XIII Congreso Federal de la U.G.T. – MINERIA en Ponferrada, los días 14, 15 y 16 de mayo de 1983.
Estamos en el año 1983 cuando celebrábamos el XIII Congreso Federal de la FEDERACIÓN ESTATAL DE MINEROS DE U.G.T. en la localidad leonesa de Ponferrada, los días 14, 15 y 16 de mayo, donde volví a ser reelegido secretario general, en esta ocasión por la unanimidad de todos los mineros españoles, porque el SOMA había optado por abandonar el congreso a la hora de votar la comisión ejecutiva.
Aquel congreso, tal y como queda recogido en todos los medios de comunicación del país, era el congreso del Estatuto del Minero al que, desde el SOMA, en una vergonzante connivencia con el PSOE y su gobierno del Reino en España, le habían puesto todo tipo de obstáculos, zancadillas y cacicadas, entre otras cuestiones, porque no era su estatuto, sino el de la FEM-UGT. De hecho, las élites somáticas, que nunca quisieron participar en las reuniones y movilizaciones para hacer realidad el estatuto minero, pretendían sustituirlo por una especie de reglamento de régimen interior exclusivamente para Hunosa, elaborado por el entonces director de recursos humanos de la empresa, José Luis Muñiz Sancho, que no recordaba sino al mejor ejemplo de la legislación franquista basada en su Fuero del Trabajo. Por otra parte, “los mismos ejecutivos del PSOE que en su día no comprendían nuestra reivindicación, hoy, ocupando cargos en los Ministerios, caso concreto del Ministro de Trabajo Joaquín ALMUNIA, continúan anclados en las mismas pretensiones del principio, en el sentido de ver frenada esta Ley para la promulgación del Estatuto Minero”, tal y como queda recogida esta parte de mi intervención en la inauguración del congreso (La Nueva España, 14 de mayo de 1983).
Visita de Felipe González a la Mina La Camocha, acompañado de Antón Saavedra, el ingeniero Luis Tejuca y el periodista Luis José Avila, el día 21 de enero de 1978.
Así llegamos a la fecha del 21 de diciembre de 1983, cuando el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobaba el soñado y peleado ESTATUTO MINERO, que entraría en vigor a partir del 24 de enero de 1984, dejando atrás los ofrecimientos de tantos y tantos gobiernos que se vinieron sucediendo en nuestro país, y que, aunque había sido desechada su promulgación como Ley, tal y como habíamos defendido desde la Federación Estatal de Mineros de UGT, el mismo salía a la calle como Real Decreto que recogía una parte muy importante de nuestras aspiraciones.
Por fin, ya teníamos un Estatuto que, por primera vez en la historia de nuestro país, llamaba a los mineros españoles por su verdadero y único nombre: MINEROS. Por consiguiente, en su conjunto, el Estatuto Minero significaba una importante base para seguir avanzando. Habíamos logrado, desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T., una legislación única que sepultaba de una vez para siempre el modelo franquista de relaciones laborales, contribuyendo en su medida a la consolidación de la democracia y a la necesaria modernización de nuestras relaciones de trabajo.
Carta del Grupo Parlamentario del PSOE en el congreso de los Diputados sobre la presentación de la proposición de Ley sobre el Estatuto Mineros, el 25 de febrero de 1982
Aquel Estatuto, que supuso una de las mayores satisfacciones recibidas a lo largo de mi vida sindical, era, desde mi punto de vista, un vehículo inestimable para la definitiva implantación del sindicalismo de clase, auténtico medio de defensa de los trabajadores y más concretamente de los mineros españoles. El Estatuto Minero, en definitiva, ponía en manos de los mineros españoles las herramientas necesarias para cambiar sus condiciones de vida y trabajo. Sin embargo, más allá de cualquier intención protagonista, me parece totalmente necesario recordar que esta ansiada reivindicación de los mineros no hubiera sido posible si nuestra línea sindical, la línea sindical de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. no hubiera sido, la que ha sido: afrontar esta imperiosa necesidad desde una política de negociación-presión seria, responsable y totalmente realista, como muy bien había indicado el mismísimo Felipe González en su intervención inaugural del 43º Congreso de la Internacional de Mineros, celebrado en Madrid, el año 1979: “Compañeros mineros: vosotros conocéis mejor que nadie las luchas sindicales. Quizá porque tengáis los pies firmemente asentados sobre la tierra, mostráis siempre el mayor realismo en la lucha contra la injusticia”.
