18 de abril
He dormido algo despierto, creo, llenándome de obligaciones interiores para cuando fingiese despertar. Y aquí estoy, un 18 de abril, para iniciar mi trigésimo quinto día de arresto domiciliario, de tal manera que, una vez duchado y aseado, me dispongo a realizar la revisión médica semanal casera de los sábados, para Irma y para mí: Peso: 122,5 kilos, Presión Arterial 160/80, Pulsaciones: 56, Glucosa: 126 mg/dl y Temperatura: 36,5 grados. Quedamos los dos en perfectas condiciones para resistir, de momento, hasta el 10 de mayo.
Sin embargo, aunque el tensiómetro me marque 56 pulsaciones, el cabreo que tengo es mayúsculo, al sentirme manipulado y engañado por estar asistiendo a un espectáculo tan deplorable como vergonzoso y miserable por parte del gobierno de España. Me refiero a las cifras que nos vienen ofreciendo desde el ministerio de Sanidad donde España registra 565 nuevas muertes en las últimas 24 horas, alcanzando la cifra de 20.043 muertos por coronavirus de igual manera que aumenta el número de infectados hasta 191.726. Ahora llega el ministro de Sanidad, el filósofo catalán Salvador Illa, y nos anuncia a través de una orden publicada en el BOE para modificar el sistema de contabilizar el número de muertos e infectados reales, tratando de justificar su preocupante inoperancia y total descoordinación entre las administraciones central y autonómica para hacer frente a esta catástrofe que no revela sino la hipocresía de un gobierno parapetado en excusas de todo tipo con tal de eludir sus propias responsabilidades. Lo he dicho en mi primer diario del 15 de marzo y lo digo ahora: ¡habéis sido unos auténticos irresponsables y, aunque no sea ahora el momento para exigiros responsabilidades políticas y penales, ello no quiere decir que, una vez solventado el principal problema de salvar el mayor número de vidas humanas, tengáis que responder cuando llegue la hora!
Que un Estado moderno como España no sea capaz de ofrecer el número exacto de víctimas de una enfermedad tan devastadora dice mucho de nuestras deficiencias estructurales y negligencias políticas. Primero minusvalorando los riesgos de la pandemia y ahora mostrando una total incapacidad de concretar ese plan de desescalada, precisamente porque se está mintiendo en el número de muertos e infectados reales.
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Datos de la OCDE sobre la situación del sistema sanitario de España (Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2017)
Por si esto no fuera suficiente, el gobierno, después de 35 días de arresto domiciliario, basa el diseño del desconfinamiento en los test sobre los que no tiene información, o tiene una mínima información. El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, reconocía ayer mismo, en una de sus comparecencias diarias que “si los datos tienen demasiadas distorsiones las decisiones resultan muy difíciles de tomar”.
Por otra parte, tal y como se puede apreciar en los cuadros adjuntos, nuestro país se está enfrentando a esta catástrofe con un importante déficit de inversión en Sanidad respecto a los niveles de la Unión Europea. El esfuerzo público representa el 71% de todo el gasto sanitario, cifra muy inferior al 79% que arroja la media de la Unión Europea, mientras que el gasto directo de las familias representa un porcentaje mucho mayor.
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El Plan Presupuestario 2020 que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea en cumplimiento de la normativa comunitaria contempla, entre otras lindezas como la conocida “mochila austriaca”, un ahorro de 250 millones de euros para el próximo año, en materia de gasto farmacéutico. Así, se estima que la implementación de estas medidas suponga ahorros de 50 millones de euros y 200 millones, en 2019 y 2020 respectivamente”.
No nos engañemos, pero, sobre todo, que nadie trate de seguir engañándonos, porque estas cifras son las mismas que figuran en los planes presupuestarios presentados en Bruselas. Es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez prometió elevarlos y, de hecho, en el acuerdo de gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos se recogió la necesidad de revertir la situación, pero no es menos cierto, que a la fecha de hoy nadie lo ha hecho y, dada la actual crisis y la nueva prórroga presupuestaria – se sigue gobernando con los presupuestos del PP, rechazados en su momento por el PSOE -, parece muy poco probable, por no decir imposible que se vaya a cambiar nada de lo entregado documentalmente. De todo ello, lo má grave del informe de la OCDE, es la temporalidad existente entre los sanitarios de los hospitales españoles, con un 30% de los empleados con contrato temporal en ese año 2017, frente al 27% que había en 2012. Yo mismo, desde que recibí mi segundo infarto agudo de miocardio, no he sido capaz de realizar una sola revisión anual con el mismo cardiólogo o cardióloga, hasta el extremo de estar citados en cierta ocasión para la revisión anual y quedar anuladas todas las citas hasta nuevo aviso por la sencilla razón de que no había cardiólogos en el Hospital Valle del Nalón.
Cuando estoy redactando mi diario de hoy, 18 de abril, me llega la triste noticia del fallecimiento de dos médicos por coronavirus, el jefe del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Albacete, Ricardo Pérez Flores, y el doctor Jesús Vaquero, jefe de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, a los que hay que añadir los 26 muertos anteriores, en muchos casos por el uso de material defectuoso, y los 19.400 sanitarios infectados.
Hace unos días, el CIS de Tezanos, el hombre que jamás acertó una sola encuesta electoral, desde que empezó su labor de la mano del extodopoderoso Alfonso Guerra, lanzaba una estadística diciendo que el 90% de la ciudadanía llevaba bien el confinamiento y que el 97,3% apoyaba las medidas del gobierno para frenar la crisis. Al principio no entendía yo para que querría el gobierno una estadística con esos resultados tan abrumadores, pero después, al leer la pregunta de si se estaba de acuerdo en prohibir los fake news para remitir exclusivamente la información de la pandemia a las fuentes oficiales me dí perfectamente cuenta de que el Gobierno lo que pretende no es la prohibición de los bulos, sino tener la patente en la difusión de los mismos. En definitiva, lo que pretenden es cerrar la boca a los que no les bailan el agua, llegando a tal grado de desfachatez que, incluso ministros y altos dirigentes del PSOE se permiten el lujo antidemocrático de remitir cartas con membrete oficial del partido a sus militantes para que denuncien aquellos que pongan reparos a los procederes del gobierno sanchista.
Es verdad que la pandemia ha permitido que aceptemos una intervención del Estado en nuestras vidas que jamás no habríamos tolerado en condiciones normales. A fin de cuentas – dicen – es por nuestro bien. Puede ser hasta comprensible, pero no es menos cierto que el poder es invasivo y, aunque siempre nos asegure tener buenas intenciones, la realidad suele ser distinta, entre otras cuestiones, porque cuando el poder que cedes es un poder que concedes, y ese poder al que renuncias no se vuelve a recuperar con facilidad. Es decir, aquello que se admite en una situación excepcional acaba convirtiéndose en una nueva normalidad. No quisiera yo hacer una mirada retrospectiva hacia los años 70 cuando gritábamos en nuestras manifestaciones aquello de “más escuelas y menos policías” por otro de “más policías y menos escuelas”.
En una rueda de prensa celebrada ayer, responsables de seguridad informaron que quien más propuestas de sanción acumula en aplicación de la ley mordaza, son las policías locales, con 250.750 actas levantadas desde que el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Le sigue la Guardia Civil, con 169.940, y luego la Policía, con 156.813 propuestas. Los Mossos d’Esquadra, por su parte, han tramitado ya 48.254 actas y la Ertzaintza otras 7.705. (La Vanguardia, 18 de abril de 2020)
