30 de mayo

Hoy, en el 77 día de mi arresto domiciliario con libertad provisional, ha sido un día muy especial para mí.  He pasado un día estupendo festejando mi 72 cumpleaños en una comida que celebramos en la sidrería Les Escueles de Sama al lado de la gente que más quiero, con la única excepción de mi nieta Ainoa que está trabajando en Madrid, y he recibido cientos y cientos de mensajes hermosos, de personas también muy hermosas.

La gente que me conoce sabe cuánto me gusta que llegue mi cumpleaños, festejar con mis seres queridos y recibir el cariño de la gente que conozco. Y un año más, ha sido espectacular, por ello quiero dar las gracias por haberme felicitado, me ha hecho mucha ilusión que se acuerden de mí. Muchas gracias por este día, que me han servido para recargar las pilas de alegría para todo el año, y si tengo un día malo, ¡ya sé de qué me tengo que acordar para ponerme bien!

Entrando en los asuntos referidos a mi diario, hoy, como dicen desde el gobierno, es un día histórico, refiriéndose al ingreso mínimo vital aprobado por el consejo de ministros. No sé yo cuanto percibe Dina Bousselnam de salario mensual para hablar de una vida digna con la ayuda que supone el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Consejo de Ministros, aunque yo lo dejaría como un buen punto de partida hacía la deseada Renta Básica, especialmente en los momentos que estamos viviendo actualmente conPANdemia – cada vez son más grandes las colas de la gente para recoger su bolsa de comida en los distintos organismos y asociaciones que vienen prestando esa labor -, sin olvidarnos del negro futuro que se presentan a la vuelta de la esquina para vivir sinPANdemia.

En mi diario del 12 de mayo, me extendí ampliamente los que significaba el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica, por la que desde hace muchos años venimos luchando con nuestras concentraciones y manifestaciones en Madrid – otros pocos realizando sus marchas andando desde los distintos puntos de España para hacerlas confluir en Madrid -, pero no está demás hablar un poco de este “hecho histórico” que titulan desde el gobierno, deseando, muy sinceramente, que no quede como otros “hechos históricos” que quedaron en eso, en historias de la buena pipa, caso concreto de la Ley de Dependencia a la que me referiré un poco por encima en este diario.

“España debe aumentar el gasto social, pero mejorando la eficacia redistributiva”, ha dicho Iglesias, quien ha opinado que “la buena noticia es que el sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora”, incorporando reformas en la tributación de la riqueza para eliminar algunos privilegios fiscales de los que se benefician las empresas. (Expansión, el 13 de febrero de 2020)

Efectivamente, después de meses de negociaciones y anuncios, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha quedado aprobado definitivamente, cumpliendo nuestro país con una de las principales carencias de su Estado del Bienestar: las ayudas a las familias en situación de pobreza, especialmente a aquellas con hijos, quedando decidido su vinculación a la pensión no contributiva. Así figura en el borrador del real decreto-ley del Gobierno que aprueba la creación de esta renta mínima.

Es decir, si tenemos en cuenta que la pensión no contributiva asciende a 395,6 euros mensuales en 14 pagas, el ingreso mínimo vital tendrá 12 pagas, por lo que, prorrateado, da como resultado los 461,53 euros al mes que será la renta garantizada mínima de esta ayuda.

En el caso del IMV es importante el concepto de “renta garantizable” – muy distinto a llamarla un ingreso para vivir con dignidad -, ya que se trata del umbral mínimo de ingresos que tendrá cada hogar sumando la prestación de la Seguridad Social y sus propios ingresos. Así, una familia que tiene una renta mensual de 200 euros tendrá un complemento con el IMV de 262 euros para llegar a la renta garantizada.

A partir de esta cuantía base se aplican unos coeficientes adicionales para los hogares con varios miembros y con hijos a cargo. Por ejemplo, un hogar con un adulto y un hijo a cargo multiplicará esta ayuda mínima por 1,52. En el caso de hogares con dos adultos y tres o más hijos menores a cargo, la ayuda se multiplica por 2,2. Esto significa que todas las prestaciones del ingreso mínimo vital están vinculadas con la ayuda base y, por extensión, con la pensión no contributiva.

