9 de junio

Después de 87 días de confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado por el gobierno de España el pasado 14 de marzo, vuelve a saltar a la escena coronavírica la muerte de nuestros viejos en las residencias y hospitales como consecuencia del triaje que se llevó a cabo. Una palabra maldita por la que fui tratado de loco, irresponsable y no sé cuántas “lindezas” más a través de las redes sociales por parte de los conocidos jenízaros y sectarios partidistas, cuando en uno de mis diarios denunciaba el asunto de una manera detallada y documentada.

En efecto, una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia de la covid-19 ha sido, sin duda, la elevada mortalidad de nuestros viejos pensionistas, hasta el extremo de que, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad se acercan al 87%, encontrando su hábitat para actuar en los pretanatorios, llamados en su mayoría geriátricos. Tanto es así que, de los más 27.136 fallecidos en España al día de hoy, 9 de junio, unos 18.600 han muerto en estos centros, sin entrar, por supuesto en los fallecidos en los hospitales cuando tengamos las cifras reales de los muertos en España.

Es evidente que todos estos datos tan aterradores tienen una derivada política, cuando ha quedado perfectamente acreditado que muchas comunidades autónomas, por no decir todas, de cuya gestión dependen las residencias de ancianos, dieron órdenes para no derivar a muchos de los enfermos atendiendo a criterios como el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual.

A estas alturas de la pandemia, los médicos, virólogos y epidemiólogos, cuando parece ser que ya van conociendo mejor al coronavirus, tal parece que es un hecho incontestable que el virus tiene especial incidencia en estas personas mayores, especialmente en aquellas personas que presentan una patología previa de tipo cardíaco o respiratorio, de tal manera que, entre mediados de marzo y mediados de abril  el bicho estuvo circulando con plena libertad por las residencias de los viejos pensionistas repartidas a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, todo parece que solo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde una gestión bajo sospecha ha desatado toda una tormenta política de consecuencias aún imprevisibles sobre el Gobierno madrileño a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus, cuando las muertes en los geriátricos madrileños superaban el centenar cada día.

En ese sentido, esta semana ha sido nefasta para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al quedar confirmado, si no lo estaba ya, lo que empezó siendo una sospecha, esto es la orden que desde su Gobierno se dio para que no ingresaran en los hospitales todos los ancianos enfermos por coronavirus, tal y como yo mismo publiqué en mis anteriores diarios aportando los documentos de las pruebas del triaje que se había llevado a cabo con nuestros viejos pensionistas. Una sospecha que ha quedado convertida en certeza, hasta el punto de que el Gobierno de la Ayuso se ha visto obligado a dar una versión que suena a excusa, la socorrida de que todo fue “un error”.

Pero, según la información publicada por El País (09-06-20), “Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, envió al menos cuatro correos a la consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo”, de tal manera que esos documentos “todos firmados digitalmente por Carlos Mur de Víu fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19″. Como queda perfectamente acreditado en los documentos, “el fin era evitar el colapso de la Sanidad madrileña. Pero según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares para lograr ese fin”.

Mur de Víu sería destituido el 13 de mayo, poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y la vacante del puesto de Mur de Víu sería ocupado por Javier Martínez, uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos.

El protocolo que Mur de Víu firmó el día 20 de marzo contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad, quedando excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal

Respuesta escrita del Gobierno de España a una pregunta de un diputado en el Congreso. (15-04-2020)

En efecto, a mediados del pasado mes de marzo España era un país que vivía atemorizado en pleno confinamiento. Las autoridades temblaban ante la posibilidad de que el sistema sanitario colapsara, debido principalmente a la escasez de recursos disponible, de tal manera que el gobierno  de España, a través del ministerio de Sanidad, emitió un serie de protocolos dando respaldo al conocido triaje, aunque ahora pretenda marcar distancias ante las previsibles demandas por la priorización de los pacientes en hospitales y residencias durante los momentos más críticos de la pandemia, diciendo que esas indicaciones sólo eran “orientativas”, dejando así a su suerte a los profesionales que las aplicaron. Se nota que la pandemia nos aprendió bien a la lavar las manos al estilo Pilato, especialmente entre algunos responsables del gobierno.

El propio vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias presentaba este martes, 9 de junio,  su anteproyecto de ley integral de protección de la infancia, aunque el protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo centrado en una dura ofensiva contra las residencias privadas de mayores y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pillado a otras Comunidades Autónomas de por medio, porque entre otros casos, el Gobierno no ha publicado aún los datos de los ancianos muertos los centros de mayores de cada CCAA.

