27 de mayo

Hoy cuando se inicia el 75 día de mi arresto domiciliario, después de pegarme una ducha de agua fría y desayunar, me dispongo a ver el debate televisado de control del gobierno en el Congreso de los Diputados, donde  el presidente del PP, Pablo Casado, preguntaba  a Pedro Sánchez si va a derogar el Gobierno de forma íntegra la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo la contestación literal del presidente: “En mi debate de investidura dije que íbamos a recuperar derechos laborales y reconstruir los consensos sociales rotos con el diálogo social. Sí, vamos a recuperar los derechos arrebatados y los consensos rotos por su anterior legislación”, evitando en todo momento referirse a la derogación íntegra de la reforma laboral que pactó con Euskal Herría Bildu y UNIDAS PODEMOS a cambio de su apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma.

Pablo Iglesias en su intervención en el parlamento explicando lo que antes era una reforma integral de la reforma laboral y ahora es un desmontaje, el 27 de mayo de 2020.

Aunque el vicepresidente Pablo Iglesias abogó por la derogación íntegra y de un plumazo, mientras que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sigue considerando que es inviable y que, como mucho, habría que ir paso a paso modificando los aspectos más lesivos de la reforma, me sorprendió enormemente la manera de aplaudir enfervorizadamente la intervención de Pedro Sánchez por parte de Pablo Iglesias.

En ningún momento de la intervención de Pedro Sánchez ha conjugado el verbo derogar. Lo que ha dicho es que va a “recuperar los derechos laborales arrebatados y a reconstruir los consensos sociales rotos” con la reforma laboral aprobada por el PP. De esta forma, Sánchez incide en las explicaciones aportadas por Calviño y por la ministra portavoz, María Jesús Montero, no en las de Iglesias.

¿Ha cambiado la posición de UNIDAS PODEMOS con respecto a la reforma integral de la reforma laboral para aplaudir de aquella manera la intervención de Pedro Sánchez después de sus recientes declaraciones públicas, hechas el 21 de mayo, cuando afirmaba que “Voy a ser cristalino en esto: ‘¿Pacta sunt servanda’ (lo pactado obliga)” y “lo firmado es lo acordado, cada partido puede hacer las matizaciones que quiera”?

¿Acaso la han cambiado ese 11,25 % de los 59.201 votos emitidos sobre un censo de 526.164 personas inscritas en Podemos que participaron en la reelección como secretario general de Pablo Iglesias en la III Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos el pasado 21 de mayo, donde no me consta que se hayan debatido ponencias de ningún tipo, salvo el incremento de los salarios de acuerdo con lo estipulado en los organismos e instituciones y la ampliación de ocho a doce los años para permanecer en los cargos?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con los acuerdos firmados para la derogación integra de la Reforma Laboral

Sin embargo, todo el debate ha girado en torno a lo sucedido alrededor del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que huele mal, muy mal, y debería llamarse a la prudencia antes de precipitarse realizando declaraciones incendiarias.  El clima de crispación, el partidismo y el poder de los sondeos electorales por encima de los informes sanitarios propicia todo lo contrario, echando más gasolina a una pira que está quemando vivo a nuestro país. Cuando me encuentro redactando mi diario de hoy estoy escuchando en la radio la dimisión del teniente general Fernando Santafé como responsable del Mando de Operaciones del Instituto Armado. Otra baja en el cuadro de mandos de la Guardia Civil que se suma a la dimisión del director adjunto operativo, general Laureano Ceño, como protesta por el cese del coronel Pérez de los Cobos que no viene sino a agravar aún más si cabe la crisis abierta por el ministerio de Interior tras cesar a este por “pérdida de confianza”.

