13 de mayo

Hoy, cuando se cumple el 60 día de mi arresto domiciliario, me levanto temprano para ver la sesión parlamentaria televisada de los miércoles para controlar al gobierno, donde el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a apelar a la unidad para superar la crisis del coronavirus en su respuesta a la pregunta que le ha formulado el líder del PP, Pablo Casado. Desde mi punto de vista, lo único que ha quedado claro es la escenificación de la ruptura total del PP con el Gobierno al avanzar este que su grupo no apoyará la nueva prórroga del estado de alarma que el Gobierno tiene previsto llevar la próxima semana al Congreso con la peculiaridad, esta vez de que tenga una duración de un mes, es decir, hasta finales de junio.

El presidente ha eludido entrar en la confrontación parlamentaria ante “su argumentario de cartón piedra” -le ha dicho – y ha reiterado que el Ejecutivo está afrontando la crisis económica con medidas dirigidas a sectores generadores de empleo y muy expuestos a la restricción sanitaria, como el del turismo, facilitando liquidez a las empresas con las líneas ICO, a la vez que señalaba al líder del PP el “camino de la unidad” recordándole la puesta en marcha, esta misma semana, de la comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica del país donde su grupo – le dijo – “ está llamado a fraguar esa unidad para salvar vidas y puestos de trabajo”.

El diario balear ‘Última Hora’ ha enviado un requerimiento al nuevo medio de comunicación apadrinado por Podemos, ‘La Última Hora’ (laultimahora.es), para exigirle que “cese de inmediato su actividad por usurpación de marca y competencia desleal”. El escrito va dirigido a la administradora de la web, la exdirigente del partido morado Dina Bousselham, que ha dejado la formación para poner en marcha esta plataforma de noticias.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la intervención del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, cuando le pidió al presidente que especificara a los ciudadanos “qué entiende” exactamente por “nueva normalidad”, ese término que ha acuñado el Gobierno para referirse a la etapa en la que culminará la desescalada y que para Esteban suena a título de serie de televisión. A su juicio, “no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos, ni restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales de acuerdo al orden constitucional”, como tampoco se puede aprovechar para hacer reformas con esa intención.

En este contexto, el presidente del gobierno ha vuelto a recalcar que el estado de alarma es para el Gobierno “una necesidad y no un proyecto político” y por eso ha defendido mantenerlo, después de considerar que hay que transitar hacia esa “nueva normalidad” con un “estado de alarma distinto” para culminar esta etapa. Y una vez logrado, ha añadido, se deberá producir el debate político para “reforzar los mecanismos de coordinación para que los rebrotes sean lo menos posibles”.

Si alguien nos llega a hablar, tres meses atrás, de la nueva normalidad, seguro que lo hubiéramos tomado por un iluminado. Ahora, en cambio, este es un concepto tan consolidado como el de Estado de bienestar, pongamos. Es decir, la nueva normalidad es el concepto acuñado por el gobierno para intentar hacernos entender qué es lo que nos aguarda cuando podamos volver a hacer una vida normal. Pero como en realidad no será normal – no, por lo menos, tal como concebíamos hasta hace poco la normalidad–, entonces la llaman nueva. Una vida nueva, como la de Dante, pero, a diferencia de esta, sin esplendor. Una vida que para muchos va a ser, por desgracia, dantesca, en el sentido más dramático del término.

Cuando hayamos superado el calendario de fases y volvamos la vista atrás, muchos extrañarán la normalidad caduca y deplorarán la nueva. Entremedias habrán quedado los meses del confinamiento – una normalidad inimaginable que se hizo, dolorosamente, más que imaginable, real –. Pero este ínterin entre las dos normalidades nos ha enseñado algunas cosas valiosas.

Yo, que no he perdido mi empleo, ni he perdido a ningún familiar, aunque sí a quince amigos apreciados hasta la fecha, y que, durante este periodo, he podido hacer lo que más me gusta: leer, escribir o escuchar música, aunque privado de libertad para mantener mi tertulia diaria en torno a unes botellines de sidra, he aprendido que la muerte, tal y como dijo Malraux, “sólo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”. Y, por tanto, lo único que somos – no lo único que tenemos – es el tiempo que nos queda.

