10 de junio

Cuando me dispongo a escribir mi diario en mi 88 día de confinamiento por el estado de alarma decretado por el gobierno de España, lo primero que hago es asomarme al panel oficial del Ministerio de Sanidad, para observar que han muerto 40 personas por coronavirus en la última semana, aunque la cifra siga congelada en los 27.136 de ayer, mientras que los infectados diagnosticados por PCR en el último día han aumentado en 167, un fuerte aumento con respecto a ayer cuando se registraron 84, que contabilizan un total de  242.280 personas que se han infectado desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Pero, tal y como he dicho en un de mis diarios anteriores, no voy a entrar en la guerra de las cifras oficiales y las reales, que nada tienen que ver con el virus de la realeza borbónica a la me voy a referir hoy en mi diario.

La verdad es que, ya nos había costado bastante asimilar que España es una monarquía parlamentaria que florece imperial en la historia contemporánea bajo las miradas vigilantes y augustas de un rey muy meritorio y otro muy emérito, para que ahora nos exilien sin más miramientos a nuestro Juancar de toda la vida a la República Dominicana. Parece ser que se nos llevan al “campechano” allende los mares, como a un vulgar becario, a cursar el erasmus de la vergüenza en aquel infierno caribeño, y lo primero que se me ocurre es abrir un change.org. para recoger firmas en contra de su exilio. ¿Cómo vamos los españoles a adorar desde tan lejos al auriga de nuestra sacrosanta y modélica transición? ¿Al autor de aquellos divertidos discursos navideños?

Con el bueno de Juancar ya van tres borbones seguidos los que se han tenido que exiliar de España. El primero, su abuelo Alfonso XIII, “El Piernecillas”, a París en 1931. El segundo su padre, Don Juan “El Descoronao” a Estoril, a empapar sus blasones en dry martini. Y ahora nuestro Juan Carlos I “El Desterrao” rumbo a la República Dominicana como un corsario de vacaciones en busca de ron, canciones y otro mapa del tesoro.

A veces hasta pienso que los borbones se exilian por patriotismo, sospechando que su país está mucho mejor sin ellos, debido al poco cariño que les tenemos, salvo, claro está, los conocidos palmeros, especialmente en Asturias donde todos los años salen a la calle con sus banderitas a saludarles enfervorizadamente, a ellos y a toda esa reata que desfila con sus mejores galas camino del teatro Campoamor de Oviedo para entregar los premios Princesa de Asturias.

Sabemos los motivos del exilio de su abuelo y de su padre, pero ¿Cuáles son los verdaderos motivos para que un personaje como el rey emérito de España, de Catilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, de las Indias Orientales y Occidentales y de las islas y tierra firme del Océano; Archiduque de Austria, Príncipe de Suabia; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas, de Limburgo, de Lotaringia, de Luxemburgo, de Güeldres, de Estiria, de Carniola, de Carintia, de Wurtemberg y de Neopatria; Marqués de Oristán y de Gociano; Conde Palatino de Borgoña; Conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, de Artois, de Hainaut, de Namur, de Gorizia, de Ferrete, de Kiburgo, del Rosellón y de Barcelona; señor de Vizcaya, de Molina, de Salins, de Malinas, de la Marca Eslovena, de Pordenone y de Trípoli; Landgrave de Alsacia y Margrave del Sacro Imperio Romano y de Burgau.

Capitán General y exComandante Supremo de las Reales Fuerzas Armadas Españolas; Soberano Gran Maestre de la Insigne Orden del Toisón de Oro; Gran Maestre de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, de la Orden de Isabel la Católica, de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa, de la Orden de Alfonso X el Sabio, de las órdenes militares de Montesa, de Alcántara, Calatrava y Santiago, así como de otras ordenes militares menores; Caballero de la Orden de Javier, de la Orden de la Anunciada, de la Orden de la Jarretera y de la Orden del Imperio Británico; Gran Cruz de Justicia, con Collar de la Orden de Constantino y Jorge de Grecia, y Gran Collar de la Reina de Saba y de la Dinastía de Reza; Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo: Gran Cruz de la Legión de Honor y de la Orden Nacional de Mérito y Premio Félix Houphouet-Boigny para la Búsqueda de la Paz de la UNESCO, o sea: Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, que esos son sus nombres y apellidos completos, nacido el 5 de enero de 1938, un mes antes de lo esperado, en una lujosa habitación del Hospital Anglo-Americano de Roma que la gerencia había habilitado al efecto. Como ha quedado dicho su nacimiento en la capital de Italia se debió al exilio de su regia familia, que se afincó allí tras la proclamación de la II República española el 14 de abril de 1931, fijando su residencia en un palacete llamado Villa Gloria, en la calle Parioli, 112.

Pues bien, ese personaje, en la actualidad rey emérito de España, está siendo investigado por el fiscal especialista en delitos económicos del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, debido a la construcción del tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

El Tribunal Supremo ha asumido la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que está involucrado el rey emérito, Juan Carlos I, por indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal durante la construcción del tren de alta velocidad que va a La Meca.

