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DIARIO DE SESIONES número 44 de la Junta General del Principado de Asturias, referido al Pleno celebrado el 11 de marzo de 1992.
“… y es que los mineros españoles estamos hartos de escuchar la tan repetida palabra del “fatalismo” que la clase patronal y la Administración quieren acreditar, según la cual el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, en el fondo, no serían sino efectos del “caso” o, todavía peor, riesgos inevitables que amenazan al hombre en cuanto tal y no por estar obligados, unos trabajadores que, por padecer bajos niveles salariales, se ven obligados a forzar sus ritmos de trabajo hasta el agotamiento o a prolongar sus jornadas haciendo horas extraordinarias o los malditos destajos como única manera de poder sacar adelante a sus familias.
Se cae así en la alusión sibilina a la “distracción” como causa principal del accidente, pero con tal excusa se quiere poner una losa sobre la violación constante, cotidiana, de las más básicas normas de prevención. Algo de esto parece ser que ocurrió el pasado lunes, 28 de octubre de 2013, cuando seis compañeros mineros perdieron la vida en el Pozo “Emilio del Valle” de la HULLERA VASCO LEONESA, en la cuenca minera leonesa de CIÑERA-SANTA LUCIA. Sin embargo, al margen de estas y otras cuestiones expuestas y otras muchas como verdaderas causas de los accidentes y enfermedades profesionales, resulta increíble que un ciudadano, víctima de un accidente callejero, pueda intervenir libremente en las actuaciones contra el responsable o responsables de otorgarle el resarcimiento por el daño en el fuero civil, mientras que no puede hacer una acción análoga frente a su patrón cuando es víctima de un accidente o de una enfermedad profesional ligada a su trabajo.
En esta ocasión voy a transcribir literalmente otra de mis intervenciones parlamentarias, de acuerdo con el DIARIO DE SESIONES número 44 de 11 de marzo de 1992, referida en esta ocasión al accidente del Pozo Mosquitera ocurrido el 22 de diciembre de 1989, con el resultado de cuatro compañeros muertos de la contrata de EXPENOR que realizaba tareas mineras en las minas de HUNOSA.
Buenas tarde, señora Presidenta.
Señorías:
Intervengo en nombre del Grupo de Izquierda Unida para interpelar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en un tema,el de la seguridad en el trabajo, estrechamente vinculado al problema más general de la protección de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero este es sólo un aspecto del vasto problema de la seguridad de la persona.
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Pozo Mosquitera de HUNOSA, donde se produjo el accidente minero con fecha 22 de diciembre de 1989 que segó la vida de cuatro compañeros mineros…
El centro de trabajo, la fábrica, en nuestro caso la mina, están construidos a la medida de la ganancia y no a la medida del hombre, y cuando el empresario introduce los medios técnicos, sólo mira el aumento de las ganancias y no la protección de la salud de los trabajadores. Esta es una antigua verdad, y ello porque el capital jamás ha tenido cuidado por la salud y la duración de la vida del trabajador, cuando no está obligado a tales cuidados por la sociedad.
La insalubridad del ambiente de trabajo es un problema político, y sus causas hay que buscarlas en el plano de las grandes disfunciones estructurales, tales como la carencia de prevención, los altos ritmos laborales, los destajos inhumanos o la falta de formación profesional. Hoy, el problema de la salud en la mina, a pesar del crecimiento de la lucha y de la denuncia, está muy lejos de ser resuelto. Los mineros españoles, en este caso los asturianos, continúan pagando un altísimo tributo de sangre y muerte a la ganancia, porque las minas españolas – y, cómo no, las asturianas – siguen produciendo muertos, inválidos, mutilados, viudas y huérfanos.
Haciendo un alto en el camino y tomando como referencia a la empresa más representativa de Asturias e incluso de España, esto es, HUNOSA, voy a mostrarles dos gráficos elaborados por los servicios médicos de la empresa en donde se puede observar muy claramente el incremento de los índices de gravedad y de frecuencia de accidentes de baja correspondiente al último año 1991, respecto a 1990, y sí podríamos establecer una serie, tirando de los años de atrás. Vean el índice de gravedad de accidentes de baja: el trazo negro es el del año 1991 y el otro es el de 1990. Ni siquiera en los meses de julio y agosto, que hay vacaciones, se han reducido los índices de gravedad de accidentes de baja. Respecto los índices de frecuencia - que es por donde se mide -, tenemos aquí una curva, pero es curiosamente en el mes de agosto cuando se observa la curva, pudiendo observarse que los índices de 1991 están muy por encima de los de 1990, y si hubiéramos cogido los de 1989, 1988 y 1987, veríamos como están subiendo continuamente.
