ELECTROFASCISMO

Viene siendo muy antigua la forma de cambiar todo para dejarlo en el mismo sitio el recurso a las típicas comisiones de investigación, de tal manera que, para no romper con las costumbres, el gobierno de coalición más progresista de la historia de España, formado por el PSOE y Unidas Podemos, acaban de parir una comisión parlamentaria para estudiar la gran estafa del electrofascismo que se viene cometiendo contra el pueblo español, fijando para la misma una duración de seis meses.

En el asunto concreto que nos ocupa se ha dicho y escrito casi de todo, destacando la creación de una empresa pública para poner freno a los incrementos salvajes de la factura eléctrica, olvidándose de la privatización de Endesa por parte del bipartidismo PPSOE o la anterior privatización de Repsol. Demasiado tarde – pienso yo – para empezar ahora de cero. Se malvendió Iberia y a continuación nos vamos a hacer cargo de una empresa aérea llamada Plus Ultra, sin capital de ningún tipo, repleta de pufos y con un solo avión, calificando la operación como estratégica. Privatizaron todos los bancos públicos para seguir avalando a las empresas privadas con un chiringuito llamado ICO, aceptando el criterio de solvencia que la banca proporciona sobre ellas, aunque después tenga que ser el erario el que tenga que hacerse cargo de todos los pufos que se producen con bastante frecuencia.

Ahora se echan de menos aquellas empresas públicas. Se juega, efectivamente, en la liga de la globalización, las multinacionales y la Unión Europea, pero también juegan otros países en la misma liga y, sin embargo, mantienen sus empresas públicas de electricidad, sabiendo en cada momento como zafarse de los  vientos huracanados que proceden del IV Reich, mientras nuestros líderes gubernamentales siguen permaneciendo más atentos a ser los niños buenos, los primeros de la clase, los medallas de oro, siempre más pendientes de la aprobación de los dictados eurocráticos que a conseguir  aquello que más conviene a sus ciudadanos.

La verdad, es que se lleva casi un año “mareando la perdiz” desde el gobierno en base a conversaciones en la búsqueda de medidas destinadas a combatir la pobreza energética y a bajar la factura de la luz, donde son conocidas las posiciones, al menos teóricas, de Unidas Podemos para intervenir el mercado eléctrico, corrigiendo las abusivas subida de los precios que, un día tras otro, alcanzan récords históricos en el coste del megavatio/hora. Unas posiciones que, un día sí y otro también, no solo sufren las negativas del PSOE, sino que son calificadas como gestos de “demagogia barata”, tal y como afirmó recientemente la ministra de la “cosa energética”, la exdirectora del Thik Tank parisino del electrofascismo (IDRII), Teresa Ribera, ante la iniciativa parlamentaria presentada por Unidas Podemos para la creación de una empresa pública de la energía.

La formación que ahora lidera Ione Belarra recuerda que la bajada del precio de la luz está en su ADNy avisa al PSOE de que seguirán trabajando en el proyecto de ley, que podrían registrar en el Congreso de cara al nuevo curso político como medida de presión. Incluso, podrían incluirla como contraprestación en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. «Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía», desafió ayer en Twitter el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Sí han llegado a un acuerdo para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa destinada a reducir los llamados “beneficios caídos del cielo” de las empresas eléctricas en la generación de electricidad a través de instalaciones hidráulicas o nucleares.

Faltaron pocas horas después de la reforma histórica del mercado de la electricidad que proponía el Gobierno, para que las empresas eléctricas reaccionaron con una advertencia, a través del Foro Nuclear – la organización que defiende los intereses de las cuatro grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) -, declarando que el anteproyecto de ley que recorta beneficios detrayendo los ingresos extraordinarios procedentes del precio del CO2 abocaba a las centrales nucleares al cierre, asegurando que el recorte de los “beneficios caídos del cielo” referentes al CO2 es inasumible para las centrales: “De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales”, dicen los electrofascistas.

