Preguntando un día a Pablo Iglesias por la causa penal sobre las cuentas de su partido que un Juzgado de Madrid acababa de abrir, éste declaraba que estar bajo investigación era el estado natural de Podemos, y que el asunto quedaría en nada como había ocurrido con tantos otros. De lo primero no existe duda alguna si tenemos en cuenta que desde la fundación de Podemos las dudas sobre su financiación y manejo de fondos han sido continuas. De lo segundo tendrán que ser los tribunales quienes dicten sentencias en un sentido u otro.
El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), donde trabajaron algunos de los desde Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hasta Carolina Bescansa, Sergio Pascual y Luis Alegre-, está sumido desde hace meses en el ojo del huracán tras las informaciones que relacionan a esta entidad con la financiación irregular del partido morado. Dicha fundación y sus miembros trabajaron para el régimen venezolano de Hugo Chávez y otros gobiernos de la órbita bolivariana, como el de Rafael Correa en Ecuador.
El primer escándalo que saltó sobre financiación de Podemos provino de la otra parte del charco, y se centró en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que aglutinaba a dirigentes del partido en ciernes como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre. De hecho, entre los años 2004 y 2012 el Gobierno de Venezuela transfirió al CEPS la cantidad de 3,9 millones de dólares por variados conceptos, principalmente el de asesoría política, aunque también hubo 150.000 euros del chavismo para Alegre por el premio Libertador al Pensamiento Crítico.
Más tarde, sería la propia Asamblea de Venezuela quien cifraría la cantidad total de dinero transferido al CEPS en 7,2 millones de dólares. En ocasiones, las sospechas se centraron en algún que otro dirigente en particular. Es el caso del omnipresente Juan Carlos Monedero, que percibió la cantidad de 425.150 euros por la elaboración de un informe para Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador sobre cómo acuñar una moneda común, cantidad percibida a través de una sociedad instrumental – Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L. -, la cual fue declarada a la Hacienda española a través del Impuesto de Sociedades y no, como debería de haberse hecho, en concepto de IRPF.
La trayectoria bolivariana de Monedero comenzó en 2004. Esa es la fecha de inicio de recepción de pagos por parte del Gobierno Venezolano al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), entidad propiedad de Monedero, según consta en el registro de fundaciones del ministerio de Cultura español. Los ingresos de dinero se efectuaron hasta 2012 y sumaron alrededor de cinco millones de dólares. El epicentro de la colaboración de Monedero con el gobierno venezolano a cambio de sustanciosas sumas de dinero tiene lugar en 2005, cuando el desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez creó el Centro Internacional Miranda y contrató a Monedero como responsable de la formación de cuadros e ideología de esa cantera de jóvenes bolivarianos (El Comercio de Venezuela, 1 de marzo de 2015).
Otra de las formas para la financiación de Podemos fue la establecida con el Gobierno boliviano de Evo Morales. De hecho, una información pública desvelada por el diario El Mundo, el expresidente de Bolivia habría pagado entre 2017 y 2018 la cantidad de 1,3 millones de dólares a la consultora de Podemos Neurona Consulting, una empresa que desembarcaría en España a los tres meses de realizarse los pagos para ponerse a trabajar en las campañas electorales de Podemos, aunque nunca quedó muy claro qué había detrás de tan generosos emolumentos.
El Gobierno de Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales pagó al menos 1,3 millones de euros a la consultora mexicana Neurona Consulting, estrechamente vinculada a Podemos, entre 2017 y 2018.
