Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a los compañeros Plácido y Carmen por vuestras palabras de presentación, y gracias a los compañeros y compañeras que han organizado este acto desde la magnífica tribuna de la Casa de la Cultura de Grado, pero yo sólo soy un compañero más que pretende aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el paro y la corrupción, suponen los mayores problemas que tenemos planteados en nuestro país.
Y, sin más preámbulos, con el fin de dar paso a un debate enriquecedor y clarificador sobre los peligros que acechan a nuestras pensiones, muy especialmente a las venideras, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.
LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, tan explícitamente asumido por la Unión Europea en su Libro Verde sobre pensiones, y muy recientemente desarrollado a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca si no canalizar más capital hacia los mercados de capitales, facilitando el apoyo a la inversión en la economía real e impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales. En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!
Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 30 años nos están abocando a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.
Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.
LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, de 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, la edad de jubilación elevada de 65 a 67 años; y muy recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con el incremento cero para las pensiones. Por cierto, aplaudido eufóricamente por todos los diputados y diputadas del PSOE, puestos en pie, entre los que se encontraba el actual secretario general, Pedro Sánchez, aquel 12 de mayo de 2010.
CASA DE LA CULTURA DE GRADO
Como debe de ser conocido por todos nosotros, el tan cacareado “factor de sostenibilidad”, uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones en nuestro país, se aplicará a partir del año 2019 y no viene sino a añadir dos nuevas variables al cálculo de la pensión a las ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados y la cuantía cotizada, entre otras.
La primera variable, conocida como “factor de equidad intergeneracional”, tendrá en cuenta al calcular la pensión la esperanza de vida del futuro jubilado, y la segunda variable consistente en ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas, de tal manera que las pensiones solo subirán si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones, aunque siempre moviéndose en unos valores situados entre un mínimo del 0,25 por ciento y un máximo del IPC del 0,50 por ciento.
Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.
Cuando el empleo es seguro, estable y de calidad, el sistema de pensiones ingresa los suficiente para repartir y no sufre, pero si el empleo se vuelve inseguro, inestable y de baja calidad, el sistema entra en zona roja e ingresa menos de cuánto debe repartir.
En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hacía más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo ha supuesto una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que supuso una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.
LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.
Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres.
Y los “piñeristas” españoles están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición.
En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas: ¿Eres pobre o sufres precariedad en el trabajo? Poco importa. Los “piñeristas” no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo, pero, como siempre, a nuestra costa, a costa del trabajador.
LA CUARTA, para confirmar que el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no es otro que alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.
Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se ha transformado en una “lucha de frases” tan grotescamente practicado por las élites del pandillerismo sindical actual. Al respecto, resulta muy grotesco ver a todo un exsecretario general de CC.OO., como el tal Fidalgo, presidiendo la ponencia sobre pensiones en el recientemente celebrado Congreso Nacional del PP.
Por supuesto, tanto el gobierno actual del PP como los que le precedieron del PSOE, pueden seguir esgrimiendo cifras y más cifras en defensa de sus reformas antisociales, pero lo que no es de recibo es la interpretación que se puede hacer de cada una de ellas.
Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al 1,7%, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9,5%…, y se financió?
¿No se puede financiar un déficit del 1,7% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario, y resulta más que indignante cuando el gobierno de Mariano Rajoy ha destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada “hucha” de las pensiones.
No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el Presupuesto a su servicio, y a tenor de los sucesivos recortes de pensiones que venimos padeciendo parece más bien que no, sobre todo si observamos la actitud pasota de las élites del pandillerismo sindical, cuando no de la propia connivencia de éstas con la patronal y los gobiernos de turno.
Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los Montoro y demás compinches de la organización criminal del PP, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos cuarenta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.
Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras pensiones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!
Por lo tanto, si el dinero de nuestras pensiones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financiasen a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar
¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.
Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: ¡¡¡En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros!!! Es decir, más de lo que ha querido recortar el Gobierno de Rajoy. Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.
Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y sus gobiernos.
Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y el resto lo reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. Claro, es un escándalo, esto es un robo consentido.
El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, el PSOE, el PP, CIU y PNV aprueban una ley en el Congreso por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que: Aquí ya no se mete mano a estos señores y, además, olvídense de retroactividades.
