En efecto, tal y como decía en la primera parte sobre “saavedrismo” y “villismo”, hemos llegado a una de las conclusiones sobre la tragicomedia que se viene realizando en torno al antiguo chivato del jefe de la Brigada Social Franquista Claudio Ramos Tejedor, el exfalangista somático VILLA, para eludir su comparecencia ante los Tribunales de la Justicia que le evite responder penalmente de sus latrocinios y de los que le acompañaron en su truculenta trayectoria política y sindical como virrey de Asturias. Se trata de la providencia judicial, emitida con fecha 24 de octubre por la Jueza titular del Juzgado número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, para que acuda al juzgado el próximo día 4 de noviembre, con el fin de poder someterse a un reconocimiento médico que determine la “existencia o inexistencia de deterioros cognitivos” que pudiesen, o no, impedir a Villa “prestar declaración sobre los hechos objeto de las presentes diligencias previas”, una providencia hecha bajo la advertencia expresa de que “en el caso de incomparecencia injustificada incurrirá en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.
Pero, vuelvo a repetir, al margen de las resoluciones que puedan emanar de las investigaciones que se llevan a cabo desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, lógicamente a la espera del examen médico que realizará el neurólogo especialista en materia de demencias, Alfredo Robles Bayón, conviene recordar que la querella criminal presentada por el mismísimo SOMA-FITAG-UGT contra su exsecretario general, José Ángel Fernández Villa, se encuentra paralizada hasta que se resuelvan las dudas sobre la merma de sus facultades mentales. Al respecto, resulta hasta gracioso que, durante tantos años el “saavedrismo”, fuera tildado de forma irónica como las “locuras de Saavedrona”, cuando se denunciaba públicamente, con papeles documentados en la mano, las atrocidades que se venían cometiendo contra el sector carbonero y sus comarcas mineras y, hoy, el “capofamiglia” del “villismo” tenga que protagonizar una burda tragicomedia para que la gente reconozca que está “loco” y, de esta manera, poder evitar su comparecencia ante los tribunales de la justicia para responder penalmente de esas atrocidades denunciadas hasta la saciedad por el “saavedrismo”.
Pero, esta querella por apropiación de dineros pertenecientes al SOMA-FITAG-UGT, también alcanza a otros de sus “consiglieris”, caso concreto de Pedro Castillejo, exsecretario general de la Fundación somática “INFIDE”, que presidía el propio VILLA, al margen, claro está, del otro “consiglieri”, José Antonio Postigo, también investigado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
De esta manera y, siempre de acuerdo con los interrogatorios realizados en la instrucción del sumario, queda muy claro que la contabilidad que se llevaba a cabo en el sindicato minero y en INFIDE nos traslada a la novela cervantina de “Rinconcete y Cortadillo” , donde la sede somática de la Plaza de La Salve sería una especie del patio de Monipodio, por donde pasaban todo tipo de gentes del hampa, para pagar la correspondiente “mordida” por aquel cupo de carbón en tal o cual empresa, por aquella carretera o geriátrico pagada con los fondos mineros, por aquel otro chiringuito empresarial que, una vez recibida la subvención, desaparecía con el dinero, o por aquellos dineros procedentes de los cursos de formación que nunca se realizaban, pero que se percibían íntegramente.
Es verdad la existencia de un contable somático, Juan Cigales, quien sería llamado a declarar en su calidad de testigo, pero no es menos cierto que su responsabilidad, tal y como se recoge en su declaración ante la jueza, se ceñía a los pagos, sin que estuviese en sus cometidos valorar la idoneidad de los gastos que se incluían en las cuentas del sindicato, limitándose a buscar facturas que correspondían a los gastos que se anotaban: “cada cierto tiempo Villa me daba bolsas llenas de tiques y me decía que pagara los gastos y chitón “.
Sin embargo, mucho más grotescas resultan las declaraciones del exsecretario general de INFIDE, Pedro Castillejo Partido, cuando trata de defenderse declarándose ajeno a la gestión económica, sin que ello fuera óbice para embolsarse cantidades en torno a los cien mil euros en concepto de gastos de representación, que ahora le son reclamados por el SOMA-FITAG-UGT a través de la querella presentada: “Me negué a unirme a una banda de buitres y ahora pago las consecuencias”.
