Los últimos meses del franquismo, cuando apenas había cumplido los 26 años de edad, representan una de las épocas más convulsas en la historia de nuestro país, marcada por el proceso aperturista conocido como “espíritu del 12 de febrero” y sus reacciones, tanto de apoyo como de oposición.
En este agitado panorama institucional, entre el 12 de febrero de 1974, fecha en que el último presidente del franquismo, Carlos Arias Navarro, pronunciara su discurso de investidura ante las Cortes, y el 30 de octubre del mismo año, fecha en que el ministro más aperturista del gobierno, Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo, abandonaba su puesto por las presiones de los sectores más intransigentes del Régimen, aquel “espíritu aperturista” sería derrotado y Pío Cabanillas relevado por un burócrata falangista como León Herrera, que él mismo se definía como “un hombre del Movimiento Nacional, ciento por ciento franquista hasta la médula”, al igual que el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, presentaba su dimisión para ser sustituido por Rafael Cabello de Alba, otro gerifalte franquista y consejero nacional del Movimiento, poseedor de la Gran Cruz del Yugo y las Flechas, entre otras condecoraciones franquistas.
Pero, no serían esas las únicas dimisiones, porque en un segundo plano, miembros de la generación más joven del Movimiento Nacional, con ambiciones de futuro, creyeron prudente y beneficioso romper amarras con la Dictadura, casos concretos del falangista Gabriel Cisneros – autor del discurso de Arias Navarro del llamado espíritu del 12 de febrero, y uno de los “padres” de la Constitución española de 1978 -, o el caso más espectacular de otro falangista como Francisco Fernández Ordóñez, que dimitió de su dirección en el INI, para acabar integrándose como ministro de Asuntos Exteriores del gobierno felipista del PSOE.
Estas dimisiones no confirmaban sino que la supuesta democratización que el “espíritu del 12 de febrero” debía establecer, no llegaría nunca o, en el mejor de los casos, tomaría una forma diferente a la deseada, dando lugar a un período marcado por las tensiones entre los sectores más ortodoxos del franquismo, opuestos a cualquier transformación del régimen, y los reformistas. En ese contexto, acelerado tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, el mes de enero de 1976 sería testigo del más importante movimiento huelguístico habido hasta la fecha donde, una vez más lo mineros asturianos volverían a ser la vanguardia de las movilizaciones obreras, manteniendo una huelga en toda la minería, con encierros en los pozos mineros, iglesias, y asambleas permanentes en los montes y escombreras mineras con todo tipo de movilizaciones en la calle que se prolongarían a lo largo de sesenta días de duros enfrentamientos con los antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil.
En efecto, Arias Navarro, más conocido por “Carnicerito de Málaga”, después de haber firmado 4.300 fusilamientos en la provincia malagueña cuando era Juez Togado Militar, había sido nombrado presidente del gobierno francomonárquico, todo él preñado de ministros inmovilistas y representantes del poder económico, cuya pretensión era llevar a cabo una reforma sin cambiar nada. Se trataba, en definitiva, de un proyecto pseudo-reformista que pretendía establecer una especie de neofranquismo que, adaptado a los nuevos tiempos, permitiera la continuidad de la dictadura franquista, mientras nosotros, los trabajadores, proclamábamos una ruptura democrática que significaba la amnistía política, la legalización de los partidos políticos, y las elecciones libres…
Con la muerte del dictador la lucha por el espacio público tomaba ahora una nueva dimensión. Manuel Fraga Iribarne, en aquellos momentos ministro de Gobernación de la Dictadura, lo situó con claridad con su afirmación «la calle es mía». Y ciertamente, en un momento de fuerte desorientación política para el régimen, saber de quién era la calle, en un país donde no existían mecanismos para saber lo que pensaba realmente la población, devenía en un plebiscito virtual.
En este contexto, el desafío de Fraga se dirimió durante el primer semestre de 1976, donde la conflictividad obrera se disparó a partir de noviembre de 1975 y si durante ese año medio millón de trabajadores habían perdido 10 millones de horas de trabajo en conflicto, en 1976 esta cifra alcanzó a 3,5 millones de trabajadores, que perdieron 110 millones de horas de trabajo, situando a nuestro país a la cabeza de la conflictividad europea.
