“Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor Rajoy, es, en exclusiva, suya”
(Pedro Sánchez, el 31 de agosto de 2016 en el Congreso de los Diputados)
Sin embargo, remontándome al último debate de la fallida, por segunda vez, investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados del 25 de julio de 2019, el líder de UNIDAS PODEMOS, Pablo Iglesias, después de abstenerse, le lanzaba una muy severa profecía a Sánchez en la que afirmaba literalmente: “usted nunca más volverá a ser presidente del Gobierno”.
Desde aquel momento quedaba roto el proyecto del gobierno de coalición PSOE-UP y Sánchez declaraba, poco tiempo después, que la posible entrada de Podemos en el Gobierno le “quitaba el sueño”. Así, de esa manera, Sánchez provocaba la repetición electoral que el pueblo español acaba de celebrar el reciente 10 de noviembre. Durante ese periodo interminable entre convocatorias electorales el pipiolo de La Moncloa se pasó todo el tiempo haciendo cálculos sobre los rendimientos de sus estrategias, creyendo que las nuevas elecciones le darían una ventaja apreciable de escaños respecto a los que ya tenía, prometiéndoselas muy felices: subiría hasta 150 escaños, según los vaticinios del CIS tenazista, hundiría a UNIDAS PODEMOS – incluso le crearía la marca blanca errejonista de Más País – y le restaría poder de presión, acabaría con Ciudadanos – única predicción que se ha cumplido -, y mantendría en la irrelevancia a VOX.
Pero las cosas, a veces, no ocurren como uno desea, entre otras cuestiones, porque la gente sabe que se juega el futuro cada vez que se acude a votar en unas elecciones, olvidándose que el futuro cambia constantemente, de tal manera que cada vez que se convocan elecciones, cambian las condiciones y nada de lo que los sondeos puedan aventurar termina siendo como deseaba cada cual. En efecto, los ciudadanos y ciudadanas de este país hemos ido a votar por tercera vez en este año y de nuevo las sensaciones son nuevas, llegando a la conclusión principal de que el país se ha desbordado como consecuencia de la tan soberbia como irresponsable decisión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por convocar nuevas elecciones generales, solo porque UNIDAS PODEMOS no le permitía dormir tranquilo, además de “no fiarse nada de ellos”.
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Tras una campaña centrada en Catalunya y en la salida de los despojos de Franco del Valle de los Caídos, la bajada de la participación castigó al PSOE, dejando un solo ganador claro: la extrema derecha, que logra duplicar sus apoyos y se convierte en tercera fuerza con 52 escaños, un 15,1% de los votos y más de 3,5 millones de sufragios. El PSOE, creyendo en los augures paniaguados que le aseguraron seguir siendo la más guapa y la mejor vestida, pero perder, aunque sean tres escaños (760.000 votos menos respecto a las elecciones del 28 de abril), es perder por mucho, porque en absoluto era lo que esperaban. Ahora, como partido más votado – la mayoría la otorga el Congreso de los Diputados -, anuncian conversaciones, desde mi punto imposibles, salvo que vuelvan al redil de UNIDAS PODEMOS, cuando dejan claro que su única propuesta es: déjenme gobernar. Como si gobernar solo fuera un asunto suyo.
Desde mi punto de vista, nunca debieron haberse celebrado las elecciones del 28 de abril. La ensoñación de una victoria tan inapelable que diera paso a un Gobierno monocolor se le ha esfumado al líder del PSOE con toda la crudeza de un despertar traumático y con una aritmética parlamentaria mucho más complicada. La representación parlamentaria surgida del 10 de noviembre refleja una sociedad plural y un territorio diverso. España es poco uniforme, por más que le pese a ese sector de la extrema derecha que quiere acabar con unas realidades que no sabe afrontar más que amenazando con ilegalizar sus expresiones políticas y con liquidar los autogobiernos. Los efectos colaterales de esta estúpida estrategia sanchista saltan a la vista: la nueva consulta ha permitido que la extrema derecha sume un millón de votos más y se sitúe en el Parlamento con 52 diputados, resultado impensable hace unos meses cuando habían obtenido 24; que Ciudadanos, que podía haber sido un apoyo decisivo a un gobierno liderado por el PSOE, con sus 56 escaños, haya desaparecido prácticamente del mundo político; que Esquerra Republicana de Cataluña haya perdido 2 diputados y que los fanáticos de JxC los hayan ganado a su vez.
