TERRORISMO EMPRESARIAL EN LA MINERÍA

José León Delestal (1921-1989) es un escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano de la localidad langreana de Ciaño que dedicó una parte importante de su obra a los mineros, destacando las canciones de “La mina y la mar” y “Si yo fuera picador”.

Y un reloj que aún marcaba

las cinco y media del día

en que el grisú vino al tajo

hambriento de carne viva

(Letra de José León Delestal de su composición “Si yo fuera picador”, interpretada por “El Presi”)

A estas alturas de la historia se sabe que la minería fue durante más de un siglo el corazón palpitante de un pueblo, que hizo posible el desarrollo económico, social, político y cultural, aunque los verdaderos artífices de esta hazaña – los mineros – se murieron y se siguen muriendo en el anonimato como almas condenadas al olvido. La dramática historia de las minas y los mineros en Asturias está escrita con sangre, pero no sólo con la sangre vertida en las galerías, sino también con la sangre derramada en los campos de combate y en las masacres perpetradas por la burguesía y sus títeres gubernamentales dictatoriales y neoliberales. Así es como la historia del movimiento obrero asturiano, que recoge el enorme caudal de la memoria colectiva, registra en sus páginas la revolución del 34, la guerra incivil del 36 o las huelgonas del 62, sólo para citar las más trascendentales y las que mejor se conservan en la memoria.

Muchos han sido los mártires que, a pesar de haber ofrendado sus vidas a la causa de los oprimidos, fueron ninguneados por la historia oficial. No obstante, aunque sus nombres y apellidos no figuren en las páginas de los libros en las escuelas, sabemos que a ellos les debemos la democracia actual y los procesos de cambio que se experimentan en el país, lejos de las dictaduras militares, los consorcios imperialistas y los gobiernos neoliberales que, una y otra vez, vulneraron los Derechos Humanos y los principios democráticos, amparados en la ley de la impunidad impuesta por los dueños del poder, quienes también creían ser los dueños de las riquezas naturales. Los estudiantes, a través de los libros de historia, novelas, y poemas, deben enterarse de que la democracia de la cual gozan hoy, se la deben en parte a los mineros, que supieron luchar a brazo partido, a trancas y barrancas, para que sus hijos no vivieran despojados de dignidad y derechos, para que no repitieran la historia del pasado ni sufran los tormentos de las dictaduras militares.

Al hilo de las 869 víctimas producidas por el terrorismo etarra, entre civiles y fuerzas armadas o cuerpos policiales desde la muerte de Franco que, de manera machacona nos recuerdan en sus campañas electorales los títeres de la burguesía encuadrados en los partidos políticos de la derecha y sus extremos derechos y zurdos, me viene a la memoria cuando, allá por finales de los años setenta, fui víctima de una querella criminal presentada por la patronal minera de León por llamar terrorismo empresarial a la mayoría de los accidentes mortales que se estaban sufriendo en el sector por falta de medidas de seguridad, la cual no se llegó a juzgar por haber sido retirada con antelación por los mismos que contribuían a producir el terrorismo empresarial denunciado.  Sin embargo, tendrían que pasar muchos años para que una Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2015 dejase establecido que la utilización de expresiones como “terrorismo empresarial” pronunciadas en concentraciones sindicales o expuestas en pancartas no se puede considerar vulnerador del derecho al honor de las empresas al producirse en el marco de un conflicto laboral.

La Audiencia Provincial de León acaba de confirmar con fecha 11 de diciembre de 2019 el auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción 4 hace casi dos años y medio, por el que imputaba formalmente a la dirección de la Hullera Vasco Leonesa por la muerte de los seis mineros del pozo Emilio del Valle en 2013, atribuyéndoles formalmente presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave, entre otros al presidente de la empresa minera –en liquidación-, Antonio del Valle, el vicepresidente o el consejero delegado, Arturo del Valle y el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle.

