24 de mayo

En mis 71 días de arresto domiciliario como consecuencia del cautiverio impuesto por la covid-19 es verdad que hemos dejado por un tiempo de lanzar mierda al espacio. Nunca hasta hoy habíamos vivido en un cielo tan limpio respirando un aire más puro, pero no es menos cierto que nunca habíamos vivido en un ambiente social tan sucio aquí abajo, en la tierra, donde la nube tóxica del odio, el cabreo  y el resentimiento  que está generando la política partidista de este país han invadido la calle, donde la discusión a través del insulto envenenado como norma, muy distinto a lo que tendría que ser un permanente debate sobre el problema que nos afecta a todos. Es más que evidente que contra esa infección no sirven ni la vacuna ni la mascarilla.

Mientras seguimos discutiendo demagógicamente sobre la eficacia de democracias y satrapías a la hora de afrontar los retos que nos plantea la pandemia, quizás fuera necesario que miráramos atentamente hacia el bloque de los países democráticos en lugar de seguir planteándonos dilemas peligrosos. Para nuestra desdicha, mientras en los países escandinavos o Alemania, por ejemplo, representan un modelo cooperativo y de confianza entre gobernantes y ciudadanos, nuestra democracia – siempre que se pueda llamar democracia a la segunda restauración monárquica impuesta por la gracia de dios y las armas de la dictadura franquista – se desliza con demasiada facilidad hacia el desgarro divisivo de los conflictos internos. Así, durante el estado de alarma si algo estamos aprendiendo, al margen de lavarnos las manos, ha sido nuestra incapacidad de abandonar la lógica de la polarización que, paradójicamente, trajo la lucha de una inmensa mayoría para poner fin al régimen de partido único fascista para apostar por los partidos políticos democráticos como herramientas al servicio del pueblo.

A un lado, observamos a un PP que decidido hacerse pequeño y actuar al toque de corneta de la calculada ruindad de un Vox parido de su propio vientre, poniendo a aprendices de Trump como la Ayuso en Madrid de ejemplo icónico de las políticas de su partido. Al otro, un gobierno que define eufemísticamente como “errores de comunicación” lo que, a ojos vista, es una dificultad manifiesta para el diálogo y para tejer acuerdos confiables, una forma de actuar que no responde sino a su peculiar manera de entender la política como mero tacticismo del regate, llena de fuegos de artificios, pero alarmantemente cortoplacista, de tal manera que mientras seguimos insistiendo en polarizar en medio de lo que, sin lugar a dudas, será la crisis más aguda de nuestra historia; mientras sea imposible tejer forjar una mayoría democrática y coherente que siga la brújula del interés general, otra mayoría devenida interesadamente en minoría mediática, la de los ciudadanos sensatos, cansados y asqueados, se va quedando huérfana de representación.

El escenario para elaborar los presupuestos del Estado que ha planteado el Gobierno recuerda a la senda de Zapatero, que con sus planes de gasto y su negación de la realidad llevó a la economía española a la peor situación en décadas. No estamos todavía así, pero en 2007 tampoco lo parecía.

Si algo está quedando claro es que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, es un maestro del escapismo y la propaganda por más que cada vez menos personas estén dispuestos a comprar su mercancía averiada. Después de una de las peores semanas para el gobierno, la pirueta del presidente ayer ha causado tanto sonrojo como inquietud, porque ha dejado demostrado que a este individuo le sirve absolutamente todo con tal de mantener su culo apegado a la poltrona monclovita. Ni disculpas a la ciudadanía, ni dimisiones, ni admisión de un error tan indecente que ha espantado hasta a los propios afiliados del PSOE, donde una mayoría lleva tragando todo tipo de sapos y culebras en un cómplice silencio. En un ejercicio de insoportable cinismo, el presidente aprovechó su homilía sabatina para seguir insistiendo en que la prórroga del estado de alarma que proponía en el Congreso de los Diputados para treinta días más – al final solo puedo lograr que fueran quince – era un asunto exclusivamente de emergencia sanitaria que “nada tenía que ver con competencias, financiación u otras”, cuando es su gobierno el que lleva casi dos meses mercadeando con todas las formaciones parlamentarias y aceptando todo tipo de chantajes, provocando auténtica hilaridad se nuestro país no se encontrara en un momento tan delicado.

En su trapisonda del miércoles en el Congreso ha dejado mucho gato escaldado. Así, primero se valió de las urgencias de la Arrimadas para rebajar el prohibitivo peaje de ERC en su pulso por alcanzar el liderazgo en Cataluña. Lo hizo ocultándole su apaño con Euskal Herría Bildu para, aprovechándose de la cuarentena, dejar enterrada la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy, prima hermana de la promulgada en 2010 por el PSOE durante el gobierno de Zapatero.