” El Ingreso Mínimo Vital que acaba de nacer es, en definitiva, un nuevo tipo de prestación, más moderna y mejor diseñada, con voluntad de permanecer y, con ello, de contribuir a resolver el grave problema de desigualdad y acceso a las oportunidades que ya antes de la pandemia tenía nuestro país. Es fundamental para nuestro país que entre todos logremos que se cumplan los objetivos”. (ministro Escrivá en El Mundo, el 30 de mayo de 2020)

Según los cálculos de la Seguridad Social, el IMV tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros para las arcas públicas, que se financiará directamente con los presupuestos generales del estado de cada año, para los que el gobierno realizará una transferencia a la Seguridad Social de 500 millones de euros contemplada en el real decreto aprobado este viernes.

Estos 500 millones transferidos para financiar el Ingreso Mínimo Vital apenas sirven para cubrir un 17% de los 3.000 millones que costaría esta prestación en un año completo, lo que ponen en evidencia que la diferencia que el Gobierno anticipa para el IMV no funcionará a pleno rendimiento este año, como consecuencia de que no empezará a funcionar hasta junio y que muchos hogares tardarán en tramitar y percibir la ayuda.

La Seguridad Social abrirá el plazo para la presentación de solicitudes el próximo lunes, día 1 de junio. Todas aquellas peticiones que reciba desde ese día hasta el 30 de septiembre se abonarán con carácter retroactivo a fecha del 1 de junio y los primeros pagos comenzarán el 15 de junio. Para el caso de que se agoten estos 500 millones de euros antes del final del año, el decreto dice que el Estado ampliará la transferencia en la cuantía necesaria.

Sin embargo, lo más importante de lo que nadie habla es la forma de cómo se van a pagar, estas y las otras partidas del Estado del Bienestar ¿Cómo se van a garantizar las promesas en realidades? ¿Se va a atrever el gobierno a “meter mano a los de arriba”, como dice el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias?

Desde mi punto de vista, si no se corrigen todos los desequilibrios acumulados durante estos últimos diez años, ahora multiplicados como consecuencia de la crisis de la covid-19, todo el estado del bienestar correrá, está corriendo, un serio peligro que, en cualquier momento puede estallar, mucho antes de lo esperado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo director era el actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto esta misma semana negro sobre blanco la magnitud del problema. El déficit público se disparará hasta el entorno del 10% este año y la deuda subirá por encima del 120% del PIB. Una situación sin precedentes desde que existen registros modernos. La magnitud de la deuda es tan elevada que su gestión ya no depende solo de las decisiones de España, sino que también dependerá de la capacidad y la voluntad del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en mínimos.

Si el eurobanco no lo hace, los costes de financiación se multiplicarán rápidamente como consecuencia del volumen de deuda acumulado. Según las estimaciones de la AIReF, una subida de la prima de riesgo de 100 puntos básicos que se mantenga en el tiempo conllevará un coste del 1,5% del PIB en el largo plazo. Esto significa que casi se duplicará el coste de la deuda actual, con un coste de más de 20.000 millones de euros.

Unos datos para comprender la magnitud del problema: cuando termine la crisis del coronavirus, el déficit estructural de España superará ampliamente los 30.000 millones de euros. Esta cuantía es superior a la recaudación anual del impuesto sobre sociedades y un 50% superior a toda la recaudación de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, etc.). Tal desequilibrio no se corrige sin esfuerzos. Es el “gran elefante en la sala” que todos quieren retrasar para el futuro político de turno.

En cuanto a la deuda pública, la magnitud del problema es incluso superior. En 2021 se situará en el entorno del 120% del PIB y todavía seguirá subiendo, ya que el déficit público será superior al crecimiento del PIB si no se pone remedio antes. Esto significa que estará ya casi 30 puntos por encima del nivel de deuda que había en 2019. Para corregir esa deuda serían necesarios muchos años y un fuerte sacrificio. Para hacerse una idea en la comprensión de la magnitud de las cifras, basta comprobar que, en los años de la burbuja inmobiliaria, con el PIB y la recaudación de España dopados, se tardaron diez años en rebajar la deuda en 30 puntos del PIB. Ahora hay que hacer esa proeza sin la ayuda de una burbuja.