Carta de la casa real a la Federación Estatal de Mineros de UGT sobre la promulgación de un Estatuto Minero, el día 16 de junio de 1982
Quedaban atrás cientos y cientos de horas empleadas en negociaciones, consultas y entrevistas llevadas a cabo desde la FEM-UGT que me tocó presidir por aquellos tiempos. Quedaban atrás las acciones propugnadas por otras organizaciones que, como en el caso del SOMA-UGT, se dedicaron a bombardear la consecución de nuestro Estatuto, el Estatuto de los mineros de España, donde la mentira, la calumnia, el insulto y la agresión fueron el denominador común que presidieron todas sus actuaciones.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para tener la desfachatez de atribuírselo como una de sus conquistas sindicales, tal y como queda recogido en sus libros couché del 75º y 100º aniversarios somáticos, donde no aparece ni una sola mención a la Federación Estatal de Mineros de UGT. Incluso, el propio Ministro de Trabajo, Joaquín ALMUNIA, ignoraba a la federación en su comparecencia ante los medios de comunicación el día que presentaba el Estatuto, tratando de dar un protagonismo exclusivo al SOMA sobre algo que él mismo sabía que estaba mintiendo como un bellaco, tratando de olvidar los muchos encontronazos en nuestras reuniones en su Ministerio, algunos de los cuales acabaron a “hostia limpia entre su subsecretario de trabajo, Segismundo Crespo, y yo mismo”, teniendo que intervenir el mismísimo vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, por mediación del entonces diputado y miembro de la comisión ejecutiva confederal de UGT, Manuel Chaves”: “…Almunia manifestó que cuenta con que la respuesta de los sindicatos al nuevo texto no será homogénea. De momento, sólo conozco la del SOMA-UGT, que es favorable al estatuto. Con respecto a CC. OO, el ministro manifestó que se ha mantenido en una postura demagógica” (EL PAIS, 23 de diciembre de 1983).
Así y todo, como consecuencia de nuestras acciones decididas, responsables y realistas el Estatuto Minero era una realidad ansiada durante tantos años por el conjunto de los mineros españoles. Con anterioridad ya habíamos hecho nuestras gestiones y en la Ley 6/1977 de Fomento de la Minería, ya se reconocía esta necesidad que se insistía en la Ley 34/1980, modificadora de la Ley de Minas, incluso fijando el plazo de un año para la promulgación de un Estatuto Minero, dando lugar a la presentación por parte del PSOE de una proposición de ley, que previamente habíamos elaborado en la FEM-UGT, y que por aquel entonces era la única vía utilizable, siendo rechazada por el gobierno de UCD aludiendo, entre otras lindezas, que lo que pedíamos desde la Federación significaba un “trato de excepcional privilegio para los mineros españoles”.
Carta del Presidente del gobierno español, Felipe González, al secretario general de la Federación Estatal de Mineros UGT, Antón Saavedra, sobre la promulgación del Estatuto Minero, el 23 de marzo de 1983
Ante la negativa de CC.OO., expresada por escrito a nuestra organización, de llevar a cabo acciones por la defensa del Estatuto Minero, aludiendo que, “después del 23-F, lo prioritario era defender la democracia”, cuestión con la que estábamos radicalmente a favor, antes y ahora, tuvimos que tirar solos del carro, recurriendo a todo tipo de presión, enviando cartas, mociones en los ayuntamientos mineros, a todos los organismos de la Administración, llegando incluso al Rey de España.
Ya en el Gobierno el PSOE, comenzamos a mantener reuniones con todos los responsables para hacer realidad el Estatuto de los mineros y, siendo totalmente cierto que en estas reuniones hubo muchas tensiones y discrepancias, no es menos cierto que de nuestra mente nunca se apartó la situación real de nuestro país y por ello, en todo momento, hemos afrontado aquella reivindicación, tan necesaria para el conjunto de los mineros españoles, desde una perspectiva de solidaridad efectiva. Aquel día 21 de diciembre de 1983, pudimos decir, sin triunfalismos de ningún tipo, que habíamos logrado un Estatuto Minero revolucionario. Sí, he dicho revolucionario, porque revolucionario es todo lo que avanza, y nuestro Estatuto, el Estatuto de todos los mineros españoles avanzaba de una manera progresista, solidaria y realista.