El rey emérito había perdido su condición de inviolabilidad en 2014, cuando abdicó del trono, pero conserva el aforamiento. Por ello, es necesario que las investigaciones judiciales contra su persona se eleven, y así la investigación ha pasado de la Fiscalía Anticorrupción, al máximo órgano judicial de España, el Tribunal Supremo.

Hacía tiempo que las operaciones y actividades financieras del penúltimo Rey Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca Felipe VI, estaban sometidas a todo tipo de sospechas, comentarios soto voce y, también, desde hace tiempo, a los primeros titulares de la prensa extranjera, sin que hasta ahora ninguna instancia judicial española se haya atrevido a proceder judicialmente en su contra.

Las abundantes informaciones proporcionadas por los rotativos internacionales, convirtiendo las andanzas financieras del rey en primera línea informativa, provocaron que el pasado mes de marzo, en plena virulencia de la pandemia del coronavirus, su hijo Felipe VI se viera obligado a renunciar a la herencia paterna, dada la evidente “contaminación” que una parte del patrimonio real ofrecía por su estrecha relación con “comisiones” y paraísos fiscales.

En un gesto que pareció más enfocado a la “galería” que, a otros propósitos éticos, el actual monarca pretendió distanciarse de las correrías de su padre, realizando una renuncia imposible a su legado, y procediendo a destiempo a la supresión del “estipendio” oficial del que el ex monarca era receptor. El gesto fue contemplado, fuera y dentro de España, como una fanfarronada. Como un simbólico y justificativo “brindis al sol”, de difícil credibilidad.

Sin embargo, no nos hagamos muchas ilusiones, porque aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo haya abierto una investigación sobre sus actividades después de su abdicación, en 2014, pienso que nada se va a clarificar, entre otras cuestiones, porque muy poco o nada se puede esperar  de unos tribunales que sólo han actuado a remolque de los juzgados suizos, y que más parecen querer “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos, como la propia Fiscalía informaba en su comunicado al respecto; es decir, quitarle hierro al asunto. Y si a ello se añade la reiterada negativa del bipartidismo PPSOE a que el rey trincón sea investigado en el Congreso de los Diputados, salvo la excepción de UNIDAS PODEMOS y algún que otro grupo parlamentario minoritario, la cosa queda todavía más clara a la hora de que “El Campechano” acompañe a su yerno “El Urdanga” en la cárcel.

No obstante, todo parece indicar que, tanto las investigaciones judiciales en Suiza, como las periodísticas en Inglaterra, Bélgica o Francia, van a continuar, completando la narración de cómo se forjó y dónde se esconde la fortuna secreta de Juan Carlos I.

Es un tema demasiado goloso para cualquier periodista de investigación, salvo que sea español. En ese caso la cuestión carece de interés, y casi que resulta comprensible, teniendo en cuenta la nula receptividad de las grandes empresas informativas de ámbito estatal por estos trabajos, que dejarán dormidos en un cajón para no hacer sangre en el ya malogrado prestigio de la Casa Real.

La prensa española sabe más de lo que dice, pero se calla algo que más pronto que tarde acabará saliendo a luz: que la comisión de 100 millones de dólares que la monarquía saudí pagó a Juan Carlos nos va a costar a todos los españoles un ojo de la cara. De hecho, según un cálculo moderado, no serán menos de 1.000 millones de euros.

En 2008, los saudíes pagaron a Juan Carlos 100 millones para que ese sujeto hiciese su magia con un descuento de varios cientos de millones en la construcción del Ave del Desierto, a cargo de un consorcio de empresas españolas. Esos 100 millones son los que investiga la fiscalía suiza, los cuales fueron depositados en una cuenta del banco privado Mirabaud, correspondiente a una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que Juan Carlos era titular y en la que su hijo, el rey Felipe VI, figuraba como heredero directo. De esa cuenta, Corinna Larsen recibió – en 2012, después de su salida de España, tras el escándalo de Botsuana -, una generosa “donación” de 65 millones de dólares, en una cuenta domiciliada en las Bahamas, por lo que también está siendo investigada en Suiza.

El abaratamiento impuesto al consorcio integrado por doce empresas españolas – Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo – y dos saudíes, Al Shoula y Al Rosan, en su presupuesto de obra no fue lo único que supuso algo más que una merma en sus beneficios: también tuvieron que pagar una comisión de entre un 2 y un 3% de la contrata (de 6.736 millones de euros), que se repartieron dos comisionistas al acecho: la profesional ‘Madame’ Zanganeh, encargada de corromper a las autoridades y funcionarios de Riad responsables de la adjudicación; y Juan Carlos I, encargado de poner el cazo porque sí, también ante los adjudicatarios. Todavía se sabe poco de esta parte de la historia, desvelada por Corinna en las famosas cintas del comisario Villarejo.

Con tanto recorte, en el momento de la adjudicación (en octubre de 2011), el consorcio español ya tenía que saber que las cuentas no cuadraban. En cuanto empezaron las obras el presupuesto comenzó a «desviarse», llegando a duplicarse lo establecido en algunos tramos.

