EL TARIFAZO PROGRESISTA

Imaginémonos por un momento que en el trascurso de un año el precio del pan, la leche o la carne se disparase un 45%. Pues eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestra factura de la luz que se ha disparado entre mayo de 2021 y mayo de 2020 en 24 euros. Es decir, sin Filomenas ni olas de calor excéntricas, la factura ha vuelto a marcar sus niveles máximos. Un encarecimiento de la factura que las compañías eléctricas derivan, en connivencia con sus capataces destinados en los gobiernos hacia el sufrido consumidor, de tal manera que, durante los últimos años se ha pasado de 5,97 euros en 2016 a los actuales 57 euros del mes de mayo de 2021, esto es, un incremento superior al 848% en apenas cinco años.  

Al respecto, tratando de ser justo y honesto, quiero recordar las promesas del actual ejecutivo para acabar con los “tarifazos” y la pobreza energética, comentada en otro artículo publicado en La Nueva España (29-03-2021), haciéndome eco del pollo que montó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando en agosto de 2017 el gobierno de turno había incrementado la factura de la luz sustancialmente:  “la subida del 8% prueba el fracaso de la reforma energética de Rajoy y alerta del riesgo de una mayor pobreza energética”, por no referirme a la Irene Montero de Podemos cuando prometía de una manera tan frívola como indocumentada que la electricidad iba a salirnos casi gratis a los españoles, españolas y españolos.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hecho unas aclaraciones para El País en las que asegura que esta subida no se verá reflejada en las facturas de los consumidores, y si lo hace será tan solo por unos euros. Asimismo, el Gobierno ha querido aclarar su compromiso por la bajada del precio de la luz frente a esta situación excepcional. En cualquier caso, la parte que ha subido es la correspondiente a las compañías eléctricas, por lo que se estudiará la proporcionalidad, mientras que la parte correspondiente al control del Gobierno no ha variado (11 de enero de 2021)

Ahora, ante este salvaje encarecimiento del recibo de la luz, el actual gobierno de coalición progresista ha puesto en vigor una tarifa-trampa por franjas horarias, que no pretende sino lavarse la cara y parecer que hace algo frente al abuso contra el gran negocio de los monopolios eléctricos tratando de ocultar a la ciudadanía que muchos de los presidentes y ministros de los gobiernos turnistas han salido por unas puertas del gobierno para entrar por otras que les coloca en los consejos de administración del “electrofascismo”.

Y esto ocurre, cuando en nuestro país seguimos en plena pandemia, donde los sectores más vulnerables de la población continúan sufriendo el enorme batacazo económico y social, sin que el Gobierno “más progresista de la historia” haya dado respuesta a esas necesidades vitales; donde las colas del hambre son cada vez más largas, aunque los ERTE hayan evitado el estallido social, de momento; donde el Ingreso Mínimo Vital ha resultado un fracaso, llegando a un porcentaje mínimo de los que realmente lo necesitan; cuando la precarización laboral y las reformas laborales, la congelación del salario mínimo, los desahucios, los despidos y los cortes de suministros energéticos domésticos básicos para muchos hogares empobrecidos son una realidad patente. En definitiva, el tan cacareado “escudo social” ha resultado ser una elevada chimenea echando fumo, un auténtico fiasco, vamos. Todo ello frente a los miles de millones que se han destinado al rescate empresarial – solo en préstamos avalados 120.000 millones, más los 140.000 de ayudas europeas que llegarán, entre otras subvenciones -, destinadas, nadie trate de engañarnos, a las grandes empresas del IBEX35. Y es precisamente en ese contexto donde se está produciendo una singular escalada de los precios de la electricidad que se encuentra en los máximos históricos comentados.  

En 2017, el hoy Ministro de Consumo, Alberto Garzón, denunciaba desde la oposición que “ningún gobierno decente debería tolerar” una subida de la luz del 10 por ciento en pleno mes de diciembre y hacía un llamamiento a intervenir el mercado y nacionalizar las eléctricas. “¡Hay que nacionalizar!”