En el debate parlamentario de hoy, si es que se puede llamar así, he aprendido también, una vez más, que la política partidista española anda buscando desesperadamente héroes y villanos. Instalada en la confrontación permanente, en el blanco y el negro, en el tú más que yo, no concibe otra manera que la oposición al otro. Y esa necesidad de ser el positivo o el negativo de la foto rota de un país condenado a ser dos mitades queda reflejado en siglas, pero, sobre todo, en los nombres propios.

Cuando nos estamos jugando la vida, cuando España está a punto de ser rescatada por el IV Reich, aunque será un rescate silencioso porque España todavía no está en quiebra, el enfrentamiento continúa de una manera feroz entre la clase política, a izquierda y derecha, por cierto, muy bien pagada sin ni siquiera aparecer por el Congreso, Senado y todas las carpas parlamentarias de cada comunidad autónoma (para ellos y ellas no hay ERTES), con todo tipo de zancadillas, infundios, bolas y sondeos. Pero, ¿quién sabe a quién va a votar la gente – los que vayan a votar -, cuando lleguen la ruina, la bronca y se produzca el estallido social? Nos tratan a los contribuyentes como gilipollas y muchos tal parece que lo son.

Ya lo decía el florentino Nicolás Maquiavelo: “los hombres son tan simples y de tal manera que obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”. Usan el morbo de la política para sustituir a la morbosidad del COVID-19, para entretener a la tribu y que se olvide de la tragedia. Se decía que idiota era el tosco e inculto ciudadano que se desentendía de la cosa pública. Hoy podrían considerarse idiotas los contrarios, los que se enganchan a la política y se dejan llevar por el maniqueísmo de los que creen que el adversario es siempre un canalla que nunca tiene razón. Se salvan de la idiocia los que viven de los partidos y sus jenízaros, los atizadores de la secta o partido que lo defienden como sicarios en las redes y en las tertulias.

Fuente: Ministerio de Sanidad (12 de mayo de 2020)

De regreso a mi casa, después de dar mi paseo diario por el parque y tomar el café con mis amigos, a la distancia reglamentaria que marca el estado de alarma, me encuentra con la nueva normalidad que vivimos: 27.104 muertos y 228.691 infectados, según los datos oficiales del ministerio de Sanidad. No obstante, está vez desenmascaradas las cifras oficiales por las reales que, según los Tribunales Superiores de Justicia casi doblan los muertos que el ministerio de Sanidad nos viene dando para las dos Castillas de León y La Mancha, de tal manera que, mientras el ministerio de Sanidad nos viene dando la cifra de 4.268 fallecidos por coronavirus en estas dos comunidades, la realidad, según el informe “Actualización nº 92. Enfermedad por el coronavirus”, de fecha 1 de mayo, cifran las mismas en 8.299, es decir un incremento del 95% sobre los datos oficiales.

¿Por qué los datos que se vienen ofreciendo al público son tan incompletos como engañosos en cada comunidad autónoma midiendo a su aire las muertes y los infectados, con el ministerio de Sanidad corriendo detrás de las deficiencias locales sin poder o sin querer explicarlas de una manera comprensible, lo que nos hace pensar muy lógicamente que las informaciones que diariamente nos ofrecen los responsables sanitarios a través de las ruedas de prensa, lisa y llanamente, no responden a la realidad del COVID-19. No digo que nos estén engañando, sino que se oculta la realidad de las cifras. Las comunidades de todo signo político, se vienen quejando de la falta de transparencia sobre los criterios de desescalada y del anonimato del comité científico que los recomienda. Una cuestión en la que no voy a entrar. Tal vez puedan tener razón, pero ¿a qué viene tanto secretismo científico? ¿Por qué la transparencia sigue siendo una palabra tan fea en nuestro tiempo? ¿Acaso porque la gente si sabe ciertas cosas que están ocurriendo pueden votar mal en las próximas elecciones y armen una escabechina política? ¿Es preferible el silencio bochornoso antes que la verdad cristalina? Así es la política partidista en estos tiempos de manipulación psicológica de masas.