Como en el Estado español, este AVE lo explota Renfe, mientras Adif se ocupa del mantenimiento. La línea cubre una distancia de 450 kilómetros y, en octubre de 2011, el proyecto fue adjudicado a un consorcio por un total de 6.736 millones de euros. Tras dos retrasos en la construcción, se estima que el presupuesto se amplió hasta los 7.100 millones de euros.

Pero, la chapucera planificación no tuvo en cuenta, entre otras cosas, las tormentas de arena del desierto, que dejaban enterrada las vías. Los retrasos en la entrega de la obra por esta causa llevaron incluso a que el régimen saudí amenazara al consorcio español con suspender la concesión en 2014, si no era capaz de cumplir los plazos establecidos en el contrato inicial. Después de muchas negociaciones el gobierno saudí aceptó en 2016 una primera ampliación en las obras de 14 meses y 150 millones de euros; y otra en mayo de 2018, que supuso otros cuatro meses de margen y 210 millones de euros adicionales. Pero no fue suficiente.

A finales de 2019 la tensión entre la parte contratante, el grupo público Saudí Railway Organization (SRO), y la contratada, el consorcio español Al Shoula, se disparó. Todavía había servicios que no se habían estrenado y un montón de problemas por resolver, por lo que los saudíes dejaron de pagar, y las empresas españolas se quejaban de la acumulación de facturas que empezaban a ver imposible cobrar. Después de que la empresa saudí dejara de abonar las últimas certificaciones por trabajos realizados, había unos 75 millones de euros en facturas vencidas. Fácilmente se puede uno imaginar sobre quien van a recaer todas las perdidas. Sobre las empresas públicas Renfe y Adif, es decir, sobre tú, éste y aquel españolito. Menos mal que ya tenemos el Ingreso Mínimo Vital.

En febrero de este año, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que pertenece al Ministerio de Hacienda) reveló que el “margen negativo” de Renfe de 2012 a 2018 en Arabia Saudí debido a sobrecostes y otros imprevistos ascendía a 150 millones.

En la construcción de los talleres, por ejemplo, Hacienda indicaba que, «tras las modificaciones habidas», el sobrecoste había subido un 56%; o, lo que es lo mismo, que se había maquillado el presupuesto inicial con una «rebaja» del 44% para conseguir el contrato, y al final el coste adicional lo iba a pagar la empresa pública.

Por si no fuera esto suficiente, aparte de las pérdidas en las obras, la empresa pública es también la encargada de operar el servicio en los próximos 12 años, una responsabilidad que asumió por contrato con los saudíes con unas previsiones falseadas. El proyecto inicial estimaba la disparatada cifra de 60 millones de usuarios al año, que tuvo que ser revisada en 2018 por la consultora de Países Bajos Royal Haskoning y ahora las previsiones no apuntan a más de 20 millones.

En absoluto habrá un acuerdo para que los 12 miembros del consorcio español asuman de forma solidaria las pérdidas que se produzcan en la explotación del servicio. La constructora OHL – de Villar Mir, amigo íntimo de Juan Carlos, hoy ya retirado y reemplazado por su yerno, el compiyogui de Felipe VI, López Madrid – aduce que ellos ya han cumplido con su parte del trabajo y también han aprendido a lavarse las manos como Pilato durante la pandemia del viruscorona.

Además, la investigación tiene su paralelismo con otra que transcurre en Suiza, donde el fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por un supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE. Según publicó el pasado mayo El País, el fiscal sostiene que, en 2008, el rey emérito recibió una donación de Arabia Saudí por valor de 65 millones de euros y, en 2010, otra de 1,7 millones del rey de Bahréin. Ambas donaciones fueron presuntamente ingresadas en una cuenta suiza del rey emérito y la de 65 millones, posteriormente transferida a una cuenta de su amiga íntima Corinna Larsen.

¿Qué pasaría, me pregunto yo, si todo el dinero que ha pasado por las dos fundaciones creadas para ingresar las comisiones del rey emérito se destinara a la sanidad pública teniendo en cuenta la crisis del coronavirus que ha puesto al descubierto el daño que han producido años de recortes en el sistema público sanitario?

La fundación Zagatka, creada en 2006 con unos 9.000 euros, según la investigación de The Telegraph y Voz Pópuli, y en la que Juan Carlos aparecía como tercer beneficiario y Felipe VI como cuarto, recibía hasta 1,8 millones de euros anuales, por lo que, desde su creación hasta 2019 podría haber recibido hasta 24,4 millones de euros, parte de ellos derivados de la comisión dada a Juan Carlos I por parte de Barclays Bank por la venta del Banco Zaragozano.

La otra fundación aparecida en la investigación, Lucum, habría recibido una comisión pagada por el Arabia Saudí al rey emérito por 100 millones de euros por su mediación en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca. Son, en total, hasta 124,4 millones de euros que se podrían invertir en aumentar en 266.952,17 euros la inversión de cada uno de los 466 hospitales que hay actualmente en el Estado español o en quintuplicar los 30 millones de euros de inversión destinados actualmente para la investigación del coronavirus al Instituto de Salud Carlos III y al Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.