José Ángel Fernández Villa (Tuilla, Langreo, enero de 1943) es un sindicalista y político español, conocido por haber sido secretario general del SOMA-UGT durante 34 años. Fue senador del PSOE (1999-2003) y diputado del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias (1983-2007). El 13 de octubre de 2009 recibió la Medalla al Mérito del Trabajo por parte del gobierno del PSOE, siendo expulsado del PSOE y del SOMA-UGT en octubre de 2014 por “chorizo”. El 20 de septiembre de 2018 fue condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida de fondos pertenecientes al sindicato, a una multa de 24.000 euros y a indemnizar al SOMA 431.330 euros.
“Llevo sesenta años en primera línea de este negocio”.
José Ángel Fernández Villa (Diario La Nueva España, el 6 de junio de 2012)
Quien así se expresaba era el mismísimo Villa al encararse a su amigo de juventud y exminero de Hunosa, el jefe de la Policía Nacional de Antidisturbios, durante la protesta minera que cortaba los accesos de los camiones al puerto gijonés de El Musel, según las grabaciones publicadas por el diario La Nueva España, el 6 de junio de 2012: “joder, habíamos hablado y habíamos quedado en que no iba a suceder nada. Pero de golpe y porrazo aparecen… Yo no les echo la culpa a ustedes, ustedes obedecen criterios políticos y, bueno…”.
En efecto, Villa y sus compinches se habían presentado en el parque de carbones de Aboño a parar los camiones de El Musel, pero, tal y como afirmaba el presidente de la patronal del transporte Cesintra, Enrique Riaño, “nunca hemos visto a Villa presentarse allí para denunciar el fraude con el carbón de importación”.
Agentes de la UCO, a su llegada a los juzgados de Oviedo, con la documentación recogida en el domicilio del exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa (30-05-2017)
¿Cómo iba a denunciar Villa el negocio montado en torno al carbón de importación cuando él mismo, como secretario general del SOMAFIAUGT, también formaba parte de la “trama carbonera”, recibiendo las correspondientes “mordidas” que mensualmente eran recaudadas por sus secuaces en las correspondientes empresas a las que se les había logrado cupo para meter el carbón en la térmica?
El “cupo” consistía en un acuerdo entre el gobierno y las eléctricas para introducir un mínimo de carbón nacional en las térmicas, el cual funcionó durante muchos años, sirviendo para ir alargando la agonía de una minería condenada a fenecer por decisión de una burguesía fielmente representada en el gobierno por el bipartidismo PPSOE, pero, sobre todo, para el enriquecimiento de patronos y pandilleros del sindicalismo. Unos cupos que el SOMAFIA manejaba, a través de su control político en la Consejería de Industria y Dirección Regional de Minas, donde el capo Villa había colocado a “consiglieris”, como Víctor Zapico o el mismísimo expresidente del gobierno asturiano, Javier Fernández, siendo el siguiente paso la elección de los secuaces encargados de visitar a las empresas para recaudar el porcentaje acordado previamente en concepto de “mordida”.
Primero fue el encierro en el Pozo Barredo de Hunosa, y después el de Mina La Camocha, ambos protagonizados por el mismo comediante que había dejado sentenciado que “antes de cerrar un solo pozo minero había que pasar por encima de su cadáver”, aunque al día de hoy siga vivo y todos los pozos cerrados. (Salida del encierro de Mina La Camocha, el 28 de setiembre de 2007)
Pero también, en el caso concreto de Mina La Camocha, un acuerdo tácito establecido entre la dirección de la empresa y las cúpulas somáticas y cocosas había transformado la mina en una especie de “chiringuito” donde iban a parar todos los familiares, funcionarios sindicales y amiguetes del pandillerismo sindical que, por distintos motivos no tenían donde cotizar a la seguridad social, algunos de ellos sin ni siquiera pisar las instalaciones de la mina. Al fin y al cabo, la mina no necesitaba mucho dotarse de profesionales mineros ya que su principal objetivo consistía en servir de tapadera para lograr los cupos con destino a la térmicas, tal y como ha quedado explicitado ampliamente en otro capítulo de este libro.
De esta manera, dirigentes sindicales como el exsecretario general de CC.OO. en Asturias, o el exsecretario general del SOMAFIAUGT en la comarca de Siero, acabarían adscritos a la Mina de La Camocha, sin haber pisado nunca una mina, y ello sin olvidarnos de sujetos que entraron en la plantilla con edades superiores a los 50 años para acabar prejubilándose en la empresa pública de Hunosa, donde fueron integrados todos los trabajadores de Mina La Camocha cuando esta cerró sus instalaciones el 28 de diciembre de 2007, después de setenta y dos años de actividad, con una plantilla que llegó a tener 1.600 trabajadores, y que supuso un importante motor económico para Gijón y para Asturias.
