“Montesquieu ha muerto” (Alfonso Guerra, el año 1985)
“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” (Simón BOLIVAR).
¿Por qué tenemos que seguir creyendo en la mentira de Estado que consiste en repetir machaconamente que la justicia es independiente, serena e imparcial? Habría que ver si las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos para ver si, efectivamente, estamos ante un Estado de Derecho o, por el contrario, el Estado de Derecho no existe.
Una de las obras más críticas de la Ilustración es “El espíritu de las leyes”, redactada por Montesquieu y publicada en 1748. En ella, el autor francés estudia las relaciones de las leyes políticas con la constitución de los estados, las costumbres, la religión, el comercio, el clima y los tipos de suelo de cada nación. Fue un libro que suscitó violentas críticas, tanto por parte de los jesuitas, como por parte de los jansenistas. La Sorbona lo prohibió y la Iglesia Católica lo incluyó en el Índice de Libros Prohibidos.
“El espíritu de las leyes” habla de los conceptos de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero, sobre todo, de la relación de los tres. Montesquieu rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesta por un “equilibrio de poderes”. Este se debería producir de manera muy sencilla, donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí.
De repente, un histriónico Alfonso Guerra, endiosado por el poder de la mayoría absoluta alcanzada por Felipe González aquel 28 de octubre de 1982, nos anunciaba la muerte de Montesquieu, cuando el bipartidismo turnista PPSOE acordaba repartirse el poder judicial y arrebatarle, a los jueces, cualquier indicio de independencia. Desde entonces los españoles hemos podido comprobar como aquellas fuerzas políticas que alcanzaban la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se comportaban como cualquier dictadura bananera. El partido en el poder controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los tres poderes en los que se basaba la democracia acababan en papel mojado y en manos de un solo líder, llámese éste González, Aznar, Zapatero o Rajoy, que hacían y deshacían a su antojo sin preocuparse de respetar control alguno que los limitara. Montesquieu no solo había muerto, sino que en España había sido enterrado por las toneladas de papel que suponían algunos millones de votos.
El expresidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; Marchena y Picazo…
En efecto, el artículo 122.3 de la Constitución Española señala que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
La Ley Orgánica del CGPJ, de 10 de enero de 1980, desarrollaba este precepto sin más interpretación que la literal: ocho miembros del CGPJ eran elegidos por las Cortes Generales y doce por los componentes del Poder Judicial, pero en 1985, con Felipe González gobernando con mayoría absoluta se encontró con que los jueces elegidos por este sistema no se plegaban al poder Ejecutivo y decidió cambiar las cosas, de tal manera que los veinte vocales pasaron a ser elegidos por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos. Los autodenominados socialistas acababan de matar a Montesquieu, tal y como dejara sentenciado el entonces vicepresidente del gobierno felipista, Alfonso Guerra.
Los funerales se vendrían sucediendo a lo largo del turnismo bipartidista PPSOE. Así, José María Aznar que había prometido antes de ganar las elecciones devolver al CGPJ su independencia perdida, tampoco cumpliría sus promesas, y en 2001 se reformaba la LOPJ para regular la elección de los doce jueces y magistrados, de forma que los eligieran el Congreso y el Senado a partir de una terna de 36 candidatos propuestos por las asociaciones profesionales de la judicatura y por un número de jueces y magistrados que represente, al menos el dos por ciento de todos los que se encuentren en activo.
“Anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Judicial». Con estas frases Manuel Marchena ponía punto y final a su más que probable nombramiento para esos cargos, renunciando a tal posibilidad después de que se hubiese cuestionado su candidatura antes de la elección de los vocales y tras el WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que, además de aplaudir el pacto con los socialistas para renovar el Consejo, aludía a que con la presidencia de Marchena se podría «controlar la Sala II –del Supremo, la encargada de investigar y juzgar en su caso, a los aforados– desde atrás», además de presidir la Sala del 61, encargada, entre otras funciones, de resolver todas las cuestiones relativas a peticiones de ilegalización de partidos.
El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que, nombrados los vocales del Consejo en la primera reunión y presididos por el vocal de mayor edad deberán elegir al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. A tal fin los vocales propondrán las diversas candidaturas y resultará nombrado aquel que alcance los tres quintos del quórum. Si esto no ocurriera, se procederá a una nueva elección entre los dos candidatos más votados y será nombrado aquel que obtuviere mayor número de votos.