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“… y estamos situando en once minutos, exactamente , la diferencia entre la vida y la muerte. ¡ Ese es el tremendo problema que estamos jugando aquí, señor Consejero, pero no seré yo quien convierta esta Cámara en un Tribunal de Justicia. Eso tiene que destinarse en estos momentos, ante la jurisdicción en que se encuentra, para dilucidar las responsabilidades penales que puedan existir…” (De la intervención parlamentaria de Antón Saavedra, el 11 de marzo de 1992)
De ninguna forma debe pasar inadvertido el hecho de que estas cifras en absoluto se corresponden con la realidad, si tenemos en cuenta que los empresarios – muy especialmente los mal llamados empresarios, me refiero a esos “buitres carroñeros” que tan bien y tan de cerca conoce el propio Consejero de Industria, don Victor Zapico, aquí interpelado hoy en esta Cámara -, no reportan a la Mutualidad todos los accidentes que se producen en sus centros laborales, ya que ello desbordaría cualquier curva que pusiéramos a la vista de sus Señorías.
Por otra parte, y de manera sistemática y permanente, venimos asistiendo a una intoxicación consciente, realizada por la Administración y las empresas, para mantener en la opinión pública la idea de que la minería es una fuente reiterada de huelgas, pero no se dice, se silencia, por ejemplo, que el número de días perdidos por accidentes de trabajo, solamente en HUNOSA, durante el año 1991, ha sido de 235.497 jornales, datos recogidos también de los propios servicios médicos. O que en el conjunto de la minería asturiana, el absentismo por accidente de trabajo es cuatro veces superior al número de días perdidos por huelga.
Pues bien, mejor mal, Señorías: ante esta situación nadie, absolutamente nadie dice nada, ni la patronal ni la Administración. La primera porque el coste de este absentismo lo pagan los mineros con su sangre derramada en los accidentes de trabajo, y la Seguridad Social porque abona los días de baja. En la segunda – que son ustedes, la Administración, señor Consejero de Industria -, porque no se enteran de lo que está pasando en el sector por estar dedicados, entre otras cuestiones, a otros asuntos turbios y más negros que el propio carbón, aunque con el carbón procedente de otros lugares del mundo, y lo más grave, desde mi punto de vista, es que ustedes tampoco se quieren enterar. Para ustedes, señor Consejero de Industria, y la patronal – o viceversa, tanto monta como monta tanto – el accidente siempre depende de la mala suerte, de la fatalidad. Salta a la vista así el “fatalismo”, que siempre tratan de acreditar, según el cual el accidente de trabajo o la enfermedad profesional en el fondo no serían sino efectos del caso o, todavía peor, riesgos inevitables que amenazan al hombre en cuanto tal y no por estar obligado a moverse a ritmos obsesivos entre lugares peligrosos y en ambientes malsanos.
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“… la explotación donde perecieron axfisiados seis mineros, el pasado 28 de octubre de 2013, estaba siendo desgasificada cuando tuvo lugar la tragedia. Contaba, además, con alguna rampa peligrosa por el alto contenido de grisú, lo que ya había provocado alguna tensión entre el director de la explotación y los trabajadores: “No tenéis cojones – les dijo – para meterse en algunos sitios… ” ¿ Continuará, a la fecha de hoy, el “valiente” energúmeno este como director del pozo, después de lo ocurrido… ?
Se cae así en la alusión sibilina de la “distracción” como causa principal del accidente y con tal excusa se intenta poner una losa sobre la violación permanente y cotidiana de las más elementales normas de prevención y todo esto se hace a la luz de la realidad, aparece como la cínica maniobra de quien se interesa en la ganancia más que en la salud y en la integridad física de los mineros.
El accidente aparece cada vez más ampliamente debido a una violación de las normas técnicas, jurídicas, de principios humanos y morales, lo cual obliga a la exigencia del restablecimiento de la legalidad en las minas, a la exigencia de verificar la responsabilidad y de eliminar las causas. Este es el contundente lenguaje de las estadísticas laborales, cuya frialdad se rompe de cuando en cuando por la violencia de accidentes colectivos que, como el ocurrido en el Pozo Mosquitera de HUNOSA el día 22 de diciembre de 1989, con un balance de cuatro compañeros muertos, quedan grabados en la historia negra del movimiento obrero. Este es, señor Zapico, señores del Consejo de Gobierno, el contundente lenguaje que los mineros hablan, hablamos a la hora de exigir un verdadero Plan de Seguridad para nuestras minas.
