ERA NECESARIO FRENAR LA FUERZA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Antón Saavedra, nació en Moreda de Aller, el 30 de mayo de 1948. Trabajador de la empresa minera de HUNOSA (1969-2011), fue secretario general de la Federación Estatal de U.G.T. (1977-1988), vicepresidente de la Internacional Minera (1979-1989) y miembro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1986-1994), formando parte del Comité Confederal de U.G.T. (1976-1988)

La única clase capaz de enfrentarse a la burguesía, destruir su sistema e iniciar la construcción del socialismo es la clase obrera por dos razones fundamentales: por el lugar que ocupa en el proceso de producción y por su potencialidad unitaria y organizativa. En absoluto se trata de una simple pelea por la distribución de la renta, sino que hay que entenderlo como una lucha de clase contra clase. Jamás se podrá alcanzar un cambio revolucionario del sistema burgués si la producción no es tomada por la clase trabajadora.

(ANTON SAAVEDRA, en un mitin celebrado en Riotinto de Huelva, el año 1977)

Los últimos días del franquismo llegaron cuando el movimiento obrero estaba en la calle con nuestras movilizaciones y reivindicaciones, donde los mineros asturianos volvieron a jugar un papel fundamental. Sin esas luchas las libertades hubieran llegado por arriba y con cuentagotas, pero sería la matanza de cinco trabajadores en los tristes acontecimientos de Vitoria el 3 de marzo de 1976 que venían a demostrar que, tanto Fraga Iribarne como Martin Villa y sus sicarios, no iban a dudar en seguir disparando contra los trabajadores. No obstante, teniendo en cuenta que esa medicina no había servido en plena lucha contra el franquismo, y la represión podía tener el efecto de “boomerang”, se optó por integrar a la oposición en una responsabilidad de Estado. Así, de esa manera, se puede entender la Reforma Política liderada por el falangista y ex-Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez, cuya lectura no era otra que la siguiente: “De acuerdo, entramos por la vía de las reformas democráticas, o sea por la vuestra, para salir con la nuestra, lo que vale decir componer una democracia que nos permita recuperar la “paz social” …

En ese escenario, la estrategia de la oposición consistió en un aceleramiento del ritmo y la extensión de la reforma intentando capitalizar las movilizaciones de la calle y centros de trabajo. Que los trabajadores tenían capacidad de convocatoria quedó demostrado con el paro general del 12 de noviembre de 1976 convocado por un frente unitario de corta existencia – la Coordinadora de Organizaciones Sindicales -, contra el decreto del gobierno que restringía los salarios y la seguridad en el empleo. En efecto, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, en España se produjo un período movilizador sin precedentes en su historia. Solo en los primeros tres meses de este año, se convocaron 17.731 huelgas sectoriales – entre ellas destaca con luz propia la de los mineros asturianos que mantuvieron casi tres meses de huelga y movilizaciones diarias -, y se perdieron más de 150 millones de horas de trabajo según los datos del Ministerio de la Gobernación franquista.

La nulidad del presidente Arias Navarro y sus escasas intenciones de cambio chocaban frontalmente con los intereses de los millares de trabajadores que ansiaban la ruptura con la dictadura. Entretanto, cabe destacar el papel de tope de la movilización que supusieron las negociaciones entre las “cúpulas” de partidos, sindicatos y gobierno. Aquellas ansias por garantizarse un espacio político en el “reparto de la tarta” que suponía la inevitable transición a una democracia “a la occidental” de tipo burgués hizo que desde las cúpulas sindicales se abogara por una unidad de acción con muchas reservas. Serán estas cúpulas sindicales las que, ante las exigencias de unidad de sus afiliados de base, promoverán un Congreso Sindical Constituyente ese mismo verano con vistas a crear una gran central sindical unitaria para todo el Estado: La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Una Coordinadora que, si bien supuso una unidad de facto en las movilizaciones, no se plasmó en una unidad real desde la base ante las direcciones que recibían los afiliados de mirar con recelo a los compañeros de otros sindicatos. Especialmente grave fue la actitud de la Comisión Ejecutiva de la UGT en todo este proceso que, apenas dos días después de la conformación de la COS, mandó una circular donde llamaba a mantener una “actitud tensa, vigilante y ofensiva que desmonte todo intento manipulador de CC.OO.”

En los finales de 1976, la cuestión del tránsito a la democracia se centró fundamentalmente en quién llevaría la iniciativa política del cambio y cuáles serían las fuerzas políticas que iban a hegemonizar el proceso de transición. El fracaso de la política rupturista permitió que los sectores aperturistas procedentes del franquismo tuvieran un amplio margen de maniobra en la conducción de la reforma

Para analizar la escasa vida de la COS es importante entender las distintas concepciones que se tenía desde cada una de las centrales sindicales, de tal manera que, mientras desde la UGT era vista como una posibilidad táctica de acrecentar su implantación en los centros de trabajo, desde CC.OO. y la USO se buscaba que esta estructura avanzara hacia la construcción de un sindicato único, sabedores de que tenían la hegemonía dentro del movimiento obrero español.

