INTERVENCIÓN DE ANTON SAAVEDRA EN EL “ESPACIO POL CAMBIU” SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA MANZORGA DE GIJÓN, EL 2 DE OCTUBRE DE 2017.
Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos:
Antes de nada, quiero dar las gracias a los organizadores de este “ESPACIO POL CAMBIU” por permitirme participar en este debate sobre la corrupción.
No hay duda alguna de que nuestro país, nuestra región, atraviesa por una crisis difícil y compleja, y aunque las definiciones de crisis son diversas, yo recuerdo aquella de Gramsci que decía, hay una crisis, cuando lo viejo no termina de morir y cuando lo nuevo no termina de nacer. Carlos Marx daba otra definición, cuando afirmaba que crisis es cuando hay convicciones sin pasión o hay pasión sin convicción, y me da mucho gusto porque, desde mi punto de vista, la idea en este “ESPACIO POL CAMBIU” es que de aquí saquemos convicciones, pero también pasión, porque el tema es importante y trascendente, no en vano la corrupción ocupa el segundo lugar, después del paro, entre las preocupaciones de la ciudadanía.
La corrupción que significa el gran obstáculo para afrontar el CAMBIU, ha sido desde siempre la gran bestia negra, el cáncer que ha invadido el tejido social. Sin embargo, existe una corriente de pensamiento que no encuentra sentido al estudio de la CORRUPCIÓN. Sus integrantes dicen que para qué buscar el antídoto, si forma parte del genoma nuestro, es inherente a nuestra esencia, lo que significa tanto como afirmar que jamás vamos a ser un país honesto, una región honesta, a lo que me opongo con toda rotundidad a esta tesis.
En una de mis visitas a la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo, siempre me llamó la atención un cartel de principios del siglo XX que decía: “El trabajo y la honradez dignifican al hombre”. La frase, como la propia fábrica, es hoy pura arqueología. Pero con frases como esa nos educaron nuestros padres, más incluso que en la escuela o en el centro de trabajo, a la gente de mi generación y por supuesto de las anteriores. Con las que me siguen ese tipo de mensajes se fueron diluyendo, y más que educar para ser honrado y laborioso, hace tiempo que se educa para ser rico y competitivo. Creo que esa evolución, que más bien es una involución, explica en cierta manera el fenómeno de la corrupción política en España a principios del siglo XXI, un cáncer que se ha extendido por toda la sociedad hasta formar todo tipo de metástasis.
Lo primero para adentrarnos en el análisis del fenómeno y tener un buen diagnóstico es reconocer su importancia, porque, tal y como ha quedado dicho al inicio de mi exposición, la corrupción es un problema nacional de primer orden en España.
La corrupción en España, es trágico decirlo, pero es una corrupción sistémica, esto significa que no es circunstancial ni se limita a una sola institución o área de la administración, no se reduce a dos o tres ovejas descarriadas, es una corrupción que está en todos los niveles de gobierno, es una corrupción cotidiana y rutinaria, estructural y coyuntural, es endémica y omnipresente, puede actuar aisladamente o en cadena, organizada y desorganizada en la mayoría de las ocasiones, cuenta con la complicidad explícita o implícita del superior y de la víctima, existe en acción o en potencia, se contagia y multiplica, se alimenta y realimenta y, lo más grave de su realidad es que es capaz de todo si se siente amenazada.
Según constatan las universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia, la corrupción tiene un coste total de casi 90.000 millones de euros cada año. El recorte en dependencia ha sido de 1.234 millones, en sanidad es incalculable, y en educación más de lo mismo. Estas cifras darían de sobra para poder recuperar el estado del bienestar.
Más de la mitad de lo defraudado, 47.600 millones de euros, se corresponden con sobrecostes en la administración del Estado, es decir, por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Los otros 40.000 millones son los derivados de forma directa e indirecta de las múltiples formas que tiene la corrupción: el “Caso Malaya, en 2.000 millones de euros, el caso de los ERE, en 1.200 millones de euros y la familia Pujol, cerca de 3.000 millones de euros”.
