24 de abril

Hoy, cuando se cumplen 41 días de mi arresto domiciliario, no tengo muchas ganas de escribir y, después de salir a comprar la prensa, dedicaré la mañana a la lectura para tratar de aprender, entre otras cuestiones, ciertos conceptos que, si bien los vengo escuchando en todas las ruedas de prensa que diariamente nos dan los representantes del gobierno sobre el COVID-19, tales como “desescalar”, sin embargo, no los tengo yo muy claro en su significado real, llegando a la conclusión de que lo de la militarización del idioma, de las calles y los pueblos que estamos sufriendo como consecuencia del Estado de Alarma decretado por el gobierno español, tiene mucho que ver, efectivamente, con ese palabro de “desescalar” que tanto gusta al gobierno, empeñado en seguir llamando guerra a lo que es una catástrofe, y que tal parece haberse asumido sin trauma alguno. Parece ser que el término se hizo muy popular en los años sesenta en la guerra del Vietnam, donde a la “escalada bélica” tuvo que seguir un progresivo repliegue que no significa otra cosa que retroceder a las posiciones anteriores, esto es retirarse en buen orden.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este miércoles al mundo que siga en alerta por la pandemia de Covid-19 pese a la reducción de casos en algunos de los países más afectados en Europa, ya que “el virus estará con nosotros durante largo tiempo”. “En algunos países la pandemia está en su fase preliminar, en otros hay rebrotes… queda mucho por hacer aún y el virus estará con nosotros durante largo tiempo”, (22 de abril de 2020)

Sin embargo, después de estos 41 jornas del Estado de Alarma nadie es capaz de explicar por qué se siguen infectando 4.000 personas todos los días, con el terrorífico balance al día de hoy, 24 de abril, de 22.524 muertos y 219.764 infectados, de los cuales 34.000 son profesionales sanitarios (34 muertos), mientras los portavoces gubernamentales siguen diciendo que la epidemia va mejor de lo que esperaban, cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de avisar por boca de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que la coronavirus permanecerá con nosotros durante mucho tiempo.

Desde mi punto de vista, la única guerra, si esto es una guerra, tal y como dice el gobierno, será una guerra del gobierno contra el pueblo español, tal y como estamos viendo a esta tropa de fantasmas enhebrando improvisaciones y contradicciones por hora y chapuzas y disparates por segundo que me hace pensar que estamos en un estado de pánico en vez de alarma.

Ayer me refería al informe elaborado por un equipo de científicos del Instituto de la Salud Carlos III de Madrid, donde se habían analizado los 28 primeros genomas de los virus leídos en España, donde quedaban confirmados “multitud de entradas” de personas infectadas desde otros países durante el mes de febrero de 2020.

El informe elaborado por la prestigiosa institución Deep Knowledge muestra la terrible situación que se está viviendo en España en la lucha contra la pandemia del coronavirus. En este informe se muestra un ranking de seguridad frente al COVID-19 y España no aparece en el Top-40 Mundial, y, por el contrario, el mismo territorio aparece en el cuarto lugar del ranking de riesgo. (18 de abril de 2020)

Hoy me voy a referir al estudio realizado por un centro de investigación independiente – Deep Knowledge Group – perteneciente a la aseguradora DKV, con sede en Hong Kong y una filial en Londres que, basándose en 24 criterios, ha analizado las respuestas de cada país frente al coronavirus, cuyas conclusiones resultan demoledoras para España, pues somos el peor país de Europa en este ranking en cuanto a seguridad frente a la pandemia del coronavirus. Se trata de un estudio llevado a cabo en 150 países y que nada tiene que ver con la izquierda o la derecha de España.

Para categorizar a España como el país más inseguro frente a la pandemia de toda Europa, los analistas han utilizado un total de 24 factores englobados en cuatro familias: eficacia de la cuarentena, eficacia de la gestión del Gobierno, monitorización y detección del virus y, por último, la disponibilidad de medios sanitarios para hacer frente a la pandemia, situando a España en el puesto 33 y último de los 33 países europeos que ha analizado, por detrás de Reino Unido, San Marino e Italia, en un ranking que encabezan Alemania, Suiza y Austria, utilizando para el informe información de la Organización Mundial de la Salud, de la Universidad Johns Hopkins (referencia mundial en la lucha contra el coronavirus), de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la web de estadísticas Worldometer.

