal ante la epidemia del coronavirus, el presidente del gobierno se permite el lujo de “glayar” en el Congreso “viva el 8 de marzo”.

El problema no es tanto que una persona mienta, sino que, con ello, se hace imposible volver a creerle. Ni, aunque digas la verdad te podremos volver a creer, presidente. En política es difícil recuperar la credibilidad cuando se ha falseado una y otra vez la palabra que, a la postre, es la herramienta de trabajo de quien sube a la tribuna de la sede de la soberanía nacional.

Sin duda, a Sánchez le conviene que la política siga instalada en la bronca de la más baja ralea, aunque diga que hay que poner fin a los insultos y a la crispación, para que nadie debata sobre lo esencial: la gestión realizada en una crisis de la que ni siquiera se sabe ya el número de muertos de una manera fidedigna.

“Viva España, claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial de nuestro país”, ha señalado este domingo Sánchez durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura de José Antonio Serrano a la Alcaldía de Murcia. En la misma línea, ha destacado que “el sentido común lo representa el PSOE”, frente a una derecha “decadente” y “sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización”. “Escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir viva España, pero ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor” (Mitin electoral en Murcia, 20 de enero de 2019)

La verdad, desde mi punto de vista, es que escuchando estos días al presidente Pedro Sánchez me suena en muchas ocasiones como una versión adaptada al trumpismo. El presidente español no es capaz de esconder nunca su autoestima, con un sentimiento de estar por encima de casi todo y de casi todos, que disimula con una retórica frailuna, que utiliza una humildad aparente que no esconde sino una forma sublime de soberbia. Una retórica florida, muy preparada para leer por el teleprónter con muy poca densidad en el contenido. El presidente no necesita que nadie le elogie, se elogia él mismo, se pone nota alta con el añadido de que no es discutible por evidente.

También despliega desdén por los hechos, utiliza los que le convienen y como le conviene recurriendo a lo “alternativo”. Por ejemplo, son alternativas las cifras de víctimas de la pandemia. El mismo día en el que el INE, con la solvencia que se le reconoce, publica su “estimación de defunciones durante el brote de CONVID-19”, tal y como ha quedado explicado, el presidente se aferra en el Parlamento a la cifra del ministerio de Sanidad (poco más de la mitad) que ha acreditado a lo largo de estas últimas semanas una asombrosa inconsistencia que va contra la credibilidad. Por si no fuera suficiente, estos días el presidente exhibió su visión alternativa al atribuir a la SEPI los nombramientos para el consejo de Enagás, sin olvidar el mundo alternativo de las decisiones de su ministro del Interior.

El Sánchez trumpista también utiliza la polarización, el frentismo, con una crítica intensa y permanente a los adversarios políticos. El norteamericano lo hace de frente, áspero, mientras que el español recurre a cierto disimulo, con un preámbulo de diálogo y buenas maneras que abandona al segundo siguiente para recurrir a la retórica que rechaza. Anuncia que se acabaron los insultos, que no deja espacio al odio, y a renglón seguido pone a caldo a los adversarios electorales al tiempo que elogia a unos socios provisionales que sabe que le van a traicionar a muy corto plazo.

Para poner punto y final a mi diario de hoy, por su importancia, dentro del asunto más grave y preocupante de la catástrofe pandémica, como son las personas muertas y las fallecidas que estamos tratando, recojo la primera sentencia de una juez turolense que ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), al Servicio Aragonés de Salud (SAS) y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales y vulnerar el derecho a la salud y la integridad física de los trabajadores al no facilitar a los centros sanitarios de la provincia medios de protección individual adecuados para evitar contagios por coronavirus.

La titular del Juzgado de lo Social de la capital turolense, Elena Alcalde, estima así la demanda interpuesta por el sindicato Fasamet contra estas administraciones, a las que obliga a proporcionar a los profesionales sanitarios, “en el momento que disponga de ellos”, de equipos de protección individual que incluyan mascarillas FFP2 y FPP3, protectores oculares o faciales completos, guantes, gorros, calzas, hidrogel y contenedores de residuos.

En la sentencia, la juez concluye que la pandemia de coronavirus no es un “supuesto de fuerza mayor ni riesgo catastrófico, ya que el hecho de que la pandemia alcanzara a nuestro país no era imprevisible y eran evitables muchas de sus consecuencias”, al existir “numerosos avisos y recomendaciones de la OMS, conocidas por el Ministerio de sanidad y también por la DGA”.

“De haber existido un acopio suficiente, no hubieran sido necesarias las compras en un momento en que existía escasez de material a nivel global”, defiende antes de subrayar que fue esa falta de acopio la que provocó que el suministro de EPIS a los profesionales sanitarios “no fuera adecuado para protegerles, lo que obligó a racionalizar las existencias, a aceptar donaciones de particulares y recurrir a medios alternativos e incluso a “la elaboración del material por los propios profesionales sanitarios”.

La magistrada recuerda que la normativa de prevención de riesgos laborales “impone la obligación legal a la Administración, como empleadora, de proteger a los trabajadores, lo que conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo con las mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad para su salud”. No hacerlo así, “sin que resulte justificada la tal conducta”, conlleva, además de infringir esa normativa, “poner en peligro a los trabajadores, que quedan expuestos a un riesgo grave para su salud, previsible, evitable o minimizable, pudiendo incluso lesionarse la vida”, recalca (…) Pero según la magistrada la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a la que está obligada la Administración “no ha sido proporcionada adecuadamente” en este caso por lo que considera “incorrecta planificación, previsión y gestión de stocks de EPIS”. Una actuación u omisión que tacha de “injustificada” y que produce, por tanto, “el incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas en materia de prevención de riesgos laborales, y con ello, la lesión de la salud e integridad física, en el caso de los sanitarios efectivamente contagiados, y la puesta en peligro grave de la salud e integridad física de los demás trabajadores sanitarios”. De ahí que considere vulnerado el derecho a la salud e integridad física de los trabajadores sanitarios que representa el sindicato denunciante en la provincia.

La juez recuerda que la Fiscalía “considera igualmente que se ha producido tal vulneración”, acredita que se ha producido “desabastecimiento” y entiende “que existe imprevisión”. De hecho, subraya que el Ministerio Público apunta que “lo previsible es evitable” y que “la OMS ya el 30 de enero insistió en la necesidad de vigilancia activa”, un hecho “conocido por las comunidades autónomas y las consejerías”.

Desde luego, no quisiera yo estar en el pellejo de esta juez, a la que no tengo el gusto de conocer, ni me preocupa su ideología, pero con la que estoy totalmente de acuerdo con su sentencia sobre unos hechos que se han producido en todas las comunidades autónomas, con el resultado de que nuestro país tenga el récord del mundo en número sanitarios muertos e infectados por la covid-19. Creo que esta juez ha puesto fin a su carrera judicial, porque van a ir por ella a degüello, tratando de humillarla y clasificarla desde las cloacas del gobierno de Pedro Sánchez, como mínimo, de ser de derechas.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

5 de junio

Hoy, cuando se cumplen 83 días de mi arresto domiciliario, ha sido otro día movidito, de esos donde los sectarios partidistas y todo un ejército de jenízaros han aprovechado para insultar y descalificar por las redes al autor de este diario porque no le baila el agua ni al gobierno de España ni a maría santísima, en este caso concreto, la mayoría pertenecientes a lo que queda de la organización de Podemos. Sí, he dicho muy claramente lo que queda de Podemos, porque hoy ya es una “fuerza política irrelevante” que camina cuesta abajo y sin frenos hacia el abismo político, principalmente porque se han dejado coaccionar, por mucho que su máximo dirigente siga afirmando que el “gobierno de Coalición” que comparte con el PSOE no procederá a aplicar recortes sociales.

Quizá no haya recortes ahora, pero estos vendrán a muy corto plazo, cuando el gobierno se vea forzado a introducir la austeridad a los mismos niveles que Grecia durante la anterior crisis, pero sosiéguense, por favor, porque “no ofende quien quiere, sino quien puede”, reza sabiamente el refrán.

Sólo quien haya militado en un partido, como ha sido mi caso concreto, alcanza a imaginar la fuerza embaucadora que puede llegar a tener la vida de un sectario o jenízaro partidista. Sí, sólo quien sabe lo difícil que es pensar con autonomía en las organizaciones partidistas está en condiciones de captar lo pernicioso que puede llegar a ser el patriotismo de partido.

Y es que ese patriotismo funciona como un filtro en el que los partidos tratan de adaptar a su discurso oficial todas las que llegan a sus miembros. Ahí reside la pavorosa eficacia del sectarismo de partido. Sus víctimas actúan siempre convencidas de que los sectarios son los otros, porque el sectario nunca se reconoce como tal. Por el contrario, piensa que la suya es la posición correcta y razonable, frente a las de los demás, que actúan, según él, movidos por impulsos inconfesables y defienden intereses espurios, frente al justo interés que cada uno cree defender.

Ocurre, sin embargo, que sólo una pequeña parte de los ciudadanos militan en partidos en las sociedades llamadas democráticas; y ocurre, en consecuencia, que, sino todos, sí un número importante de quienes no tenemos esa militancia partidista ahora sabemos ya por experiencia que el sectarismo se extiende, sin excepción, a diestro y a siniestro. En el caso de la Covid-19 todos los partidos, están persuadidos de estar haciendo lo correcto y de que sus opositores respectivos actúan movidos sólo por inconfesables intereses de partido.

Mientras, los ciudadanos y ciudadanas de este país seguimos contemplando atónitos, la incapacidad de todos ellos para llegar a acuerdos exigidos por el sentido común y la decencia en el asunto más grave acontecido en España, después de la guerra incivil, como es la covid-19 que, al día de hoy lleva 27.134 muertos y 240.978 infectados.

Este ha sido el tema de discusión, después de poner en duda las cifras oficiales de muertos e infectados que viene facilitando el ministerio de Sanidad, cuando este, después de modificar en siete ocasiones sus parámetros reconoce el número de muertos reflejados al día de hoy, 5 de junio, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) la eleva en más de 3.000 y el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo) estima en un amplio y detallado informe que las muertes provocadas por la covid-19 eran 43.000, esto es, 5.000 muertos menos que la cifra calculada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lógicamente, nada me he inventado en mi diario, limitándome siempre a trabajar con las cifras oficiales del ministerio de Sanidad que ya me parecen de una magnitud colosal, pero manifestando muy claramente, en voz alta y con los pies pegados al terreno, por mucho que me digan esos sectarios partidistas que estoy cayendo muy bajo (igual acabo en el infierno), que existe un desfase que, además de ser un desprecio a las víctimas, hunde aún más la credibilidad de las autoridades sanitarias españolas. Incluso hasta el Financial Times, al que tantas veces recurre el gobierno cuando habla de algo que les favorece, ha dejado en evidencia al gobierno por este asunto. El mismísimo presiente del Gobierno, durante su comparecencia parlamentaria para imponer la sexta prórroga del estado de alarma, celebraba como todo “un éxito” colectivo el que no se hubiera registrado ningún fallecido aquel día, cuando varias comunidades seguían reportando muertos por la covid-19, caso concreto de Asturias con nueve muertos más que, por cierto, al día de hoy todavía siguen sin contabilizar en el computo general del ministerio de Sanidad.

Pero ahí lo dejo, siguiendo sin comprender a gente que, tal parece no darse cuenta de la magnitud de las cifras que tenemos en los registros civiles para seguir defendiendo como la gran gestión sanitaria del gobierno, recurriendo al insulto y la descalificación a los que afirmamos y seguimos afirmando que se trata de una situación a la que hemos llegado por negligencia e irresponsabilidad, tanto del gobierno central, comunidades autónomas y la oposición carroñera, todos con la mente puesta en la rentabilidad electoral que pueden sacar de los muertos.

Ocurre, lisa y llanamente, que el sectarismo de partido impide ver a quienes están en primera fila lo que vemos con claridad los que contemplamos la función desde el confinamiento por el estado de alarma. Quizá parezca increíble. Pero es lógico. Estos días en que el Congreso se mueve, uno no puede dejar de mirar al Hemiciclo, donde los sectarios se amorran con sus máscaras ante la verborrea vacía, nimia y vergonzante de un líder que todavía posee la potestad exorbitante de arrogarse prácticamente cualquier función, como, por ejemplo, el sinsentido democrático de poder regañar a alguien de los suyos por haberse expresado en términos contrarios a alguna directriz del partido.

De todas las penas que ofrecen los partidos políticos actuales, la que más cabizbajo deja es la que siente uno al ver aplaudir o festejar a un diputado la idiotez de turno de otro compañero de partido. Porque uno puede creerse que, como en todo, puede haber gente en el partido a la que tal idiotez hace gracia. Yo me supongo que la cosa debe ser cosa de billetes. Debe ser que el sentimiento puede todavía a la razón, y que hoy por ti y mañana por mí; que cómo no voy a meter en mi lista a aquél que aquella vez habló bien de mí, o cómo no voy a dar un cargo a este otro que puso dinero en mi campaña.

Siempre hay trabajo para el afín a las siglas, el escudero del partido, el que apoyó tu candidatura en un congreso, el que te hizo un favor político o te ayudó a traicionar al rival político cuando más lo necesitabas.

Por ese motivo, los que gobiernan el país sólo se librarán de la presunción de culpabilidad cuando aprendan a separar el grano de la paja; la relación personal del mérito político con la responsabilidad que el sentido común exige para gobernar un país desde la decencia. Lo que está por ver es si esa responsabilidad es posible en el sistema actual, donde la estructura de partidos es cada vez más decadente, impidiendo el desarrollo de la personalidad, cercenando la creatividad y obligando a una estructura cuartelaria de disciplinas absurdas. Dicho de otra manera, por si esos sectarios y jenízaros partidistas que funcionan a golpe de consigna no son capaces de comprender porque no les interesa. De las muchas indignidades que viene padeciendo el contribuyente español, quizá ninguna sea más irritante que la de ver cómo sus impuestos sostienen una gigantesca agencia de colocación que permite dar cobijo a miles de políticos, familiares y amiguetes “pastiando” de los presupuestos en los distintos organismos de la administración y chiringuitos creados “ad hoc” con salarios que, en absoluto se parecen en nada al Ingreso Mínimo Vital, que veremos como acaba.

Nada ha cambiado. Lo que se nos ha venido vendiendo como la nueva política, es de facto una añadidura de siglas al tablero político que, si bien han traído nuevas estrategias comunicativas y que se adaptan, no mejor, sino más a la gente, de ningún modo han virado el timón de la base fundamental para hacer política en un Estado ya resignado moralmente a la putrefacción: los valores.

Sin embargo, estar radicalmente en contra del sectarismo partidista en absoluto significa, desde mi punto de vista, estar en contra del intercambio de ideas, ni de la enmienda crítica, ni del escrutinio a la acción de un gobierno, entre otras cuestiones, porque ello  significaría estar en contra de elementos que constituyen aquello que se manifestaba en las plazas el 15-M cuando se gritaba “lo llaman democracia y no lo es”, a la vez que implicaría adoptar posiciones dóciles e ignorantes ante el poder y  la política institucional. No. Estar en contra del sectarismo partidista significa oponerse al uso de las estrategias comunicativas que simplifican y distorsionan conscientemente la realidad para sacar rédito político, económico o electoral.

Una práctica tan extendida como corrosiva, tan propia de la era digital y tan común en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Unas estrategias de difamación que se explican sólo bajo la premisa de que a quien emite este mensaje le importa más ver aumentar su proyección electoral que ver disminuir la curva de contagios por Covid-19, tal y como ha quedado dicho a lo largo de mis diarios. Lo único bueno es que estos mensajes y sus voceros son fácilmente reconocibles, salvo los que se esconde en cientos de cuentas fake al servicio partidista, que solo sirven para suplir la falta de argumentos por exabruptos ideológicos; se identifican nítidamente con una posición convertida en dogma y hacen girar las circunstancias para que coincidan con ellos y, lo peor, recurriendo al miedo de que viene la derecha, como si ellos estuvieran haciendo políticas de izquierda, cuando no están sino al servicio del neoliberalismo, hasta el punto de que si a uno la da por reivindicar un modelo centralizado, republicano y jacobino de nación política, dado el desastre organizativo y las diferencias existentes entre las distintas autonomías, trátese de los privilegios fiscales de que disfrutan vascos y navarros, por ejemplo, mientras otras, como Asturias, están todo el día camino de Madrid para “miagar” alguna mísera limosna, por la desigualdad electoral debida a la Ley D’Hont, o trátese del conflicto catalán, o por el mantenimiento de la diversidad cultural, enseguida saltan los sectarios partidistas y jenízaros diciendo: ¡ joder, pero si eso es lo que piden los voxmitivos ¡

Por cierto, hablando del llamado conflicto catalán, me viene a la memoria el grave asunto de la Nissan, donde tanto los llamados independentistas catalanes como el gobierno de España, concretamente su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, me han sorprendido cuando les escucho la última ocurrencia consistente en requerir la nacionalización de Nissan. Nada más y nada menos que una multinacional japonesa.

El primero en lanzarse a la piscina ha sido el portavoz de Esquerra Republicana y, como se trata de nacionalizar, habría que preguntarle a cuál de las naciones se refiere, si a la española o a la catalana. Puestos a soñar empresas imperiales es posible que esté dispuesto a proponer también la invasión por la grandiosa nación catalana de Japón y su anexión posterior como colonia. Reinventando la historia, puede llegar a descubrir que, en algún momento, el imperio del sol naciente y otros similares pertenecieron al condado de Barcelona.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados habla de ceder la fábrica en régimen de cooperativa a los trabajadores. Menudo regalo. Debe de pensar que las multinacionales del sector de la automoción se reproducen, como las estrellas de mar, por arquitomía. De un solo brazo fragmentado puede salir un individuo completo. Rufián cree que de una fábrica abandonada podemos extraer por la fuerza y la virtualidad del independentismo una Nissan pequeñita lista para mantener el empleo de 23.000 trabajadores, producir los coches más ecológicos del mundo y al precio más atractivo. Por supuesto, sin que importen el capital del que se disponga, las patentes, las marcas y la tecnología con la que se cuenta, el nicho que se posee en el mercado y los canales de distribución, y todo ello en uno de los sectores más competitivos del mundo, aunque al mismo tiempo de los más concentrados y en el que las economías de escala son fundamentales.

Lo que más me sorprendió es como el vicepresidente segundo del gobierno, una de las cabezas mejor amuebladas de la política española, afirma que, de acuerdo con la Constitución española, las nacionalizaciones son perfectamente posibles. No cabe ninguna duda, pero lo que hace falta es que sean también posibles desde el punto de vista económico y, sobre todo, que sean convenientes, además de estar hablando de una multinacional japonesa que, lógicamente tiene sus dueños en Japón.

Nadie duda que el franquismo fue adalid en esto de nacionalizar, convirtiendo al sector público en la cloaca del sector privado. Como buena dictadura populista, se hacía cargo de empresas en pérdidas para evitar la quiebra y la consiguiente conflictividad laboral, caso concreto de Hunosa nacionalizada en 1967 por el franquismo, cuando la realidad de Hunosa fue una socialización de pérdidas y una privatización de las ganancias, muchas ganancias, principalmente obtenidas en la transformación del carbón en energía a bocamina y en las coquerías para las siderurgias. En los años que llevamos de esta llamada democracia el bipartidismo PPSOE, se han dedicado más a privatizar que a nacionalizar. Así nos hemos quedado sin todas aquellas empresas públicas que eran rentables. Las nacionalizaciones, por el contrario, cuando han existido, siempre han estado orientadas a asumir pérdidas. Un caso que sin duda viene a cuento señalar por la semejanza que guarda con la actual situación de Nissan fue la nacionalización en 1994 por la Junta de Andalucía de la factoría de Linares, tras su abandono por la multinacional Suzuki, constituyendo un agujero sin fondo en el que enterrar dinero público tanto de la Junta como del Estado, hasta que se terminó cerrando en 2011.

En principio, no solo las nacionalizaciones, sino en general todo lo que se denomina ayudas de Estado, están proscritas en la Unión Europea. Aunque siempre ha habido excepciones, como por ejemplo la de las entidades financieras, sobre todo si afecta a los países miembros más importantes, como Alemania. En este momento, con la crisis del coronavirus se ha abierto la veda. La Comisión Europea lleva ya autorizadas toda clase de ayudas por importe de dos billones de euros, de los que más de la mitad corresponden al país germánico. Me temo que ese plan de reactivación pendiente de aprobar que tanto ruido está metiendo vaya dirigido principalmente a este cometido,

Es seguro que las prestaciones a fondo perdido, desmesuradamente esperadas, no se orientarán ni a pagar ese Ingreso Mínimo Vital del que el Gobierno alardea ni a incrementar las prestaciones de desempleo a los parados – el SURE concede simplemente préstamos -, y tampoco se encaminarán a potenciar y aumentar el equipamiento sanitario; las ayudas a esta finalidad se van a instrumentar mediante el MEDE cuya finalidad consiste exclusivamente en conceder créditos. El incremento de todos estos gastos, junto con el inevitable descenso de la recaudación fiscal, va a incidir sobre el ya abultado nivel de nuestro endeudamiento público, aumentando aún más nuestra vulnerabilidad financiera y fiscal sin que podamos esperar mucho de la Unión Europea.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

6 de junio

Hace días que había anunciado en uno de mis diarios que me iba a referir al Ingreso Mínimo Vital y, hoy, cuando se cumple 85 días de mi arresto domiciliario con libertad provisional, harto de soportar todo tipo de impertinencias, insultos y descalificaciones, especialmente cuando me refiero a las cifras de los muertos, tanto en los hospitales como en los pretanatorios, he decidido no hablar más, de momento, entre otras cuestiones porque ya ha quedado casi todo dicho de manera exhaustiva en mis diarios, incluido, como no, el triaje o la exclusión usados con los ancianos, no solo en Madrid, sino en la mayor parte de los pretanatorios, llamados irónicamente muchos de ellos geriátricos.

Así que, después de dar las cifras oficiales de muertos (27.135) e infectados (241.310) facilitadas por el ministerio de Sanidad en el día de hoy, 6 de junio, me dispongo a decir algo de lo que sé, no todo, sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Quién no se ha imaginado alguna vez cómo sería vivir una pandemia? Cómo vamos a hacer frente al virus, qué pasa si pierdo mi empleo, cómo voy a llegar a fin de mes, o qué ingresos voy a tener para sobrevivir, son sólo algunas de las preguntas que hoy en día se hace una gran mayoría de la población.

Actualmente sabemos que la duración de la pandemia será clave para medir el impacto de ésta en todo tipo de factores económicos. Diariamente nos encontramos con datos y cifras macro que, como bien sabemos, parecen estar muy lejos del día a día de las personas pero que indudablemente nos afectan, apuntando todos ellos hacia un rescate de España, aunque los eufemismos políticos ya se encargarán de que no parezca un rescate, sino algo menos “feo”, como intervención, seguimiento, monitorización o “simples sugerencias”.

Lo primero que hay que dejar muy claro es  que algunos de los responsables de la creación del IMV, tales como el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá,  han estado ligados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), habiendo sido su presidente desde 2014, y la AIReF tiene como uno de sus objetivos principales: “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. El mismo artículo 135 del bipartidismo PPSOE que reformó la Constitución para imponer el austericidio, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y pensiones, para rescatar la banca, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020. En principio, un mal presagio.

Efectivamente el Consejo de Ministros aprobaba el IMV el pasado 29 de mayo. Como no podía ser de otra forma, la derecha y sus extremos estuvieron bombardeando, dentro de su campaña de acoso y derribo, con el peyorativo término de “la paguita” para desprestigiar cualquier posible medida a favor de las personas pobres. Actitud agresiva que cambió hacia otra más benevolente cuando las encuestas mostraron el alcance del apoyo al IMV.

