UNA REFORMA A LA MEDIDA DE LA PATRONAL.

“Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros”, ha dicho este sábado ante un público entusiasmado que le gritaba: “Presidenta, presidenta”. “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar ni alterar el modelo de relaciones de precariedad que ha impuesto unilateralmente la derecha en este país”. (El Periódico, 10 de fbrero de 2021)

El Acuerdo del Gobierno progresista PSOE y Unidas Podemos decía expresamente: “derogaremos la reforma laboral”. Sin embargo, le duela a quien le duela, en una más de las traiciones de este gobierno a las trabajadoras y trabajadores, ha optado por llevar a cabo un retoque meramente cosmético de la reforma de 2012, y como quiera que para tales iniquidades está contando con una plena cobertura mediática que va desde la extrema derecha hasta los medios «progres» que lo apoyan, el Gobierno ha optado por lanzarse a una campaña de fakes que procura presentar las modificaciones en la actual legislación laboral como un cambio de paradigma en las relaciones laborales y a la principal urdidora del fraude, la vicepresidenta Yolanda Díaz,  como una suerte de heroína.

De esa manera, todos los primeros de mes, desde que se consumare este nuevo crimen contra los trabajadores, se vienen anunciando resultados espectaculares de la reforma laboral, afirmándose que la reforma está creando empleo y está reduciendo la temporalidad. Una cuestión que la política de empleo no puede causar por si sola, salvo que se modifique la jornada laboral máxima con el consiguiente reparto del trabajo, ni la caída estadística de la temporalidad conduce necesariamente a una mayor estabilidad en el empleo. Por el contrario, dejando incólume los preceptos de las anteriores reformas va a causar una mutación en las formas de precariedad laboral y no impide la generalización de la inestabilidad en las relaciones laborales establecidas con las reformas de Zapatero y Rajoy.

La reforma laboral yolandista establece que el contrato indefinido sea la forma habitual de contratación, planteando exigencias adicionales para suscribir contratos temporales. Sin embargo, la regulación del contrato indefinido se ha quedado igual, llamándolo indefinido porque simplemente no tiene plazo de duración, que sí tienen los contratos temporales, pero el despido de las personas con contratación indefinida sigue siendo barato y fácil, y se encarece marginalmente el despido de la contratación temporal. No hay disuasión ni causalización. De modo que el empresariado está optando por convertir contratos temporales o contratar de inicio con contratos indefinidos en mayor proporción que antes, sin mucho mayor coste ni barreras a la flexibilidad laboral. En realidad, lo que el Gobierno ha hecho para conseguir la firma de la patronal no es más que eliminar la modalidad “por obra o servicio” y mantener el eventual por circunstancias de la producción con alguna modificación menor.

A grandes rasgos, puede decirse que hay cuatro tipos principales de contrato laboral en España: indefinido, temporal, para la formación y en prácticas. La idea que se está pretendiendo «vender» desde el Gobierno es que la posibilidad de celebrar contratos que no sean indefinidos quedará muy restringida tras la reforma laboral, de tal manera que el carácter indefinido de la relación de trabajo pasará a ser la regla, con apenas excepciones, aunque la realidad sea muy distinta.

Las formaciones del Gobierno suscriben un acuerdo con el partido vasco en el que se comprometen a la «derogación íntegra» de la reforma laboral impulsada en 2012, que se debe hacer efectiva «antes de la finalización de las medidas extraordinarias en materia económica y laboral derivadas de la crisis originadas por el covid-19».

Si algún cambio ha producido la no derogación de la reforma laboral del PP, este ha sido la de algún que otro cambio estadístico, que no están sirviendo sino para camuflar la aparición de nuevas formas de precariedad y una soterrada extensión de la inestabilidad en el empleo.

Uno de los mensajes del gobierno – el principal – es que se crea mucho empleo gracias a la reforma laboral de Yolanda Diaz, pero si nos detenemos en los datos, los logros no reflejan tanto brillo. Las cifras seleccionadas cuentan empleos sin más. Hay que hacer notar que es más frecuente la presencia de empleos a tiempo parcial o fijos-discontinuos. El desempleo parcial, cada vez más extendido, no aparece en las estadísticas salvo que se indague un poco más de lo que nos cuentan. Frecuentemente, los datos de empleo se presentan con una perspectiva parcial, comparándolo con el suelo de empleo de 2020, el año del confinamiento.  En efecto, si se presentan los datos así, desde el confinamiento de 2020, y lo ponemos en comparación con los datos del primer trimestre de 2022, se han creado un 23,5% más de empleos, pero si contrastamos con los datos del cuarto trimestre de 2019, justo antes de la pandemia, refleja un aumento de apenas el 1,7% del empleo equivalente a tiempo completo.

Conviene, por lo tanto, estudiar la evolución de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que estiman los empleos armonizando su tiempo de trabajo. Desde finales de 2019 hasta la fecha los empleos creados apenas fueron de 263.600 empleos equivalentes a tiempo completo, logrando superar el parón de la pandemia en 2020 y 2021. Pero solo evolucionan al ritmo de crecimiento rampante del periodo 2013-2019. Ni que decir tiene que, si contrastamos con 2008, que inició la Gran Recesión, seguimos con 985.600 empleos menos que entonces.

La letra pequeña del borrador desmiente la idea de que la reforma laboral de 2012 sería respetada en un aspecto tan importante como son las indemnizaciones.

Por si no fuera suficiente, el restablecimiento de las indemnizaciones por el despido que recorto la reforma laboral del PP en 2012 ni siquiera llegó a ponerse en ningún momento sobre la mesa del “histórico” acuerdo del gobierno con la patronal y los sindicatos de UGT y CC.OO.  Recordemos que, hasta 2012, las indemnizaciones por despido improcedente ascendían a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, y que la empresa, incluso cuando optaba por la indemnización frente a la readmisión, tenía que abonar en todo caso los salarios de tramitación. Con la reforma laboral de 2012 estas indemnizaciones quedaron reducidas a 33 días de salario por año, con un tope de 24 mensualidades, y desaparecieron los salarios de tramitación cuando la empresa optaba por la indemnización. Añádase que la supresión de los salarios de trámite dio lugar a una huelga general el 20 de junio de 2002, cuando el PP hizo un primer intento fallido de introducirla por primera vez en nuestra legislación, y a dos huelgas generales en 2012 (las de los días 29 de marzo y 14 de noviembre), ambas contra la reforma laboral de la cual esta supresión era un componente esencial. Ahora, sin embargo, CCOO y UGT parecen dar por bueno lo que ayer consideraron inadmisible y la izquierda política santifica este aspecto esencial de la reforma laboral del PP, poniendo de manifiesto hasta qué extremo de degeneración han llegado todas estas organizaciones que viven del corrompido sistema pseudodemocrático.

En definitiva, la política económica aplicada sigue caracterizándose por un modelo de neoliberalismo compasivo, y la reforma laboral solo ha matizado testimonialmente las dos anteriores de 2010 y 2012. Sin embargo, promueve varias tendencias. Primero, las formas de inestabilidad se extienden y consolidan. Segundo, las formas de precariedad en el empleo mutan y se profundizan. Por eso nadie debiera extrañarse que la CEOE haya saludado la nueva reforma laboral pactada porque – en su opinión – “consolida el modelo laboral actual” al mantener “intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas”.