En su intervención, el gobernador ha hecho un repaso de la situación económica de España, que muestra una caída de la actividad en el primer trimestre del 5,2% del PIB, lo que duplica la reducción que se produjo en el primer trimestre del 2009, en plena crisis financiera. La afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 950.000 personas entre marzo y abril y ha duplicado la pérdida del primer trimestre del 2009. Si se cuentan los ertes, hay que añadir 3,4 millones de trabajadores afectados y 1,3 millones de autónomos ha solicitado la prestación por cese de actividad.

La realidad es que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dejado perfectamente perfilada esta semana en el Congreso de los Diputados las primeras estimaciones sobre la dramática situación económica y los principales riesgos que la pandemia de la covid-19 va a dejar a su paso por España. El cese general de la actividad, imprescindible para contener los contagios, ha exigido y exigirá todavía de un incremento del gasto público sin precedentes, sobre el que existe un amplio acuerdo entre los agentes sociales, los partidos políticos y las instituciones económicas y financieras, tanto europeas como internacionales. Sin embargo, este acuerdo sobre lo inmediato no se está proyectando sobre un eventual acuerdo parlamentario que permita diseñar y sentar las bases de los sucesivos presupuestos que deberían hacer frente a esa situación y al manejo del déficit y de una deuda en niveles desconocidos desde principios del siglo XX.

La realidad es la que es, y es necesario mirarla de frente, pero el gobierno está dilapidando parte de su crédito negociador, si es que algo le queda todavía, persiguiendo geometrías parlamentarias que han subrayado su más que preocupante debilidad. El PP, sabe perfectamente que es difícil gobernar en estas circunstancias y más difícil aún desalojar al gobierno con una mayoría alternativa para la que tampoco cuenta con una mayoría para lograrlo mediante una moción de censura. Por lo tanto, en ese escenario no resulta descartable la celebración de otras elecciones generales después de la pandemia, las cuales de poco servirían mientras no se celebren con una nueva ley electoral acorde a los tiempos que vivimos donde el voto de Cataluña o el del País Vasco tenga exactamente el mismo valor que el voto de Soria, Cuenca o Extremadura. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen cosas tales como “se ha manifestado la voluntad del pueblo” al término de un proceso electoral. Porque puede que, como ocurre en nuestro país, eso sea absolutamente falso. Y es que, entre la voluntad del pueblo, expresada en votos, y la representación política, expresada en escaños, media el sistema electoral. Lo que significa que la veracidad de aquella afirmación dependerá de cómo opera el sistema electoral, y hay un enorme abanico de opciones posibles, de tal manera que, en las circunscripciones grandes, de más de 10 escaños, el sistema electoral imperante en España asigna los representantes de forma proporcional, pero en las circunscripciones pequeñas el sistema perjudica seriamente a los pequeños partidos. Y es en estas últimas circunscripciones, que son dos tercios del total, donde los votos a las formaciones que no son los del bipartidismo PPSOE son prácticamente inútiles y no obtienen representación.

Este sistema electoral, injusto porque deja sin representación a gran parte del electorado y empuja al “voto útil” a otra gran parte, no es desde luego inocente, sino el resultado político de intentar dejar sin representación a partidos de izquierdas con una gran base social distribuida a lo largo de todo el Estado. De hecho, la ley original es preconstitucional y tenía como objetivo garantizar la “estabilidad” democrática e impedir una excesiva fragmentación en el parlamento.

En definitiva, fue una ley escrita para empujar a un bipartidismo excesivo que, en combinación con un sistema de partidos escasamente democrático, permitiera a los poderes económicos influir con más eficiencia en la dinámica política, siendo aprobadas por las cortes orgánicas franquistas que pretendían ser únicamente la base de las elecciones de junio de 1977. Fueron por lo tanto normas provisionales de la transición, aunque sin embargo la Constitución de 1978 recogió los puntos fundamentales de aquellas leyes en su cuerpo jurídico.

Pero, volviendo a la intervención del gobernador del Banco de España sobre la gravedad de la situación, el PIB del 2020 sufrirá una caída estimada entre el 9,5 y el 12,4 % lo que contribuirá a que la Prima de Riesgo se dispare, se rebaje la calificación de la deuda del Estado y se incrementen las dificultades para obtener financiación exterior, factores que actuarán como espoleta de una metástasis recesiva en la economía española. Así, según el Banco de España, la deuda pública de España para el 2020 podría alcanzar el techo ionosférico del 120% del PIB nacional, lo que representa un crecimiento imparable desde el 2005 cuando la Deuda rondaba el 42% del PIB nacional (casi 400.000 millones de €).

Según las previsiones del Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, la crisis del covid-16 provocará que la tasa de paro en el 2020 supere la cifra estratosférica del 20% lo que significará el retorno a escenarios del 2010. Ello, aunado con el drástico descenso de los ingresos del Estado y las Autonomías y el bestial incremento de las prestaciones de desempleo se traducirá en una sensible reducción de los subsidios sociales para el 2021 que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad y a los sueldos de los funcionarios. Así, asistiremos al finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década debido a la pérdida del poder adquisitivo y a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico, lo que podría provocar en un futuro mediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Además, de seguir obviando la inversión en I+D+i, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.