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Eran las 23.51 horas del 10 de noviembre cuando Pedro Sánchez apareció en el balcón de Ferraz. Saludó a las masas. Y de pronto se escucharon gritos que clamaban: «¡Con Iglesias, sí! ¡Con Iglesias, sí!» y seguidamente el coro añadió otro sonoro mensaje: «¡Con Casado, no! ¡Con Casado, no!». ¡Ah! Se notaba en Sánchez una cierta incomodidad. Sin perder las formas, advirtió: «Bueno, dejadme terminar. Os veo muy activos. Por favor, dejadme terminar».
Es decir, con los resultados del 10-N en la mano, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene la investidura mucho más difícil que tras los comicios de abril. Porque ahora, o pacta con Iglesias o se tiene que reunir con Casado para explorar la gran coalición con el PP, que tan ansiosamente vienen propiciando Felipe González y José María Aznar con sus compinches. Y eso, a “Sánchez el rojo” le revuelve las tripas y el alma, porque si ambos le dicen que no a sus pretensiones que serán las de un gobierno en solitario del PSOE con apoyos externos de UP y PP gratis total, pues en ese caso los españoles se habrán dado cuenta que el problema y el amo del bloqueo es Sánchez.
De repente, a menos de 48 horas del cierre de los colegios electorales, aparecían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados para informar del preacuerdo escrito para el establecimiento de un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS, manifestando su intención de dejar atrás “cualquier reproche” y dar paso a una nueva etapa: “El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier desencuentro político que hayamos tenido en los meses anteriores”, ha señalado Pedro Sánchez, que definía el acuerdo como “ilusionante, emocionante y esperanzador” para los españoles.
Aun sin tener asegurados apoyos suficientes, han presentado este acuerdo todavía poco concreto “para cuatro años“: “Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista porque va estar formado por PSOE y UNIDAS PODEMOS y porque va a trabajar por el progreso de los españoles. Lo único que no cabrá será el odio y la confrontación”, ha asegurado el todavía presidente en funciones. Iglesias, por su parte, ha insistido en que ambos trabajarán “en favor de la justicia social” y mostraba sus buenas intenciones: “Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este Gobierno”: “¡españoles, no nos dejéis solos, no permitáis que terminemos de negociar este acuerdo solos, y sobre todo no nos dejéis gobernar solos!”
No obstante, hay que dejar dicho que esto solo es un primer paso, queda mucho por hacer. Son varios años de desencuentros, acuerdos fallidos, desconfianza y acusaciones, recelo y no poco resentimiento acumulado, y todo eso no se evapora con un abrazo ni firmando un documento de principios generales.
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Desde luego, no seré yo quien se oponga a este principio de acuerdo para un gobierno de coalición en España. Es más, estoy encantado de que el PSOE y UNIDAS PODEMOS hayan llegado a un acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición que saque a España del bloqueo político en el que está inmerso desde las elecciones legislativas del pasado mes de abril. Además, estoy convencido de que el acuerdo saldrá bien; es decir, que Pedro Sánchez dormirá a pierna suelta y Pablo Iglesias no se dedicará a puentearlo mientras tanto. Por la cuenta que les trae, que nos trae, tendrá que haber lealtad y solidaridad. Pero, no nos engañemos, faltan demasiados días y se van a multiplicar las presiones y las maniobras para sabotear este acuerdo. Se van a poner todos los palos imaginables en las ruedas, tratando de buscar las vueltas e intentar enfrentar a los firmantes del pacto. Desde los partidos de la derecha hasta la mayoría de medios, articulistas y tertulianos, por no hablar de las maniobras baroniles en las propias filas de la coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS que tampoco faltarán a la cita. Y por supuesto el poder económico, al que no le gustaba una coalición en primavera, y sigue sin hacerle la mínima gracia, por no hablar de una iglesia profundamente preocupada, pues consideran que este gobierno podría poner cerco a sus privilegios fiscales y educativos.