La historia de los coches que nos cuenta el “consiglieri Postigo” – corrupto donde los haya -, resulta sintomático. Dice que el sindicato le compró un todoterreno “Mitsubishi” pensando en la comodidad de Villa – antes tenía un AUDI, también pagado con el dinero del sindicato – y se puso a su nombre por razones fiscales derivadas de su minusvalía, pero era sufragado en su totalidad por el sindicato que, mensualmente le hace una transferencia bancaria, hasta el punto de que, una vez abonado el importe final del vehículo, se le siguieron enviando los 800 euros mensuales a Villa para compensarle de la pérdida de su escaño como diputado de la Junta General del Principado de Asturias, tal y como reconocería el mismísimo Postigo ante la Jueza: “Es verdad que con el coche ya pagado mantuvimos el ingreso para compensarle”. En definitiva, una auténtica chapuza que revela hasta qué punto las cuentas del sindicato estaban al servicio de las conveniencias o necesidades del “capofamiglia Villa”.
Sin embargo, al margen de las declaraciones judiciales de otros de sus “consiglieris”, como el eterno secretario de administración somático, Aquilino Ronderos: “En el SOMA-UGT no había un control periódico de las cuentas. Mandaba Villa”, el broche de oro a tal desmadre con el dinero de los trabajadores afiliados al sindicato, lo pondría su secretaria personal durante más de veinte años, Carmen Blanco, cuando declaraba en su comparecencia judicial: “Cobré el cheque de Hunosa muchos años. Me decía que no dijera nada a nadie de a dónde iba”, refiriéndose al cheque de Hunosa correspondiente a las dietas por asistencia al comité intercentros de sus compañeros de sindicato por valor de 315.000 pesetas que, cada mes le ordenaba ir a cobrarle a CAJASTUR.
La cuestión es que, llegada la fecha del 4 de noviembre, el todavía excelentísimo capofamiglia, José Ángel Fernández Villa, se negaba a presentarse en los Juzgados de Oviedo para ser examinado por el neurólogo Alfredo Robles Bayón, aludiendo que no había recibido la notificación, por lo que la magistrada dictaba una nueva diligencia en la que comunicaba a las partes el plazo de dos días para presentar las alegaciones que considerasen oportunas para tomar una decisión al respecto. En realidad, este sujeto siempre fue dueño de su enfermedad, la cual siempre vino utilizando con prescripción facultativa o sin ella a lo largo de su trayectoria política y sindical, desde el año 1976, y ahora es víctima de su leyenda sanitaria. ¿Cómo es posible que su abogada defensora siga alegando un grave deterioro neurológico para evitar su comparecencia ante la justicia, a la vez que éste firmaba un poder notarial a favor de ella, en perfectas condiciones físicas y mentales, tal y como afirmaría el notario requerido en su día por la jueza? ¿Cómo es posible que su esposa siga haciendo de actora en la tragicomedia tramada, aludiendo la total imposibilidad del sujeto para comparecer ante la justicia debido a la “paranoia que padece” (sic), cuando desde hace tiempo viene llamando telefónicamente a sus excompañeros somáticos para gritarles que “o me sacáis de aquí o caéis todos conmigo”?
Pero, a la espera de que la jueza tome una decisión definitiva al respecto para que “el Villa” pueda responder penalmente de sus fechorías pecunarias que su antiguo sindicato le reclama por medio de la querella criminal presentada – contra él y contra su “consiglieri” Castillejo -, según pudimos saber por medio del diario EL PAIS (4-11-2016), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado prepara otra querella criminal por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental contra el histórico dirigente del SOMA-UGT que ocultó a Hacienda 1,4 millones de euros y los regularizó durante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del PP en marzo de 2012.
Aunque el exvirrey de Asturias – Villa – trató de justificar el dinero acumulado asegurando que procedía de una herencia de su madre, dueña de un pequeño chigre en la localidad langreana de Tuilla, y su hermana testificaba ante los tribunales que no había ningún legado familiar, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que éste individuo amasó su fortuna “apropiándose supuestamente del dinero de las dietas de otros compañeros del sindicato y mediante certificaciones falsas de las obras de construcción de una residencia para mineros jubilados subvencionada a través de los fondos mineros del gobierno central y cuyo coste ascendió a treinta millones de euros”.
