A Felipe González le dijeron en el BILDERBERGER que se pusiera la chaqueta de pana, a Pedro Sánchez le han dicho que se envuelva en la bandera. Jamás el PSOE ha utilizado la bandera española como símbolo, porque en España siempre ha sido el símbolo de la derecha…
«Basta de promesas incumplidas e incumplibles, basta de programas guardados en un cajón al día siguiente de las elecciones. Hoy con esta firma convierto mi programa en un contrato con la ciudadanía. Y un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Mi compromiso a cumplir punto por punto el proyecto de reformas de nuestro programa, un compromiso constante con la ciudadanía». (Pedro Sánchez, 20 de diciembre de 2015).
De repente, aquella moción de censura que tenía como objetivo resituar políticamente tanto al PSOE como a Pedro Sánchez, acabaría con el partido en el Palacio de la Moncloa y con su secretario general como presidente del Gobierno.
Nunca, desde las históricas elecciones de febrero de 1936, se había vuelto a registrar una mayoría parlamentaria como ésta que llevaba a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. La suma total de las fuerzas nacionalistas vascas con las soberanistas catalanas, además de las progresistas españolas de UNIDOS PODEMOS, configuraba sociológicamente la pluralidad de las naciones que conviven en el Estado español: Doce millones de votos – un millón más de los obtenidos por el centralismo de la organización criminal del PP y su xerocopia de C’s -, que venían demandando una política democrática, que combinase la agenda territorial con la social sin relegar a ninguna, encontraban, por fin, la respuesta política que buscaban para acabar con la sistemática involución democrática que se venía dando en nuestro país, especialmente marcada por una fuerte represión en Cataluña.
Los nuevos ministros, acompañados del Rey Felipe VI, y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, posan en la foto de familia tras prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid.
Es verdad que Pedro Sánchez comenzaba su gobierno con una enorme debilidad. Con solo 84 diputados, con un horizonte cercano de nuevas elecciones, acusado de ilegitimidad por no ser diputado y ganar la moción, arrastrando casos de corrupción en su partido que le quitarán la sonrisa, con imputaciones de connivencia con los que quieren romper España, con reprobaciones por si se echa en brazos de PODEMOS, presionado por los barones y la vieja guardia del PSOE que son más de derechas que el palo de la bandera, amenazado por Bruselas y reconvenido por las bases del PSOE que le hicieron ganar la secretaría general con un discurso por la izquierda, su gobierno es una amalgama de Narnia, Disneylandia y el País de Nunca jamás para evitar que cualquier roce de cada uno de estos grupos no demuestre en su gobierno fatiga de los materiales y se hunda como las torres gemelas.
En estas condiciones arrancaría Pedro Sánchez como presidente prometiendo cambios de impacto que convirtieron La Moncloa en una especie de oficina electoral desde donde a diario salían sugerentes medidas envueltas en papel de regalo. Ya su efectista Gabinete – con el astronauta y masón Pedro Duque, “amante de la educación privada porque siempre va corriendo por delante de la enseñanza pública”; el juez conservador Fernando Grande-Marlaska, con el historial más negro de toda la judicatura, hasta el punto de aparecer como juez instructor en seis de los nueve casos juzgados por el Tribunal de Estrasburgo que condenaron a España por torturas; la Teresa Ribera, perteneciente al lobby multinacional electrofascista, como ministra de la “cosa energética y el medio ambiente” con los negocios de las energías renovables; la médico andaluza María Jesús Montero, exconsejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, entre cuyos méritos destacan el haber recortado la sanidad pública en beneficio de la privada, hasta dejar la sanidad andaluza en “tercera división”; o el extertuliano del programa facha de la Ana Rosa Quintana, Maxin Huerta, que batiría un record de permanencia como ministro – seis días – al ser descubierta su afición como defraudador de la Hacienda Pública; por no hablar del nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, después de su denigrante papel jugado en el conflicto catalán, participando en actos de la Organización Sociedad Civil Catalana junto a cargos de Ciudadanos y del PP, como Xavier Garcia Albiol, y figuras de la extrema derecha como el peruano Vargas Llosa, amén de sus connivencias con la corrupción que le obligarían a dimitir como secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno y, muy recientemente, con la empresa Abengoa, de la que era consejero por el sistema de las “puertas giratorias” …-, fue toda una declaración de intenciones..
