Francisco Franco Bahamondeef (Ferrol, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre de 1975) militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como caudillo de Españaa desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975. En abril de 1937 se autoproclamó jefe nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), partido único resultado de la fusión de la fascista Falange Española de las JONS y de la Comunión Tradicionalista.
(…) El derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto 15 del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado a los prisioneros y preso rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a la vigilancia quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo (…) Por las razones expuestas, DISPONGO: (…) Artículo 3.º.- Cobrarán en c0ncepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al dia, de las que se reservará. una peseta con cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana. Este jornal será de cuatro pesetas diarias si el interesado tuviere mujer que viva en la zona nacional, sin bienes propios ni medios de vida, y aumentado en una peseta más por cada hijo menor de quince años que viviere en la propia zona, sin que en ningún caso pueda exceder dicho salario del jornal medio de un bracero en la localidad. El exceso sobre las dos pesetas diarias que se señala como retribución ordinaria será entregado directamente a la familia del interesado. Cuando el prisionero preso trabaje en ocupaci6n distinta de la de peón, será aumentado el jornal en la cantidad que se señale. Artículo 4.º.- Los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia, al Código de ]usticia Militar y Convenio de Ginebra de 27 de Junio de 1929… (Decreto 281, del 28 de mayo de 1937)
En efecto, aquella guerra incivil provocada por el golpe de Estado de FRANCO y sus sicarios se dio por concluida en abril de 1939, pero la represión contra los vencidos y disconformes con el régimen dictatorial del franquismo se prolongaría hasta los inicios de 1970, de tal manera que miles y miles de prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzosos para las autoridades franquistas y para las grandes empresas.
Presos republicanos en las dependencias del Campo de Concentración habilitado junto al pozo minero del Fondón pertenciente a la empresa DURO-FELGUERA (Archivos de Hunosa recogidas de un contenedor de basura).
Así, desde los primeros días del golpe fascista los sublevados habían comenzado a servirse de la fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada y gratuita, en condiciones de auténtica esclavitud. Junto a los incipientes campos de concentración, los rebeldes creaban este sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que no tardaría en unirse el edificio ideológico del concepto de REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO, con la publicación del decreto firmado por Franco el 28 de mayo de 1937, por el que los golpistas determinaban la necesidad de convertir a los prisioneros republicanos en mano de obra barata, siendo encuadrados en Batallones de Trabajo militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase.
En realidad, Franco se había adelantado con muchos años de antelación a la creación de la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España, creando el denominado fichero fisio técnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros republicanos de toda España, para utilizarlos como esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país. En los principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra incivil, ya constaban en el fichero fisio técnico 103.369 penados de los cerca de 300.000 presos amontonados por las cárceles españolas, todos ellos preparados para trabajar obligatoriamente al servicio del Estado, en unas condiciones laborales y de vida inhumanas, constantemente sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, ya que de las DOS PESETAS que percibían en concepto de jornal diario – el jornal de un obrero libre del año 1940 oscilaba entre las siete y las nueve pesetas -, una y media se las quedaba el Estado, y el resto – ¡ CINCUENTA céntimos ! – debía servir a los presos para comprarse el calzado, la ropa de trabajo o alguna raída manta y enviar lo que le sobraba (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido también represaliada y desprovista por los sublevados de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.
Un grupo de mineros procedentes del Campo de Concentración del Pozo Fondón, preparados para coge jaula y comenzar su jornada diaria (Archivos de Hunosa recogidas de un contenedor de basura).
Como diría el mismísimo dictador de la voz amariconada: “el derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto y cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo…Tal derecho al trabajo, viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Es decir, con su decreto, Franco había convertido un derecho en una obligación para los presos, transformándolos en vulgares esclavos.
La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear un día de pena menos, por cada dos días de trabajo, siempre a expensas de que el jefe militar y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores certificaran y comprobaran que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España y la Falange; no en vano, si bien había sido el propio Franco quien había puesto en marcha aquel suculento negocio a costa de sus prisioneros políticos, sin embargo, el verdadero ideólogo de tan macabro invento había sido el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, uno de los “cruzados” que no contemplaba ningún tipo de piedad ni clemencia para los presos políticos del franquismo, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la Ley del Talión en sus escritos: “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.