En cualquier caso, el viernes 29 se aprobó lo que llevaba en el programa el PSOE, aunque sustancialmente recortado. Por su parte, Unidas Podemos en su programa electoral ofrecía un subsidio parecido con un presupuesto de 10.000 millones, el IMV de programa del PSOE hablaba de 6.000 millones. Pocos días antes de aprobarse, algunas declaraciones de ministros o personas próximas al gobierno anunciaban la cantidad de 5.000 millones. Finalmente, han sido 3.000, cantidad que quedará rebajada cuando se complemente el IMV con los subsidios similares que existen en las Comunidades Autónomas.

Hay que dejar claro también, para que nadie se engañe que esos 3.000 millones suponen un 30% de lo presupuestado por Unidas Podemos y un 50% por el PSOE en sus respectivos programas electorales, pero la razón aducida de los más bien escuálidos 3.000 millones de euros ha sido la de costumbre: la prudencia, la imposibilidad de asignar más fondos, la inmensidad de los gastos que debe afrontar el gobierno.

Sin embargo, desde distintos miembros del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS y, sobre todo, desde los tertulianos de “a tanto la palabra” han llegado a escribir o emitir expresiones como “conquista histórica”, un “paso de gigante en el Estado de Bienestar”, o, con un tono de gesta, “el IMC puede estar a la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, llegando incluso a mencionar la posición favorable del Fondo Monetario Internacional. Resulta tentador el autobombo, incluso comprensible en el escenario político que vivimos. Pero excederse un poco en el autobombo puede provocar sonrisas hasta benévolas. Excederse mucho, el ridículo.

Tal parece que a algunos les molesta sobremanera que se llame a los subsidios para pobres precisamente subsidios para pobres. Ojalá fueran otra cosa. Las insuficiencias respecto a otras propuestas que podrían haberse estudiado como una Renta Básica son tan extremas que ya tendremos ocasión para escribir sobre ella.

Por supuesto, nadie está pidiendo un salario mínimo como el recibido por los dos exministros del PSOE, José Blanco y José Montilla, y el ingeniero aeroespacial, Cristóbal Gallego Castillo, de PODEMOS, por su entrada por las “puertas giratorias” en el consejo de Administración de ENAGAS, principal transportista de gas natural y gestor técnico del sistema gasista en España, por el que percibirán un Ingreso Mínimo Vital de 160.000 euros anuales.

Los motivos que ha esgrimido Enagás para justificar estos fichajes, que obligarán a la compañía a modificar sus estatutos para ampliar el tamaño de su consejo, son incuestionables. Dice la empresa que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto amenazas para la garantía del servicio esencial de suministro de gas y, por ello, ha tenido que reaccionar “preventivamente” reforzando su órgano de administración con estos nuevos miembros que aportan “valor añadido en la gestión de una situación de emergencia como la que vivimos”.

Y es que, si por algo destaca Enagás, participada en un 5% por la SEPI, es por el valor añadido de sus consejeros. Allí siguen pastando felices exministros del PP como Ana Palacio e Isabel Tocino, el marqués de Oreja, don Marcelino, que lo fue de Exteriores con la UCD antes de integrarse en las filas populares y hasta el expresidente del partido Antonio Hernández Mancha.

Pero, volviendo al IMV real me voy a permitir hacer algunos números, tomando para ello los más favorables al mismo, los que se definen desde el propio gobierno dándolos por buenos, sin entrar a cuestionarlos. Según estos datos, se llegará a 2,3 millones de personas muy pobres, cuando según los datos del Oxfam, nunca desmentidos por nadie, había un 9,18% de la población española en 2019 de pobres extremos. Es decir, 4,4 millones de personas. Esto significa que, en escenario más ventajoso del gobierno, el IMV va a cubrir poco más de la mitad de los pobres extremos que había en el año 2019, antes de las condiciones sociales y económicas provocadas por la pandemia. Pero sacarlos de la pobreza extrema para situarlos en la pobreza. No sacarlos de la pobreza. El ministro Escrivá declaró a El Periódico el 24 de mayo: “Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda.”

Sigamos con los números. Si pasamos de los extremamente pobres a los pobres en general, el conjunto de personas por debajo del umbral de la pobreza era en el año 2019 de más de 10 millones de personas. Ahora hay más y al finalizar el año, habrá muchos más productos de una situación tan extraordinaria como la actual. Dejar fuera del IMV al menos al 75 u 80% de pobres y llamar a esta medida el “no va más” de las medidas sociales es como mínimo distorsionar un poco la realidad. Otra cosa es admitir que el IMV paliará algo la terrible situación. Que es mejor que nada. Algo indiscutible. Pero calificar al IMV como “la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, francamente, es además de frívolo un cierre al horizonte que necesitamos abrir a la altura de las necesidades de la mayoría de la población.

Que centenares de entidades hayan manifestado en el Plan de Choque Social que “El IMV nace ineficaz e insuficiente tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria”, sigue siendo tildado por el gobierno y los jenízaros de los partidos que lo sostienen como posturas “radicales”, “demasiado extremistas” o cosas así. Hasta el propio secretario general de la UGT, José Álvarez, nada sospechoso de actuar en contra del gobierno, cuyo sindicato siempre ha defendido rentas mínimas condicionales, escribió en La Vanguardia el pasado 31 de mayo que “Esta prestación del IMV nace burocrática y centralizada, y presenta debilidades que no queremos”.

Abundando más en el tema: 3.000 millones de euros es el valor de los bienes y servicios que generaba España el año pasado cada 21 horas, aunque tampoco el año pasado fue de una prosperidad especial, ni mucho menos, lo que quiere decir que, con las capacidades de que disponemos a estas alturas del siglo XXI, a nuestro país no le cuesta ningún esfuerzo especial producir todo ese valor en menos de un día. Pues bien, con 3.000 millones de euros van a tener que conformarse dos millones trescientas mil personas para vivir siete meses, desde junio hasta diciembre de 2020.

Ello supone que van a disponer cada uno de unos 186 euros de media al mes. ¿Alguien me puede explicar por qué sacan pecho estos caraduras del gobierno al poner en marcha lo que ellos llaman un Ingreso Mínimo Vital?

Por supuesto que cualquiera de los que en estos momentos están sufriendo problemas reales para subsistir lo recibirán como caído del cielo, y no seré yo  quien afirme que no pueda ser uno más de los que se vieran obligados a ponerme a la cola algún día para solicitar esa ayuda si me quedara sin trabajo, en mí caso sin jubilación, pero una cosa es que no me queden más recursos y otra muy distinta que le tenga que estar agradecido a estos gestores del capitalismo por hacer vivir a casi dos millones y medio de trabajadores durante más de medio año con lo que nuestra sociedad produce en menos de un día.

Desde luego, la patronal debe estar supercontenta al pasar de tener que pelear el nivel salarial como valor social de reproducción de la fuerza de trabajo, a conformarnos con que tengan a bien asignarnos el nivel de subsistencia más ramplón, que ha hecho retroceder a la clase trabajadora un siglo.

Tengo que hacer una declaración al respecto, en el sentido de que el IMV se puede seguir cobrando mientras trabajas, siempre que la suma no supere el total de ingresos que te descualifican. ¡Qué conveniente para el empresario!

Ahora que sabe que el Estado me puede pagar, digamos, doscientos euros, ¿por qué no bajarme el salario esos doscientos euros y hacerme trabajar el mismo tiempo? Total, yo con doscientos euros no puedo vivir, y necesito que me mantenga empleado para llegar al nivel de supervivencia real. Pero no, esta forma de actuar no se va a considerar un fraude; es la manera en la que se están utilizando este tipo de ingresos vitales en todos los países en los que se han instaurado. No son una garantía de libertad para el trabajador, en realidad son una libertad para que el empresario baje los salarios por debajo del nivel de subsistencia, socializando el colchón que pueda evitar el estallido social que se va a producir en España. Son su libertad para aumentar la explotación y los beneficios en momentos de crisis.

Y encima hay que aguantar el oírlos seguir refunfuñando con el supuesto “fraude” que estas ayudas van a generar. Hasta hace tres meses – cuando había más trabajo – los trabajadores y trabajadoras demostraban no tener ningún escrúpulo para aceptar cualquier trabajo duro, temporal o estacional, que les permitiera llevar un ingreso suficiente a su casa.

Ahora que los despidos masivos se van a producir masivamente, encima la gente va a tener que aguantar sus estúpidas acusaciones sobre ese “privilegio” por vivir a la sopa boba de un subsidio de mierda, poniendo como ejemplo de esa  vagancia, tal como está siendo internacionalizada por las revistas holandesas de cara a su actuación de polí malo con Alemania de poli bueno a la hora de distribuir fondos económicos de la Unión Europea, que no quieren ir a la recogida de no sé qué cosecha en la que los van a tener viviendo en un barracón y meando en una lata.

Si aquí hay fraude es el de ustedes, empresarios “patriotas”. Ustedes que están enviando a los trabajadores a trabajar desde casa haciéndoles pagar todo de su bolsillo. Ustedes que han forzado a los trabajadores a coger un ERTE y seguir trabajando ocho horas. Y, si nos detenemos en este último fraude, debemos preguntarnos si no será el Ingreso Mínimo Vital la manera legal de prolongar esta sobreexplotación a perpetuidad y legalmente.

No, el IMV no es ningún hito en la historia de los derechos como dicen los miembros del gobierno; todo lo contrario. El IMV es un paso más, lógico y necesario, en un proceso de degradación y desmontaje de los derechos de los trabajadores que comenzó hace cuarenta años y en el que los socios del ilusionado Pablo Iglesias han sido ejecutores cum laude.

El IMV es lo que queda cuando te has cargado el despido nulo, has bajado las indemnizaciones por despido, has acortado y reducido la prestación por desempleo y has suprimido los salarios de tramitación; es lo que queda cuando has convertido a los fijos en temporales, has autorizado las ETTs y el tercer nivel de subcontratación; cuando has aumentado los años para calcular la pensión y elevado la edad de jubilación en un país con desempleo crónico; etc.

El Ingreso Mínimo Vital es, en definitiva, una vuelta de tuerca más en el aumento de la explotación del trabajo asalariado, ese aumento de la explotación que transforma cada vez más salario en beneficios empresariales. Esta vez con veintiuna míseras horas de trabajo social mantenemos a casi dos millones y medio de trabajadores a disposición del capital durante siete meses. Y lo peor es que no será la última vuelta de tuerca, porque en los próximos meses sufriremos mucho más.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

7 de junio

Hoy, cuando inicio mi 85 día de arresto domiciliario, recuerdo que es domingo y, por lo tanto, toca homilía del presidente del gobierno, ahora dominical, para hacer un llamamiento a la unidad política mientras su vicepresidenta Calvo pide estabilidad. Y, tras hacer trampas con los dados “cargados” para el reparto de 16.000 millones a las autonomías para favorecer a unas y perjudicar a otras, Sánchez empieza a hacer sus cábalas sobre la Comisión del Congreso para la reconstrucción económica del país, aunque sin delimitar el objetivo de sus Presupuestos y su pretendida paz social de cara al más que seguro “estallido social otoñal” que se aproxima y que el sábado reconoció con temor Pablo Iglesias, porque la avalancha del paro y la ruina llegarán mucho antes que las suplicadas ayudas de la UE, porque si este gobierno piensa que la UE dará créditos y ayudas con los ojos cerrados se va a equivocar. Los hombres que vendrán de Bruselas puede que no se presenten vestidos de negro, pero se vestirán de gris marengo y controlarán el gasto y los proyectos en los que se piensa invertir.

Es decir, Pedro Sánchez no abandona ese presidencialismo autoritario que viene practicando desde la soberbia y la mentira, la calle se le incendiará en contra del Gobierno y Sánchez entrará en el síndrome de Zapatero, aquel presidente que negaba con sus “brotes verdes” la crisis financiera de 2008, asegurando que España jugaba en la Champions League de la economía hasta arruinar el país y llevar al PSOE hacia su casi desaparición.

En efecto, la devastación que está causando la pandemia hace inexcusable un pacto de Estado, más allá de cualquiera de las encrucijadas que nos ha tocado vivir desde la segunda restauración monárquica en España.

Habiéndose parado el mundo resulta inquietante la obviedad de que la Tierra sigue girando, mostrando con ello la indiferente frialdad de una naturaleza que se nos impone recordándonos que la acogedora Gea es también la matriz de donde puede emerger el coronavirus que ponga millones de vidas humanas en riesgo y que lleve a cientos de miles a la muerte. En España, al día de hoy, 7 de junio, según las cifras oficiales del ministerio de Salud, 27.136 muertos y 241.550 infectados.

Gobiernos que en sus respectivas sociedades se dedicaban a tratar de encajar las sacudidas del macromercado capitalista configurado en la globalización, de repente se han visto tratando de articular de manera precipitada medidas para contener la extensión de una epidemia que se ha revelado como imparable globalización de una arrolladora enfermedad que ha pillado de improviso a la humanidad del siglo XXI, afectando a esa parte de la humanidad de “países desarrollados” que de ninguna manera esperaba verse ante situaciones que parecían estar exclusivamente destinadas a los “llamados países pobres”, dándose la circunstancia de que, en algunos países, como EE.UU., Reino Unido, México o España, se despreció la pandemia, comenzando a afrontar la misma cuando la invasión del bicho circulaba como Pedro por su casa sin que se tomaran las medidas en el tiempo requerido.

De repente, aparece el miedo que la pandemia está desatando no sólo como enfermedad y, en el extremo, a la muerte debido a los estragos de la Covid-19 sobre las vidas de las personas, sino que ese temor viene acompañado, y con más fuerza si cabe, con el miedo al hambre y, en el extremo, a verse abocados los individuos a la mortalidad que pueda generarse en un sistema y un modo de vida tan deteriorados que en ellos los mínimos vitales se vean rebajados a niveles literalmente insoportables.

No se trata, pues, del falso dilema de vida o economía con el que han querido y quieren jugar las patronales fuertes del mundo empresarial, sino del sobrepujamiento de los miedos entre sí, tal como se viven en los países y sectores sociales más desfavorecidos, que en lenguaje coloquial de la calle se expresa diciendo que se teme más al “coronahambre” que al coronavirus.

Todos sabemos lo fuerte que está resultando la incidencia de la covid-19 en la realidad de nuestro país. La enorme dureza de las cifras de personas muertas, muchas de ellas por falta de asistencia médica y abandono en esos pretanatorios, algunos de ellos llamados irónicamente geriátricos, bastando imaginar cuánto dolor y sufrimiento quedan detrás de tan triste cómputo.

Igualmente somos conscientes tanto de las virtudes “públicas y privadas” puestas en ejercicio al hacer frente a la epidemia, como de los déficits en cuanto a los recursos disponibles, empezando por los propios de un sistema de salud que pensábamos mucho más capaz de hacer frente a lo que se nos vino encima y que ha mostrado carencias evidentes. Sin haber culminado el diseño del sistema sanitario tras el franquismo, aquel de las ciudades sanitarias mastodónticas con raquítica red primaria que quisieron paliar con un descomunal gasto farmacéutico, empezaron a recortarlo. De hecho, una de las principales reivindicaciones de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 fue exigir la dotación de 15.000 millones de pesetas que, como mínimo, faltaban para que fuese realidad la prometida universalización de la asistencia sanitaria. Seguimos teniendo excelentísimos profesionales, que se merecen el aplauso diario, de los cuales muchos de ellos tuvieron que emigrar a otros países que se los rifaban, pero ello no es lo mismo que afirmar que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Si de verdad quienes se llenan la boca con semejante alarde fuesen coherentes, empezarían, desde ya, por mostrar su disposición a revertir los experimentos privatizadores que impulsaron, primero desde los gobiernos centrales del bipartidismo PPSOE y después desde los gobiernos autonómicos que tienen transferidas todas sus competencias sanitarias que, en claro fraude intelectual, político y económico, han resultado ineficientes y caros.

Con todo ello, cuando tenemos indicios de que la situación entra en fase de mayor control, siendo de esperar que también salgamos de tanta confusión y caos como se ha visto en el terreno de la comunicación, es cuando se hace imperioso abordar los efectos de la crisis económica en la que la pandemia nos metió y las consecuencias que ésta arrastra, empezando por un desempleo que está llegando a cotas insoportables de crisis social grave en la que los problemas en torno a la vivienda y a la alimentación se presentan más que agudos para muchas familias.

Ese contexto, en el que lo que quepa esperar del apoyo financiero que venga de la Unión Europea es cuestión de arduas negociaciones en las que no se disipa la atmósfera neoliberal en la que está envuelta, es el marco en el que el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez apela a las demás fuerza políticas, convocándolas a un pacto para la reconstrucción, tras la “resistencia” a la destrucción de vidas y haciendas que el coronavirus ha provocado.

El presidente del Gobierno, insistiendo en los foros europeos en la necesidad de una especie de Plan Marshall para canalizar la ayuda solicitada en aras de la reconstrucción socioeconómica necesaria, acogiéndose a esa frecuente tendencia a inspirarse en hechos del pasado esperando que la analogía cubra lo que se pretende en las circunstancias del presente, habló también de unos nuevos Pactos de la Moncloa, recordando los pactos económico y social que se forjaron en 1977 con amplio apoyo parlamentario, a propuesta del gobierno de Adolfo Suárez, y con aceptación, no sin resistencias, de los sindicatos UGT Y CC.OO., unos pactos   que se convocaron para atajar los desequilibrios macroeconómicos ya que, como afirmaría el exvicepresidente del gobierno, Fuentes Quintana, “el mayor peligro para una democracia débil es una economía en crisis”. Paradójicamente, contribuyeron más al consenso político y social durante el proceso constituyente que a sentar las bases de una economía más solvente, ocurriendo que transcurridos dos años se reproducían los desajustes, agravados con un inusitado incremento del paro.

Los partidos estaban demasiado enfrascados en disputarse el poder – empezando por los “clanes familiares” del partido gobernante, que tras laminar a Suárez acabaron por despedazarse entre ellos -, que dispuestos a arrimar el hombro para estabilizar la democracia y hacer frente a la intensa destrucción de empleo.

Sin entrar ahora en la valoración de aquellos Pactos y las realidades a que dieron lugar – ampliamente explicados en otro de mis diarios -, lo cierto es que la analogía con ellos no deja de encubrir aspectos que pueden dar lugar a serios malentendidos, si no a frustraciones.

En España, como en el resto del mundo, estamos en un momento crucial que exige cambios en profundidad, pero no nos hallamos en situación similar a la que suponía salir de la dictadura franquista para entrar en un proceso de instauración de la democracia.

Ya no estamos en punto similar, por fortuna, aunque tenemos que abordar cuestiones políticas de la máxima seriedad, en especial las suscitadas por el conflicto en Cataluña, que entonces no eran las que estaban en juego. La convergencia de intereses políticos que entonces pudo darse, para lograr un pacto con fuerzas desde Alianza Popular hasta el PCE, hoy no se percibe como factible en primera instancia. En consecuencia, el poner tales hechos como referencia acaba siendo más un entorpecimiento que una ayuda, lo cual puede decirse también de las referencias a un Plan Marshall que al fin y al cabo fue diseñado y llevado a la práctica en Europa por los EE.UU. como la potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial y ante un incipiente conflicto de bloques que daría lugar a décadas de “guerra fría”.

Hoy no hay nada de eso y es Europa, desde los mismos europeos, la que tiene que resolver el expediente que tiene delante si quiere salvar su futuro. Dado los flancos para la crítica ofrecidos por una tal presentación de la intención de pacto, la derecha y sus extremos se aprovecha para poner en cuestión tal propuesta. Es más, sin recato alguno en cuanto a mostrar su táctica de boicotear todo lo que sea posible el avanzar hacia un acuerdo, el PP, habiendo rechazado de plano la propuesta del presidente del Gobierno de un pacto entre partidos políticos, abierto a fuerzas sociales, pone sobre la mesa el llevar cualquier abordaje de pacto al ámbito parlamentario, creando para ello la comisión del Congreso donde habrían de llevarse para su discusión las propuestas de los partidos en ella representados.

Aceptada por el presidente del Gobierno la creación de dicha Comisión, en aras de un acuerdo posible con el PP, y renunciando a la anunciada dinámica de acuerdo entre partidos que quisieran sumarse al mismo, la derecha no oculta su querencia a hacer de ella un espacio de fiscalización de las decisiones y medidas del Ejecutivo durante la crisis del coronavirus, apuntando a la vez a inocular dentro de éste el mayor veneno posible para quebrar el equilibrio entre PSOE y Unidas Podemos en la coalición con que gobiernan.

No hacen falta muchos focos para ver con nitidez que la, en principio, encomiable función de una comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica se ha presentado desde su origen contaminada por el descarado juego tacticista de los partidos que la conforman. Así, pues, la discusión de los términos del pacto supuestamente buscado no se lleva a la Cámara baja por fervor democrático, sino para ser utilizada en el altar del más grosero electoralismo. De hecho, sería el propio presidente de la Comisión del Congreso para la Reconstrucción, Patxi López, quien ha tenido que salir públicamente el pasado 28 de mayo para pedir perdón porque, según ha asegurado, no había estado a la altura de lo que es y de lo que significa la citada comisión. Todo ello tras el rifirrafe que habían tenido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros que ha terminado con este último marchándose de la sala.  Pablo Iglesias había sugerido que la formación ultraderechista querría dar un golpe de Estado y, cuando Espinosa de los Monteros se marchaba, le ha dicho: “Cierre al salir, señoría”.

“Ha habido algunas expresiones y algunos comportamientos innecesarios y creo que no es lo que espera la ciudadanía”, ha admitido Patxi López, que ha llamado a “reconsiderar”, “repensar” y “volver a entender” para qué y para quién están ahí.

“Y no es para insultarnos ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente”, ha continuado Patxi López, que ha apelado a “hacer honor” a lo que ha llevado a los políticos hasta aquí: “Les ruego a todos que nos pongamos a trabajar, que es lo que necesita este país”, concluía Patxi López.

Resulta obvio que, tanto el  PSOE como Unidas Podemos tienen que emplearse a fondo en la mencionada Comisión parlamentaria para sacar de ella el máximo provecho, considerando medidas llevadas a dictamen que favorezcan las soluciones beneficiosas para la ciudadanía en los capítulos abiertos para ello, potenciando la salud pública como bien común, pero no meramente para ser administrado burocráticamente desde el Estado como agente frente a una población no reconocida en su mayoría de edad, sino también responsable y participativa en lo que el cuidar la vida supone. Es necesaria una reactivación de la economía, pero desde nuevos parámetros en los que lo “común”, en cuanto a recursos e incluso en lo que respecta a riqueza producida y redistribuible, marque una dirección que trasciende la ceguera suicida de un capitalismo omnívoro. Son imprescindibles políticas sociales, desde el convencimiento de aquello a lo que obligan los derechos sociales y políticos de nuestras constituciones, pero sin paternalismos, sino desde el protagonismo de quienes ven cubiertos sus derechos siendo tratados como sujetos y no meramente como objetos destinatarios de ayudas. En definitiva, la adopción de medidas sanitarias para el esfuerzo colectivo frente al coronavirus y para el reforzamiento del sistema de salud, medidas para la reactivación económica y la recomposición del tejido empresarial, y medidas para afrontar la crisis social, con sus lacerantes frentes de paro, precariedad e incluso hambre, a las que se añade lo que se pueda concluir respecto a la acción política en instituciones europeas.

