OPACIDAD EN LAS RESIDENCIAS

El 19 de marzo de 2020, en pleno confinamiento de toda España, el Consejo de ministros delegaba en el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno, Pablo Iglesias, la coordinación de los servicios sociales y las residencias de ancianos en las comunidades autónomas, insistiendo en la rueda de prensa sobre la urgencia de “medicalizar” unas residencias “desbordadas” y “sin los equipos de protección individual necesarios”. “Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona queda desamparada en esta situación”. Después de haber transcurrido un año, Pablo Iglesias ya no está sentado en el Consejo de ministros y, en las residencias de España, la epidemia ha segado la vida de 40.000, yéndose Pablo del gobierno sin haber pisado un solo centro residencial. 

Con la muerte pandémica de más de 40.000 ancianos muertos en las residencias de mayores, estos auténticos pretanatorios quedaron convertidos en uno de los principales motivos de  preocupación, imponiéndose tan necesario como imprescindible la tarea de abrir una verdadera investigación en los Parlamentos Autonómicos y Congreso de los Diputados, con la participación efectiva de familiares y trabajadores de las residencias para saber y entender qué fue lo qué pasó realmente en estos pretanatorios y quienes fueron los actores, identificando errores para corregirlos, sobre todo para que no vuelvan a ocurrir, a la vez que exigiendo las responsabilidades políticas y penales que se deriven de las actuaciones, tanto por acción como por omisión.

Al adentrarse en los establecimientos la primera conclusión que sacamos es que nos encontramos ante un modelo sin ninguna transparencia y una falta de control por parte de los responsables de su gestión. Es decir, un sistema con escasas o inexistentes inspecciones, que impone sanciones a menudo irrisorias, dejando muy frecuentemente en la mayor de las indefensiones a sus internos que, un día tras otro, ven cómo sus quejas se van amontonando sin que nadie las atienda.

Sin salir de Asturias, con fecha 3 de setiembre de 2020, sería la mismísima Fiscalía quien denunciaba ante un juzgado a la directora de la residencia geriátrica San Carlos, de Gijón, al considerar la existencia de indicios de maltrato, lesiones, amenazas, contra la integridad moral y vejaciones injustas contra los internos de este centro privado, basados en la denuncia de vídeos grabados por los propios trabajadores del centro donde se pueden escuchar expresiones vejatorias vertidas por la directora a varios residentes, grabaciones a las que la Consejería, ante la sospecha de que se estuviera produciendo no solo un trato inadecuado y vejatorio sino también un maltrato físico por parte de la directora, añadió varias fotografías de internos donde se aprecian hematomas y un parte médico de una de las residentes que trasladó a la Fiscalía.

” Esta situación fue presenciada por una gerocultora que denunció los hechos, lo que llevó a incoar diligencias de investigación por parte de la Fiscalía que, el pasado 28 de octubre recibió nuevas actas de inspección realizadas por el Servicio de Inspección y Calidad de la Consejería como consecuencia de nuevos audios grabados por trabajadoras del centro residencial de San Carlos, en Gijón, sobre hechos similares” (La Voz de Asturias, 17 de febrero de 2021)

Siguiendo la ruta iniciada desde Asturias, llegamos a Madrid donde nos encontramos con otra denuncia presentada el pasado 11 de abril de 2019 por la Fiscalía de Madrid contra tres trabajadores de la residencia Los Nogales de Madrid por malos tratos físicos y psicológicos a los que supuestamente habían sometido a dos ancianas que tenían a su cargo. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha podido comprobar fehacientemente que estos malos tratos no solo afectaban a dos de las ancianas ingresadas de la residencia mencionada, sino que estos se extendían hacia otros ancianos internos en el establecimiento, según el escrito remitido a la empresa matriz de la residencia y al Área de Servicios Sociales firmada por 120 familiares de los residentes, entre los que denunciaban “problemas de nutrición, de asistencia e higiene, así como falta de personal cualificado”.