Con los datos que tenemos hoy en día, casi todos, incluido el informe íntegramente, el primer error lo cometió el Gobierno. Una vez más, y durante la crisis sanitaria este tipo de torpezas se acumulan, la comunicación hizo aguas por todos lados. La falta de transparencia en este asunto tan sensible ha generado una hostilidad que no hacía falta ser muy inteligente de anticipar. No es de recibo que se anuncie la destitución de Pérez de los Cobos sin más explicación que una “pérdida de confianza”, por mucho que se trata de un cargo que requiere de ésta. Es preciso detallar qué ha motivado esa pérdida de confianza, y no se hizo. El bipartidismo PPSOE han convertido la pandemia en el campo de batalla donde dirimir sus litigios

No nos engañemos, lo que se está librando es una feroz lucha cainita entre las dos facciones del bipartidismo político. Las redes sociales se han inundado de biografías del coronel destituido, aunque siempre desde la parte interesada. Efectivamente, el coronel Diego Pérez de los Cobos era ya ampliamente conocido por las tareas desempeñadas en Cataluña el 1 de octubre de 2017, coincidiendo con la celebración del Referéndum convocado por el Govern de esa Comunidad.

Pero no es este el único rasgo relevante de la trayectoria vital de Pérez de los Cobos. Su biografía está repleta de páginas que no pocos considerarían cuando menos “oscuras”. Destinado en Euskadi en la década de los 90, Pérez de los Cobos fue uno de los poquísimos Guardias Civiles que fueron procesados por torturas en ese territorio del Estado. Proviene de una familia acomodada, y su padre ya integró la candidatura al Congreso por el partido falangista de “Fuerza Nueva” que dirigiera el conocido dirigente de ese grupo político, Blas Pinar. Su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2011 y 2017, y presidente del Tribunal Constitucional entre el 2014 y 2017.

Sin embargo, no se dice que Pérez de los Cobos, diplomado en Estado Mayor y antiguo número uno de la Jefatura de la Policía Judicial de la 112 Comandancia de la Guardia Civil, fue desde 2006 y durante cinco años asesor de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, y que en el año 2011, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, el coronel fue nombrado director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, manteniendo el cargo cuando Mariano Rajoy llegó a la Presidencia. Un hecho no precisamente anecdótico y que demuestra su perfil de hombre de Estado más que de partido. Es decir, el hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba que sobrevivió a ETA, al procés y a uno de esos cambios de gobierno que suelen resultar letales para los cargos de confianza, no ha podido sobrevivir a Pedro Sánchez, a Fernando Grande-Marlaska y a las investigaciones judiciales de un informe sobre las movilizaciones de la covid-19.

La jueza que lleva el caso, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, había encargado a este coronel una exhaustiva investigación sobre el asunto, y este no comunicó a sus superiores el encargo que le había encomendado la jueza, alegando que ésta le había “ordenado”, expresamente, que no lo hiciera. A mí, por lo menos, me causa cierto estupor el cese de este personaje cuando tan solo hace unos meses recibía felicitaciones por parte del gobierno actual en las actuaciones que libraba en Cataluña. Ahí lo dejo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en un acto con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Pero, sin salir del mismo escenario, ¿Quién es la jueza que encabeza la investigación sobre el polémico informe, Carmen Rodríguez-Medel? Pues, tampoco es, en absoluto, una desconocida en sus compromisos políticos. Se trata de una magistrada de claras tendencias conservadoras, hija y hermana, igualmente, de guardias civiles. Fue, asimismo, asesora de Rafael Catalá, el ex ministro de Justicia del gobierno Rajoy. Pero todo hay que decirlo, Rodríguez-Medel es la misma juez que puso contra las cuerdas al mismísimo Pablo Casado por la causa del máster, y que el Supremo terminó archivando al no apreciar «indicios consistentes» de su participación delictiva. Por las manos de Rodríguez-Medel también pasó la tesis de la exministra Carmen Montón e imputó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso del máster.