Han pasado los cien días de rigor desde la toma de posesión del Gobierno y pocas de aquellas promesas avanzaron, otras se rectificaron o matizaron y de muchas nada ha vuelto a concretarse. Es decir, de esa España ideal sin violencia de género, ni copago a los jubilados, solidaria con los inmigrantes e inflexible con quienes defraudan a Hacienda hemos pasado a una España real, la del PSOE de los 84 diputados y con las manos atadas. Un PSOE en el gobierno que no ha podido aprobar su senda fiscal porque quienes le apoyaron en la moción de censura han rechazado sus objetivos de déficit y techo de gasto y su margen de actuación presupuestaria es limitado. Estas y otras promesas no son más que ejemplos de como éstas se las lleva el viento en este Gobierno que desde un principio iba a ser transitorio y que ahora promete agotar la legislatura.
El Gobierno se ha reunido este sábado, 25 de agosto de 2018, en la finca de los Quintos de Mora, situada en Los Yébenes (Toledo). Allí, el Ejecutivo al completo ha celebrado un encuentro informal para debatir, diseñar y reflexionar en torno a una estrategia de cara al nuevo curso político.
En este interregno, carente de una mayoría capaz de llevar a cabo reformas legislativas, esa estrategia está basada en una política gubernamental unilateral simbólica, que la llena de contenido a falta de un programa de cambios estructurales y que trata de sostener y seguir alimentando la esperanza surgida en la moción de censura. En los primeros días, el nuevo gobierno reivindicó la dignidad moral abriendo los puertos españoles a los emigrantes rescatados en el Mediterráneo, a los que el gobierno italiano rechazaba con argumentos racistas y xenófobos. Pocos días después, descartó la posibilidad de llevar a cabo reformas de fondo de la Ley Mordaza, la Legislación Laboral o la LOMCE del PP. No ha podido publicar la lista de la amnistía fiscal de Montoro, pero si anunciar un proyecto de ley que prohíba nuevas amnistías fiscales. Ha iniciado los trabajos para una propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica y, mientras tanto, sigue entreteniendonos con la exhumación inminente de la momia del asesino dictador Franco del Valle de los Caídos.
Cuatro temas han puesto de manifiesto en estos cien días de gobierno de manera acuciante esos márgenes. El primero: el nombramiento de los responsables de RTVE, largamente pospuesto por el PP, a pesar de la patente ilegalidad en que se encuentra sumido el consejo de administración de los medios de comunicación audiovisuales públicos, es un prioridad en el programa de cualquier gobierno. RTVE ha sido durante años un descarado aparato de propaganda del PP. A la espera de que se convoque el concurso público de acuerdo con la nueva legislación aprobada para su renovación, era esencial contar con una dirección en el ente público capaz de asegurar su neutralidad y profesionalismo. Las negociaciones entre PSOE y UNIDOS PODEMOS acabarían con la pérdida de la votación sobre el decreto del gobierno por “error” de dos diputados del PSOE. Finalmente, el 27 de julio, en una segunda votación por mayoría simple, quedaba ratificado el Decreto del gobierno que nombraba a la periodista Rosa María Mateo al frente de RTVE, aunque tampoco fue fácil, porque PSOE y UNIDOS PODEMOS tuvieron que acordar “dentro de los márgenes” un candidato miembro de la plantilla de RTVE y no un periodista independiente, a la vez que sufrieron un desgastante intercambio con la nueva dirección del PDeCAT sobre los “márgenes” del diálogo con la Generalitat catalana.
Entre los hechos descritos por Corinna en su conversación mantenida en Londres con Villarejo y Villalonga, ésta contó que el Emérito habría ocultado fondos en Suiza, habría intentado utilizarla como testaferro para blanquear dinero y habría aprovechado sus contactos internacionales para cobrar una comisión millonaria por el proyecto del AVE a la Meca. También que él mismo habría pedido dinero para Nóos, el instituto donde su yerno Iñaki Urdangarin cometió las irregularidades que le han llevado a prisión con la sentencia firme del Tribunal Supremo.