Otro de los aspectos que destacó en esta sesión parlamentaria de control al gobierno, fue la polémica surgida por el apartamento de lujo que la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disfruta en pleno centro de Madrid, propiedad del empresario Kike Sarasola, donde el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, llegó a manifestar en sede parlamentaria que, si la presidenta de la Comunidad de Madrid no está pagando el alquiler, y está permitiendo que el dueño de Room Mate se lo costee de su bolsillo, “de nuevo tenemos un caso de corrupción”. Cada cual, dijo Iglesias, “tiene derecho a vivir donde quiera”, siempre que “se lo pague ella”. “Si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción”.

Pero, dentro de la necesaria transparencia es necesario saber quién fue el tal Sarasola para saber que las cosas no surgen, así como así, y menos la suite de lujo de la Ayuso, por la que dice que paga 80 euros por día. El tal Sarasola fue un influyente y conocido empresario en aquella España “del pelotazo”, por su gran amistad con el expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez, durante varias décadas.

Pichurri Sarasola, Cecilia Marulanda, Felipe González y Carmen Romero en uno de sus viajes.

Ahora, el representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2.379.758,53 euros mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno. Además, les exige el pago de una multa que en el caso de la Cecilia es de diez millones de euros y en el de los hijos de ocho millones (cuatro cada uno), según informó la Fiscalía.

El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2002, fecha en que fallece Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 por ciento de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80 por ciento a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04 por ciento a la sociedad Azulintas BV, sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100 por ciento por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas).

Esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales. De manera que a través de esta estructura “opaca”, según la Fiscalía, compuesta por dos sociedades holandesas la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos SA, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.

A su muerte, Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV, sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Curacao, se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, entidad panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, “con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte”.

De este modo dispuso que, a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos SA, titularidad de Azulintas-Scoupe International NV.

Tras la polémica que ha surgido en las últimas horas, la empresa Room Mate Group, perteneciente al empresario hotelero Kike Sarasola, ha dicho que “la presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente al igual que hacen el resto de los huéspedes.

Al fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, sus hijos Fernando y Kike pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04 por ciento que correspondía a su padre como participación en Hipódromos y Caballos SA, a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros.

Pero, según la Fiscalía, ninguno de los acusados “declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español”.

Además, Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04 por ciento de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.  ¿Pero de dónde viene toda esa millonaria herencia cuyo pago en impuestos reclaman ahora los fiscales? Sin duda de ninguna clase, de la inmensa fortuna conseguida y fabricada por el patriarca Enrique Sarasola Lerchundi, un empresario comisionista fallecido en noviembre de 2002 a los 65 años de edad.

Enrique Sarasola Lerchundi (San Sebastián, 1937-Madrid, 2002), Pichirri para los amigos, fue el hombre que se escondía tras las mayores operaciones financieras del PSOE que comandaba Felipe González, a quien conoció en 1974, poco antes de que se celebrara el Congreso de Suresnes, cuando el empresario tenía su sede en el número 4 de la calle Jacometrezo de Madrid, donde también tenía su sede el PSOE, igual que la sede de UGT en la madrileña calle del Doctor Esquerdo.

Sarasola tuvo que hacer frente por aquel entonces a numerosas querellas por fraude inmobiliario, que el ascenso del PSOE al poder dejó siempre en el olvido, entre otros negocios, construyó la conocida sede del PSOE en la calle Ferraz.

