OPERACIÓN HULLA

José Antonio POSTIGO, alias “El Largo”, minero del Pozo Nicolasa, nacido en la localidad malagueña de Fuengirola, lugarteniente de Villa en el SOMAFIA-UGT y Presidente del Montepio Asturiano de la Minería del Carbón.

«Yo espero que esto nunca se lea, pues si se lee es que estoy muerto y no quiero que mi familia lo pase mal. Todo lo que somos se lo debemos a José Ángel y nunca se lo agradecen» (Archivos personales de Postigo, el año 2002)

Quien así se expresaba literalmente era el mismísimo expresidente del Montepío de la Minería Asturiana del Carbón, José Antonio Postigo, a la vez que lugarteniente del capo Villa, en los papeles que le fueron sustraidos en una de sus cajas fuertes donde el principal acusado en la Operación Hulla delata de su puño y letra los cobros de las “mordidas” por parte de sus dos antecesores en la presidencia del Montepío de la Minería, Alfredo Álvarez Espina y Ricardo López Estébanez. El primero, un extubero en el Pozo Montsacro de Hunosa que fue alcalde de Riosa entre los años 1983 a 1991 , y el segundo, un peón del exterior en el Pozo La Camocha que fue candidato a la alcaldía en el concejo de Morcin, cuyos méritos de ambos para alzarse con la presidencia de la institución de los mineros fue haber sido dos de los principales lameculos de Villa.

Postigo ya había intentado en los finales de los noventa asaltar la presidencia del Montepío. Era su obsesión, pero no lograría su ansiado anhelo de presidirlo hasta el años  2006. Al poco tiempo de iniciada su gestión ya empezaron a circular anónimos sobre la “mansión” que se había construido en una urbanización próxima a Mayorga, en Valladolid, gemela de la construida a su lado por el constructor del geriátrico del Montepío en Felechosa, hasta que en 2011, denunció públicamente  que tanto él como su entorno familiar, sindical y político estaban siendo víctimas desde hacía meses de una maniobra de “acoso, extorsión, amenazas y difamación”.

Y es que “El Largo”, como se apoda al Postigo, suele volverse  bastante peligroso cuando se siente acorralado. De hecho, aún son muchos los que en el SOMA le tienen pánico, entre ellos, el mismísimo presidente del Montepío Minero en la actualidad, Juan José Pulgar: “Saben que éste como se despeñe arrastrará con él a todos los que pueda. Y alguno tiene mucho que perder”.

Esa especie de memorias Postigo escribe literalmente: «Todo esto que describo es muy resumido de las conbersaciones pues mi unico objetivo es solucio- lo mejor que se y que no le siga teniendo pagar siempre los platos rotos al mismo pues siempre utilizan su nombre sin que esta person sepa nunca nada y no quiero que bajo nungun concesto nadie empañe su nombre porque no lo merece y Tdo lo que somos se lo debemos a el, que el lo a dado Todo por los demás y nunca se lo agradece nadie si no Todo lo contrario lo culpan de Todo lo malo sin saverlo el» (sic).

De esta manera, después de llevarse a cabo un careo entre los dos consiglieri de Villa – los expresidentes Ricardo y Espina –, celebrado en el Hotel Aitana de Madrid, donde ambos, después de negar los hechos, se vinieron abajo reconociendo los mismos, “el Postigo” concluía en que solo había dos soluciones: presentar denuncia en los juzgados o que ambos presentaran la dimisión de manera inmediata, “poniendo la causa y las fechas que ellos mismos quisieran”, tal y como ocurrió después con las dos dimisiones aludidas, presentadas por escrito, no sin antes tratar de poner ciertas condiciones a las que se negó rotundamente “el Postigo” contestando que “lo tomaban o lo dejaban” a la vez que les mostraba varios folios del dossier manuscrito en donde aparecían anotaciones, desde 1990 hasta la navidad de 2000, con alusiones a vídeos, y grabaciones telefónicas sobre el cobro de “mordidas millonarias”, donde aparecen personas, lugares y establecimientos públicos con los lugares donde  tuvieron lugar los pagos y los cobros, así como las cantidades de dinero y el nombre de una empresa: Promociones Europa, la constructora que había impulsado el gran proyecto inmobiliario del Montepío en los inicios de los años 90, con más de cien apartamentos en la localidad murciana de Los Alcazares, que supuso la primera de las millonarias operaciones inmobiliarias de la mutua minera que se prolongaría hasta el año 2003, con la polémica compraventa de apartamentos en Los Alcazares murcianos y Roquetas de Mar en Almería, hasta donde se extendió el complejo hotelero del Montepío.  En efecto, el primer paso de la Operación Hulla, una vez conocida la grandiosa tarta económica que escondía aquella mutualidad que un día crearan y gestionaran los mineros asturianos de una manera tan desisteresada como honrada, siempre al servicio de los trabajadores de la mina y de sus familias, consistía en quitarse del medio a los maxímos gerifaltes de la institución para hacerse con las riendas del mismo y realizar grandiosas operaciones, tales como la que nos ocupa en este capítulo dedicado principalmente al geriátrico de Felechosa en el concejo asturiano de Aller.

