SANIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO

En EL PAÍS de 13 de febrero se comenta (Bata pública, bata privada, pág. 22) que la Generalitat catalana está investigando al Hospital de la Seu d´Urgell, centro público con gestión privada, donde, cerrados los quirófanos por la tarde por falta de presupuesto, hay médicos que aprovechan para operar en ellos a pacientes privados.

El refranero español es muy rico para apostillar verdades contrapuestas. No en vano uno de esos refranes afirma que “España es el país de los viceversas”. Me refiero, concretamente, al caso de dos conocidos refranes que reflejan la imposibilidad de confundir “churras con merinas”, afirmación que ni pintada me viene a mi mente para definir lo que está ocurriendo en nuestra sanidad.

La pretendida comparación entre la sanidad pública y la privada, que ha venido presidiendo todo el largo debate de la transición sanitaria desde 1977, es una controversia, una comparación, desde mi modesto entender, imposible. ¿Cómo se puede comparar una asistencia sanitaria con obligación de atender a todos los españoles por un igual con otra con clara vocación de individualidad?

No conviene olvidar, por otra parte, que más de cinco millones de españoles cotizan por partida doble a la Seguridad Social y a su seguro privado, para usarlos según su conveniencia en cada momento, siendo la gente de status más elevado los que practican esa “bigamia” asistencial, prefiriendo el público cuando no importa la habitación compartida, y eligiendo el privado cuando quieren una cama sola. ¿Por qué ese empeño de políticos, directores hospitalarios y empresariales del sector por enfrentar un sector con otro? ¿No es imposible averiguar quién gasta más o menos, cuando la sanidad pública debe atender a todos y la privada opta prioritariamente por atender sólo a los más sanos o a quienes pueden pagarse las atenciones más costosas? ¿Cómo medir quién es más eficaz si los enfermos privados son atendidos por los hospitales públicos y gran parte del personal sanitario se pone la bata del seguro por la mañana y la bata blanca de la consulta por la tarde o viceversa?

Fue el PSOE con el gobierno de Felipe González quien iniciaría la privatización de la sanidad española en 1991 tras encargar a Fernando Abril Martorell un informe ad hoc que no llegó a aprobarse formalmente por su impopularidad pero que se fue ejecutando de hecho en silencio a lo largo de los lustros siguientes, porque el actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad (LGS) aprobada en 1986 por el gobierno felipista del PSOE, quedando diseñado un modelo sanitario basado en lo que se conoce como servicio nacional de salud que recoge las características fundamentales del National Health Service (NHS) del Reino Unido en sus inicios, es decir, la universalización del derecho a la atención sanitaria, un modelo basado en la prevención y la promoción, que integra los servicios sanitarios y que tiene una provisión mayoritaria y hegemónicamente pública.

Es indiscutible que el pensamiento único neoliberal se ha impuesto en toda democracia que se precie bajo el argumento (indemostrado) que lo público es siempre sinónimo de ineficacia y de derroche, mientras que la gestión empresarial encaminada a la obtención del máximo beneficio acaba siendo más eficiente y además más barata. Y dentro de esta filosofía, el sistema sanitario es en la actualidad quizás el último objetivo que le queda al capitalismo para conseguir la victoria completa de sus posiciones. Pero ¿existen datos objetivos que permitan defender que el cambio hacia una gestión privada de la sanidad dirigida por grandes corporaciones empresariales permitirá una mayor eficacia a un menor coste?

Al año siguiente, esto es en 1992, quedaba constituida la empresa pública Hospital Costa del Sol en Andalucía, un sistema que incorporaba principios de gestión privada a centros que son de titularidad pública, con personalidad jurídica diferenciada, y así en la practica totalidad de las comunidades autonómicas hasta privatizar la Financiación, la desgravación de seguros médicos por las empresas, los copagos en los medicamentos, la  privatización de la gestión del aseguramiento, las mutualidades de funcionarios, la utilización de criterios privados de la gestión manteniendo la titularidad pública, entre otras lindezas.