Atrás quedaban las “algaradas” de CC.OO. de la minería que incluso llegaron a convocar dos huelgas en la minería para los días 14 y 15 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 1983, resultando ambas un rotundo fracaso a juzgar por el escasísimo número de mineros que la secundaron, no llegando al 15 por ciento en la primera y al 3 por ciento en la segunda. Es decir, mientras la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. continuaba negociando de manera serena los verdaderos y legítimos intereses de los mineros españoles, el Partido Comunista de España, instrumentalizando políticamente a CC.OO. en una estrategia inspirada por una constante de la confrontación con el gobierno del PSOE, llevaba a los mineros la confusión y el enfrentamiento.
Al respecto, resulta muy interesante un extracto del acta del Comité Central del Partido Comunista que recoge literalmente la intervención del compañero Manuel NEVADO, secretario general de la Federación de Mineros de CC.OO.: “Hemos caído hasta en violencias. Ha sido a palos con los compañeros para pararlos. Y esto no da votos, nos aparta cada día más. Tenemos que autocriticarnos porque en la mayoría de los casos han sido camaradas los que han estado al frente de los piquetes. No hemos sido capaces o no hemos acertado. Camaradas: la confianza de esos trabajadores no se gana con escapadas adelante como se ha hecho. Tiene que existir la autocrítica de los comunistas que estamos dirigiendo el Sindicato. Hemos mordido el anzuelo, una vez más. Para mí es una obsesión la cuestión de las urnas. A la hora del voto secreto nos la juegan los trabajadores. Muy bien en la mano alzada, la vanguardia, lo más exaltado que va a la asamblea sigue la huelga. Pero luego, a la hora de votar voto secreto es cuando los trabajadores votan lo que sienten. Y es que no somos capaces de reconocer que estamos haciendo un sindicalismo fuera del contexto de la mayoría de los trabajadores”
Atrás quedaban aquellas jornadas laborales agotadoras en la minería española…
Pero aquel Estatuto Minero no sólo unificaba, por primera vez en la historia de España, a todos los mineros españoles en una sola y única legislación, sino que implantaba la jornada laboral más corta en la minería del mundo: 35 horas semanales de lunes a viernes, superando aquellos años de los cuarenta cincuenta y principios de los sesenta, cuando el minero trabajaba 8 horas diarias y 6 días a la semana, incluido el sábado, siendo corriente “doblar” la jornada de trabajo uno o varios días a la semana de tal forma que ésta podía ampliarse hasta 15 horas diarias. Por otra parte, se recuperaba aquella jornada laboral de siete horas diarias en la mina – de lunes a sábado -, que nuestros antepasados habían arrancado en aquellos años difíciles a sangre y fuego, aunque la dictadura de Primo de Rivera la eliminara en una connivencia vergonzante con el SOMA-UGT de los Llaneza, Belarmino Tomás y Amador Fernández.
Recuerdo con mucha satisfacción cuando, el 12 de enero de ese mismo año 1984, intervenía desde la tribuna de la O.I.T haciendo mención a esta gran conquista de los mineros españoles, replicada por la delegación de la URSS, porque decían que ya hacía muchos años que ellos habían logrado la jornada de 35 horas para los mineros soviéticos, pero lo que no decían era que su jornada se computaba desde su llegada y salida del tajo, y la nuestra empezaba desde el momento en que el minero “cogía lámpara”. “Yo – les decía – he visitado sus minas en las zonas siberiana de Kuzbass y la ucraniana del Donbass y, siendo muy consciente de que ustedes tienen una de las mejores minerías del planeta, sin embargo he podido comprobar “in situ” esa realidad. Por lo tanto, la jornada laboral más corta del mundo es la de los mineros españoles”.