A raíz de la visita realizada por Pablo Iglesias a Bolivia para participar en el acto de la toma de posesión del presidente Luis Arce, junto con el jefe del Estado, Felipe de Borbón, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el vicepresidente segundo del gobierno de España y lider de Podemos, Pablo Iglesias, lograba reunirse de manera extraoficial, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Luis Arce, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los ex mandatarios Evo Morales, Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil) y Alexis Tsipras (Grecia) para proceder a la firma de un texto bautizado como “Declaración de La Paz”, del cual quedaría desvinculado el ejecutivo de Pedro Sánchez por entender que el mismo se circunscribía a una posición personal e individual de Pablo Iglesias, pero este no había plasmado gratuitamente su firma en el acuerdo de marras, sino por el interés personal que tenía sobre cierto asunto: poner punto y final a la investigación judicial del caso Neurona que estaba siendo investigada por el desvió de 1,6 millones de dólares del Gobierno de Morales, resultando que, de manera sorprendente, a los pocos días la Fiscalía boliviana daba carpetazo a la investigación abierta sobre Neurona Consulting, según la resolución número 01/2021 de la Fiscalía, acordando el sobreseimiento de la causa que afectaba a 17 imputados, trabajadores del Ministerio de Comunicación que intervinieron en la contratación de Neurona Consulting.
De esta manera, la fiscal Rocío Feraudi ponía punto y final a esta causa después de haberla tenido durante más de un año paralizada, después de asegurar que en el tiempo transcurrido no ha podido averiguar la participación de los imputados en los hechos delictivos. Una tarea muy difícil, por no decir imposible, cuando lo cierto fue que no existe ni una sola diligencia realizada durante la investigación abierta para tratar de averiguar la realidad de los hechos.
Ni siquiera el propio Tribunal de Cuentas, después de revisar estas y otras actuaciones financieras de Podemos, sacaría nada en claro, aunque también indagaría en la financiación del partido mediante crowdfunding, donde un informe elaborado por el organismo mostraba las incoherencias y deficiencias en la recaudación de 100.000 euros a través de las microdonaciones para las europeas de 2014, de las cuales, la mitad figuraba como aportación de personas o entidades que nunca fueron identificadas correctamente. Eran “nuevas formas de algo muy viejo”, resumió el entonces presidente del tribunal, que también pidió justificar gastos de las elecciones generales del 28-A por valor de 1,6 millones de euros.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró sorprendido por su encuentro con el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, a quien consideró un político «muy visionario, solidario y con un profundo sentimiento humanitario». Iglesias viajó acompañado de la diputada Irene Montero (EFE, 11-11-2017)
Otras vías de financiación sería la establecida a través de la productora “360 Global Media”, vinculada a Podemos, que habría recibido al menos 9.300.000 euros, según los informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) entre los años 2012 y 2015, siendo una de las entidades bancarias más utilizadas por las empresas sospechosas y señaladas por el organismo policial en sus informes el National Bank of Dubai (Emirates NBD). A través de esta entidad bancaria las cantidades de dinero percibidas eran transferidas a otras cuentas españolas a nombre de la promotora podemita, hasta un monto de 9.300.000 euros procedentes de Irán.
El programa de televisión Fort Apache, presentado por Pablo Iglesias, emitió a finales de junio un capítulo sobre la crisis que vive Nicaragua desde el pasado abril. La tertulia política, dirigida y moderada por el líder de Podemos, ha levantado grandes suspicacias en algunos sectores izquierdistas, hasta tal punto que el vídeo ha sido eliminado de YouTube: “El programa de Pablo Iglesias, Fort Apache, haciéndole propaganda a la oposición asesina y criminal de Nicaragua, financiada por los EEUU y la ultraderecha, que está quemando personas vivas por las calles” critica el usuario de Twitter Bajo el Cielo de Moscú (22-08-2018).
La productora “360 Global Media”, dirigida por el ciudadano iraní Mahmoud Alizadeh Azimi, producía programas como Fort Apache o La Tuerka, emitidos por Hispan TV que eran presentados por Pablo Iglesias y otras personas de su entorno en Podemos.