Las razones del fracaso de la COS no se entenderían sin el oportunismo que sacudió a la izquierda española en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición democrática, personalizados por un PSOE y un PCE mucho más interesados en afianzarse asientos en el nuevo gobierno y repartirse un pedazo del espectro político que se ampliaba tras la muerte del dictador que en plantear una alternativa de ruptura. Esta claudicación impregnó con fuerza al movimiento obrero y sindical español, con un contenido ideológico mucho más difuso y laxo, que nos acabó llevando a la situación que vivimos en la actualidad.

El 18 de noviembre de 1976, tras veinticinco horas de debate, en lo que es conocido como el último Pleno de las Cortes franquistas, se dio luz verde a la Ley para la Reforma Política, con el resultado de 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones.

El consenso de dos años que siguió entre la oposición y el gobierno de Suárez fue, en realidad, un pulso para determinar los parámetros de la reforma, y el resultado fue una serie de medidas como las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977, los Pactos de la Moncloa en octubre del mismo año y la redacción y promulgación de una nueva Constitución a finales de 1978 que, si bien fueron más allá de lo que los títeres de la burguesía en el gobierno tenían pensado ceder, también descuidaron áreas vitales para el nuevo movimiento obrero. Asi, mientras el PSOE y PCE pudieron implantarse en el nuevo escenario político, el movimiento sindical fue dejado al margen de la reforma, en un triste papel de meras correas de transmisión. Materias cruciales que afectaban a la capacidad de los nuevos sindicatos para reclutar afiliados y negociar fueron subordinadas al establecimiento de la estructura política de la nueva democracia parlamentaria.

Durante todo el mes de agosto, el Gobierno provisional monocolor de la “Unión de Centro Democrático” -formación política ad hoc constituida por la fracción reformista del franquismo – presidido por el ex falangista Adolfo Suárez, se estuvo reuniendo con los sindicatos CC.OO. y UGT para urgirles que convenzan a los trabajadores de que acepten la política de moderación salarial, a fin de acabar con la inflación y garantizar las ganancias crecientes de los capitalistas, los privilegios de la Corona, de la oligarquía política y los suyos propios como parte política institucional del sistema.

Es necesario recordar que los Pactos de la Moncloa, firmados por ocho representantes de la nueva configuración de fuerzas políticas, entre ellos Santiago Carrillo por el PCE y Felipe González por el PSOE, con una amenaza – blandida por los propios sindicalistas convertidos en personas de orden – de que las movilizaciones podían significar un riesgo de golpe militar, y el ejército del 18 de julio parecía intacto, aunque no lo estaba. También se acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación, lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio, se prometieron algunas reformas sociales y económicas que, en el transcurso del tiempo transcurrido, todavía siguen olvidadas en los cajones de los despachos ministeriales que se vinieron sucediendo hasta la fecha.

Es decir, en la forma pactada y controlada en que se llevó a cabo la transición se encuentra la clave que explica el tipo de relación establecido entre sindicalismo y política, de tal manera que, fracasada la ruptura democrática, las cesiones que tuvieron que aceptar los sindicatos fueron muy importantes, bloqueando, por una parte, el desarrollo de la libertad sindical en muchos de sus aspectos, ya que una de las claves del proceso de reforma era impedir la irrupción de las fuerzas sociales en la escena política de la transición, y agravando, por otra, la situación económica al quedar abandonadas las reformas estructurales tendentes a establecer un modelo económico más acorde con las aspiraciones del movimiento sindical. Si a ello sumamos los continuos enfrentamientos entre las grandes centrales sindicales impidiendo en gran medida la formación de un frente sindical común, se puede concluir diciendo que las diferentes estrategias de los sindicatos acabaron con el modelo de sindicalismo unitario que había predominado durante los últimos años del franquismo y los primeros momentos de la transición.

Sin perjuicio de que puedan existir causas históricas profundas que explican los niveles de organización y conciencia del movimiento obrero español, no existe duda alguna de que una parte fundamental de la situación que se vive en la actualidad debe imputarse a la política seguida por las élites de los sindicatos.

Resulta más que evidente que durante los primeros años de la transición, en los que estos ganaban audiencia y se implantaban entre los trabajadores, aunque sin consolidar, ni mucho menos, éstas élites sindicales utilizaron a las nacientes organizaciones no como un instrumento para elevar la conciencia de los trabajadores, sino, por el contrario, para hacerlos aceptar las políticas de austeridad y reconversión industrial, siendo la consecuencia más inmediata un fuerte retroceso organizativo de los sindicatos, tan rápido como se había producido anteriormente su crecimiento. La responsabilidad, por tanto, de la actual situación del movimiento obrero no hay que buscarla tanto en los efectos objetivos de las crisis, por duros que estos sean, sino de la política “seguidista y entreguista” de las élites de las llamadas centrales sindicales de clase y mayoritarias – U.G.T. y CC.OO. – desde el comienzo de la transición, tanto en el terreno político general, como en lo que se refiere a la salida de las crisis económicas.