Paradójicamente, según se iba reduciendo el número de mineros, se iba incrementando el “poder” de los sindicatos en un contexto cada vez más escaso de recursos, con unas cuencas mineras donde había muy poco trabajo y una generación entera no tenía de que vivir, como no fuera seguir viviendo de las prejubilaciones y jubilaciones de sus padres y abuelos o tomar el camino del exilio. Pero los sindicatos gestionaban mucho dinero público, muchas redes clientelares y mucha influencia, especialmente el SOMA-PSOE, que se fue haciendo cada vez más mayoritario y sacándole más ventaja a CC.OO.
Este “chiringuito farmaceutico”, instalado en terrenos de la Hunosa en Turón, nunca llegaría a funcionar, pero el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que inhabilitaba a Sadim Inversiones, la filial de diversificación de Hunosa, para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante un periodo de dos años por no velar por los fondos públicos en la quiebra de Laboratorios Diasa Pharma. La extinta firma farmacéutica de Turón estaba participada en un 40% por la hullera pública. También le exige el abono de un máximo de 420.774 euros por los impagos tras la liquidación de la farmacéutica, que corresponde a la deuda generada por el retraso en la entrada en concurso de acreedores de la empresa…
No obstante, pese a la multimillonaria lluvia de dinero recibido a través de los “fondos mineros”, la salida a la crisis minera nunca fue una salida solidaria ni mucho menos. Aquello fue “un sálvese quien pueda” a base de algún que otro “chiringuito”, de aquellos creados bajo la premisa de “coge el dinero y corre”, eternamente agradecidos al pandillerismo somático, pero que sirvieron también para dejar al descubierto que muchos de esos pandilleros sindicales eran unos auténticos “chorizos”.
Como ha quedado dicho, uno de los “chorizos” que se enriquecieron con el saqueo de la caja pública fue, precisamente, el secretario general del SOMAFIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, tal y como se informaba desde el diario EL PAIS en su portada correspondiente al 7 de octubre de 2014 que “el líder histórico de los mineros asturianos ocultó 1,4 millones de euros a Hacienda”. Pero en contra de lo que se pudiera pensar de que se trataba de una brillante investigación periodística, aquello respondía a una muy pensada y decidida filtración. Aquello era una voladura controlada, un golpe a uno de los líderes del pandillerismo sumiso a la burguesía, quien, pensando que nada le podía ocurrir por haberse prestado tan servilmente a los intereses y objetivos de la burguesía, había ignorado aquello de que “Roma no paga a traidores”, hasta el extremo de que, una vez realizada la operación encomendada del cierre de los pozos mineros y condena de las comarcas mineras a la miseria y a la desesperación, sería arrojado como un “kleenex” al contenedor de la basura.
Villa formando parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE junto a su protector Alfonso Guerra.
En efecto, el modo en que Villa afloró el dinero fue tan cutre que cuesta creer que hubiera sido el virrey del PSOE en Asturias. Estaba tan seguro de que nada le podía ocurrir que le pareció hasta normal presentarse en el banco con bolsas llenas de dinero. Él era “el Padrino”, aquel que los domingos aparcaba su Audi A6 o su Mitsubishi en la plaza y se ponía a leer la prensa mientras la gente iba subiendo al coche a pedirle favores: “Oye, padrino, búscame un empleo para mi hija en el geriátrico de Felechosa, en el sanatorio Adaro, en el HUCA, o en cualquiera de los “chiringuitos” creados al efecto”.
Lógicamente, el incierto origen de aquellos 1,4 millones de euros “lavados” causaron un auténtico terremoto en las filas de la “famiglia” SOMA-UGT-PSOE, y no era para menos. Nos encontramos ante un hecho que por sí mismo suponía una enmienda a la totalidad del régimen político asturiano, no en vano Villa había sido el factótum de ese régimen fraguado durante la Segunda Restauración Monárquica o “modélica transición”. Por sus manos habían pasado las principales decisiones sobre la presidencia del Gobierno autonómico de Asturias – Rafael Fernández, Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández – y de la Caja de Ahorros – desde Ángel Fernández Noriega hasta Manuel Menéndez Menéndez -; por no hablar de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de las comarcas mineras asturianas, así como todo tipo de chiringuitos y organismos públicos. Villa era el hombre a quien el todopoderoso vicepresidente del gobierno de España, Alfonso Guerra, había apoyado incondicionalmente, situándole como único asturiano en la ejecutiva federal del PSOE. De esa manera Guerra “El Canijo” controlaba todos los hilos a través de quien había sido becado políticamente para ostentar el virreinato asturiano desde su centro de operaciones en Hunosa con la fuerza de su “chequera sindical”.