Sin embargo, después de un arduo trabajo de investigación, consultando a muchas personas y todo tipo de información, estamos en condiciones de poder afirmar que la financiación de la fundación CEPS, germen del partido de Podemos, llegaba de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Habiendo quedado demostrado fehacientemente que CEPS aparece registrada como ONGD en la página web de la AECID, se puede concluir, tal y como aparece en la foto adjunto, que detrás de la financiación de la fundación gérmen de Podemos no están ni Rusia, ni Irán ni Venezuela, sino la AECID, una agencia gubernamental española que ha sido acusada de desestabilizar, en plena sintonía con los intereses de Washington y la OTAN, países como Cuba, Venezuela, Libia, Siria, Egipto… Y un largo etcétera.
Ahondando más en el historial de esta agencia estatal fundada en 1988, descubrimos que la AECID ha estado implicada también en diversos intentos de desestabilización en países como Cuba – financiando a medios y publicaciones anticastristas al menos desde el año 2000 -, y Venezuela, formando y asesorando al opositor Leopoldo López, a veces en compañía de otras agencias y ONGs vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses.
Así pues, todo indica que estamos ante la filial española de un tipo muy específico de oenegés, en su mayoría vinculadas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que suelen hacer gala de un mensaje filantrópico al “defender los Derechos Humanos”, “Cooperar en el Desarrollo” o “Promover la Democracia”, pero que en realidad suelen mover los hilos detrás de aparentes “revoluciones espontáneas” que en la mayoría de los casos no son más que burdas escenificaciones para encubrir auténticos golpes de Estado planificados y promovidos desde Washington.
Estaríamos hablando, por tanto, de una AECID que sería la contrapartida española de agencias gubernamentales u oenegés como la USAID, NED, IRI, NDI, Freedom House o el Open Society Foundations del judío sionista húngaro George Soros. Todas ellas instituciones y organizaciones que suelen entrometerse en la vida política y social de naciones soberanas bajo la excusa de defender ciertos ideales “humanitarios” como la “ayuda a la cooperación al desarrollo”, la “defensa de los Derechos Humanos” o la “promoción de la democracia”, muchas de las cuales reciben financiación de fondos de gobiernos occidentales, y que han jugado un papel preponderante en supuestas “revoluciones espontáneas”, verdaderas tapaderas de auténticos golpes de Estado dirigidos desde Washington, tales como los ocurridos en la llamada “Primavera Árabe”.
Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, concejal y sobrino de la exalcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, para muchos el verdadero “alcalde en la sombra”, durante su etapa como Subdirector General de Fomento e Innovación Empresarial del Ministerio de Economía, con el pepero Luis de Guindos, pasaría a desarrollar sus labores en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
Los primeros indicios de que estamos ante una agencia que sigue los dictados geoestratégicos de Estados Unidos nos remiten ya al año 2000 y nos dirigen hasta la actividad de la AECID en la Cuba de Fidel Castro donde, según una investigación publicada en 2009 por Pascual Serrano y reproducida en el portal Rebelión, la AECID, junto a otras ONGs y fundaciones ligadas a la CIA, habían financiado a medios anticastristas para provocar la desestabilización del gobierno cubano. El artículo en cuestión lleva por título “Guerra fría cultural contra Cuba: Gobierno español, estadounidense y fundaciones privadas se unen para financiar el proyecto anticastrista Encuentro” y, entre otras cosas, expresaba lo siguiente: “La asociación Encuentro de la Cultura Cubana, editora en Madrid de la revista Encuentro, recibió en 2008 una subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de 400.000 euros, para un proyecto que contaba, entre otros, con un portal de Internet http://www.cubaencuentro.com, más 100.000 euros en otra partida presupuestaria posterior”.
Esta asociación anticastrista no solamente recibía fondos de esta institución ya que, según su página web, “para llevar a la práctica sus proyectos, la Asociación Encuentro de la Cultura Cubana ha contado con el apoyo de numerosas instituciones”, entre los que nos podemos encontrar con organismos del propio gobierno español, tales como la citada Agencia Española de Cooperación Internacional o la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura; Gobiernos regionales españoles (Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma de Cantabria y Gobierno de Aragón); una institución europea (Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, Comisión Europea); Banca pública española (Fundación ICO, Fundación Caja Madrid); instituciones ligadas al gobierno estadounidense (National Endowment for Democracy, The Ford Foundation, The Open Society Institute, Cuba Study Group) y organizaciones ligadas a la internacional socialdemócrata (Centro Internacional Olof Palme de Suecia y Fundación Pablo Iglesias de España).