Antón Saavedra, junto a Manuel Nevado, en la Conferencia de la O.I.T. en Ginebra, el 12 de enero de 1984
Otro de los aspectos de aquella, mi primera intervención en la O.I.T. formando parte de la delegación española, fue la referida a la intervención del ministro de trabajo de Perú, que me hizo saltar como un resorte cuando recordaba el incidente que un año antes había sufrido en Lima, teniendo que fregar un cuartel de la guardia civil a la vez que era humillado y me era robado el dinero que llevaba conmigo, cuando yo me reunía allí con los trabajadores mineros en la clandestinidad. Antes de que tomara la palabra el representante peruano, me levanté de mi asiento para hacer saber al plenario que yo abandonaba la reunión hasta que concluyera su intervención el representante gubernamental de Perú, donde los mineros eran asesinados, y la masacre era un hecho que se producía diariamente, a la vez que significaba la ausencia de la representación obrera peruana por la falta de libertad sindical en el país peruano. Tengo que resaltar la actitud de los compañeros soviéticos quienes, a pesar de las palabras que habíamos tenido aquel día por la mañana, abandonaron la sala conmigo y otro grupo pequeño de los asistentes, pero al día siguiente lograba que se aprobase una moción por la que sería necesario que para participar en las conferencias tripartitas de la O.I.T. tendrían que acudir los representantes gubernamentales, empresariales y de los trabajadores.
Volviendo al Estatuto Minero, éste lograba introducir el carácter indefinido y por escrito en la contratación laboral, además de exigir el reconocimiento médico previo y el control por parte de los representantes mineros. De esa manera quedaban eliminadas las subcontratas y el “prestamismo laboral”, aunque una cosa era la teoría plasmada en el Real Decreto, y otra muy distinta la práctica real, de tal manera que el abandono y la desidia del “pandillerismo” sindical al servicio de la patronal y los gobiernos de turno, llenó las explotaciones mineras de esta clase de trabajadores, estableciendo una cierta aristocracia obrera entre los “fijos” y los otros, los de las subcontratas.
Pero, también nuestro Estatuto, el Estatuto de los mineros españoles, no sólo mantenía el Régimen Especial de la Seguridad Social para los mineros del carbón, que nuestros mayores habían logrado en sus duras luchas de los años sesenta, sino que ampliaba sus aspectos sustanciales al resto de la minería distinta del carbón, rebajando el tope de jubilación desde sesenta y cinco a sesenta y cuatro años, permitiendo a miles de trabajadores mineros una rebaja de la jubilación de hasta diez años y más, con la revisión de las categorías en aplicación de los coeficientes reductores por años de servicio que, en unos casos se incrementaban, a la vez que se equiparaba el resto de la minería metálica y no metálica.
Aquel Estatuto Minero dotaba al conjunto de los mineros de una legislación de Seguridad e Higiene en los niveles de cualquier país avanzado en esta materia, implando la figura del Delegado Minero de Seguridad con poderes para frenar aquellas tareas que no ofrecieran garantías de seguridad para los trabajadores, aunque, todo hay que decirlo, en algunos casos – los menos – quedaron transformados en instrumentos al servicio de los mandos de la empresa, no siendo elegidos en todos los casos entre los mejores mineros de la empresa, sino más bien por afinidades de las cúpulas sindicales, partidistas y empresariales.
En fin, un Estatuto para seguir avanzado pero que quedaría truncado en sus aspiraciones porque la desaparición del sector minero del carbón pasó a ocupar un objetivo prioritario en las actuaciones del “pandillerismo somático y no somático”, al servicio de la patronal y de los gobiernos del bipartidismo PPSOE.
Antón Saavedra en los Juzgados de Pamplona por acusar a la empresa de Potasas de Navarra por corrupción y desfalco, el día 29 de mayo de 1984
Ese mismo año de 1984, para no variar, sería procesado en los juzgados de Pamplona como consecuencia de una querella criminal interpuesta por la empresa de Potasas de Navarra, por las acusaciones que yo había realizado en una conferencia de prensa celebrada en Pamplona, el día 10 de abril de 1984, en las que afirmé que “la dirección de Potasas estaba seriamente corrompida y comprometida en desfalcos, y una dirección que desfalca y está corrompida no puede llevar adelante la gestión de la empresa” (EL PAIS, 13 de abril de 1984).