Sin embargo, el lobby eléctrico se olvida de una llamativa coincidencia, como es la norma que garantiza, tanto a las nucleares como a las hidroeléctricas y renovables 20 euros por tonelada de CO2 emitido, que cobrarán por su participación en la subasta marginalista, aquella que premia a las tecnologías más baratas con la retribución de la más cara, el gas natural, aunque no expulsen dióxido de carbono. Esto es, más o menos, el mismo precio que marcaba el mercado de carbono en marzo de 2019, cuando las cuatro grandes empresas del llamado oligopolio eléctrico pactaron con el Gobierno el cierre escalonado de las nucleares entre 2027 y 2035, y que ya percibían por entonces. Por lo tanto, las eléctricas no van a perder ningún ingreso por el CO2 con respecto a la situación de hace dos años y medio, cuando no tuvieron problema en ampliar la vida útil de las instalaciones. Contrariamente a lo que insinúa Foro Nuclear, la clausura de cualquier instalación de generación eléctrica no depende solo de la empresa que la explota, ya que necesita el visto bueno del Gobierno y el análisis de Red Eléctrica Española (REE), que debe garantizar la seguridad de suministro.

Además, las únicas centrales nucleares que podrían echar la persiana a corto plazo – por mí pueden cerrar todas desde ya – son las de Ascó I y Ascó II, en Cataluña, ya que su licencia de explotación caduca en octubre de 2021 y, si no solicitan su renovación, las centrales podrían plantearse el cierre, siendo la siguiente en clausurar la de Trillo en Guadalajara, ya en 2024. El resto – Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes y Vandellós II – cuentan con licencia para operar hasta, como mínimo, el año 2027. La de Vandellós, en Tarragona, tiene permiso hasta 2030 pero aspira a funcionar, según el acuerdo firmado entre las compañías y el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta 2034. Más allá de que necesiten el visto bueno del Estado, las empresas también están expuestas a multas si clausuran nucleares antes de lo acordado y sin consenso. A modo de ejemplo, Iberdrola y Endesa tuvieron que abonar 18,4 millones de euros por el cierre de Garoña por no avisar con antelación a la administración.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

Una cuestión está clara: la batalla entre las eléctricas y Gobierno, tras años de acuerdo, solo acaba de empezar y amenaza con convertirse en una guerra. El Ejecutivo, por ahora, está lejos de rectificar su posición, asegurando el presidente, Pedro Sánchez, que no van a ceder a ningún tipo de “presión particular”, de tal manera que el artículo 128 de la Constitución Española ha vuelto a ponerse de actualidad tras la amenaza de unas eléctricas que, después de obtener unos beneficios en torno a los 40.000 millones de euros durante los últimos cinco años, pretenden adelantar el apagón de las nucleares usando a la ciudadanía como rehén. Un artículo que dice literalmente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», encajando perfectamente en el supuesto actual porque lo que exige es que haya una confrontación entre el interés general y un interés particular de cualquier tipo. Es decir, el interés de toda la sociedad choca con el interés de unos señores que quieren obtener unos beneficios con unos precios tan altos que dificultan la vida en común. Por cierto, cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado, eso era una aplicación del mismo artículo 128 de la Constitución.

La realidad es que, mientras el precio de la energía, como cualquiera otra mercancía, siga estando en las manos de los mercaderes que son los propietarios de las empresas, la energía seguirá estando sujeta a todo tipo de presiones especulativas, pues cómo dice la máxima, «lo privado es beneficio y lo público servicio». A esos mercaderes no les interesan para nada las necesidades sociales, solo sus cuentas de resultados y el reparto de beneficios entre los accionistas.

Por eso no caben soluciones que no vayan a la raíz del problema, como pueden ser la creación de empresas públicas, entre otras cuestiones, porque una empresa pública en el mercado no es otra cosa que un competidor más a presionar sobre los precios que no resuelve el problema de la especulación, siendo la única medida que puede frenar la escalada en los precios la NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO y la imposición de un control sobre los precios de todas las mercancías que van a ser afectados por la subida de la electricidad, que rompa con la política especulativa de los mercados.