POR UNA VEJEZ FELIZ

Que no se preocupen ni del pasado ni del futuro. Se trata de vivir la vida con las mínimas preocupaciones, para ello estaremos nosotros, los hijos, tratando de que pasen lo mejor que puedan esta etapa de su vida, ya sea viviendo con nosotros en nuestra casa o en sus casas con ayuda profesional de cuidado de personas mayores.

¿Qué es envejecer sino parte del proceso de crecer? Lo que vivimos, aprendemos y experimentamos con las lecciones en el paso del tiempo, seguramente nos van marcando en la vejez. Las cosas buenas de la vida por supuesto que nos benefician, pero las malas son las que pueden llegar a afectarnos la personalidad y crearnos una carga emocional muy difícil de deshacerse en muchos casos.

Estas malas experiencias pueden dejar en nuestros mayores una vida oscura y aburrida, con pérdida del entusiasmo y cansados de vivir. Son abuelos que siempre están serios y no alcanzan a apreciar las cosas divertidas que la vida les puede ofrecer en cada momento.

Divertirse y disfrutar de las cosas más pequeñas, puede hacer que los sentimientos de pérdida, dolor y de derrota valgan la pena. Como somos los hijos, y en muchos casos los nietos, quienes debemos velar para que nuestros mayores pasen la última etapa de sus vidas plenamente, no debemos dejar pasar estas cosas y tratar de conseguir ancianos felices, de tal manera que nuestros mayores puedan seguir abrazándose a la vida.

Algún día, nosotros y nosotras seremos mayores y nos gustará estar cuidados y valorados. Posiblemente, no podamos hacer las cosas que hacíamos con 30 o 40 años. Los años no pasan en balde y la movilidad se va perdiendo por el camino. Solo una sociedad que se encarga de respetar y cuidar a las personas mayores está vertebrada correctamente. Por ello, es importante saber que existen otras políticas, aparte de la económica para jóvenes y el fomento del empleo para personas en edad laboral, que requieren una especial sensibilidad y esfuerzo, como cuidar de los mayores, preferiblemente en sus propias viviendas o centros de ocio para asegurar su bienestar y fomentar la felicidad en esta etapa de sus vidas.

La protección de la vejez es una responsabilidad de todos y un canto a la vida que construimos, también entre todos, a través de grandes acciones. Facilitar la movilidad de estos abuelos y no dejar que sus vidas caigan en el olvido es el principal objetivo. Muchas personas, llegadas a la tercera edad, sienten que sus familias se olvidan de ellas. Si es que tienen familias. Otras, en cambio, llegan a esa edad sin nadie a su lado o han enviudado, por lo que pueden haber perdido su apoyo más importante. Es cierto que a los mayores se les presupone una madurez, sabiduría y experiencia superiores que las de las personas con edades más tempranas, lo cual no quiere decir que se les deba privar del cariño y de los cuidados necesarios para que finalicen sus vidas rodeadas de amor y apoyo, sea cual sea el motivo de su soledad.

Desde un compromiso moral y familiar, atender sus necesidades, facilitar su movilidad y vigilar su salud son las tres cuestiones fundamentales al tratar de cuidar de las personas mayores.

La evolución es dramática cuando se analizan las bajas en las prestaciones. Entre enero y noviembre el sistema se quedó sin 478.434 pensionistas, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que la Seguridad Social perdió en el año del Covid casi 61.000 jubilados más que en 2019, una cifra que puede achacarse en su totalidad a la pandemia. Al analizar la evolución de estas bajas, los mayores descensos se concentran en abril, un mes después de declararse la pandemia y también después del verano, acusando la relajación de la población con las medidas para luchar contra el virus (Fuente: Seguridad Social)

Las miles y miles de muertes sufridas en las residencias durante la pandemia tienen necesariamente que servir para marcar un antes y un después a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos, centrada principalmente en una mejor y efectiva atención de la dependencia. Si algo positivo nos ha hecho ver esta terrible pandemia es que estamos ante un colectivo muy vulnerable que merecen que les traslademos esperanza, diseñando para ello toda una reconversión en el sector para darle la vuelta, de tal manera que se vaya caminando hacia la definición de un modelo de asistencia para el futuro.

