En estos momentos de terrible angustia y de pérdidas de miles y miles de vidas humanas, cuando me encuentro en mi 59 día de arresto domiciliario, vengo escuchando y leyendo que se ha impuesto un nuevo concepto, cada vez más aceptado como es el de la nueva normalidad. Una expresión que viene apareciendo en casi todos los discursos políticos, empezando, claro, por las homilías churchilianas del presidente del gobierno español y artículos periodísticos, invitándonos a los ciudadanos a realizar un esfuerzo para ir adaptándonos a una nueva realidad terrible.
Pero, ¿qué es eso de la nueva realidad? Existen muchas razones para reflexionar sobre lo que puede significar, porque ante el inmenso desastre que nos amenaza, uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad, en absoluto debería de adoptarse esa nueva normalidad, entre otras cuestiones, porque estoy más que seguro de que en nada mejoraría a la que teníamos antes del COVI-19, sobre todo si nos detenemos por un momento en lo que ahora mismo y observamos que tenemos muchas razones para temer lo que nos pueda traer esa tan cacareada nueva normalidad.
Fuente: Ministerio de Sanidad (11 de mayo de 2020).
No sé cómo será. En cualquier caso, tal vez no sea tan nueva. Para mí, esa nueva normalidad no es otra que poner freno a la sangría de las muertes e infectados que, cuando estoy escribiendo mi diario de hoy me asomo al panel del ministerio de Sanidad y me encuentro que las cifras se siguen incrementando hasta los 26.920 muertos y los 228.030 infectados, de los cuales casi 50.000 infectados son profesionales de la sanidad. Eso es lo anormal.
“La incidencia de la gripe cada semana período epidémico es de entre 100 y 500 por cada 100.000 habitantes. Ahora de coronavirus tenemos medio caso por cada 100.000. Es cierto que puede haber un problema porque este coronavirus tiene connotaciones asociadas a miedos y pánicos más grandes que las gripe, pero si nuestros hospitales soportan la presión de la gripe deberían ser capaces de soportarlo, con problemas como todos los años, con sobrecarga, pero nuestro sistema es robusto para responder”. (ANTENA 3, el 6 de marzo de 2020).
Al respecto, me llama poderosamente la atención ver en el día de ayer en rueda de prensa al Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, pronunciar el nombre de Corea para reprocharle sus repuntes a la vez que nos advertía a los españoles que no deberíamos seguir por ese camino de perdición. Naturalmente que hay nuevos casos, no solo en Corea, y los seguirá habiendo durante algún tiempo, pero llamar repunte a los 35 nuevos casos de Corea me parecen del mismo rigor que cuando dijo aquello de que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” (…) “espero que no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada” (…) “ahora mismo se investigan 5 en la Gomera y 1 caso en Castilla la Mancha” (…) “con la información que tenemos ahora mismo, hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible” (…) “Por lo tanto parece, según número de casos diagnosticados día a día, que la epidemia comienza a remitir” (TVE, el 31 de enero de 2020).
Desde luego, pienso yo que el prestigioso epidemiólogo Simón debió de sacar otras conclusiones de Corea, cuando desde mediados de enero habían empezado a tomar medidas, incluidas las de aprovisionarse de material sanitario contra el virus, cuando en Europa, y más concretamente en España, nadie se lo planteaba, buscando el material adecuado, solicitando ayuda a la OMS, Médicos sin Fronteras y Cruz Roja y cerrando totalmente las fronteras, con tal solo unas 20.000 personas sometidas a cuarentena, reduciendo el riesgo de expansión del virus, con el resultado de un solo muerto, más los 35 referidos. Y, pienso yo, ¿por qué sin ir tan lejos, el doctor Simón no se conforma con lo sucedido en nuestro país vecino de Portugal, por ponerle el ejemplo más acorde a nuestra cultura y nuestras costumbres, aunque con menos medios sanitarios que nosotros y, sin embargo…?
Dibujo de Julio Anguita realizado por Mandi Braña, el 12 de marzo de 2020.
