Gijón, 10 de octubre de 2023
Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la dirección de la Asociación de Pensionistas de Gijón (APG) por la organización de este acto para hablar desde esta magnífica tribuna sobre uno de los mayores y más graves problemas que tenemos planteado en nuestro país.
Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en estos últimos años de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que siguen reclamando las distintas plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de Derecho Fundamental a la vez que prohibiendo su privatización, en cualquiera de las maneras y, sobre todo, evitando la pérdida de poder adquisitivo, hasta alcanzar esa pensión mínima de 1.080 euros mensuales.
Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.
LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea y desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019.
En ese contexto es bueno saber que ni Bruselas ni la Comisión Europea tienen capacidad legal alguna para imponer ningún tipo de criterio ni norma respecto al tema de las pensiones. Es decir, Bruselas no puede legalmente obligar a los Estados, pero utiliza la vía del chantaje, con la amenaza de que no habrá ayudas sino se cumplen los designios de Bruselas.
Ahora, con los Fondos Next Generation, se controla el envío de esos fondos a los Estados a través de la limitación del gasto público social y en especial de las pensiones, promoviendo su privatización. Además de limitar el gasto en cotizaciones se pretende promover la individualización y la división entre los trabajadores y trabajadoras, buscando el apoyo de una parte de las clases medias y de sectores de trabajadores de altos salarios que no pongan en cuestión el sistema capitalista.
Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en el año 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.
Y ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 53,00 % de las mujeres está por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 9.553 euros anuales, lo que significa menos de 681 euros mensuales, frente al 25 % de los hombres.
LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985 con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión; después, en 2011 con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y muy recientemente la introducción por parte del gobierno del PP del “factor de sostenibilidad”, que eliminaba la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010.
Por cierto, un cero patatero de incremento en las pensiones, muy aplaudido por todos y cada uno de los diputados y diputadas del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual secretario general y presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”.
Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen.
Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.
Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo que estamos afirmando: Hace cincuenta años el 32% de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 32% anterior.
Por lo tanto, creo que ya es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social, sobre todo ahora que tanto se habla de la Inteligencia Artificial.
En efecto, los sistemas digitales y los robots son máquinas inteligentes que se están expandiendo a un ritmo vertiginoso. Las cifras de inversiones anuales en la automatización de los puestos de trabajo auguran que en los próximos años el aumento va a ser aún mayor. Según McKinsey Global, para el 2030 el 20% de los trabajos a nivel mundial habrán sido automatizados, mientras que para el 2040, la cifra alcanzará el 47% de los empleos, según un estudio de la Universidad de Oxford.
Ello conlleva irremediablemente a que los humanos perdamos nuestro trabajo en favor de los robots, siendo algunos sectores más susceptibles que otros a ser automatizados, de tal manera que los salarios de los trabajadores se verán reducidos, del mismo modo que las cotizaciones a la Seguridad Social, y todo ello en detrimento de las pensiones y los sistemas públicos. Si la tasa de desempleo aumenta, ¿quién va a cotizar a la seguridad social?
Desde mi punto de vista, y dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones.
Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, incluida, como no, la “histórica” reforma de Yolanda Díaz, que no ha servido sino para precarizar aún más el empleo, por mucho que se pretenda hacernos creer lo contrario, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores, hasta llegar a ser el país de la OCDE donde más cayeron, llevándose los impuestos el 40% del salario bruto.
LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.
Se trata del modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, allá por el año 1981, donde jubilarse en aquel país es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. En efecto, Chile fue pionero en el establecimiento del sistema privado obligatorio, aunque curiosamente se mantuvo y todavía se mantiene el sistema público de reparto para las fuerzas armadas.
En la actualidad, casi dos millones de los pensionistas chilenos viven con la limosna de 160 dólares mensuales que el gobierno introdujo a partir del año 2008, siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero chileno la lucha permanente por volver al sistema público de pensiones.
En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas de dinero.
LA CUARTA, para confirmar que el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no es otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses.
Se trata, amigas y amigos, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se va transformando cada vez más en la “lucha de frases”.
Estamos viviendo un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes sociales y políticos al pensamiento ortodoxo, lo que ha llevado a que muchos sindicatos, autoproclamados de clase, hayan aceptado acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos del neoliberalismo. Es la única explicación plausible para entender, entre otras cuestiones, a unas direcciones sindicales que han justificado las propuestas de privatización de las pensiones.