La Comunidad de Madrid ahora ha admitido que conocía la denuncia que presentaron los familiares de los ancianos de la residencia, aunque en la inspección que se encargó no detectaron nada extraño. La empresa que gestiona el centro se enfrenta a una sanción que puede llegar a los 600.000 euros y a la inhabilitación de su directora. La Fiscalía de Madrid presentó el pasado martes una denuncia contra tres trabajadores de la residencia Los Nogales por malos tratos físicos y psicológicos a los que supuestamente sometieron a dos ancianas que tenían a su cargo. Pero estos malos tratos no solo afectaban a dos de las ancianas ingresadas, sino que afectan a 120 familias que han firmado un documento para denunciar las irregularidades del centro (PUBLICO, 12 de abril de 2019).

No obstante, sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la dirección de la compañía, los servicios de la Comunidad de Madrid, si bien en una primera respuesta manifestaron que se trataba de una mera queja y no de una denuncia, incidiendo, además, en que los servicios sociales encargados de realizar las inspecciones oportunas no habían detectado ninguna irregularidad que pudiera poner en jaque a la residencia, sin embargo todo cambió cuando comprobaron que la empresa les estaba ocultando las denuncias y quejas de los familiares, proponiendo la inhabilitación de la directora de Los Nogales por un plazo de cinco años, así como una sanción de 78.622 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que “ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios”.

Estas decisiones se tomaban después de que inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hubiesen realizado sendas visitas al centro y elaboraran las actas correspondientes, considerando como falta muy grave los hechos denunciados por la Fiscalía, incoando un procedimiento sancionador, en base al artículo 30 de la ley 11/2002 de 18 de diciembre, en el que proponen una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros, quedando la decisión supeditada a la resolución judicial en curso puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

“La alcaldesa de Ciempozuelos ha explicado a Efe que recibió el vídeo anoche y que pudo hablar con el director de la Residencia Las Vegas, que también era conocedor de los hechos y que emplazó a las familias a una reunión en la mañana este viernes para explicarles “qué medidas se han tomado”, ha señalado la regidora. Ha anunciado que el Ayuntamiento de Ciempozuelos también tomará medidas legales para que “se puedan castigar estos hechos tan deleznables” (PUBLICO, 2 de octubre de 2020)

Apenas si salimos de Madrid cuando otras familias de usuarios en la Residencia de Personas Mayores Las Vegas de Ciempozuelos denunciaban ante la Guardia Civil una situación de maltrato a una anciana del centro por parte de una trabajadora, abriendo una investigación sobre los hechos ocurridos tras recibir un vídeo grabado en sus teléfonos móviles. Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales donde se puede ver a la anciana tirada en el suelo, tras haberse caído de su silla de ruedas: “¿Qué haces ahí, tirada en el suelo?”, le pregunta la trabajadora a la vez que grababa la escena, para mofarse de ella a continuación diciendo: “Hemos llegado a la casa del terror”, poniendo voces tenebrosas a la vez que rechazaba prestar ayuda a la anciana, que le extendía sus brazos desde el suelo. Cuando la mujer, vestida con un camisón, calcetines y con una venda en la mano, intentó agarrarse a la silla de ruedas para intentar ponerse en pie, la trabajadora del centro le decía: “No, deja eso”.

En nuestro recorrido por el país, tenemos que recordar necesariamente el drama ocurrido en julio de 2015 a causa de un incendio producido por la noche, cuando sus 19 internos se encontraban durmiendo, con varios de ellos amarrados a la cama con sujeciones que no les permitieron escapar, en la residencia privada Santa Fe en Cuarte de Huerva, perteneciente al término municipal de Zaragoza, con el resultado de ocho ancianos muertos y doce heridos, entre ellos la única cuidadora que había en aquel momento, siendo el origen del incendio un colchón incendiado de forma intencionada por una de las residentes que le había dicho en reiteradas ocasiones a su hijo que ella no quería permanecer por más tiempo en aquel infierno.

Este incendio es el que mayor número de víctimas mortales ha causado en una residencia de ancianos en España durante los últimos quince años, con el balance de 50 de muertos por incendios de este tipo en nuestro país.

Durante la investigación de los hechos ocurridos en la residencia aragonesa se supo que la residencia venía funcionando desde 1988, pese a que nunca había obtenido licencia definitiva para su apertura y a que en 1998 se le había negado una licencia de obras para su acondicionamiento. Aquel pretanatorio, llamado irónicamente residencia geriátrica, carecía de los obligados sistemas de detectores de humo y ninguno de sus trabajadores habían recibido formación alguna para actuar para casos de incendio: “el funcionamiento de la residencia, además de ser ilegal, constituía un lugar carente de cualquier mínima de seguridad como lo demostró el incendio provocado por la acusada”, se puede leer en la sentencia.

