LA TRAMPA SIEMPRE RESCAMPLA

La reforma laboral ha sido uno de los proyectos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez y ya una realidad gracias a jornadas eternas de negociación con la patronal y sindicatos, durante meses.  No se imaginaba el Gobierno, ni nadie, la forma en la que saldría adelante en el Congreso de los Diputados en una jornada que ya queda para la historia del parlamentarismo en España y que ha provocado una de la mayores broncas políticas que se recuerdan con acusaciones cruzadas muy graves de «compra de voluntades», «pucherazo», «fraude democrático y legal», «trumpismo» y «tamayazo», y que podría tener consecuencias en los tribunales. 

Tras el grotesco espectáculo ofrecido en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero de 2022, con la aprobación parlamentaria de la reforma laboral, la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, junto con los dirigentes de CCOO y UGT, se ha lanzado a una desenfrenada campaña para publicitar los avances en derechos supuestamente conseguidos.

Sin embargo, con la aprobación del Decreto-Ley no solo se ha conseguido mantener la reforma laboral del PP de 2012, sino que los mismos ministros y ministras que llegaron al Gobierno prometiendo derogarla ahora proclaman que no hacerlo, e introducir pequeños cambios cosméticos, supone ni más ni menos que «un avance histórico en los derechos de la clase trabajadora” cuando la realidad nos dice que nos encontramos ante el mayor retroceso del movimiento obrero en la historia de la “modélica transición” española: salarios de miseria, horas extra sin remunerar, pluriempleo y jornadas parciales, falta de tiempo para conciliación, accidentes laborales, indefensión ante los abusos empresariales, temporalidad, ofertas de trabajo surrealistas, falsos autónomos… ¡Ni en sus sueños más felices la patronal se había imaginado algo así ¡

Pero, la propaganda tramposa de la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, en absoluto puede servir para ocultar la cruda realidad, esto es, los aspectos cruciales de la reforma del PP de 2012, aquellos que fueron los pilares básicos para rebajar drásticamente los costes salariales y precarizar el mercado de trabajo a raíz de la crisis de 2008, los cuales permanecen hoy, tal y como estaban: Por una parte, la salvaje reducción de la indemnización por despido y la eliminación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente siguen totalmente vigentes. Asimismo, las facilidades para el despido colectivo al eliminar la autorización administrativa previa y al ampliar prácticamente sin límite las causas de despido colectivo, se mantiene intacto, y la posibilidad de que el patrón pueda modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, rebajando los salarios a la vez que cambiando a su conveniencia los horarios, jornadas, turnos, vacaciones, etc., sigue viva y coleando en la ley de la “histórica” Reforma Laboral. Por si no fuera suficiente, la posibilidad de que el empresario se descuelgue del convenio colectivo y no lo aplique, ni siquiera se contempla, recogiendo, eso sí, la posibilidad de realizar horas extras en contratos a tiempo parcial, un mecanismo que facilita la explotación, el fraude y la precariedad…

El comité de la patronal ha valorado positivamente los logros obtenidos durante la negociación para mantener vías de flexibilidad interna en las empresas, lo que era clave para la mayor parte de las federaciones que conforman la patronal. Estas líneas maestras mantienen la posibilidad de hacer contratos temporales incluso para cubrir periodos estacionales, como puede ser el verano en la hostelería. Basta ver la cara de satisfacción que mostraba el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.

Pero la reforma laboral del gobierno progresista PSOE-Unidas Podemos  no solo mantiene lo esencial de la reforma del PP, sino que, además, empeora gravemente en varios aspectos cruciales la legislación laboral actual creando las condiciones para una mayor precarización, a la vez que permite, por primera vez en la historia, que las ETT firmen contratos fijos discontinuos, y además a tiempo parcial, anulando con esta regresiva medida las mejoras  aparentemente conseguidas con la nueva regulación del contrato temporal y se abren de par en par las puertas a una precarización ilimitada de la fuerza de trabajo. Eso sí, esta medida permite, como está ocurriendo desde el primer día, el maquillaje de las estadísticas en la contratación, porque a partir de su promulgación un trabajador fijo discontinuo de una ETT contará a efectos estadísticos como un trabajador indefinido, cuando la realidad es otra muy distinta.