Las residencias han pasado de ser “asilos” en el tardofranquismo, a “grandes centros propios” en los 80, luego “pequeños establecimientos pensados para personas no dependientes” en los 90, cuando no pisos sin ninguna disposición para el cometido, y actualmente lugares “altamente institucionalizados pensados para la población en edad más avanzada”, y todo eso ha ocurrido en una sola generación, por lo tanto es necesario que las residencias o geriátricos tengan que sufrir una evolución, hasta dejarlas convertidas en lo más parecido a “hogares”, y tengan otras características como habitaciones individuales, unidades de convivencia pequeñas, proximidad al vecindario habitual y plena accesibilidad para los familiares. 

Residencia del ERA en Gijón. Las instituciones de ancianos o, como han venido hoy día a llamarse, Residencias de la Tercera Edad, constituyen una fase especifica de la evolución de aquellas instituciones cuya función dentro de la sociedad ha sido dar cobijos, custodiar, recluir a individuos con fines dispares (socorro, prevención, cura, castigo, etc). Los términos que anteceden, una lista ni mucho menos exhaustiva, constituyen otros tantos matices de la función residencial y delatan la ambigüedad que ha presidido la instauración de estas instituciones, ambigüedad que impregna aún hoy en día su existencia y que plantea serios interrogantes sociológicos, no tanto acerca de su verdadera función como de su adecuación a las políticas de bienestar social.

En este escenario deseado estarían muy bien empleados una buena parte de los fondos europeos para ir a la remodelación del sistema de residencias después de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Más de 40.000 ancianos y ancianas murieron por coronavirus durante la pandemia de la COVID-19, siendo aprobada recientemente una cantidad de 730 millones para la “economía de cuidados”, de los cuales unos 482 de ellos serán destinados a los cuidados de personas mayores y dependientes, incluyendo en esta partida la generación de un nuevo modelo residencial.

El 27 de mayo de 2020, el Ministerio de Seguridad Social publicaba las cifras de la evolución de las pensiones en mayo, con un resultado que revela que los dramáticos fallecimientos de los mayores de 65 años por el coronavirus están dando la vuelta a todo tipo de estadísticas. Así, en el quinto mes del año, la nómina de las pensiones contributivas cayó por primera vez en la historia. En concreto, a día 1 mayo, el gasto en pensiones dirigido a estos cotizantes ascendió a los 9.853 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,52% respecto al mismo mes del año pasado, pero una caída del 0,27% respecto a abril, la primera de la serie.

Por otra parte, el ministerio de Asuntos Sociales acaba de anunciar en 2021 todo un “plan de choque” en los Presupuestos Generales para el sistema de dependencia, con una cantidad de 6.000 millones de euros para los próximos tres años, no en vano, según los estudios realizados por los organismos competentes, nuestro país necesita crear unas 70.000 plazas de residencias públicas y concertadas para cubrir la demanda actual y llegar a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), previendo que, para el año 2035, el 26,5% de la población española tendrá más de 65 años.

Un modelo, desde mi punto de vista, que debiera ser lo más parecido al hogar, y lo más parecido es el propio hogar, por lo que se debieran de facilitar los medios que retrasen el mayor tiempo posible la entrada en centros residenciales, con ayuda a domicilio, teleasistencia o centros de día, dejando muy claro que dentro de las residencias tiene que haber un mayor apoyo sanitario, además del social.

Ser mayores no tiene por qué significar pérdida de fuerzas y mucho menos de capacidad para poder realizar tareas cotidianas o cualquier otra cosa que devenga en placer. Todo lo contrario, una vida sin actividad puede llevar, lleva, a la pérdida de fortalezas y habilidades y por supuesto junto a ello detrimento en la salud. El progreso económico en absoluto debiera de enturbiar los ciclos vitales de la naturaleza ni hacernos olvidar la importante contribución de las personas mayores a la sociedad. Por eso – pienso –, que ha llegado su momento para merecer las mejores atenciones.