¿De dónde podría además sacar el Estado más dinero? Los estudios de estos señores de Hacienda dicen que si aquí, en España, el nivel de vida fuese el de Suecia y, por tanto, los impuestos de Suecia, tendríamos todos los años 200.000 millones de euros más. Por eso, cuando dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos.
¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida.
El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.
Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada. Ni en el peor de los escenarios llegamos a invertir en pensiones lo que gastan alemanes o franceses, por ejemplo. Refiriéndome más concretamente al país germano, éste acaba de anunciar estos días la mayor subida de pensiones en 23 años, incrementando las prestaciones de los jubilados un 3,2 % en el Oeste y un 3,4 % en las zonas del Este. Incluso Portugal las ha incrementado también muy recientemente.
Y esto ocurre cuando en nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.
Además, nuestras pensiones, según la estadística oficial comunitaria, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA). Así, la pensión de jubilación española es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia, y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria, Luxemburgo, Suecia, Holanda o Italia, quedando por detrás de nosotros las prestaciones que reciben los países del Este e Irlanda.
Es preciso señalar que nuestro sistema público de pensiones es imprescindible, y partiendo de ese carácter imprescindible, la primera clave que, en mi opinión, conviene destacar es que el sistema de pensiones tiene un objetivo y diversas funciones. El primero, garantizar una renta de sustitución adecuada a las rentas del trabajo.
Pero, además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente, no en vano representa el 12 % del PIB actual orientado a consumo y, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.
Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación de “cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema de pensiones, el mismo sistema, a ser posible mejorado, del que tienen que seguir disfrutando nuestros hijos y nietos”.
Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.
Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?
Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros.
En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.
¿Se puede seguir, a modo de ejemplo, manteniendo esa duplicidad de las administraciones estatal y autonómica, que nos cuesta la friolera de 36.000 millones de euros anuales, y afirmar, como lo hace el gobierno, que no hay dinero para incrementar las pensiones, tal y como queda obligado por la Constitución? ¿Por qué no han acabado con esa lacra que suponen tales duplicidades? Pues, lisa y llanamente, porque es ahí donde tienen miles y miles de enchufados entre hijos, sobrinos, primos, esposas, amantes y todo tipo de estómagos agradecidos que conforman un potente ejército con efecto multiplicador a la hora de luchar por el voto electoral…
En definitiva, compañeras y compañeros, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión.
¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.
Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.
Por lo tanto, VAMOS a seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario llenar los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la Universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.
Por supuesto, en absoluto me refiero a esa clase de energúmenos y energúmenas que han logrado su pensión máxima por echar la siesta o jugar al “Candy Crush Saga” con su tablet en los escaños del Congreso de los Diputados, caso concreto de la diputada pepera Celia Villalobos que, como Presidenta de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo, nos recomienda “seguir trabajando hasta los 70 y 80 años, porque hay un número importante de pensionistas que están más tiempo pasivo que trabajando”.
En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.
En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.
Curiosamente, los actores políticos no variaron sustancialmente. Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores por CC.OO. y UGT”, de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de UGT y CC.OO. que declararon a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” introduce muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.
¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe? Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.
Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, firmado con el entusiástico aplauso de las élites del pandillerismo sindical de CC.OO. y U.G.T., donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad, oculta una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.
¿Se entiende ahora por qué, en un contexto donde el gobierno anuncia “situaciones catastróficas” en las “reservas” que conforman la “hucha social”, dan ganas de echarse “mano a la cartuchera” cada vez que el gobierno acuerda rebajar o suprimir cuotas sociales de la patronal, que no son sino un salario en diferido de los trabajadores, bajo el pretexto de que, con tales dineros, la patronal fomentará el empleo?
En este contexto, resulta verdaderamente grotesco tener que escuchar a las Adrianas, Adrianes y Pedritos del PSOE, argumentar en su escrito de campaña electorera “que tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.