Es muy sencillo saber que 2+2 son cuatro, pero si esos mismos números los juntamos resulta que son 22.

En efecto, tras la entrada de la reforma laboral están aflorando los contratos fijos discontinuos, al haber encontrado la patronal una fórmula totalmente fraudulenta para prolongar la temporalidad. La fórmula perfecta para evitar la contratación de una plantilla indefinida ordinaria, apareciendo de nuevo, el mismo problema que motivó la citada reforma: la precariedad laboral. Utilizan esta fórmula para evitar el abono del tiempo de descanso, las vacaciones o los permisos que tengan los trabajadores.

«Lo más positivo de los datos es que con la reforma laboral estando en vigor 100 días, aunque la vacatio legis que contiene hace que llevemos escasamente un mes de aplicación, los datos son espectaculares. Esto no es pequeña cosa, es cambiar el paradigma del mercado de trabajo en nuestro país», ha explicado la titular de Trabajo. Con estas trampas la ministra solo ha demostrado que tardara bastante en aprender a SUMAR. 

Más claro, los patronos están utilizando los contratos fijos discontinuos para encubrir los contratos indefinidos ordinarios, sin ignorar que esta modalidad de contrato indefinido está muy vinculado a la temporalidad y que, tradicionalmente ha sido utilizada para trabajar estaciones con épocas de parón en los que los empleados dejan de trabajar y tienen que recurrir a la prestación por desempleo, tales como la hostelería, la agricultura o la construcción. Quiere decir, lisa y llanamente, que los sectores o actividades que por su idiosincrasia necesitan empleados de forma temporal los contratan bajo distintas modalidades de contrato indefinido, a pesar de que ya tienen definida la duración de su relación laboral, y que los despedirán pasado ese tiempo.

Es decir, la “histórica” reforma laboral, tan aplaudida y deseada por la patronal ha propiciado el aumento considerable del número de contratos indefinidos que se firman todos los meses, pero también ha aumentado la cantidad de personas que encadenan hasta tres contratos al mes porque su duración es inferior a los 30 días. Si antes se firmaba un promedio de unos 150.000 contratos indefinidos por mes y el número de personas que firmaba más de un contrato indefinido en ese periodo oscilaba entre 1.500 y 2.000 (1%) ahora de los 600.000 contratos indefinidos que se pueden firmar mensualmente, hay alrededor de 40.000 personas con más de un contrato al mes (6%), dándose el caso de que existen trabajadores que tienen varios contratos indefinidos de forma simultánea, esto es, trabajando por la mañana en un lugar y por la tarde en otro, con otra empresa distinta.

Gráfico de personas que firmaron más de un contrato indefinido al mes (Fuente: Ministerio de Trabajo).

El gobierno, especialmente su vicepresidenta Yolanda Díaz, sacan pecho de que se firman muchos contratos indefinidos, pero, ¿cómo no se van a firmar si previamente ha prohibido los temporales? Desde enero al mes de agosto, se han registrado en España 1.261.514 contratos fijos-discontinuos, según los datos del Ministerio de Trabajo, pero al día 31 de agosto de 2022 sólo había en España 749.124 personas dadas de alta con esta modalidad de contrato.

A la vista de todo esto, y mucho más, no hay más remedio que preguntarse ¿de qué presumen Yolanda Díaz y los entusiastas de su reforma laboral? El clavo ardiendo al que se agarran es que la nueva ley restringe la contratación temporal y, según ellos, esto “acabará con la precariedad”, pero la cruda realidad es que las empresas no solo van a seguir disponiendo de la opción de contratar temporalmente, sino que, con las nuevas facilidades otorgadas a las ETT, tendrán aún más mecanismos para precarizar las condiciones laborales, de tal manera que,  mientras la reforma laboral de 2012 no sea derogada en su totalidad, como UP y el PSOE prometieron en la campaña electoral, será completamente imposible empezar a reducir la precariedad laboral, y los bajos salarios. Los empresarios seguirán haciendo lo que les dé la gana, pero ahora tendrán una ventaja añadida: la legislación laboral impuesta por el PP estará de aquí en adelante bendecida como una “conquista histórica de la clase trabajadora” por el PSOE, UP, el PCE, CCOO y UGT.