Antes de tomar posesión del Juzgado número 51 de Madrid, la magistrada se había fajado en dos investigaciones contra la corrupción urbanística. Desde los juzgados de Marbella, Rodríguez-Medel instruyó la primera pieza del caso Minutas, que condujo a la condena de José María del Nido, el presidente del Sevilla F.C., y el caso Malaya. En una de las causas urbanísticas que investigó estuvo involucrado el actor Sean Connery.

Independientemente de si la autorización de la manifestación del 8-M tuvo algún tipo de influencia especial en la multiplicación de los contagios, lo que sí está claro es que cualquier tipo de concentración masiva y espectáculos públicos en los que se produjera aproximación física de sus participantes incidió – como ha quedado archidemostrado – en el desarrollo de los contagios. El polémico informe de la Guardia Civil elaborado para la causa, con todos los errores que pueda contener, mantiene como principal conclusión que ninguna manifestación “se debería haber realizado” desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los “riesgos”. Pero la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno de la Comunidad y único imputado, José Manuel Franco, rechaza esa tesis: “Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”.

En la actualidad, y sin que se haya superado aún la primera ola de la enfermedad, puede volver a suceder lo mismo en la medida en que las dos facciones políticas en liza continúen tratando de competir en la aplicación de la “desescalada” hacia una pretendida “normalidad” que carece de las medidas de seguridad necesarias. Los cambios de posiciones de ambos grupos en relación con el tema en función de puro oportunismo político, no sólo expresan el surrealismo que domina la política española, sino que ponen en grave riesgo la salud de una parte de la población, donde cada día resulta más complicado conocer la foto fija de la pandemia en España, porque la precisión en la recogida de datos lleva casi siempre a la confusión –  llego a pensar si no se está haciendo de una manera premeditada para seguir contribuyendo a la estrategia de la crispación -. Ayer mismo el ministerio de Sanidad contabilizaba 27.117 muertos por la covid-19, 283 más que el lunes, cuando el número de muertos había bajado en casi 2.000 personas por cambios en la metodología, y hoy tenemos las cifras oficiales del ministerio de Sanidad con 27.718 muertos y 236.769 infectados.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (27 de mayo de 2020).

Lo que más me llama la atención, tal y como he dejado explicado en otros diarios anteriores, es la tragedia que representan las pensiones, donde, por primera vez en la historia, registra la primera caída del gasto mensual como consecuencia de las muertes provocadas por la covid-19, hasta el extremo de quedar reducido el número de pensiones en 45.000 prestaciones menos en el mes de febrero.

Pero, volviendo al asunto que está creando una grave crispación entre la ciudadanía, de la misma manera que hay trivialidades que te cambian la vida, en ocasiones también se cometen estupideces que determinan la historia. Un simple panadero que se dejó el horno encendido arrasó Londres en 1666 en un pavoroso incendio de tres días que consumió la ciudad como una cerilla. Hay que prestar atención a los detalles nimios, a las pequeñas chispas, y tener a mano agua y no gasolina para evitar una barbacoa salvaje que, como poco, te chamusque las pestañas. Y este gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene una mala relación con el fuego. Mucho tacticismo, mucha ala oeste de Moncloa y demasiada tontería, en definitiva, pero es incapaz de afrontar cualquier menudencia sin provocar algo parecido a una catástrofe. Es posible que haya alguien a los mandos, pero en los fogones vigilando el puchero, ni dios.

Puede ocurrir así que un procedimiento judicial absurdo se convierta en un escándalo político mayúsculo perfectamente evitable. Júntese un abogado que quiere hacerse famoso – si no lo era ya por algunas acusaciones de estafa de sus clientes -, una jueza que pretende seguir en el machito tras sentir el calor de los focos por su instrucción del caso Cifuentes, y un ministro con el sutil sentido del tacto del Capitán Garfio, y se obtendrá el enésimo carajal al que el Ejecutivo se enfrenta sin necesidad alguna cuando todas sus energías deberían estar centradas en combatir la pandemia y aliviar sus espantosas secuelas.