En efecto, la lujosa residencia de Felechosa suponía una inversión inicial de 30,9 millones de euros, que posteriormente se amplió hasta los 32,5 millones, con cargo a los fondos mineros, apareciendo en su construcción todo tipo de “certificaciones de obra falseadas, engordadas, incluso, en algunos casos, no ejecutadas pero cobradas” pero como esto entra en vía judicial, será el juez o jueza quien pedirá sus propios informes periciales para determinar finalmente la cuantía total del desfalco cometido. No sólo el “capofamiglia Villa” acudió a la amnistía fiscal del ministro pepero Montoro. También uno de sus “consiglieris” y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, regularizó cantidades millonarias en la misma amnistía.
Recuerdo cuando, allá por el año 1977, comenzaron a aparecer los problemas enquistados en el tiempo sobre la “vida o muerte” de la institución como tal, dando lugar a un debate prolongado en el seno del SOMA-UGT, donde un grupo de compañeros, seguidores del “Villismo”, apostaban por su desaparición, sin más, con el único argumento de que aquello era una institución del franquismo, creada por el sindicalista del régimen Noel Zapico; y otro grupo de seguidores del “Saavedrismo”, defendíamos la continuación del Montepío Minero Asturiano hasta que la Seguridad Social se hiciera cargo de todas y cada una de las prestaciones que venía concediendo el Montepío, con especial atención a los compañeros mineros nacidos antes de 1907, de tal manera que una reunión mantenida en el reservado del Restaurante Casa Fermín, en El Cristo de las Cadenas de Oviedo, concluyó con la creación de una comisión para desplazarse a Madrid al objeto de mantener una reunión ante el ministerio correspondiente para exponer el problema, quedando conformada la comisión por las siguientes personas: Villa, Antón Saavedra y Juan Luis Rodríguez Vigil (U.G.T.); Manuel Nevado Madrid y Marino Artos (CC.OO.); Fernando Monge (Asociación de Vigilantes) y Desiderio Díaz López (Asociación de Administrativos).
Una vez en Madrid, fuimos recibidos en el Ministerio por el Subsecretario de Sanidad y Seguridad Social Victorino Anguera Sansó, conocedor del problema por haber sido Gobernador Civil en Asturias hasta muy recientes fechas, del que obtuvimos muy buenas palabras y el compromiso de solucionar el problema de los nacidos antes de 1907 para que pudieran acogerse al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón – unos cuatrocientos cincuenta aproximadamente a los que, por cierto, fueron dilatando en el tiempo su concesión a la espera de que se fueran muriendo debido a su avanzado estado de vejez -, así como la participación de los sindicatos en los órganos del Montepío Minero.
No obstante aquellas promesas por parte del Subsecretario de la Seguridad Social, Villa y sus pandilleros somáticos continuarían en su labor destructiva promoviendo una campaña de bajas a la mutualidad que llegó a amenazar con la desaparición de la institución, causando una cifra cercana a las 5.000 bajas, hasta que se dio cuenta del “gran negocio” que se podía hacer con el control de la institución que él mismo había “sentenciado a muerte”, paradójicamente la misma institución que le concedía la Medalla de Oro en el año 2000 de manos de su presidente a la vez que su lugarteniente en el sindicato José Antonio Postigo – ambos expulsados del SOMA-FITAG-UGT por “chorizos”, el mes de octubre de 2014 -, medalla que le sería quitada por la Comisión Regional del Montepío en su reunión del 30 de octubre de 2014, aludiendo, entre otras lindezas, “falta de honorabilidad a los valores obreros”.