La aparición de estos documentos de “el Postigo” no vienen sino a corroborar la trama corrupta que se montó en torno al Montepío de de la Minería desde hacía décadas, pero nada mejor que empezar por el principio de la misma para una mejor comprensión del asunto que tratamos.

Las primeras líneas del amplio dossier dejan muy claro el contenido de la trama corrupta, según deja escrito de su puño y letra “el Postigo” en sus diarios: “Cuando me entero de que Ricardo  y Espina y otros están forrándose con el Montepío, ilegalmente por supuesto, pido que me den pruebas”. Más adelante les va indicando que sus informantes, con la condición de no ser delatados, le han aportado todo tipo de “pruebas, grabaciones y vídeos apareciendo ambos haciendo negocios donde exigían pagos, cenas y comidas donde incluso participaba hasta la mujer de Ricardo López Estébanez”, por aquel entonces presidente del Montepío y “cabecilla de todo el entaramado mafioso”.

Papeles de “El Postigo” donde a modo de diario va relatando todos los pormenores que usó para “cargarse” a los expresidentes corruptos del Montepio Minero, Ricardo y Espina.

Anotaciones aparecidas en los papeles de “El Postigo” sobre el pago de “mordidas” en las operaciones inmobiliarias del Montepío Minero en Murcia y Almería.

Detalle del reparto de algunas de las mordidas que aparecen en los papeles de “El Postigo” por valor de 595 millones de pesetas.

En efecto, tal y como se recoge en el libro “Villamocho”: La corrupción en el sindicalismo minero”, y como quiera que el virrey del PSOE en Asturias – José Ángel Fernández  Villa -, no sólo se encuentra afectado de la enfermedad de la cleptomanía sino que, según algunos informes médicos publicados, ha entrado en una fase aguda de “síndrome confusional”, le voy a recordar, a modo de resumen, en qué consistió lo del Ottagono, Novvenno y Deccinmo caso de corrupción en Cajastur, cuya iniciativa parlamentaria para su investigación, aprobada en la Junta General del Principado de Asturias, a propuesta del autor de este libro Antón Saavedra, y aprobada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, sigue durmiendo el “sueño de los justos” en los archivos de la Junta General del Principado de Asturias: Allá por los años 89, 90 y 91, el conocido empresario Manuel Lloriana “El Atacau” compraba unos terrenos en la Manga del Mar Menor de Murcia por el precio de 1.191 millones de pesetas, y diez meses más tarde, esos mismos terrenos eran adquiridos por Cajastur al precio de 2.050 millones de pesetas, generando unos beneficios para el empresario Lloriana de ochocientos cincuenta y nueve millones de pesetas, dándose la circunstancia de que el asesor legal de la operación era el mismo para ambas partes. Según consta en la escritura pública de compraventa, Cajastur adquirió al amigo de Villa 163.364 metros cuadrados, sin embargo, la dirección de la entidad bancaria, presidida por Ángel Fernández Noriega, informa al Consejo de dicha entidad que los metros cuadrados adquiridos fueron 212.759, es decir, se mintió al Consejo para dar a la operación visos de rentabilidad que no tuvieron para Cajastur, aunque sí para el vendedor y para los receptores de las “mordidas”. Como dato puramente anecdótico, pero significativo, decir que ocho años después de la operación, el precio del metro cuadrado aún no había alcanzado el pagado por la entidad bancaria ocho años antes.