El tal Pérez del Pulgar, que había nacido en Madrid en 1875, había regresado a esta ciudad meses después de iniciada la guerra, habiendo permanecido un tiempo refugiado en la embajada de Bélgica por temor a que lo mataran los anarquistas por sus hazañas bélicas, pero nada más regresar de su escondite puso en marcha el Instituto Católico de Artes e Industrias, antepasado directo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas. No solo eso, sino que en estrecho contacto con la Junta Técnica del Estado trató de lograr el reconocimiento vaticano del nuevo régimen político y, en sintonía con el militar jurídico, Máximo Cuervo Radigales, futuro director general de Prisiones, ideó el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, que inmediatamente haría suyo el general Franco.
Mineros republicanos en el “comedor” del Campo de Concentración del Pozo Mosquitera de la empresa DURO-FELGUERS, el año 1942 (Archivo de Hunosa recogidas en un contenedor de basura).
Meses antes de su fallecimiento, ocurrido en noviembre de 1939, el jesuita dejaría en la imprenta su libro “La solución que España da al problema de sus presos políticos”, editado por la Librería Santarén en el que, aparte de otorgar al Caudillo la paternidad casi exclusiva del sistema, comentaba con elogio las disposiciones legales que lo conformaban. De hecho, el jesuita lo ponía en consonancia con ese derecho al trabajo que decían defender tanto el partido único, Falange Española y Tradicionalista de las JONS, como el propio Franco, y lo presentaba como modelo privilegiado de moderación, caridad cristiana y justicia vindicativa.
Hay que dejar muy clara constancia de que una parte del castigo a los defensores de la democracia y a sus familias fue alejarlos de sus lugares de origen, por lo que a Asturias llegaron muchos presos procedentes de otras regiones con tradición minera, donde a su vez fueron desterrados muchos asturianos. Las familias que se quedaron y también las que siguieron a sus maridos y padres de las criaturas, eran controladas por las Juntas Locales del Patronato de Redención de Penas, compuestas por el alcalde falangista, un sacerdote y una mujer vinculada con Acción Católica. Este ente era el encargado de entregarles los 50 céntimos por el trabajo de sus maridos o hijos siempre y cuando fuesen demostrando arrepentimiento y adscripción al régimen fascista.
Así fue como llegó a Sama de Langreo desde Jaén Virtudes López Varela, siguiendo a su marido preso, Miguel Arenas Machuca, “con tan solo 300 pesetas en su bolsillo”, como escribe el republicano en su libreta de memorias. Un penoso viaje de días que emprendieron mujeres y críos por todo el Estado español con el fin de estar cerca de sus esposos y padres. “Me he preguntado muchas veces cómo sería aquel periplo de mi madre, a la que después tuve que acompañar de nuevo tantas veces al penal de Burgos, donde volvió a ser apresado seis años mi padre por su lucha en la clandestinidad con el Partido Comunista. Tenía que ir con ella para leerle los carteles de las estaciones porque era analfabeta”, rememora José Luis Arenas. “Mi padre siempre decía que si él había sufrido mucho – la guerra, la prisión durante 17 años en total, las torturas…- ella había padecido mil veces más. Y es verdad”, añade el hijo de Arenas Machuca.
Hoja de jornales del preso Fernando Bello en el Campo de Concentración del Pozo Fondón de la empresa DURO-FELGUERA (Archivo personal de Fernando Bello)
En esas mismas condiciones de miseria y analfabetismo, además de acompañada de su hija de 9 años llegó, procedente de Castro de Río (Córdoba), Dolores Álvarez Márquez, esposa del preso Francisco Bello García. Su hijo Fernando recuerda cómo en aquellos tiempos “no había una cuadra, una cueva ni un hórreo vacíos por los montes de las Cuencas”, donde se tuvieron que instalar muchas de las esposas y de los hijos de los reclusos republicanos. Las que ni eso encontraron, vivían en chabolas como en las que durante buena parte de la década de los años cincuenta siguieron viviendo familias como la de Bello y Arenas: “Separábamos la cocina de donde dormíamos con una tela y el techo era de cartón piedra, por lo que el agua entraba a menudo”, rememora Bello, que alcanzada la juventud y con su padre ya en libertad, se implicaría en la lucha antifascista clandestina del PCE, junto con el hijo de Arenas Machuca, ambos compañeros y vecinos míos en la barriada de La Juécara, aunque ellos como miembros del PCE y CC.OO. y yo como militante y activista de U.G.T. y PSOE. Su padre jamás le habló de lo vivido durante la guerra, el encarcelamiento o el trabajo como preso en la mina. Fue después de su muerte, cuando Fernando Bello pidió a Instituciones Penitenciarias el informe de su padre para solicitar la indemnización aprobada en los años 90 por el gobierno de Felipe González para los presos del franquismo, cuando descubrió que de joven aquel campesino había sido militante de la CNT.
