29 de mayo

Hoy, cuando inicio mi 76 día de arresto domiciliario sigo con la preocupación que vengo mostrando días atrás sobre el ambiente político de hostilidad y enfrentamiento que estamos viviendo en España debido a la confrontación permanente y a la polarización amigo-enemigo, postulando, ahora más que nunca, la necesidad de que el gobierno y la oposición, asumiendo las fortalezas y debilidades de cada uno, tienen la obligación de afrontar juntos aquellos retos que están por encima de ellos.

Es verdad que, tal y como nos dejaba escrito el poeta asturiano Ángel González, la historia de España se hace con sangre y se repite, pero no es menos cierto que no vivimos en los años 30. Ahora estamos en Europa y aunque una España bosteza por el hambre y va camino de la quiebra, el resto de los países que conforman la Unión Europea tienen que llegar a un acuerdo final, un plan de transferencias y ayudas que ayude a solventar la grave situación que nos afecta a todos debido a la covid-19.

Hace unos días, Macron y Merkel nos sorprendieron firmando un documento por el que proponían al resto de los países miembros constituir un fondo de 500.000 millones de euros de cara a solucionar los problemas derivados de la pandemia en Europa. Aun cuando el escrito mantiene abierto todo tipo de interrogantes, ambos mandatarios han tenido buen cuidado de que quedasen claros dos aspectos que preveían que iban a impactar considerablemente en la opinión pública europea. El primero, que optaban, al menos parcialmente, por el modelo de transferencias a fondo perdido frente al régimen de créditos. El segundo es consecuencia del primero. Puesto que no se va a pedir el reembolso a los países beneficiarios, la financiación tiene que ser comunitaria mediante bonos europeos. Ni que decir tiene que todos los medios de comunicación, por supuesto los de España, han saludado la medida como un gran avance. Yo, desde luego, sería mucho más cauto, entre otras cuestiones, porque la UE y las fuerzas políticas y económicas que se mueven tras bambalinas tienen un enorme poder de comunicación y propaganda, y los ciudadanos, especialmente los de los países del Sur, una capacidad ingente de credulidad.

La Unión Europea (UE) es una unión de 28 países y más de 507 millones de personas que viven en un mismo territorio: el continente europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945), gran parte de Europa quedó destruida. Los gobiernos de los países europeos se dieron cuenta de que debían unirse y trabajar juntos para conseguir una Europa fuerte y unida. El objetivo de la UE es facilitar la cooperación entre diferentes países a través de políticas comunitarias: un conjunto de normas y regulaciones que son iguales para todos los países de la Unión.

No nos equivoquemos, ni mucho menos nos ilusionemos, porque la Unión Monetaria nació perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes, y desde entonces, aunque hay quienes pretenden convencernos  de que después de la moneda única se produciría la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria, lo cierto es  que, en treinta años, digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia. Alemania siempre ha sido una artista en el enredo. Cuando se encuentra contra las cuerdas parece que asiente, pero se las agencia para que sean sus socios más duros – Holanda, Austria o Finlandia -, los que torpedeen la propuesta o la aminoren hasta hacerla inofensiva. En todo caso, los temas se van posponiendo, y quedan en punto muerto.

En esta ocasión, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Cabe la duda de si la jefa del IV Reich contaba con ello, y una vez más juega al policía malo y policía bueno. Abundando más en el tema, la Comisión Europea, a su vez, ha presentado este miércoles pasado su plan, en la misma línea del acuerdo de Merkel y Macron, incluso con una cifra global un poco más abultada (750.000 millones de euros); supongo que con la intención de dar ocasión a los halcones del Norte para rebajarla. Sin embargo, el camino que queda por delante es arduo e incierto, porque tiene que recibir el visto bueno del Consejo que, como se sabe, debe de ser aprobado por unanimidad. Y, tal y como nos demuestra la experiencia de otras veces, al final, tras tanto anuncio propagandístico, solo hemos encontrado humo.