No nos hagamos ilusiones, que nadie trate de engañarnos, esto requerirá meter la mano en el bolsillo de los españoles, una decisión muy delicada, y la opción más sencilla para estos gobernantes turnistas y sus grupos de “sabios” pasa por congelar las pensiones durante toda la fase de recuperación, a la vez que precarizando el estado del bienestar – no fueron suficientes los pensionistas muertos por la covid-19, en su gran mayoría por abandono sanitario -, por eso y para eso han constituido esa comisión de reconstrucción, que para nada difiere de la de los Pactos de la Moncloa de 1977, que servirá – nadie lo dude – para ocultar los ajustes previstos para el futuro que, no solo va a crear más desilusiones a la sociedad, sino que contribuirá al inevitable “estallido social” que se producirá en España. Atajar ese escenario con un discurso realista, sin insultos ni enfrentamientos, como se vienen produciendo sin ni siquiera haber empezado las discusiones, es ahora la gran responsabilidad de todos los partidos políticos. Porque el elefante no se irá de la sala sin el esfuerzo común.

En todo caso, el Gobierno del PSOE y UP ha tomado una buena decisión digna de aplaudir que en su día no tomaron los gobiernos del PSOE ni del PP durante los años de la crisis financiera que estalló en 2008 y en la que asistimos al abandono público de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, pero sigo pensando que sería mucho más justa si, de manera paralela el gobierno llevara a cabo una reducción del gasto público relativo a la clase política con reducción de los cargos públicos: ministerios, consejerías autonómicas y los miles de asesores políticos pagados con dinero del Estado, a  lo que habría que añadir una drástica reducción del número actual de diputados nacionales y autonómicos, concejales y diputados provinciales, porque buena parte de todos estos cargos son innecesarios y sólo sirven para colocar a dirigentes y militantes de los partidos políticos. Y en muchos casos con sueldos escandalosos que incluso superan el salario del propio presidente del Gobierno. Todo ello, sin perder de vista los cargos superfluos e innecesarios de todas y cada una de las empresas públicas que son miles en los que los partidos políticos colocan a sus dirigentes y militantes como lo acabamos de ver en Enagás, por no hablar del parque móvil de coches oficiales, aunque mucho me temo que va a ser que no, teniendo en cuenta que los partidos políticos, insaciables en su gasto y proclives al “clientelismo” a costa de las arcas del Estado, no estarán en disposición de hacer las necesarias reformas de la enorme e innecesaria en muchos aspectos Administración del Estado.

La financiación actual mantiene los recortes de 2012 y el escenario que se abre es de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema. La partida de 415 millones de euros prevista en el proyecto de PGE 2019, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos. Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día)

¿Alguien se acuerda de la Ley de Dependencia a la que me refería al inicio de mi diario, también titulada como uno de los “hechos históricos” del gobierno del PSOE presidido por Zapatero? Pues bien, pese a que la ley ha supuesto en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros, quedando configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba, ni mucho menos, principalmente por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación que, al día de hoy, siguen sin resolverse.

En enero de 2017, la Ley de Dependencia se discutió en la Conferencia de Presidentes del Senado, en la que las comunidades autónomas solicitaron la inclusión de esta normativa dentro de la financiación autonómica. El Gobierno recogió el guante y, en febrero, el Consejo de Ministros aprobó la creación de un grupo de expertos para abordar este asunto. “Nos encontramos en un momento crucial e inaplazable. Hay que abordar cambios sustanciales en dependencia, que pasan primero por la suficiencia financiera”, decía el presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, cuya organización que audita cada mes las estadísticas oficiales del IMSERSO y elabora informes monográficos sobre el desarrollo del sistema. “Sin dinero, no se puede cumplir”.

En este momento, el 28% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, pese a tener derecho. “Cada cuarto de hora muere un dependiente sin ser atendido”, alerta Ramírez, que estima en 149.000 las personas que han fallecido en esta situación.

Quiero decir, en comparación con el Ingreso Mínimo Vital aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que, pese a considerar en su día la Ley de Dependencia como otro “hecho histórico” , aunque sea perfectamente recuperable para  lo que debió ser, todavía no ha alcanzado, ni mucho menos,  esa nueva arquitectura de protección en un país sin apenas construcción social sólida.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República