Apartamentos del Montepío de la Minería Asturiana del Carbón en la localidad murciana de Los Alcazares.

Pero, la grotesca y sucia operación no terminaba aquí, porque Ottagono, la sociedad participada por Cajastur, construía en los terrenos viviendas y apartamentos, concediendo su comercialización a la empresa creada al efecto con el nombre de Gradior, vinculada al amigo de Tini Areces, Julio García Noval, que en un año no había vendido una sola vivienda, pero a la que Ottagono había pagado 130 millones de pesetas porque el contrato firmado por el entonces subdirector de Cajastur y presidente de Ottagono, Joaquin García, había concedido a la sociedad Gradior un seis por ciento de comisión, se vendieran o no se vendieran las viviendas y apartamentos , lo que le supuso a la empresa en cuestión unos ingresos de 130 millones por hacer exactamente “nada” a cambio.

Resultan muy ilustrativas al respecto las declaraciones públicas del entonces vicepresidente del Montepío Minero, Joaquín Uría San José, cuando decía públicamente en los medios de comunicación: “… yo comprobé que efectivamente el precio de aquellos adosados se ajustaban al del mercado pero no entendía el por qué estaban implicados en aquella operación el entonces secretario de asuntos económicos del PSOE federal, Fernández Marugán, y el propio presidente de Cajastur, Ángel Fernández Noriega. No lo veía nada claro, así que voté en contra (…) Un empresario de Promociones Europa, relacionado con el tema, me llamó para adularme y para decirme que ellos me debían algunas cosas (…) También me negué a derivar la gestión de las propiedades del Montepío Minero a las empresas S.L., para privatizar algo que hicieron tan pronto como salí de la Comisión Regional del Montepío, perdiendo más tarde el carácter solidario del Montepío desde aquel año de 1989…”

Apartamentos del Montepio Minero en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

En plena “guerra judicial” por un asunto de malversación en la compraventa de propiedades inmobiliarias del Montepío Minero en Murcia y Almería, de repente, allá por el años 2003, en una operación “express” la Comisión Regional del Montepío Minero, bajo la presidencia del exalcalde del PSOE en Riosa, Alfredo Álvarez Espina, decide deshacerse de 61 chalés adosados en su residencia de Los Alcázares, obteniendo la cantidad de 3.299.551,6 euros que, mediante compensación de créditos, se emplean en la adquisición de 149 apartamentos en un nuevo edificio de la localidad almeriense de Roquetas de Mar – el edificio tenía exactamente 30 años de existencia, tal como quedaría acreditado documentalmente -, en una operación por importe de 10.818.217,88 euros. Hasta aquí, una operación mercantil normal, si no hubiera sido porque algunos mutualistas que pasaban sus vacaciones en “su” complejo turístico de Los Alcázares observaran en los anuncios de una agencia cercana que ponía a la venta los inmuebles a unos precios que iban desde los 96.000 hasta los 102.000 euros por apartamento, unas cifras que en absoluto encajaban con el precio que el Montepío había obtenido por ellos, lo que daría lugar a la creación de una Plataforma para la defensa patrimonial de todos los mutualistas.

Previamente a la constitución de la Plataforma de Mutualistas, sus promotores descubrían que la empresa compradora de los apartamentos de Los Alcázares – Mitra XXI – y la que había vendido los de Roquetas de Mar – Forlaca – eran del mismo empresario: Sergio Díaz Sariego, un exminero del Pozo Olloniego, natural del concejo de Riosa, municipio donde su suegro, Amado Hevia, exminero del Pozo Nicolasa y empresario minero-maderero, había sido vicealcalde con Alfredo Álvarez Espina como alcalde, ambos del PSOE: “… En Roquetas, el Montepío compró claramente por encima del precio de mercado, y en Los Alcázares, vendió por debajo. Ahí corrieron los maletines. En las altas esferas de la dirección del Montepío hubo al menos dos maletines de entre dos y medio y tres millones de pesetas…”, recuerda el exdirigente de CC.OO. en la dirección del  Montepío Minero, Juan Francisco Cañete.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de la localidad murciana de San Javier admitiría a trámite la querella presentada por la Plataforma creada a los efectos descritos aunque, después de varias “gestiones” y “reclamaciones” realizadas por la dirección del Montepío Minero, de manera sorprendente el caso sería trasladado a Oviedo, donde una tal María Luisa Llaneza, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, se encargaría de “pegarle carpetazo al caso” en el año de 2008, a pesar de que previamente la Audiencia Provincial de Oviedo había pedido que se agotara debidamente la investigación de la causa.