En efecto, con fecha 29 de mayo de 1984, comparecía ante el Juzgado de Pamplona para prestar declaración, ratificándome en mis palabras y añadiendo que el presidente de la empresa, Francisco Conde, uno de aquellos comunistas repescados por el PSOE, “estaba encubriendo, y además lo sabe, esas palabras que yo manifesté: CORRUPCIÓN Y DESFALCO”. En la salida de mis declaraciones ante el juez, mostraba ante los periodistas mi satisfacción de que la querella criminal contra mi persona, “sea una realidad, porque será muy buena ocasión para demostrar a dónde va el dinero de todos los españoles, y para que el pueblo sepa cómo se dilapida el dinero que va destinado a las empresas públicas. Yo diría que se trata de un proceso a la empresa pública después de tantos años de franquismo, del que Potasas de Navarra no se libra, puesto que hay muchos miles de millones de pesetas que hay que poner en claro”.
Al final, el presidente de la empresa sería cesado y de la querella criminal contra mi persona nunca más se supo, pero sí se supo de las intervenciones del entonces Ministro de Industria, Carlos Solchaga, el de su director general de minas, Juan Manuel Kindelán, y del vicepresidente del INI, García Valverde, que incluso llegaron a puentear al presidente de la empresa en la redacción del “plan de mina reducida”, uno de los motivos de mis acusaciones, perfectamente documentadas, que habían dado lugar a la querella interpuesta contra mí. Lo más grave de todo fue que, tal y como estaba previsto por el gobierno de la nación, la empresa de Potasas de Navarra desaparecía, para dar paso a otra de menor dimensionamiento creada con el nombre de Potasas de Subiza, muy cerca de la anterior.
Aquel año 1984, también fue el de las minas del mercurio en Almadén, donde fui procesado, teniendo que presentarme en los juzgados todos los días 1 y 15 de cada mes, hasta que fui juzgado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Los motivos fueron con ocasión de un durísimo y largo encierro en los interiores del Pozo San Joaquín de ALMADEN para reivindicar unas condiciones laborales más humanas para los mineros del mercurio, siendo presidente preautonómico de Castilla – La Mancha el exfalangista y miembro de la Guardia de Franco, José BONO Martinez. Él, desde su nuevo despacho presidencial, y yo desde el teléfono de la planta 23 del pozo minero, mantuvimos una muy agria discusión donde la palabra más suave fue la de “hijo puta”. Él había negociado con el presidente del Consejo de Minas de Almadén, al margen de los mineros, y nos exigía que abandonáramos el encierro de inmediato. La respuesta fue que no saldríamos de allí hasta que el mismísimo Gobernador Civil de Ciudad Real, Iñigo MOLINA, no bajara a firmar nuestras reivindicaciones allí, en el fondo de la mina, en la planta 23 del Pozo San Joaquín, como, de hecho, así ocurrió, no sin antes mediar la intervención del vicepresidente del gobierno español, Alfonso GUERRA, que por aquel entonces ya estaba muy distanciado del falangista albaceteño, después de haberlo “usado” como confidente en todo el proceso de absorción del PSP por parte del PSOE.
En aquella ocasión, como consecuencia del conflicto generado en MINAS DE ALMADEN acabé en los Tribunales de Justicia a través de una querella criminal interpuesta por la Empresa y el PSOE en la que me pedían seis años de cárcel y cien millones de pesetas en concepto de indemnización – debieron de pensar que yo era el hombre de los maletines de FILESA o el amigo de EL POCERO -, cuyo juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, allá por mediados del año 1989, cuando yo había dimitido como secretario general de UGT-MINERIA, como consecuencia del infarto agudo de miocardio que había sufrido el 11 de junio de 1988, y “el BONO” era secretario general del PSOE manchego, cuya SENTENCIA resultó totalmente absolutoria después de una magistral y apasionada defensa llevada a cabo por la letrada que me había correspondido por el “turno de oficio” – la UGT ni siquiera se dignó a ponerme servicios jurídicos, seguramente porque estaría muy ocupada en el robo de los dineros que los trabajadores habían depositado en su cooperativa de viviendas PSV-UGT, aunque recibí el apoyo de todas las federaciones regionales mineras de UGT, con la típica excepción del SOMA – que, por cierto, todo hay que decirlo, era por aquel entonces una activa militante del Partido Popular, tal y como me lo hizo saber previamente y se puede comprobar en la prensa diaria: “EL EX-SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACION ESTAL DE MINEROS DE LA U.G.T. DEFENDIDO POR UNA LETRADA DEL PARTIDO POPULAR”.