Pedro Sánchez ha elegido a José Luis Escrivá para dirigir el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Las pensiones van a ser uno de los asuntos centrales de esta cartera de nueva creación y este economista ha dado muchas recetas al respecto como presidente de la Autoridad Fiscal (AIReF), tales como aumentar la edad efectiva de jubilación, elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones y buscar alternativa al índice de revalorización.

La factura que deja la crisis del covid-19 hasta la fecha es desconocida. Una caída de la afiliación hasta 18,5 millones de personas, 3,4 millones de trabajadores incluidos en un ERTE – el gobierno dice que ya ha pagado al 98% de los trabajadores acogidos a esta modalidad, pero yo he preguntado a muchos trabajadores y la inmensa mayoría me han dicho que no han percibido un solo euro en dos meses -, 1,3 millones de autónomos en cese de actividad – una grandísima mayoría han comunicado el cierre definitivo de su negocio – y 950.000 nuevos parados; aunque amortiguada por los expedientes temporales, que sostienen paro y ocupación artificialmente de forma transitoria. Si contabilizamos a los 1,9 millones de desempleados previos a la covid-19, cerca del 35% de la población activa se encuentra cubierta por las medidas impulsadas por el gobierno para contener la hemorragia del virus en el empleo, nos dice el eurócrata José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al presentar los datos.

El presupuesto que nos deja la crisis ha escalado hasta cotas nunca vistas: paro y ERTE se llevaron 4.500 millones de euros en el mes de abril, un récord histórico en las prestaciones abonadas por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que se suman a la transferencia de rentas de la Seguridad Social (por prestaciones a autónomos, exoneración de cuotas a los ERTE) por valor de 6.500 millones de euros hasta el me de mayo, mes hasta el que los trabajadores por cuenta propia tenían garantizadas las ayudas, que se han ampliado ahora otros 15 días más con la prórroga del estado de alarma, ampliación que ha dado al traste con el diálogo social a cuenta del terremoto político por el acuerdo del gobierno con Euskal Herría Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, tantas veces repetida como promesa en boca del presidente del gobierno, además de formar parte fundamental en los acuerdos del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS.

¿Qué va a ocurrir cuando la protección temporal de la mayoría de los trabajadores decaiga? ¿Serán suficientes las medidas de contención para conseguir el ansiado mantenimiento del empleo? Desde mi punto de vista, a falta todavía de despejar multitud de incertidumbres respecto a la evolución de la PANdemia, las fases de la desescalada, las condiciones del retorno a la actividad y, por supuesto, las bazas que jugará el gobierno, si nada lo remedia, el año 2020 va a terminar con el paro tan desbocado como en 2010. Es decir, diez años perdidos en un abrir y cerrar de ojos que, desde mi punto de vista, van a provocar un “gran estallido social” en España de consecuencias imprevisibles.

Fuente: Ministerio de Sanidad (24 de mayo de 2020).

Por cierto, refiriéndonos a las cifras oficiales del ministerio de Sanidad sobre la covid-19 en España: 28.752 muertos y 235.772 infectados, sin embargo, no debemos de olvidar que la realidad de las mismas son otras muy superiores. A modo de ejemplo, después de lo casos ocurridos en las dos Catillas de León y La Mancha que duplicaban el número de muertos, según los Tribunales Superiores de Justicia, la Generalitat de Cataluña notificó este viernes al Ministerio de Sanidad 635 fallecidos por coronavirus que hasta ahora el Govern solo había computado como casos no confirmados. La notificación de estos casos, que ha elevado a 6.656 las muertes registradas en Cataluña, provocó “sorpresa” en el Gobierno según puso de manifiesto el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, quien amonestó a la Generalitat por los problemas que ha tenido los últimos días para transmitirle los datos de la evolución de la pandemia en Cataluña. Simón dice haber apreciado “incongruencias” en los datos del Govern, lo que ha obligado a rehacer, una vez más, la serie histórica de Sanidad.

El Govern niega malas prácticas y asegura que “no hay ninguna situación anómala en Cataluña”. El caso es que este viernes Cataluña notificó de golpe 635 fallecidos por coronavirus en diferentes fechas. Las notificaciones llegaron después de que la Agencia de Salud Pública de Barcelona haya validado casos que hasta ahora no estaban formalmente confirmados y que, por lo tanto, no formaban parte de la estadística de Sanidad. Con ello, Cataluña ha pasado de 6.021 a 6.656 fallecidos confirmados por coronavirus.

A través de un comunicado, el Departamento de Salut asegura conocer la realidad de la evolución del virus en Cataluña: “El ministerio nos pide algunos de los datos de los que el departamento publica a diario y los interpreta, pero solo la Generalitat conoce la realidad epidemiológica de Cataluña”.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.