PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS PENSIONES EN LA SOCIEDAD CULTURAL CASINO DE L’ENTREGU

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la dirección de la Asociación Cultural y Recreativa la Cultura de L’Entrego por la organización de este acto para hablar desde esta magnífica tribuna sobre uno de los mayores y más graves problemas que tiene – tenemos – planteado en nuestro país.

Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en los últimos meses de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que reclaman las plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de Derecho Fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo.

Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea y desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019.

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales. Se trata, en realidad, de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

No obstante, es bueno saber también que ni Bruselas ni la Comisión Europea tienen capacidad legal para imponer ningún tipo de criterio ni norma respecto al tema de las pensiones. Es decir, Bruselas no puede legalmente obligar a los Estados, pero utiliza la vía del chantaje, con la amenaza de que no habrá ayudas sino se cumplen los designios de Bruselas.

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 53,00 % de las mujeres está por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 9.553 euros anuales, lo que significa menos de 681 euros mensuales, frente al 25 % de los hombres.

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y muy recientemente la introducción por parte del gobierno del PP del “factor de sostenibilidad”, que eliminaba la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010. Por cierto, un cero patatero de incremento en las pensiones, muy aplaudido por todos y cada uno de los diputados y diputadas del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual secretario general y presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo que estamos afirmando:  Hace cincuenta años el 32% de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 32% anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Al respecto, creo que ya es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, incluida, como no, la “histórica” reforma de Yolanda Díaz, que no ha servido sino para precarizar aún más el empleo, por mucho que se pretenda hacernos creer lo contrario, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores, hasta llegar ser el país de la OCDE donde más cayeron, llevándose los impuestos el 40% del salario bruto, al tiempo que el endeudamiento público ha crecido más de un 15% del PIB, por encima del de cualquier otra economía europea y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, allá por el año 1981, donde jubilarse en aquel país es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. En efecto, Chile fue pionero en el establecimiento del sistema privado obligatorio, aunque curiosamente se mantuvo y todavía se mantiene el sistema público de reparto para las fuerzas armadas. En la actualidad, casi dos millones de los pensionistas chilenos viven con la limosna de 160 dólares mensuales que el gobierno introdujo a partir del año 2008, siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero chileno la lucha permanente por volver al sistema público de pensiones.

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas de dinero.

LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no es otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Se trata, amigas y amigos, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se va transformando en “lucha de frases”.

Estamos viviendo un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes sociales y políticos al pensamiento ortodoxo, lo que ha llevado a que muchos sindicatos, autoproclamados de clase, hayan aceptado acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos del neoliberalismo. Del querer “asaltar los cielos” hemos pasado a justificar el “mal menor”. Es la única explicación plausible para entender, entre otras cosas, a unas direcciones sindicales que han justificado las propuestas de privatización de las pensiones.

Qué duda cabe, las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos, poniendo en duda la viabilidad del sistema público, a la vez que anunciando apocalípticamente la quiebra del mismo, donde, paradojas de la vida, CC.OO y UGT figuran entre los grandes beneficiados del creciente negocio que se abre para su privatización, con su participación del 15% en el accionariado de las gestoras de pensiones de BBVA y de FUNDITEL, líderes del mercado en España, siendo regados anualmente con jugosos dividendos, que se van incrementando en la medida que van mermando las pensiones públicas, por la creciente necesidad de los trabajadores para compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han venido criticando.

Y, pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró este año con un déficit equivalente al 0,9% del PIB (13.445 millones de euros), siempre excluyendo los gastos que le son impropios ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas con déficits anuales que triplicaron y cuadriplicaron al déficit de la Seguridad Social? ¿No se puede financiar un déficit del 0,9% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero?

No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el presupuesto a su servicio.

Mirad, amigas y amigos: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos treinta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, estoy afirmando que, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MÁS DE MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. Claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.

Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: En España se defraudan todos los años 100.000 millones de euros, que equivalen al 9,00 % del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 90% del gasto destinado a las pensiones.  Y dicen mucho más: el 75% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.

Por eso, cuando nos dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos. ¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida, precisamente, uno de los mayores lastres para el crecimiento del país con una cifra de dinero oculto a los ojos del Estado en torno al 20% del PIB.

Por cierto, ¿por qué todos los partidos, a excepción de UNIDAS PODEMOS, se han opuesto a que la banca devuelva los 60.600 millones de euros procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Una cifra más que suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.

El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.

Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es cómo se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO, con sus gastos de personal incluida la seguridad social, supone hablar de 3,01 billones de pesetas, es decir casi el 3 % del PIB.

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros. En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

En definitiva, amigas y amigos, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo, cuando no acelerando su muerte, tal y como ha ocurrido con los más de 42.000 seres humanos que han dejado morir en las residencias o geriátricos por falta de asistencia sanitaria durante la pandemia vivida.

Al respecto, es bien conocida la frase de aquel ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”

En realidad, siempre según Eurostat, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos y abuelas”.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.