El último informe que ha editado la Comisión Europea “State of Health in the EU”, el cual analiza la situación de los sistemas sanitarios de la Unión, país a país, el mismo nos muestra que el Estado española ha destinado en 2020 el 8,9% de su PIB a Sanidad, mientras que la media de la UE alcanza el 9,8%.

Analizando el gasto no por paciente, sino por porcentaje del PIB, España destina a gasto sanitario el 8,9 por ciento del PIB, teniendo en cuenta tanto inversión pública como privada. En comparativa, Alemania, Francia y Suiza destinaron cerca del 11 por ciento del PIB.

En el mismo informe se aclara que el gasto público representa el 71% de todo el gasto sanitario en 2020, por debajo de la media de la UE, que es del 79%, y en él se explica que éste «descendió tras la crisis económica de 2008, debido a las medidas de reducción de costes».  Todo esto tiene su reflejo en un gasto sanitario per cápita de 2.371 euros, una cifra que está más del 15% por debajo de la media de los 2.884 euros de la Unión Europea.

Es decir, la falta de inversión pública se ha tenido que compensar con pagos directos por atención sanitaria por parte de los ciudadanos – aquellos que puedan acceder económicamente a ellos -, especialmente a través de copagos de medicamentos y dispositivos médicos dispensados fuera de los hospitales, y también acudiendo a los seguros privados voluntarios, hasta el extremo de haber  «aumentado de forma constante entre 2010 y 2014, antes de disminuir ligeramente desde 2015 para alcanzar el 24% del gasto sanitario total en 2020». «Este porcentaje está muy por encima de la media del 16% de la UE».

La hoja de ruta del actual Gobierno ha sido y es reducir gradualmente la inversión en sanidad pública hasta el año 2020 con un porcentaje del PIB del 5.6%. Como consecuencia lógica, el gasto sanitario privado se ha ido incrementando año por año, transfiriendo los costes de la sanidad hacia las familias, y todo indica que esta tendencia irá a más. Ante este panorama, es vital recordar el valor de la sanidad pública y por qué hay razones de sobra para defenderla frente a estos tiempos de crisis que se aprovechan como excusa para realizar decisiones basadas en ideología y no en el beneficio de la sociedad española a largo plazo. 

España sigue siendo uno de los países a la zaga de Europa en camas por habitantes. Según los últimos datos actualizados de Eurostat, España tenía 297,9 camas por cada 100.000 habitantes al final de 2015. Por otra parte, España es uno de los países con menos camas hospitalarias, permitiéndose hasta el “lujo” de cerrar plantas enteras durante todo el año en los hospitales mientras los enfermos permanecen con sus goteros hacinados por los pasillos. Según el informe, en el año 2020 el Estado disponía de tres camas por cada mil habitantes, una cifra que sólo es inferior en Dinamarca, Reino Unido y Suecia.

Es decir, España se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea, con cinco camas por cada mil habitantes en 2020.

Desde mi punto de vista, en absoluto se puede seguir reclamando que un sistema sanitario público tenga financiación y recursos de sobra para afrontar su misión primaria de dar cobertura gratuita, universal, igualitaria y de calidad, y que pueda hacer frente a cualquier situación crítica como la actual, si las políticas sanitarias sobre las que se asienta están diseñadas con una filosofía encaminada a la privatización, el raquitismo presupuestario y la transferencia de recursos hacia el sector privado.

Por lo tanto, seguir alardeando en ruedas de prensa de que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo no otorga automáticamente dicha virtud. Tras esas declaraciones rimbombantes debe existir una voluntad clara y auténtica en defensa de la Sanidad Pública, que se plasme en la puesta a disposición de financiación y recursos necesarios, sin escatimar, para hacerla real y patente. En definitiva, la ciudadanía tiene dos opciones a elegir: o seguir usando la actual tarjeta sanitaria o cambiarla por la tarjeta del banco, los que tengan recursos para ello. Dicho de otra manera, más entendible: los que tengan dinero tendrán medicina y los que no lo tengan, refiriéndome concretamente a las mujeres, tendrá que parir en casa como en otros tiempos no muy lejanos.