 Desde esa perspectiva, el mercado y el supremo criterio en nombre de la competencia han servido y sirven para para justificar hasta lo injustificable. De esa manera, las políticas de austeridad y reconversión industrial eran las únicas posibles si no se quería ver reducida la competitividad de la economía del país; cualquier medida de política económica o social era buena siempre que contribuyera a conseguir un mercado más perfecto y competitivo, y mala para el caso contrario, de tal manera que el equilibrio de la balanza de pagos, el déficit público o las exportaciones, términos y problemas ajenos a los trabajadores, se han venido utilizando  como cortina de humo para ocultar las medidas más reaccionarias hasta el extremo de que la necesidad de solucionar los problemas de la burguesía había quedado instalada en la forma de pensar y actuar de una parte muy importante del movimiento obrero, y la intoxicación y el grado ideológico tan degradado había llegado a extremos tan grotescos que hasta algunos ministros del gobierno felipista del PSOE  llegaron a declarar con total impunidad, una y otra vez, la necesidad de elevar los beneficios a costa de los salarios, que el puesto de trabajo no era un derecho de propiedad del trabajador, que convenía destruir cientos de miles  de puestos de trabajo, desmantelando industrias susceptibles de satisfacer necesidades sociales.

Sin embargo, una cuestión eran las élites sindicales y otra muy distinta era el conjunto de los trabajadores, los cuales rechazaban mayoritariamente el pacto social a pesar de los intentos de las élites sindicales reformistas para embellecer los aspectos económicos del “compromiso histórico”, entre otras cuestiones, porque la clase obrera comprendía muy bien que no se trataba sino de hacerle pagar íntegramente el coste de la crisis y no confiaban en absoluto en las promesas de “prosperidad futura”. Si a ello sumamos el comportamiento de las élites sindicales reformistas que se pasaban la mitad del día insultándose entre ellas, las dificultades para poner en pie una respuesta unitaria y, sobre todo, la audiencia que encuentra entre los trabajadores el argumento de la “amenaza de golpe de Estado” ayudaron a crear cierto malestar en los centros de trabajo y barrios populares.

Luis REDONDO (1933-2013) empezó desde muy joven en el movimiento obrero desde el PCE y CC.OO. en la clandestinidad. En 1978 fue elegido Secretario General de Xixón, de esta última organización, en el mismo congreso en el que él y la mayoría de militancia de su zona se pronunciaron contrarios a los Pactos de la Moncloa: “Teníamos que estar en contra, de los Pactos de la Moncloa y de la Constitución por responsabilidad política y social, porque era una traición clara a la clase obrera”. Ahí empezó el proceso que le llevaría a ser expulsado de CCOO y PCE en 1981, año en el que fundaría con otros compañeros y compañeras la Corriente Sindical d’Izquierda. Cansados de pelear contra el burocratismo, el ordeno y mando, el alejamiento y traición a las bases, las poltronas, las expulsiones, la negación del asamblearismo como forma de tomar decisiones y de luchar, entienden que hay otra forma de hacer sindicalismo y trabajo político.

Lógicamente, este estado de ánimo contradictorio quedaba perfectamente reflejado en el seno de las propias centrales sindicales mayoritarias y en las movilizaciones obreras y populares que se seguían produciendo, topándose las centrales con bastantes dificultades para imponer la disciplina en sus filas, organizándose importantes corrientes de oposición en su seno, como la que me tocó vivir en vivo y en directo en la onubense zona minera de Nerva-Riotinto Minera, la de UGT de Álava, CC.OO. de Mondragón, química de CC.OO. en La Coruña o la construcción de CC.OO. en Badalona, llegando incluso a la escisión y creación de nuevas centrales sindicales, caso concreto de la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA en la localidad asturiana de Gijón, a la que me referiré muy concretamente por ser uno de los pocos sindicatos de clase existentes actualmente en España, con una implantación en permanente expansión territorial y afiliación.