Esta institución británica ha estudiado la eficacia de la gestión del Gobierno, la eficiencia de la cuarentena, el control y la detección de la enfermedad, la velocidad de su expansión o la resistencia del sistema de salud, entre otros muchos parámetros, en 150 países de todo el mundo, llegando a La conclusión es que España consigue 518,85 puntos, según la clasificación, muy lejos de los 631,07 de Alemania, el mejor de la Unión Europa. España tampoco sale bien parada en otra tabla del estudio, la del riesgo de la población de ser infectada: ahí está en el cuarto lugar mundial, sólo por detrás de Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Pero pese a todo lo anterior, España es el decimocuarto país del mundo en el que el Gobierno recibe más apoyo de la población, otra lista que encabeza Alemania y en la que Estados Unidos ocupa el segundo lugar.

«El informe muestra que algunos países han sido muy efectivos contra el virus gracias a que lo combatieron pronto», resaltó en la revista Forbes Margaretta Colangelo, cofundadora de Deep Knowledge Group. Estas naciones pusieron el foco en la prevención, tomaron medidas tempranas y utilizaron eficientes métodos de tratamiento hospitalario. «Por ejemplo, China y Alemania movilizaron rápidamente sus esfuerzos para frenar al virus y aumentar su capacidad hospitalaria y utilizaron tecnología como la inteligencia artificial, la robótica o el análisis de big data, en combinación con tratamientos médicos y técnicas de gestión del sistema de salud, de un modo sofisticado», subraya Colangelo.

En mi primera visita a la URSS en 1979, tuve ocasión de visitar en Leningrado (San Petersburgo) la mayor biblioteca del mundo, con libros en casi todos los idiomas, fijándome yo en la colección referida a Vladimiro Ulianov “Lenin”, a lo que mi acompañante, el presidente de los mineros soviéticos, Iván Pomogaibo, me preguntó: ¿Has leído algo de Lenin? Pues la verdad, muy poco, le contesté yo, ya que en España estuvo prohibida la literatura soviética y no digamos la referida a Lenin. Me gustaría comprar alguno, pero no me cogen en la maleta. Cuál sería mi sorpresa cuando, a los veinte días recibo en mi casa un aviso para ir a recoger un paquete a correos, nada más y nada menos que toda la colección editada de Vladimir Ilyich Lenin (22 tomos), los cuales tengo en lugar destacado de mi biblioteca, recurriendo a ellos, de vez en cuando, según el tema que me pueda interesar en el momento, optando en esta ocasión por releer el de “¿Qué hacer?”. Y viene al pelo, cuando una de las cosas que dice es, retomando a Marx y criticando a los pactistas rusos, que “ya que hace falta unirse, pactad acuerdos para alcanzar los objetivos prácticos del movimiento, pero no trafiquéis con los principios, no hagáis concesiones teóricas. Todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea alejarse de ella equivale a fortalecer la ideología burguesa”.

Y por eso hacía un llamamiento contra los demagogos y el peligro de dejarse arrastrar por ellos dado que: “sólo se podrá salir del error tras las pruebas más amargas”.

Los Pactos de La Moncloa fueron, básicamente, unos acuerdos entre los partidos –apoyados por los sindicatos– para asegurar la paz social en tiempos de crisis económica y gran conflictividad laboral, y sentar las bases para el pacto de la Constitución de 1978. Es decir, constituyeron el puente para transitar de la dictadura a la democracia, a un régimen político y económico liberal con normas políticas y económicas homologables con el resto de países europeos que, por cierto, nunca se lograron.

En este Estado canalla, más conocido como España, el “gatopardismo” está asomando por la esquina. Llámese “nuevos Pactos de la Moncloa” o “Pacto de reconstrucción”, y eso no es un cambio real porque los cambios reales no son posibles a menos que haya una fuerza social y política lista para implementarlos. Con el coronavirus están surgiendo ciertas estructuras que, si se mantienen y trabajan, pueden tomar diferentes formas y eso, en sí, es ya un buen signo de la existencia de un movimiento que vaya en otra dirección que la simple resistencia. Ya no basta solo con resistir, hay que actuar. Pero, como decía Lenin, “evitando las ilusiones”.