Villa con el también todopoderosos vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Alvarez Cascos, con quien se reunía secretamente en el chalet que Isidro Fernández Rozada tiene en la localidad leonesa de Valjunco. Allí se disponía la asignación y destino de los “fondos mineros”, especialmente aquellos que iban destinados al hormigón para las carreteras, no en vano eran los que más porcentaje dejaban…
Todos estos y otros muchos personajes que, de repente, habían sufrido la terrible enfermedad de la amnesia crónica, son deudores de Villa. De ahí la urgente necesidad que tuvieron, desde el principio, de buscar un sospechoso distanciamiento del personaje en cuestión. Los prohombres del SOMA-UGT y la FSA-PSOE, empezando por un cínico e hipócrita Javier Fernández y terminando por los dirigentes del pandillerismo somático, se mostraban sorprendidos por el descubrimiento de lo que no era más que la punta de la punta de un iceberg de colosales dimensiones, pretendiendo matar al padre en la profundidad de los fondos mineros, algo, por otra parte, muy propio de los herederos que tratan de liberarse de su dictador, pero también de construir un cortafuego para ponerse a salvo de la onda expansiva de aquella voladura minera.
Al respecto, resulta tan grotesco como vomitivo tener que leer el confuso artículo firmado por su antiguo compinche del pandillerismo sindical, el ex secretario general de CCOO de la minería, Antonio Hevia, que con el título de “linchamiento moral de Villa”, publicaba el diario La Nueva España, en su edición del 21 de agosto de 2016, un extraño artículo en el que sostiene que lo que denomina “demonización” del exlíder del SOMA, sin explicar en qué consiste tal cosa, hace daño al agonizante sindicalismo minero.
Antonio Hevia: “Nunca tuve constancia de que Villa, ni nadie, recibiera comisiones de los empresarios del carbón” (Comparecencia en la Junta general del Principado de Asturias)
No, Antonio Hevia, no. A Villa no lo ha demonizado nadie, a Villa lo fusilaron al amanecer desde el Gobierno de Mariano Rajoy, difundiendo su nombre, en diferentes momentos y operaciones políticas, junto con los de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Diego Torres – ex socio de Iñaki Urdangarin –, la famiglia Pujol Ferrusola, así como el del hombre bomba de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, en una operación de libro de las que se suelen organizar desde las cloacas del Estado, al publicar unos pocos nombres seleccionados de una lista secreta de 30.000 evasores que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012 – hoy sin publicar a pesar de las múltiples promesas realizadas por el actual presidente de España en funciones, Pedro Sánchez -, y en aquel fusilamiento de Villa, tal y como ha quedado explicitado exhaustivamente en mi libro sobre el “VILLAMOCHO”, cooperó, puede que más cogido por los cataplines que por otra cosa, el ya expresidente de la FSA-PSOE y del gobierno autonómico de Asturias Javier Fernández, que en este asunto vive sin vivir en él, y no le llega la camisa al cuerpo. En su artículo, Hevia dice algo, no sé si con toda la intención, de manera inocente, o por torpeza: “desconozco las razones que puede tener Villa para permanecer en silencio, cuestión que nos sorprende a los que le conocimos más de cerca, aunque desde posiciones políticas diferenciadas, pero solamente faltaría para terminar de cuadrar el círculo que alguien le hubiera enviado un SMS diciéndole: José Ángel, sé fuerte”.
Resultaba más que evidente que si el pandillero Hevia, gran amigo y colaborador de Villa, y único que parece salir a dar tímidamente la cara por él ante su fusilamiento político, desconoce las razones por las que el ex líder del SOMA permanece en silencio, no hay forense ni picapleitos que pueda defender que lo hace por razones de salud que le impidan decir la verdad. Eso sí, flaco favor le hace también al compararle con Bárcenas, para que todos veamos a continuación al presidente Javier enviándole un SMS como el que Rajoy envió a su antiguo tesorero y hombre de confianza.
Aparentemente, su amigo Hevia le estaba haciendo un flaco favor a Villa, al reconocer públicamente que éste permanece en silencio de manera deliberada, cuando la Audiencia está a punto de decidir si tiene que declarar o no amparándose en razones médicas, salvo que en realidad el artículo aludido fuera más retorcido de lo que parecía a primera vista. Por otra parte, para nadie de todos aquellos que conocemos bastante el percal podemos tener duda alguna que, si Hevia dijo lo que dijo, lo ha hecho con pleno consentimiento y conocimiento de Villa.
Así las cosas, tras sortear múltiples obstáculos derivados de las “enfermedades” esgrimidas por la defensa de Villa para evitar ser juzgado, el día 22 de junio de 2018 daban comienzo las sesiones del juicio con este sujeto sentado en el banquillo de los acusados junto con su “consiglieri” Pedro Castillejo. Un sitio indeseado, sobre todo si se llega a él como consecuencia de una querella criminal presentada por los que un día fueron sus compañeros y consiglieris en el SOMAFIAUGT, su sindicato, aquel sindicato que había gobernado durante 34 años con puño de hierro y poderes omnímodos, sin que sus conmilitones le pusieran ninguna pega o reparo. Una querella, por cierto, muy difícil de entender al ser presentada por el secretario general somático, José Luis Alperi, un hombre que había sido aupado a la cúspide del sindicato por el propio Villa.