Es decir, si el panorama de meses atrás era desolador, el de hoy, afectado por la peor crisis vivida en España desde la guerra incívica vivida, es tremendamente desmoralizante y enervante. Lo es, por supuesto, en lo referente a las víctimas directas de la covid-19, con 27.121 muertos y 238.564 infectados, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Jhons Hopkins (29 de mayo de 2020)

Pero más allá del elevado coste en vidas humanas, creo innecesario reiterar la infinidad de diagnósticos en los que sustento mi angustiante reflexión sobre la severa magnitud de la perturbación económica y social desencadenada. Nuestro país ha sido uno de los más duramente golpeados tanto por la propia crisis sanitaria como por el impacto sobre la actividad económica. Además, algunas características de nuestra economía hacen que esta sea más vulnerable que la de otros países. Entre ellas, el peso del sector del turismo, el reducido tamaño medio de las empresas y la elevada temporalidad en el empleo. Precisamente los efectos sobre la ocupación han sido demoledores y la falta de ingresos en muchos hogares agrava el análisis asolador que sobre España hizo a primeros de febrero el relator de la ONU para la pobreza Philip Alston, después de estar diez días visitando seis de sus comunidades autónomas. Les ahorro, por conocidas, las previsiones sobre la caída de nuestro PIB, el incremento del déficit y el aumento de la deuda pública. De continuar así, la pandemia irá agravando las desigualdades hasta romper las costuras de nuestro modelo social y de nuestra preciada convivencia.

En este gravísimo escenario que tenemos planteado, cuando todos los políticos que dicen representar a la ciudadanía española tenían que estar trabajando como una piña – cada cual defendiendo sus legítimas posiciones – la crispación y el enfrentamiento feroz entre partidos ha llegado a un grado, desde mi punto de vista, insostenible, sobre todo cuando nos referimos a lo ocurrido en el Congreso de los Diputados llamando, hijos de terroristas los unos y golpistas los otros. ¿sería mucho pedir que nuestros representantes políticos se esforzaran en no aumentar con su comportamiento la angustia de los ciudadanos? ¿Que asuman que la actual crisis no es ni de izquierdas ni de derechas? ¿Que busquen fórmulas de cooperación y colaboración en las grandes cuestiones de Estado y que generen sosiego y confianza en la sociedad? El pueblo español va, vamos a necesitar, mucha confianza en nuestras instituciones para salir de la crisis. Y, desde luego, no es precisamente confianza lo que hoy nos inspiran la gran mayoría, por no decir todos y todas, de dirigentes políticos.

El informe de la Guardia Civil que apunta a la comisión de delitos en el ámbito penal por parte del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus y que ha resultado clave para que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, concluye literalmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus”.

Enzarzados como seguimos estando enzarzados en el ya famoso informe de la guardia civil sobre las manifestaciones y concentraciones masivas de gente en las fechas entre los días 5 y el 8 de marzo en Madrid, donde algunos hablan incluso de un golpe de tricornio y pistola, llega a mis manos un nuevo informe, esta vez del Centro Europeo de Control de Enfermedades que revelan la impotencia de los países para hacer frente a una amenaza que subestimaron en los inicios.

La incapacidad de hacer pruebas diagnósticas a todos los casos sospechosos de coronavirus, la adopción de medidas unilaterales por parte de los Estados miembros y la dificultad para unificar criterios han lastrado la respuesta que la Unión Europea ha dado a la epidemia del coronavirus, que ya ha causado más de 176.000 muertes en el continente. Así se desprende de las actas de las cinco reuniones extraordinarias celebradas entre el 24 de febrero y el 21 de abril por audioconferencia por el Consejo Técnico Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), formado por los máximos responsables de los servicios de vigilancia epidemiológica de los Estados miembros de la UE.

En una reunión celebrada los días 18 y 19 de febrero, el Consejo si bien había considerado “bajo” el riesgo de propagación del virus por el continente, tan solo tres días después, esto es el 21 de febrero, Italia empezó a diagnosticar casos de transmisión local del virus, lo que marcó el inicio de la epidemia, de tal manera que con fecha 24 de febrero, el riesgo bajo pasa a ser moderado. La epidemia apenas acaba de asomar en Europa en un pequeño grupo de municipios del norte de Italia y los países ya asumen que carecen de la capacidad de hacer todas las pruebas diagnósticas necesarias. También observan que los primeros casos atendidos en los hospitales han causado “contagios entre el personal sanitario”. Alguien de la reunión alerta sobre “la falta de máscaras quirúrgicas” en los centros sanitarios, lo que lleva al ECDC a elevar la evaluación de riesgo global para Europa de bajo a moderado y el de que se repitan los brotes “en cualquier país” pasa de “moderado a alto”.