El punto fundamental para este nuevo modelo  sería que éste comenzase en casa, de tal manera que los planes de atención individualizada para pedir prestaciones y servicios se puedan flexibilizar, entre otras cuestiones – la principal – porque todas las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible, así que la adaptación del modelo residencial pasa por que se fomente prioritariamente la atención en el domicilio, y que el traslado sea lo último, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Mantener el hábito en la actividad física asegura, previene y retrasa una variedad de incapacidad y enfermedades asociadas con el envejecimiento.

Un segundo aspecto de este nuevo modelo sería la proximidad, esto es que las personas mayores se puedan quedar en un centro de su pueblo o barrio si tienen que ser internados, porque privarles de ese derecho a la proximidad es tanto como privarles de la ciudadanía. Para ello sería necesario que, igual que los ayuntamientos elaboran informes sobre temas como el impacto medioambiental, que los hagan también sobre el impacto en la convivencia y de previsión del urbanismo para reservar espacios con este fin.

En tercer lugar, sería muy importante el impulso a la convivencia familiar, dejando acceder a los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro, pudiendo incluso quedarse a comer, ya que no es lo mismo ir a visitar a la habitación al abuelo o al padre que estos te puedan invitar a comer, lo que me parece el mayor ejercicio de transparencia, para las denuncias que se producen diariamente sobre algunas residencias refiriéndose a la calidad y cantidad en las comidas.

La creación de un ambiente cada vez más hogareño, procurando la individualización de las habitaciones, nunca inferiores a 15 metros cuadrados de capacidad, con posibilidad de que se puedan llevar sus muebles y enseres, supondría otro aspecto no menos importante que los anteriores. Por no tener no tienen ni su televisión en su habitación, salvo si no es pagándola aparte de su factura como interno. Actualmente, no existe ninguna estadística publicada sobre el número de residencias que cuentan con habitaciones individuales, pero se sabe que son muy pocas y muy reducidas.

Otro aspecto vital de este modelo necesario sería la colaboración con el Sistema Público de Salud y la atención hospitalaria domiciliaria en los centros residenciales, en igualdad de condiciones de las que tienen o tenían en sus casas, sin olvidarse, claro está, de dotar todos los geriátricos o residencias de unas plantillas auténticamente profesionalizadas con salarios dignos. Qué duda cabe, ello redundará en la creación de empleo, sin perder nunca de vista que la desaparición de este tipo de residencias y sus negocios debería de significar el desenlace lógico de esta trayectoria, iniciada desde los asilos a los centros institucionalizados actuales, todo ello para lograr que ningún mayor tenga que abandonar su casa para vivir en condiciones dignas los últimos años de su vida.

¿Cómo es posible dejar en esos aparcamientos llamados geriátricos o residencias de ancianos a los hombre y mujeres que más lucharon a sangre y fuego contra el capitalismo para lograr un sistema sanitario y de pensiones públicas que hoy disfrutamos todos, en una gran mayoría aparcados porque “los viejos estorban en casa”?

En efecto, la piedra fundacional del sistema español de pensiones comenzaba en 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión para financiar el retiro de los trabajadores, aunque este no era obligatorio, hasta llegar al año 1919 con la implantación del Retiro Obrero que alcanzaba a toda la población asalariada entre 16 y 65 años, contribuyendo a su financiación el Estado, los patronos y los obreros, cuyo aseguramiento se realizaba mediante la apertura de libretas de ahorro individuales en las que se ingresaban las aportaciones correspondientes a cada trabajador que se completaba con una bonificación del Estado. Sobre este sistema de capitalización el trabajador devengaría una pensión vitalicia a partir de los 65 años, de tal manera que cada trabajador abonaba diez céntimos al mes, el Estado ponía una peseta, y los patronos aportaban tres pesetas mensuales de lo que, en la realidad era y sigue siendo un salario en diferido.

Todo eso era gestionado por bancos y cajas de ahorro, pero a finales de aquella guerra incivil que trajo el golpe de Estado fascista contra el gobierno legítimo de la II República española, gran parte de aquellos ahorros quedaron fulminados por la salvaje inflación de aquellos tiempos tan convulsos, teniendo que ir a la creación en 1939 del llamado Subsidio de Vejez, que haría desaparecer la capitalización para establecer una pensión fija de 3 pesetas diarias.