Villa en el banquillo de los acusados junto a su compañera María Jesús y su “consiglieri” Castillejo: “Nunca me apropié del dinero del sindicato” y “jamás” se cuestionaron internamente las cuentas del sindicato minero SOMA-UGT que se aprobaban “por unanimidad”, afirmaba el ex secretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa.
Desde ese momento, la admiración por el “padrino” se había trocado en escándalo y toda la familia socialista del SOMA-UGT-PSOE pasaron a escenificar la condena del hereje, expulsado de sus filas de una manera exprés sin darle opción a abrir ni siquiera la boca, con un objetivo muy claro de querer hacer ver ante la opinión pública que lo del “Villamocho” era un caso de degradación personal, particular, que en absoluto afectaba a la “famiglia socialista”, y vino la primera querella del SOMA por supuesta apropiación indebida de 420.000 euros, a la que se sumaba la acusación de la Fiscalía pidiendo cinco años de cárcel. Sin embargo, dígase lo que se diga por parte de los querellantes en su conjunto, y preséntense las querellas criminales que se quieran, el juicio que se iniciaba no era más que el cuestionamiento de una larguísima etapa política asturiana en el que el virrey de Asturias – José Ángel Fernández Villa – mandaba por encima de las instituciones, tal y como ha quedado explicado con anterioridad.
Allí, sentado en el banquillo de los acusados, aquella imagen de un Villa con un pañuelo blanco limpiándose la baba que le caía entre sus labios distaba mucho de la de aquel otro poderoso Villa luciendo su cigarro puro “cohíbas” cuyo humo exhalaba entre el ordeno y mando. Sentado entre su compañera María Jesús Fernández y el otro acusado, su “consiglieri” Pedro Castillejo, podría hasta provocar cierta compasión, si no fuera porque durante 34 años había ejercido su poder omnipresente en Asturias.
Después de todo un proceso judicial realizado a base “trompicones” como consecuencia de las “locuras” y los ingresos hospitalarios de Villa, por fin, con fecha 20 de setiembre de 2018, la Audiencia Provincial hacía pública su sentencia condenatoria contra José Ángel Fernández Villa por un delito de apropiación indebida continuado.
Portada del diario La Nueva España, el 21 de setiembre de 2018
El tribunal, presidido por la Magistrada María Luisa Barrio, le imponía tres años de prisión y una multa de 24.000 euros – diez meses a razón de 80 euros el día -, así como la indemnización al SOMA de 431.330 euros, prácticamente la cuantía que el sindicato minero le reclamaba. Su condena se sumaba a la de su “consiglieri” Pedro Castillejo, el otro acusado en el juicio del “VILLAMOCHO”, que también fue condenado a dos años de prisión por el mismo delito, así como a la indemnización a la fundación somática INFIDE de 114.954 euros.
Con la sentencia en la mano, ésta considera probado que, desde noviembre de 1989 hasta enero de 2001, Villa «vino recibiendo» de la empresa Hunosa, además de otros ingresos por su condición de consejero de la empresa, cheques extendidos a su nombre por cantidades que el sindicato había de percibir en concepto de dietas por la asistencia de sus miembros al comité intercentros. Sin embargo, estos cheques, recoge la sentencia, los cobraba Villa bien directamente o bien a través de otra persona designada por él. Una apropiación que se eleva a 234.462 euros. También se considera probado que, a partir de febrero de 2001, cuando Hunosa modificó el sistema de abono y comenzó a hacerlo mediante transferencia bancaria, Villa abrió una cuenta bancaria a nombre del SOMA desde la que, a su vez, transfería el dinero recibido a otra cuenta, también a nombre de esta organización sin actividad sindical – el SOMA era una cosa y el SOMAFITAG-UGT era otra -, donde se recibían los citados ingresos por parte de la hullera pública. Sin embargo, era el SOMA-FITAG-UGT quien se encargaba de abonar las dietas por la asistencia al comité intercentros con los ingresos de sus afiliados.
Esta sentencia condenatoria contra José Ángel Fernández Villa ha sido acogida en Asturias con bastante indiferencia. La misma con la que la opinión pública ha condenado al ostracismo hace tiempo a quien fuera el generalísimo del PSOE y de los mineros asturianos durante 34 años.
El paro juvenil se duplica desde 2008 en la región y alcanza el 44,5% en el año 2018, y solo uno de cada cuatro trabaja o busca empleo. La falta de trabajo ha obligado a emigrar ya a más de 41.600 jóvenes de entre 16 y 35 años en la última década.