En la misma, Pablo Iglesias admitió que “claro que conocíamos los informes diarios” de la tragedia que estaba ocurriendo en las residencias privadas, y que, por esa razón, “en el marco de la división competencial, lo que hicimos fue aumentar las competencias de las autonomías”. “Fue el consejero de Ayuso el que dijo que la orden de no aceptar a los residentes en los hospitales que era inmoral e ilegal”, “Era su consejero el que señalaba un escándalo evidente que, sin duda, puede tener consecuencias legales”, “Y lo que es ilegal, lógicamente se debe perseguir”. “Son las familias las que están emprendiendo esas acciones legales que les corresponden”.

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Pero, tal y como ha quedado dicho al inicio de mi diario, si bien la Comunidad Madrileña ha trascendido con especial resonancia, este no ha sido el único caso, ya que ha ocurrido en todas las residencias, tanto privadas como públicas, ubicadas en todas las comunidades autónomas que no trasladaron a los viejos pensionistas a los hospitales durante los días más tensos de la covid-19, dándose la circunstancia que ni siquiera es Madrid la que más muertos tiene por cada 100.000 habitantes, dándose el caso que, según un estudio elaborado en base a los datos hechos públicos por las comunidades autónomas entre los días 7 y 20 de mayo, la comunidad con mayor número de fallecidos en residencias por coronavirus es Navarra, con un 85,88 % de los fallecidos (432 muertos en residencias de 503 fallecidos totales por el virus), a la que sigue Extremadura (85,21 %, con 415 fallecidos en residencias de 487) y Aragón (83,21 %, con 694 de 836).

Es decir, contra las campañas orquestadas por las redes sociales, en su inmensa mayoría, desde cuentas fake partidistas que no tratan sino de arrastrar o dejarse llevar hacia sus informaciones carentes de cualquier mínimo análisis, como no sea el de la rentabilidad electoralista, aunque ésta se haga a cuenta de tantos muertos e infectados por la covid-19, se da la circunstancia de que las tres comunidades autónomas con mayor porcentaje de muertos en esos pretanatorios tienen gobiernos donde está o gobierna en solitario el PSOE. En Navarra el Ejecutivo está formado por el PSOE, Geroa Bai y Unidas Podemos; en Extremadura por el PSOE; y en Aragón lo hacen con la Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Podemos-Equo.

Por debajo de estas tres comunidades se sitúan las de Castilla-León (75,55 %, con un total de 2.525 muertos de 3.342); Cantabria (68,28 %, con 140 de 205); Asturias (62,46 %, con 198 de 317) y La Rioja (57,02 %, con 199 de 349) …

Documento oficial del Ministerio de Sanidad (07-04-20)

Seamos honestos ante la catástrofe que nos afecta a todos y dejemos el electoralismo para cuando se celebren las elecciones, dedicando todo el esfuerzo a poner punto y final a la pandemia, poniendo todo lo sucedido encima de la mesa tal como ocurrieron. De esa manera, con fecha 7 de abril, el ministerio de Sanidad fijaba en un documento los criterios sobre “prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos” del coronavirus, indicando las pautas a seguir para que, en plena escasez de respiradores y camas de UCI, los médicos sepan a quien asignarle lo medios y a quien no. A tales efectos, el ministerio fija cinco criterios basados esencialmente en un punto prioritario: las “expectativas objetivas de recuperación” del paciente. Así de duro y así de rotundo.

Documento oficial del Ministerio de Sanidad (07-04-20)

El documento oficial del ministerio de Sanidad se titula “Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2. Y el texto no escatima en la descripción de la dureza de la situación a la que se ha llegado. El apartado número tres, titulado “Prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes sospechosos de ser portadores”, comienza reconociendo que “el llamado deber de asistencia que incumbe a los profesionales en su actividad asistencial es una proyección del derecho constitucional a la protección de la salud que tenemos todos los españoles y los ciudadanos extranjeros residentes en el territorio español”. Añade que “dada la demanda masiva existente y la escasez de recursos para atenderla, aunque pueda ser transitoria, comporta una reducción del disfrute de ese derecho y plantea la priorización de los individuos potencialmente más expuestos al contagio o ya infectados, tal y como admite sin paliativos (…) Como criterios generales aplicables consideran en primer lugar: “No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia”. Es decir, que la existencia de patologías y las esperanzas reales de vida serán los factores determinantes a la hora de asignar o no respiradores y otros medios escasos. El segundo criterio es el “principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente”.

El tercer criterio es el de la gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos. El criterio número cuatro es “expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal, y, por último, el quinto criterio es el de “orden temporal de entrada en contacto con el sistema de salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro, con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los que se responsabiliza el sistema. Es decir, que oficialmente tienen prioridad en situación de escasez los pacientes con mayores “expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud”, sin patologías graves y que, en caso de igualdad frente a otro paciente, hayan sido ingresados previamente en los hospitales.

Desde mi punto de vista no hospitalizar a los viejos pensionistas procedentes de los pretanatorios, además de una discriminación de graves consecuencias legales, supone una muerte de forma indigna, por usar una expresión muy prudente.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.