El segundo, referido al “caso Corinna” y la corrupción y chantaje al estado de sus cloacas, donde la filtración de nuevas grabaciones realizadas por el comisario Villarejo de sus entrevistas con la amiga de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga provocaba un segundo pulso sobre los “márgenes”. En este caso sobre los que afectan a un pilar central del régimen del 78, como es la monarquía. La naturaleza de las acusaciones que se desprenden de las cintas ha obligado a la comparecencia del Director del CNI a puerta cerrada en la comisión de gastos reservados del Congreso y, sin duda, propiciarán una investigación de Hacienda sobre las cuentas atribuidas al rey emérito, pero rápidamente se le ha querido exculpar reafirmando su “inviolabilidad” en el ejercicio de sus funciones, lo que no excusa de la investigación de cualquier posible delito. Por si había alguna duda, sería el propio Pedro Sánchez quien saltaba a la palestra para asegurar que el gobierno no admitiría “ningún chantaje al estado”, dejando muy claro que las grabaciones filtradas eran efectivamente un desafío de las “cloacas” del estado, organizadas desde el Ministerio del Interior por cargos del Partido Popular, contras las propias instituciones del régimen del 78, para defender sus intereses privados.
El juez Pablo Llarena ha desactivado todas las órdenes internacionales de detención. No solo la de Carles Puigdemont, también las del resto de los fugados: Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. El magistrado ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente catalán en las condiciones que acordó el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación, pero no por rebelión ni sedición.
La tercera, referida a la gestión de la crisis constitucional catalana donde, con independencia del apoyo del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación del artículo 155 a la Generalitat de Catalunya por el gobierno Rajoy, es evidente que la moción de censura implicaba la promesa de un cambio de enfoque y actitud. Esta comenzaba por reconocer que “la sociedad catalana votó un Estatuto que ahora mismo no es el que rige Cataluña, porque fue recortado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una falta de legitimidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña que tiene que ser corregida”.
La situación de prisión provisional de los dirigentes independentistas catalanes, considerada por el propio PSC como una “medida excesiva”, ha quedado aplazada al limbo de la judicatura, sin nuevas instrucciones a la fiscalía, a pesar de la decisión de los tribunales alemanes, belgas y británicos de rechazar la euroorden de detención del Juez Llarena por el cargo de rebelión. Una y otras medidas han ido marcando los “márgenes” en el tratamiento del gobierno Sánchez de la cuestión catalana, cuyo primer objetivo es reducir la tensión de la confrontación en la propia Cataluña y preparar un nuevo escenario de diálogo tras las elecciones generales y, posiblemente, unas catalanas. La inestabilidad de esta situación en todos los ángulos se ha acabado manifestando en la señal de los independentistas catalanes en el Congreso mediante su abstención en la primera vuelta de la ratificación del decreto de RTVE y en el techo de gasto.
La cuarta, sobre el techo social de los presupuestos para el año 2019, después del equilibrismo desarrollado en la aprobación por parte del PSOE de los presupuestos de 2018, elaborados por el gobierno del PP, y el rechazo parcial de las enmiendas de castigo de la mayoría del PP en el Senado después de la moción de censura, el nuevo gobierno alcanzó unilateralmente un acuerdo de flexibilización de los ritmos del ajuste fiscal.
La mayoría parlamentaria del PP en el Senado podrá bloquear los intentos de PSOE y Podemos de ‘saltarse’ el veto de la Cámara Alta -con mayoría absoluta del PP- a la aprobación de la senda de estabilidad, paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Así lo ha anunciado el portavoz del grupo del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que ha asegurado este jueves que su formación “se opondrá con toda la capacidad parlamentaria” al pacto que alcanzaron a última hora de este miércoles el Ministerio de Hacienda y Podemos para “eliminar el derecho a veto” que atribuye el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al Senado, en tanto que esta cámara puede tumbar la senda de déficit sin que tenga que volver al Congreso, donde podría levantarse el rechazo como ocurre con las leyes ordinarias.
Con un crecimiento anual previsto del 2,8% del PIB y la anunciada subida de impuestos sobre los beneficios y la banca, el techo de gasto propuesto por el gobierno es un 4,4% superior al de 2018 (125.064 millones de euros). El gobierno Sánchez opta de esta manera por una formula “a la portuguesa” de corrección parcial de los desequilibrios del déficit social, pero sin poner en cuestión la orientación del ajuste fiscal impuesto por la UE. No obstante, un problema adicional surge con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que confiere al Senado, donde el PP sigue ostentando la mayoría absoluta del PP, un derecho de veto sobre las propuestas de techo de gasto aprobadas en el Congreso de los Diputados. Sin haber acometido previamente su reforma, la propuesta del PSOE queda condenada de antemano al fracaso.