Ocho ancianos han muerto y otras doce personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en el incendio de la residencia Santa Fe que aparece en la foto, situada en Cuarte de Huerva, cerca de Zaragoza, informó el gobierno regional de Aragón. «Ha habido ocho fallecidos», dijo en declaraciones a los medios el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien señaló que también tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales once ancianos y la cuidadora de la residencia (PUBLICO, 12 de julio de 2015).

Lógicamente, la muerte de aquellos ocho ancianos fallecidos volvía a abrir el debate sobre el tipo de inspecciones que se realizan las comunidades autónomas en los geriátricos, y, aunque la Audiencia de Zaragoza entendió que no existía responsabilidad penal por parte del Gobierno de Aragón, este puso en marcha un plan exhaustivo de inspección que, después de detectar múltiples deficiencias, en los cuatro años siguientes al incendio de Santa Fe, se llevaría a cabo el cierre de 23 geriátricos.

Sin embargo, la pregunta que surge resulta obvia: ¿Por qué no se puso en marcha ese plan de inspecciones por parte de los gobiernos anteriores regidos por el PAR, PSOE o PP durante los 27 años que estuvo funcionando la residencia o pretanatorio de Santa Fe a pesar de la cantidad de denuncias, acabando la mayoría de ellas en la papelera?

La Policía Municipal constató durante semanas en las residencias de la Comunidad de Madrid falta de material, personal insuficiente, demandas de auxilio y, en algunos casos, vulneración de la normativa establecida. Las inspecciones realizadas por los agentes en los momentos más duros de la pandemia recogen las quejas y peticiones de ayuda de las direcciones de los centros de mayores para poder atender a los residentes, pero también para retirar cadáveres de los ya fallecidos (Diario.es, 14 de junio de 2020).

La cuestión es que son miles y miles de ciudadanos que se desesperan ante el estado de sus familiares, sobre todo cuando ven que sus denuncias prosperan en casos contados como los descritos, sintiéndose abandonados por las instituciones, siendo una de las claves, por no decir la principal, la tan escasa como dudosa supervisión del sistema residencial de los mayores, donde el verdadero agujero negro que lastra el sistema de inspección de las residencias es la falta de transparencia.

Desde mi punto de vista, cualquier sociedad que se tilde como democrática debería tener las puertas y ventanas de cristal en las residencias a la hora de reducir al máximo las zonas de opacidad, especialmente en todo aquello que tenga que ver con los derechos y el bienestar de nuestros mayores. ¿Por qué no se publican todas las actas de las escasas inspecciones que se realizan en las residencias de mayores como en cualquier otro centro de servicios sociales?

Qué duda cabe, hay políticos que en ocasiones defienden públicamente esa necesidad de transparencia, pero luego no hay forma de que sea puesta en práctica, sobre todo cuando chocan con alguno de sus viejos compañeros y compañeras de escaño o gobierno que, habiendo salido por una puerta y entrado de inmediato por la misma, pasan a ocupar un cargo de director, gerente, administrador o propietario en esas residencias para defender la más repugnante de las opacidades, caso concreto de conocidos políticos asturianos que se movieron entre lo público y lo privado,  como el exconcejal del Ayuntamiento de Langreo (2003-2007) y exdirector general de Prestaciones y exviceconsejero de Prestaciones y Centros de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias, de la que dependía el ERA, Pablo González González, que, desde el año 2011, es el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE), la patronal del sector.

Paulo González, exviceconsejero de Prestaciones y Centros del Gobierno de Asturias, actualmente Administrador Único de Gaudium Salud (Nuestra Señora del Fresno, en la localidad asturiana de La Felguera)

Este personaje, después de haber sido fichado como gerente por Geriátricos del Principado – Residencias de Villanueva en Colloto y Palacio de Caldones en Gijón -, actualmente está ligado a otros centros residenciales privados como la Residencia Nuestra Señora del Fresno, en Langreo. En unas declaraciones públicas, él mismo se define como “meramente representante en el sector sin propiedades ni acciones”, pero nada mejor para disipar cualquier duda que detallar todos sus cargos en las distintas empresas en las que actuó y actúa, todas ellas recogidas del registro mercantil (BORME):