El farragoso y largo proceso judicial acabaría en el Tribunal Constitucional para darle “carpetazo” definitivo en el año 2010. No obstante, con fecha 11 de julio de 2014, el Fiscal Delegado de Delitos Económicos del Principado de Asturias, Iñigo Gorostiza, solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel y el pago de 1.240.902 euros para el empresario morciniego, Sergio Díaz Sariego, administrador único de la firma Mitra XXI, acusado de un fraude a la Hacienda Pública de 620.451 euros con la operación “archivada”: “El acusado, Sergio Díaz Sariego, natural de La Foz de Morcín y domiciliado en Oviedo, fue administrador único de la sociedad Mitra XXI entre el 3 de febrero de 2003 y el 23 de julio de 2004, cuando el 28 de febrero de 2003, Mitra XXI compró al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana 61 apartamentos en la urbanización Los Alcázares de San Javier (Murcia) por 54.091,09 euros cada uno, lo que hace un total de 3.259.556,49 euros, más cuota del IVA al 7 por ciento. Ese mismo año, Mitra XXI vendió 48 de los apartamentos por un precio escriturado de 72.121 euros cada, es decir, por un total de 3.461.808, euros. Sin embargo, la sociedad entregó las viviendas a un precio real superior al que figuró en la escritura, siendo el precio real por cada apartamento de 100.420,68 euros, cantidad que multiplicada por las 48 viviendas vendidas ese año arroja una cifra total de ingresos de 4.820.192,64 euros para el ejercicio de 2003. El fiscal señala que en 2003 Mitra XXI no presentó la declaración correspondiente al Impuesto Sobre Sociedades y tampoco presentó contabilidad del ejercicio 2003 en el Registro Mercantil. La sociedad se negó a la actuación inspectora de la Agencia Tributaria, calculando la fiscalía que la cuota íntegra defraudada asciende a 620.451,15 euros.” En el juicio celebrado, el empresario Sergio Díaz Sariego resultaría condenado, si bien la sentencia tendría una pequeña reducción sobre la pena que se solicitaba tras una apelación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Descubierto aquel estercolero donde se encontraba sumida la corrupta gestión de los gestores del Montepío Minero, nada hacía suponer que, con el nuevo hombre de Villa en la presidencia de la institución – José Antonio Postigo -,  aquello continuase removiéndose entre la mierda, cuando de manera sorprendente reventaban las alcantarillas que sacaban a la luz pública casi toda la corrupción que se venía “tapando” entre las paredes de lo que un día fue ejemplo de la solidaridad minera, actuando como telón de fondo la auténtica “joya de la corona”: el tristemente conocido “SPA” construido en la localidad allerana de Felechosa con el dinero de los más que tristes Fondos Mineros, para lo que el “capofamiglia Villa”, en su calidad de máximo responsable del SOMAFITAGUGT, había logrado la nada desdeñable cantidad de 31 millones de euros para su construcción, después de una reunión mantenida en la localidad leonesa de Rodiezmo con el presidente del gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero.

Postigo, Alfonso Guerra, Villa, López y Pulgar (actual presidente del Montepío Minero) en la localidad leonesa de Rodiezmo.

Evidentemente, el proceso no resultaba nada fácil, puesto que para llevar a cabo el proyecto de una entidad privada como el Montepío Minero, no sólo bastaba la aceptación y reserva de fondos, sino la modificación, entre otras exigencias administrativas, de un Real Decreto que acogiese la singularidad de la iniciativa pero, para eso estaba el salmantino Caldera como Ministro de Trabajo en el gobierno zapatelinesco, y si era necesario usar el “tipex” para falsificar lo que fuera necesario, se falsificaba y punto.