Vemos cómo en sus inicios las pensiones de jubilación en España se basaron durante 20 años en un sistema de capitalización que garantizaba las pensiones de cada trabajador, independientemente del número de cotizantes y pensionistas del momento, donde cada trabajador jubilado a partir de aquel año, recibiría una pensión vitalicia pagada por los trabajadores que aún estaban en activo. Con ello, se obtenían fondos inmediatos para los jubilados, y se resolvía un problema de caja en aquel sistema llamado de reparto. Por decirlo de una manera más entendible, los jóvenes pagaban las pensiones de los ancianos, aunque aquel sistema no abarcaba a todos los sectores hasta que los años sesenta, consecuencia de las luchas sociales de nuestros mejores hombres y mujeres, se arrancaban las mejoras del sistema con la promulgación en 1963 de la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, la cual abarcaba a casi todos los trabajadores por

Un geriátrico de DomusVi en Madrid pidió a familiares autorización escrita para dejar morir en el centro a residentes rechazados por el hospital. Así consta en un acta de inspección de la Policía Municipal del 23 de abril, fecha en la que iban 60 fallecidos en las instalaciones de DomusVi Mirasierra sin previo traslado al hospital (InfoLibre, 18 de junio de 2020)

cuenta ajena, y a los que trabajaban por cuenta propia, como los autónomos, así como a los socios de cooperativas, estudiantes, servidores domésticos, funcionarios, militares, y seglares y civiles en instituciones eclesiásticas.

Así llegamos al año 1995, cuando todas las fuerzas del país, desde los partidos políticos hasta los llamados sindicatos mayoritarios de UGT-CC.00., pactaban el tristemente famoso Pacto de Toledo que, si bien dejaba escrito que garantizaba el poder adquisitivo incrementando las pensiones con la inflación, fijando la edad de jubilación a los 65 años, y separando los gastos de sanidad de los gastos en pensiones, la realidad fue otra muy distinta, hasta el extremo de que, por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica quedaban congeladas nuestras pensiones durante el gobierno presidido por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el incremento de la edad de jubilación a los 67 años.

Pedro Sánchez, líder del Partido socialista que aparenta ser un firme defensor de los pensionistas, votó sí a la congelación de las pensiones cuando era diputado en el Congreso en la era Zapatero, único partido que ha congelado las pensiones. Sánchez, en su etapa como diputado de José Luis Rodríguez Zapatero, justificó los recortes del Ejecutivo socialista por la necesidad de cumplir con las políticas de austeridad impuestas por Bruselas, votando el 12 de mayo de 2010 en el Congreso de los Diputados, junto con todos los diputados del PSOE, la única congelación de las pensiones de la historia de España.

La reforma de la Constitución en su artículo 135 para rescatar a la banca de sus aventuras financieras imponiendo el “austericidio” a base de recortar la sanidad, la educación, las pensiones y la ley de la dependencia fue otro de los “hachazos” cometidos contra la clase trabajadora. Por cierto, un plan que sería aplaudido enfervorizadamente por todos los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que había sido uno de los negociantes de aquel atentado constitucional actuando en nombre del PSOE.

La cruda realidad del Pacto de Toledo es que han sido para las prestaciones sociales lo que en su día fueron los Pactos de la Moncloa de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el Movimiento Obrero.

Aquellos Pactos de La Moncloa fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el Pacto de Toledo de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el Pacto de Toledo ha introducido de manera muy sibilina una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien puede seguir pensando todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Qué va! Aquello respondía a las órdenes dadas desde las instituciones de la oligarquía financiera, al igual que ahora ocurre con el Producto Panaeuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca si no canalizar más capital hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales. En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesitamos liquidez!!!