Otro caso como el descrito en los negocios residenciales de mayores es el de la exconcejala del Ayuntamiento de Gijón (2007-2011) y exconsejera de la Presidencia con el Gobierno de Asturias presidido por Vicente Álvarez Areces (1999-2011), María José Ramos. Casada con el expresidente de la Junta del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo, ocupa en la actualidad el cargo de directora comercial y social de la Residencia Palacio de Leceñes, en la localidad sierense de Valdesoto, levantada, después de un proyecto frustrado para un hotel de lujo participado por el corredor de fórmula 1, Fernando Alonso, con una subvención de dos millones de euros procedentes de los Fondos Mineros. En la inauguración del establecimiento asistiría su marido, Pedro Sanjurjo, y la consejera de Bienestar Social (2012-2014), Esther Díaz, dimisionaria por asuntos opacos en su gestión, a quien también se la relaciona con el sector residencial de mayores, ya que su marido, David González Galán, es socio de una residencia de ancianos con plazas concertadas en la localidad asturiana de Llanes.

Maria Esther Díaz García (La Felguera, Langreo, 9 de mayo de 1965) es una abogada y expolítica asturiana. Ejerció como abogada entre los años 1990 y 2003 momento en que fue elegida como alcaldesa de Langreo por el Partido Socialista Obrero Español (2003-2012), hasta ser nombrada consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias (2012-2014) hasta su dimisión por asuntos derivados de su participación en las empresas compartidas con su marido.

En efecto, la ya exconsejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno asturiano, Esther Díaz, anunciaba el pasado 17 de noviembre de 2014 su dimisión como consejera porque “podré haberme equivocado, pero no soy una corrupta”, afirmaba en rueda de prensa acerca de su relación con la empresa Davelco S.A. donde posee una participación del 19,8% de las acciones.

La empresa Davelco está administrada directamente por el marido de la consejera y ha participado activamente en numerosas obras adjudicadas por las administraciones públicas, tales como la ampliación de los puertos de El Musel y Avilés, el Hospital Central de Asturias o el Palacio de Justicia de Gijón, campus de Mieres y su centro de investigación, soterramiento de la línea de Feve en Langreo, nuevo estadio de Ganzábal o la construcción de la autovía Riaño-Sama, alguna de ellas por su propio departamento, como la construcción del geriátrico de Felechosa, adjudicada por el Montepío de la Minería a Alcedo de los Caballeros en marzo de 2009, durante el mandato de José Antonio Postigo como presidente de la mutua, a pesar de la escasísima entidad de la constructora para afrontar una obra de aquella envergadura, actualmente inmersa en un proceso judicial por corrupción próximo a iniciarse. Davelco resultó ser una de las empresas subcontratadas por el empresario Juan Antonio Fernández para la construcción del complejo geriátrico, iniciando su andadura en la primavera de 2012, casi al tiempo que Esther Díaz llegaba a Bienestar Social. Cuatro meses después, la consejera, al igual que el resto del Gobierno regional, hacía pública la declaración de bienes en la que se reconocía como accionista de Davelco, con un 19,80% con un valor nominal que cifró en 11.880 euros.

La sociedad de la que es accionista la exconsejera, radicada en el polígono langreano de Riaño, forma parte del Grupo Avance junto a otras cuatro empresas asturianas (Aldaco, Ama, Fuyro y Noega), además de aparecer el marido de la exconsejera, David González Galán, como consejero en la sociedad El Cuetu, dedicada a la gestión de residencias de la tercera edad, pero de igual manera que hicimos con el exviceconsejero Pablo González, nada mejor que recurrir al Registro Mercantil para que cada cual saque sus propias conclusiones acerca de la participación de la Esther Díaz en las distintas y variadas empresas donde aparece relacionada:

Ya lo decía Don Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote: “donde una puerta se cierra, otra se abre”, para, si algo falla, tener siempre el ánimo de que habrá otra oportunidad para alcanzar el éxito, pudiendo darse el caso de que no exista ilegalidad alguna, aunque lo cierto es que la trayectoria de algunos políticos y políticas, en el caso concreto de Asturias que conocemos, al igual que ocurre en la generalidad del territorio español, si no resulta ilícita, puede ser, es éticamente reprobable.