Ahondando más en el tema, no hay más que ver los datos de los beneficios obtenidos por empresas del sector eléctrico como, por ejemplo, la privatizada Endesa que solo en el primer trimestre de este año ha ganado 491 millones netos y sin embargo ha hecho una petición de 23.300 millones a los fondos europeos anticovid, por no hablar de Iberdrola con beneficios de 1.025 millones de euros solamente durante el primer trimestre del año 2021.

Es decir, a pesar del inmenso tamaño de las ayudas, donde, según se desprende del mensaje oficial del gobierno, lo del maná que Yahvé hizo caer sobre el pueblo judío para ayudarle a cruzar el desierto y llegar a la Tierra prometida, va a ser pecatta minuta en comparación con los 140.000 millones de los llamados fondos adjudicados por la Unión Europea al Estado español, éstas se van a quedar muy lejos de poder reparar los destrozos que sigue dejando la pandemia en la economía española. Siempre según los datos oficiales, la caída del PIB en 2020 fue de un 11%, casi el triple de la más alta registrada desde 1937, y si bien los actuales Presupuestos Generales para 2021 preveían una recuperación del 9,5% para este año, el Banco de España acaba de rebajarla hasta el 6%. Por otro lado, la deuda pública se ha disparado debido a los créditos pedidos para afrontar los gastos de la pandemia. Así, mientras a fines de 2019 aquella era un 95,5% del PIB, en diciembre de 2020 pasó a ser un 117,1%, el mayor porcentaje alcanzado desde la guerra de Cuba. En resumen, tan solo en los períodos bélicos de 1898 y 1936 se han padecido semejantes destrozos en la economía y las finanzas españolas. Sin embargo, haciendo caso del mensaje oficial, según el documento “España puede” elaborado por el Gobierno, estas ayudas “permitirán no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”. O sea, todos vamos a ser felices y comeremos perdices.

En marzo de 2018, Pedro Sánchez tildó al Gobierno de Rajoy de «indecente» por permitir la subida de la luz. «No les parece suficiente la pérdida de poder adquisitivo con las subidas del IBI, las facturas de luz y gas, o de la cesta de la compra, que ahora el Gobierno de Rajoy suprime la ayuda de 200€ a pensionistas en apuros con casa en propiedad. Indecente».

La realidad es que, frente a esta salvaje escalada de precios en el recibo de la luz, al gobierno no se le ocurre más que poner en marcha el nuevo sistema de tarifas para tratar de mejorar la imagen del Gobierno en este terreno, a la par que tratar de trasladar muy hábilmente la responsabilidad del precio final que se pague a cada uno de los propios usuarios, estableciéndose para ello unos tramos de consumo con diferentes precios para que, dependiendo de la hora del consumo se pueda tener una tarifa diferente, tal y como si los usuarios tuviésemos realmente capacidad para controlar el rango de la factura eléctrica. En realidad, esta nueva tarifa no es más que una estafa que una vez más no va a dar respuesta a las necesidades de contención y disminución del pago del recibo de la luz para las clases más humildes tal y como vienen denunciando los ciudadanos en las calles y las principales asociaciones de consumidores. Tal como le espetaba en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez a Mariano Rajoy por el incremento de la factura: “otro golpe del gobierno a las familias”.

Desde mi punto de vista, la única solución real al problema de la subida de la factura de la luz para millones de personas que ven cada día más dificultades para hacer frente al pago de los suministros de energía básicos pasa por la nacionalización de todas las compañías eléctricas y de toda la producción energética, sin indemnización de ningún tipo. Para ello será tan necesario como urgente que la sociedad en su conjunto establezca un plan de lucha que aglutine en los barrios, centros de trabajo y lugares de estudio a todos los sectores implicados. El debate queda abierto.