!!!Cuanto cinismo, cuanta desvergüenza en la política de la Unión Europea sobre los refugiados. Cuanto vasallaje hacia los Estados Unidos, que agitan y encienden guerras por doquier!!! Y ahora quienes han introducido mercenarios, financiado campañas en contra del presidente legítimo de Siria, apoyado como oposición a quienes solo son asesinos a sueldo, quienes han sufragado la formación militar de «rebeldes» y «opositores» y los han armado, quienes han apoyado el engendro del Estado Islámico, ISIS o Daesh, se sorprenden ante la avalancha de refugiados sirios que huyen de las guerras (Purificación González de la Blanca, el 8 de setiembre de 2015)
Según denuncia Purificación González de la Blanca, cofundadora del colectivo “Ojos para la Paz”, la AECID, a través del “Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo árabe (MASAR)”, ha estado formando, financiando e incluso armando a miembros de la oposición siria que lucha contra Bachar El- Assad. Y lo peor es que semejante actividad injerencista y desestabilizadora, la cual costeamos sin saberlo todos los ciudadanos españoles, ha sido realizada en estrecha colaboración con otras fundaciones, instituciones y Think Tanks españolas financiadas por lo más granado de las elites globalistas, como FRIDE, el Club de Madrid o la fundación FAES del ínclito ex-presidente José María Aznar. También colaboran en este proyecto imperialista importantes medios como ABC, el Mundo o el País. Por si no fuera suficiente, destacados miembros de la AECID, como el abogado López-Medel, llegaron a expresar públicamente su posición pro-estadounidense al exigir el envío de tropas de combate de la UE a Ucrania para buscar la confrontación directa con Rusia.
Domicilio social de la CEPS en el número 8 de la valencia calle Carniceros.
Inmersos en nuestras investigaciones, las mismas nos llevan a considerar el importante papel que jugaron estas ONGs de Cooperación para el Desarrollo (ONGD) en el apoyo al movimiento del 15M. No sólo descubrimos que todas estas organizaciones dependen de los fondos de la AECID, sino que su compromiso con el movimiento de los indignados fue tan intenso que, como ocurre con el caso de Pobreza Cero, formaron parte de las convocantes de las manifestaciones conmemorativas del 15M en ciudades como Valencia.
Por supuesto, este hecho contiene profundas implicaciones y explica muchas de las anomalías que veníamos detectando en torno a la posición de Podemos sobre determinadas cuestiones geopolíticas, como su compromiso en defensa de la OTAN. Al respecto, resulta muy significativo la posición del filósofo Santiago Alba Rico, uno de los fundadores de este partido, apoyando abiertamente las agresiones militares de la OTAN en Libia o al golpe de Estado en Ucrania -, cuando no de su propio lider, Pablo Iglesias, mostrando su profesado entusiasmo hacia personajes como Barack Obama.
De repente, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) dejaba de funcionar sin explicación alguna por parte de la dirección, quitando su página web del servidor, según se recoge en el diario digital La Marea del 4 de marzo de 2016. Y, lo ha hecho de una forma tan discreta que su desaparición ha pasado prácticamente desapercibida.
La verdad es que, desde que Podemos se presentó en Madrid, la Fundación CEPS y sus integrantes han venido siendo objeto de un gran número acusaciones desde diferentes medios sobre la financiación ilegal de la organización podemita, algo que la formación viene desmintiendo de manera reiterada: “Es una mentira interesada relacionar una fundación como CEPS con las cuentas de Podemos, que son transparentes”, defendía Juan Carlos Monedero en junio de 2014. Sin embargo, los envites mediáticos no han cesado y estos son una de las principales razones de que CEPS haya decidido poner fin a su actividad. Es decir, sacrificarla para tratar de apagar los fuegos.