Cuando estoy ya de regreso de mis dos horas de libertad provisional, una vez realizado mi paseo diario por el parque de Sama, leída la prensa y hecho la compra, me llega la noticia del parte médico sobre el estado de mi amigo y compañero Julio Anguita en el que se dice que “su estado sigue siendo estable dentro de la gravedad y sin cambios significativos”, lo que me hace pensar que dentro de unos días ya estará en casa para seguir impartiendo escuela, aunque tendrá que ir bajando un poco esa pasión que pone a la hora de explicar sus lecciones para que su corazón no pague las consecuencias.
En mi diario de ayer me refería de manera muy somera a la renta vital que había anunciado el ministro de Seguridad Social, el eurócrata José Luis Escrivá, para primeros de junio, el cual suscitó un pequeño y agradable debate en las redes con mi amigo Bartolomé, lo que me obliga a extenderme hoy sobre lo que yo pienso sobre tan importante asunto. En efecto, tal y como recoge el borrador del decreto – ley que regulará el ingreso mínimo vital permite presentar la solicitud para cobrar la ayuda mediante “una declaración responsable en la que se hará constar que se cumplen los requisitos exigidos”. Entre ellos, que el demandante no haya tenido apenas ingresos en 2019, que tenga más de 23 años y menos de 65, que no tenga una casa en propiedad de más de 100.000 euros o que esté buscando empleo, pero no lo encuentra. Una renta cuyas cuantías máximas oscilarán entre las 462 y los 1.015 euros, dependiendo del número de personas en el hogar y de los ingresos que hubieran tenido en 2019.
Es decir, con dar la palabra, suficiente para acceder a la prestación a través de una “declaración responsable” sin embargo la administración someterá la misma a controles posteriores para verificar el cumplimiento real “recabando la información a otras administraciones públicas”. De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) “llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias”, de tal manera que, si no puede verificar algún requisito, podrá suspender cautelarmente la prestación, dándole tres meses para que acredite documentalmente su situación y si ello no se produce la prestación se extinguirá.
Al respecto, me sorprende, o no me sorprende tanto, siendo sincero, cuando soy consciente del gran fraude existente entre muchos parados, prejubilados y jubilados que, siendo receptores del subsidio del desempleo o percibiendo sus jubilaciones se dedican al trabajo en negro, perjudicando a otros trabajadores que pagan sus cuotas de autónomos, por ejemplo, pero me sorprende tanta vigilancia entre los perceptores de estas rentas de supervivencia y, sin embargo, se haga la vista gorda a las grandes evasiones y robos del dinero del contribuyente por parte de las empresas del IBEX35 en las conocidas madrigueras de los paraísos fiscales, donde la gente y los negocios pueden crear compañías y cuentas abiertas sin nombres reales o identificación alguna. A menudo usando bancos falsos que son realmente tapaderas que canalizan dinero de bancos reales por medio de “cuentas correspondientes”, donde los bancos fantasmas hacen un paquete con las transferencias y no dicen de quien provienen, de tal manera que todo el dinero procedente del terrorismo, trafico de drogas, de armas y otros delincuentes encuentran esas madrigueras como lugares seguros de los dineros robados o percibidos por acciones criminales. Lo más grotesco de muchos de estos casos es que están asesorados de los personajes que fueron la “flor y nata” de la inspección fiscal en la Hacienda española.
Volviendo al tema de la Renta Básica, en la que me tocó participar en todas las movilizaciones habidas en Madrid – no en las marchas, por razones obvias, como hicieron muchos compañeros y muchas compañeras, enfrentándose al frio, a la lluvia y hasta la nieve -, la cuestión es que el panorama social y económico que se nos presenta después del COVID-19 es más negro que el carbón de nuestras minas, hoy clausuradas. Nos hemos adentrado en un mundo en donde para una gran parte de la población su existencia va a ser una vida de mierda. El viejo zorro y judío-masón Kissinger, poco dado a la gesticulación y más ahora que ya es casi centenario, dejó escrito en un artículo en The Wall Street Journal del pasado 3 de abril que “La actual crisis económica es de una complejidad inédita. La contracción desatada por el coronavirus, por su alta velocidad y su amplitud global, es diferente a todo lo que hemos conocido en la historia”.