Esta corrupción cuesta más de 500 euros al año a cada español, una cifra que no para de crecer porque los casos siguen aumentando. Cada mes se destapan una media de diez casos nuevos de corrupción, como por ejemplo este enero, en el que se han destapado la operación Taula en Valencia, o la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Los detenidos por estos delitos también crecen, solo en la última legislatura se han detenido a 7.140 personas por este motivo.
El fraude a la Seguridad Social es el más frecuente con más de un 16% del total y le siguen el cohecho, la prevaricación y el fraude a la Hacienda Pública con más de un 8%.
La corrupción está grabada a fuego en la marca España. Desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales, y de todas formas y colores; en botes de Cola-Cao, en sobres bajo el colchón y en coches de lujo que pasean por pueblos de apenas 5.000 habitantes.
Las manzanas podridas de los distintos partidos no están tan solas y ya son legión entre los dirigentes de las Administraciones públicas. Ninguna de las diecisiete Comunidades Autónomas se salva, aunque media docena de ellas encabeza la lista de la corrupción en el país, empezando por Andalucía y finalizando en Asturias, donde nos encontramos, con sus MAREAS RIOPODRENSES, VILLAMOCHOS, MUSELONES, TALÁS LLANISCAS, CAJASTUR, LOS CURSOS DE FORMACION EN LA UNION GENERAL DE TIMADORES, mezclados todos ellos con el “PUTIFERIO Y VARIOS” de los CAUNEDOS y sus compinches de la banda criminal del PP.
La región que actualmente preside Susana Díaz ostenta el récord de tramas de corrupción política, con 38 casos distintos. A continuación, le sigue las Islas Baleares, que subió peldaños a un ritmo vertiginoso durante el Gobierno de Jaume Matas. Actualmente, la región balear acumula 24 operaciones de corrupción, por delante de Madrid, qué con 22 casos, toma la delantera por la alta cuantía defraudada, sobre todo por partidos a nivel nacional desde la época del Gobierno de Felipe González hasta el actual, manchado por el caso Bárcenas y la trama Gürtel.
La comunidad catalana también llega a la veintena de casos, pese a que uno de los más relevantes, el de Banca Catalana, fue sobreseído por falta de pruebas. La entidad, que fue presidida entre 1974 y 1976 por el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, necesitó una intervención estatal en 1984 tras aflorar un agujero de 20.000 millones de pesetas. Por entonces, pocos imaginaban que la familia Pujol-Ferrusola conseguiría amasar un patrimonio superior a los 3.000 millones de euros, repartido en más de 20 paraísos fiscales.
Ahora, todos los miembros de la familia, tanto el matrimonio como sus sietes hijos, están imputados por distintos delitos de corrupción. La Comunidad Valenciana también destaca en el ranking de la corrupción política con trece casos a sus espaldas y actualmente en plena investigación por la presunta financiación ilegal del PP.
La radiografía de la corrupción en España pone negro sobre blanco y colorea al Partido Popular de puro carbón. La formación protagoniza 68 casos, la mayoría de ellos en pequeños ayuntamientos, aunque está señalado en las principales tramas a nivel nacional. El PSOE le sigue muy de cerca, con 58 operaciones corruptas, el grueso de ellas, acontecidas en Andalucía.
Convergencia i Unió, o como se llame ahora, se ha visto envuelta en nueve casos y la desaparecida Unión Mallorquina, en siete. Aunque no hay que olvidar partidos minoritarios, como el GIL, fundado por el exalcalde de Marbella, Jesús Gil, que sobrevivió a cinco tramas, o Coalición Canaria, que se ha visto salpicada por otras cinco.
La Justicia actúa, aunque a modo de tortuga paralítica, cuando no en perfecta connivencia con los corruptos. De los 175 casos de corrupción que hay en España, ya se han cerrado 90 de ellos, mientras el resto siguen abiertos en los Juzgados. Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones).