Desde mi punto de vista, realzar lo “común” no puede servir ni para aplastar a los individuos ni para hacer crecer desmesuradamente una burocracia estatal. Es lo que se subraya transversalmente para con ello replantear la acción política en una clave radicalmente pluralista y participativa que, en ese sentido, no puede ser sino republicana, activando una renovada dimensión instituyente de lo político. Sin duda, esa transversalidad es la que permite reunir en un amplio programa compartido el hilo de lo “común” que tanto nos vincula en nuestros mundos como nos enraíza en la Tierra.

La tarea parlamentaria exige por parte de las izquierdas, y de quienes quieran adherirse a ese quehacer, una estrategia que, desde la lealtad al parlamento implícita en el ejercicio de la representación política, aproveche al máximo lo que la susodicha Comisión pueda dar de sí y que a la vez, también para conseguir ese aprovechamiento, se mueva en la dirección de un acuerdo de largo recorrido con las fuerzas que tengan en su horizonte algo más que una inmediata “nueva normalidad”. Se trata de lograr una política común frente a esa barbarie germinada y crecida al calor de las políticas neoliberales al servicio de un capitalismo desaforado, imperantes en las últimas décadas, con lo que han supuesto de democidio, ecocidio, pervivencia de patrones machistas y pautas neocoloniales, así como de destrucción de vínculos sociales y daño a las vidas de millones de individuos. La pandemia no asegura nada en cuanto a superar el desastroso paradigma neoliberal, pero sí ofrece, como acontecimiento que marca época, la ocasión para el cambio y el reencauzamiento de las políticas imprescindibles si de verdad queremos salir de la barbarie.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

8 de junio

Si algo estoy aprendiendo de las pandemias y sus consecuencias que me han ocupado bastante tiempo de lectura y análisis de las cinco pandemias anteriores del siglo XXI  (SARS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012, Ébola en 2014 y Zika en 2016) durante mi confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado por el gobierno español – en el día de hoy por fin, después de 86 días puedo afirmar que ya no estoy arrestado domiciliariamente al entrar en fase 3 del confinamiento y, por tanto tener  libertad de horarios para salir y entrar en mi casa cuando quiera -, es que estas pandemias han exacerbado las desigualdades y que el proceso continuó en los años posteriores, incluso después de que la enfermedad estuviese bajo control.

Siendo cierto que las pandemias analizadas alcanzaron una extensión continental, no es menos cierto que ninguna afectó al mundo entero, y tampoco condujeron a un cierre generalizado como ocurrió con la covid-19 que nos toca vivir. Por esta razón, son previsibles efectos más graves en el contexto del covid-19, que las impuestas por aquellas pandemias, pudiendo concluir que las políticas hasta ahora adoptadas, tendrán efectos regresivos, es decir, efectos que acentuarán la desigualdad.

Algunos reconocidos economistas de prestigio mundial como Sérgio Correia, de la Junta de la Reserva Federal de EEUU, y sus coautores, Luck y Verner, han añadido en sus exhaustivos y detallados análisis motivos de preocupación en los costes sociales.

Concretamente, refiriéndose a la gripe de 1918 conocida como “La Española” – aunque nada tuvo que ver su origen en España -, después de constatar el alto índice de mortandad en torno a los 675.000 muertos en EE.UU. (200.000 en España), mucho más alto que la pandemia actual de la covid-19, especialmente para la población en edad laboral, han analizado  la evidencia disponible sobre la estrategia de recuperación económica que se siguió en 30 estados de EEUU, llegando a la conclusión  de que cuanto más intensa es la respuesta no farmacéutica (las medidas de contención y protección social), más rápida es la recuperación económica y que, por lo tanto, el esfuerzo por defender la salud pública fue virtuoso para la economía.

El tema no es menor, sobre todo porque algunos gobernantes utilizan el argumento de la alternativa salud-economía para reducir las medidas sanitarias, como en el caso de Trump y Bolsonaro. Si Correia y sus colegas tienen razón, esta alternativa es falsa y es protegiendo la salud como se salva la economía. El tema es esencial para las decisiones inmediatas. En cualquier caso, desde mi punto de vista, el tema de la desigualdad debería servir como guía para elegir las políticas concretas en caso de la emergencia que vivimos en nuestro país.

A raíz de esta preocupación, un interesante estudio realizado por la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal se pregunta lo que podría pasar si la desigualdad que se viera  agravada por la pandemia, fuera también uno de los mecanismos sociales que facilitara la propagación de la enfermedad, llegando a la conclusión que al comparar la propagación del covid-19 y los indicadores de desempleo y desigualdad por país, existe  una fuerte correlación en varios casos, pero también diferencias significativas.

Como resultado, entre los países que tuvieron la mayor incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes se encuentran España e Italia, que también son los que tienen la mayor desigualdad y el mayor desempleo. Portugal destaca por su nivel de contagio promedio y su alto nivel de desigualdad, pero hay que dejar claro que se trata de una correlación y no de una demostración de causalidad.

Con los datos a la vista de los estudios realizados, estos sugieren  la hipótesis de que las condiciones sociales están relacionadas con el grado de contagio, particularmente en algunos países, pudiendo afirmar, siempre que los datos utilizados para la realización del estudio sean reales, una prolongación de los efectos sociales desigualitarios y desigualizantes. El problema social ya es el principal problema económico de 2020 y seguirá siéndolo en los próximos años, porque no va a desaparecer sino todo lo contrario.

Lógicamente, este impacto social era predecible, dado que los canales de transmisión económica de la pandemia son el desempleo y otras formas de pérdida de ingresos y, considerando los primeros datos para las economías desarrolladas y emergentes, son los sectores populares más frágiles los que sufren los peores embates.

Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada seis jóvenes perdió su trabajo en el mundo como resultado de las perturbaciones económicas con la pandemia de la covid-19.

En España, la pandemia elevó la tasa de paro en el primer semestre desde el 13,8% al 14,4% a causa del impacto económico de la pandemia, según la encuesta de población activa (EPA), aunque las cifras no tienen en cuenta los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de ocupación (ERTE) ya que a efectos estadísticos no se les considera parados, aunque no hayan trabajado. Por eso el INE ha aclarado que la EPA de este trimestre es atípica y su impacto no refleja con plenitud el impacto de la pandemia. El número de ocupados se redujo en el trimestre en 285.600 personas, pero la EPA detecta que hay otras 562.900 personas que manifestó no haber trabajado. Esta cifra que no tiene precedentes en un primer trimestre del año – según una nota de prensa del INE – refleja el altísimo volumen de trabajadores en situación de ERTE. En cuanto al número de parados, el volumen en 121.000 personas, hasta los 3,3 millones.

Las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) van en la línea de las previsiones de impacto laboral de la Covid-19 que han realizado los servicios del Banco de España que estiman en el peor de los escenarios que el paro alcanzará el 21,7%.

Es decir, la pobreza y el desempleo, o la desigualdad que generan, aumentan la propagación de la enfermedad, ya que debilitan las condiciones sociales de la vida de sus víctimas. Era de esperar que fuese así, tanto por las condiciones de vivienda, como de desplazamiento y laborales de la población más pobres, entre otros problemas, pero también sabemos que, si las respuestas a la crisis consisten en empeorar la desigualdad con recortes salariales y ajustes sociales a través de una ola de despidos, entonces el resultado será peor que el de la crisis anterior.

En este contexto no podemos ni debemos de perder de vista el estallido de la crisis financiera del año 2008, que ha venido siendo utilizada por la mayoría de los gobiernos de los países occidentales para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, a través de la puesta en práctica de una serie de medidas de ajuste estructural que, bajo el lema de la austeridad pública, han consistido en atacar y destruir derechos sociales y servicios públicos que tradicionalmente habían servido para corregir la situación.

En nuestro país, hemos visto cómo en los presupuestos generales del Estado de los últimos años se han ido llevando a cabo reducciones sucesivas de las partidas destinas a sanidad, educación, ayudas sociales, salarios de los funcionarios públicos, pensiones o cooperación internacional con las consiguientes consecuencias negativas que ello conlleva para la población, que está sufriendo una merma sin precedentes en su calidad de vida.

Mientras tanto, los mismos presupuestos reflejan cómo una parte importante de los recursos nacionales se emplean en hacer frente al pago de la deuda pública, que ha crecido de manera exponencial en los últimos ejercicios. La puesta en práctica de estas medidas de austeridad pública viene acompañada de una agresiva campaña de marketing ideológico que se ha integrado en el discurso hegemónico oficial para hacer llegar a la población la idea de que en los años precedentes al estallido de la crisis ha vivido por encima de sus posibilidades, que ha intentado emular el estilo de vida de una clase a la que no pertenece, que servicios como la sanidad pública son un lujo que genera unos sobrecostes para el sistema que los hace insostenibles.

De esta manera, los gobiernos del bipartidismo PPSOE y sus teóricos han ido perfeccionando el legado ideológico de Hayek en su crítica al Estado social y su defensa de un estado poco intervencionista, de una economía regida por las leyes del mercado y de una sociedad basada en el individualismo, para ofrecernos un discurso moral que demoniza el gasto público, señalándolo como principal responsable de la situación de crisis actual a la vez que celebra las medidas de austeridad y ahorro público.

En este contexto es cuando resurge con fuerza la idea de la estabilidad presupuestaria como única situación deseable para las cuentas de un estado, como única fórmula posible para recuperar la buena marcha de la economía. Y decimos resurge porque el convencimiento de que es necesario aplicar estrictas reglas de control del nivel de endeudamiento de los estados como condición indispensable para el crecimiento económico no es algo novedoso, sino que ha constituido uno de los ejes centrales del pensamiento económico neoliberal.

Así, la estabilidad presupuestaria era recogida como principio rector de la política económica en el artículo 104 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, más tarde fue incluida en el Tratado de Maastricht entre otros criterios de convergencia nominal y, en 1997, se aprobaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que vino a reforzar estos criterios a la vez que prescribía un procedimiento sancionador para los estados que no mantengan sus cuentas públicas dentro de los valores establecidos. No obstante, a pesar de la prolija legislación en materia de estabilidad presupuestaria y del esfuerzo de los legisladores nacionales por establecer límites al endeudamiento público, la realidad está poniendo de manifiesto que la obligación de respetar objetivos de déficit público cercanos al cero resultan difíciles de cumplir, por no decir imposible, sobre todo en tiempos de crisis económica, hasta tal punto que dichos límites han sido sistemáticamente incumplidos por todos los gobiernos nacionales, sobre todo desde el estallido de la crisis en 2008, revelando que estas reglas de estabilidad presupuestaria son demasiado rígidas y no dejan margen de maniobra a los estados para reaccionar ante las cambiantes condiciones económicas.

A consecuencia de ello, la necesidad de reformar el PEC para relajar los límites al déficit y a la deuda pública en él contenidos, ha sido una tarea que durante años ha estado pendiente en la agenda comunitaria, sin embargo, todas las propuestas presentadas habían resultado infructuosas hasta que, en 2011, el Gobierno alemán – que ya en 2009 había reformado su Constitución para establecer un límite del 0,35% del PIB al déficit federal y prohibir el déficit de los Länder – proponía, con el apoyo del Gobierno francés, un Proyecto de Pacto de Competitividad que, lejos de plantear la flexibilización de las normas contenidas en el PEC, señalaba la necesidad de incluir el principio de estabilidad presupuestaria en las constituciones nacionales con el objetivo de evitar futuros incumplimientos de los límites prescritos. Los acuerdos de este Pacto se formalizaron en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, firmado el 2 de marzo de 2012. Sin embargo, España se había adelantado a las exigencias formales comunitarias y desde el mes de septiembre de 2011, cinco antes de que fuera legalmente prescrito, la Constitución ya incluía estrictas reglas relativas a la estabilidad presupuestaria.

Nos referimos a la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española – firmado con alevosía y nocturnidad por el bipartidismos PPSOE durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo uno de los portavoces del PSOE en las reuniones el actual presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez -, cuyo análisis es fundamental a la hora de estudiar proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, ya que su contenido dota de cobertura constitucional a todos los actos jurídicos y políticos promulgados en aras de la contención del gasto público social.

En este sentido, la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria – cuando ésta es entendida como meta a alcanzar únicamente a través de políticas de selectiva austeridad pública – constituye un golpe estratégico al Estado del bienestar dentro de la dinámica de recortes en derechos sociales y rebaja de libertades públicas que viene caracterizando a los cambios legislativos introducidos en nuestro país en los últimos tiempos. ¿Vale seguir engañando al personal? ¡¡¡NO!!!

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

9 de junio

Después de 87 días de confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado por el gobierno de España el pasado 14 de marzo, vuelve a saltar a la escena coronavírica la muerte de nuestros viejos en las residencias y hospitales como consecuencia del triaje que se llevó a cabo. Una palabra maldita por la que fui tratado de loco, irresponsable y no sé cuántas “lindezas” más a través de las redes sociales por parte de los conocidos jenízaros y sectarios partidistas, cuando en uno de mis diarios denunciaba el asunto de una manera detallada y documentada.

En efecto, una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia de la covid-19 ha sido, sin duda, la elevada mortalidad de nuestros viejos pensionistas, hasta el extremo de que, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad se acercan al 87%, encontrando su hábitat para actuar en los pretanatorios, llamados en su mayoría geriátricos. Tanto es así que, de los más 27.136 fallecidos en España al día de hoy, 9 de junio, unos 18.600 han muerto en estos centros, sin entrar, por supuesto en los fallecidos en los hospitales cuando tengamos las cifras reales de los muertos en España.

Es evidente que todos estos datos tan aterradores tienen una derivada política, cuando ha quedado perfectamente acreditado que muchas comunidades autónomas, por no decir todas, de cuya gestión dependen las residencias de ancianos, dieron órdenes para no derivar a muchos de los enfermos atendiendo a criterios como el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual.

A estas alturas de la pandemia, los médicos, virólogos y epidemiólogos, cuando parece ser que ya van conociendo mejor al coronavirus, tal parece que es un hecho incontestable que el virus tiene especial incidencia en estas personas mayores, especialmente en aquellas personas que presentan una patología previa de tipo cardíaco o respiratorio, de tal manera que, entre mediados de marzo y mediados de abril  el bicho estuvo circulando con plena libertad por las residencias de los viejos pensionistas repartidas a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, todo parece que solo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde una gestión bajo sospecha ha desatado toda una tormenta política de consecuencias aún imprevisibles sobre el Gobierno madrileño a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus, cuando las muertes en los geriátricos madrileños superaban el centenar cada día.

En ese sentido, esta semana ha sido nefasta para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al quedar confirmado, si no lo estaba ya, lo que empezó siendo una sospecha, esto es la orden que desde su Gobierno se dio para que no ingresaran en los hospitales todos los ancianos enfermos por coronavirus, tal y como yo mismo publiqué en mis anteriores diarios aportando los documentos de las pruebas del triaje que se había llevado a cabo con nuestros viejos pensionistas. Una sospecha que ha quedado convertida en certeza, hasta el punto de que el Gobierno de la Ayuso se ha visto obligado a dar una versión que suena a excusa, la socorrida de que todo fue “un error”.

Pero, según la información publicada por El País (09-06-20), “Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, envió al menos cuatro correos a la consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo”, de tal manera que esos documentos “todos firmados digitalmente por Carlos Mur de Víu fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19″. Como queda perfectamente acreditado en los documentos, “el fin era evitar el colapso de la Sanidad madrileña. Pero según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares para lograr ese fin”.

Mur de Víu sería destituido el 13 de mayo, poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y la vacante del puesto de Mur de Víu sería ocupado por Javier Martínez, uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos.

El protocolo que Mur de Víu firmó el día 20 de marzo contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad, quedando excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal

Respuesta escrita del Gobierno de España a una pregunta de un diputado en el Congreso. (15-04-2020)

En efecto, a mediados del pasado mes de marzo España era un país que vivía atemorizado en pleno confinamiento. Las autoridades temblaban ante la posibilidad de que el sistema sanitario colapsara, debido principalmente a la escasez de recursos disponible, de tal manera que el gobierno  de España, a través del ministerio de Sanidad, emitió un serie de protocolos dando respaldo al conocido triaje, aunque ahora pretenda marcar distancias ante las previsibles demandas por la priorización de los pacientes en hospitales y residencias durante los momentos más críticos de la pandemia, diciendo que esas indicaciones sólo eran “orientativas”, dejando así a su suerte a los profesionales que las aplicaron. Se nota que la pandemia nos aprendió bien a la lavar las manos al estilo Pilato, especialmente entre algunos responsables del gobierno.

El propio vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias presentaba este martes, 9 de junio,  su anteproyecto de ley integral de protección de la infancia, aunque el protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo centrado en una dura ofensiva contra las residencias privadas de mayores y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pillado a otras Comunidades Autónomas de por medio, porque entre otros casos, el Gobierno no ha publicado aún los datos de los ancianos muertos los centros de mayores de cada CCAA.

En la misma, Pablo Iglesias admitió que “claro que conocíamos los informes diarios” de la tragedia que estaba ocurriendo en las residencias privadas, y que, por esa razón, “en el marco de la división competencial, lo que hicimos fue aumentar las competencias de las autonomías”. “Fue el consejero de Ayuso el que dijo que la orden de no aceptar a los residentes en los hospitales que era inmoral e ilegal”, “Era su consejero el que señalaba un escándalo evidente que, sin duda, puede tener consecuencias legales”, “Y lo que es ilegal, lógicamente se debe perseguir”. “Son las familias las que están emprendiendo esas acciones legales que les corresponden”.

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Pero, tal y como ha quedado dicho al inicio de mi diario, si bien la Comunidad Madrileña ha trascendido con especial resonancia, este no ha sido el único caso, ya que ha ocurrido en todas las residencias, tanto privadas como públicas, ubicadas en todas las comunidades autónomas que no trasladaron a los viejos pensionistas a los hospitales durante los días más tensos de la covid-19, dándose la circunstancia que ni siquiera es Madrid la que más muertos tiene por cada 100.000 habitantes, dándose el caso que, según un estudio elaborado en base a los datos hechos públicos por las comunidades autónomas entre los días 7 y 20 de mayo, la comunidad con mayor número de fallecidos en residencias por coronavirus es Navarra, con un 85,88 % de los fallecidos (432 muertos en residencias de 503 fallecidos totales por el virus), a la que sigue Extremadura (85,21 %, con 415 fallecidos en residencias de 487) y Aragón (83,21 %, con 694 de 836).

Es decir, contra las campañas orquestadas por las redes sociales, en su inmensa mayoría, desde cuentas fake partidistas que no tratan sino de arrastrar o dejarse llevar hacia sus informaciones carentes de cualquier mínimo análisis, como no sea el de la rentabilidad electoralista, aunque ésta se haga a cuenta de tantos muertos e infectados por la covid-19, se da la circunstancia de que las tres comunidades autónomas con mayor porcentaje de muertos en esos pretanatorios tienen gobiernos donde está o gobierna en solitario el PSOE. En Navarra el Ejecutivo está formado por el PSOE, Geroa Bai y Unidas Podemos; en Extremadura por el PSOE; y en Aragón lo hacen con la Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Podemos-Equo.

Por debajo de estas tres comunidades se sitúan las de Castilla-León (75,55 %, con un total de 2.525 muertos de 3.342); Cantabria (68,28 %, con 140 de 205); Asturias (62,46 %, con 198 de 317) y La Rioja (57,02 %, con 199 de 349) …

Documento oficial del Ministerio de Sanidad (07-04-20)

Seamos honestos ante la catástrofe que nos afecta a todos y dejemos el electoralismo para cuando se celebren las elecciones, dedicando todo el esfuerzo a poner punto y final a la pandemia, poniendo todo lo sucedido encima de la mesa tal como ocurrieron. De esa manera, con fecha 7 de abril, el ministerio de Sanidad fijaba en un documento los criterios sobre “prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos” del coronavirus, indicando las pautas a seguir para que, en plena escasez de respiradores y camas de UCI, los médicos sepan a quien asignarle lo medios y a quien no. A tales efectos, el ministerio fija cinco criterios basados esencialmente en un punto prioritario: las “expectativas objetivas de recuperación” del paciente. Así de duro y así de rotundo.

Documento oficial del Ministerio de Sanidad (07-04-20)

El documento oficial del ministerio de Sanidad se titula “Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2. Y el texto no escatima en la descripción de la dureza de la situación a la que se ha llegado. El apartado número tres, titulado “Prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes sospechosos de ser portadores”, comienza reconociendo que “el llamado deber de asistencia que incumbe a los profesionales en su actividad asistencial es una proyección del derecho constitucional a la protección de la salud que tenemos todos los españoles y los ciudadanos extranjeros residentes en el territorio español”. Añade que “dada la demanda masiva existente y la escasez de recursos para atenderla, aunque pueda ser transitoria, comporta una reducción del disfrute de ese derecho y plantea la priorización de los individuos potencialmente más expuestos al contagio o ya infectados, tal y como admite sin paliativos (…) Como criterios generales aplicables consideran en primer lugar: “No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia”. Es decir, que la existencia de patologías y las esperanzas reales de vida serán los factores determinantes a la hora de asignar o no respiradores y otros medios escasos. El segundo criterio es el “principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente”.

El tercer criterio es el de la gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos. El criterio número cuatro es “expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal, y, por último, el quinto criterio es el de “orden temporal de entrada en contacto con el sistema de salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro, con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los que se responsabiliza el sistema. Es decir, que oficialmente tienen prioridad en situación de escasez los pacientes con mayores “expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud”, sin patologías graves y que, en caso de igualdad frente a otro paciente, hayan sido ingresados previamente en los hospitales.

Desde mi punto de vista no hospitalizar a los viejos pensionistas procedentes de los pretanatorios, además de una discriminación de graves consecuencias legales, supone una muerte de forma indigna, por usar una expresión muy prudente.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

10 de junio

Cuando me dispongo a escribir mi diario en mi 88 día de confinamiento por el estado de alarma decretado por el gobierno de España, lo primero que hago es asomarme al panel oficial del Ministerio de Sanidad, para observar que han muerto 40 personas por coronavirus en la última semana, aunque la cifra siga congelada en los 27.136 de ayer, mientras que los infectados diagnosticados por PCR en el último día han aumentado en 167, un fuerte aumento con respecto a ayer cuando se registraron 84, que contabilizan un total de  242.280 personas que se han infectado desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Pero, tal y como he dicho en un de mis diarios anteriores, no voy a entrar en la guerra de las cifras oficiales y las reales, que nada tienen que ver con el virus de la realeza borbónica a la me voy a referir hoy en mi diario.

La verdad es que, ya nos había costado bastante asimilar que España es una monarquía parlamentaria que florece imperial en la historia contemporánea bajo las miradas vigilantes y augustas de un rey muy meritorio y otro muy emérito, para que ahora nos exilien sin más miramientos a nuestro Juancar de toda la vida a la República Dominicana. Parece ser que se nos llevan al “campechano” allende los mares, como a un vulgar becario, a cursar el erasmus de la vergüenza en aquel infierno caribeño, y lo primero que se me ocurre es abrir un change.org. para recoger firmas en contra de su exilio. ¿Cómo vamos los españoles a adorar desde tan lejos al auriga de nuestra sacrosanta y modélica transición? ¿Al autor de aquellos divertidos discursos navideños?

Con el bueno de Juancar ya van tres borbones seguidos los que se han tenido que exiliar de España. El primero, su abuelo Alfonso XIII, “El Piernecillas”, a París en 1931. El segundo su padre, Don Juan “El Descoronao” a Estoril, a empapar sus blasones en dry martini. Y ahora nuestro Juan Carlos I “El Desterrao” rumbo a la República Dominicana como un corsario de vacaciones en busca de ron, canciones y otro mapa del tesoro.