Qué duda cabe, las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos, poniendo en duda la viabilidad del sistema público, a la vez que anunciando apocalípticamente la quiebra del mismo, donde, paradojas de la vida, CC.OO y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas.
Sí, compañeras y compañeros, los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA (20% del accionariado cada sindicato) y de FONDITEL (15% cada uno), líderes del mercado en España, por lo que son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han criticado.
Y, pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró este año con un déficit equivalente al 0,9% del PIB (13.445 millones de euros), siempre excluyendo los gastos que le son impropios ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas con déficits anuales que triplicaron y cuadriplicaron al déficit de la Seguridad Social? ¿No se puede financiar un déficit del 0,9% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero?
Mirad, amigas y amigos: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos treinta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.
Sí, estoy afirmando que, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MÁS DE MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!
Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones.
Claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.
¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.
Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: En España se defraudan todos los años 100.000 millones de euros, que equivalen al 9,00 % del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 90% del gasto destinado a las pensiones. Y dicen mucho más: el 75% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.
Por eso, cuando nos dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos. ¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida, precisamente, uno de los mayores lastres para el crecimiento del país con una cifra de dinero oculto a los ojos del Estado en torno al 20% del PIB.
Por cierto, ¿por qué todos los partidos se siguen oponiendo a que la banca devuelva los 60.600 millones de euros procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Una cifra más que suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.
El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.
Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.
Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.
Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.
Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es cómo se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.
Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?
Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO, con sus gastos de personal incluida la Seguridad Social, supone hablar de 3,01 billones de pesetas, es decir casi el 3 % del PIB.
Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros. En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.
En definitiva, amigas y amigos, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas.
Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo, cuando no acelerando su muerte, tal y como ha ocurrido con los más de 42.000 seres humanos que han dejado morir en las residencias o geriátricos por falta de asistencia sanitaria durante la pandemia vivida.
Al respecto, es bien conocida la frase de aquel ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”
En realidad, siempre según Eurostat, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos y abuelas”.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.
El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
En la actualidad, amigas y amigos, más del 50% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.
Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.
Al final, el PSOE y las fuerzas neoliberales que representan han impuesto, con el apoyo de los dirigentes sindicales, una reforma de pensiones que no reforma absolutamente nada, dejando las cosas igual o peor que estaban, porque mientras se sigan ligando exclusivamente las pensiones a las cotizaciones sociales y mientras se le siga cargando al sistema otras prestaciones que en absoluto le corresponden, será prácticamente imposible que el problema quede resuelto como pretenden hacernos creer.
De hecho, apenas habían transcurrido 24 horas cuando la AIReF, esto es los hombres de negro de Bruselas, ya advertía de futuros recortes en las pensiones para el año 2025. La filosofía de fondo es la misma que hemos denunciado en múltiples ocasiones: ESCRIVÁ, la AIReF, y los economistas televisivos a sueldo pretenden hacernos creer en la inviabilidad del sistema público de pensiones. Es por ello que el gobierno ha decidido incumplir las normas y evitar una Auditoria de cuentas de la Seguridad Social con garantías de ecuanimidad.
A pesar de todo, el “Decreto Ley” sobre la reforma de las pensiones, es intencionadamente confuso. Es una opción deliberada puesto que permite, una vez desarrollados los reglamentos, aplicar lo contrario de lo que se dice.
Se habla del destope a la cotización de los salarios más altos, que es en sí mismo un pequeño avance, aunque al hacerlo tan lento y gradual acabará siendo neutralizado por la inflación en términos reales. También se abre la puerta a la ampliación del periodo de cómputo, de 25 a 29 años, que reduce sustancialmente las pensiones, como uno de los males menos malos, porque todo apunta a que en el medio plazo nos meterán la vida laboral íntegra.
Pero, fijémonos por un momento, en la literalidad del “DECRETAZO” gubernamental sobre medidas urgentes para la AMPLIACIÓN DE DERECHOS de los pensionistas, y vayamos a la Disposición Adicional Segunda del texto: “ A partir del Informe de Impacto de las Medidas de la AIReF, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos (más impuestos) o una reducción del gasto en pensiones (recorte de pensiones) en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas”. Es decir, más impuestos y más recortes de las pensiones.