No hay nada en la situación actual que sea comparable con la de 1977, ni en la economía, ni en la política, ni en la sociedad, ni en la estructura administrativa, ni en los valores sociales, ni en las relaciones internacionales, ni en los posibles protagonistas. El simple hecho de que, en ambos momentos, la sociedad y el Estado sufran graves problemas no es suficiente para establecer semejanzas. Intentar solucionar las dificultades actuales con las recetas de hace 43 años es puro delirio. Bien es verdad que quizás lo que se pretenda sea solo un postureo, una operación meramente cosmética, o bien socializar los errores propios implicando a los demás en los desastres ya cometidos. La situación económica actual poco tiene que ver con la de entonces.

En la década de los setenta apareció un fenómeno nuevo que se denominó estanflación que tuvo su causa principal en la desmedida e inesperada subida del precio del petróleo. Se había multiplicado por cuatro en poco tiempo, lo que significaba una ingente transferencia de recursos que pasaban de las manos de los países consumidores a los productores, originando, por tanto, un sustancial empobrecimiento de los primeros. Empobrecimiento desde luego muy acusado en España, ya que dependía en un 65% de ese tipo de energía.

El proceso inflacionario era la expresión de que ningún grupo social quería conformarse con esa pérdida de renta y pretendía adjudicársela al de enfrente. Detrás de esas desproporcionadas tasas (en España 19,8% en 1976 y 26,4% en 1977) se encontraba la lucha entre trabajadores y empresarios. Ambos sectores se negaban a soportar la pérdida de poder adquisitivo que la subida del precio del petróleo imponía. Los trabajadores exigían aumentos de salarios porque habían subido los precios y los empresarios elevaban los precios porque se incrementaban los salarios.

La situación actual es muy distinta a la comentada de 1977. La crisis económica que se avecina, por primera vez, no parte, por el momento, de un estrangulamiento del sector exterior, sino de los estragos de una epidemia que va a afectar en mayor o menor medida a todos los países de Europa. De partida, en esta crisis no hay deudores ni acreedores. Digo de partida, porque, a estas alturas, resulta difícil de vaticinar, cuáles vayan a ser los efectos en cada uno de ellos. Desde luego, en el caso de España, y en general en todos los países del Sur, se puede producir un impacto importante sobre la balanza de pagos como resultado de la caída del turismo.

Parece que vivimos en el mundo al revés. Mucha gente se pregunta: ‘¿por qué UGT y CCOO apoyan una reforma de las pensiones por la que hace apenas tres meses (29-S) nos pedían salir a la calle para protestar contra ella?’ ‘¿A qué juegan con este “pacto social” que firman con Zapatero?’ Y resulta más complicado entender cómo los dos grandes sindicatos dicen sí a elevar la edad de jubilación a los 67 años cuando otras centrales sindicales e Izquierda Unida, uno de los partidos políticos más cercanos a las tesis sindicalistas, se oponen radicalmente a ella y al pacto que se firma este miércoles. “No puede haber paz social con 4,7 millones de parados” recalcaba este lunes Cayo Lara, líder de IU. (1 de febrero de 2011)

Los Pactos de la Moncloa no fueron sino un intercambio de derechos laborales y económicos por derechos civiles, siendo las circunstancias en que se firmaron muy distintas que las actuales, salvo que se quieran usar al pandillerismo sindical de U.G.T. y CC.OO. como parapeto del estallido social que se puede dar en España una vez superada la pandemia para enfrentarse a la grave situación económica, social y laboral que habrá que afrontar. Ningún parecido en materia económica. Hoy estamos en la Unión Europea. No tenemos moneda propia que devaluar y, por consiguiente, tampoco política monetaria. El problema actual no es la inflación, sino la deflación. Por ahora presentamos superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, el endeudamiento público es diez veces el de entonces y la tasa de paro actual multiplica por cuatro la de 1977, y no creo que Pedro Sánchez se proponga desregularizar aún más el mercado laboral y facilitar el despido.

Además, durante el Gobierno de Suárez, antes de que se iniciasen a negociar los Pactos de La Moncloa había sobre la mesa dos documentos para la discusión, uno económico y otro político. Ahora, el único documento que existe está en blanco y lo que me temo es que no saben cómo rellenarlo.

Buenas noches y hasta mañana.  Salud y República.