En efecto, el Montepío Minero fue la única entidad privada que recibió el dinero del Ministerio de Industria, y al contrario que los ayuntamientos y el Principado de Asturias, no tuvo que convocar un concurso público abierto y transparente para adjudicar las obras al amigo del presidente  Postigo, Juan Antonio Fernández,  un exalbañil de Pola de Lena sin ninguna capacidad empresarial para afrontar una obra de esas características y magnitudes con su pequeña empresa “Sociedad Alcedo de los Caballeros”, ubicada en el polígono lenense de El Masgaín,  hasta que dos años después de su inauguración por los actuales reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortíz, el dinero negro comenzaba a aflorar. Primero fue el “capofamiglia Villa”, quien blanqueaba 1,4 millones de euros, después se conocía que su “consiglieri” Postigo blanqueaba otros 300.000 euros, la hija de éste otros 50.000 euros, y así sucesivamente hasta que aflore el total del dinero blanqueado, en manos de estos y otros sujetos de la trama corrupta.

”SPA GERIATRICO” del Montepío de la Minería Asturiana construido en la localidad allerana de Felechosa.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que recibió el “soplo” de la oficina bancaria ovetense donde había llegado el dinero, sería el encargado de destapar las corrupciones de “El Postigo” al frente del Montepío Minero, gobernado a su antojo desde que llegó a la presidencia en el año 2006, donde disfrutaba de todos los lujos como cualquier presidente en el Consejo de Administración de una gran empresa, con su coche y chófer particular y su tarjeta Visa a la que cargaba “gastos de representación”, quedando confirmado el alto nivel de vida de este expicador de carbón en el  Pozo Nicolasa de Hunosa que, además de su residencia habitual en Mieres, tenía otras propiedades inmobiliarias en Murcia, en Málaga y un gran chalé en la localidad vallisoletana de Mayorga, justamente al lado de otro perteneciente a Juan Antonio Fernández, el exalbañil empresario que levantó el “SPA Geriatrico de Felechosa”. Por si no fuera suficiente, Postigo “El Largo” enchufaría a sus dos hijas, a Patricia en el Montepío, como administrativa con contrato blindado de 50.000 euros, y a Elena en la empresa de su amigo Fernández, el constructor del SPA en Felechosa, enchufando también como gerente del mismo a Rolando, el hijo reconocido por Villa, con otro blindaje de 80.000 euros, hasta que, con el nombramiento del nuevo presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, tanto el hijo de Villa, como la hija de Postigo, así como su compañera sentimental, la rumana Dorina Bicher – gerente de Los Alcázares, también con un contrato millonario blindado – serían despedidos.

Lógicamente, para construir el mega geriátrico de Felechosa había que elegir los terrenos donde ubicarlo, optando por la localidad allerana de Felechosa donde todos los concejales del Ayuntamiento de Aller “con independencia del grupo municipal al que pertenecieran” decidieron aprobar todos los trámites que fueran necesarios para que aquella construcción se levantara en el concejo “con independencia de los documentos jurídicos que hubiera y de las advertencias en contra que se les hiciera”, tal y como se recoge del documento de 46 páginas suscrito por los fiscales, una vez escuchadas las declaraciones de los técnicos municipales en calidad de testigos. En el mismo documento de los fiscales queda recogido literalmente que todos los concejales “obviaron inmotivadamente los informes desfavorables” elaborados por “los funcionarios más cualificados de la corporación”, tal y como se acredita en los propios documentos oficiales. Según la fiscalía, “la patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley”, añadiendo por mi parte que, más del 95 por ciento de todos los trabajadores que prestan sus servicios en el geriátrico del Montepio Minero son familiares y estomagos agradecidos de los concejales, pandilleros sindicales y demás componentes de la piara que pacen en la pradera allerana.

Informe desfavorable de la Oficina Técnica Municipal firmado por el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Aller.

Una cuestión ha quedado demasiado aclarada, tal y como queda recogido en los distintos documentos oficiales. El gobierno del PSOE, durante el mandato de José Luis Rodrígez Zapatero, dio las instrucciones necesarias para desviar fondos de Industria al clan de Fernández Villa por valor de 31 millones de euros, de los cuales, solo se han gastado 13 millones de euros, según el informe concluyente del Tribunal de Cuentas  cuando afirma que el sobrecoste de la obra ha sido de 18 millones de euros más que lo presupuestado inicialmente, esto es un 61% superior en comparación con otras infraestructuras promovidas por entidades públicas. ¿Donde están esos 18 millones de euros de los sobrecostes?¿Quien se los ha llevado? ¿Cuándo dinero ha llegado a Suiza?¿Cuánto a Rumanía? ¿Cuánto dinero público se desvió  a través de la TV de las Cuencas?