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El presidente del Círculo de Empresarios se une al de CEOE y pide “acuerdos a la alemana con PSOE y PP” que den estabilidad al país y eviten pactos con partidos extremos “en este momento de caída económica”
Por si lo dicho no fuera suficiente, hoy, 19 de noviembre, acaba de hacerse pública la sentencia de los ERES de Andalucía – el mayor caso de corrupción habido en nuestro país -, que declara ilegal el sistema por el que el Gobierno andaluz del PSOE robó el dinero del erario público para repartir 679 millones de euros en “ayudas públicas” y otro tipo de ayudas ajenas a los fines a que debían ir destinadas entre los años 2000 a 2009, se añade en la sentencia, que condena a 19 altos cargos del gobierno, entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, que a su vez ocuparon la mismísima presidencia del PSOE federal. Un fallo que llega en un momento delicado para la política española, en plenas negociaciones de gobierno entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS que, sin duda alguna, tendrá sus consecuencias.
Lógicamente, mi percepción no puede ser coincidente con la que tienen, por ejemplo, los empresarios, que andan muy preocupados estos días con el pacto de la izquierda, porque entienden que la economía española se va a bolivarizar y van a volver las cartillas de racionamiento. Si fuera así deberían estar hasta contentos, con los corralitos regresará el estraperlo, que tan pingües beneficios les dio a sus abuelos y a sus castas. Si de mí dependiera, les regalaba un contenedor de lexatines y les contaba en pocas palabras qué han hecho los empresarios, sin duda financiadores por tierra, mar y aire de las derechas, para que el PSOE, ganador de los comicios de abril y noviembre, se haya visto obligado a pactar con el Diablo (para ellos, Pablo Iglesias): Nada, absolutamente nada.
Por eso, como no han hecho nada, absolutamente nada, pues toca educación y sanidad públicas por un tubo. Y se le dará una vuelta de tuerca a la reforma laboral para quitarle el punto de esclavitud que le dio el bipartidismo turnista PPSOE con contratos y salarios de mierda. Y se subirán el salario mínimo interprofesional y las pensiones, blindando el sistema público de las mismas en la Constitución como uno de los derechos fundamentales. Y se promoverá la construcción de más viviendas sociales, cerrándole el paso a los fondos buitre. Y no se permitirá la explotación laboral de los jóvenes y se aprobarán medidas para traerlos del exilio. Y se crearán medidas para impulsar la industrialización y el sector primario. Y serán enterrados como decidan sus familias todos los hallados de esos más de 100.000 republicanos desaparecidos del tiro en la nunca y la cuneta. Y, por supuesto, se abrirá una vía de diálogo en Cataluña una vez que los bomberos dejen de ser pirómanos.
Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados por el fraude de los ERE en una sentencia contundente que prácticamente asume las tesis defendidas durante el proceso por la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia dictada este martes por la Audiencia de Sevilla dispone que Griñán deberá cumplir 6 años de prisión y Manuel Chaves 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo. También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los ex consejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los ex viceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general Juan Márquez (7 años), el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).
El pacto suscrito para un gobierno de coalición también se compromete a luchar contra el cambio climático, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, proteger los servicios públicos, siendo otro aspecto fundamental el de reconocer el derecho a una “muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad” e impulsar políticas feministas, así como una Ley de igualdad laboral y garantizar la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario.
La perspectiva de un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS abre, sin embargo, interrogantes sobre los que es preciso reflexionar. A nadie le cabe dudas de que el PSOE es un partido socialdemócrata que, como toda la socialdemocracia, sea europea o americana, ha devenido en “socio-liberal”. Esto es, gestiona lo existente, no critica el modelo neoliberal, pero tiene predisposición la existencia de un porcentaje de gasto social que vaya a ayudas sociales que moderen la exclusión que genera este modelo. Recordemos que el PSOE apoyó el Tratado de Maastricht, neoliberalizó la economía española, reformó el artículo 135 de la Constitución, neoliberalizando los derechos sociales al subordinarlos al pago de la deuda. La reciente sentencia del TC basada en las reformas laborales del bipartidismo turnista PPSOE, considerando “procedente” el despido de quien esté de baja más de 9 días en dos meses, supedita el derecho constitucional de la salud a los beneficios empresariales. La deriva socio-liberal del PSOE es evidente, la cual, si bien suele moderarse ante la amenaza que representan las nuevas formas de fascismo expresado por las nuevas ultraderechas europeas y la española, menos novedosa – es el conservadurismo católico y monárquico de los siglos XIX y XX – no obstante, sigue siendo una amenaza.