“… A la hora de llevar a cabo la masacre obrera en Vitoria, hubo una convergencia táctica entre oposición y franquistas. Por eso no debe extrañar a nadie que los responsables políticos directos de la masacre de Vitoria, Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, Adolfo Suárez, secretario general de Movimiento, Adolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, gerifaltes de la Dictadura que continuaban al frente del aparato represivo en los primeros tiempos de la monarquía, y que continúan activos en la vida política y empresarial jamás fueran encausados por los asesinatos cometidos…
Esta «batalla de la calle», tal como fue definida por el Gobernador Civil de Barcelona, Sánchez Terán, en aquellos momentos, fue encabezada por la minería asturiana, Madrid, Barcelona y el País Vasco, pero iba mucho más allá de ellas, afectando prácticamente a toda la geografía urbana del país, alcanzando su momento álgido en marzo, a partir de las huelgas en solidaridad con los hechos acaecidos en Vitoria, cuando 150.000 trabajadores entran en huelga en Vizcaya, 150.000 más en Guipúzcoa y se logra la paralización de Navarra, donde se vivieron durante cuatro días fuertes enfrentamientos en Pamplona.
Los trabajadores habíamos abandonado los puestos de trabajo, paralizando la producción y estableciendo aquellas asambleas para el debate y toma de decisiones como cimiento de aquellas luchas. Ocupamos la calle, los montes y las escombreras, a pesar de que Fraga Iribarne decía que la calle era de él, e hicimos de ella una tierra liberada, un espacio abierto a las que incorporamos los derechos de reunión, expresión y asociación reprimidas durante la Dictadura. Fuimos aporreados, heridos, detenido, y paralizamos toda negociación, anteponiendo la readmisión de todos los despedidos y la libertad de todos los presos políticos y sindicales…
Aquellas asambleas, con sus debates diarios, eran una auténtica escuela de formación, que puso “patas arriba” todo el entramado patronal e institucional, con sus fuerzas armadas y sus medios de comunicación de características clasistas y represivas. Así llegamos al 3 de marzo de 1976 cuando se iba a producir un acontecimiento que tendría, desde mi punto de vista, una tremenda repercusión en la llamada transición democrática. Recuerdo mi participación el día anterior en una asamblea de trabajadores en Vitoria, donde conocí personalmente al cura obrero asturiano Jesús Fernández Naves – hermano de mi amigo y maestro de escuela, Manolo Naves, y uno de los líderes surgidos en los acontecimientos de Vitoria -, teniendo previsto participar en otras asambleas de trabajadores cuando, hacia las cinco de la tarde de ese maldito día, nos llega la noticia de que policías armados de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria estaban penetrando en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga en Vitoria, usando gases lacrimógenos para desalojar a los 4.000 trabajadores en huelga que estaban allí reunidos.
El 3 de marzo de 1976, el ametrallamiento por parte de la Policía Armada y de la Guardia Civil de una multitud de trabajadores, obligados a abandonar su encierro en una iglesia vitoriana, bombardeada con bombas lacrimógenas, se salda con cinco muertos y más de cien heridos, y supone el principio del fin de una movilización de varios miles de trabajadores en lucha por una serie de reivindicaciones laborales…
Los trabajadores empezaron a salir al no poder soportar los efectos del gas, siendo recibidos por pelotas de goma y disparos de armas de fuego, causando la muerte de cinco compañeros y más de cien heridos por bala: Romualdo Barroso, de 19 años. Francisco Aznar, de 17 años. Pedro María Martínez, de 27 años. José Castillo, de 32 años. Bienvenido Pereda, de 30 años. Todos ellos murieron masacrados a balazos por la policía del régimen, la actual Policía Nacional.
Aquello supuso la mayor matanza de la Transición, nunca aclarada, porque ni se investigó ni se celebró juicio. Eso sí, sirvió para precipitar la caída del presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, al que el rey Juan Carlos I relevaba en julio por el falangista Adolfo Suárez, pero nada mejor que recoger literalmente el testimonio que constituyen las grabaciones de las conversaciones policiales de aquella trágica tarde del tres de Marzo de 1976: “Si hay gente, a por ellos”, ordenan los superiores a los policías que acordonan la zona. “Si desalojan por las buenas, bien; si no, a palo limpio”, decretan. “O traen refuerzos o habrá que usar las armas de fuego”, amenazan los de abajo. “¡Vamos a por ellos! ¡Gasead la iglesia!”, gritan al final. “¡Que manden fuerza aquí que hemos tirado más de 2.000 tiros!”, gritan por sus transmisores. “Esto es una batalla campal”, exclaman los policías por sus transmisores para avisar a sus superiores. “Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia”, alardean los asesinos. “Por cierto, aquí ha habido una masacre. Pero de verdad una masacre”, repiten insistentes por sus walkies. Vitoria era una ciudad tomada…
Muy reciente aún el Congreso de Suresnes en 1974, desde el PSOE y la UGT seguíamos desarrollando todo un proceso organizativo, refundador – diría yo -, pues en la inmensa mayoría de las provincias españolas no teníamos ni afiliados, cuando se decide la celebración del XXX Congreso Confederal de U.G.T. – previsto de antemano celebrarlo en Bélgica con fecha tope al mes de junio de 1976 -, pero la muerte de Franco, en noviembre de 1975, obligó al adelantamiento de la convocatoria para la fecha del 15 de abril de 1976, en España.