No obstante, la claridad de este proceso normativo éste ha sido patentemente incumplido desde 1985 en todas las renovaciones del Consejo hasta la fecha actual, y todo indica que va a seguir siéndolo. Desde que se admitió la llamada enmienda Bandrés que, modificando el espíritu de la norma constitucional, permitió que los 12 vocales de extracción judicial fueran elegidos por el Parlamento entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales, el dedo del Ejecutivo y del principal partido de la oposición han decidido el nombramiento tanto de los vocales del Consejo como del presidente y, en su caso, del vicepresidente, elegidos formalmente por los vocales que, dóciles a las insinuaciones o a las decisiones del Gobierno bipartidista PPSOE, nombraban al elegido por este. Al principio se guardaban las formas, porque no era público el candidato del Ejecutivo, pero en los últimos nombramientos, desde el efectuado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya ni se tuvo tal precaución, sino que se hacía público el nombramiento del elegido como presidente y luego este era efectuado formalmente por los vocales.
A pesar de haber roto relaciones con Pablo Casado – en un remedo del enfrentamiento entre Rajoy y Rodríguez Zapatero, cuando el primero espetó al segundo aquello de que “usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda”, el presidente del PP, Casado, acusaba el miércoles, 25 de octubre de 2018, al jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser “partícipe y corresponsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España”, a lo que Sánchez exigió en el Congreso de los Diputados una rectificación inmediata: “Si no, usted y yo, advirtió, no tenemos nada más que hablar” -, el PSOE de Pedro Sánchez pactaba con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de tal manera que el bipartidismo PPSOE acordaba la composición del órgano de gobierno de los jueces, con 11 vocales a propuesta del PSOE y otras formaciones de izquierda, y 9 jueces propuestos por el PP a los que sumaría el magistrado Manuel Marchena como presidente, también propuesto por el PP.
Este acuerdo tampoco respondía al método que siempre había defendido Pedro Sánchez, cuando tan sólo hace 2 años, durante su discurso de investidura tras el pacto de gobierno con el C’s de Ribera, Sánchez defendía que los cargos de “designación parlamentaria” como los miembros del CGPJ fueran elegidos en “convocatoria pública”. Por aquel entonces, Pedro Sánchez calificaba su propuesta de “revolucionaria” y señalaba que este era su “compromiso”, y su “convencimiento” que entre los candidatos debía primar “la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad”.
La composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el nombre de su presidente, Manuel Marchena, supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos.
La idea es que fuera un “comité asesor profesional” el que evaluara la competencia e idoneidad de los candidatos cuyas evaluaciones fueran públicas, con audiencias en comisión y aprobación por la mayoría de las cámaras, pero esta idea de que fuera un ente externo al Congreso el que evaluara las competencias de los candidatos al CGPJ no había surgido del pacto de gobierno con Ciudadanos en 2017 ya que, en el año 2014, cuando Sánchez acababa de ser elegido Secretario General del PSOE por primera vez, defendía que los partidos dejaran de proponer candidatos y fuera una mesa de expertos catedráticos quien los evaluara: “Que los partidos dejemos de proponer candidatos, que se establezca una mesa de expertos catedráticos que filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos. Cuando llegan a examinarse al Congreso ya saben la nota y lo que no puede hacerse es que sigan decidiendo los partidos políticos. No hay ningún sistema perfecto. Si hay unos expertos con capacidad y méritos me parece más razonable a que se elijan por afinidad partidaria”, decía literalmente Pedro Sánchez en el programa televisivo de Ana Rosa Quintana, el 11 de diciembre de 2014.
También en el documento con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias contra Susana Díaz en 2017 se contemplaba esta idea de que la elección de los miembros del CGPJ debía hacerse “evitando su dependencia partidista y asociativa”, aunque no ahondaba en el modelo: “Tanto los ciudadanos como los afiliados socialistas expresan recurrentemente opiniones sobre la necesidad de despolitizar la justicia y de reforzar la independencia del Poder Judicial. Esta circunstancia se une a desconfianza sobre la independencia de jueces y fiscales en casos de corrupción (…) Por ello, se mantendrá la elección de sus miembros por el Poder Legislativo, pero evitando su dependencia partidista y asociativa, así como las injerencias desde el exterior”.
Sin embargo, a pesar de tanta charlatanería por parte de Pedro Sánchez, a pesar de que el grupo de Estados contra la corrupción que forma parte del Consejo de Europa sea muy crítico con España por el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al señalar que la lucha contra la corrupción empieza por la independencia de las personas que vayan a formar parte del propio órgano, el cambio de cromos tendría lugar con total impudicia, tal y como viene siendo típico en el bipartidismo turnista PPSOE.
De esta manera, Pedro Sánchez y Pablo Casado comenzaban a “cocinar” su primer gran acuerdo para la renovación del Poder Judicial y poner fin al tiempo de Carlos Lesmes al frente del Tribunal Supremo, ya que la suma de los votos de PP y PSOE es suficiente para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato expira este mes de diciembre, dándose el hecho grotesco de nombrar al juez Marchena como presidente del CGPJ, en sustitución del magistrado Carlos Lesmes, antes de que nombraran los vocales. Es decir, el juez Marchena será elegido por quienes todavía no han sido elegidos.