Sostenían Carlos Marx y Friedrich Engels en “El manifiesto comunista” que el Estado es un instrumento de la clase burguesa y que, por tanto, es imposible la revolución con su ayuda e, incluso, con su mera existencia. Desde esa realidad, cualquier cambio social tendría que venir de los movimientos sociales, de los excluidos, de los subalternos, de los que están descontentos con su situación y ven sus demandas insatisfechas. Y esa insatisfacción se convierte en un factor para el cambio. El Estado, efectivamente, deja hacer unas cosas y, en cambio, dificulta otras, e ignorar esto cuando entras en el Estado es la mejor garantía para estrellarse. Sería Bob Jessop, el politólogo marxista más reputado en lo referente a la teoría del Estado, quien mejor expresaría esa síntesis: el Estado es una condensación de las luchas de clases del pasado, que han ido construyendo un Estado donde los ganadores de las peleas sociales han ido dejando su sesgo. La conclusión es que para el Estado es más fácil atender a unas demandas que a otras. Sin embargo, que al final esa inclinación se imponga depende de la correlación de fuerzas. Para inclinar la correlación de fuerzas, estar a los mandos del Estado ayuda, pero en absoluto basta. Por eso los grandes cambios se hacen con el apoyo popular presionando en las calles.
Un paso adelante que puede romper finalmente el bloqueo político que vive España. Así analizan los medios de todo el globo de forma mayoritaria el hecho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan firmado un acuerdo preliminar para formar un gobierno de coalición en España. Se enfatiza especialmente el hecho de que el pacto se haya producido solo 48 horas después del 10N y superando los desencuentros que ambos partidos han protagonizado desde abril. Pero se subraya que se trata de un «avance» significativo en un país en el que hasta ahora los partidos había sido reacios a comprometerse y aliarse. En este sentido se apunta que el acuerdo busca también responder y enfrentarse a Vox y la extrema derecha que salió reforzada en las elecciones.
En ese contexto, el preacuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS debe de servir, entre otras cuestiones, para abrir las preguntas acerca del papel del Estado en el cambio social. En Europa, le ha correspondido a la socialdemocracia gestionar socialmente el capitalismo, ayudado por las presiones de los partidos a su izquierda y de los sindicatos. Pero con la llegada de las crisis económicas, los partidos de la Internacional Socialista, entre los que se encuentra el PSOE, fueron abandonando progresivamente los contenidos socialistas y, al contrario, fueron introduciendo las propuestas neoliberales. Precisamente, contra esa derechización del PSOE nació Podemos. Y si el PSOE ha sobrevivido es porque ha podemizado su discurso. ¿Lo hará también con sus prácticas?
A nadie se le escapa que el Estado en el que va a participar UNIDAS PODEMOS será, en cualquier caso, un Estado heredado de los siglos pasados, el Estado construido desde los Reyes Católicos, retado por los liberales fusilados en las playas y ahorcados en las plazas por los Borbones, apuntalado por Cánovas del Castillo, escrito en piedra y sangre durante el franquismo y restaurado por Juan Carlos I y el PSOE. El Estado, según nos recuerda Bob Jessop, es una condensación de las relaciones sociales del pasado y de cómo se solventaron los conflictos, y de cómo las luchas actuales enfrentan esas tendencias.
En realidad, las posibilidades de cambio tienen mucho que ver con la nueva conciencia que generó el 15M y que rompió el bipartidismo en España, pero el sistema reaccionó y tomó sus medidas. Con esa lógica sistémica se inventó a Ciudadanos y por lo mismo lo ha dejado caer cuando no le ha sido útil. Unidas Podemos no va a poder cambiar España con sus actuales 35 diputados en esta legislatura que se presenta. Y tampoco lo podría hacer teniendo la mayoría absoluta, porque los cambios son lentos y requieren de un apoyo popular y para eso es esencial poder explicar lo que se está haciendo en cada momento. Hay asuntos que se pueden cambiar porque la correlación social de fuerzas ha cambiado, pero otros van a reclamar mucha conciencia, mucha explicación y mucha participación ciudadana.
El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados, fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, donde después de que varios grupos de personas decidieran acampar en plazas de diferentes ciudades de España esa noche de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, así como una «auténtica división de poderes» y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.