Con los precedentes del acuerdo unilateral para cuatro años del gobierno Rajoy en funciones con la Comisión Europea en 2015, y tras la experiencia portuguesa, la respuesta de UNIDOS PODEMOS, en la perspectiva además del veto del PP en el Senado, era más que previsible. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado cambiar de responsable del bloqueo del techo de gasto en 24 horas, acusando a UNIDOS PODEMOS de un ajuste de 11.000 millones de euros que afectaría especialmente a las comunidades autónomas. Pero, con la ley en mano, el gobierno esta obligado a presentar una nueva propuesta en septiembre sobre techo de gasto y, es de esperar, que antes ofrezca soluciones reales para el veto del Senado, por una parte, y las cifras fundamentales para la negociación del conjunto del presupuesto de 2019, cuyo objetivo debe ser no solo frenar el empobrecimiento de importantes sectores sociales, sino poner fin a las políticas neoliberales a la vez que prepararse desde la defensa de los intereses sociales a la nueva recesión de la economía capitalista que comienza a vislumbrarse en el horizonte. Es decir, discutir los “márgenes” de los intereses sociales en juego en el presupuesto que definirá el largo ciclo electoral de 2019 y de cuyo acuerdo dependerá la posibilidad o no de un gobierno de la izquierda en 2020.
El nuevo PSOE de Pedro Sánchez no derogará la reforma laboral del Gobierno del PP. El equipo económico de Ferraz considera ahora que la que fue una de las leyes estrella de Mariano Rajoy durante su primera legislatura no es la mejor, pero no la desmontará en el Congreso de los Diputados. Los socialistas se desmarcan así de una de las reivindicaciones de Unidos Podemos en materia laboral y apuestan por seguir su propio camino, introduciendo, eso sí, algunas modificaciones en una ley que para el Gobierno es prácticamente intocable, la más aplaudida internacionalmente y, en opinión de Moncloa, una de las claves de la recuperación económica.
Mención aparte merece una de las promesas estrella del programa del PSOE, como era la Reforma Laboral, partiendo de derogar la vigente «con carácter inmediato», una de las banderas socialistas contra el PP que trataba de marcar su perfil de partido de izquierda. Sin embargo, ya nadie en Moncloa habla de derogar la reforma laboral. Ni siquiera los sindicatos. A los anuncios malogrados de los primeros días se suman otras promesas del PSOE en la oposición que se han descartado o matizado al llegar a La Moncloa. La más clara es la renuncia a publicar la lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. El Gobierno reconoce ahora que no tiene capacidad jurídica para «modificar un pasado ya sentenciado» y la ha descartado . A cambio, eso sí, promete una ley para prohibir futuras amnistías fiscales.
A la vista de lo expuesto, tal pareciera que la democracia parlamentaria española caminase hacia la inversión del título del famoso aguafuerte de Goya: Los sueños de los monstruos engendran razones. Son 80 los “Caprichos” de Goya y 84 los diputados del PSOE. Los “Caprichos” de Goya se vendían en conjunto por 320 reales de vellón en una tienda de licores y perfumes en el número uno de la madrileña calle del Desengaño. Tiene su ironía el lugar escogido por “la astucia de la razón” para comerciar con los caprichos de la inteligencia. El caprichoso destino de Sánchez parece unido al de Rajoy: Como el profeta de un pasado mañana comprado a plazos, corriendo hacia ninguna parte con los votos en almoneda, alquilados o prestados para ser “presidente por un día”, el cándido candidato Sánchez corre el riesgo de convertirse en un free rider, un polizón dentro del cascarón hundido de su propio partido o un “consumidor parásito”, de esos que se niegan a pagar su parte en la instalación del ascensor porque viven en el bajo. Los caprichos de Sánchez pueden acabar costándole muy caros y terminar malvendiendo los 84 diputados del PSOE en la metafórica calle del desengaño electoral.
El enemigo íntimo en que se ha convertido el PSOE para Sánchez, y viceversa, demuestra como funciona la dinámica de la “ley de hierro de la oligarquía” partidista y el ethos suburbial de la estética política: de guapo a tonto hay dos copas o dos legislaturas, según los casos, y Sánchez acude al Congreso de los Diputados con pase de visita, invitado, con voz, pero sin voto, como el tonto útil de un partido cada vez más inútil.
Al PSOE le sobra Sánchez y a Sánchez le estorba el PSOE. Aunque en su partido nadie le respeta, España es condescenciente con él, porque se sabe de su esfuerzo en parecer lo que no es y en ser lo que no parece. Y hay que admitirlo, mueve a la ternura su empecinamiento en demostrar que, al menos, es menos tonto de lo que el malvado CIS periódicamente le espeta a la cara.