Rubén Martínez Dalmau y Pablo Iglesias en un mitin electoral en Velencia. Apenas un mes después de la entrada de Podemos en el Gobierno valenciano, la Conselleria de Transparencia exigió a la Fundación CEPS, embrión de la formación morada, la devolución de 21.000 euros de una subvención concedida en 2010 que no se consideraba justificada. El Ejecutivo autonómico publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado al no encontrar el domicilio de la fundación para enviar la notificación en la que pedía el retorno de los 15.000 euros de subvención y poco más de 5.000 en concepto de intereses. Los responsables de la Fundación guardaron silencio sobre esta cuestión y no quisieron hacer comentarios sobre el proceso administrativo a seguir, pero la Conselleria de Transparencia recibió el pago por el importe reclamado y el mismo concepto, Un pago que fue realizado forma anónima como si se tratara de una multa, explicaron fuentes del departamento de Transparencia, que dirige la consellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez. (16-12-2019).
Pero la desaparición del CEPS no evitó, ni mucho menos, que desde el entorno de Podemos surgiera una nueva entidad centrada en mantener la colaboración con el chavismo y el correísmo. Nos referimos al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), creado en los comienzos de 2014, coincidiendo con el nacimiento de Podemos y con la desaparición de la Fundación CEPS. Este nuevo organismo tiene su sede en la capital ecuatoriana de Quito, y sus oficinas están ubicadas en las dependencias del Instituto de Altos Estudios Nacionales, un organismo público que maneja un presupuesto anual de casi cinco millones de euros. La creación de esta nueva entidad está directamente relacionado a altos cargos de Podemos como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, pero estos no estuvieron solos a la hora de impulsar el CELAG. A ellos se sumaron otros altos cargos de Podemos como su Secretaria de Acción Institucional, Auxiliadora Honorato, o su Secretario de Organización, Sergio Pascual.
En la foto Rocio del Val, Juanma del Olmo y Daniel de Frutos. De la relación de Neurona con Podemos, el Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables de entre 400.000 y 600.000 euros. Detrás de todo ello planea la sombra de Juanma del Olmo, el responsable de aceptar los pagos de la formación hacia la consultora. Neurona se había creado tan solo un mes antes de la adjudicación del contrato y tanto Rocío Val como Daniel de Frutos dieron presuntamente el visto bueno.
En la actualidad, los tiros apuntan hacia la Consultora Neurona donde la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado recientemente una batería de escritos para responder a los recursos de las acusaciones y defensas en el caso que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde su titular Juan José Escalonilla ha imputado a Podemos como persona jurídica, así como a Juan Manuel del Olmo, responsables de las campañas, junto al tesorero y la gerente, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, por una supuesta financiación ilegal.
Sí, estamos hablando del madrileño Daniel de Frutos Ramírez, el mismo de Frutos que comparecía en el Senado aquel 13 de julio de 2017 para lanzarse a la yugular de la organización criminal del PP, recordándoles que el tal Bárcenas, su tesorero, había declarado en sede judicial que el PP tenía una contabilidad extracontable. El mismo que se había integrado en Podemos a principios del año 2015 presentándose como “financial controller en un grupo del sector de la moda”, cuando en realidad trabajaba para un emporio poco lúcido en el mundo político en el que acababa de adentrarse: Retouch Brands París Hilton Handbags&Accessories, la empresa de bolsos y accesorios de la celebrity y millonaria norteamericana, de tal manera que, seducido por la transparencia y el control de cuentas de Podemos, prometía aportar su experiencia al partido, entrando en el área de Finanzas y Transparencia hasta que, después de la victoria de Pablo Iglesias en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II sería catapultado a jefe del departamento, relevando al errejonista Segundo González.