Así, se convirtió en el gran soporte económico que ayudó a Felipe González a financiar sus primeras campañas políticas. Los numerosos viajes que hicieron juntos Sarasola y González permitieron al PSOE disponer del dinero que le proporcionó durante años el expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

El 3 de diciembre del 2014 Felipe González se hizo ciudadano colombiano en una ceremonia que se realizó en la ciudad de Bogotá de manos del presidente Juan Manuel Santo. Las vinculaciones que ha tenido con Colombia fueron muchas y muy variadas, conoció y fue amigo del ex presidente Omar Torrijos, ya fallecido, y de su hijo Martín; también fue amigo el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, pero también ha tenido algunas oscuras amistades como Enrique Sarasola, hombre de confianza de González, casado con la colombiana Cecilia Marulanda. Pero, quizás, la estrella de todos sus contactos es la señora Virginia Vallejo que fue amante del conocidísimo narcotraficante Pablo Escobar, quien acudiría a la fiesta del PSOE para celebrar el triunfo de las elecciones del 28 de octubre de 1982 en el Palace Hotel de Madrid.

A cambio, el empresario obtuvo jugosos beneficios al llevar a cabo operaciones triangulares financiadas con créditos FAD (Fomento de Ayuda al Desarrollo) como el concedido por el gobierno socialista a Venezuela para financiar el canje de 350.000 toneladas de azúcar con cargo a la deuda externa de Cuba con España. La venta, que debía realizarse a precios políticos, se llevó a cabo a un precio superior y el escándalo llegó al Parlamento de Venezuela implicando a la empresa pública española Fomento de Comercio Exterior (Focoex), controlada por el ministro Carlos Solchaga y su mujer, Gloria Barba, que había hecho carrera como directora de filiales y delegaciones de la empresa pública española por todo el mundo.

Enrique Sarasola había hecho fortuna en Colombia tras casarse en 1966 con María Cecilia Marulanda, hija de Alberto Marulanda Grillo, uno de los mayores terratenientes de Colombia y primer accionista de la compañía aérea Avianca.

Al volver a España entró en contacto con personajes como Los Albertos, Javier de la Rosa, Mario Conde y Manuel Prado y Colón de Carvajal, con quienes hizo numerosos y polémicos negocios. Uno de los más sonados fue el de la entrada de capital kuwaití en España a través de Cartera Central para la construcción de las torres KIO y el control del Banco Central. Una operación que dejó otra jugosa comisión a Sarasola mientras proporcionaba a Felipe González influencia sobre uno de los bancos de referencia del país.

Esos contactos permitieron a Sarasola comprar al consejero del Banco Central, Antonio Blasco, su famosa finca de El Espinar, donde montó la yeguada de orígenes más importante de España, con caballos comprados al multimillonario griego Niarchos, la reina de Inglaterra y el legendario Aga Kan, una afición que le llevó a gestionar durante un tiempo el Hipódromo de la Zarzuela. Sin embargo, la verdadera pasión de Sarasola giraba en torno a las grandes operaciones de comercio de Estado, desconocidas para el gran público, pero de las que se extraen jugosas comisiones con destino a los partidos políticos. Ya en 1982 estaba enfrascado en la adjudicación del llamado “contrato del siglo” para la construcción del metro de Medellín, en Colombia.

Sarasola representaba a la empresa del Instituto Nacional de Industria (INI), Ateinsa, a sus socios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y a su amigo José María Entrecanales, en una operación que disparó el pago de comisiones del 3% habitual hasta el 6%, lo que repartió hasta 7.000 millones de las antiguas pesetas.

En 1983 empezó a exportar a través de la empresa Intermun, de su socio Antonio Blázquez, los excedentes de carne y azúcar del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (Forppa).

El excomisario Villarejo maneja informes sobre el cuantioso patrimonio de Felipe González: casas, empresas y conferencias.

Hacia 1989 Sarasola y su socio Carlos García Pardo pusieron en marcha otro gran negocio para controlar la publicidad en el deporte español mediante la contratación del revolucionario sistema Ad-Time de publicidad rotatoria en los estadios donde se juegan los partidos de la Liga de Fútbol Profesional. Lo hicieron a través de Ibemed, una sociedad que a la postre se convirtió en la matriz de los negocios de Sarasola en España, aunque con sede en Holanda, donde la presión fiscal es menor y el control de la Hacienda española, nulo.

A través de la empresa Hispasilos, Sarasola controlaba también la venta de cemento a la Rumanía de Ceacescu, quien cobró importantes comisiones en Suiza, y actuaba como proveedor, entre otras muchas empresas, de la Sociedad Estatal de Cementos de Portugal, gracias a los contactos facilitados por el ex presidente del gobierno portugués, el socialdemócrata, Francisco Pinto Balsemao.