A veces hasta pienso que los borbones se exilian por patriotismo, sospechando que su país está mucho mejor sin ellos, debido al poco cariño que les tenemos, salvo, claro está, los conocidos palmeros, especialmente en Asturias donde todos los años salen a la calle con sus banderitas a saludarles enfervorizadamente, a ellos y a toda esa reata que desfila con sus mejores galas camino del teatro Campoamor de Oviedo para entregar los premios Princesa de Asturias.

Sabemos los motivos del exilio de su abuelo y de su padre, pero ¿Cuáles son los verdaderos motivos para que un personaje como el rey emérito de España, de Catilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, de las Indias Orientales y Occidentales y de las islas y tierra firme del Océano; Archiduque de Austria, Príncipe de Suabia; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas, de Limburgo, de Lotaringia, de Luxemburgo, de Güeldres, de Estiria, de Carniola, de Carintia, de Wurtemberg y de Neopatria; Marqués de Oristán y de Gociano; Conde Palatino de Borgoña; Conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, de Artois, de Hainaut, de Namur, de Gorizia, de Ferrete, de Kiburgo, del Rosellón y de Barcelona; señor de Vizcaya, de Molina, de Salins, de Malinas, de la Marca Eslovena, de Pordenone y de Trípoli; Landgrave de Alsacia y Margrave del Sacro Imperio Romano y de Burgau.

Capitán General y exComandante Supremo de las Reales Fuerzas Armadas Españolas; Soberano Gran Maestre de la Insigne Orden del Toisón de Oro; Gran Maestre de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, de la Orden de Isabel la Católica, de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa, de la Orden de Alfonso X el Sabio, de las órdenes militares de Montesa, de Alcántara, Calatrava y Santiago, así como de otras ordenes militares menores; Caballero de la Orden de Javier, de la Orden de la Anunciada, de la Orden de la Jarretera y de la Orden del Imperio Británico; Gran Cruz de Justicia, con Collar de la Orden de Constantino y Jorge de Grecia, y Gran Collar de la Reina de Saba y de la Dinastía de Reza; Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo: Gran Cruz de la Legión de Honor y de la Orden Nacional de Mérito y Premio Félix Houphouet-Boigny para la Búsqueda de la Paz de la UNESCO, o sea: Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, que esos son sus nombres y apellidos completos, nacido el 5 de enero de 1938, un mes antes de lo esperado, en una lujosa habitación del Hospital Anglo-Americano de Roma que la gerencia había habilitado al efecto. Como ha quedado dicho su nacimiento en la capital de Italia se debió al exilio de su regia familia, que se afincó allí tras la proclamación de la II República española el 14 de abril de 1931, fijando su residencia en un palacete llamado Villa Gloria, en la calle Parioli, 112.

Pues bien, ese personaje, en la actualidad rey emérito de España, está siendo investigado por el fiscal especialista en delitos económicos del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, debido a la construcción del tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

El Tribunal Supremo ha asumido la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que está involucrado el rey emérito, Juan Carlos I, por indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal durante la construcción del tren de alta velocidad que va a La Meca.

El rey emérito había perdido su condición de inviolabilidad en 2014, cuando abdicó del trono, pero conserva el aforamiento. Por ello, es necesario que las investigaciones judiciales contra su persona se eleven, y así la investigación ha pasado de la Fiscalía Anticorrupción, al máximo órgano judicial de España, el Tribunal Supremo.

Hacía tiempo que las operaciones y actividades financieras del penúltimo Rey Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca Felipe VI, estaban sometidas a todo tipo de sospechas, comentarios soto voce y, también, desde hace tiempo, a los primeros titulares de la prensa extranjera, sin que hasta ahora ninguna instancia judicial española se haya atrevido a proceder judicialmente en su contra.

Las abundantes informaciones proporcionadas por los rotativos internacionales, convirtiendo las andanzas financieras del rey en primera línea informativa, provocaron que el pasado mes de marzo, en plena virulencia de la pandemia del coronavirus, su hijo Felipe VI se viera obligado a renunciar a la herencia paterna, dada la evidente “contaminación” que una parte del patrimonio real ofrecía por su estrecha relación con “comisiones” y paraísos fiscales.

En un gesto que pareció más enfocado a la “galería” que, a otros propósitos éticos, el actual monarca pretendió distanciarse de las correrías de su padre, realizando una renuncia imposible a su legado, y procediendo a destiempo a la supresión del “estipendio” oficial del que el ex monarca era receptor. El gesto fue contemplado, fuera y dentro de España, como una fanfarronada. Como un simbólico y justificativo “brindis al sol”, de difícil credibilidad.

Sin embargo, no nos hagamos muchas ilusiones, porque aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo haya abierto una investigación sobre sus actividades después de su abdicación, en 2014, pienso que nada se va a clarificar, entre otras cuestiones, porque muy poco o nada se puede esperar  de unos tribunales que sólo han actuado a remolque de los juzgados suizos, y que más parecen querer “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos, como la propia Fiscalía informaba en su comunicado al respecto; es decir, quitarle hierro al asunto. Y si a ello se añade la reiterada negativa del bipartidismo PPSOE a que el rey trincón sea investigado en el Congreso de los Diputados, salvo la excepción de UNIDAS PODEMOS y algún que otro grupo parlamentario minoritario, la cosa queda todavía más clara a la hora de que “El Campechano” acompañe a su yerno “El Urdanga” en la cárcel.

No obstante, todo parece indicar que, tanto las investigaciones judiciales en Suiza, como las periodísticas en Inglaterra, Bélgica o Francia, van a continuar, completando la narración de cómo se forjó y dónde se esconde la fortuna secreta de Juan Carlos I.

Es un tema demasiado goloso para cualquier periodista de investigación, salvo que sea español. En ese caso la cuestión carece de interés, y casi que resulta comprensible, teniendo en cuenta la nula receptividad de las grandes empresas informativas de ámbito estatal por estos trabajos, que dejarán dormidos en un cajón para no hacer sangre en el ya malogrado prestigio de la Casa Real.

La prensa española sabe más de lo que dice, pero se calla algo que más pronto que tarde acabará saliendo a luz: que la comisión de 100 millones de dólares que la monarquía saudí pagó a Juan Carlos nos va a costar a todos los españoles un ojo de la cara. De hecho, según un cálculo moderado, no serán menos de 1.000 millones de euros.

En 2008, los saudíes pagaron a Juan Carlos 100 millones para que ese sujeto hiciese su magia con un descuento de varios cientos de millones en la construcción del Ave del Desierto, a cargo de un consorcio de empresas españolas. Esos 100 millones son los que investiga la fiscalía suiza, los cuales fueron depositados en una cuenta del banco privado Mirabaud, correspondiente a una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que Juan Carlos era titular y en la que su hijo, el rey Felipe VI, figuraba como heredero directo. De esa cuenta, Corinna Larsen recibió – en 2012, después de su salida de España, tras el escándalo de Botsuana -, una generosa “donación” de 65 millones de dólares, en una cuenta domiciliada en las Bahamas, por lo que también está siendo investigada en Suiza.

El abaratamiento impuesto al consorcio integrado por doce empresas españolas – Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo – y dos saudíes, Al Shoula y Al Rosan, en su presupuesto de obra no fue lo único que supuso algo más que una merma en sus beneficios: también tuvieron que pagar una comisión de entre un 2 y un 3% de la contrata (de 6.736 millones de euros), que se repartieron dos comisionistas al acecho: la profesional ‘Madame’ Zanganeh, encargada de corromper a las autoridades y funcionarios de Riad responsables de la adjudicación; y Juan Carlos I, encargado de poner el cazo porque sí, también ante los adjudicatarios. Todavía se sabe poco de esta parte de la historia, desvelada por Corinna en las famosas cintas del comisario Villarejo.

Con tanto recorte, en el momento de la adjudicación (en octubre de 2011), el consorcio español ya tenía que saber que las cuentas no cuadraban. En cuanto empezaron las obras el presupuesto comenzó a «desviarse», llegando a duplicarse lo establecido en algunos tramos.

Como en el Estado español, este AVE lo explota Renfe, mientras Adif se ocupa del mantenimiento. La línea cubre una distancia de 450 kilómetros y, en octubre de 2011, el proyecto fue adjudicado a un consorcio por un total de 6.736 millones de euros. Tras dos retrasos en la construcción, se estima que el presupuesto se amplió hasta los 7.100 millones de euros.

Pero, la chapucera planificación no tuvo en cuenta, entre otras cosas, las tormentas de arena del desierto, que dejaban enterrada las vías. Los retrasos en la entrega de la obra por esta causa llevaron incluso a que el régimen saudí amenazara al consorcio español con suspender la concesión en 2014, si no era capaz de cumplir los plazos establecidos en el contrato inicial. Después de muchas negociaciones el gobierno saudí aceptó en 2016 una primera ampliación en las obras de 14 meses y 150 millones de euros; y otra en mayo de 2018, que supuso otros cuatro meses de margen y 210 millones de euros adicionales. Pero no fue suficiente.

A finales de 2019 la tensión entre la parte contratante, el grupo público Saudí Railway Organization (SRO), y la contratada, el consorcio español Al Shoula, se disparó. Todavía había servicios que no se habían estrenado y un montón de problemas por resolver, por lo que los saudíes dejaron de pagar, y las empresas españolas se quejaban de la acumulación de facturas que empezaban a ver imposible cobrar. Después de que la empresa saudí dejara de abonar las últimas certificaciones por trabajos realizados, había unos 75 millones de euros en facturas vencidas. Fácilmente se puede uno imaginar sobre quien van a recaer todas las perdidas. Sobre las empresas públicas Renfe y Adif, es decir, sobre tú, éste y aquel españolito. Menos mal que ya tenemos el Ingreso Mínimo Vital.

En febrero de este año, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que pertenece al Ministerio de Hacienda) reveló que el “margen negativo” de Renfe de 2012 a 2018 en Arabia Saudí debido a sobrecostes y otros imprevistos ascendía a 150 millones.

En la construcción de los talleres, por ejemplo, Hacienda indicaba que, «tras las modificaciones habidas», el sobrecoste había subido un 56%; o, lo que es lo mismo, que se había maquillado el presupuesto inicial con una «rebaja» del 44% para conseguir el contrato, y al final el coste adicional lo iba a pagar la empresa pública.

Por si no fuera esto suficiente, aparte de las pérdidas en las obras, la empresa pública es también la encargada de operar el servicio en los próximos 12 años, una responsabilidad que asumió por contrato con los saudíes con unas previsiones falseadas. El proyecto inicial estimaba la disparatada cifra de 60 millones de usuarios al año, que tuvo que ser revisada en 2018 por la consultora de Países Bajos Royal Haskoning y ahora las previsiones no apuntan a más de 20 millones.

En absoluto habrá un acuerdo para que los 12 miembros del consorcio español asuman de forma solidaria las pérdidas que se produzcan en la explotación del servicio. La constructora OHL – de Villar Mir, amigo íntimo de Juan Carlos, hoy ya retirado y reemplazado por su yerno, el compiyogui de Felipe VI, López Madrid – aduce que ellos ya han cumplido con su parte del trabajo y también han aprendido a lavarse las manos como Pilato durante la pandemia del viruscorona.

Además, la investigación tiene su paralelismo con otra que transcurre en Suiza, donde el fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por un supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE. Según publicó el pasado mayo El País, el fiscal sostiene que, en 2008, el rey emérito recibió una donación de Arabia Saudí por valor de 65 millones de euros y, en 2010, otra de 1,7 millones del rey de Bahréin. Ambas donaciones fueron presuntamente ingresadas en una cuenta suiza del rey emérito y la de 65 millones, posteriormente transferida a una cuenta de su amiga íntima Corinna Larsen.

¿Qué pasaría, me pregunto yo, si todo el dinero que ha pasado por las dos fundaciones creadas para ingresar las comisiones del rey emérito se destinara a la sanidad pública teniendo en cuenta la crisis del coronavirus que ha puesto al descubierto el daño que han producido años de recortes en el sistema público sanitario?

La fundación Zagatka, creada en 2006 con unos 9.000 euros, según la investigación de The Telegraph y Voz Pópuli, y en la que Juan Carlos aparecía como tercer beneficiario y Felipe VI como cuarto, recibía hasta 1,8 millones de euros anuales, por lo que, desde su creación hasta 2019 podría haber recibido hasta 24,4 millones de euros, parte de ellos derivados de la comisión dada a Juan Carlos I por parte de Barclays Bank por la venta del Banco Zaragozano.

La otra fundación aparecida en la investigación, Lucum, habría recibido una comisión pagada por el Arabia Saudí al rey emérito por 100 millones de euros por su mediación en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca. Son, en total, hasta 124,4 millones de euros que se podrían invertir en aumentar en 266.952,17 euros la inversión de cada uno de los 466 hospitales que hay actualmente en el Estado español o en quintuplicar los 30 millones de euros de inversión destinados actualmente para la investigación del coronavirus al Instituto de Salud Carlos III y al Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

11 de junio

Hoy, cuando inicio mi 89 día de confinamiento derivado del estado de alarma decretado por el gobierno de España, se cumplen 100 días desde la primera muerte por coronavirus en nuestro país, ocurrida el 13 de febrero en el Hospital Arnau Vilanova, de Valencia, al que se le practicó un análisis post-mortem tras perecer por una «neumología de origen desconocido» dando positivo en el test de Covid-19. Sin embargo, seguimos sin saber la cifra exacta de vidas que se ha cobrado la Covid-19.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha tenido que dar en numerosas ocasiones explicaciones sobre los continuos desfases en los datos. La última, el martes, 8 de junio, cuando admitía que los datos sobre fallecidos «no son fáciles de tener con gran calidad». Ante ese dato de fallecidos que se mantiene sin apenas variación, Simón afirmaba que se trataba de un dato «congelado» hasta que las comunidades arreglasen la serie, de tal manera que al estar “congelados” no es posible hacer ninguna valoración real en estos momentos ya que nos da los datos de fallecidos que había cuando se congeló, que fue hace 12 0 13 días. Por lo tanto, tal y como vengo manifestando en mis diarios me abstendré de comentar nada al respecto, salvo reflejar los datos oficiales que diariamente nos facilita el ministerio de Sanidad que, al día de hoy, son 27.136 muertos y 242.707 infectados.

Al hilo de la polémica desatada en torno al triaje usado en los pretanatorios, en su mayoría llamados irónicamente geriátricos, centrada en el gobierno autonómico de Madrid, todas las autonomías tenían algún tipo de protocolos de actuación de acuerdo con los protocolos del propio ministerio de Sanidad, tal y como ha quedado dicho en mi diario de 9 de junio. Pero, en esta ocasión nos vamos a referir a las comunidades de Cataluña, Castilla-León y Comunidad Valenciana. En el caso concreto de Cataluña, con fecha 26 de marzo, la Generalitat redundaba en su recomendación a través de un segundo manual en el que “se recomienda que todos los pacientes en los que se diagnostique neumonía se deriven para valoración hospitalaria, exceptuando aquellos pacientes con uy mal pronóstico o corta esperanza de vida, en la que se considere futilidad terapéutica, en los cuales se podrá valorar dejar en domicilio o residencia geriátrica”. La caótica situación en las residencias condujo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a retirar las competencias sobre geriátricos a Asuntos Sociales para que fueran tutelados por Salud, una decisión tomada el 8 de abril, cuando ya habían fallecido en esos centros 1.123 viejos pensionistas, llegando a la cifra de 4.067 en el último recuento realizado.

Si nos referimos a la Comunidad de Castilla-León, la orden de atender a los residentes en esos pretanatorios dice que “se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital, para lo cual, se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso, etc.…” Así quedó ordenado por la Junta de Castilla-León por escrito a las residencias de ancianos que no dieran traslado a los centros sanitarios a sus usuarios enfermos de coronavirus. La instrucción figura en el documento “Medidas generales para contener el impacto de la crisis del Covid-19 en las residencias de carácter social”, fechado el 23 de marzo y firmado por el gerente regional de Salud y el de Servicios Sociales. La existencia de este protocolo fue denunciada por la asociación Defensor del Paciente y la semana pasada la Fiscalía de Castilla-León abrió diligencias, pidiendo a la Junta el documento aludido, quedando como una de las regiones con más expedientes en trámite por detrás de Madrid (87) y Cataluña (32). A fecha de ayer, según los datos oficiales de la Junta, habían fallecido un total de 2.587 viejos pensionistas en los pretanatorios de Catilla-León, pero el Ministerio de Sanidad ha oficializado solo 2.033 muertos, es decir 554 menos de los reales.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el departamento que dirige la socialista Ana Barceló no elaboró ninguna instrucción ni protocolo de traslado de pacientes con covid-19 de residencias a hospitales, pero en su lugar dictó una resolución el 18 de marzo en la que tomaba el control de los centros donde hubieses positivos estableciendo tres grados de intensidad, donde el máximo llevaba a medicalizarla y otorgar el mando de la gestión a personal sanitario. Un total de 550 viejos pensionistas son los muertos en las residencias entre los días 8 de marzo al 10 de junio.

Desde luego, no tuve yo la suerte o la desgracia de tener que ingresar a mi padre o a mi madre en uno de esos pretanatorios. Digo suerte porque ello significaría que podrían estar vivos y digo desgracia porque decidirlo me hubiera planteado un terrible dilema. Murieron muchos años antes y, muertos los viejos, por cierto muy jóvenes, se acabó el problema. Por enfermedad, por dependencia, por falta de medios, porque no encajan en el día a día de nadie, no suelen ser los ancianos quienes deciden dónde pasar sus últimos años de vida, sino aquellos a quienes dieron la suya.

He visitado a bastantes amigos en residencias sin ver el momento de marcharme, sobre todo cuando, eran amigos con una memoria prodigiosa que te contaban sus vivencias de la guerra, la guerrilla, el hambre y el trabajo para colocar a este país en el ranking de las diez naciones más industrializadas del mundo, sus luchas por alcanzar unas pensiones dignas  y un sistema sanitario público entre los mejores del mundo que muchos gobernante de todo signo se han empeñado en desmantelar poniendo siempre la corrupción por encima de la salud. La cruda realidad es que son más de 20.000 viejos pensionistas los que han muerto solos y abandonados en esos pretanatorios. Cuesta mucho creer que nadie quisiera dejarles morir sin asistencia hospitalaria pudiendo habérsela dado, pero la evidencia de los hechos nos demuestra lo contrario.

Al respecto, alguien me podrá seguir preguntando lo que yo hubiera hecho si me hubiera visto en esta situación tan delicada. Entre otras cuestiones, no recortar año tras año los presupuestos dedicados a la sanidad pública como se vino haciendo, pero, sobre todo, en este caso del coronavirus haber cogido el toro por los cuernos desde el primer momento.

Al respecto, me voy a referir a la intervención del microbiólogo Emilio Bouza ante el grupo de trabajo de Sanidad de la Comisión para la Reconstrucción el 9 de junio de 2020, donde afirmó con suma claridad que “España perdió un tiempo precioso, no inferior a los diez días” en reaccionar adecuadamente frente a la pandemia de coronavirus. Y ello, a pesar de que, observando lo que sucedía en Italia, había ya “evidencia de transmisión de persona a persona” y señales muy claras de su rápida expansión y su elevada letalidad.

“En los finales de febrero – explicó el microbiólogo a los diputados – nuestros compañeros residentes en Italia ya nos advertían: Esto es horrible, se nos muere la gente como chinches”. “La situación en Italia debería habernos alertado, sí”, afirmó de manera tajante.

En los primeros días del mes de marzo la fuerza de la pandemia empezó a comprobarse en el Hospital Gregorio Marañón. “El primer paciente con covid-19 ingresó en el hospital el 1 de marzo y el día 10 ya había 100 pacientes con el mismo diagnóstico. De esos 100 pacientes, 23 fallecieron: 20 tenían más de 75 años y los otras tres, más jóvenes, presentaban gravísimas enfermedades de base”, reveló.

A su juicio, la estrategia que adoptaron las autoridades sanitarias españolas falló porque, de manera generalizada, se aceptó que “se trataba de un brote de coronavirus parecido a los anteriores y que, como tal, se limitaría a China e impactaría muy poco en países occidentales”. En consecuencia, el plan que se puso en marcha, explicó, se basaba en la experiencia del ébola. Se partió, por tanto, de una premisa: “Hay pocos casos, muy localizados y se pueden tratar en un solo centro. Se asume que el problema no se expandiría y se podría confinar” Fue, mantiene el doctor Bouza, una equivocación: “Sobrevaloramos nuestra capacidad para confinar un brote”.

En el mes de febrero, según su relato, se recibió la orden de enviar las muestras de cualquier paciente que ingresara con síntomas al Instituto de la Salud Carlos III. En el relato que el doctor Emilio Bouza, uno de los microbiólogos de más reputación en Europa, desgranó ante los diputados del Congreso, expuso la queja – la misma que vienen expresando los profesionales sanitarios que han comparecido ante la Comisión para la Reconstrucción -, por la carencia de equipos de protección y de material de laboratorio. En su opinión, una de las más graves equivocaciones cometidas en la sanidad española, y que ahora se constata, ha sido la de minimizar la importancia de las especialidades de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. A partir de aquí, el testimonio de un especialista en la materia, uno más, desde luego, pero, sin lugar a dudas a la misma altura del doctor Fernando Simón. Sin embargo, tal y como están las cosas de crispadas en todos los aspectos, con ese lenguaje guerra civilista de unos y otros sobre “causa general”, “terrorismo e hijos de terrorista” “golpe de Estado” y otras “lindezas” por el estilo, no faltarán los jenízaros de turno que salgan a la palestra para tildar a este doctor de trabajar al servicio de la derecha.

EMILIO BOUZA SANTIAGO 

Yo, que no sé nada de su ideología, ni me preocupa, me voy a limitar a presentarlo, de acuerdo con lo que dice la Gaceta Médica (25-05-2018) sobre su biografía:  En un contexto donde los microbiólogos y los infectólogos están en pleno auge, debido a los desafíos que se están presentando en la medicina del siglo XXI con las infecciones, hablar de uno de los ‘padres’ de la microbiología y las enfermedades infecciosas cobra más sentido que nunca. Emilio Bouza no es precisamente un especialista que haya pasado desapercibido ante los ojos de todos aquellos que se han cruzado con él.

Nos contaba hace unos años su apuesta decidida por los clásicos de toda la vida: la pajarita y la estilográfica. Un “total look’” con el que se le puede distinguir perfectamente en los pasillos del hospital o la universidad. Pero lo que más le ha caracterizado, sin duda, ha sido su excelencia científica, su “total talento’ “que ha puesto a una especialidad en un sitio clave, sin duda, de referencia.

Natural de Galicia, se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en 1970. Durante dos años (1975-1977) realizó el Fellowship en Enfermedades Infecciosas y Microbiología en el Center for the Health Sciences de la Universidad de California, Los Ángeles en el grupo de los profesores Hewitt, Fine Gold y Meyer, mediante Becas Fullbright y Del Amo.

A su regreso a España funda la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Departamento de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Pero Bouza sigue avanzando en el campo de las infecciosas y de la microbiología y en 1982 funda la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), sociedad de la que posteriormente sería presidente. Vinculado a esta sociedad, también creó el Grupo de Estudio de SIDA (GESIDA).

En la esfera Europea, este microbiólogo ocupó la secretaría general de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases y continuó fundando organismos: esta vez, el Grupo de Estudio Europeo de Infecciones Nosocomiales y coordinador Europeo de los estudios ESGNI.