Han pasado más de dos años desde que ocurriera el accidente del Pozo Mosquitera y lo único “destacable” realizado por la Administración regional, en una perfecta connivencia con la dirección de la empresa HUNOSA, ha sido un intento deleznable de dilatar el proceso en la búsqueda de las causas reales que originaron el accidente, única manera de evitar un nuevo accidente, otra tragedia de similares o mayores magnitudes, ya que en ningún momento, señores del Consejo de Gobierno, podemos perder de vista que ese maldito día 22 de diciembre de 1989, pudieron haber sido más de trescientos compañeros mineros los que hubieran pagado ese injusto tributo al progreso y bienestar de un país. Unos minutos fueron los que lo evitaron.
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La historia reciente de la HULLERA VASCO-LEONESA escenifica al detalle el declive de la actividad minera. En los dos últimos años, la compañía ha sufrido dos expedientes de regulación temporal de empleo de seis meses, en enero de 2011 y marzo de 2013, que afectó a más de 800 trabajadores, y un preconcurso de acreedores en marzo pasado por el impago de las ayudas al funcionamiento correspondiente a 2012, incumplimiento del compromiso de compra de carbón por parte de las eléctricas y la falta de horizonte de proyectos de inversión…
Sin embargo, no puedo ni debo silenciar el enorme y laborioso trabajo realizado por la Comisión de Investigación sobre Seguridad Minera, surgida en la Junta General del Principado de Asturias, la cual, sin lugar a ninguna duda, ha servido de base fundamental la hora de realizar el informe elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad Minera, el cual, asimismo, viene a corroborar, a la vez que las amplía, las conclusiones del dictamen de la Junta , aclarando las causas reales del accidente, y en la misma medida tira por tierra todos y cada uno de los argumentos esgrimidos, tanto por la Dirección Regional de Minas – “su” dirección, señor Consejero -, como por la propia dirección de la empresa.
Ya decía Manuel Llaneza, el 2 de abril de 1921, en un estudio sobre la Industria Hullera Española, que los ingenieros que asumían la dirección de las empresas obraban con cierta libertad profesional, precisamente porque no son de temer graves censuras ni fuertes sanciones de la inspección oficial de policía que realicen sus camaradas de academia, sus compañeros, en fin, puestos al servicio de las Jefaturas de Minas. No quiero yo decir que el ingeniero obre impunemente, pero sí quiero indicar que el espíritu de un falso compañerismo produce la ineficacia de la Policía Minera, de la Jefatura Minera, llámese cono se quiera llamar.
Que ha habido engaños y ocultamientos muy graves por parte del ayer Director Regional de Minas y hoy Consejero de Industria, Don Vito Zapico Zapico, lo demuestra el hecho de que durante su comparecencia ante la Comisión de Industria de esta Junta General, de fecha 26 de noviembre de 1991, negara en tres ocasiones a éste diputado que está hablando las conclusiones del informe realizado por la Comisión Nacional de Seguridad Minera, aludiendo a que no estaba finalizado, cuando la realidad era – y así nos constaba fehacientemente - que sus trabajos ya habían concluido con fecha 30 de julio de 1991, tal y como puedo confirmar con el informe aludido en la mano. Ello fue lo que hizo presentar a mi Grupo Parlamentario la consabida proposición no de ley para que el Consejo de Gobierno se dirigiera al Gobierno de la Nación con el objeto de que el informe en cuestión fuera remitido a los distintos grupos parlamentarios para su posterior debate en esta Cámara, que justamente realizamos en el día de hoy.
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¿ Hasta para morir, aunque sea en unas condiciones tan penosas, es necesario tener con contrato fijo y no ser subcontratado de una subcontrata que realiza su trabajo como cualquier minero de la plantilla de HUNOSA ?
Solamente dos conclusiones voy a extraer del total del informe de la Comisión Nacional de Seguridad Minera:
- la primera, respecto al incendio. Dice literalmente: “El alcance del incendio podría haberse reducido con el cumplimiento de los puntos 2 y 6 de la ASM 11″. No voy a entrar en la lectura de las conclusiones, porque ya las conoce el señor Consejero y, espero, que todos los miembros del Consejo de Gobierno.