Pues bien, durante todo este tiempo transcurrido desde aquella reunión de Madrid, cinco han sido los presidentes que han gestionado el patrimonio y los dineros de los mutualistas y de la Administración, todos ellos afiliados al SOMA-UGT y hombres de la máxima confianza del ya defenestrado Villa, y los cinco tuvieron que salir “por la vuelta del vacío” como consecuencia de su enfermedad cleptómana, motivo por el que, con fecha 11 de enero de 1988, entregaba mi carta de baja como afiliado al Montepío de la Minería, donde dejaba explicitados los motivos de la misma: “… que desde hace tiempo vengo observando ciertas irregularidades muy graves, tanto en la gestión del Montepío como en sus servicios del Balneario de Ledesma, construcción y adquisición de viviendas, dietas y “mordidas” de sus representantes, etcétera… y consecuentemente no puedo seguir consintiendo que mi dinero sirva para ‘recreo’ de nadie y mucho menos que se despilfarre de manera tan grotesca como incontrolada…”
En ningún momento me hizo suponer que aquella, mi baja, fuera a suponer la premonición de lo que seguiría ocurriendo, tal como ocurrió, cuando saltaba a la luz pública, con pelos y señales, casi toda la CORRUPCION que se venía “tapando” entre las paredes de lo que un día fue ejemplo de la SOLIDARIDAD MINERA, actuando como telón de fondo el tristemente conocido “SPA” construido en la localidad allerana de Felechosa con el dinero de los más que tristes Fondos Mineros, para lo que el “capofamiglia Villa”, en su calidad de máximo responsable del SOMA-FITAG-UGT, había logrado la nada desdeñable cantidad de 31 millones de euros para su construcción, después de una reunión mantenida en la localidad leonesa de RODIEZMO con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Evidentemente, el proceso no resultaba nada fácil, puesto que para llevar a cabo el proyecto de una entidad privada como el Montepío Minero, no sólo bastaba la aceptación y reserva de fondos, sino la modificación, entre otras exigencias administrativas, de un Real Decreto que acogiese la singularidad de la iniciativa pero, para eso estaba el salmantino Jesús Caldera Sanchez-Capitán como ministro de Trabajo en el gobierno zapatelinesco, y si era necesario usar el “tipex” para falsificar lo que fuera necesario, se falsificaba y punto.
En efecto, el Montepío Minero fue la única entidad privada que recibió el dinero del Ministerio de Industria, y al contrario que los ayuntamientos y el Principado de Asturias, no tuvo que convocar un concurso público abierto y transparente para adjudicar las obras al amigo del presidente Postigo, Juan Antonio Fernández, un exalbañil de Pola de Lena sin ninguna experiencia empresarial para afrontar una obra de esas características y magnitudes con su pequeña empresa “SOCIEDAD ALCEDO DE LOS CABALLEROS”, ubicada en el polígono lenense de El Masgaín, hasta que dos años después de su inauguración por los actuales reyes de España, FELIPE DE BORBON y LETICIA ORTIZ, el dinero negro comenzaba a aflorar. Primero fue el “capofamiglia Villa”, quien blanqueaba 1,4 millones de euros, después se conocía que su “consiglieri Postigo” blanqueaba otros 300.000 euros, la hija de éste otros 50.000 euros, “lavaduras” que se hicieron en una misma sucursal bancaria ovetense del BBV.
Más de dos años lleva la Justicia – también el Parlamento asturiano – intentando conocer por boca del exsecretario general del SOMAFITAGUGT, José Ángel Fernández Villa, qué es lo que pasó, de donde procede su fortuna, y una vez tras otra se queda la Justicia y la Junta General del Principado de Asturias con las ganas de sentarse ante el exdirigente somático, que ahí sigue, en su domicilio, con periódicas visitas al hospital, aquejado de un síndrome confusional que le incapacita para responder penalmente, según la guionista y actora principal de la tragicomedia montada – la abogada defensora y su esposa, entre otros personajes -, tratando de evitar que el sujeto pueda ser sometido a un examen médico por parte de uno de los más prestigiosos especialistas de neurología del país en materia de demencias: “Mi marido no está en condiciones de someterse a un juicio porque, como indican varios informes médicos, sufre un deterioro cognitivo que le hace imposible declarar. ¿Qué más pruebas le quieren hacer? ¿O es que tiene el neurólogo una varita mágica para curarle? El desgaste de mi marido es tal que es incapaz de mantener una conversación coherente, se altera notablemente cuando escucha en la radio noticias sobre el PSOE, llegando a decir que en las anteriores elecciones iría de número tres de los socialistas en la lista de Pedro Sánchez. Nosotros no sabemos nada del dinero, en casa era muy reservado…”
Espero que, al final, más temprano que tarde, el proceso judicial salga adelante, y se clarifique el gran latrocinio cometido contra el pueblo asturiano en general y los mineros en particular, aunque el “villismo” hace ya mucho tiempo que ha quedado enterrado en el fondo del pozo de la mierda.