Es verdad que la corrupción afortunadamente no afecta a “todos” los funcionarios públicos, pero no es menos verdad que no todos los funcionarios son “inocentes”, aunque la percepción pública marca que un 34 % piensa que los funcionarios son corruptos.
No hay forma de delatar la corrupción desde el servicio público sin ser un héroe y acabar como mártir. Ejemplos múltiples y sangrantes de falta de justicia para con la honradez de los delatores públicos de la corrupción. Vergüenza que debería recaer en la ciudadanía, pero miramos para otro lado.
El grueso de la corrupción se centra en la mala praxis del servicio de contratación pública y en el fallo de todos los órganos correctores.
Algunos políticos se dejan arrastrar a la corrupción porque no tienen un sueldo acorde con su esfuerzo y porque los partidos están mal subvencionados en función de la arquitectura del por el sistema de partitocracia que se diseñó en su día. El gran beneficiado de la corrupción, hipotéticamente, es la gran empresa.
Según informes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el sector público se compra de media un 25 % más caro que lo que marcan los precios medios del mercado.
A esta situación se ha llegado por las siguientes causas:
– Han fallado los correctores:Funcionarios, Instituciones, Partidos, Sindicatos y ciudadanía.
– No hay transparencia y la ley que se ha aprobado recientemente solo es traslúcida. Hemos pasado de la opacidad al estado traslucido, pero no somos capaces de ver ni entender los detalles. No hay, por tanto, ni rendición de cuentas, ni responsabilidad sobre el gasto, ni capacidad de entender las políticas de gasto.
Desde mi punto de vista, la solución pasa por aumentar la trasparencia, y generar mecanismos de control individuales (la figura del delator público sin generar mártires) y poner en marcha una institución nacional de vigilancia de la contratación pública con poder para examinar procesos y resultados de todos los expedientes de contratación de cualquier organismo del sector público.
Vivimos, amigas y amigos, una crisis tan dramática que a muchos ciudadanos les ha llevado a la desesperación y a la ruina, y en nada nos debe consolar el saber que el mundo ha sobrevivido a otras crisis aún mayores, algunas de las cuales terminaron en un colapso económico y cambiaron el curso de la historia. Lo que sí conviene saber es que para salir de este pozo del presente tenemos más recursos que nunca: más ciencia, más tecnología, más infraestructuras… Solo necesitamos recuperar la educación y los valores. Y, por supuesto, la voluntad de asentar sobre ellos una justicia insobornable, sólida y humana. Y no demos vueltas a la pirindola para llegar al mismo sitio de partida, porque mientras la justicia no sea justicia, nunca habrá justicia.
Creíamos que el bienestar era poco menos que eterno. Pero el virus de la codicia se ha llevado por delante las certezas y ha teñido de oscuridad los horizontes. Allí donde había luz hay sombra, allí donde había calma hay desasosiego, allí donde había seguridad hay incertidumbre y angustia. Y lo que es peor aún: allí donde había despilfarro comienza a aparecer el hambre.
La situación de un parado temporal puede ser más o menos incómoda. La situación de un parado sin prestaciones es angustiosa y deprimente. La situación de un parado sin esperanza es sencillamente destructiva, y solo una sociedad enferma puede permanecer impasible ante la aniquilación humillante de algunos de sus miembros. Es algo radicalmente inhumano. Por ello, tenemos que hablar con suma claridad. Es muy difícil, casi imposible, que el CAMBIU pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro, una excepción.
En todo caso éste es el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de nuestro país: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, ése representará a la nueva política. Lo demás será, lisa y llanamente, más de lo mismo: Paro y Corrupción y más Corrupción y Paro, y lo más grave para una sociedad, que los votantes que sigan votando a los corruptos, sabiéndolo como lo saben, serán, por lo menos, sus cómplices. Así de claro, tal y como viene ocurriendo en las últimas elecciones celebradas donde millones de ciudadanos han dado el voto a la banda criminal del PP.
Gracias.