Con los casos detectados en Italia, debería regir ese mismo criterio. Pero de hacerse como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) “que define las áreas geográficas a nivel de país”, obliga a considerar como sospechosa a cualquier persona con síntomas procedente de Italia (…) Pero el jefe científico del ECDC ya avisa que será casi imposible frenar la propagación del virus: “Clasificar la transmisión comunitaria a nivel subnacional probablemente sea relevante solo por unas pocas semanas más, ya que luego es probable que sea generalizada en la mayoría de países”, dice Mike Catchpole (…) Los asistentes también discuten en esa primera reunión otro asunto que el tiempo revelará clave: la necesidad de disponer de herramientas que permitan saber si el virus está circulando por un país. España, por ejemplo, llegará al 8 de marzo sin saber que el SARS-CoV-2 lleva semanas propagándose por Madrid y otras zonas (…) en la reunión surge un cambio de la definición de caso que será clave: realizar las pruebas a pacientes ya ingresados en los hospitales por neumonías graves. Tras lo visto en Italia, surge la sospecha de que el virus ya puede haberse expandido a otros países. Ese mismo lunes, varios hospitales españoles empiezan a buscarlo en ese tipo de pacientes. Los resultados confirman los temores: el virus ya lleva algunas semanas en España y otros países. La cifra de infectados empieza a crecer de inmediato.

Así se llega al 4 de marzo, cuando los hospitales en Italia ya están “al límite”. Unos días después, los casos en Italia ya superaban los 3.000 infectados y los muertos llegan al centenar, mientras España se acerca a los 200 diagnósticos, registrando los primeros muertos.  La directora del ECDC, Andrea Ammon, alerta de que los hechos están evolucionando con gran rapidez, lo que obliga a cambiar de nuevo la definición de caso y a subir la calificación de riesgo a “elevado”. “Se están reportando más casos sin vínculo epidemiológico con las zonas previamente afectadas”, advierte en un nuevo indicio de que la transmisión comunitaria ya está en marcha. “Los colegas en Italia han reportado que los hospitales en el norte están al límite de su capacidad, y situaciones similares ocurren en otros países”, asegura Ammon sin mencionar cuáles. La evaluación de riesgo del ECDC, publicada solo dos días antes, “ya dibuja diferentes escenarios con las medidas necesarias para ser adoptadas”, se insiste en la reunión, pero España seguía sin adoptar todavía ninguna medida en esas fechas.

La tercera reunión extraordinaria del Consejo, celebrada el 17 de marzo, con un panorama desolador en buena parte de los países miembros. Sin pruebas, sin material de protección para los profesionales sanitarios y con los hospitales al límite, la cifra de casos y muertos no para de escalar. Italia ya se acerca a los 3.000, España a los 600 y Francia a los 300, aunque eso son solo datos de fallecidos con pruebas PCR realizadas y aún se desconoce la trágica dimensión de miles de fallecidos en residencias y domicilios.

España ya ha declarado el estado de alarma y las decisiones unilaterales como los cierres de fronteras hace días que han fracturado la unidad de acción de la UE. La directora del ECDC lamenta “las competencias limitadas” de la UE en el ámbito sanitario, aunque destaca que los países reclaman información “sobre las medidas a adoptar”. Ammon también destaca que, sin medidas como el confinamiento, “los sistemas sanitarios, y en especial las UCI, se verían desbordadas como ha pasado en Italia y China”.