La producción científica de Bouza también avala su trayectoria. Fue elegido Foreign Fellow Member de la Infectious Disease Society of America y forma parte del Consejo Editorial de su publicación Clinical Infectious Diseases.

Ha dirigido varias publicaciones científicas: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Revista Clínica Española y Clinical Microbiology and Infection. Durante años, lideró un grupo multidisciplinar y muy activo de investigadores en el Hospital Gregorio Marañón y en la Universidad Complutense y ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de estudios multicéntricos en España y en Europa. Su grupo de trabajo está integrado en las Redes de investigación sobre patología infecciosa y en el Ciberer. Con todo este bagaje, a nadie le extraña que ha sido el formador de más de 100 residentes de la Especialidad y de las rotaciones por Microbiología e Infecciosas de más de 500 facultativos de España y de otros muchos países del mundo.

Hace poco tiempo, Emilio Bouza Santiago fue nombrado Personal Emérito del Servicio Madrileño de Salud, en reconocimiento a los méritos relevantes y al prestigio de su trayectoria profesional. Emilio Bouza fue jefe de servicio de Microbiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, hasta su reciente jubilación. Con este nombramiento, el doctor Bouza seguirá vinculado al Hospital en labores de docencia, investigación y consultoría.

Pocas trayectorias son tan merecedoras de un galardón como el Premio Fundamed & Wecare-u que recibirá el próximo 19 de junio. Un galardón que reconoce toda una vida dedicada a la microbiología y como no, a hacer grande a una especialidad cargada de éxitos. Sin dudas las generaciones futuras tendrán todo un referente en Emilio Bouza.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

12 de junio

A los 90 días de confinamiento debido al estado de alarma decretado en el país, cuando el gobierno acaba de anunciar la nueva normalidad tras el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, 10 de junio, sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el cual será aplicado en toda España cuando finalice el estado de alarma, el 21 de junio, aunque los territorios que superen la Fase 3 antes del fin del estado de alarma estarán automáticamente en la llamada nueva normalidad.

Una de las medidas que figuran en el decreto será el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, quedando exentas las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. Así como, en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

Serán obligatorias también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente sólo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.

Es decir, del “No hay mascarillas. Tampoco hacen falta» de los inicios del coronavirus en nuestro país, hemos pasado al uso obligatorio y fundamental de lucha contra el covid-19 en esta nueva normalidad decretada por el gobierno.

Pese a los consejos recomendados en su día por la OMS de recurrir a ella únicamente en casos de contacto directo con el coronavirus, el pánico provocado fue tal, que las farmacias españolas triplicaron sus ventas de mascarillas en enero, facturando casi un millón de euros, según un informe de la consultora de salud Iqvia. En febrero, la cosa fue a más: su demanda creció un 8.000 por ciento respecto al año anterior. Casi nadie se escapa al negocio del pánico. Convivir con caras semitapadas será, por tanto, uno de los símbolos visuales de la nueva normalidad.

Un fenómeno que conjuga la necesidad de protección frente a pandemias y las consecuencias de la emergencia climática, su uso como estrategia de defensa en las cada vez más presentes protestas globales. En Barcelona, por ejemplo, llegaron a agotarse en las tiendas durante los disturbios por la sentencia del Procés, y como extensión del propio mercado, dispuesto a convertir en apetecible producto de consumo y a la moda a todos esos miedos, angustias y fobias sociales que marcan nuestros tiempos. También, en consecuencia, como marcador de estatus social, ya se venden mascarillas con diseños personalizados a todo lujo, según sean mascarillas para los ricos o para gente normal.

En efecto, el gobierno ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en la nueva normalidad, pero no dice que el mayor beneficiario será el propio Estado que recaudará más de 50 millones de euros a la semana por el IVA ya que, a pesar de ser un bien de primera necesidad, este artículo tiene un Impuesto del Valor Añadido del 21 por ciento y no del 10 por ciento como le correspondería.

De esta manera, una persona gastaría 27 euros al mes para cumplir si quiere recurrir a las mascarillas higiénicas. Si compra mascarillas quirúrgicas el gasto asciende hasta 29 euros. Es decir, el gran beneficiado es el Estado ya que se va necesitar un suministro semanal de unos 200 millones de mascarillas y recaudaría así esos más de 50 millones de euros semanales.

Me cuesta trabajo entender como siendo las mascarillas un producto considerado como primordial para luchar contra la cadena de contagio del virus, sin embargo, se le “castiga” vía impuestos al consumidor mediante el IVA, de tal manera que el precio va aumentando por toda la cadena de distribución, desde el fabricante a la farmacia o lugar de venta, porque ya se venden hasta en los supermercados y en el estraperlo.

La realidad es que, apenas hemos entrado en esta llamada nueva normalidad todavía parece que no hayamos asimilado el término pandemia. Estamos todos tan enredados en el laberinto de las fases de la desescalada, tan sumidos en una competencia entre las distintas comunidades autónomas, según sean de un partido político u otro, tan absortos en si televisan o no el partido de fútbol o si nos abren la terraza o la barra del bar del barrio, que nos estamos olvidando de lo que es una pandemia de carácter mundial, donde el bicho recorre el mundo sin preocuparse de nuestros perjuicios identitarios o nuestras fronteras inviolables, de tal manera que nuestro regreso a la normalidad no es más que un espejismo, si tenemos en cuenta que la pandemia está creciendo al mayor ritmo que se ha registrado desde su origen, con más de 100.000 casos nuevos al día en el mundo.

Marcelo Palacios Alonso, nació el 21 de agosto de 1934 en Candás, en el Principado de Asturias. Tras cursar sus estudios de Bachillerato, realizó su vocación estudiando medicina en Madrid. Se inició en la ginecología, pero pronto decidió especializarse en cirugía general, traumatología y ortopedia en la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza, a lo largo de siete años (19621968). Desde su regreso al país, reside en Gijón. Ahí asumió la responsabilidad de jefe del Servicio de Accidentes en el Hospital de Jove, desde 1969 hasta 1971, y del Servicio de Quemados Graves y Cirugía Plástica, que creó.  Desde 1979 hasta 1983 fue Vicealcalde del Ayuntamiento de Gijón y presidente de la Comisión de Sanidad. Diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados (1982-1996).

A modo de reflexión – esto es un diario no un vademécum ni mucho menos – recojo literalmente las afirmaciones en el diario El Comercio (12 de junio de 2020) del doctor Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) cuestionando el uso de las mascarillas, ahora de uso obligatorio en los espacios públicos para la prevención de la trasmisión del coronavirus, diciendo que “tiene ventajas e inconvenientes”. Entre otras cuestiones expuestas por este SOCIALISTA y exdiputado del PSOE, por el que me tocó hacer campaña electoral para llevarlo al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1982, se refirió en su charla a la reducción de la capacidad respiratoria durante su uso porque “se crea un espacio estanco entre la mascarilla y el rostro”, siguiendo con sus explicaciones científicas de las que me son imposibles trasladaros en su contenido científico por desconocimiento profesional, quedándome con sus conclusiones manifestadas literalmente de que “mientras tanto, se respira el dióxido de carbono que desecha el cuerpo en los procesos de respiración”.

Hospital de Basurto en Bilbao (12 de junio de 2020)

Siguiendo en esa nueva normalidad, donde podemos seguir pensando que todo ha pasado, ayer jueves, 11 de junio, el bicho ha hecho acto de presencia en los hospitales del País Vasco, en Basurto (Bilbao) y Txagorritxu (Vitoria), ocasionando tres muertos y 36 contagios – en Basurto, donde ha habido dos defunciones, se han infectado 11 sanitarios, 11 pacientes y siete visitantes y en  Txagorritxu, con un fallecido, han dado positivo tres pacientes, un profesional sanitario y tres personas que visitaron a sus familiares -, que han obligado a los Ejecutivos cántabro y asturiano a descartar la posibilidad de abrir un corredor entre Euskadi y Galicia que permitiera la movilidad de sus ciudadanos a partir del 15 de junio. Esto significa que los rebrotes se pueden producir en cualquier lugar del país.  Así lo ha admitido el mismísimo ministro filósofo de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia de los jueves en el Congreso de los Diputados, aunque, visto lo visto y padecido, cualquier se fía de estos personajes.

Ahora mismo, cuando son las 19,00 horas, me asomo al panel del ministerio de Sanidad que nos informa de que existen 25 muertos por coronavirus en la última semana, pero la cifra total sigue “congelada” en 27.136 como en estos días de atrás. En lo referido al número de infectados durante las últimas 24 horas, 155 personas contagiadas han sido diagnosticadas por PCR, observando un leve descenso con respecto a este jueves cuando fueron 156, contabilizando un total de 243.209 personas infectadas desde la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer este viernes el nuevo mapa de la desescalada. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que Galicia entrará el próximo lunes en la llamada nueva normalidad, siendo la primera comunidad que lo haga. Castilla y León echan el freno y deja cuatro provincias en fase 2 (Ávila, Segovia, Soria y Salamanca), al igual que Madrid, Barcelona y Lleida. Avanzarán a la fase 3 la Comunidad Valenciana, cinco provincias en Castilla y León, el resto de Cataluña (Girona y Cataluña Central), Albacete, Toledo, Ciudad Real y Ceuta. De esta manera, el ministro de Sanidad ha explicado que más del 70% de los españoles estarán el próximo lunes en fase 3.

Por otra parte, también ha informado de que mantiene el 1 de julio como fecha para la apertura de fronteras con el resto de Europa, con la excepción del corredor turístico seguro con Baleares a partir del 15 de junio. La Unión Europea había sugerido que se reabriesen las fronteras internas a partir del 15 de este mes.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del CCAES (12 de junio de 2020).

Hace unos días, el doctor político Fernando Simón afirmaba que los problemas, inconsistencias e incongruencias en las cifras que el ministerio de Sanidad venía proporcionando sobre el covid-19 eran “normales” en situaciones de epidemia. Es posible, pienso yo, que él mismo esté acostumbrado después de sus experiencias en Burundi, pero esa respuesta me parece totalmente inaceptable en un país desarrollado en el siglo XXI, sobre todo, cuando esta pandemia tiene demasiado que ver con el G5. De hecho, esa respuesta, sin entrar en más valoraciones sobre las cifras oficiales y reales, permite interpretar cómo se ha venido tratando la pandemia desde el gobierno y las catastróficas consecuencias que ha causado ese tratamiento.

Este país, vuelvo a repetir, no es Burundi ni Somalia. Aquí se dispone de grandes recursos sanitarios, de grandes posibilidades de control en la información insospechadas hasta la fecha, de test de diagnóstico rápidos, de investigación médica de respuesta casi inmediata, de una población con un alto nivel educativo. La gestión de los datos resulta especialmente llamativa, pudiendo distinguir entre los datos referidos a personas, y los datos referidos, en ambos casos deplorables.

Es verdad que una pandemia varía mucho entre los distintos países que la sufren, pero no es menos cierto que la mortalidad sufrida por Corea del Sur, Alemania o Portugal es muy inferior a la de España, Francia, Reino Unido o EE.UU. suponiendo datos comparables. ¿Será que alguno de los diferentes tipos de sistema sanitario ha garantizado menos contagios y muertes? Pienso que no, sino que principalmente se debe a la preparación y planificación de los servicios de salud pública, esto es planificar y desplegar como primera línea de defensa la epidemiología y la prevención, orientadas a evitar el contagio, mediante detección temprana de casos y análisis entre otras acciones, pienso yo. Desde ese punto de vista, el fortalecimiento de nuestro sistema público de sanidad debe de ser nuestro objetivo prioritario para evitar los contagios y las muerte, sin olvidarnos de la estructura asistencial, que no deja de ser poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en unas condiciones precarias y carentes de medios suficientes para realizar sus tareas, a la vez que integrando en el mismo a nuestros viejos residentes en geriátricos, hoy por hoy, en su mayoría abandonados en los pretanatorios repartidos por el territorio español.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

13 de junio

Cuando me dispongo a cumplir con mi 91 día de confinamiento debido al estado de alarma decretado por el gobierno de España, lo primero que constato son las cifras oficiales del ministerio de Sanidad con los mismos muertos de toda la semana, es decir 27.136 y 243.605 infectados, donde se sigue ocultando la verdadera magnitud de la pandemia en España. Aún así, a pesar de que el doctor Simón sigue diciendo que vamos bien, aunque silenciando que seguimos ocupando un lugar de privilegio desgraciado en el mundo, tanto en contagiados por habitantes como en muertos.

En esas circunstancias desoladoras, presumir, como lo hace el gobierno, de una gran gestión y vanagloriarse de que vamos venciendo al virus, cuando lo único que está ocurriendo es que el ciclo del bicho está remitiendo – que vuelva o no es otra cosa – y todo ello tras haber confinado al pueblo desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio me parece una falta de respeto a la capacidad de discernimiento de ciudadanos testigos de otra realidad, sobre la veracidad, fiabilidad, comprensión o posibilidades reales de cumplimiento de aquello que se dice o se hace.

Por eso irrita un tanto la farsa que se traen desde Sanidad, donde el doctor Simón hace tiempo que ha empezado a comparar nuestro país en cifras absolutas, buscando en los EE.UU., por ejemplo, uno de sus objetivos preferidos para decirnos que el país presidido por Trump nos triplica en fallecidos, lo que resulta cierto, pero es que ellos presentan una tasa de 241 fallecidos por coronavirus por cada millón de habitantes mientras nosotros estamos en 563.

Y todo ello nos lleva a que Moncloa, incapaz de reconocer su fracaso, blasona de éxito mientras su incompetencia ha costado la vida a miles y miles de españoles, una gran mayoría de ellos por abandono en esos malditos pretanatorios, que llaman geriátricos. El gobierno puede seguir haciéndose trampas en el solitario, pero la realidad se va a saber de manera fehaciente, por lo que dejaremos el amplio y detallado análisis para cuando se pongan punto y final a esta catástrofe.

Con unas cifras u otras, lo que resulta evidente es que la crisis del coronavirus se sigue llevado por delante miles de vidas, negocios, sueños y proyectos, aunque la fuerza interior de las personas que logren sobrevivir al virus les ayudará a superar todas y cada de la adversidad, aportando la resiliencia necesaria para comenzar de nuevo. Recientemente, los representantes políticos en el Congreso de los Diputados han creado una comisión de reconstrucción tras la crisis generada por el coronavirus al objeto, dicen ellos, de generar un impulso nacional que permita salir del confinamiento con nuevas fuerzas y nuevos compromisos colectivos. No sabemos si finalmente sabrán estar a la altura del reto, a juzgar por el recital de insultos, descalificaciones y olvidos que se vienen produciendo en el desarrollo de la misma que han derivado en una bronca permanente que se ha convertido en la imagen de la política española, hasta el extremo de tener que intervenir el propio presidente, Pachi López, para solicitar a sus señorías un mínimo de altura. “La gente no espera de nosotros que estemos todo el día en la crítica, el insulto y la descalificación”, lamentó. “No estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión y, si no lo entendemos, es que no servimos para nada”, reiteró López, “deberíamos ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura”.

Después de este espectáculo político, el diálogo sobre las propuestas económicas quedó ensombrecido, interviniendo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para exponer los planes del Gobierno para salir de la crisis económica a través de seis grandes pactos nacionales: transición ecológica, transformación digital, empleo, inversión en I+D, refuerzo del estado del bienestar y reforma del mundo rural, a la vez que nos mostraba las cifras que dejará esta crisis: una caída del PIB respecto a su escenario inercial de 90.000 millones de euros, un déficit público superior al 10% del PIB y una deuda pública en el entorno del 115%. La crisis del coronavirus tendrá un “importante coste fiscal” que será necesario pagar a lo largo de las próximas décadas: “Tendremos que recuperar la senda de consolidación fiscal”. Por ello, la vicepresidenta reclamó acelerar la subida de impuestos para elevar la recaudación y recortar “el gap de ingresos que tiene España respecto a la media de la zona euro”. Esta brecha es de unos cinco puntos del PIB, esto es, próxima a los 60.000 millones de euros.

Sin embargo, el gran olvido de la comisión ha sido el de la corrupción, desde mi punto de vista, la principal barrera para el crecimiento económico a la vez que fuente de degeneración en la toma de decisiones, poniendo siempre por delante los intereses de los corruptos sobre los de las generaciones futuras, verdaderas “paganinis” de la gran recesión que se avecina, y fuente de desigualdad y pobreza.

España nunca ha sido un país inmune al virus de la corrupción, igual que no lo ha sido al coronavirus, sino que siempre ha sido un país con gravísimos problemas de corrupción política donde el clientelismo anida en los más diversos y recónditos espacios de decisión de nuestra clase política, alcanzando, como no, al mismísimo exjefe del Estado español en la persona del rey Juan Carlos I de Borbón, al que me voy a referir como continuación de mi diario escrito el pasado 10 de junio, ya que no se trata en exclusiva de las presuntas “mordidas” millonarias derivada de una concesión realizada por  Arabia Saudita a  un consorcio español para la construcción de un tren de alta velocidad entre La Meca  y Medina, sino de la fortuna acumulada desde que Franco lo designara como Jefe del Estado español, aunque todo hay que decirlo, de español tiene tanto como yo de chino, ya que, no solo había nacido fuera de España, sino que no tenía siquiera el derecho a la nacionalidad, puesto que su abuelo, Alfonso XIII, lo había perdido, al mismo tiempo que la corona, por decreto republicano para castigar su complicidad en el golpe de estado del general Primo de Rivera. Además, por si esto no fuera suficiente, una antigua ley que regulaba las normas de sucesión en la Corona española – el autoacordado, del 10 de mayo de 1713 – pensada en contra de los archiduques austríacos, para que los Habsburgo no regresaran a España, establecía que nacer en el extranjero era impedimento para poder acceder al trono.

Cuando en 1982 el PSOE accedió al poder, comenzaría una etapa para la monarquía de gran prosperidad, en todos los aspectos. El presidente Felipe González llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos, fascinado por la gracia andaluza. Con frecuencia los dos matrimonios salían a cenar juntos y después veían películas en La Zarzuela hasta la madrugada, de tal manera que, al final, se pasaba por La Zarzuela cuando le apetecía, sin avisar: “Señor, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de todo. Diviértase Su Majestad”. Y el Borbón estaba encantado con los del PSOE, capaces de llegar hasta la frivolidad o el despilfarro para proporcionarle cualquier capricho: aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros, viajes a los lugares de moda internacional… y, sobre todo vacaciones, muchas vacaciones. Sin embargo, el idilio entre el PSOE y el rey comenzaría a entrar en zona oscura cuando los escándalos de la CORRUPSOE comenzaron a aparecer en la prensa hasta acabar salpicando a la propia Corona.

Siempre se ha dicho que la Casa Real española era pobre, y no solo en comparación con las casas reales como la británica, una de las mayores fortunas del planeta, sino con mucha de las familias de la alta burguesía española y no digamos ya de la aristocracia bancaria, por lo que necesitaron la ayuda continuada de una serie de nobles para salir adelante durante los primeros años de su exilio. Oficialmente, Juan Carlos llegó al trono de España literalmente con lo puesto.

De hecho, para viajar a Atenas a visitar a su novia Sofia tenía que pedirle prestado dinero a su padre, que a su vez vivía de lo que le daban los amigos nobles leales a la monarquía. ¿De dónde ha surgido entonces la fortuna de Juan Carlos como una de las mayores que figuran en la lista de Forbes? ¿Cuáles fueron los negocios donde estaba involucrado Juan Carlos durante sus 25 años de reinado en varios negocios dudosos, aunque siempre eran sus “amigos” los que figuraban oficialmente en los papeles, caso concreto de Manuel Prado y Colón de Carbajal? ¿Cuáles fueron las “mordidas” recibidas en la importación de petróleo para España procedente de los países árabes? ¿Cuánto dinero se ha recibido por el tráfico de armas, donde aparecen sus “amigos íntimos”? ¿Cuándo dinero procede de la especulación financiera a través de las actividades económicas de los “amigos” del rey en operaciones de bolsa, gestión de créditos, fondos de inversión especulativa, donde es necesario contar con un capital, o, dicho de otro modo, que no son aptas para pobres? ¿Cuánto dinero procede de la especulación inmobiliaria relacionada con el rey como fue, por ejemplo, el proyecto urbanístico faraónico del Casillo de los Gracianos en Jerez de la Frontera? ¿Cuánto supuso la participación en los oscuros negocios del imperio de KIO de sus “amigos” ¿Prado, de la Rosa y Mario Conde?

De eso se trata, de que el Congreso de los Diputados, donde se dice que reside la soberanía del pueblo español, abra sin dilación de ningún tipo una investigación exhaustiva sobre los latrocinios del emérito y sus “amigos” hasta hacerles devolver el último euro posible que, sin lugar a dudas, serviría para solventar una parte de los problemas sociales derivados del coronavirus y del viruscoronario.

En ese sentido, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara, Pablo Echenique, ha anunciado el registro de la iniciativa en rueda de prensa, en la que se ha felicitado de que su petición de comisión de investigación esté también firmada por portavoces de ERC, JxCat, la CUP, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG.

Sobre la ausencia del grupo socialista, ha destacado que “respeta” su posición, igual que el PSOE respeta la de Unidas Podemos. A los efectos oportunos, la mesa del Congreso tendrá que evaluar la propuesta de Unidas Podemos, previsiblemente la semana que viene, y adoptar una decisión sobre si la admite a trámite o no. Hasta la fecha, todas las peticiones en la línea de investigar a Casa Real han sido rechazadas según el criterio de los servicios jurídicos, pero, en esta ocasión es la primera vez es que se refiere a hechos presuntamente ilícitos que don Juan Carlos habría cometido después de abdicar, algo que sostiene la Fiscalía del Tribunal Supremo, como ha recordado el portavoz.

La segunda es que no pretende investigar a un particular, sino una serie de hechos en los que además habrían participado empresas españolas en países extranjeros, lo que puede considerarse de “interés general”.

Según ha explicado Echenique, se pondría el foco en “las relaciones diplomáticas y comerciales que han rodeado” la operación del AVE a La Meca y de las implicaciones que en ésta habría tenido Casa Real y el exjefe del Estado.

El diputado ha dejado claro que se trata de investigar “hechos”, no a un particular ni a una institución, porque tales hechos, a la vista de las informaciones al respecto, resultan “lesivos” para la democracia española, principalmente debido a las “sospechas” de corrupción y “malas prácticas” del rey emérito.

Igual que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abogado por investigar a don Juan Carlos, lo que ve viable al tratarse de una operación enmarcada tras abdicar a mediados de 2014, Unidas Podemos sitúa entonces su investigación, de manera que el rey emérito no estaría protegido por el artículo de la Constitución 56.3 que consagra su inviolabilidad. Esa inviolabilidad sería para siempre si los actos a investigar se hubieran producido durante el reinado, algo que es lo que destacan los servicios jurídicos del Congreso cada vez que evalúan una petición de investigación.

Cuando la Mesa tenga que calificar la propuesta, sus nueve integrantes deberán votarla. La Mesa la integran tres representantes del PSOE (incluida la presidenta, Meritxell Batet), tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox. ¿Queréis que os dé mi veredicto al respecto? Pues que el PSOE se va a oponer, junto con los representantes del PP y VOX, una vez más, a que se investigue al rey, aunque se trate de un rey emérito.

Es la manera del PSOE de autodefinirse republicano durmiendo en la misma cama de la monarquía.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

14 de junio

Habiendo transcurrido 92 días de mi confinamiento, con el bicho cansado de tanto viajar por el mundo produciendo una auténtica masacre – lo que no quiere decir que pueda estar cogiendo fuerzas para volver a sus andanzas criminales -, creo que es el momento para poner sobre la mesa la verdad de lo que se sabe con la aportación de todo tipo de testimonios, informes y documentos.