Estas declaraciones de este personaje que asesora a la “Alta Finanza Internacional” significan solamente una muestra de pocas palabras acerca de lo que puede leerse en declaraciones, informes, proyecciones y modelos de simulación que estos días proliferan como setas en otoño cuando las lluvias previas han sido generosas. Solamente una recientísima declaración al respecto del gobierno español: el PIB se contraerá el 9,1% en el 2020 y el desempleo oficial llegará al 19%. Demoledor. Con unas perspectivas sociales y económicas así de extraordinarias previstas por el gobierno español, cualquiera podría pensar sin necesitar mucha audacia que sería aconsejable desarrollar y proponer algunas medidas también extraordinarias por parte de este gobierno.
Medidas que, efectivamente, no gozan habitualmente de amplia simpatía en el mainstream político y académico, como una imposición a las grandes fortunas y una renta básica, ante la extraordinaria situación se expanden en medios de comunicación, informes y, lo que es más importante, entre una buena porción de la ciudadanía.
Medidas “excéntricas” las llamaba un editorial de Financial Times de hace pocas semanas, pero medidas que había que tomar en consideración. Exactamente decía: “…La redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse”. Hasta el Financial Times considera que estas medidas “deben empezar a considerarse”, pero ¿se atreverá el gobierno español a ello, o todo quedará en meter ruido sobre el bombo y los platillos? Porque, no nos engañemos, sino se mete a mano a las grandes fortunas no habrá dinero para sostener la renta básica o ingreso mínimo.
Personas de diferentes lugares y de distintas clases sociales están “haciendo camino” con el fin de conseguir una renta básica universal y exigir el fin de la precariedad, una situación que también están sufriendo durante el trayecto: “Nos acompañan personas en verdadera situación de pobreza, que por no traer no traían ni guantes ni calcetines para combatir el frío”
En una primera aproximación poco atenta, alguien podría pensar que ahora está a favor de la renta básica todo tipo de personajes políticos, académicos y hasta religiosos. Que si Guindos, que si el Papa. Lo que defienden estos personajes es ni más ni menos que un subsidio para pobres. Como el gobierno español. No una asignación pública monetaria incondicional y universal, como internacionalmente se ha considerado que es la renta básica, al menos como la defiende desde 1986 la Basic Income Earth Network, sino una renta condicionada, no universal y, por tanto, para pobres.
Los que defendimos y seguimos defendiendo la renta básica, ahora con la pandemia y después sinPANdemia, seguimos defendiendo que la mejor renta para pobres del reino de España – la del País Vasco – queda muy por debajo de las necesidades reales, y creemos que argumentar, razonar y mostrar que eso es así resulta una obligación para quien así lo piense y los datos lo muestren. Sobre la renta básica y sobre cualquier otra cosa.
Muy poco sabemos aún de cómo se concretará el ingreso mínimo vital, pero el ministro Escrivá ha dado algunas pistas y considera que hay que tener “mucha finura porque de lo que se trata es de llegar a los más vulnerables, a los que se han quedado atrás”.
Acaba de afirmar que llegará a un millón de hogares. Es decir, a 2,5 millones de personas, pero, ¿desconoce el ministro cuántos pobres había en el 2019? Seguro que lo sabe de sobra: cuatro veces más. ¿Y cuántos hay ahora? Nadie lo sabe, pero muchos más que al finalizar 2019. Quizás cubra el ingreso mínimo vital, confiando en la perspectiva del señor ministro, a un 20 por ciento de la población “de los más vulnerables”, de tal manera que un 75% queda fuera ya de entrada. Es lo que ya hace años se conoce: la pobreza de los subsidios dedicados a la pobreza. “Vale más eso que nada”, claman los hiperrealistas. Ante tan profundas palabras solamente hay que admitir que el “más vale algo que nada” es imposible de rebatir. Y además a algunos les sirve incluso para sacar pecho.