En fín, una tarea que los Tribunales de la Justicia nos aclararán en el proceso judicial de la “Operación Hulla” que se sigue instruyendo para juzgarse muy proximamente, donde un informe de la Fiscalía Anticorrupción que acaba de emitir con fecha 29 de mayo de 2019 apunta a la mercantil Cuencas Mineras Televisión como canal “opaco” para el desvío de los fondos públicos destinados a la construcción del geriatrico del Montepío en Felechosa. La Fiscalía Anticorrupción, que lidera los trabajos de investigación llevados a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, cree que algunos de los imputados en la “Operación Hulla” utilizaron esta empresa para desviar parte de la millonaria subvención de fondos mineros recibidos por el Montepío para la construcción del geriátrico. Un argumento más que se añade al que ya habían apuntado los fiscales Carmen María García Cerdá e Ignacio Stampa que, en base a diferentes testimonios ya venían advirtiendo de la posible utilización de la empresa televisiva – sociedad que estuvo a punto de ser adquirida en su día por el constructor del geriátrico – como uno de los soportes de las presuntas “mordidas” que habría conseguido el constructor de la obra, el lenense Juan Antonio Fernández, por parte de algunos de los empresarios que participaron en los trabajos.

En este mismo escenario, el Ministerio Fiscal también tomaría en consideración tres anónimos remitidos a la Fiscalía que serían enviados a la jueza que instruye la “Operación Hulla” y que apuntan hacia Rumanía con nombres y transacciones muy concretas donde las ahora exdirectoras de las residencias del Montepío en Roquetas del Mar, en Almería y Los Alcazares, en Murcia – Dorina Bicher y Daniela Cosbuc -, ambas relacionadas sentimentalmente con el expresidente del Montepío, “El Postigo”, eran las encargadas de cobrar el 10 por ciento establecido para las empresas con las que trabajaban en los destinos vacacionales, siendo los receptores de ese 10 por ciento ellas mismas, “el Postigo” y el exvirrey del PSOE en Asturias, José Ángel Fernández Villa.

Recientemente, por si no fuera suficiente con lo expuesto, con fecha 10 de febrero de 2020, el Tribunal de Cuentas emitía un demoledor informe de fiscalización, elaborado a instancias de las Cortes Generales, sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los ejercicios 2006 y 2017, diciéndonos que ni una sola cosa se ha hecho dentro de la legalidad. Este organismo confirma que el Montepío «había incluido indebidamente» dos facturas por importe de 945.500 euros y que había otra factura de 50.225 euros de una empresa cementera, dirigida al contratista de la construcción de la residencia en Asturias, pero que consta que el trabajo se hizo en otra residencia propiedad del Montepío en la localidad murciana de Los Alcázares.

En su amplio informe, el Tribunal de Cuentas destaca que las obras «se iniciaron con anterioridad a la cumplimentación de los trámites urbanísticos, (entre otros, trabajos de movimiento de tierra), mientras que la licencia de obra fue concedida el 22 de septiembre de 2010, un año y cuatro meses después».

Pero, además – continúa el informe -, el sector de planeamiento urbanístico donde se localizan las parcelas en las que se ubica la residencia tenía, en aquel momento – mayo de 2009  – calificación de «suelo rural de uso agropecuario», por lo que la construcción del complejo residencial «se inició al margen de la legalidad urbanística, ya que dicha construcción no era posible sin una previa modificación del planeamiento urbanístico del municipio, lo que requería, adicionalmente, la aprobación de un plan parcial».

El informe apunta también irregularidades en el convenio firmado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), el gobierno del Principado de Asturias – presidido por Vicente Alberto Álvarez Areces del PSOE – y el Montepío. Este se rubricó el 21 de julio de 2009, días antes de que entrara en vigor el nuevo real decreto, que sustituía al de 2007, para ampliar el límite del 1% de los fondos para la financiación de infraestructuras de titularidad de entidades sin ánimo de lucro ajenas al sector público. El convenio fue autorizado por el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2009.