Por lo tanto, a la vista de que se siguen produciendo accidentes mortales por las mismas causas de antaño, tal como el último ocurrido en el pozo Emilio Valle de la Hullera Vasco Leonesa, el 28 de octubre de 2013, causando la muerte de seis compañeros, aprovecho estas páginas para reiterarme, una vez más, en mis convicciones sobre el “terrorismo empresarial”. Al respecto, creo necesario recordar que aquella querella criminal contra mi persona había sido como consecuencia de un accidente mortal ocurrido en la mina Rio de la empresa Combustibles de Fabero, el 19 de noviembre de 1984, causando la muerte de tres compañeros y siete quemados de extrema gravedad que fallecerían a los pocos días. Eran las 8,30 horas de aquel lunes, 19 de noviembre, cuando los mineros se disponían a iniciar su tarea diaria, después de que la empresa hubiera parado los ventiladores durante el sábado y el domingo, como venía siendo norma, seguramente basándose en que la mina era poco grisuosa, además del ahorro energético que ello suponía para la empresa, pero aquella mañana el grisú vino al tajo y la falta de ventilación – su único enemigo – explosionó causando la gran tragedia. Aquella imprudencia temeraria por falta de medidas de seguridad, definida por mi como “terrorismo empresarial” fue la que me llevó a los tribunales víctima de una querella criminal presentada por la empresa, aunque mucho antes ya habíamos ejercido desde la Federación Estatal de Mineros de UGT la ACCIÓN POPULAR contra la dirección de la empresa y la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en León: “AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PONFERRADA. Don Germán Fra Núñez, procurador de los tribunales, en nombre y representación de José Antonio Saavedra Rodríguez, mayor de edad, casado, con domicilio en la barriada de La Juécara, Pab.2, núm.1, en Sama de Langreo (Asturias), y secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT, y en calidad de ACUSADOR POPULAR, representación que acredito con copia de poder bastanteado que acompaño, ante el Juzgado comparezco y digo: Que bajo la dirección de la letrado que firma este escrito formulo QUERELLA CRIMINAL al amparo de los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra Don Mario Moliner, Don Juan María Casado Margolles, Don Fernando Bernaldo de Quirós y Martín y Don Miguel Casanueva Viedma por la comisión de sendos delitos de IMPRUDENCIA TEMERARIA, con resultado de muerte, tipificados en el Código Penal, en el artículo 565, en base a los hechos que se relacionan (…)

Aquella acción popular era la primera vez que se ejercía por un sindicato en España, pero todo tenía una explicación al comprobar que ejercer la acción popular en nuestro país era muy poco popular porque, mientras a los presuntos responsables de la imprudencia temeraria, el juzgado les imponía un millón de pesetas, a la UGT minera nos exigieron tres millones. Y eso habiendo tres actos de procesamiento.

¿Qué ocurrió aquella madrugada en Nicolasa? Los compañeros de las víctimas lo tenían claro: nada que hubiera podido recriminarse al trabajo de catorce hombres experimentados y profesionales. Tiempo después, la justicia dirimió que la causa del accidente había ido en relación con una deficiente ventilación que, por decirlo de forma tan poética como poco lo es la tragedia, ‘excitó’ al grisú hasta hacerle explotar.

Más de 5.000 mineros perdieron la vida en los accidentes ocurridos en las minas asturianas, según el libro de Mario García Antuña “Catástrofes mineras asturianas” publicado en el año 2015. Un libro necesario e imprescindible que refleja el auténtico drama de la mina describiendo de una manera detallada los principales accidentes acaecidos en las explotaciones asturianas, perfectamente documentados, aunque obviamente la cifra aumentaría sustancialmente de tener constancia de las víctimas desde el inicio de la minería. Es decir, en Asturias no se moría por las bombas como ocurría en el País Vasco a las que tanto hacen mención los de la organización criminal del PP y la extrema derecha y fascista del Abascal y su banda, se moría y se sigue muriendo por la violación constante, cotidiana, de las más básicas normas de seguridad y prevención en las condiciones de trabajo por parte de unos cínicos empresarios más interesados en la ganancia que en la salud y la integridad física del trabajador. Por otra parte, resulta hasta grotesco escuchar a los políticos, cuando quieren darse valor entre ellos mismos y a sus electores, recordando que nuestro país ha sabido conquistar un puesto de mucho respeto en el conjunto de las naciones más industrializadas del planeta, pero no dicen, sin embargo, cuánto ha costado este éxito a los trabajadores de la mina en términos de salud. ¿De cuántos muertos, inválidos y silicóticos ha tenido necesidad la clase política y empresarial española para tener un puesto preminente en la mesa del progreso económico, para sentarse – como suele decirse – entre los diez países más industrializados del mundo?

La minería es una de las industrias en donde se ve más claro el carácter salvaje del capitalismo. También se ve en la agricultura. Cada niño que muere hoy de hambre, afirmaba hace pocos años Jean Ziegler, relator de la ONU en este tema, es un niño asesinado. La relación de la gran agricultura estadounidense con el hambre en el mundo y con las consecuencias mortales del hambre es un pecado de omisión. Pero la relación entre la minería y la muerte por asesinato de algunas de las personas que resisten localmente sus proyectos es un pecado de comisión. De comisión de crímenes: es preciso aterrorizar si no se puede convencer o sobornar.

