NUN YE PUTIN, YES TU, PEDRO SÁNCHEZ.

La moraleja que podemos sacar es que si nos gobierna un sujeto como Pedro Sánchez, un presidente dispuesto a mentir sin ruborizarse y con el objetivo de mantenerse en el poder al precio que sea, estamos apañados. Putin, efectivamente, es un tipo indeseable, cruel y déspota, pero no es responsable de la ineficacia del Gobierno de España. ¿Está dejando las cosas infinitamente peor? Sí. ¿Es el responsable de la situación económica de España? No. ¿Es Pedro Sánchez a España lo que Pinocho a Gepetto?

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Quien así se expresaba era el inquilino de la Moncloa al presentar su “Plan de choque de repuesta a la guerra”. Y lo hacía como en él viene siendo característico en el foro que más le gusta, el del mundo empresarial, donde suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición.

En su presentación, el presidente Sánchez nos hablaba de las dificultades económicas causadas por Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta muy poco creíble cuando, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Qué duda cabe, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos en los precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

No, señor presidente: no han sido Rusia y Putin los causantes en el incremento de los precios en la energía con una subida escandalosa en la factura de la luz. Han sido usted mismo y sus compinches en el gobierno de progreso PSOE y Unidas Podemos los verdaderos causantes de la estafa consentida que se viene ejerciendo sobre la población, aprobando, en mayo de 2021, una normativa que permitía a las eléctricas incrementar los precios hasta 3.000 euros el MWh. Una normativa que aparece publicada en el BOE del 6 mayo de 2021, sin apenas difusión, una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, organismo regulador del sector eléctrico hasta los 3.000 euros el Megavatio hora.

Sin apenas difusión mediática y una escasa divulgación pública, aprovechando el arresto domiciliario de la gente durante el covid-19, la explicación que se ofreció públicamente era que los umbrales tenían que ser modificados para que coincidieran con los establecidos en el resto de los países europeos, es decir, quien tomó la decisión de que el precio máximo de la electricidad fuera de 3.000 € el MWh, usando el falso argumento de que ”esto viene de Europa”, le correspondió a la Agencia europea para la cooperación de los reguladores de energía (ACER).

«Bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia». Con esta reflexión en su cuenta oficial de Twitter, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado este jueves disminuir la fiscalidad de la factura eléctrica en España, cuyo precio sigue alcanzando máximos históricos.

En España, las explicaciones recurrentes cuando se trata de perjudicar el bolsillo de la gente suelen ser que esto se trata “de una normativa que viene de Europa”, argumento que sirve para un roto y para un descosido, pero que es radicalmente falso.

Desde mi punto de vista, resulta totalmente imprescindible la definición de un verdadero plan de transición energética de España y para España que incluya la nacionalización del sector. Lo de los sucesivos récord en el precio de la luz no va a ser flor de un día y no bastarán brochazos o medidas temporales para resolverlo. De hecho, las medidas de reforma del mercado que han sido adoptadas posteriormente por el Gobierno, no responden sino a unas medidas meramente paliativas, aunque tuviesen un calado importante.

Es un buen primer paso otorgar una protección mayor a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, fijando un suministro mínimo vital para perceptores del bono social eléctrico e impedir el corte del suministro, pero no menos  importante resulta la limitación en la orgía de beneficios caídos del cielo obtenidos por las grandes compañías en las instalaciones que no usan el gas natural o los derechos de CO2 y que se están “poniendo las botas” al cobrar su producción al precio que marcan las que sí que lo usan o fijar un tope a la tarifa de gas natural para proteger a la gente. También es un avance la modificación de la Ley de Aguas para impedir que se vuelva a hacer un uso irracional del agua desde el punto de vista del interés general, como ha ocurrido el pasado año con el agua de los embalses, fijando un régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a usar, de tal manera que las empresas generadoras no puedan volver a vaciarlos para multiplicar su rentabilidad.

Sin embargo, todo lo que no sea blindar como bien público la energía eléctrica y sacarla del ‘mercado’ para que no esté al albur de dinámicas de lucro privado, es pan para hoy y hambre para mañana. Y no únicamente porque algunas de las medidas tengan carácter temporal sino porque no abordan el eje fundamental que ya señalábamos como imprescindible. No en vano habría que recordar que las empresas que “cortan el bacalao” repartieron 6.200 millones de euros en dividendos a sus accionistas con cargo a 2020, el año de la pandemia en el que la gente tanto ha sufrido y en el que el precio mayorista de la electricidad era la tercera parte del que estamos teniendo en 2021.

La falta de recursos para pagar las facturas de luz o agua afectan hasta a uno de cada cuatro andaluces y provocaron 1.400 fallecimientos en invierno.

Lo que ha hecho el Estado ha sido aliarse históricamente con las compañías eléctricas a través de las conocidas “puertas giratorias” y en la útil estrategia desplegada por las compañías para ganarse los favores de quienes han hecho las normas con la expeditiva fórmula de sentarles en sus consejos de administración. Sin quitarle importancia a esta despreciable fórmula de comprar voluntades, y que ha ahormado el mercado para que sirva a los intereses de unos pocos, ese instrumento, el mercado, por mucho que lo revistan no sirve para arreglar el problema.

¿Por qué la energía, dado que es un bien básico de primera necesidad, debe ser garantizada como servicio público? Como cualquier sector económico esencial debe quedar sometido a la planificación democrática y bajo control público. Por eso resulta totalmente imprescindible el diseño de ese verdadero plan de transición energética aludido, con el ahorro energético como principal objetivo, incluyendo la nacionalización del sector para ponerlo al servicio de los intereses colectivos. Básicamente, se trataría de utilizar como marco un artículo de la Constitución Española, el 128, que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Solo hay que creérselo.