- la segunda, referida a la intoxicación, causa de la muerte de los cuatro compañeros, dice: “El cumplimiento del párrafo 6 de la ASM 11 podría haber evitado o limitado las consecuencias del accidente”. EVITADO, con un simple detector que si yo lo trajera en mi bolsillo estaría ya silbando por cualquier cigarrillo que hubiera por ahí encendido. ¡ UN SIMPLE DETECTOR EN LOS AÑOS QUE VIVIMOS, SEÑOR CONSEJERO DIZQUE SOCIALISTA !
Estamos diciendo, lisa y llanamente, que esos cuatro compañeros muertos el día 22 de diciembre de 1989 podrían estar hoy aquí, asistiendo a un debate totalmente distinto al que en estos momentos nos ocupa, para conocer las causas de su muerte, si de verdad tuviéramos una Administración que en vez de buscar componendas y chantajes con las direcciones de las empresas para ocultar y encubrir las causas reales de los accidentes, se dedicara sinceramente a velar por la seguridad del factor más importante de la producción y del progreso: el hombre. Por cierto, señor Zapico, ¿ conoce al accionariado de la empresa EXPENOR que realizaba sus trabajos con trabajadores subcontrados sin ninguna experiencia en los trabajos mineros y una escasísima o nula formación profesional acreditada ? De verdad, señor Consejero de Industria, Turismo y Empleo, ¿ no conoce a ninguno ?
Señor Consejero de Industria, Turismo y Empleo:
La catástrofe del Pozo Mosquitera de HUNOSA estaba anunciada por las nefastas condiciones en que se encontraba la mina. No hay que olvidar que el pozo en cuestión ocupaba, en el escalafón de cierres que hoy ya son una realidad, el número uno de la lista negra. La propia auditoría de seguridad realizada un año antes por la Empresa Nacional ADARO, que ustedes y la patronal se negaron a entregar a los miembros de la ponencia de la Comisión Nacional de Seguridad Minera, así lo vaticinaba, pero entra dentro de lo posible que vuelvan a ocurrir catástrofes trágicas de estas o de peores características. ¿ Estamos prediciendo una nueva catástrofe ? De Ninguna manera: sólo estamos poniendo sobre el tapete en toda su crueldad el estado actual de nuestra minería, y yo le pregunto, no obstante, sobre qué conciencia pesaría la próxima tragedia, caso de que ocurriera.
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Con fecha 30 de mayo de 2011, el Ministerio fiscal solicitaba nueve años de cárcel – previamente ya había sido detenido por la guardia civil – para Don Vito Zapico, como director de servicios y apoderado de Mina La Camocha – cerrada desde hace años -, por su participación en la “trama negra del carbón”, consistente en mezclar los carbones de la producción propia de la mina, carbón importado y explotaciones a cielo abierto, que era vendido a la térmica de Aboño como producción propia, lo que supuso una estafa multimillonaria a la Hacienda Pública… Antes, hacia junio de 1993, el gobierno de Asturias, del que era consejero de industria, tendría que dimitir en bloque por el escándalo del PETROMOCHO, una inversión falsa de 100.000 millones de pesetas, para instalar una refinería de petróleo en Asturias de las manos de los SITGES, entre otros cuatreros y gente del hampa…
Esperamos que de verdad se tomen las medidas adecuadas, porque existen, ¡ y muchas !, pues de no hacerlo, ya no se tratará de un crimen, sino de un asesinato premeditado. Pero, qué duda cabe, en el mundo todavía existen personas buenas, justas y con capacidad humana. Tengo la completa seguridad de que los Tribunales de Justicia, encargados de este dilatado proceso, llegarán hasta las últimas consecuencias penales. Sólo de esa manera se podrán evitar próximos accidentes, exigiendo, en consecuencia, que se pongan en práctica real los pilares básicos de la seguridad minera: NORMATIVA, PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA.
Políticamente, señor Consejero, don Victor Zapico, decirle que para mí ya no tienen absolutamente ninguna credibilidad sus palabras, entre otras cuestiones porque usted no tiene autoridad de ningún tipo, ni moral ni ética, para regir los destinos de la vida de los trabajadores, en este caso de los trabajadores mineros asturianos. Yo sé que no hay mejor manera de consolidar a una persona en su cargo que pidiendo su dimisión; de cualquier manera, recomendaría a su Presidente, el señor Vigil, que lo dedicara a las labores exclusivas de Turismo, Comercio y Gastronomía. Y a usted, personalmente, por decencia política y por honestidad, que se largase del gobierno, aunque mucho me temo que no durará mucho en el mismo por otras causas derivadas de alguno que otro asunto derivado del “comercio” del carbón. En definitiva, rechazamos y reprobamos su actuación en esta materia.
Gracias, señora presidenta.
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