El pacto alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos logró salvar la aprobación de la ley en el Congreso, al contar con los apoyos parlamentarios suficientes, pero la norma nace sin un consenso social y político amplio.
La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas.
La más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».
Hace ya muchos años – demasiados – que llevamos haciendo sencillos homenajes a muchas de las personas asesinadas por el franquismo a lo largo y ancho del territorio español, gente que fue arrancada de sus casas por el simple hecho de pensar diferente, gentes comprometidas que intentaba sacar un país adelante, que lucharon por sus familias, que querían dejar de ser vasallos y ser ciudadanos, que llenaron un país de esperanza, de libertades, querían la igualdad entre las gentes sin rangos de nobleza, igualdad entre sexos, crearon escuelas, querían un reparto justo de las tierras, un país laico, en fin, una verdadera democracia, pero todo ello se vino abajo por la sinrazón de unos fascistas, que impusieron las armas, los tiros, la muerte, la humillación y el terror.
Mi aportación, a modo de reflexión – realizada en voz alta -, es que, habiendo transcurrido OCHENTA Y SEIS AÑOS desde el golpe militar fascista de 1.936, miles y miles de hombres y mujeres que creyeron, construyeron y defendieron otro mundo más justo continúan enterrados en las cunetas, pozos, fosas comunes de los cementerios o en cualquier barranco, sin que sus familias hasta el día de hoy hayan – hayamos podido – socializar el duelo, cerrar el luto, recuperar sus cuerpos y darles una digna sepultura.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, frente al ‘no’ del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Esquerra Republicana y el BNG han optado por la abstención porque aunque aprecian avances, les sigue pareciendo insuficiente. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano. Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Casi dos años después de que el Gobierno iniciara la tramitación de Ley de Memoria Democrática, y fruto de la presión y movilización incansables de las víctimas del franquismo, de activistas de la izquierda, y asociaciones memorialistas, este jueves, 14 de julio, quedaba aprobada en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de Ciudadanos, PP y Vox. Lógicamente, la derecha y su extrema han jaleado cínicamente contra ella diciendo que es un “intento de fracturar la convivencia entre españoles”, “revanchismo” y “revisionismo histórico”. Mayor vergüenza jamás se hubiera podido demostrar cuando se trata de los herederos del franquismo, muchos de ellos hijos y nietos de los asesinos, los mismos que se niegan reiteradamente a condenar el golpe militar de 1936, los mismos que mintieron cuando los atentados del 11-M de 2004 para hacernos creer que había sido ETA. Por cierto, una cuestión que vemos todos los días en la judicatura, en la policía, en la Iglesia, en un aparato del Estado que sigue plagado de reaccionarios que utilizan esas posiciones para defender sus intereses y privilegios, su ideario reaccionario y fascista, en definitiva, los mismos protagonistas de aquellas oscuras noches, y también su impunidad, hoy por hoy, más viva que nunca.
Históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley de memoria democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que «tergiversa» el «gran pacto constitucional» de 1978. El manifiesto difundido este lunes es una iniciativa de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, surgida durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a la que pertenecen personas de «distinta procedencia política».
Entre los cambios introducidos en la normativa por la izquierda abertzale para dar su aprobación está el “declarar de manera explícita la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas”. Un hecho positivo, sin duda alguna y que junto a otras enmiendas añadidas por los grupos parlamentarios suponen en ciertos aspectos avances frente a la Ley de Memoria Histórica aprobada hace más de una década, entre otras cuestiones, porque para estos señores se trata de defender a capa y espada el régimen capitalista y monárquico del 78 impuesto por los pactos de la Transición, donde los dirigentes reformistas tanto del PSOE como del PCE aceptaron, entre otras cosas, mantener silencio y echar un tupido velo sobre los crímenes de la dictadura y el postfranquismo, y sobre sus ejecutores y cómplices. Es decir, mientras la Ley de Amnistía de 1977, impidiendo el juicio y castigo a los responsables de la represión durante décadas, siga siendo intocable, esta nueva ley, aprobada a bombo y platillo, será absolutamente insuficiente para hacer justicia a las víctimas del franquismo. Más claro, sin una derogación de la Ley de Amnistía, jamás habrá justicia para las víctimas ni se podrá sentar en el banquillo a los represores de la dictadura.
No, no solo se trata de la memoria, se trata, sobre todo, del futuro. Se trata de la lucha de clases, y, lógicamente, tiene consecuencias para las actuales y siguientes generaciones. Que nadie se engañe, la Memoria Histórica forma parte de los cimientos y pilares de una sociedad, entre otras cuestiones, porque no se puede construir, ni reformar, ni ampliar una democracia tapando su pasado. Tampoco se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas de manera definitiva y de aprender de experiencias pasadas, para que ¡¡¡ NUNCA JAMAS !!! pueda volver a repetirse la tragedia que llenó nuestro país de miles de fosas donde yacen los restos de miles y miles de personas que luchaban por una España de libertades y condiciones de trabajo y de vida dignas.