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha admitido ser el autor del texto enviado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el pasado sábado a sus 146 compañeros en el Senado en el que se detallaban las interioridades del polémico acuerdo alcanzado con el PSOE para repartirse el nombramiento de los vocales del futuro Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo, presumía de un supuesto control futuro “desde detrás” sobre varios órganos clave en el Tribunal Supremo
Pero, apenas habían transcurrido cinco días desde que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, cuando el portavoz de los populares en el Senado – Ignacio Cosidó – enviaba un “guasá” a sus compañeros para justificar el pacto que tantas críticas había suscitado tanto en la opinión pública como en círculos de la propia organización criminal del PP. El que antaño fuera director general de la Policía Nacional había enviado el “guasá” al grupo parlamentario del PP en la Cámara Alta en el que están registrados los 146 senadores peperos. En el mensaje, el portavoz explica a los senadores que “el pacto previo” con el PSOE daba al PP 10 vocales, mientras que el PSOE obtenía 11: 10 más la presidencia. “Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”, recalca Cosidó. “Con otras palabras”, continúa el portavoz del PP, “obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]”.
Desde luego, si la salud de su Justicia mide la salud de una democracia, España padece una enfermedad agravada por una increíble combinación de ambición de poder, deseo de impunidad, obscenidad comunicativa y absoluta carencia de sentido de Estado por parte de sus élites políticas. El PP y el PSOE pensaron que de nuevo podrían pastelear impunemente el CGPJ a su gusto e interés como llevan haciendo desde la “muerte de Montesquieu en 1985”, pero esta vez ni siquiera tuvieron la decencia en guardar las formas. El anuncio del Gobierno del nombre de Marchena como futuro presidente antes incluso de que los vocales se sentaran a elegirlo, sumado a la filtración del mensaje difundido por Ignacio Cosidó, que suponía “controlar desde detrás la Sala Segunda”, fue demasiado para el juez Marchena. Estaban poniendo en almoneda su prestigio a la vista de todos los españoles y éste ha dicho basta, renunciando a la cima de la carrera judicial.
Así las cosas, con fecha 20 de noviembre, al día siguiente del tristemente famoso “guasá”, el juez Manuel Marchena, candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, anunciaba su renuncia a presidir el órgano de gobierno de los jueces, defendiendo su independencia, y desligándose del acuerdo cocinado por el bipartidismo turnista del PPSOE: “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, ha recalcado Marchena.
“¿Qué es la justicia? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pim-pam-pum de feria? ¿Un vocablo gracioso para distraer a los hombres y los dioses? Respondedme. Que me conteste alguien… Silencio… Silencio”. (León Felipe. El payaso de las bofetadas y el pescador de caña).
La cuestión es que, desde sus comienzos hasta nuestros días, los siete consejos generales del Poder Judicial no han pasado de la más grotesca de las representaciones y los mandamases políticos de turno han querido mover a sus vocales como marionetas. Es cierto que no han sido todos, y unos menos que otros, pero, en conjunto, el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ha sido hasta la fecha, una trampa para confiados, pues quien lo controla sabe que domina el Poder Judicial por la vía de los nombramientos discrecionales. Así lleva el CGPJ treinta y ocho años; tantos como grados de confianza perdidos. Quizá este ejemplo, con otros cuantos, sea la viva imagen de la España judicial. No caber duda alguna que CGPJ podría ser más respetable de lo que merece si quienes tienen la obligación de hacerlo se propusieran que la dignidad de la institución reemplazase al carrusel de filias y fobias en el que gira desde su constitución. Lo malo es que a estas alturas algunos sigan sin convencerse de que el edificio del número 8 de la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid, no puede ser sucursal de los partidos políticos.
No se puede poner en duda de que en las listas de vocales propuestos para los distintos Consejos del Poder Judicial, los haya que merecen la consideración de juristas de reconocida competencia, de la misma manera que conozco a otros miembros cuyos méritos de juristas hayan sido llevar en la boca el carnet del PSOE – supongo que lo mismo ocurrirá en el PP – , por no hablar de otros como el juez catalán Estevil, propuesto para tapar las corrupciones pujolescas, hasta dar con sus huesos en la cárcel… Por eso, al leer sus nombres me viene a la memoria la anécdota de aquel banderillero de Juan Belmonte que llegó a gobernador civil y que cuando le preguntaban cómo había podido ser, se limitaba a contestar: ¡¡¡ Pues ya ve usted, degenerando !!!
Es definitiva, la devolución al Poder Judicial de su independencia es una asignatura pendiente, pero no parece interesar a ningún partido político. Al fin y al cabo, si se permite que el CGPJ sea elegido por jueces los partidos políticos perderían influencia sobre los mismos, y la historia de este país ha demostrado en muchas ocasiones que unos jueces independientes podrían dar muchos quebraderos de cabeza al Ejecutivo.