¿Cómo se puede actuar con tanta frivolidad por parte del PSOE cuando han sido ellos, con su reforma laboral de 2010, quienes iniciaron el camino de la precarización, agravada por la reforma del PP en 2012?; cuando se OLVIDAN de que su reforma de las pensiones en 2011 supuso la primera rebaja y el retraso de la edad de la jubilación; cuando CALLAN que su reforma del artículo 135 de la Constitución (pactada con el PP) da prioridad al pago de la deuda frente al dinero destinado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos; cuando se vuelven a OLVIDAR que han pactado con el PP su oposición a un incremento sustancial del salario mínimo que repercuta en un aumento sustancial de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones; cuando CALLAN que sus compromisos, y sus deudas millonarias con los bancos, les obliga, a ellos y al resto de los partidos, con excepción de PODEMOS, a incentivar los sistemas privados de pensiones… y cuando OLVIDAN que ese PP que “pone en peligro las pensiones” está gobernando porque el PSOE les ha permitido con su ABSTENCIÓN y lo sigue permitiendo con su oposición a la MOCION DE CENSURA, presentada por PODEMOS, y negarse a presentar otra, con la garantía pública de su aprobación por parte de PODEMOS.
Por lo tanto, el PSOE no puede seguir engañando al pueblo pretendiendo actuar de “apagafuegos” cuando forma parte del bloque de los “incendiarios”.
Abundando un poco más en el tema, ¿cómo se puede salir a la calle, tal y como lo viene haciendo el PSOE y su brazo sindical de UGT, a defender el sistema público de pensiones, cuando ellos mismos están fomentando los planes de pensiones privados entre sus afiliados, encabezados por el mismísimo Pedro Sánchez con una aportación a la fecha de 86.000 euros en su plan de pensiones contratado con el BBVA?
Es decir, por mucho que sigan glayando los González, Aznar, Zapatero y Rajoy, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Española que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica.
En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 50% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES Y MEDIO DE PENSIONISTAS EXISTENTES !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, ni a las cúpulas del pandillerismo institucionalizado les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.
Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven un negocio. De los más de 500 planes de pensiones puestos en el mercado los últimos años, sólo dos fueron rentables para sus titulares. Sin embargo, sí fueron muy rentables para la banca que, cada año, solo en comisiones se embolsa la cantidad de 2000 millones de euros. Esa es la cruda realidad.
Por todo lo dicho y por mucho más que irá apareciendo en el debate, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.
Las recientes y multitudinarias movilizaciones que se vienen desarrollando, efectivamente, han supuesto un rotundo éxito en las calles y las plazas de nuestro país, que están haciendo recapacitar al gobierno, hasta el punto de obligarle a ofrecer todo un paquete de medidas que, si bien no cubre nuestras expectativas, sí nos demuestran que el miedo ha cambiado de bando, pero ello en absoluto puede servir para que “bajemos la guardia” hasta que no hagamos realidades nuestros objetivos: garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones, a la vez que garantizar el actual sistema público para todos los trabajadores y trabajadoras en radicales condiciones de igualdad. Por ello, el próximo 5 de mayo tenemos que volver a reventar las calles y plazas de nuestro país, sin olvidar que el siguiente paso tendría que ser un llamamiento a la ¡¡¡huelga general en España!!!
El sistema público de pensiones forma parte de los derechos sociales, de ese “contrato social europeo” fundamentado en la solidaridad y la justicia, luchado y conquistado por las generaciones que nos antecedieron, y hoy, nos encontramos ante el progresivo desmantelamiento del mencionado Estado del Bienestar en un contexto de crisis que está siendo utilizado como coartada para justificar la imposibilidad de su mantenimiento. Pero en la defensa de este modelo de bienestar, sabemos que hay en juego victorias históricas por los derechos sociales.
Emulando al compañero Julio ANGUITA en base al “Informe PETRAS” de 1996: ¡¡¡Chavales, no tenéis futuro alguno, salvo que luchéis!!!
El “Informe PETRAS” trata de un encargo del gobierno felipista del PSOE al profesor PETRAS que, cuando se lo entregó al gobierno, y éste leyó su contenido, se lo pagó y lo guardó en un cajón.
Entre sus conclusiones se decía en 1996: “Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres”, pero decía otra cosa terrible: “Es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema, este país no tiene ningún futuro, salvo lo que duren el sol, las playas y el turismo”. De nada sirven las poses rebeldes: solo sirve la lucha, por eso hay que preparar los “gomeros” para acertar a la cabeza del gigante Goliat y derribarle. ¡¡¡Esa es la cuestión!!!
En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.
Muchas gracias.