El organismo ya asume que la opción ya no es parar la epidemia sino aplanar la curva epidémica para dar tiempo “a los sistemas sanitarios para hacer frente al creciente flujo” de pacientes. Uno de los principales problemas sigue siendo “la escasez de material de laboratorio en varios países”, lo que les impide “hacer las pruebas recomendadas” (…) Los test rápidos ya entran en escena en la reunión cuando un miembro del Consejo pregunta sobre su utilidad para hacer “triajes”. La respuesta del ECDC es que su “equipo técnico” lo está estudiando pero que son necesarios “más datos e información” (…) Las residencias de mayores y equipamientos similares adquieren una especial relevancia en esta fase, por lo que el organismo aboga por “los chequeos diarios para detectar síntomas compatibles” entre los residentes y “los test rutinarios” a los trabajadores, como expuso posteriormente el Centro Europeo de Control de Enfermedades en uno de sus documentos de evaluación de riesgo (…) Uno de los problemas surgidos en algunos países es la coordinación del alta hospitalaria de personas mayores: “No pueden seguir en el hospital, pero las residencias tienen reticencias para aceptarlos”, explica el representante de Austria, que propone acortar los plazos de aislamiento y pruebas PCR requeridas para hacer más ágil este proceso (…)

En fin, la extensión de las actas no permite su reproducción íntegra en un diario, pero creo que la síntesis realizada permite que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones, al margen de cualquier opción partidista y sin falta de recurrir al informe de la Guardia Civil que, si para algo ha servido ha sido para encabronar este país como nunca había ocurrido en el tiempo que llevamos bajo la segunda restauración monárquica.

En otro orden de cosas, hoy ha sido uno de esos días que podría estar escribiendo hasta llenar un Espasa con temas como la renta básica aprobada por el consejo de ministros o los asuntos industriales de la Nissan, Alcoa y lo que viene, pero lo dejaré para sucesivos días del arresto domiciliario que, además, seguramente lo vamos a seguir “disfrutando” otros quince días más de lo previsto. Así que voy a referirme un poquitín a las “tristes y famosas puertas giratorias”.

Podemos ha luchado desde su fundación contra las llamadas ‘puertas giratorias’, ese salto habitual que realizan los representantes públicos a la empresa privada al finalizar su mandato. Un reproche muy habitual de la formación a los partidos tradiciones y, con el nuevo fichaje de Enagás, el partido de Pablo Iglesias se acerca a esta actitud. Cristóbal Gallego, experto de confianza de la formación morada, aterriza en la mesa de gobierno de la compañía del Ibex 35 de la mano de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla.

Si alguien ha atacado más las “puertas giratorias” oponiéndose a ellas con mayor contundencia, estos han sido el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente Pablo Iglesias, exigiendo su eliminación, resulta que ahora me encuentro con la entrada en el consejo de administración de ENAGAS de los ministros del PSOE José Blanco, aquel de los maletines en las gasolineras, y José Montilla, ex ministro y expresidente de la Generalitat además del asesor de PODEMOS,   Cristóbal Gallego.

La oficina del expresidente de la Generalitat de José Montilla absorbió 399.266 euros públicos en el año 2018, como queda acreditado en este informe oficial del Departamento de Presidencia (El Mundo, 29 de mayo de 2020).

Enagás está bajo la batuta de la Sepi que controla un 5% del capital, aunque el fundador de Inditex, Amancio Ortega, tiene otro 5% de las acciones, tras invertir 282 millones de euros. Una vez la junta, que se celebrará el próximo mes de junio, apruebe los nuevos nombramientos, el consejo de administración de la empresa gasista estará cubierto, en su mayor parte, por ex políticos y ex ministros tanto del PP como del PSOE.

Sánchez, cuando era candidato a liderar el PSOE, llegó a decir que un ex presidente no podía formar parte de compañías de sectores estratégicos. Entonces, Felipe González era miembro del consejo de administración de Gas Natural, propuesto por CaixaBank, pero Pablo Iglesias ha sido mucho más contundente si cabe contra las “puertas giratorias”. Ha llegado a decir que son una “traición a España”. Y ha defendido a muerte la eliminación de las mismas entre los cargos públicos y los consejos de administración de las empresas del Ibex-35. ¿Acaso está recogido en algún apartado del documento firmado para el gobierno de coalición UNIDAS PODEMOS? ¿Es alguna resolución aprobada en la III Asamblea Ciudadana Federal de Podemos celebrada muy recientemente donde no me consta que se haya debatido absolutamente ninguna ponencia? ¿Cuánto podrá ganar un consejero de ENAGAS para que José Montilla renuncie a los 400.000 euros anuales que costaba al erario público por haber sido presidente de la Generalitat?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.