Antes de introducirme por las galerías mineras, tal y como me piden los compañeros mineros de la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA en el Pozo Carrio, conviene dejar muy claro que una de las características radicales de nuestra minería, frecuentemente obviada u olvidada es que los yacimientos minerales son bienes demaniales. Significa esto que son bienes públicos y que la administración tiene la obligación de preocuparse y velar su gestión por parte de los concesionarios, sujetos siempre a los requisitos de interés común.
Demanial presupone que la administración no puede despreocuparse y prescindir del diseño y realización de una política minera, desde la investigación de los recursos mineros hasta la transformación de los mismos en energía, pasando por una explotación racional y humana de los mismos, donde el minero ocupe un lugar preeminente en todo el proceso.
Sin embargo, con la entrada del gobierno felipista del PSOE, allá por el año 1982, la despreocupación por nuestro sector ha sido total, tal como si el carbón autóctono fuese una maldición; una despreocupación que han continuado sus socios de bipartidismo pepero, actualmente en el gobierno porque así lo han decidido los del PSOE. Pues bien, el carbón no es ninguna maldición, es un problema. Un problema como tantos otros, mucho menor que otros, y que tiene por supuesto, soluciones. Entre ellas, la nacionalización que, por cierto, en absoluto tiene nada de parecido con la “socialización de pérdidas y la privatización de las ganancias” realizada en 1967 por el franquismo con la operación HUNOSA.
Todos sabemos que el tema de HUNOSA, tanto en su nacimiento como en su nefasta gestión – nunca como ahora, en la actualidad – son la más rotunda muestra de lo que no debe ser una empresa pública, sobre todo dentro de un Estado, como el español, que tampoco es público, al estar supeditado a las políticas del ultraneoliberalismo económico que nos ordenan desde el IV Reich, y frente a esa nefasta gestión que ha caracterizado la vida de HUNOSA desde su nacimiento, sabemos que las “ocurrencias” de la actual presidenta pepera no son la mejor solución para solucionar el problema existente. Ni la crisis energética, ni el problema del carbón, ni los mineros asturianos, ni HUNOSA admiten más dilaciones. Se necesitan soluciones, y soluciones son las que pretenden ofrecer desde la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA con sus alternativas desarrolladas en su recientemente celebrado Congreso Regional.
Por esta razón, una vez analizadas sus resoluciones, estoy en condiciones de poder afirmar que, lejos de aquel problema, tan repetido por los gestores de nuestro sector, tales como el absentismo, la baja productividad o la geología de yacimiento, tratando de hacer responsables a los trabajadores de todos los desaguisados que ha conducido a la actual situación del sector minero, la cruda realidad nos demuestra que han sido la ineficacia de sus gestores para hacer frente a los problemas, la irracionalidad de sus planteamientos y el atenicismo que ha provocado el caos actual. En definitiva, la falta total de una POLITICA MINERA Y ENERGÉTICA.
Seamos serios y sensatos: las fuentes energéticas son escasas, y bajo ningún concepto se pueden ni deben de menospreciar, por razones de la dificultad de sus explotaciones, donde quiera que se encuentren. Y esto debieran de saberlo en la UNION EUROPEA, si es que se habla en nombre de Europa y no de quienes tienen el carbón más fácil, aunque tampoco nadie se debe escudar, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, en los mandatos de la UNION EUROPEA, porque, entre otras cuestiones, el TRATADO DE LISBOA otorga a los países total libertad en lo referente al aprovechamiento de sus recursos energéticos. Es decir, son competencia de cada país, por lo tanto esa exigencia de la UNION EUROPEA de cerrar las explotaciones mineras en el año 2018 en absoluto tiene porqué cumplirse. ¡Ya está bien de manipulaciones y engaños a los ciudadanos!
A modo de sipnosis, finalizaré el presente artículo para el periódico “L’ALMORRANA” con unas reflexiones que no pretenden sino profundizar en el necesario debate entre los mineros:
LA PRIMERA.- Nuestro país tiene acceso en la actualidad a reservas de carbón que garantizan el suministro durante cien años. Por lo tanto, lo que no hay es justificación para prescindir de una fuente energética autóctona de la que aún nos quedan en torno a los 550 millones de toneladas de carbón conocidas.
