A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD POR EL MUTUALISMO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado al candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en un acto de campaña electoral en Cártama, donde ha anunciado que este martes en el Consejo de Ministro, el Ejecutivo dará luz verde a una nueva ley para «blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, que no se privatice». Así Sánchez, anuncia una nueva medida estrella que responde a la política autonómica de dos presidentes ‘populares’, Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. 

¿Quién nos lo iba a decir? Un gobierno dizque socialista y progresista tratando de privatizar la sanidad a través del mayor y mejor instrumento que tuvo la clase trabajadora para desarrollar la solidaridad entre sus miembros, tal y como fue concebido en su día el mutualismo. Dicho en “roman paladino”: todo lo que ocurra a partir de ahora en la salud de una persona activa laboralmente quedará en manos de la mutua de su empresa, tal y como figura en  el borrador de 27 páginas, fechado el 7 de diciembre de 2022, que ha sido enviado a todas y cada una de las comunidades autonómicas, tras una oscura negociación entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), presidida por Fernando Casado.

Son 27 páginas, donde aparece una suerte de convenio tipo, de tal manera que los consejeros de las comunidades autónomas y los responsables de cada mutua tan solo tienen que rellenar los huecos indicando el nombre concreto de la consejería y la ley que les otorga el poder para ceder lo que hasta la fecha eran «competencias exclusivas de la sanidad pública» a las mutuas privadas.

Lo que propone el documento es que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación. Para ello, instan a que las comunidades les traspasen la gestión de las bajas comunes y sus pruebas, tratamientos, intervenciones y rehabilitaciones, que diseñarían los facultativos de las mutuas.

El borrador otorga al facultativo de la mutua capacidad para dar de alta a un paciente enfermo por contingencias comunes y fiscalizar al médico del servicio público, exigiéndole la remisión de los informes en el plazo de cinco días, lo que coloca al médico del sistema público bajo las órdenes de un médico de la empresa privada, constituyendo el proceso de privatización más duro que se haya podido conocer en la historia de la seguridad social.

A modo de ejemplo, para una mayor comprensión de este nuevo atentado contra los trabajadores, siempre con el borrador a la  vista, si desde el primer día de Incapacidad Laboral la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, ésta tendría permiso para realizar todas las intervenciones que quisiera, por supuesto, siempre en beneficio de la empresa para ir reduciendo los días de baja del trabajador, además de tener acceso a las historias clínicas de las personas.

El ministerio de Escrivá y Amat justifican en el borrador que esta propuesta de solo cuatro artículos —más 21 cláusulas— se basa en la relación público-privada que mantiene el Estado con las mutuas patronales: “Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de su naturaleza privada”. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está trabajando en el diseño de un plan de rescate para garantizar la viabilidad financiera de las mutuas de accidentes de trabajo a las que la crisis desencadenada por la Covid-19 ha abierto un agujero en sus cuentas de más de 2.400 millones de euros según las estimaciones que el propio sector ha trasladado al Ministerio. 

Básicamente, el documento trata de dos cuestiones fundamentales. Por una parte, se pone en marcha un mecanismo para la  externalización y privatización de la atención sanitaria de una gran parte de la población, todas las personas que tienen una vinculación laboral y que se encuentran en una situación de incapacidad temporal, o sea, de baja, lo que significa una propuesta de suma gravedad, porque, aunque el documento dice que se hace para utilizar los recursos de las mutuas, el mismo documento permite que las mutuas subcontraten esta asistencia sanitaria con otras empresas. ¿Cómo es posible que las mutuas puedan atender todas las patologías que puedan aparecer en cada incapacidad cuando es conocido que las mutuas carecen de entidad para atender las mismas, dada su especialización en enfermedades laborales, sobre todo en las que tienen que ver con rehabilitación, traumatología o accidentes laborales, que representan un ámbito muy pequeño en torno al 7% de las incapacidades?

La segunda actuación del documento nos muestra claramente el camino de la desintegración de la atención sanitaria, diseñando un circuito de atención sanitaria para el colectivo de personas que tienen actividad laboral diferenciada del circuito de atención sanitaria para el resto de la población. Además, pone en riesgo el mantenimiento de una parte de la atención sanitaria integral a la vez que deja abierta la vía para que se produzca una atención sanitaria de una determinada calidad para los trabajadores y otra diferente para el resto de la población, que muy probablemente acabará convirtiéndose en una situación de beneficencia, que nos retrotraería al modelo franquista, donde la atención sanitaria diferenciaba a la población, entre un grupo de personas que estaban atendidas por la Seguridad Social, que eran los trabajadores, y otro grupo de población, que era la no trabajadora, en manos del modelo de la beneficencia.

Es decir, el proyecto de convenio que analizan las Comunidades Autónomas trata muy claramente de que todas estas actividades sanitarias que quedan en manos de las mutuas van a ser facturadas a los servicios generales de la salud, yendo, por tanto, en detrimento de los fondos que hay para la sanidad pública.

Abundando más, el documento explica muy detalladamente que todas las empresas deben elegir entre una mutua y la Seguridad Social para la gestión de las bajas comunes, dejando al descubierto sus nefastas consecuencias al primar los criterios productivos y economicistas de las empresas a la hora de dar de alta a los trabajadores, dejando en un segundo plano los criterios sanitarios, de tal manera que el médico de la empresa sería el médico del trabajador a lo largo de toda su vida laboral.

Andalucía y Asturias son las comunidades autónomas que entre los años 2019 y 2020 han experimentado una mayor privatización sanitaria, si bien las regiones con los servicios sanitarios más privatizados este año son Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. Así se desprende del informe ‘Privatización Sanitaria de las CCAA 2020’ elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.

Qué duda cabe, nos encontramos ante una descarada operación para privatizar el sistema público sanitario, hasta el punto de que, si las comunidades autonómicas firman el convenio que se le pone encima de la mesa, la privatización se realizaría de facto, con nocturnidad y alevosía, sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados.

Lógicamente, existen poderosas razones para sostener que no se está reformando la sanidad pública con ánimo de fortalecer un modelo de sanidad público universal financiado vía impuestos, sino que se está deteriorando, descapitalizando y desmantelando muy conscientemente un sistema nacional de salud que había ocupado niveles razonables de éxito en el ranking mundial. Se trata, como decía en mi artículo publicado por LNE (15-04-23), de establecer una red con amplias posibilidades de elección para los pacientes con capacidad de pago, y otra red asistencial y de coberturas para los pacientes sin capacidad de pago, esto es, unos usarán la tarjeta bancaria y otras seguirán con la cada vez mas mermada tarjeta del seguro. La preferencia por este sistema cada vez mas dualizado se retroalimenta con dos poderosos motivos de índole económico: El negocio potencial que ofrece una sanidad segmentada resulta enorme – las mutuas son un negocio muy goloso -, y, además, en plena época de crisis, el sector privado sanitario necesita de un empujón amistoso por parte de un gobierno dizque socialista y progresista para ayudarle a salir del paso. ¡¡¡ A la mierda con esta clase de progresía !!!