El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de CECALE, Santiago Aparicio, aplauden tras la firma del acuerdo del Ejecutivo nacional con los agentes sociales para reformar las pensiones, a 1 de julio de 2021, en Madrid .
A lo largo de la historia, el mundo del crimen ha cambiado muy poco, solo en su aspecto tecnológico tanto en la ejecución como en la investigación, pero los móviles, al margen de los crímenes pasionales, siguen siendo los mismos, esto es el poder del dinero. Por lo tanto, para descubrirlo y desenmascarar a sus responsables nos hemos propuesto seguir el rastro del dinero.
En nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.
Una estrategia, por cierto, impulsada desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.
Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.
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Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han rechazado que la denominada generación del «baby boom» (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970) tenga que sufrir ajustes en sus pensiones. En declaraciones a los medios tras la firma en La Moncloa del acuerdo para la reforma de la pensiones, Álvarez y Sordo han reaccionado a las declaraciones a primera hora en TVE del ministro de Inclusión, Seguridad Social, José Luis Escrivá, donde ha avanzado que la puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional supondrá «un pequeño ajuste en su pensión» para estas cohortes de edad.
No se trata de ningún globo sonda del gobierno, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el ministro Escrivá, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresa y los llamados sindicatos mayoritarios de CC.OO. y UGT – son accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno -, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión. Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas.
Pero, hablar de las pensiones es hablar de un tema de suma importancia que afecta a diez millones de hombres y mujeres que, por pura biología no solo se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino que debido a su statu quo sobrevenido tiene negado optimizar su capacidad renta. Está más allá de la vida laboral, y un porcentaje considerable depende de esa asignación para cubrir sus necesidades vitales, al contrario de los trabajadores en activo que, teóricamente, pueden prosperar, salarial y profesionalmente.
De ahí, la necesidad de seguir exigiendo, como lo vienen haciendo en la calle las mareas pensionistas, el blindaje de nuestras pensiones en la Constitución como uno de sus derechos fundamentales, que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.
Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos, capaces de tirar un gobierno abajo cuando se lo propongan, están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo. De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionado por la ultima reforma, de tal manera que cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad.
Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho, pero una cosa muy distinta es aprovechar la crisis pandémica para aplicar la doctrina del miedo, manipulando el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Antes del harakiri que algunos pregonan como salida del atasco, sería más que necesario tratar de que el país cambiase hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; buscando el pleno empleo con mejores retribuciones; aumentando la productividad y las inversiones para dotar al tejido industrial de músculo competitivo; acabar con la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la UE, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); combatiendo el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción, a la vez que destopando al alza las cotizaciones de las carreras salariales VIPS…
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad producirá un “ajuste moderado” sobre la pensión de los llamados ‘baby boomers’. Escrivá, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que el acuerdo de pensiones alcanzado con los agentes sociales define en términos generales lo que es este mecanismo, que aún está por concretar, para lo que las partes se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre. Una vez listo, la idea es introducirlo en la reforma a través de una enmienda al proyecto de ley (01-07-2021)