Hace tiempo leía yo un detallado y exhaustivo artículo del Ignacio Ramonet, sobre la renta básica, donde defendía “la urgencia, a nivel global, de la creación de una renta básica que ofreciera protección a todos los ciudadanos en tiempos de crisis… y en tiempos ordinarios.”
Demasiado radical deben pensar algunos hiperrealistas, y algunos hasta lo dicen. O, en vez de “radical” se cambia la crítica por el consabido “realismo”: no es realista defender la renta básica. Hay que ir por pasos, progresivamente, a largo plazo. Difícil es no recordar en estos casos a Domènech, un radical y confeso robesperiano, y su desprecio mal disimulado por los mequetrefes supuestamente realistas: “Una izquierda no filistea, es decir, una izquierda que quiera ser realista, sensata y radical a la vez tiene hoy que aspirar a desarrollar políticas que sean más ambiciosas en el medio y en el largo plazo y, a la vez, más adaptadas a las presentes circunstancias.” Ante una situación extraordinaria como la actual, no se aprecia por parte de ningún gobierno de la Unión Europea, incluido el del reino de España, algo que se asemeje a “políticas ambiciosas”. Pero la UE no es de izquierdas, dirá inmediatamente más de uno. ¿Y los que son de izquierdas? Pongamos que hablo del gobierno español.
Quiero decir y lo digo que, una cuestión es predicar y otra es dar trigo. Hace menos de cuatro meses, concretamente el 20 de febrero de 2020 comparecía yo en el Parlamento asturiano para debatir sobre este y otros asuntos como la ley de la dependencia dentro del Proyecto de Ley que se discutía sobre Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y les decía: “El Gobierno de Asturias habla deblindar las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad, y sigue hablando de asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan” en su proyecto de Ley. Hasta aquí todo muy bonito. Pero ¿dónde está el dinero para llevarlo a la práctica? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Acaso tiene este gobierno autónomo la capacidad para legislar una reforma fiscal equitativa que, efectivamente, haga pagar más a aquel que más renta tiene, a la vez que obligue a pagar lo mismo a todos los individuos independientemente del origen de su renta, cuando se dedica a andar miagando por Madrid en busca de las correspondientes migajas para nuestra región?
Un ejemplo de lo que estoy tratando de reflexionar acerca de la falta de dotación presupuestaria para cualquier iniciativa que se presente, lo supone la Ley de Dependencia, promulgada por el gobierno de España, el 30 de noviembre de 2006, y que actualmente se encuentra en el limbo, con más de un millón de afectados, entre dependientes y sus cuidadores familiares que, en el mejor de los casos, reciben cantidades irrisorias, cuando no se las han cancelado en su totalidad por falta, precisamente, de presupuesto, dándose en múltiples ocasiones – demasiadas – que muchos de los dependientes aún no hayan recibido las ayudas mientras la muerte ya se ha llevado por delante a quiénes cuidaban y amaban.
Señorías: En España somos millonarios en leyes. Tenemos leyes para todo, pero nuestro país está entre los países del mundo que más viola o incumple las leyes, incluida la ley fundamental de la Constitución.
Hace 42 años que se aprobó la Constitución española, y muy lejos de los discursos oficialistas habituales, quiero recordar hoy que nuestra Constitución, habiendo marcado un hito importantísimo en nuestra historia, solo tiene un problema. ¿Se cumple nuestra Constitución? Pues depende de qué y de quien se trate. Hay muchos artículos constitucionales que se cuestionan o directamente que no se cumplen.
Me refería muy especialmente a una de las mayores apuestas legislativas – si no la mayor – de José Luis Rodríguez Zapatero en sus dos legislaturas de Gobierno, encomendando su desarrollo a una persona de su total confianza, Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social. “Un hito histórico”, lo llegó a calificar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de la Ley de Dependencia, que ha obtenido hoy una amplia mayoría. Sólo CiU, PNV y EA han votado en contra de una ley que prevé dar un sueldo a los que se ocupan de personas dependientes, cerca de 1,2 millones de españoles. Pero, transcurridos tres después de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia en absoluto había cumplido con lo prometido, hasta el punto de que hoy tal parece que haya sido uno de esos cortos sueños.