Con un país destrozado, empobrecido, sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar y con una multimillonaria deuda de guerra contraída con la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, que ambos venían exigiendo apresuradamente, de muy poco o de nada servían las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura franquista. Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial – la peseta -, tenía en el año 1940 el 50 por ciento del valor que tenía antes del inicio de la sublevación fascista, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14 por ciento a la de 1936, con tasas de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23 por ciento, y con una población activa que se había reducido en más de medio millón de personas.
“Dormitorios” de los presos republicanos en el Campo de Concentración del Pozo San Mamés de la empresa DURO-FELGUERA, el año 1945 (Archivos de Hunosa recogidas en un contenedor de la basura).
Así las cosas, tal y como se recoge en los muchos documentos que hasta la fecha habían permanecido ocultos por el poder, se puede afirmar rotundamente que fueron los prisioneros republicanos los que más contribuyeron a “levantar” la España destruida, hasta integrarla en el club de las naciones industrializadas del mundo. Fueron los prisioneros republicanos los que construyeron las grandes obras hidráulicas del país; los que reconstruyeron los pueblos y ciudades de España; los ferrocarriles, aeropuertos y carreteras; las iglesias, catedrales y conventos; pero, por encima de todo y todos, fueron los mineros asturianos los que más contribuyeron a esa enorme labor con la extracción del carbón, tan fundamental para mover la industria a la vez que paliar la terrible hambruna existente en España, con los miles de prisioneros republicanos destinados a los Departamentos Penales de los Pozos Fondón, San Mamés, Mosquitera o Carbones Asturianos, entre otras muchas explotaciones.
El Patronato organizaba todo lo relativo al empleo de los presos republicanos como mano de obra barata y abundante, administración, iglesia y empresarios privados les pagaban la mitad que un trabajador libre. Unas 90 empresas – 60 de ellas privadas más la iglesia católica – se beneficiaron del trabajo forzado de los presos republicanos. Además la corrupción estaba muy extendida, había empresarios que desviaban alimentos, medicinas y materiales que tenían que ir a los presos y a sus familias para el mercado negro – estraperlo -, vendiéndolos a un precio superior al que tenían. Cuando llegaban a un campo de concentración los presos eran divididos en varias categorías: Afectos, dudosos, desafectos, jefes, oficiales del ejército republicano y presos comunes. En su libro “Esclavos por la Patria”, el periodista y escritor Isaías Lafuente profundiza mucho más y da todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a cuantificaciones económicas precisas de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
También los presos republicanos tenían tiempo para jugar a los “bolos” en el Campo de Concentración del Pozo Mosquitera de la empresa DURO-FELGUERA, el año 1942 (Archivo de Hunosa recogidas en un contenedor de basura)
Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas. El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal. Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis CARRERO BLANCO, conforme ha podido documentar y probar recientemente el catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel BERNAL, en el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título “Los presos del Canal. 1940-1962”.
Estas jornadas, coordinadas por el citado catedrático, fueron organizadas por la universidad hispalense en colaboración con la “Fundación El Monte” y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática de prisioneros políticos como trabajadores forzados en las obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.
Tras el impacto causado por la publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido para dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la posguerra. Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias y testimonios vivos de algunos antiguos presos políticos del franquismo, como ha sido mi caso al poder hablar con bastantes presos en el Departamento Penal del Pozo Fondón – Florentino Vázquez, Canga Uribelarrea, Arenas Machuca, Francisco Bello, Samuel Fernández “el Cabritu” y otros muchos -, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como “esclavos” y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.
Antón Saavedra en el lugar donde estuvo el Campo de Concentración del Pozo Fondón, hoy destinado como lugar para que hagan sus cacas los perros