En otro orden de despropósitos, la obra fue subcontratada en su totalidad sin poder hacerlo, pagando unos precios por metro ejecutado que triplicaban los de cualquier obra similar a la vez que utilizando materiales de muy inferior calidad a los facturados, hasta el punto de tener que invertir en octubre de 2019, esto es, a los siete años de su inauguración por los reyes de España, más de 1,4 millones de euros para corregir y subsanar los importantes defectos de la obra originaria detectados y peritados como “patologías y defectos constructivos”.

Trama de corrupción de la “Operación Hulla” en torno al geriátrico del Montepio de la Minería.

Pero la  “Operación Hulla” no solo se queda en la construcción del geriátrico de Felechosa, porque la línea de investigación abierta en relación a la gestión de los fondos mineros para la reactivación de las comarcas mineras, que supuso una lluvia de muchos miles de millones de euros para el Principado, sigue marcando las tareas de la UCO, entre otras cuestiones, porque nadie puede ignorar que los sindicatos, y especialmente José Ángel Fernández Villa, tuvieron un papel destacado en el reparto y gestión de esos fondos hasta que  los agentes llegaron hasta el agujero negro en el que se convirtió la construcción de la residencia de Felechosa, donde las “mordidas” llegaron a alcanzar hasta el 230 por ciento.

Al respecto, llama poderosamente la atención de los investigadores que no se hubiera producido por parte de los sindicatos ninguna reacción frente a determinadas decisiones que «han perjudicado a la economía de las comarcas mineras» como, por ejemplo, la compra de minas en el Principado «supuestamente deficitarias» por parte de empresarios – se cita concretamente el caso de Victorino Alonso – para cerrarlas «casi inmediatamente». Unas operaciones que, según recoge el informe policial, podrían perseguir «la acaparación de cuotas de carbón» y, como consecuencia, la obtención de más ayudas públicas. Dieciocho empresas mineras de la zona de Asturias y León se repartieron ayudas que sumaban 2.382 millones de euros entre 2004 y 2012, en ocasiones gracias a la complicidad de los sindicatos. Un hecho que no ha pasado desapercibido por la UCO, máxime cuando existen múltiples testimonios que apuntan en esta dirección para explicar el origen del dinero negro de Villa.

La realidad es que el sumario que se sigue instruyendo en los juzgados debe de ser muy amplio, cuando los jueces han decidido ampliar la instrucción del mismo durante más tiempo hasta la celebración del juicio oral. De hecho, con fecha 19 de enero de 2020 saltaba a los medios de comunicación un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que solicita que se abra una investigación no solo al secretario de la Energía del gobierno de Zapatero, Pedro Luis Martín Uribe, sino al gerente del Instituto de la Minería, Carlos Fernández Álvarez, e incluso al entonces consejero de Industria del gobierno asturiano Graciano Torre, por haber facilitado la concesión de 30 millones de euros con cargo a los fondos mineros para el geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad allerana de Felechosa. Según Anticorrupción, “habrían consentido, con sus actuaciones a favor, que los fondos mineros que tenían por objeto financiar la creación de infraestructuras que debían de servir de soporte para nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo, sufragasen la construcción de un nuevo complejo residencial explotado por el Montepío de la Minería. También habrían permitido que dichos fondos enriqueciesen fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás del proyecto”.

Según la Fiscalía Anticorrupción, José Ángel Fernández Villa “habría concertado con autoridades o funcionarios del Principado de Asturias y del Ministerio de Industria, previamente a que tuviese lugar la distribución de ayudas 2008/2009, no solo el compromiso de aprobar como proyecto a subvencionar la construcción de la Residencia de Mayores, sino entregar fondos mineros hasta la cantidad de 28,8 millones de euros, presentada por aquel investigado como de coste de la obra”.

Gabriel Pérez Villalta, Graciano Torre y José Ángel Fernández Villa, investigados en la “Operación Hulla”, entre otros exaltos cargos del gobierno de Zapatero.

Anticorrupción señala que todos ellos estaban influenciados por el poder político y sindical del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y que la sumisión a acatar sus peticiones sería tal que incluso no les importaría aprobar la concesión de subvenciones sin base legal para hacerlo. En el mismo escrito, la fiscalía solicita también que se reciba nueva declaración como investigado del exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, de quien dice que doblegó cualquier obstáculo para permitir la construcción de la residencia, y con ello, el desvío de fondos, aunque era consciente de que desatendía los intereses de su Ayuntamiento.