Nicolás REDONDO,elegido secretario general de UGT en el XXX Congreso Confederal, el 18 de abril de 1976.
De esa manera, el Congreso que había sido solicitado como una “reunión de estudios sindicales de carácter internacional”, se celebraría en el conocido restaurante Biarritz, en el número 66 de la calle Almansa del popular barrio madrileño de Cuatro Caminos, propiedad de uno de los principales mecenas del PSOE-UGT, “Pichurri” Sarasola, siendo presidido por Ramón Rubial y por Luis Gómez Llorente como vicepresidente, dándose la circunstancia de celebrarlo en el mismo barrio en el que cuarenta y cuatro años antes se había celebrado el XVII Congreso, último realizado en España antes del franquismo.
En realidad, para el gobierno franquista era una oportunidad de comprobar de cerca la fortaleza y los apoyos internacionales con que contaba el sindicato socialista español. El Congreso de la UGT, nuestro congreso, suponía un paso delante de la democratización, por sacar a la luz con nitidez las contradicciones de un régimen que por un lado mantenía las instituciones franquistas y por otro consentía lo que estas instituciones negaban.
Plenario de una de las sesiones del XXX Congreso Confederal de UGT el 15 de abril de 1976…
Pero, no todo el franquismo se quedó cruzado de brazos ante esta complacencia. El consejero del Reino y procurador en Cortes del tercio sindical, Dionisio Martín Sanz, visitaba al ministro de la Gobernación para protestar por la autorización del congreso de UGT porque, “Las leyes no autorizan el pluralismo sindical, y Fraga no puede permitir que la ley se incumpla, aunque él no haya votado la Ley Sindical”. Más opuesto aún era el extremista falangista, Juan García Carrés, ex presidente del Sindicato de Actividades Diversas e implicado en la matanza de los abogados laboristas de Atocha y en el golpe de salón borbónico del 23-F, al mantener que, “con esta autorización no se respetaban las Leyes Fundamentales, y la UGT estaba fuera de la Ley Sindical. Yo no sé a dónde va a parar el gobierno, porque él debe ser el guardián fiel de las leyes de la nación y él mismo las está infringiendo con esta autorización”. Mucho más hábil que éstos dos falangistas, el veterano falangista del “verticato” y ministro de Trabajo, José Solís Ruiz, se lavaba las manos comentando: “Tengo entre ellos mucha gente que conozco. Muchos socialistas y cenetistas han pasado por la Organización Sindical y han prestado muy buenos servicios.”
Juan García Carrés, Presidente del Sindicato Nacional de Actividades Diversas y procurador en Cortes. También fue miembro de la Confederación Nacional de ex Combatientes, con cuyo fundador, José Antonio Girón, le unía una gran amistad.
Durante la transición democrática se vio implicado en distintos casos de violencia de la ultraderecha, entre los que destacaron la matanza de Atocha de 1977, por la que fue llamado a declarar.2 A la salida de los juzgados declaró:
“Estoy asombrado de lo que está pasando en España. Esto no es más que un estado de confusión. Los que hemos sido fieles a los juramentos que prestamos estamos sentados en una especie de banquillo, y los perjuros ocupan los altos cargos del poder. Objetivo de todo esto es desprestigiar a los que hemos tenido conciencia y ponernos de blanco como en un tiro de pichón. Así que los que nos han hecho venir a declarar aquí que respondan con sus conciencias de lo que nos pueda pasar”.
Dos fueron los temas básicos abordados a lo largo de las sesiones celebradas entre los días 15 y 18 de abril. El primero fue el rechazo absoluto a los planes reformistas de la Organización Sindical franquista para transformarse en organismo representativo de los trabajadores españoles, abogando por la inmediata ruptura sindical. Durante su discurso de clausura, Nicolás Redondo dejaría muy clara la necesidad del “desmantelamiento y desaparición del aparato vertical fascista”. El segundo tema de importancia tratado fue el de la unidad sindical, pedida de manera insistente por las Comisiones Obreras, aunque para UGT el tema de la unidad no era tan preocupante en aquellos momentos, pues se pensaba que sería el último proceso de un diálogo en libertad entre todas las organizaciones representativas. Así figuraba en el lema de nuestro Congreso: “A LA UNIDAD SINDICAL POR LA LIBERTAD”, y así lo subrayaba también Felipe González en su intervención, como primer secretario del PSOE: “La unidad y libertad sindicales son para nosotros no sólo compatibles, sino absolutamente imprescindibles la una para la otra”.