Pues bien, en vez de dejar que el asunto siguiera su curso normal en los juzgados, el exmagistrado ministro Marlaska entró en acción y decidió fulminar por desafección al responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, al que se le podía haber destituido en cualquier momento del pasado reciente o del futuro inmediato, aunque ello habría requerido que Marlaska estuviera dotado de alguna pizca del don de la oportunidad del que carece.

La primera y más inmediata consecuencia, la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, heroico gesto de quien estaba llamado a jubilarse una semana después. Todo por la patria, amigos. La segunda, la destitución del teniente general Fernando Santafé como responsable del Mando de Operaciones del Instituto Armado, y la tercera, dar munición a una derecha que ya tiene saturado el polvorín, y que no ha tardado un segundo en pedir la cabeza del propio Marlaska por sectario. Para apaciguar los ánimos, no se le ocurre otra cosa que subirles el sueldo a la Guardia Civil y Policía Nacional en plan toma pan y deja que te diga tonto. De traca.

Por si no fuera suficiente, un pueblo enfrentado, crispado. Desde mi punto de vista, para obtener el poder para sentarse en las poltronas – no el verdadero poder en manos de la oligarquía financiera -, no puede vale todo y, sobre todo, no vale la deslegitimación permanente y sistemática del adversario, de los unos y los otros,  entendiendo esta estrategia de la crispación como un desacuerdo permanente y sistemático sobre algunas iniciativas del antagonista político, presentadas desde la otra parte como un signo de cambio espurio de las reglas del juego y, en última instancia, como una amenaza a la convivencia o al consenso democrático.

Es española solo desde el año 2007, y no nació en Cataluña sino en Madrid. Hay quien considera que Pablo Casado quiso dar un toque de glamour aristocrático al PP con su fichaje para combatir a Iván Espinosa de Los Monteros de Vox, pero él no se presenta por Cataluña. Analizamos la catalanidad de la marquesa de Casa Fuerte, a quien su jefe definió como “nuestra Messi”. Nació en Madrid, de madre francesa y padre español. Pasó los primeros años de su vida en Argentina y hasta los 17 años no adquirió la nacionalidad de nuestro país. Es una mujer cosmopolita pero la catalanidad le viene por matrimonio.

La tristeza era que, mientras Alemania, flanqueada por Francia, enviaba un potente mensaje al mundo –“no vamos a dejar que la Unión Europea se desintegre”– en el espejo cóncavo del Parlamento español se discutía sobre el FRAP, organización revolucionaria de los años setenta, más o menos protegida por China a través de Albania, alcanzando la crispación tal grado  en el llamado debate parlamentario que hasta la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo se permitió llamar «terrorista» al padre del vicepresidente Pablo Iglesias: “usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político». Esa ha sido la acusación, literal, de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno en el llamado debate parlamentario.

Lo que no ha mencionado la tal Álvarez de Toledo es que ella misma compartió partido político con un ex miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) – la organización a donde supuestamente había pertenecido el padre de Pablo Iglesias durante el franquismo -, concretamente con Rafael Blasco, que fue detenido por pertenecer al grupo, aunque luego sería consejero de la Generalitat Valenciana por el Partido Socialista, pasando a engrosar en los años 90 las filas del PP de la mano de Eduardo Zaplana, formando parte del ejecutivo regional y ocupando la Consejería de Bienestar Social, de Ordenación del Territorio, de Sanidad y de Solidaridad y Ciudadanía. En 2012 quedaría apartado por su implicación en el llamado “Caso Blasco”, por el que fue condenado por corrupción, siendo condenado e ingresado en la cárcel, de la que saldría a los tres y siete meses, cuando le concedieron el tercer grado.

“Salimos fuertes” proclama el Gobierno en su última campaña institucional, por cuya paternidad mejor no preguntar. La torpeza elevada a categoría de arte. Si es que hay que reírse por no llorar.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y Republica.