En efecto, tal y como ha quedado dicho, la aceptación de los Pactos de la Moncloa, incluso su entusiasta defensa por parte de la dirección de CC.OO. supuso un nuevo punto de fricción entre la política oficial del sindicato y los deseos de importantes sectores de la militancia y cuadros partidarios de responder a la crisis con más movilizaciones y combatividad, en lugar de la línea de moderación imperante, dando lugar a la constitución de un frente de oposición a la línea oficial del sindicato que se denominará a sí mismo “Corriente de Izquierda de CC.OO.”, integrada por militantes del Movimiento Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Revolucionaria de Trabajadores o Bandera Roja, la cual sería capaz de desplazar de la dirección de la Unión Comarcal de Gijón a la tendencia pro-PCE, ocupando los órganos locales y apareciendo muy pronto  los enfrentamientos y la falta de correspondencia con los órganos regionales hasta llegar a la expulsión de muchos militantes significativos, mientras en el caso de Luis Redondo, persona clave en el PC y CC.OO. durante la clandestinidad y con gran prestigio dentro del movimiento obrero, el partido seguía trabajando activamente para evitar que ocupara cualquier cargo de responsabilidad. No obstante, estas tensiones internas dentro del PC asturiano estallarían finalmente en marzo de 1978 durante el transcurso de la III Conferencia Regional celebrada en la localidad candasina de Perlora, dando lugar a una muy grave crisis cuyas repercusiones desbordarían el marco del partido a la vez que tendrían una importancia decisiva en el curso que seguirán los acontecimientos en el seno de CC.OO.

Aunque los primeros documentos elaborados y hechos públicos por la Corriente de Izquierda de CC.OO. tengan fecha de 1977, los orígenes de lo que hoy es la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA se remontan al año 1976, cuando se comenzaron a adoptar posiciones críticas respecto a varias cuestiones, tales como la intensificación de las movilizaciones, la unidad sindical, el momento organizativo de las Comisiones Obreras, la pluralidad interna o lo que se consideraba el peligro de transformación del sindicato en una organización monolítica bajo el control del PCE. Ante aquella situación creada se pasó a defender la necesidad de incrementar la presión en favor de la ruptura democrática, cuestionando la actitud que venía manteniendo la dirección de CC.OO. respecto a la elevada conflictividad que se estaba produciendo en todo el país.

El sábado 16 de junio eran detenidos y encarcelados los compañeros Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas, en ejecución de la sentencia que los condena a tres años de cárcel por defender los derechos de los trabajadores. Fue en marzo de 2005 cuando el Ayuntamiento de Gijón, formado por PSOE e IU, denunció a Cándido y Morala como autores de romper el cajetín de una farola durante las luchas de Naval Gijón. Durante el juicio, a pesar de que las grabaciones de la policía nacional demostraban que no habían sido ellos, se desestimaron las pruebas que dejaban claro su inocencia y se tuvieron en cuenta sólo aquellas que permitían la condena. La finalidad no era otra que condenar, para alejarlos de las luchas obreras, a estos dos compañeros comprometidos con la defensa de los intereses de la clase trabajadora desde un sindicalismo comprometido, reivindicativo, luchador y alejado de la burocratización.

Después de muchos conflictos, entre ellos el de Duro – Felguera, donde el sindicalista José Manuel Martínez MORALA había sido uno de sus principales protagonistas, la Corriente de Izquierda quedaría excluida del seno de CC.OO. pero ello, en absoluto supuso la dispersión de sus efectivos ni su desaparición como opción sindical con una presencia efectiva entre la clase obrera, principalmente en la localidad asturiana de Gijón. Por el contrario, el componente humano que había dado vida a la Corriente durante su permanencia en CC.OO. reforzado con otras nuevas incorporaciones, mantendría la cohesión interna y seguiría desarrollando su actividad sindical dentro de las líneas ya definidas a lo largo de los años precedentes, dando origen a una nueva organización bajo el nombre de CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERA (CSI) en el año 1982, sufriendo un permanente acoso con ataques y descalificaciones constantes que buscaban en todo momento su aislamiento, llegando incluso a practicar la unidad en este aspecto con U.G.T. que llegarían a firmar un documento confidencial entre CC.OO. y SOMA-UGT del Pozo Candín de Hunosa para “acabar con la Corriente Sindical de Izquierda como fuese” ante el avance espectacular que habían tenido en las últimas elecciones sindicales celebradas en el pozo minero.

A modo de conclusión se puede afirmar que la Corriente Sindical de Izquierda como organización al margen de CC.OO. no es el resultado de la voluntad escisionista de sus integrantes. Por el contrario, su actividad se orientaría de forma permanente a su fortalecimiento como corriente interna de CC.OO., criticando la práctica imperante en el sindicato, pero trabajando por su transformación desde dentro. Si ha surgido la Corriente Sindical de Izquierda como una nueva organización, ello se debe a que previamente habían sido expulsados de CC.OO., siendo la razón fundamental para que la dirección regional de Asturias, con el consentimiento de la cúpula estatal, tomara la drástica decisión de expulsar a una corriente interna que representaba un tercio del sindicato en Asturias, precisamente, el carácter mayoritario que ésta representaba dentro de la unión comarcal más numerosa de la región como era Gijón.