CELAG, la empresa ecuatoriana fundada por exbecarios Prometeo, y Neurona Consulting, la consultora mexicana investigada en Bolivia, tienen vínculos a través de Ecuador con militantes del partido de Podemos. Un nombre se repite cuando se revisan los integrantes de las directivas o de los “tanques de pensamiento” de ambas empresas: Juan Carlos Monedero, que no solo es parte del consejo consultivo de CELAG, sino que también admitió él mismo que trabajó con Neurona Consulting.
En otro frente abierto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta a “una posible existencia de indicios sugerentes de responsabilidad penal” en las cuentas de Podemos de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En concreto, considera que la jurisdicción penal debe investigar el contrato suscrito por la formación morada con la consultora Neurona, al sospechar que los servicios que supuestamente se contrataron no se hayan prestado nunca. Como quiera que el Tribunal de Cuentas no es competente en materia penal pide que los pagos a la empresa Neurona sean investigados por la vía penal.
En este mismo escenario, el juez que instruye el caso sobre la presunta financiación irregular de Podemos, Juan José Escalonilla, considera acreditado que la consultora Neurona Comunidad, que recibió de Podemos 363.000 euros para efectuar trabajos para las elecciones de abril de 2019, realizó pagos sin contratos, según consta en un auto de 17 de noviembre. «De los extractos de su cuenta bancaria consta acreditado que tampoco ha contratado prestación de servicios a terceras empresas», concluye el juez sobre las cuentas de la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero. De esta forma, el instructor descarta que la firma mexicana dirigida por el politólogo César Hernández Paredes subcontratara a otra empresa para realizar los trabajos que le encargó la formación de Pablo Iglesias.
El contrato referido de Podemos con la consultora Neurona sigue en el foco tanto de la Justicia como del Tribunal de Cuentas, entre otras cuestiones, porque la documentación aportada por los podemitas al órgano fiscalizador dibuja un calendario de fechas imposibles, lo que no hace sino más que acrecentar todas las dudas y sospechas. Para empezar, el borrador del contrato, tal y como se muestra en la imagen adjunta tiene la fecha del 27 de febrero de 2019 y la empresa fue inscrita el 19 de marzo en España, y porque, tal y como sigue advirtiendo el Tribunal de Cuentas en su informe, el partido podemita, después de que fuera requerido para que aportara documentación sobre la consultora, con un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios prestados para poder valorarlos económicamente, el partido envió un contrato de prestación de servicios por importe de los ya mencionados 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes el 6 de mayo de 2019, cuando la factura correspondiente a dicho contrato se había emitido el 5 de abril.
Borrador del contrato establecido entre Podemos y la consultora Neurona.
Por si no fuera suficiente, la mismísima Tesorería de la Seguridad Social ha constatado que la filial española de la Consultora Neurona no tiene ningún trabajador dado de alta en sus bases de datos, tal y como queda certificado en el documento que este organismo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que concluye que “no se ha localizado en los registros ninguna empresa de razón social Neurona Comunidad, S.L.” De esta forma se reconfirma lo que ya había apuntado la Fiscalía de Madrid apuntando a esta entidad como una mera sociedad instrumental.
Documento de la Tesorería de la Seguridad Social certificando la no existencia de trabajadores en Neurona Comunidad, S.L.
El informe del Ministerio Público, con fecha 7 de setiembre, ya había advertido al juez Juan José Escalonilla que “no constan gastos de personal, medios materiales o locales” en la información bancaria remitida por Bankinter en relación con Neurona Comunidad y que, por el contrario, los “gastos corrientes que figuran en los extractos de su cuenta corresponden a fines completamente ajenos al desempeño de trabajos electorales, que era el objetivo oficial de su contratación, tales como gastos en “Burguer King, Uber o Museo del Jamón”, pero también en el pago de “comisiones” al letrado que ha gestionado la entidad, Elías Castejón.
Vivienda de la supuesta sede en la localidad mexicana de Guadalajara de la sociedad en la que terminaron los pagos de Podemos.