La puesta en marcha de las televisiones privadas en España proporcionó a Sarasola otro de sus grandes pelotazos. Esta vez, en lugar de participar en el capital de alguno de los emporios periodísticos del momento, montó la empresa Cinepaq, dedicada a la “compra, venta, alquiler, importación, exportación de películas de cine y vídeo”, donde, además de su socio Álvaro Álvarez Alonso, le acompañaban accionistas como Marc Tessier, hombre fuerte de Canal Plus Francia y uno de los principales colaboradores del presidente francés, François Mitterrand; Germán Sánchez Ruipérez, propietario del Grupo Anaya y del diario El Sol, además de accionista de Telecinco; Javier de la Rosa, a través de la empresa Grand Tibidabo; Francisco de Borja Arteaga, marqués de Estepa, vinculado a la familia Fierro; y Jesús Polanco, propietario del Grupo Prisa, del diario El País y de Canal Plus, en España.

Con esta operación, Sarasola se aseguraba un control estrecho de los canales más cercanos al PSOE – Canal Plus y Telecinco -, además de un negocio que no había hecho más que dar sus primeros pasos, al estilo de Silvio Berlusconi en Italia.

María García Vaquero, Felipe González y Kike Sarasola.

Paralelamente, Sarasola fue uno de los mentores de la Fundación para la Ayuda contra la Droga, presidida por la reina doña Sofía y el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, con accionistas prominentes como el entonces propietario de los Vips, Plácido Arango, o el amigo y conocido testaferro del rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cuyas oficinas se encontraban en aquel momento en el llamado Edificio Pirámide, en el Paseo de la Castellana de Madrid, frente al Hotel Villamagna.

Allí, se cerraron importantes y millonarios negocios como los que llevaron a Sarasola a asociarse con el traficante de armas hispano libanés, Abdul Rahman El Assir, en varias operaciones de venta de material a Marruecos, que dejaron comisiones de hasta 8.500 millones de las antiguas pesetas.

El empresario tuvo que hacer frente a sus responsabilidades hasta poco tiempo antes de su muerte por su presunta participación en delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios y en la compra venta de los terrenos de Plaza de Castilla sobre los que se alzan las torres KIO, junto a Los Albertos.

Sarasola se convirtió así en uno de los iconos más representativos de la llamada “cultura del pelotazo”, cuya esencia quedaba retratada en aquellas míticas veladas de boxeo en las que participaba Poli Díaz, “El Potro de Vallecas”, a quien Sarasola patrocinaba, y en las que era posible ver juntos en primera fila a Los Albertos, Conde, De la Rosa y demás personalidades de la farándula financiera que dio lugar al mayor período de corrupción de la reciente historia de España, bajo el paraguas del felipismo. Una sola pregunta: ¿Qué puede pretender Kike Sarasola con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que tiene hospedada por 80 euros diarios, según la ínclita, en una de las mejores suites hoteleras de Madrid, como si Kike Sarasola se emporcase en 80 euros? ¿Acaso pretende ganarse el amor sexual de la Ayuso? Tampoco, porque a Kike Sarasola no le gusta el sexo con las mujeres, él es homosexual. Lo que busca es librarse de la cárcel, como le ocurrió a su Padre Pichirri Sarasola, siendo Felipe González presidente del gobierno de España.

¿A qué viene ese abrazo muy fuerte a Kike Sarasola y a Carlos, por parte del PP, agradeciendo la tremenda generosidad que se recordará siempre, cuando fueron los primeros en reaccionar ofreciendo sus dos hoteles de Madrid a las autoridades sanitarias, ampliando después del Estado de Alarma la oferta a todos sus hoteles de España, 15 en total, para acoger al personal sanitario que viene fuera de Madrid y necesitasen  habitación para descansar durante el tiempo que estén aquí o para los sanitarios de Madrid que no quieren volver a casa por miedo a contagiar a sus familiares?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.