Así nos encontramos en el año 2020 cuando el Parlamento asturiano había instado al Gobierno asturiano a la habilitación de un portal de transparencia específico en el que se publicasen, entre otros, los resultados de las inspecciones y las sanciones a los geriátricos del ente autonómico Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) pero, al día de hoy tal medida aún no se ha implementado. En todo caso, cualquier medida que pueda mejorar la transparencia es positiva, pero no deja de ser totalmente incomprensible ese doble rasero que propone el Parlamento asturiano dejando fuera del escrutinio público a los geriátricos privados que no pertenezcan al ERA. De hecho, en el año 2019, el Gobierno de Asturias había detectado varios casos de maltrato en varias residencias de mayores, casi todas ellas denunciadas públicamente en los distintos medios de comunicación, dándose casos de que algunas de esas residencias estaban dirigidas por exaltos cargos en las distintas instituciones del Principado de Asturias. ¿Acaso es serio que los ciudadanos y ciudadanas no tengan derecho a conocer dónde se produjeron dependiendo de que sea un centro público o privado?

En cierta ocasión, allá por el año 1996, siendo yo diputado en la Junta General del Principado de Asturias (1991-1999) fui llamado por los compañeros y compañeras de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) para realizar una visita a la residencia del ERA en Gijón, centrada especialmente en la comida que era servida a los usuarios de la residencia, pudiendo certificar que aquello se parecía más a una “esllava para los gochos” que a una comida para personas, decidiendo, con los representantes sindicales de la CSI, tirarla al contenedor y obligar a la preparación de otra comida en condiciones de poder ser digerida.

Antes de la irrupción del coronavirus, entre los años de 2014 a 2019, la mayoría de las comunidades autónomas, 11 en total, no inspeccionaban las residencias ni siquiera una vez al año como media, esto es, el 51% de todas las residencias que hay en nuestro país. En 2020, aún con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todavía fueron siete las que no mandaron un control a ninguna de ellas.

En la residencia asistida para gente mayor del Bon Pastor, de titularidad pública, un total de 12 ancianos se quedaron sin comer el segundo plato del menú del mediodía el 22 de septiembre. No había para todos. Pero el cabreo descomunal de los familiares estalló dos días después, en la Mercè, cuando el cocinero del centro preparó para comer un triturado de cebolla y patata hervida porque no tenía ni carne ni pescado. Hasta 28 familias denunciaron lo ocurrido. Según los familiares, la comida suele ser escasa y de baja calidad en esta residencia perteneciente en un 60% a la Generalitat y en un 40% al Ayuntamiento de Barcelona: “Nuestros abuelos han llegado a estar cinco días seguidos comiendo huevos. Algún día, pizza quemada. Lo que nunca nos había pasado es que no hubiese comida. El día de la Mercè fue la gota que colmó el vaso”, explica Toñi, representante de las familias. “Para nosotros esto es maltrato, no hace falta pegar a una persona para maltratarla”, sostiene con firmeza (EL PERIODICO, 11 de octubre de 2018).

Una inspección al año es el mínimo que los expertos consideran necesario y la norma en países del entorno europeo, pero, muy a menudo el objetivo resulta inviable, por la sencilla razón de que no hay inspectores suficientes. En Asturias, por ejemplo, con 232 residencias para seis inspectores, a cada uno le toca controlar 39, pero el cálculo solo es orientativo porque estos funcionarios también se ocupan de la supervisión de otros muchos centros sociales, como los de menores o los de discapacidad.

En ninguna de las autonomías del Estado dan abasto. Además, el resultado de su trabajo no es público, al contrario que en otros países occidentales, es decir, el ciudadano debe elegir a ciegas, de tal manera que quien ingresa a alguien en una residencia en España no puede saber si ha sido sancionada y por qué. Las multas, en todo caso, son muy bajas, siendo la media por infracciones graves en torno a los 5.000 euros, dándose casos que, teniendo en cuenta que la cuarta parte de las multas son por falta de personal, les resulta preferible pagar la multa que proceder a la contratación de un trabajador, por ejemplo.  Supongamos que cualquier centro incumple la ratio de personal y tiene una gerocultora menos de lo que establece la ley. Se le impone una multa de 6.000 euros, cuando el coste para la empresa de contratar a la trabajadora va a ser de 20,000 euros al año, resultando más que evidente que el infractor se fumará un puro habano con la sanción.