En primer lugar quiero dejar muy claro que,  tres cojones me importa que la fecha del 19 de febrero, más de 3.000 valencianistas viajaran a Italia para asistir al partido de la champions league entre el Atalanta y el Valencia jugado en Milán, uno de los focos del contagio de la covid-19 en Europa; que la fecha del  8 de marzo se celebrase en Madrid el día de la Mujer Trabajadora y el congreso de VOX con la asistencia de 9.000 individuos en el palacio madrileño de Vistalegre, entre otros actos multitudinarios; o que el 11 de marzo más de 3.000 madrileños acompañaran al Atlético de Madrid para jugar su partido de champions league contra el Liverpool en Inglaterra a pesar de las recomendaciones del gobierno que, por su interés, reproducimos literalmente: “No se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. Esta medida guarda coherencia con las adoptadas en relación con los vuelos procedentes de Italia. No atender esta solicitud se considerará una decisión al margen de las evidencias científicas aplicables para situaciones como la que sufre Madrid, de “medidas de contención reforzada”. “No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable”.

Las consecuencias dramáticas del brote del coronavirus en Italia aumentan los remordimientos entre el mundo político y deportivo italiano por la disputa del partido de Liga de Campeones de fútbol del pasado 19 de febrero entre Atalanta y Valencia, que reunió a 45.000 espectadores, entre ellos más de 2.000 valencianistas, en el estadio San Siro milanés.

La cruda realidad es que, mientras las cifras del ministerio de Sanidad considera que al día de hoy, 14 de junio, son 243.928 personas infectadas y 27.136 muertos,  un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con el título de “Una estimación rápida del número de infectados por COVID-19 en España a partir de fuentes indirectas” ya estimaba en la fecha del 28 de abril que el total de españoles contagiados ascendía  a 1,2 millones de personas, lo que significa el 2,6 % de la población, mientras que elevaba a 34.393 los fallecidos hasta el 26 de abril, cuando el ministerio de sanidad solo contabilizaba ese día 23.190 muertos, de los cuales un 14,5 % son ancianos con más de 80 años .

El ministro Marlaska, la vicepresidentas del Gobierno, Carmen Calvo y otras ministras en la manifestación de el Día de la Mujer Trabajadora en Madrid, el 8 de marzo de 2020.

En el informe, los investigadores consideran que, puesto que la serie refleja sólo los diagnósticos positivos, generalmente a través de pruebas PCR, «deja fuera a una parte seguramente importante de los infectados, incluyendo a los asintomáticos y a aquellos con síntomas leves que no han acudido al sistema sanitario». No obstante, en el mismo informe deja muy claro que la incidencia real del virus solo se conocerá una vez se complete «el estudio de seroprevalencia del coronavirus en una muestra representativa de la población española y de las comunidades que actualmente se está poniendo en marcha».

La realidad de los hechos que verdaderamente importan a la hora de buscar las causas y sus correspondientes responsabilidades políticas y penales de tal masacre humana es que el primer fallecido por coronavirus en España fue un hombre de 69 años que había viajado a Nepal y que murió en la UCI del hospital Arnau de Vilanova (Valencia) el 13 de febrero, aunque la causa de su muerte no se conoció hasta el 3 de marzo. Uno de los médicos que le atendió solicitó durante los 15 días siguientes al fallecimiento hacer la prueba del coronavirus a las muestras tomadas al enfermo. Pero la Generalitat valenciana lo rechazó porque no cumplía los criterios de Sanidad: el paciente no había viajado a Wuhan (China) en los 14 días anteriores al inicio de síntomas.

El municipio catalán de Igualada sería el primer municipio confinado, dos días antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma, y Madrid resultaría la comunidad más castigada y, sin embargo, fue de las últimas en incorporarse a la lista de territorios con casos de coronavirus. En el hospital de Torrejón de Ardoz, donde se detectó un foco de transmisión comunitaria, hubo pacientes diagnosticados el 27 de febrero que llevaban ingresados desde el 15 del mismo mes.

Estos casos demuestran que España no combatió con profesionalidad científica, tal como asegura el gobierno en sus comparecencias, la propagación del virus durante las primeras semanas de febrero hasta que se topó con una oleada de contagios fuera de control. Es decir, el agujero por donde se coló el virus lo abrió una decisión sanitaria tomada en enero. Entonces se pensaba que el SARS-CoV-2 no iba a ser tan contagioso, que todos los infectados iban a desarrollar síntomas y que, al igual que con el primer virus SARS de 2002 o con el virus MERS de 2012, el mundo iba a poder frenar al patógeno.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Sanidad decidió adoptar el 24 de enero una definición de caso – los criterios que debe cumplir un enfermo para hacerle las pruebas – muy estrecha. Solo se investigarían los casos de pacientes que hubieran estado en Wuhan (China) o en contacto con personas diagnosticadas de covid-19. Sin embargo, entre el fallecimiento de Valencia y el brote de Igualada, Italia descubrió el 21 de febrero que el virus circulaba sin control por el norte del país. Este es el punto de inflexión que marca en Europa el inicio de una epidemia causante de casi 200.000 muertes en el continente y cerca de 500.000 en el mundo, afectando a un total de 195 países en todo el planeta con 8 millones de personas infectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional el 30 de enero, el máximo nivel de alerta del Reglamento Sanitario Internacional, pero el virus sorprendió a la mayoría de gobiernos, sistemas de salud y expertos. “Es evidente que los países, entre ellos España, tendrán que hacer una auditoría independiente para extraer lecciones de lo ocurrido y evitar que algo así vuelva a pasar”, afirma Pedro Alonso, director de Malaria de la OMS. De hecho, Suecia, el país, junto con Portugal, que menos muertos e infectados tiene de Europa, ya ha anunciado una comisión de investigación tras una gestión de la crisis muy controvertida. Algo parecido habría que hacer en España cuando, al contrario que Suecia y Portugal, ocupamos un lugar de medalla en el ranking de muertos e infectados, aunque mucho me temo que nada se hará, teniendo en cuenta el nivel de crispación y enfrentamiento guerra civilista alcanzado entre los “unos” y los “otros”, cuando los “unos” y los “otros”, tirándose los muertos a la cara, pensando exclusivamente en la rentabilidad electoralista, tienen el mismo grado de irresponsabilidad en la catástrofe de la covid-19.

“¿Usted va a perseverar en la bronca o va a tomar el camino de la unidad?”, interpela Sánchez a Casado, quien reprochaba al Ejecutivo de “recuperar la mesa por la autodeterminación y pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral”. Por su parte, Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno “se ha valido del estado de alarma” y se han salvado “450.000 vidas, según un estudio independiente”. “Qué ha hecho usted esta semana? Frente común con la ultraderecha para derrocar al Gobierno. Si elige unidad, aquí está el Gobierno”.

Los “unos” por tener responsabilidades de gobierno y los “otros” – los de la oposición -, por no haber presentado una sola iniciativa parlamentaria exigiendo al gobierno lo que sabían, porque, no nos engañemos, todo dios sabía perfectamente lo que había, incluidas, por supuesto, todas las comunidades autónomas que tienen el cien por cien de todas las competencias sanitarias transferidas, sin haber movido el culo de las poltronas para decir lo que estaba ocurriendo, aunque sí para enchufar a sus familiares y amiguetes en las instituciones sanitarias. Pienso que es totalmente necesario porque nos jugamos mucho y de los errores se suele aprender mucho para evitar situaciones que se pueden reproducir en cualquier momento, sobre todo de cara a mejorar nuestro sistema público sanitario.

Abundando más en el tema, con fecha 23 de febrero, la Junta Directiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica tomó la iniciativa para solicitar cambios en los protocolos de detección del coronavirus en una carta al ministerio de Sanidad, entre otras cuestiones porque los expertos de la Sociedad consideraban que, tras las experiencias de Italia, Canadá e Israel, podrían existir en España casos de personas “sintomáticas o asintomáticas” no detectados. También proponen utilizar la red de vigilancia de gripe para “monitorizar la circulación de SARS-CoV-2 realizando la PCR en aquellos pacientes con cuadro gripal en los que, seleccionados por los médicos centinela, no se identifique ningún otro patógeno en las determinaciones microbiológicas habituales”.

Portada de EL PAIS donde ya anunciaba que la epidemia empezaba a desbordar las emergencias (28-02-2020)

La Comunidad de Madrid se convirtió muy pronto en el principal foco de infección del coronavirus. Sin embargo, no detectó su primer enfermo de covid-19 hasta el 25 de febrero. Las pruebas permitieron descubrir hasta nueve casos en apenas tres días en el hospital de Torrejón de Ardoz. Algunos correspondían a pacientes que llevaban ingresados desde el 15 de febrero, pero no se les hizo la prueba hasta 10 días después porque carecían de vínculos con Wuhan.

El Ministerio de Sanidad recogió en un informe del 2 de marzo una realidad preocupante: “En los últimos días se han confirmado alrededor de 10 casos de covid-19 en personas sin vínculo conocido ni antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus. Estos se han detectado en zonas muy concretas de cuatro comunidades: Madrid (foco en Torrejón de Ardoz), Andalucía (foco en torno a Marbella-Málaga), Castilla-La Mancha (en Guadalajara) y País Vasco (en una zona de Vitoria). Procede por tanto definir las zonas en las que se sospecha esta transmisión comunitaria y establecer una vigilancia intensificada en las mismas”.

Sanidad tenía dos opciones ante esta situación: asumir la existencia de transmisión comunitaria del virus y tomar medidas drásticas o seguir tratando de encontrar el vínculo de todos los casos. Los responsables de Salud Pública eligieron lo segundo, algo que para muchos especialistas retrasó al menos una semana la respuesta global a la epidemia.

Sanidad insiste en mantener el escenario de contención de la epidemia, en el que todos los casos aún pueden ser identificados, aislados y sus contactos rastreados. “Se sigue insistiendo en no asumir que la transmisión ya es comunitaria. Tampoco se tiene en cuenta que la literatura científica ya recoge muchos episodios de transmisión del virus por parte de casos asintomáticos, lo que hace inútil esta estrategia. La única vía pasaría por reforzar a los hospitales ante la avalancha que se avecina, pero ya no se está a tiempo. No hay un plan de compras hasta el día 10 de marzo, cuando el Gobierno reforma la ley para poder centralizar adquisiciones de material, y es inútil. Los sanitarios ya se están contagiando y en pocos días los hospitales se convertirán en uno de los mayores focos de infección”, señala un médico que padeció la situación.

Los servicios de microbiología no recibieron tras la alarma de Italia ninguna instrucción para comprar más material de diagnóstico para hacer las PCR caseras, aunque lo que está ocurriendo en Italia les cambia la cara a todos. Un portavoz del Ministerio de Sanidad admite que la predicción de que se iban a producir pocos casos en España fue errónea, aunque recuerda que fue hecha a finales de enero cuando el “riesgo provenía de un solo país, China”. “Con las medidas que se habían puesto en marcha y la vigilancia activa, la sensación era que el inicio de la epidemia en Europa iba a ser mucho más progresivo y que se iba a poder controlar”, prosigue este portavoz. Sanidad considera que la definición inicial de caso era la adecuada hasta que todo cambió “cuando la epidemia explotó” en Italia.

La falta de material para hacer las pruebas diagnósticas dificultó también la respuesta de España al virus, según Sanidad. “Algunos países europeos fabricantes pasaron a controlar la producción para garantizar primero su abastecimiento. España trató de solucionar el problema aumentando la producción local, aunque esto llevó un tiempo. Fue algo común en los países, salvo los productores”, asegura el ministerio.

El ministerio sostiene que las palabras del jefe científico del ECDC, Mike Catchpole, en las que vaticinaba el 24 de febrero que era “cuestión de semanas” que la transmisión comunitaria fuera un hecho en los países europeos eran compartidas por todos. “Pero estas son medidas con un elevado coste social y económico. Hay que valorar el coste-beneficio. No se pueden adoptar hasta tener todas las notificaciones, no valen hipótesis. Y las informaciones que teníamos el 9 de marzo eran que la transmisión comunitaria descontrolada solo se daba en dos zonas. Una era Madrid y la otra era la del brote en Vitoria y La Rioja, con ramificaciones que llegan hasta Miranda de Ebro (Burgos). Eran las dos únicas zonas de España donde esto sucedía, en el resto no, así que cualquier posición debía tomarse con mucho cuidado…”, sigue Sanidad, que recuerda que la escalada de medidas fue creciendo hasta el estado de alarma a medida que iba llegando más información sobre el virus. Los tres protocolos del Ministerio de Sanidad, titulados “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCov)”, inspirados en las recomendaciones del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) y emitidos, respectivamente, el 24 y el 31 de enero y el 19 de febrero, impidieron hacer pruebas para detectar el coronavirus a enfermos con neumonía que no hubieran estado previamente en Wuhan (China).

En el cuarto protocolo, fechado el 25 de febrero, se incluyó la cláusula que permitía hacer test a “cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la que se hayan descartado otras posibles etiologías infecciosas”. Ese fue el problema principal para detectar casos de transmisión local (sin vínculo conocido con las zonas de riesgo) antes de que estuvieran fuera de control. Todos los expertos consultados consideran la incapacidad del sistema sanitario para identificar y diagnosticar los casos de coronavirus en febrero y principios de marzo como la principal explicación de las enormes dimensiones que adquiriría la epidemia en España. “La infranotificación fue muy importante”, admite Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que considera que esto “impidió tomar a tiempo medidas que protegieran a los colectivos más vulnerables, como los mayores que viven en residencias”. A partir de aquí, los unos y los otros, pueden seguir tirándose los muertos a la cara, insultándose, llamándose terroristas y golpistas, unos a los otros.

Pedro Sánchez en una de sus ruedas de prensa sin periodistas y con las preguntas filtradas previamente

Los “unos”, es decir,  el gobierno puede seguir untando a las televisiones privadas con 15 millones de euros tratando de justificarlos como compensación por la caída de ingresos publicitarios por el coronavirus (Decreto Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 marzo); puede seguir pagando a esos periodistas y tertulianos de “a tanto la línea” o “a tanto la palabra” – ya se sabe que el periodismo español está en crisis y el hundimiento de su prestigio e imagen solo es comparable al de los políticos, todavía más intenso, donde cientos de  periodistas españoles han renunciado a la independencia crítica y abandonado el servicio a la verdad para tomar partido, dejando de ser  periodistas para convertirse en comisarios políticos y en miembros de la odiosa “policía del pensamiento”-; pueden seguir abriendo sus más de trescientas cuentas fake en las distintas redes sociales para atacar a cualquier ciudadano que no les baile el agua; y puede seguir el presidente del gobierno leyendo sus homilías sabatinas y dominicales por el teleprónter, seguidas de sus  interminables ruedas de prensa, hasta 390 turnos de preguntas atendidos desde el pasado 12 de marzo, sin periodistas delante y con todas las  preguntas filtradas previamente. Los “otros” – la oposición carroñera – también pueden seguir con sus cuentas fake en las redes sociales para atacar al gobierno, creando todo tipo de bulos y mentiras; pueden seguir pagando a sus conocidos tertulianos y tertulianas en los distintos programas televisivos de la Ana Rosa Quintana y cía; pueden seguir pagando a esos otros periodistas de “a tanto la línea”, como los Inda, Losantos, Herrera o Marhuenda, aunque algunos de ellos tengan que ser cesados por los propios diarios, como ocurrió recientemente con Javier Negre, despedido de El Mundo por sus loas a la gestión del coronavirus en la localidad madrileña, aunque él siga diciendo que su despido se debe a “sus críticas de la publicidad institucional del Gobierno, una publicidad engañosa».

En fin, unos políticos y políticas que nos vienen ofreciendo todo un recital de incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de la pandemia hasta el extremo de que se quieren meter a la trena los “unos” a los “otros” mientras autorizaban, en unos casos, que los infectados mayores señalados en rojo fueran derivados a cuidados paliativos para descabellarles con morfina y, en otros, convirtieran los pretanatorios en campos de concentración, con señales al estilo de los nazis que marcaban en rojo, azul y rosa a los rojos, judíos, gitanos y homosexuales.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

15 de junio

Lunes de mercado en Sama, el primero completo que se celebra desde hace 93 días en que se decretó el estado de alarma para el confinamiento del pueblo español como consecuencia de la pandemia que afecta al mundo entero. El mismo día en que el ministerio de Sanidad sigue sin actualizar la cifra total de muertos del coronavirus, manteniendo congelada la cifra de 27.136 por séptimo día consecutiva, circunstancia que choca con el hecho de que, al mismo tiempo, Sanidad admite que, en este tiempo, una semana, se han producido 26 defunciones.

Según el último balance actualizado al cierre de esta información en la Comunidad de Madrid – a 13 de junio – se contabilizan 14.972 fallecimientos. De ellos, 4.795 en centros sociosanitarios, 9.249 en hospitales, 900 en domicilios y 28 en «otros lugares», que no se concreta. La región madrileña informó el sábado de seis nuevas defunciones con respecto al día anterior que, sin embargo, Sanidad no refleja.

Fuente: Ministerio de Sanidad (15-06-2020)

Por otro lado, en Cataluña las funerarias han registrado hasta este domingo 12.453 muertes por coronavirus (11 más que en el último balance): 6.798 en hospital o centro sociosanitario, 4.084 en residencia, 788 en casa, y el resto son casos no clasificables por falta de información. En Castilla-La Mancha se ha informado de tres fallecimientos en las últimas 24 horas. Y en Canarias, los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad también suman un muerto más.

El recuento de Sanidad está más que cuestionado. El portavoz técnico del Ministerio, Fernando Simón, ha explicado en los últimos días que la cifra está «congelada» hasta que las comunidades revisen todos sus datos. Es decir, atribuye a las comunidades autónomas la culpa del caos en el recuento.

“Esos números suponen un 60%, más o menos, del total de muertos detectados por el INE y el Carlos III. Esos 28.000 son los que han muerto claramente por coronavirus, las personas con un diagnóstico positivo”. Si luego ha habido otra causa principal es otra cuestión. “Han podido fallecer por un cáncer terminal y que además tuvieran la infección”. (03-06-2020)

«Lamento la confusión que está generando la congelación de la serie del total de fallecidos, pero en breve estará corregida y se explicará detalladamente a todo el mundo», explicó hace unos días.

Lo cierto es que el Ministerio tampoco ofrece datos, por ejemplo, sobre la cifra de fallecidos en residencias de mayores.

En abril, el Ministerio de Sanidad requirió a las comunidades autónomas los datos de fallecidos en residencias, para lo que tenían de plazo hasta el día 8 de ese mes. El 17, Salvador Illa aseguró en rueda de prensa que su departamento ya disponía de las cifras y que se comunicarían «a la mayor brevedad posible». El ministro de Sanidad justificó como causa del retraso que los datos estaban «siendo analizados por técnicos expertos». Dos meses después, el Ministerio sigue sin revelar la cifra, imprescindible para conocer la verdadera magnitud de la pandemia. En fin, yo, al igual que el eminente doctor Fernando Simón, también lamento el caos total de cifras que, día tras día, se nos viene facilitando a través del panel del ministerio de Sanidad, pero seguiré armándome de paciencia hasta llegar a la verdad, porque, nadie lo dude, la verdad de esta gran farsa, se acabará imponiendo.

En efecto, hoy es lunes pero ayer fue domingo, lo que quiere decir que tocaba la homilía dominical del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechó para hacer un llamamiento al “patriotismo colectivo” para afrontar a partir de ahora las dos grandes crisis que se derivan de la pandemia del coronavirus: la social y la económica, a la vez que instaba a los ciudadanos a “seguir a rajatabla” las medidas impuestas en cada territorio para emprender con seguridad la desescalada. “Tenemos una tarea ardua, pero si canalizamos toda la energía colectiva en la reconstrucción, saldremos antes”, ha asegurado el presidente del Gobierno antes de afirmar que la gran lección de la crisis es la necesidad de “reforzar los servicios públicos”. “No sobran manos, necesitamos a todos para reconstruir el futuro”.

“Ahora hay que abordar la reconstrucción”, ha afirmado, incluyendo entre los cometidos a afrontar, una reforma del sistema fiscal, el fortalecimiento del sistema educativo y sanitario y la transición ecológica. En consecuencia, ha pedido colaboración y unidad a las fuerzas parlamentarias para que trabajen juntas en la Comisión para la Reconstrucción y ha anunciado una mesa paralela con los interlocutores sociales con el objetivo de intentar alcanzar un pacto en el ámbito del mercado de trabajo. Pedro Sánchez ha hecho especial hincapié también en que España no pedirá un rescate a la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acabado ya la decimocuarta y última videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, a quienes ha trasladado que las fronteras españolas con el resto de la Unión Europea sin necesidad de cuarentena se reabrirán el próximo 22 de junio, excepto con Portugal, que será el 1 de julio. (La Moncloa, 14-06-2020)

También les ha explicado que la tercera oleada de test de seroprevalencia se conocerá a partir del próximo 22 de junio, una vez que todo el territorio esté fuera ya del estado de alarma.

En su homilía dominical leída por teleprónter, el presidente ha insistido en que el estado de alarma “funciona y está demostrando que es muy eficaz” y ha reiterado que sólo con él en la mano puede restringir derechos fundamentales como son el de la movilidad y el de reunión. “Ya estamos en distintos estados de alarma”, ha dicho antes de asegurar que el Gobierno lo levantará “en cuanto sea posible”. Será entonces cuando se busquen “otros mecanismos” para llevar a cabo la cogobernanza.

Sánchez ha apuntado, además, que en cuanto las calles recuperen el tránsito y se reabran los edificios públicos las banderas ondearán a media asta y posteriormente habrá un acto en homenaje a todas las víctimas presidido por el Rey.

La comparecencia de Sánchez no sólo ha servido para pedir unidad, sino que también ha contenido anuncios que se habían ido conociendo durante el día, como el plan de automoción que estará dotado con más de 3.700 millones de euros o cómo será la vuelta a las aulas a partir de septiembre. También ha anunciado que a partir del 21 de junio se reabrirán las fronteras con la UE salvo con Portugal, que se hará en un acto el próximo 1 de julio.

Sánchez también ha contestado a las preguntas de los periodistas, en las que ha tenido que abordar asuntos como lo sucedido en las residencias. El presidente del Gobierno ha defendido que su Ejecutivo no ha dado la espalda a los centros de mayores, como le acusa la derecha: “Hemos enviado hasta el Ejército”, recordando que también habían aprobado un fondo de 300 millones para que las residencias reforzaran sus plantillas y que su compromiso con estos centros es “absoluto”.

Sigue el virus y amenaza la miseria, pero Sánchez se enfoca, antes que nada, en meterse en su tonel o en su castillo, que eso es lo que significa patriotismo en este caso. La patria es un concepto pesado como un tapiz y en la emergencia funciona un poco como un tanque. También le funciona como un tanque a Sánchez sacar en su discurso a ese Ejército que fumiga y ayuda a viejitos.

Y es que el presidente Sánchez ha vestido su homilía dominical de patriotismo y de parábolas del oriente, y le ha quedado entre señor Miyagi y los coroneles enchapados que él mismo atropella ruidosamente como tenderetes. Un patriotismo como de foque y un refrán sobre molinos, dos cosas que parecen cuadros de mesón. Con eso vamos a enfrentarnos a la crisis. A Sánchez la política le queda así, o sea que habla de patriotismo y suena a recuerdo toledano, tratando de hacer metáforas que suenan a galletita de la suerte.