¿Qué se esconde entonces tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del Pacto de Toledo, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Esa reforma de las pensiones constituye el corazón de un acuerdo que el Gobierno quiere equiparar a los Pactos de la Moncloa, suscritos en 1977 para garantizar la estabilidad de la política económica mientras se completaba la transición a la democracia. “Es un buen acuerdo para toda la sociedad española. “No es solo un gran acuerdo, es sobre todo un buen acuerdo”, ha insistido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien ha recalcado, al igual que Zapatero, la consecución del pacto como un gran logro del recién recuperado diálogo social. De ahí la solemnidad del acto, que se ha celebrado en el Salón de Tapices, la misma sala en la que se firmaron los Pactos de la Moncloa y el Pacto Antiterrorista en 2000, donde el propio Zapatero, el presidente de CEOE, Juan Rosell, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y el ministro de Trabajo han estampado su firma en el texto (TVE, 2 de febrero de 2011)

Si para algo ha servido el Pacto de Toledo ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad trata de ocultar una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

Claramente se puede afirmar de manera rotunda que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

No se trata de ningún globo sonda por parte del gobierno de España, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el ministro Escrivá, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado y la patronal, resultando lo más grotesco de todo ello la participación de los sindicatos llamados mayoritarios de UGT y CC.OO como accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión.

El acuerdo firmado por el gobierno, la patronal y los llamados sindicatos mayoritarios de UGT y CC.OO. están utilizando el señuelo de acabar con la reforma de 2013 del PP para, entre otros aspectos negativos, cambiar el factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional que empobrece las pensiones a mayor edad. Se pretende atrasar la edad de jubilación incentivándola y penalizar la jubilación anticipada con la pérdida de derechos sociales, cuando el país tiene los niveles de paro juvenil más altos de la UE, en torno al 42%”.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. Y los “piñeristas” españoles están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición.

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas: ¿Eres pobre o sufres precariedad en el trabajo?  Poco importa. Los “piñeristas” no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo, pero, como siempre, a nuestra costa, a costa del trabajador.

A lo largo de la historia, el mundo del crimen ha cambiado muy poco, solo en su aspecto tecnológico tanto en la ejecución como en la investigación, pero los móviles, al margen de los crímenes pasionales, siguen siendo los mismos, esto es el poder del dinero, de ahí que, para descubrir y desenmascarar a sus responsables nada mejor que seguir el rastro del dinero.

En nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.

Antón Saavedra y Tere Dopazo camino de Bruselas para la defensa del sistema público de pensiones en España ante la Comisión Europea.

Una estrategia, por cierto, impulsada, tal y como ha quedado dicho, desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.

La banca y las grandes corporaciones empresariales españolas como BBVA, Telefónica, ACS, Repsol, Banco Santander o Sabadell llevan años promoviendo el ahorro de sus presidentes y consejeros delegados, que en muchas ocasiones se retiran o desvinculan de las sociedades con colchones que superan los diez millones de euros. ¡¡¡ Estos y estas si pueden ahorrar para tener unas pensiones millonarias!!!

Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con el que nos han sorprendido muy recientemente sólo puede significar una alarmante falta de ideas o que a la hora de reformar y legislar haya pesado más la repercusión electoral – casi diez millones de los votos son pensionistas y jubilados –  que el habilitar soluciones rigurosas y eficaces para uno de los problemas más importantes que tiene planteado el Estado español.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar que, el acuerdo no deroga la ley de 2011 del gobierno Zapatero, apoyada por CC.OO. y UGT, ni la del PP de 2013, aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modifican al desaparecer el factor de sostenibilidad, aunque cambiando su nombre por el de factor intergeneracional.

Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá siendo la de los 67 años del año 2011, y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados, lo que supone que, para el año 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%, a la vez que se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Y, lo más inquietante, que la mayoría de las pensiones – en torno al 60% -, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni mucho menos se reduce la brecha de género.

Antón Saavedra debatiendo en el Parlamento Europeo ante la Comisión Europea el sistema público de pensiones en España.

En definitiva, la Comisión ha parido un borrador vacío, sin contenido real y lleno de contradicciones, asentado en tres pilares a saber lo que ya sabíamos casi todos: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado.

No obstante, es preciso señalar que la actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Es posible que en enero de 2022 veamos confirmada esta realidad en la práctica, cuando tengan que incrementar las pensiones de acuerdo con un IPC previsto en torno al 5,5 %.