¿Se imaginan a un ladrón que ha robado un millón de euros en un banco, y al ser detenido le ponen una multa de 400.000 euros? Cualquier concluiría que la sanción, más que disuadir del robo, lo alienta. Pues eso es lo que está ocurriendo con las multas por falta de personal en las residencias.

¿Será verdad que sobran pensionistas, tal y como recomienda el vicepresidente para asuntos económicos del Gobierno japonés Taro Aso, y los pretanatorios son el mejor aparcamiento para ir poniendo fin a sus vidas?

Según la investigación realizada por el diario EL PAÍS, un 25% de las sanciones impuestas en los últimos años son por falta de personal, un síntoma claro de uno de los principales problemas de las residencias, con ratios fijadas hace años y que no se adaptan al nivel de dependencia con el que los usuarios llegan ahora a los centros. Un médico que prefiere mantenerse en el anonimato y acaba de dejar una residencia en Madrid en la que trabajaba indica: “He estado más de año y medio, me comí toda la pandemia, y no podía más, no quiero volver a pasar por eso, no voy a volver a una residencia en mi vida. Estás sin personal de enfermería suficiente, y lo haces tú, que a veces ni sabes, o un auxiliar, que no tiene formación ni título para ello, y tú eres el último responsable si pasa algo”.

El modelo del sector residencial en España está completamente privatizado, cada vez más concentrado, que deja cada vez en menos manos el gran negocio que suponen estos aparcamientos de ancianos y ancianas. Por otra parte, la huida del Estado se traduce en una creciente transferencia de fondos públicos hacia los grandes grupos empresariales, en manos de la iglesia y las multinacionales. Algo que se ejecuta básicamente en una doble vía: concediendo la gestión de los establecimientos de titularidad pública y los conciertos que la Administración utiliza para comprar plazas en los centros privados. Una manera muy descarada de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

La falta de inspecciones serias, cuya responsabilidad recae en la propia Administración, y la total inexistencia de sanciones ejemplares son los dos elementos imprescindibles para garantizar el negocio a los usureros que anteponen los euros por encima del cuidado de las personas mayores, entre otras cuestiones, la principal, porque un negocio privatizado como el de las residencias, donde no hay inspecciones ni sanciones para los piratas cuya única bandera es la de la avaricia infinita deja en la mayor de las indefensiones a nuestros mayores.

Esa falta de sensibilidad hacia nuestros mayores ha quedado en evidencia cuando en estos auténticos pretanatorios murieron, o dejaron morir más de 40.000 ancianos y ancianos por la pandemia del coronavirus ante la pasividad general, incluso cuando se sabía que en algunas comunidades se dieron ordenes expresas para impedir su traslado a los hospitales, dejándolos morir por métodos similares a los que Hitler usó en el holocausto nazi.

Se nos ha olvidado que son nuestros padres, nuestros abuelos, los mismo que lucharon a sangre y fuego para conquistar esos derechos sanitarios que hoy les niega a ellos, tratándolos como meros cacharros aparcados en el trastero, simplemente porque molestan. Estamos hablando de personas que no pueden defenderse por sí mismas.

Tras la catástrofe pandémica en las residencias, se hizo más evidente que nunca la necesidad de invertir en Dependencia, reducida en los años anteriores hasta la mínima expresión, lo que llevó al gobierno progresista PSOE – UNIDAS PODEMOS a presentar, en setiembre de 2020, todo un Plan de Choque, tal y como lo definía el vicepresidente segundo y ministros de asuntos sociales Pablo Iglesias, con el objetivo de impulsar el sistema. Un Plan que, sin contemplar ninguna de las medidas estructurales, trataba, sin embargo, de solucionar las medidas más urgentes, con 600 millones de euros para el año 2021, pero aquel Plan que pudo haber sido el punto de inflexión ante la bancarrota a la que estaba abocado el sistema con los recortes impuestos por anteriores gobiernos, de uno y otro color, continuó infrafinanciado, ocupando el puesto por debajo de la media europea en relación a su PIB.

No se debe de olvidar que el estado del bienestar que un país se puede permitir tiene que estar relacionado necesariamente con la presión fiscal del país, y pagar los impuestos de una monarquía bananera y ladrona y tener los servicios públicos de Suecia es totalmente imposible.