Ocurre, lisa llanamente, que la fábrica, la mina, están construidas a la medida de la ganancia, no a la medida del hombre. Y el empresario, cuando introduce nuevos medios técnicos, solo mira el aumento de la ganancia y no a la protección de la vida y la salud del trabajador. Es una antigua verdad. El capital jamás ha tenido cuidado por la salud y la duración de la vida del trabajador, cuando no está obligado a tales cuidados por la sociedad, de tal manera que los mineros han pagado un alto tributo de sangre y muerte a la ganancia que, hoy, a pesar del cierre de las explotaciones mineras de carbón, todavía se siguen produciendo muertos, inválidos, silicóticos, viudas y huérfanos.

Ante la permanente intoxicación consciente por parte de la burguesía minera y sus títeres gubernamentales tratando de hacer ver a la opinión pública la idea de que la minería es una fuente reiterada de huelgas, un estudio económico realizado para la Federación Estatal de Mineros de UGT en el año 1984, nos indicaba que el número de días perdidos por este concepto para el año 1983 en el subsector del carbón en España era de 131.412 jornadas mientras el absentismo por accidentes de trabajo era cuatro veces superior al número de días perdidos por huelgas. Pues bien, ante esta situación, nadie, absolutamente nadie, dice nada. Ni la patronal ni la Administración. La primera, porque el coste de este absentismo lo pagan los mineros con su sangre derramada en los accidentes de trabajo y la Seguridad Social porque abona los días de baja. La segunda, porque no se querían enterar de lo que estaba pasando en el sector, representando el importe económico de los días perdidos por accidentes más de 3.000 millones de pesetas al año.

No obstante, con esta tétrica situación sobre el tablero las condiciones de trabajo y de seguridad en las labores comenzaban a cambiar por efectos de la dura lucha que se venía librando, donde los mineros rechazábamos, una y otra vez, la tentativa patronal y gubernamental de responsabilizar del accidente a la distracción de personal, a los hechos fortuitos, refutando el concepto – largamente aceptado – según el cual el accidente dependía de la mala suerte, de la fatalidad. Salta a la vista así el “fatalismo” que la burguesía patronal quiere acreditar, según el cual el accidente de trabajo o la silicosis, en el fondo, no serían sino efectos del “caso” o, todavía peor, riesgos inevitables que amenazan al hombre en cuanto tal y no por estar obligados a moverse a ritmos obsesivos en lugares peligrosos y en ambientes malsanos.

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de enfermedades respiratorias de origen laboral en países en desarrollo, donde se siguen observando formas graves. La silicosis es una enfermedad fibrósica-pulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante en muchos países. Es una enfermedad muy común en los mineros.

Pero, si grave era este escenario de los accidentes, tan grave, o más, era el referido a las enfermedades profesionales de la mina, especialmente el referido a la criminal silicosis. Aunque en plena década de los años treinta del siglo XX la silicosis ya había irrumpido en nuestro país como un problema laboral de primera magnitud, no sería hasta el año 1944 cuando la minería del carbón obtendría el reconocimiento como tal. Sin embargo, desde el año 1935 ya comenzaba a funcionar en España el primer centro especializado en el tratamiento de la silicosis en la localidad andaluza de Linares, consecuencia de la política social que la II República y su apuesta por la homologación internacional en materia de legislación laboral iban facilitando la visualización social del problema y la adopción de medidas preventivas, asistenciales y compensadoras, solo frenadas por aquel golpe de estado fascista que trajo la tragedia a nuestro país, imposibilitando el  desarrollo  reglamentario  de  la  ley  de  enfermedades  profesionales  de 1936, que ya incluía a la silicosis.

Una primera característica del seguro de silicosis fue su cobertura extremadamente restrictiva.  En su promulgación, en 1941 (Decreto del 3 de setiembre de 1941), el seguro sólo incluía a las minerías del plomo y del oro siendo la ausencia más palmaria la de la minería del carbón que, como ha quedado dicho, no sería incluida en el seguro hasta enero de 1944, siendo como era uno de los sectores estratégicos en aquellos años de la autarquía que se plasmó en un incremento importante de la producción carbonera y del número de mineros hasta alcanzar en el año 1952 una cifra en torno a los 95.000 mineros en España, de los cuales, más de la mitad – 50.477 – desarrollaban sus tareas en Asturias.   