Dentro de todo este entramado que, junto a la consultora Neurona, permitió a la organización morada sacar dinero de España con apariencia de legalidad y retornar los fondos electorales en beneficio presuntamente de los cabecillas de la formación morada, aparece también otra de las piezas que van conformando el puzle. Se trata de la empresa La Nave Comunicación Digital, S.L., una empresa propiedad de la directora de Comunicación de la ministra Irene Montero, Clara Alonso Jiménez, periodista y exjefa de prensa de Izquierda Unida, que es señalada como testaferro en la denuncia que ya se encuentra sobre la mesa del juez que instruye el caso Neurona, Juan José Escalonilla.
Vivienda privada en el número 5 de la calle Peña Sirio de Madrid donde figura el domicilio social de la empresa La Nave Comunicación Digital, S.L., propiedad de Clara Alonso Jiménez, que tiene como objeto social «agencia de publicidad, relaciones públicas y comunicación y servicios de representación de medios de comunicación». Una labor similar a la de Neurona. No tiene ni un sólo trabajador, según consta en el registro mercantil, pero facturó en 2019 más de 270.000 euros.
El funcionamiento de esta red era el siguiente: primero se realizaban transferencias desde las cuentas de Podemos a la consultora Neurona Consulting, justificando estas en base a trabajos inexistentes y esta empresa mexicana presuntamente desviaba dichos fondos – a través de sociedades instrumentales – a la mercantil de Clara Alonso. De esta manera, los líderes podemitas conseguían hacerse dueños de los dineros públicos. El modus operandi de Neurona es el mismo que en La Nave. Es decir, son “empresas” que se constituyen justo antes del inicio de los procesos electorales en los que participa Podemos; facturan grandes cantidades de dinero sin tener empleados en la plantilla; mantienen estrecha relación con miembros del partido morado; están vinculadas con países latinoamericanos; y no constan los servicios prestados por ambas sociedades. De ahí que el juez instructor del caso Neurona, haya solicitado la apertura de una investigación sobre la sociedad de Clara Alonso dado que existen indicios más que suficientes de que su empresa pudiera estar presuntamente vinculada a los hechos investigados en el procedimiento.
Al final, hasta que los tribunales de Justicia dicten sentencia, lo que se sabe es que la mayor parte de los fondos que la formación liderada por Pablo Iglesias adjudicó a la empresa Neurona durante la campaña para las elecciones generales de abril de 2019, terminaron en una sociedad instrumental denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin ninguna experiencia en la prestación de los referidos servicios, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada, en el número 4248 de la Avenida Tepeyac de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco.
Cánovas ha pedido al juez que investigue si las donaciones a la «caja de solidaridad» encubren una supuesta operativa de malversación y blanqueo. «Las donaciones deben destinarse a fines sociales. Al principio sí se dijo que se votó entre la militancia el destino de esos fondos, aunque yo jamás voté nada, pero luego nunca más se supo y pasó a decidirlo el partido, que ya sabemos quiénes son. Yo doné 25.000 euros en dos años y pico y no sé dónde han ido a parar».
De momento, el juez del caso Neurona ha aplazado al 3 de junio la comparecencia prevista para el 25 de mayo de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas a la que quiere escuchar por entender que tiene un “conocimiento directo” sobre los hechos investigados, que se centran en la presunta financiación ilegal de la formación podemita, accediendo el juez Escalonilla a la petición formulada por la exsenadora Cánovas, que le había pedido la fijación de otra fecha para su comparecencia porque el 25 de mayo tiene dos juicios debido a su profesión de abogada.
En los Intocables de Eliot Ness, la justicia logró meter a Don Alphonse Gabriel Capone “Al Capone” en la cárcel cuando su contable confesó al menos uno de sus delitos: evasión de impuestos. En la ficción y en la realidad, los hombres de las cuentas – los Bárcenas y de Frutos – siempre son los que lo saben todo.