El complemento perfecto para el patriotismo sanchista, ese patriotismo de su miriñaque, es por supuesto la cursilería, que le hace como de rodete de Dama de Elche. En este sentido, Sánchez sigue a Zapatero en su pretensión de crear una escuela zen como de Zamora y un orientalismo de haiku de salón de masajes y de sonrisa de gato chino de rinconera.

Quién nos lo iba decir, ahora resulta que “el negro” – yo soy antirracista visceral – que escribe las homilías de Pedro Sánchez se nos ha puesto lírico y le ha colocado al presidente, para pedir la unidad de las fuerzas políticas un proverbio chino que dice así: “Cuando soplan vientos fuertes algunas personas construyen muros y otros molinos”. El muro son los otros, y el molino, o aerogenerador, por supuesto es él.

Muy bonito, pero mejor recordarle otro proverbio, este de Confucio, en el que se afirma que, “El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica”. El populista se mete dentro del pueblo, pues, como el ladrón de zoco en la multitud.

Sánchez ha reivindicado “una España que es una idea de igualdad, de libertad, de fraternidad; una forma de convivir plurales y unidos”. También ha dedicado especial atención al desafío independentista planteado por CiU y ERC. El líder del PSOE ha abogado por una reforma federal de la Constitución para que cada ciudadano “pueda sentirse español y catalán, o valenciano o andaluz o vasco o madrileño, en el orden que lo desee”. (21 de junio de 2015)

Y decimos esto porque Sánchez se ha encastillado en los muros de su autocrática presidencia desde que alcanzó el poder. Pero ahora ha querido darle a Pablo Casado un curso de “patriotismo” al pedirle que el PP apoye a la Comisión Europea en sus propuestas de ayudas a España e Italia y no a Holanda, que nos quiere mandar “los hombres de negro” a vigilar nuestra economía, aunque, digo yo, los hombres aquellos de la tristemente famosa troika hace tiempo que han cambiado su traje negro por el de un gris marengo.

Pero regresemos al “patriotismo” que, como recordaba en uno de mis diarios “es el último refugio de los canallas” según el sabio crítico y escritor inglés Samuel Johnson. Para proverbio chino el que Deng Xiaoping le enseñó a Felipe González en Pekín: “gato blanco o gato negro, qué más da; lo importante es que cace ratones”, un proverbio que tanto le encantó al hispanocolombiano, Felipe González, que nada más regresar a España de su viaje a China lo puso en práctica y, de aquella lección de pragmatismo extremo nacieron los argumentos para la práctica del Terrorismo de Estado – el peor de los terrorismos – montando los GAL. La patria es un concepto pesado como un tapiz, y en la emergencia funciona como un tanque

La patria no es ya el pueblo sino su espacio teologizado, eterno, ritual y filatélico. “Patria” no es sino otra palabra búnker, hormigonada y enrejada, pero más abstracta o más inflada, porque abarca igual a la gente que a las armadas, igual a la historia que al cancionero. Para atacarte allí no sólo tienen que pisotear a la gente con carromatos, sino derribar castillos y acabar con soldados, marinos, pintores con gorguera y círculos sobredorados de gobernantes como de ángeles. Los populistas se meten en la patria, pues, como el ladrón de cepillo en Dios. No es que no se pueda usar “pueblo” o “patria” con fundamento o incluso hermosamente. Es que normalmente es al cínico o al ladrón de Bagdad al que vemos meterse en esos toneles.

A Sánchez le ha encantado lo de hacer molinos de viento, aunque quien de verdad sabe de eso es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Pero no se olvide Sánchez de nuestro señor don Quijote de la Mancha que vio en los molinos de viento a unos terribles malandrines y gigantones contra los que arremetió lanza en ristre, sufriendo importantes magulladuras en el intento del que el bueno de Sancho intentó disuadirle sin éxito.

A Sánchez se le ve muy relajado porque cree que la crisis sanitaria ya está bajo control y por eso ha anunciado que a partir del próximo lunes día 22 ya pueden llegar turistas, y los españoles pueden viajar a donde quieran porque el estado de alarma llega a su final y entramos en la “nueva normalidad”, pero volviendo a Confucio recogemos también aquel proverbio que dice: “no importa si se avanza poco, lo importante es no parar”. Pues en esas estamos y en esas vamos a estar a partir del día 22 cuando recuperemos la plena libertad.

La verdad es que en este patriotismo sanchista las instituciones parecen ya sólo sus baños turcos. Y que nadie ha salido peor que nosotros del virus, de sus cojeras, sus cementerios y su ruina. Pero lo patriótico y lo sabio es seguir aplaudiendo esta maestría en el desastre. Lo patriótico y lo sabio es apoyar todo lo que diga Sánchez, ese fresco y alto molino de grandes ruedas con las que comulgar.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

16 de junio

Cuando se cumplen 94 días del confinamiento debido al estado de alarma decretado por el gobierno de España como consecuencia de la covid-19, escucho la rueda de prensa del director del CCAES, Fernando Simón, y lo primero que observo es que el número de muertos totales continúa congelado en 27.136 desde hace una semana, a la espera de que las comunidades autónomas validen sus datos, además de 244.328 infectados. No obstante, Sanidad notifica 25 fallecidos con el Covid-19 durante la última semana, siete de ellos registrados por la Comunidad de Madrid. “El número de personas ingresadas en UCI, los que tienen mayores posibilidades de fallecer son cada vez más, pero esta cifra es progresivamente menor”

Fernando Simón, director del CCAES en su comparecencia ante los medios de comunicación, el 16 de junio de 2020.

“España está entre los países de menor transmisión”, ha indicado Simón que señala los puntos más calientes de la pandemia en América Latina y Oriente Próximo. “La incidencia que se puede registrar en los países depende también de la capacidad de diagnosticar. Un país que busca más va a notificar más”. El doctor ha explicado que, desde el 11 de mayo, cuando cambió la estrategia de notificación de muertos y positivos de las comunidades autónomas, “se ha hecho un esfuerzo por diagnosticar más, mejor y más rápido”, ha añadido. Bueno, anda, desisto de seguir rompiéndome la cabeza con esta contabilidad de muertos e infectados que oficialmente nos facilita diariamente el ministerio de Sanidad, cuya verdad de los mismos es que son falsos.

Sin embargo, hoy voy a dedicar mi diario al terrorismo de Estado practicado por el gobierno del PSOE durante el mandato de Felipe González, de acuerdo con los documentos desclasificados por la CÍA muy recientemente.

“… pero que más daba que el GATO fuera blanco o negro. Lo importante era que cazara ratones. Y así, antes de que Felipe González hiciera suya aquella máxima del mandatario chino Den Xiao Ping, como lema primero hacia la desideologización y el pragmatismo, luego hacia la descarnada razón de Estado, su compadre venezolano había soltado un GATO de verdad con unas uñas bien afiladas y había cazado unos cuantos ratones intercambiables con Marey, Lasa, Zabala, Zabalza, Perurena o Juan Carlos García Goena. ¿Qué pasaba por la cabeza de Felipe González aquel día en que proclamó aquella monstruosidad de que “si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos””?

Quizá tenga más fresco aquel día de octubre de 1982, cuando en el Hotel Ercilla de Bilbao afirmó aquello de que “a estos hay que machacarlos con sus mismas armas, las del terrorismo”. (…) Resulta miserable que, amparándose en el poderoso aparato del Estado, responsables gubernamentales, dirigentes políticos del PSOE y pistoleros de la peor calaña, todos de común acuerdo, decidan combatir el terror con sus propias armas. Alguna vez – en las charlas coloquiales que Felipe y Guerra nos daban en aquellos “clandestinidad consentida” de inicios de los setenta – les escuché decir al unísono que “el mayor y más destructor de los terrorismos era aquel que se practicaba desde el Estado con total impunidad y con todo el poder de las leyes y las armas”. Esto es justamente, lo que vino practicando el GAL durante el gobierno socialista que encabezaron este par de trileros sevillanos. (…) En aquellos tiempos el pseudónimo de combate terrorista que utilizaba el comisario Amedo era el de Genaro Gallego Galindo, ¿será coincidencia que el pseudónimo coincida con el del héroe del cubil de Intxa-Horrendo, el ascendido a general por el gobierno de Felipe González, señor Galindo? Es lógico que nos preguntemos por qué Amedo utilizó para los GAL el pseudónimo de las tres G, Genaro, Gallego, Galindo: G de su origen gallego, G de Galindo, G de González y sobre todo G de GAL. (Del libro de Antón Saavedra “SECUESTRO DEL SOCIALISMO”, publicada su primera edición en 2004).

¿Quién iba a augurar que iba a ser la CIA la que con el tiempo despejaría la “incógnita” formulada por Julio Anguita desde el Parlamento, en relación con la famosa “X” de los GAL?

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) acaba de despejar la incógnita peor guardada de la historia de la instauración franquista de la Monarquía española: el ex mandatario socialdemócrata Felipe González Márquez fue el creador e impulsor de los GAL, un grupo armado y violento que actuó durante los años 80 y 90, y tras el que se escondió el terrorismo de Estado, manejado por el propio gobierno del PSOE.

De acuerdo con la documentación dada a conocer ahora, la CIA sometió a un riguroso seguimiento las actividades protagonizados por los GAL, desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado. La documentación, que hasta estos momentos era mantenida rigurosamente en secreto, ha sido desclasificada y puesta a disposición de todos aquellos que deseen consultarla, aunque existen en ella importantes lagunas, con párrafos y fragmentos enteros censurados o tachados.

Documento desclasificado de la CÍA sobre el terrorismo de Estado durante el gobierno felipista del PSOE en España.

El documento titulado “Revisión del terrorismo” consta 32 páginas, con 3 folios censurados por completo, tiene fecha de 19 de enero de 1984, y ha sido desclasificado con un año de retraso, ya que la ley de secretos oficiales dice que pasados 35 años hay que desclasificarlos, aunque los documentos españoles del 23F no han sido desclasificados todavía habiendo pasado ya 39 años -cuatro años de retraso – y nadie protesta.

Según mantiene la referida documentación hoy descatalogada, el Ejecutivo español, que durante 14 años encabezó Felipe González: “parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA… (Censura)… González ha acordado la constitución de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas… (Censura)… los mercenarios no serían necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y Francia…”. En una nota adjunta que agregan los Servicios de Inteligencia americanos a pie de página del documento, se mencionan como precedentes directos de este grupo terrorista creado por el ex presidente González, el “Batallón Vasco Español”, el “Anti Terrorismo ETA” y la llamada “Alianza Apostólica Anticomunista” (Triple A).

Documento desclasificado de la CÍA sobre el terrorismo de Estado en España durante el gobierno del PSOE presidido por Felipe González.

En la documentación ahora conocida se puede observar cómo los “censores” del material desclasificado se cuidan muy mucho en tachar las biografías de los mercenarios implicados en asesinatos de Estado, organizados en contra de la organización ETA.

Otros párrafos del informe hacen alusión a la relación del PNV con HB, recogiendo que “el comité ejecutivo del PNV acordó remitir a sus sedes locales una orden para que cesaran toda colaboración con HB”. El informe habla de los asesinatos del GAL en el sureste de Francia, en concreto del “secuestro y asesinato de dos simpatizantes de ETA militar”, en clara alusión a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y al secuestro de “un hombre de negocios en el País Vasco” en alusión a Segundo Marey.

Felipe González, en la foto con su ministro de Interior José Barrionuevo,  no logra quitarse de encima el fantasma de los GAL a pesar de los años. En las últimas cuatro décadas ha tenido que driblar todo tipo de informaciones, declaraciones e insinuaciones sobre su implicación en la trama de terrorismo de estado que sacudió Euskadi, sobre todo Iparralde, y el resto del Estado español. Hasta ahora esas acusaciones procedían de Euskadi y de España y Francia, pero la última revelación tiene su sede en los Estados Unidos y lo firma la todopoderosa Agencia Central de Inteligencia, la CIA. El servicio de inteligencia norteamericano ha desclasificado varios documentos y en uno de ellos destaca el nombre del expresidente del Gobierno español. El informe le señala, sin ningún género de duda, como el organizador de los GAL, esto es, la famosa X del entramado de la guerra sucia del Estado contra ETA durante los años 1983 y 1987.

El documento ahora desclasificado parcialmente por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), que señala directamente al entonces presidente español por la creación de los GAL, está fechado en enero de 1984. Es decir, apenas tres meses después de las primeras acciones de este grupo. Y su contenido es muy preciso sobre la fecha en que se produjo la decisión de Felipe González, al enmarcarlo en torno al intento de secuestro policial del refugiado Joxe Mari Larretxea, hecho ocurrido en la misma semana en que desaparecieron en Baiona Joxean Lasa y Joxi Zabala, en la primera acción de los GAL. En aquel mes de enero de 1984 el paradero de los dos tolosarras era una incógnita absoluta y era difícil darle esa caracterización, más allá de la evidencia de que se trataba de una acción de guerra sucia.

Lasa y Zabala, que fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 y trasladados al Palacio de La Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados salvajemente, serían trasladados hasta Alicante, y de ahí a Busot, donde fueron asesinados y enterrados en cal viva. Por estos hechos fueron condenados el general Rodríguez Galindo y sus subordinados en el cuartel de Intxa-Horrendo Ángel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal; además del ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu.

Es necesario recordar que los GAL actuaron en España y Francia entre 1983 y 1987 dejando tras de sí un rastro de cerca de 60 muertos y heridos. En muchas ocasiones el GAL llegó a pedir disculpas por asesinar a pacíficos ciudadanos franceses a los que confundieron con etarras.

Documento desclasificado de la CÍA sobre las actuaciones terroristas del GAL.

La documentación desclasificada de la CIA asegura que los GAL lograron sembrar el miedo y el terror entre los vascos que habían logrado huir a Francia. La CIA puntualiza, asimismo, que la nacionalidad de los mercenarios encargados de la liquidación de objetivos designados “no tenían que ser necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y Francia…  Los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad”.

Los Servicios de la Inteligencia estadounidense reconocen que estas operaciones no sólo tienen un carácter manifiestamente ilegal, sino que, además, cuestionan los mismos fundamentos de la democracia. La propia CÍA acepta en su informe que con este tipo de organizaciones paramilitares “las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente…”

Pero la documentación desclasificada de la CIA va aún más allá.  Pone al descubierto las estrechas relaciones mantenidas entre este grupo criminal creado por el felipismo y el hampa, la “Organización del Ejército Secreto (OAS)”, y la “Legión Extranjera Francesa”, estas dos últimas organizaciones fuertemente vinculadas a la extrema ultraderecha francesa.

Apenas se ha necesitado que transcurrieran unas pocas horas desde que la documentación de la CIA fuera dada conocer para que desde el Parlamento español se formulara una petición urgente de comparecencia del ex Secretario General de los socialistas españoles, Felipe González, presentada por la organización Euskal Herría Bildu, para que desde esa institución explique los datos dados a conocer ahora por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.

«Podría haber ahorrado asesinatos de inocentes». Esto es lo que dijo exactamente González en aquella entrevista a “El País”: «Voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende. Todavía no sé siquiera si hice bien o hice mal, no te estoy planteando un problema moral, porque aún no tengo la seguridad. Tuve una sola oportunidad en mi vida de dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA. Antes de la caída de Bidart, en 1992, querían estropear los Juegos Olímpicos, tener una proyección universal… No sé cuánto tiempo antes, quizá en 1990 ó 1989, llegó hasta mí una información, que tenía que llegar hasta mí por las implicaciones que tenía. No se trataba de unas operaciones ordinarias de la lucha contra el terrorismo: nuestra gente había detectado – no digo quiénes – el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil. Aunque lo hubieran detectado nuestros servicios, si se reúne la cúpula de ETA en una localidad francesa, Francia les cae encima y los detiene a todos. En aquel momento no. En aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir».

«Ni te cuento las implicaciones que tenía actuar en territorio francés, no te explico toda la literatura –prosigue Felipe González–, pero el hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando el problema de que yo nunca lo haría por razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años. Esa es la literatura. El resultado es que dije que no».

El documento de la CIA aparece en momentos políticamente muy poco oportunos para el ex líder socialdemócrata Felipe González. Al generalizarse la percepción social de cuál fue realmente el papel que desempeñó su gobierno, así como sus implicaciones con el terrorismo de Estado, la actual cúpula del PSOE ha decidido marcar discretas distancias con el que fuera su ex líder y máxima referencia política.  El peso de sus opiniones apenas encuentra ya eco en sectores minoritarios de su propio partido. Con propiedad podría decirse que Felipe González es hoy un político amortizado en las filas de la socialdemocracia española.

Por otra parte, las revelaciones de la CIA, que ubican a González en el indecoroso lugar que históricamente le corresponde, renuevan la actualidad que conserva aquella famosa frase con la que los funcionarios del Imperio Romano rechazaban pagar los servicios prestados por sus antiguos sicarios, que rezaba “Roma traditoribus non praemiat”. O sea, en roman paladino: “Roma no paga traidores”.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

17 de junio

Hoy, en el 95 día de confinamiento por el estado de alarma decretado por el gobierno, no tenía intención de dedicar una sola línea sobre la falsedad de las cifras que diariamente nos viene facilitando el ministerio de sanidad sobre el número de muertos (27.136) e infectados (244.683) del coronavirus en España, pero viendo y oyendo a Pedro Sánchez en la sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados he desistido de mi primera intención para dedicar unas palabras a su intervención.

En su monólogo de este miércoles, el presidente del gobierno vuelve a presumir de haber salvado la vida de 450.000 vidas gracias al estado de alarma. “No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estudios científicos independientes: como consecuencia de ese confinamiento, se han salvado 450.000 vidas. Hemos perdido la vida de más de 27.000 compatriotas, pero hemos salvado la vida de 450.000 personas”, señaló.

¿Cómo se puede alcanzar tal grado de estupidez cuando España está en la cola de la OCDE en gestión del coronavirus, según se indica en el reciente informe elaborado por The Economist (17 de junio de 2020), dejando claro que, España es uno de los países que peor ha gestionado la crisis del coronavirus, según el índice que ha elaborado la revista británica sobre los 21 Estados del OCDE?

Nueva Zelanda, Austria y Alemania figuran entre los gobiernos con una mejor respuesta en la lucha contra el coronavirus, mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se encuentran entre los peores, según el índice elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist con 21 países de la OCDE. El informe sitúa a Bélgica (2,11), Italia, España y el Reino Unido (2,22), con las puntuaciones más bajas (The Economist, 17 de junio de 2020)

Según el informe, la causa de los malos resultados de España es una escasa preparación, y cree que influyó en ello que fuera uno de los primeros países con la pandemia, como pasó aún más en Italia. ¿Cómo se puede tener valor para hacer tal afirmación cuando ni siquiera es capaz de reconocer las víctimas mortales reales? Ni sabe, ni quiere saber cuánta gente se ha muerto en España, pero es capaz de saber a cuánta ha salvado él.

Que el Gobierno PSOE – Unidas Podemos reaccionó demasiado tarde a la epidemia es algo que queda reflejado en los indicadores que el propio Gobierno ha escogido para evaluar su propia labor. Lo que no queda tan claro, en cambio, es cuáles son las consecuencias de haber reaccionado tan tardíamente: por puro sentido común, si las medidas de distanciamiento social se hubiesen adoptado antes, se habrían producido menos contagios y, por tanto, menos muertos. Al propio Gobierno, sin ir demasiado lejos, le gusta presumir de que, según la estimación efectuada por el Imperial College London, el confinamiento domiciliario decretado el 14 de marzo habría salvado 16.000 vidas en el plazo de apenas dos semanas. Pero entonces, claro, se impone necesariamente la pregunta de cuántas vidas adicionales se habrían salvado de haberlo adoptado antes.

Un exhaustivo estudio realizado por FEDEA nos dice que, si el Gobierno no hubiese decretado el confinamiento domiciliario el 14 de marzo, el número de contagiados a fecha de 4 de abril no habría sido de 126.859 – como acaeció realmente – sino de 617.743: es decir, que el confinamiento ha logrado minorar el número de infectados en un 79,5%. De acuerdo con los propios autores del estudio, esto también supuso contener la cifra de fallecidos en 12.048 (de nuevo, a fecha de 4 de abril) en lugar de haberla disparado hasta 58.666. O, dicho de otro modo, y actualizando las cifras del Imperial College London, entre el 14 de marzo y el 4 de abril, el confinamiento salvó la vida a unas 46.500 personas.

Ahora bien, el estudio no se queda aquí, sino que también se plantea la cuestión de qué habría sucedido si esta política se hubiese puesto en práctica una semana antes, esto es, el 7 de marzo. Pues que, entonces el número de contagiados a 4 de abril no habría sido de 126.859 sino de 47.766: es decir, los infectados habrían sido un 62,3% menos que lo finalmente fueron. En este punto, el estudio de FEDEA no proporciona una estimación de cuántas vidas se podrían haber salvado, dado que existen fundadas sospechas de que la letalidad no habría seguido una relación lineal: si el número de contagiados se hubiese mantenido bajo control, los hospitales no se habrían saturado y, por tanto, se habrían podido salvar relativamente muchas más vidas.

Y, a este respecto, el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington también acaba de cuantificar que, si la Casa Blanca hubiese adoptado ese conjunto de medidas anteriores con una semana de antelación (no el 16 de marzo sino el 9 de marzo), el número de fallecidos por coronavirus en el país se terminaría reduciendo en un 60%; si las hubiera tomado dos semanas antes, en un 90%.

Por consiguiente, no cabe dudar de que un confinamiento domiciliario desde el 7 de marzo u otras medidas de distanciamiento social menos drásticas, pero mucho más tempranas, por ejemplo, en la segunda quincena de febrero, cuando ya se sabía lo que había, se habrían salvado varios millares de vidas en España… aun tomando como válidas las cifras oficiales de contagiados y de fallecidos que nos viene facilitando el ministerio de Sanidad, en ambos casos, muy inferiores a las reales, por lo que las vidas salvadas habrían sido todavía mayores. Esa es la realidad, señor doctor Sánchez en economía por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Pero esperemos a su primer acto electoral previsto para el día 16 de julio, con asistencia del monarca, donde esperamos tener ya las cifras reales de la masacre producida por la pandemia.

Por cierto, hablando de la monarquía, a la que tenía previsto dedicar mi diario de hoy, a pesar de que los tribunales internacionales ya han puesto la lupa en el monarca español, y la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto su propia investigación para sentar al emérito en el banquillo por el cobro de “mordidas” en las obras de la Meca a través de una banca de Suiza, en el Congreso de los Diputados no quieren saber nada sobre las corrupciones del Rey Juan Carlos.

Así, en el día de ayer, 16 de junio, el tridente compuesto por el PSOE, PP y VOX han unido por tercera vez sus votos para frenar cualquier intento de conocer la verdad sobre la corrupción de la Corona, basándose en un informe no vinculante de los letrados del Congreso. Los partidos que han votado en contra esgrimen como argumento la supuesta “inviolabilidad” del monarca, a pesar de que la investigación se restringiría al periodo que abarca exclusivamente la actividad del emérito después de abdicar en 2014 y hasta la actualidad.

Nada sorprendente ni extraño a estas alturas del debate, cuando el actual presidente del gobierno a la vez que secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya había dejado argumentado en varias ocasiones que, aunque él es republicano sobre todo por «tradición familiar, los republicanos nos sentimos en su mayoría muy bien representados en esta Monarquía parlamentaria que tenemos», tras subrayar que «gracias a esa monarquía» los socialistas han podido desarrollar su programa político: la construcción del estado del bienestar, el ingreso de España en la UE y contar con un crecimiento «lo más justo y sostenible posible». (EFE, 15-04-2016).