Otros sectores productivos, tanto en el importante sector de la minería metálica – como la del hierro de Vizcaya, la del cobre en Huelva o la del plomo en la sierra de Cartagena -, en la que la medicina de la época habían detectado un importante grado de silicosis, como en otros procesos de reconocido riesgo silicógeno, no serían incluidos en el seguro hasta el año 1961, dependiendo su protección frente a las enfermedades profesionales en el régimen franquista al amparo de la legislación de accidentes de trabajo que partía de la ley republicana de 1932, sin que el ordenamiento jurídico español contara con una verdadera ley de enfermedades profesionales.

Con la entrada en vigor del nuevo régimen del seguro, en 1961 (Real Decreto 792 del 15 de abril de 1961), las cifras de afectados por silicosis comenzaron a crecer de manera considerable, de tal manera que en el año 1963 el fondo compensador ya tenía reconocidos a 16.545 pensionistas en activo por silicosis, cifra que en 1969 ya alcanzaba a 32.346 personas. De ellas casi las dos terceras partes, es decir, 19.509 trabajadores, habían sido reconocidas al amparo del nuevo sistema del seguro, que había entrado en vigor en 1962. Sin embargo, los casos que se reportan de silicosis no se corresponden ni mucho menos con la realidad. ¿En qué estadísticas oficiales se encuentran reflejados el número real de silicóticos? No creemos que se halle en ninguna, no existen, y al no existir las estadísticas, entonces ¿dónde pueden estar?, siendo la respuesta obvia: en los pulmones de los trabajadores de la mina. ¿Ahora se pueden ir a recoger esos pulmones que se han prestado durante tanto tiempo a las empresas y a los gobiernos por cuatro miserables pesetas?

Una prueba de lo que estoy afirmando en cuanto a la poca eficacia de las medidas adoptadas y la total descoordinación entre los organismos creados para llevarlas a cabo fue que durante la década de los sesenta la evolución del grave problema de la silicosis no solo había mejorado, sino todo lo contrario, cuando en 1968 los nuevos casos de silicosis seguían apareciendo hasta alcanzar los 2.500 anuales, correspondiendo el 68% de todos los casos de pensiones por enfermedad profesional a la minería del carbón. Además de afectar a un mayor número de trabajadores, la enfermedad aparecía en edades muy tempranas, con formas complicadas que precisaban asistencia médica especializada y que producían una alta mortalidad en los mineros con edades inferiores a los 50 años. Era ésta la demostración inequívoca de que la enfermedad seguía siendo tributaria de la escasez de medidas de prevención técnica, que posibilitaba la existencia de concentraciones elevadas de polvo en los lugares de trabajo, así como la deficiente prevención médica, que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a diagnosticar la enfermedad en las fases complicadas.

A la capacidad clínica del INS se une la experiencia técnica, investigadora y docente acreditada en casi cinco décadas de existencia en las que ha desarrollado con éxito funciones de prevención de patologías neumológicas de origen ocupacional y medioambiental, en especial de la neumoconiosis. También realiza, entre otras labores, estudios epidemiológicos y de detección de necesidades de salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias ocupacionales, así como valoración de la capacidad funcional de sus pacientes.

Pero, también aquella década de los sesenta fue cuando los mineros asturianos constituían una fortaleza del movimiento obrero contra el franquismo decididos a decir ¡basta ya de tanta masacre minera!, logrando el régimen especial para la minería del carbón dentro del sistema de la Seguridad Social y la consecución de una vieja aspiración de los trabajadores, de la que tanto me hablaba mi padre – víctima mortal de la silicosis del tercer grado – como fue la creación del Instituto Nacional de Silicosis, similar a los existentes en otras regiones de Europa. De esta manera, en 1968, dentro del marco de la negociación de una huelga minera, el entonces Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, prometía dotar a Asturias con un centro sanitario especial dedicado a la asistencia de los mineros, y el 18 de julio de 1970 el Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, inauguraba en Oviedo el Instituto Nacional de Silicosis que tan buenos resultados está obteniendo, tanto en la prevención como en el tratamiento de la terrible enfermedad y, sin embargo, tantos años olvidada.

No podría poner final a este capítulo sin hacer mención específica a la promulgación del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprobaba el Estatuto del Minero, del que me enorgullezco haber sido, junto con mis compañeros de la Federación Estatal de Mineros de UGT, uno de sus principales impulsores elaboradores , logrando para el conjunto de los mineros españoles la jornada laboral más corta de la minería mundial, así como una de las  legislaciones en materia de seguridad social, prevención y seguridad minera más avanzadas del planeta.

En definitiva, como colofón de todo lo escrito, se puede concluir diciendo, una vez más por mi parte, que la sociedad española en su conjunto debe de agradecer y premiar necesariamente el sacrificio que la dedicación a ésta profesión supone, reconociéndosele la categoría de “SERVICIO SOCIAL AL ESTADO ESPAÑOL