La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación, donde se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses, al objeto de penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prolongación del trabajo más allá de los 67 años, aunque muy recientemente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, declaraba en una entrevista que “era necesario cambiar la cultura en España para asumir que se debe ampliar la edad de jubilación hasta los 75 años”. Unas declaraciones del ministro que no responden a ningún globo-sonda, sino que vienen a reflejar muy claramente las intenciones de esta contrarreforma, fundamentada en datos falsos, o totalmente sesgados, cuyas fuentes emanan de las mismas organizaciones interesadas en la privatización de las pensiones que, tal y como ha quedado dicho, se trata de disminuir en su cuantía, promoviendo los planes privados de pensiones e, incluso, dar acceso a las entidades financieras a la “hucha de las pensiones públicas”.

Una contrarreforma que cuenta con la grotesca complicidad de las élites de los llamados sindicatos mayoritarios y de clase de CC.OO. y UGT., hasta el punto de que, según se ha podido comprobar de manera fehaciente, ciertos dirigentes del pandillerismo sindical estarían negociando con la organización criminal del Partido Popular, para que algunos de los diputados de este partido se ausenten el día de la votación de la reforma de las pensiones, permitiendo, de esa manera, que la contrarreforma pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

Lógicamente, el contenido del acuerdo queda muy lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de los pensionistas, y lejos también de la posición de UNIDAS PODEMOS que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender. Más claro, las grandes favorecidas por los planes de pensiones van a ser las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones.

En efecto, los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas, sin que a la fecha se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Unidos Podemos ha presentado este miércoles, 4 de julio de 2017, su propuesta de ley para garantizar la viabilidad del sistema público de la Seguridad Social, que incluye una subida de las pensiones y la jubilación a partir de los SESENTA Y UNO años para los trabajadores que alcancen 35 ejercicios cotizados. El líder de Podemos, que ha defendido, además, que “el sistema de pensiones es la base del Estado del bienestar”, advirtiendo que su grupo no estará en el Pacto de Toledo, si el acuerdo que se negocia en el Congreso no deroga las reformas laborales de 2011 y 2013. “No podremos estar con quienes ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos y con quienes no cumplen la Constitución española”, ha dicho Iglesias (EL PLURAL, 5 de julio de 2017)

Ahora, los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo, en el más reciente informe del 8 de agosto de 2020, redactado en previsión de la evolución económica durante la década 2040/50, nos anuncia el colapso del sistema público de la seguridad social. Es decir, los mismos analistas que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012, incapaces, por otra parte, de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros en cambio, de la evolución económica durante los próximos treinta años. En realidad, no se trata sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.

El coronavirus ha conseguido lo que no se había logrado con las reformas: contener de forma significativa el gasto en pensiones, pero lo ha hecho por la vía de las bajas, de la peor forma posible. Si en 2019 el gasto desembolsado por el sistema para pagar prestaciones crecía cerca del 5%, en 2020 este crecimiento se limitó al 2,3% (Fuente: Seguridad Social)

En otro orden de cosas, se puede afirmar que no existe ninguna reforma del sistema cuando nos referimos a la separación de fuentes de financiación al no implicar ni un euro de gasto más, ni de menos, ni mucho menos supone algún ingreso adicional. Simplemente, supone pasar al Estado algunos de los gastos que hasta ahora venían financiándose a través de la Seguridad Social.

Un reciente informe elaborado y publicado en 2018 por el Tribunal de Cuentas señala con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado viene utilizando de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar el discurso oficial.

En efecto, el informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir los supuestos déficits. 

En el citado informe queda escrito que se han utilizado de manera indebida las cotizaciones sociales para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social.

Sería bajo la presión de la Huelga General del 14-D obligando a Felipe González a promulgar la ley 26/1990 de 20 de diciembre cuando se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase trabajadora. De esa manera, el presidente del gobierno felipista pudo “sacar pecho político” atribuyéndose unos méritos que en absoluto le correspondían.

Pues bien, esas pensiones que debían de haber sido abonadas con los Presupuestos Generales del Estado fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales, siendo el ejemplo más reciente lo ocurrido con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales, atribuyéndose el “mérito político” la coalición gobernante, pero el coste también se pagará con el déficit de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se vienen cubriendo otro tipo de pensiones cuya procedencia económica corresponde a los Presupuestos Generales del Estado, tales como las pensiones de viudedad – la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación -, las de orfandad y a favor de familiares.