Quiere decir, lisa y llanamente, que los recortes comenzarán a aplicarse a partir de ya, gobierne quien gobierne. Y ello sin olvidar que, según un muy reciente informe de Natixis, la calidad de nuestras jubilaciones ha quedado relegada a los últimos puestos a nivel global y al peor a nivel de la Unión Europea.
Factores como la desigualdad de ingresos y la falta de seguridad en el empleo durante la carrera laboral lastran las cifras de España, de tal manera que España ha dejado 11 posiciones desde el año 2012.
Por eso, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.
Es decir, si algo ha frenado los planes de Bruselas no ha sido tanto el trabajo parlamentario, como la movilización social persistente de los pensionistas en España. Por ello, nuestra lectura no es que debamos reducir el movimiento presente, sino al contrario: incrementarlo en lo posible y tratar de extenderlo a los trabajadores actuales, los grandes perjudicados de esta ley.
Hay que realizar un ejercicio paciente, pedagógico e incluyente al margen de las siglas sindicales para llegar a todos. Hay en UGT y CC.OO., aunque sus cúpulas hayan apoyado la reforma, un potencial de movilización que es preciso activar, trenzando desde lo inmediato y concreto una alianza social que permita abrir nuevos horizontes desde la movilización y la lucha.
De ahí, amigas y amigos, debemos de seguir insistiendo con mayor fuerza que nunca en que la única manera de que las pensiones públicas estén de verdad protegidas frente al abordaje de los corsarios del neoliberalismo es blindándolas en la Constitución, tal y como ha quedado expuesto.
Abundando más en el tema, tampoco es cierto históricamente que el método de reparto sea lo “antiguo” mientras que la capitalización represente la modernidad.
Tanto en el Estado español como en la mayoría de los Estados europeos los seguros sociales inicialmente funcionaron en capitalización y fue el fracaso de este método el que abrió la puerta al reparto. Fue la inestabilidad causada por la gran crisis de 1929 y, posteriormente, por la Segunda Guerra Mundial, lo que mostró la debilidad de la capitalización para pagar pensiones a quienes habían cotizado al amparo de los regímenes anteriores, ya que las inversiones de los Fondos de Reserva eran insuficientes para hacer frente con carácter inmediato a los compromisos de pensiones asumidos por los sistemas de seguros sociales.
Ahora nos vienen con los planes de pensiones individuales y, siendo verdad que los planes de empresa o empleo ya existían, no es menos cierto que la nueva ley introduce la implicación directa de la administración en su promoción, si bien, eso será lo único público, pues la gestión será toda ella privada. A muy groso modo el detalle de los mismos ha quedado como sigue:
- creación desde lo público de un fondo de pensiones privadas gestionado por el sector privado.
- impulso de tales pensiones mediante la negociación colectiva.
- reducción, en principio, de los costes de gestión, para que puedan parecer que sean rentables, aunque, al final, no lo sean.
- concesión de nuevos incentivos fiscales a los PPE, vía desgravaciones fiscales, al objeto de estimular la extensión de los mismos.
Además, estos planes de empleo son menos importantes que los individuales porque se contratan en centros de trabajo, principalmente en las grandes empresas y alguna administración pública. Es decir, tanto los autónomos como la pequeña y mediana empresa – en su gran mayoría contratas de subcontratas-, que suponen la inmensa mayoría del tejido productivo no dedican el dinero a estos menesteres.
Es decir, el gobierno dizque progresista, le entrega en bandeja a los entes financieros una parte muy importante del ahorro colectivo generado por los trabajadores españoles en torno a los 300.000 millones de euros, una cifra que representa más de la cuarta parte del P.I.B. que, entre otras cuestiones – la más grave de todas – sirve para condenar a la inmensa mayoría de los “futuros pensionistas sin el derecho a una pensión adecuada y digna” (Artículo 50 de la Constitución).
En definitiva, los PPE no son más que un suculento negocio para la banca, pero también una ruina económica para la mayoría de trabajadores, son de dudosa moralidad en muchos casos y ciertamente peligrosos en muchos.
Compañeras y compañeros: la Seguridad Social no es un capricho, sino que ha sido una de las más grandes conquistas históricas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias.
Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance. ¡¡¡ SOMOS MÁS DE NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS, NO LO OLVIDEMOS !!!
Muchas gracias