El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

En la actualidad, amigas y amigos, más del 50% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

En este contexto, resulta verdaderamente grotesco, tener que escuchar a los máximos dirigentes del PSOE los argumentos y compromisos de sus campañas electoreras, cuando nos dicen que si permitimos que gobierne el PP “nuestras pensiones están en peligro, porque la derecha fomenta el empleo precario y las cotizaciones serán más bajas que nunca, porque su objetivo no es otro que destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

¿Cómo se puede actuar con tanta frivolidad y tanto cinismo por parte del PSOE cuando han sido ellos, con su reforma laboral de 2010, quienes iniciaron el camino de la precarización, agravada por la reforma del PP en 2012; cuando se OLVIDAN de que su reforma de las pensiones en 2011 supuso la primera rebaja y el retraso de la edad de la jubilación; cuando CALLAN que su reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada con el PP, da prioridad al pago de la deuda frente al dinero destinado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos; y cuando CALLAN que sus compromisos, y sus deudas millonarias con los bancos, les obliga, a ellos y al resto de los partidos, a incentivar los sistemas privados de pensiones…

Por lo tanto, el PSOE no puede seguir engañando al pueblo pretendiendo actuar de “apagafuegos” cuando forma parte del bloque de los “incendiarios”.

Al final, el PSOE y las fuerzas neoliberales que representan han impuesto, con el apoyo de los dirigentes sindicales, una reforma de pensiones que no reforma absolutamente nada, dejando las cosas igual o peor que estaban, porque mientras se sigan ligando exclusivamente las pensiones a las cotizaciones sociales y mientras se le siga cargando al sistema otras prestaciones que en absoluto le corresponden, será prácticamente imposible que el problema quede resuelto como pretenden hacernos creer.

De hecho, apenas habían transcurrido 24 horas cuando la AIReF, esto es los hombres de negro de Bruselas, ya advertía de futuros recortes en las pensiones para el año 2025. La filosofía de fondo es la misma que hemos denunciado en múltiples ocasiones: Escrivá, la AIReF, los economistas televisivos a sueldo pretenden hacernos creer en la inviabilidad del sistema público de pensiones. Es por ello que el gobierno ha decidido incumplir las normas y evitar una Auditoria de cuentas de la Seguridad Social con garantías de ecuanimidad.

A pesar de todo, el “Decreto Ley” sobre la reforma de las pensiones, es intencionadamente confuso. Es una opción deliberada puesto que permite, una vez desarrollados los reglamentos, aplicar lo contrario de lo que se dice.

Se habla del destope a la cotización de los salarios más altos, que es en sí mismo un pequeño avance, aunque al hacerlo tan lento y gradual acabará siendo neutralizado por la inflación en términos reales. También se abre la puerta a la ampliación del periodo de cómputo, de 25 a 29 años, que reduce sustancialmente las pensiones.

Pero, fijémonos  por un momento, en la literalidad del “DECRETAZO” gubernamental sobre medidas urgentes para la AMPLIACIÓN DE DERECHOS de los pensionistas, y vayamos a la Disposición Adicional Segunda del texto: “ A partir del Informe de Impacto de las Medidas de la AIReF, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos (más impuestos) o una reducción del gasto en pensiones (recorte de pensiones) en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas”. Es decir, más impuestos y más recortes de las pensiones. Quiere decir, lisa y llanamente, que los recortes comenzarán a aplicarse en 2025 o antes, todo en función de los resultados electorales.

Por eso, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.

En Francia llevan seis meses de enfrentamiento entre Macron y su gobierno, por un lado, y las clases trabajadoras, el movimiento sindical, el conjunto de los movimientos sociales y la izquierda política, por otro, siguen movilizándose los trabajadores y pensionistas contra la reforma de las pensiones.

¿Sabéis cuáles son los motivos de la misma? Porque el gobierno de Macron quiere ampliar la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64 y aumentar el número de años contribuidos necesarios para jubilarse, así como fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones hoy vigentes y distintos en función de cada profesión. Aquí, en nuestro país, el gobierno del PSOE ha elevado la edad de jubilación hasta los 67 años, caminando hacia los 70, y nos hemos quedado tan panchos.

Es verdad que Macron puede presumir de haber elevado la edad de jubilación a los 64 años con su reforma reaccionaria gracias al apoyo de la derecha tradicional y su extrema derecha, pero no es menos cierto que hasta ahora ha sido incapaz de superar las dos crisis que atraviesa: una crisis parlamentaria, ya que su debilidad en la Asamblea y su inexistencia en el Senado sólo se han hecho más evidentes hoy en día, con una mayor dependencia de la extrema derecha para aprobar sus proyectos de ley, y una crisis de legitimidad y de base social, ya que Macron y sus partidarios siguen estando desautorizados en el país, ya sea sobre la cuestión de las jubilaciones o sobre el conjunto de la política del gobierno, que atisban el alumbramiento de la VI REPUBLICA FRANCESA.

Es decir, si algo ha frenado los planes de Bruselas no ha sido tanto el trabajo parlamentario, como la movilización social persistente de los pensionistas en España y de los trabajadores en Francia. Por ello, nuestra lectura no es que debamos reducir el movimiento presente, sino al contrario: incrementarlo en lo posible y tratar de extenderlo a los trabajadores actuales, los grandes perjudicados de esta ley.

Hay que realizar un ejercicio paciente, pedagógico e incluyente al margen de las siglas sindicales para llegar a todos. Hay en UGT y CC.OO., aunque sus cúpulas hayan apoyado la reforma, un potencial de movilización que es preciso activar, trenzando desde lo inmediato y concreto una alianza social que permita abrir nuevos horizontes desde la movilización y la lucha.

De ahí, amigas y amigos, debemos de seguir insistiendo con mayor fuerza que nunca en que la única manera de que las pensiones públicas estén de verdad protegidas frente al abordaje de los corsarios del neoliberalismo es blindándolas en la Constitución, tal y como ha quedado expuesto.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance.

Muchas gracias