En cualquier caso, el éxito del Congreso ya estaba asegurado, tanto por su celebración a la luz del día, como por la repercusión internacional que se le había dado, así como por la confirmación de que los trabajadores españoles estábamos reclamando sonoramente nuestro derecho a organizarnos como nos viniera en gana, sin pedir permiso a nadie. Las sesiones de aquellas “jornadas de estudio de temas sindicales” concluyeron con la elección de la nueva ejecutiva, ratificando la dirección de Nicolás Redondo, en línea claramente continuista con el equipo anterior. Y, por supuesto, con la emocionada entonación de la Internacional con los puños en alto – muchos de nosotros ni siquiera sabíamos la letra entera -, y acusando a la dictadura de Franco de terminar como había empezado: matando obreros, en clara referencia a la “masacre de Vitoria”.
Una cuestión había quedado muy clara: la importante brecha que se había abierto entre la clandestinidad y la legalidad, motivo de preocupación del entonces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, cuando, entre indignado y enfurecido, llegó a afirmar: “Tenemos que legalizar a los sindicatos, porque no hay cuerda para atarlos a todos.”
Octavilla repartida para el llamamiento al homenaje de Manuel Llaneza en el cementerio de Mieres, el 25 de enero de 1976
Ese mismo año, más concretamente el domingo, 25 de enero de 1976, organizamos en el cementerio civil de Mieres el primer acto público de carácter político después de la muerte de Franco. Se trataba de un homenaje al dirigente minero socialista, Manuel Llaneza Zapico, con motivo del cuarenta y cinco aniversario de su muerte, ocurrida en el año 1931. Este homenaje que veníamos celebrando desde hacía unos años, lo mismo que las concentraciones en el puerto de Tarna por el verano, en la semiclandestinidad y con un carácter casi familiar, de personas vinculadas o simpatizantes del PSOE y la UGT, aquel año de 1976 habíamos decidido celebrarlo a plena luz del día, con presencia de fotógrafos, tanto de la prensa como de la Policía político-social, que sin duda sacaron muchas más fotografías que los periodistas.
La noche anterior había caído sobre Asturias una fuerte nevada y, a pesar de que la ceremonia estaba permitida, el Gobierno Civil decidió usar el miedo y la intimidación a los que se decidieran a asistir al acto a pesar de la nieve, estableciendo controles policiales en todas las carreteras que tuviesen dirección a Mieres, pidiendo los documentos de identidad de las personas y anotando las matriculas de todos los coches aparcados en las inmediaciones del cementerio de Mieres, a la vez que oteaban el acto con prismáticos desde un edificio cercano en construcción, mientras otros disparaban sus cámaras fotográficas sobre todas las personas que llenaban el recinto del cementerio.
Pese a la nieve que caía, el cementerio estaba lleno, en su mayoría personas de edad, calculándose entre dos mil quinientas y tres mil personas la asistencia, encontrándose entre los oradores, a modo de “guardaespaldas”, los compañeros Jan Olieslagers, presidente de los mineros belgas (F.G.T.B) y vicepresidente de la Federación Internacional de Mineros (F.I.M.), así como KulaKowski, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (C.E.S.).
En ese acto habló también el dirigente socialista del PSOE, Francisco Bustelo, con un emotivo discurso dirigido a los concentrados para seguir en la lucha por la consecución de las libertades y la democracia en nuestro país. Al final de la intervención de Marcelo García Suárez, intentó tomar la palabra el dirigente de CC.OO, Juan Muñiz Zapico “Juanín”, recién salido de la cárcel por su implicación en el “Proceso 1001”, pero un grupo de socialistas presentes en el acto intentaron impedírselo, a lo que el compañero Marcelo, dando prueba de su altura de miras, cogió el megáfono en su mano y dirigiéndose a Juanín le dijo: “Toma el cacharru y habla, Juanín”.
Joe Gormley, presidente de los mineros ingleses de la NUM es recibido en el aeropuerto de Asturias, en febrero de 1976, por los dirigentes ugetistas Arcadio García “Cayo”, Manuel Simón y Manuel Garnacho, para celebrar la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Mineros en Asturias.
Otro de los acontecimientos importantes que siguieron al homenaje de Manuel Llaneza, en pleno desarrollo de las huelgas mineras en Asturias, fue la celebración, por primera vez en España, del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Mineros (F.I.M.), como confirmación de la minería mundial socialdemócrata a nuestra Federación Estatal de Mineros de U.G.T., el cual tendría lugar en el Hotel Vaqueros de La Felguera en febrero de ese mismo año, estando presidido por el inglés Joe Gormley, “Barón Gormley” y presidente de los mineros ingleses de la N.U.M., dando lugar a un desagradable incidente con la prensa cuando éste se negó a hacer declaraciones sobre las ayudas económicas que percibía la UGT de las organizaciones internacionales, afirmando que los periodistas españoles eran unos franquistas, siendo titulado al día siguiente por los periódicos como “un inglés mal educado en Langreo”…