Además, las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso. No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda.

Lo que llama poderosamente la atención del informe del Tribunal de Cuentas es cuando señala que todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios son cubiertos por los Presupuestos del Estado menos la Seguridad Social, que se paga con sus propios fondos, de tal manera que, si a la Seguridad Social se la descargase de esos gastos impropios a los que nos hemos referido, la Seguridad Social española contaría con un amplio superávit. Sí, con el dinero de las cotizaciones sociales, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Pero, además, la viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Al fin y al cabo, los problemas que pudieran existir no serían de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

Al respecto, es preciso levantar la voz para afirmar que los jubilados actuales fueron los que costearon con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron.

Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes, y ha sido con su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años.  Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y blindarlas como uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, cuando en nuestro país la presión fiscal está ocho puntos por debajo de la media de los países europeos. En este mismo contexto, resulta muy interesante el punto referido a las cotizaciones de los robots. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

La mitad de las pensiones que se pagan en España están por debajo del umbral de la pobreza. De las 9.353.988 pensiones que se abonaron en 2015, el 49,9% (4.671.490 de estas prestaciones) no llegaron a los 667 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social, según los datos del Ministerio de Empleo recogidos por la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en su último informe. 

Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Pienso que ha llegado la hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas y los robots a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones, y por extensión, a la implantación de ese esbozo de modelo residencial referido para nuestros mayores.

Por si todo lo expuesto no fuera suficiente para no garantizar los últimos años de nuestros mayores con un mínimo de dignidad, España ocupa un lugar por debajo de la media de los países de la Unión Europea. De hecho, el último Consejo Europeo se saldaba con un acuerdo histórico por el que los socios comunitarios aprobaron endeudarse conjuntamente por primera vez para movilizar 750.000 millones de euros en respuesta a la crisis abierta por el coronavirus, pero la cumbre también sirvió para terminar de dibujar un nuevo polo de poder europeo, el de los denominados países frugales, estos son los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria. Un bloque aparentemente heredero de los postulados de austeridad con los que se trató de responder a la crisis de 2008 anterior y que pide las reformas en las pensiones a los estados del sur pero que, paradójicamente, destina más fondos a gasto social que España.

En concreto, España dedica a las partidas de protección social el equivalente al 23,4% de su PIB, ya por debajo del 28,1% de media de la Unión Europea, según los últimos datos comparables que ofrece Eurostat. Pero, no obstante, la diferencia se ensancha frente al 28,8% de Suecia, el 29,3% de Países Bajos, el 30,6% de Finlandia o el 32,2% de Dinamarca.

Sin embargo, calificar a estos países de frugales, entendiéndolo por austeros en absoluto responde a ninguna realidad de que algunos de ellos, como Dinamarca o Suecia, son abanderados de la inversión en gasto social. La explicación, es que también están por arriba en el ranking recaudatorio, lo que les permite gozar de recursos adicionales para atender a su sociedad.

El gasto o inversión social hace referencia a todos los recursos económicos que el Estado destina a lograr una igualdad de oportunidades y una calidad de vida mínima entre todos sus ciudadanos, poniendo especial énfasis en los hogares de bajos ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados y jóvenes. Así, entre las necesidades básicas que trata de cubrir el gasto social figuran la alimentación, la salud básica, la educación, la justicia o la vivienda. Las ayudas, sin embargo, no tienen por qué llegar únicamente en forma de prestaciones en efectivo, sino que también puede tratarse de bienes y servicios en especie o exenciones fiscales.

Así, mientras que la presión fiscal en España, entendida como el peso del conjunto de ingresos tributarios y por cotizaciones sociales sobre el tamaño de la economía, se sitúa en el 34,7%, en la media de la UE es del 40,2% y en la zona euro alcanza el 41,5%. Aún situándose por debajo de esta media, los Países Bajos se sitúan casi cinco puntos por encima de España, con una presión fiscal del 39,2%, mientras que el resto de frugales suben hasta el 43,1% del PIB de Finlandia, el 44,7% del de Suecia o el 47,8% del de Dinamarca.