La celebración del 14 de abril de 2018 por parte de las Juventudes Socialistas reivindicando la III República ya había disgustado mucho a estos socialdemócratas monárquicos del PSOE, tal y como dejó sentado el secretario de organización del PSOE y actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos, manifestando en rueda de prensa: “No la apoyamos. Espero que las juventudes estén en otras cosas”, aunque sería el propio secretario general de JSE, Omar Anguita, quien le aclarara al exmilitante del Partido Comunista, Ábalos, recordándole que la organización “está estrechamente unida” a la defensa de los valores republicanos, en la reivindicación de “la plena igualdad los ciudadanos y ciudadanas en todos los aspectos, incluyendo, especialmente la igualdad en el acceso a la jefatura del Estado de nuestro país” a  la vez que le remarcaba remarcado que “hemos de avanzar en la estrategia para seguir sumando apoyos y complicidades”, dejándole muy claro que “la República debe congregar en torno a ella a todo el espectro político, debe ser un punto de convivencia ciudadana, bajo el compromiso del buen gobierno y de la virtud cívica”.

Pedro Sánchez ha defendido los valores de la Segunda República y de la España que sufrió el exilio durante la dictadura franquista. El presidente del Gobierno en funciones lo ha hecho en una entrevista a la CNN en su edición en español celebrada durante su estancia en Estados Unidos, donde participo en la Asamblea General de la ONU (26-09-2019)

Nada terrorífico, desde mi punto de vista. Ni toma de la Bastilla, ni asalto a los palacios de invierno, ni largas marchas, sino que han expresado desde las JSE lo que se supone fue el alma del PSOE, la defensa de la República. Pero parece ser que para Ábalos y la cúpula directiva del PSOE, la defensa de la República no es tema a tratar porque “España tiene problemas más importantes que su modelo de Jefatura del Estado”.

José Luis Ábalos Meco (Torrent, Valencia, 1959). La carrera del exmilitante del Partido Comunista y maestro de escuela que da barniz político al Gobierno técnico de Pedro Sánchez es inesperada si se colocan en el espejo los primeros veinte años de este hombre que ahora roza los sesenta. Hijo del torero apodado “Carbonerito” y nieto de un guardia civil. Quizá de ahí la facilidad que está mostrando para rejonear y tratar de descabellar la República.

Y se equivoca el exmilitante comunista Ábalos al asimilar lo contingente con la esencia del socialismo patrio. Con esa puñalada se lleva por delante el legado de Rodolfo Llopis, el secretario general del PSOE que guardó las esencias socialistas hasta que las gentes del interior se hicieron con las riendas del PSOE en Suresnes. Con esa puñalada hace que aquellos socialistas, cuyos restos yacen tirados por las distintas fosas y cunetas del territorio español, sufriendo las palizas y torturas por parte de la policía franquista durante la clandestinidad, queden en el olvido. Con esa puñalada se traiciona la memoria y el ser del propio PSOE.

Bien es cierto que de socialista tienen poco en la ejecutiva federal del PSOE en general, son todos y todas socialdemócratas en el mejor de los casos, pero la Memoria Histórica provoca que el PSOE sea republicano, aun cuando acepte de momento a Felipe de Borbón al frente del Estado, teniendo en cuenta que, según una reciente encuesta realizada, sólo un 28,4% de españoles quiere una monarquía, frente al 49,7% que apostaría por una república.

El PSOE de “Somos la izquierda”, al menos durante las primarias, estaba orgulloso de su republicanismo y portaban banderas tricolores en los mítines de Pedro Sánchez. Aunque se evitase que apareciesen en fotos junto al hoy secretario general. Esa esencia del PSOE, mostrada por sus bases, por su militancia, por los verdaderos socialistas, parece que es una losa pesada y que aquella efervescencia republicana fue efímera. Como muchas otras cosas de lo que se prometió y que están provocando el abandono del partido de muchas personas.

El escándalo de las grabaciones a la ex amante del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein están poniendo en un aprieto no sólo a la Casa Real sino también al partido en el Gobierno.

“Se puede defender la república y no tener ningún valor republicano”, así como tener “valores republicanos” y no plantearse “ningún dilema entre España y monarquía”, ha llegado a afirmar el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a modo casi de trabalenguas para defender que los socialistas tienen un compromiso cívico que no tiene nada que ver con el apoyo de la república como sistema de organización del Estado.

El PSOE se enmarca en la Constitución de 1978 sin intención de moverse de ahí, al menos, en lo referido a la forma de Gobierno puesto que con anterioridad apoyaron dos reformas puntuales del texto de la Carta Magna y han propugnado la necesidad de abordar un cambio significativo para reformular el encaje territorial de España.

“Nosotros estamos en la Constitución y ahí está la monarquía, que no está por encima de la Constitución sino en la Constitución”, respondió Ábalos para salir al paso así a las preguntas de la prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE y preguntado por el caso Corinna, el PSOE ha restado importancia al contenido de las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la ex amante del rey Juan Carlos que le acusa de tener cuentas en Suiza a través del testaferro que usaron Francisco Correa o Jordi Pujol, Arturo Fasana; reclamar comisiones del AVE a la Meca, participar activamente en la captación de fondos para el Instituto Nóos y tratar de usarla para blanquear capitales por su residencia en Mónaco. “No es una cuestión que nos estremezca”, sostuvo el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre el contenido de las escuchas del comisario jubilado y actualmente en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. De esta manera el PSOE se desmarca de la petición realizada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en la que comparezca el rey emérito, Juan Carlos I.

Recordamos el mes de septiembre de 2014, cuando el PPSOE impuso su mayoría, para impedir que se acordara convocar un referéndum sobre república o monarquía. La propuesta de Izquierda plural fue rechazada con 274 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones. Fue la primera ocasión en que se votó en el Congreso sobre la elección entre monarquía o república. Ahora, con Unidas Podemos en el gobierno ni siquiera se tiene la mínima posibilidad ni de ser discutida. Dejémoslo claro: el PSOE es el más firme apoyo de la Corona, más explícito que la propia derecha y el debate sobre ese asunto está ya fuera del partido. En 2014, la diputada del PSOE Meritxell Batet y ahora presidenta del Congreso de los Diputados, expresó el apoyo de los socialistas a la monarquía parlamentaria porque así se pactó entre todas las fuerzas políticas en 1978. Fue “un buen pacto para este pueblo”, dijo tras señalar que la monarquía parlamentaria es “más democrática” que muchas repúblicas y “mucho más republicana” que muchas repúblicas.

El diario Público ha centrado en este tema parte del macro-sondeo que el gabinete demoscópico Sináptica acaba de realizar durante el confinamiento para este diario, con un trabajo de campo entre el 28 de abril y este último 4 de mayo: un millar de encuestas online con cuotas por recuerdo de voto, sexo, edad, tamaño de hábitat y Comunidad Autónoma, y un error muestral de ± 3,1%. El resultado es demoledor para la Corona: una mayoría absoluta de los españoles, el 51,6% de los encuestados, querría que España fuera una república y poco más de un tercio (el 34,6%) dicen preferir una monarquía como hasta ahora. (07-05-2020)

El PSOE no quiere que se hable de república. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2013, la agencia oficial “Efe”, distribuía el siguiente mensaje: “Con un sonoro abucheo y un coro de silbidos los delegados socialistas congregados en el plenario de la Conferencia Política han acogido la inclusión en el nuevo ideario del PSOE de un apartado en el que el partido afirma, pese a su tradición republicana, su apoyo a la institución monárquica. A juzgar por la reacción de una buena parte de los delegados, el respaldo a la actual Jefatura del Estado no es ni mucho menos unánime”.

La vuelta a las raíces del socialismo había sido el eje sobre el que se redactaron las conclusiones de cada una de las comisiones debatidas en la Conferencia Política del PSOE. Una de las conclusiones afirma: “Reclamamos a la institución monárquica el máximo respeto de la división de poderes”. Por primera vez en mucho tiempo, el PSOE parecía exhumar su tradición republicana. Pero la afirmación de que el partido no haya encontrado motivos para abandonar el consenso alcanzado en la Transición con respecto al apoyo a la monarquía, provocó los únicos silbidos en una parte del aforo.

Tras la abdicación de Juan Carlos I, el PSOE manifestó su apoyo a la Corona de forma contradictoria: Pérez Rubalcaba dijo, en nombre de su partido que, si bien el partido seguía siendo republicano, en este momento apoyaba la continuidad de la monarquía en la persona del hijo de Juan Carlos I.

Aquel apoyo sería reforzado con ocasión del 39 congreso del partido, en el que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo. El equipo de Sánchez y las Juventudes Socialistas pactaron un texto que eliminaba la referencia al referéndum entre monarquía o República. Pero con ese habitual doble lenguaje definió sus valores como “republicanos”, de tal manera que, para salvar la cara se hizo una redacción sin contenido, en la que se excluyó toda referencia a una consulta a la nación y sólo una inconcreta referencia a unos no definidos “valores republicanos” que no se explican. Eso es todo. El asunto ha sido retirado de todas las agendas. El PSOE ya no es republicano.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y Republica.

18 de junio

Hoy jueves, cuando se cumplen 96 días del confinamiento por el estado de alarma, me levanto con la advertencia del gobierno de que se podría volver a activar el estado de alarma si hubiera «un rebrote que no pudiese ser controlado sin controlar la movilidad en todo el territorio», poniendo incluso sobre la mesa el tema del confinamiento selectivo, aunque respetando lo que decidan las comunidades: “Veremos si es necesario el confinamiento, a quién le toca decretarlo y en qué condiciones», adelantó el ministro de Sanidad..

Tal y como si estuviesen sincronizados los medios de comunicación del Estado español, todos ellos dedicaban ayer miércoles un lugar central al rebrote de coronavirus detectado en la ciudad china de Pekín, presentándolo como el mayor peligro para el control de la pandemia.

En el tratamiento de la noticia se volvían a reproducir los tópicos con los que se despachaban estos medios con respecto a la nación asiática allá por el mes de enero, cuando los países occidentales ignoraron las advertencias de las autoridades chinas y desperdiciaron el tiempo que las medidas de contención del virus impuestas por éstas le dieron para poder adelantarse a lo que estaba por llegar.

“En el rebrote de Pekin se han constatado hasta el momento 106 infectados… y sus autoridades califican la situación como grave.  En España, solo este miércoles, se han detectado 141 nuevos contagios, y las autoridades dicen que hemos entrado en la nueva normalidad, con la apertura de nuestras fronteras y sin controles efectivos contra los contagios”

Es decir, los mismos medios de comunicación que siguen siendo incapaces de ofrecer una información veraz sobre la gestión de la pandemia en el Estado español, vuelve a acusar a China de mentir y negar a la “comunidad internacional” información real sobre el desarrollo de la enfermedad, con titulares en los que se habla de un rebrote chino “fuera de control”.

Y es que los medios del autoproclamado “mundo libre” son especialistas en señalar cualquier tipo de paja en los ojos de los competidores económicos, al mismo tiempo que se esfuerzan por ocultar las mayores vigas en los propios.  De otra manera, sería imposible explicarse la manera en la que estos medios combinan su desmedida preocupación por el rebrote chino, mientras ignoran los datos, éstos sí verdaderamente preocupantes, sobre los rebrotes que se están produciendo en nuestro país y en Alemania

Según Wu Zunyou, jefe de epidemiólogos del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, el nuevo brote de coronavirus “está controlado”. Con esas palabras exactas el experto ha animado a una ciudad preocupada por convertirse en el nuevo epicentro de una gran ola de contagios. “En los próximos días seguiremos viendo nuevos casos confirmados, pero la transmisión del virus está bajo control, con lo que la curva se irá aplanando poco a poco”, ha explicado esta tarde Wu en una rueda de prensa en Pekín.

Efectivamente, en el rebrote de Pekin se han constatado hasta el momento un total de 106 infectados en los últimos cinco días, pero la respuesta de las autoridades chinas ha sido inmediata. Tras calificar el hecho como “extremadamente grave”, han procedido al aislamiento de miles de personas, cerrando todos los centros escolares, suspendido los vuelos interprovinciales y prohibido los viajes en grupo transprovinciales, realizando en solo tres días más de 76.000 test para trazar los posibles contactos de los afectados hasta llegar a controlar a 200.000 personas, con la ayuda de aplicaciones de teléfonos móviles.

En la ciudad alemana de Gütersloh sus autoridades han detectado un fuerte brote de coronavirus en un matadero y una fábrica de productos cárnicos, donde hay más de 650 infectados entre el millar de empleados de la empresa. Este brote se suma a otro en el popular barrio berlinés de Neukölln, procediendo de inmediato por parte de las autoridades sanitarias de la capital alemana al confinamiento domiciliario de los 369 hogares que componen una gran manzana de viviendas, en los que se presumen hasta diez habitantes por piso, aunque se desconoce el censo exacto.

Las muertes causadas por el coronavirus en España con fecha en los últimos siete días se han alzado este jueves hasta las 52, 22 más que las que se conocían el miércoles, después de que la Comunidad de Madrid y Castilla y León hayan incorporado varios decesos de golpe al registro. Concretamente, Madrid ha notificado 18 muertes más que el miércoles y Castilla y León, nueve. El total de fallecidos sigue, un día más, congelado en 27.136.

En España, el ministerio que dirige el filósofo Salvador Illa ha registrado 52 fallecidos por coronavirus en la última semana, mientras que este miércoles esta cifra era de 30 decesos. Sanidad continúa sin actualizar el total de decesos desde el pasado 7 de junio, momento en el que fijó el montante de fallecidos en 27.136. Ya van 11 días sin que el número cambie a pesar de que sí se añaden nuevas muertes en el recuento semanal.

Además de las muertes en la última semana, también se han elevado respecto a ayer el número de contagios en el último día, pasando de 141 a 143. La cifra de este miércoles ya supuso un importante repunte, ya que el día anterior apenas se contabilizaron 76 nuevos casos, de tal manera que el total de casos se eleva entre ayer y hoy en 585 más hasta alcanzar los 245.268 infectados.

Sin embargo, este creciente número de contagios, muy superiores a los registrados en Pekin, no ha provocado que las autoridades españolas modifiquen su plan de decretar la llegada de la “nueva normalidad”, a partir del próximo domingo, 21 de junio.

De igual manera que ocurriera en los primeros días de enero cuando” “todo estaba controlado y en nuestro país no iba a superar uno o dos muertos por la covid-19, según declaraciones del mismísimo director del CCAES, Fernando Simón, el director de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, ha solicitado que los países del viejo continente deben “estar preparados para el otoño” para combatir el impacto del coronavirus. Así, ha recordado que la COVID-19 “sigue activa” en Europa y que, aunque es importante que la actividad económica se vaya abriendo, también lo es “que las autoridades inviertan en tener un control agresivo, test y un sistema de vigilancia que eviten los costes de un nuevo confinamiento”.

El Gobierno español presentó este jueves un plan de impulso al turismo, con el fin de mantener y mejorar la competitividad y el liderazgo mundial del sector y presentar a España como destino seguro, una vez superados los peores momentos de la pandemia de COVID-19. El turismo, uno de los motores de la economía española, ha sido muy castigado en los últimos meses debido al confinamiento obligado por el coronavirus y al cierre de fronteras.

Ante este panorama, el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas se encuentran preocupados, exclusivamente, en ofrecer todo tipo de facilidades a las empresas turísticas, para que miles de visitantes de países donde aún no se ha superado el primer embate de la enfermedad vuelvan a llenar el Estado español desde la mismísima semana que viene, hasta el punto de que hoy mismo, el Gobierno acaba de anunciar su plan de apoyo al turismo, que inyectará 4.262 millones de euros a un sector que ha sufrido mucho los tres meses de parón por la pandemia. Además, tardará en salir del atolladero con una temporada de verano que se espera a la baja, especialmente por la pérdida de turistas extranjeros. Por ello, una de las novedades del plan son las ayudas que dará Aena a las aerolíneas para incentivar que llegue el mayor número de viajeros.

El grueso del plan lo componen los 2.500 millones de un tramo preferente para el sector turístico de la línea de avales del ICO para dar “financiación y liquidez” a las empresas del sector. A esta línea del ICO hay que sumar en el apartado de facilidades de financiación y liquidez los 731 millones estimados por la moratoria hipotecaria para el sector y otros 731 millones de fondos para mejorar la competitividad y la digitalización. Todo ello suma 3.962 millones, un 93% de la estrategia presentada.

“Este es un plan de ayuda al turismo imprescindible”, ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia pública. Sánchez ha explicado de forma sucinta que la estrategia se divide en cinco grandes pilares: afianzar el país como un destino seguro; medidas de apoyo a las empresas del sector; mejorar la competitividad del sector turístico; inteligencia turística, con la creación de un nuevo observatorio, y el uso de todas las herramientas de marketing y promoción para el turismo nacional e internacional.

Y, si aún cabía alguna duda sobre la “seguridad sanitaria” con la que se pondrá en marcha este turismo de masas, el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encargaba de dilucidarla este mismo miércoles.

Según reconoció Simón, el Gobierno “no es muy proclive a hacer test masivos de detección de coronavirus en los aeropuertos a los turistas extranjeros”.

Hace escasas fechas, Fernando Simón reconocía que había mentido durante meses al afirmar que las mascarillas “no eran útiles e incluso podía ser contraproducentes” para paliar la transmisión del SARS-Cov 2, admitiendo que lo hizo por la “escasez de material”, a pesar de que las mascarillas de fabricación doméstica pueden desempeñar igualmente una función de protección.

Ahora, sin embargo, el doctor intenta disfrazar nuevamente la decisión gubernamental, marcada por un cálculo económico, asegurando que: “Un test con resultado negativo no implica que la persona no esté infectada, sino que en ese momento no se le ha detectado el virus, por lo que puede dar “falsa seguridad”.

Mención aparte merece la muerte de nuestros viejos pensionistas en los pretanatorios, muchos de ellos llamados geriátricos o residencias de ancianos, tal y como dejé explicado de manera exhaustiva y documentada en varios de mis diarios.

Aunque aquello me causó toda una campaña de críticas e insultos a través de las redes sociales, a veces de quienes menos lo esperaba, poniéndome hasta como un demente que había perdido los papeles, sin embargo, en absoluto me frenó ni un milímetro en mis convicciones, todas ellas perfectamente constatadas por amigos y amigas pertenecientes al sector sanitario.

Se trataba del conocido triaje de guerra, donde se sacrifican las vidas de unas personas en beneficio de otras, tal y como hoy, 18 de junio, el diario El País publica en un detallado informe, acompañado de un vídeo con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid donde se revela que a mediados de marzo los sanitarios se prepararon para recibir órdenes políticas negando la cura a personas mayores.

El doctor dice crudamente en la grabación para sorpresa de sus compañeros que en ese momento ya se había excluido de tratamiento a los ancianos provenientes de residencias: “Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte”.

El vídeo fue grabado en el hospital Infanta Cristina de Parla, al sur de la capital, como parte de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario, según el informe hecho público por El País. Un portavoz del hospital dice que la sesión tuvo lugar en la segunda o tercera semana de ese mes para preparar al equipo en un momento crítico. El taller de 19 minutos fue grabado para que los compañeros de guardia pudieran conocer una información considerada como “muy importante”.

¿Qué dirán ahora aquellos y aquellas que me insultaron y me calificaron de loco? No obstante, en mis diarios fui más allá de Madrid, ya que el triaje se llevó a la práctica en todas las comunidades autónomas, documentando todas mis informaciones, no solo con el mismo vídeo que hoy aparece en El País, sino con los protocolos decretados al efecto por los distintos gobiernos, incluidas las actas del organismo sanitario de la Unión Europea con la  participación de  todos los países que la integran, incluida, por supuesto, España, representada por el director del CCAES, Fernando Simón, donde se recomendaba el triaje para los momentos que produjese el colapso hospitalario.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que los miembros de las Fuerzas Armadas han encontrado en las residencias de mayores a ancianos muertos en sus camas y ha avisado de que serán “implacables y contundentes” contra este tipo de acciones. “El Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”. (Gaceta de Salamanca, 23 de marzo de 2020)

En cualquier caso, me siento satisfecho de poder haber contribuido a buscar soluciones a este gravísimo problema que tantas muertes ha causado por abandono de las personas –por primera vez, ha bajado el gasto mensual que asumen las arcas públicas en pensiones  -, haciendo mías las 10 claves que aparecen publicadas en el digital de Podemos “La Última Hora” para entender lo ocurrido en las residencias de ancianos

• Entre el 40% y 50% de las muertes por coronavirus en Europa han tenido lugar en este tipo de centros, según la Organización Mundial de la Salud. En España, el número de fallecidos en residencias asciende a 20.000 personas, el 71% del total de muertes españolas por COVID-19.

• La mayoría de las defunciones se han producido en la Comunidad de Madrid, las dos Castillas y Cataluña. La suma de las muertes en residencias madrileñas (7.690) y catalanas (4.702) supone el 60% del total de decesos ocurridos en este tipo de centros en España. El 40% de sus trabajadores también se contagiaron, por lo que muchos centros quedaron apenas sin personal.

• Las residencias de ancianos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Real Decreto del 14 de marzo – por el que se declaraba el estado de alarma – especificaba en su punto 6 que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” y en el 12.2 que “las administraciones autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro del ámbito de sus competencias, los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”.

• La Comunidad de Madrid reconoció que envió “por error” un borrador en el que se negaba el traslado de los ancianos de las residencias a hospitales según su dependencia o discapacidad.

• Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos), en respuesta mandó unos correos electrónicos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en el que le advertía que negar la atención hospitalaria a los ancianos podría tener “graves consecuencias legales”. A los cinco días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le quitó las competencias sobre residencias a Alberto Reyero.

• La patronal de las residencias privadas – que representa en España a 1.800 establecimientos – ha confirmado que se negó la asistencia hospitalaria. “Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas en el hospital para todo el mundo”, dijo Cinta Pascual recientemente en el Congreso, representante de las empresas.

• Las fiscalías han abierto 160 investigaciones penales por la gestión de las residencias: 93 en Madrid, 29 en Barcelona y 17 en Castilla y León. El Juzgado Número 51 de Madrid ha enviado al Supremo la querella de las familias de las víctimas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en la que se le imputan delitos penales como denegación de auxilio, trato vejatorio, homicidio imprudente y prevaricación.

• Alrededor del 5% de la población mayor española vive en residencias, en su gran mayoría privadas, lo que supone un gran negocio de 4.500 millones anuales. El 87% de las residencias de ancianos españolas son privadas, llegando a ser el 94% en la Comunidad de Madrid, donde sólo existen 25 centros públicos y la lista de espera para entrar es de 28.000 personas. Desde 1983 no se ha construido ninguna residencia pública en la Comunidad de Madrid.

• Según publicó “Infolibre’” cinco compañías controlan la mayoría de geriátricos y detrás están fondos buitres instalados en paraísos fiscales. Como Vitalia, en cuya residencia de Leganés murieron 96 ancianos. En el negocio están también cinco de los hombres más ricos de España, que en su día fueron los grandes empresarios del boom inmobiliario: Florentino Pérez, Los Albertos (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol) y una quinta fortuna radicada en Francia, la familia Mulliez (Amavir).

• Las privatizaciones de servicios públicos son posibles en España desde que se aprobara la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con los votos favorables del PSOE, PP, PNV, CiU y Coalición Canaria. El punto 2 del artículo 1 de esta ley dice: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.

• Buenas noches y hasta mañana. Salud y República