LA SEGUNDA.- En la actualidad, el grado de autoabastecimiento de energía primaria en España – la decimotercera economía del mundo – es de sólo el 20 por ciento, lo que supone que el 80 por ciento de la energía primaria consumida se importe del exterior – por un 58 por ciento para la Unión Europea -, dependiendo casi al 100 por ciento de las importaciones de petróleo, gas y uranio, y del orden del 80 por ciento de las importaciones de carbón, con un coste de la factura energética del orden de los 40.000 millones de euros anuales.
LA TERCERA.- El carbón sin CEODÓS ya sólo depende de una decisión política, existiendo en la actualidad centrales térmicas en las que el carbón consumido no produce emisiones nocivas, y menos de CEODÓS, pero se sigue insistiendo y manipulando en el error de seguir diciendo que todavía se investiga sobre ello, cuando, en este momento sólo falta la decisión política mediante tecnologías ya muy maduradas.
Además, partiendo de la base que en la combustión del carbón, tanto los de importación como los nacionales, emiten la misma cantidad de CEODÓS, si contabilizamos las emisiones del transporte en barco y los camiones desde los puertos marítimos, llegamos a la conclusión de que el carbón de importación emite un 6 por ciento más de CEODÓS que nuestros carbones autóctonos.
LA CUARTA.- Las ayudas al funcionamiento que recibe el sector para su viabilidad, muy lejos de resultar onerosas para el Estado, son devueltas con creces a las propias arcas públicas a través de las cargas fiscales y coberturas sociales que soporta la propia actividad minera y, a la propia sociedad, mediante las rentas salariales y compras de bienes y servicios, amén de su enorme capacidad de arrastre de otros sectores económicos que, de manera indirecta o inducida, son potenciados gracias al entorno económico que propicia la minería del carbón y su fuerte capacidad de creación de valor añadido en sí misma y en otras actividades dependientes de ella. Solamente en los pagos impositivos de las empresas mineras en concepto de cotizaciones sociales, impuestos ligados a la producción e impuestos sobre el IVA, el balance resulta altamente positivo para el erario público: Por cada euro que da el Estado en concepto de ayudas al funcionamiento al sector minero, este reporta 3,4 euros por los conceptos fiscales mencionados.
LA QUINTA.- Estudios de varias facultades universitarias vienen a corroborar el crucial aporte económico del sector primario del carbón por su fuerte capacidad en la generación de valor añadido en tres frentes: como actividad en sí (impacto directo), como consecuencia de las interrelaciones productivas que arrastra (impacto indirecto) y como efecto renta-demanda (impacto inducido). De hecho, constatan que un empleo directo en minería posibilita la creación de casi dos empleos de manera indirecta y hasta tres empleos si sumamos los efectos inducidos. Ciñéndonos al ámbito de los municipios mineros, los efectos multiplicadores que cada empleo minero tienen sobre el empleo total del municipio se sitúan entre cuatro y cinco empleos.
LA SEXTA.- Desde hace mucho tiempo, de una manera permanente y machacona se nos viene echando en cara a los mineros, al pueblo asturiano, de que somos un sector subvencionado, y es verdad, pero se silencia que, efectivamente, por cada euro de subvención que recibe el carbón, el Estado español recibe más del triple. ¿Por qué ese afán a la hora de señalar a nuestros carbones como receptores de ayudas estatales a su tan necesaria como imprescindible explotación?
¿Por qué no los gastos del ejército y la policía, o la Iglesia, o las carreteras, o las subvenciones millonarias a fondo perdido para la banca y las empresas privadas, por no hablar del impuesto de patrimonio de las grandes fortunas? Por cierto, ¿Dónde se equilibran los presupuestos del Ministerio del Interior o los de Defensa, Educación o la Justicia, subvencionados al cien por cien por las arcas del Estado? ¿Cerramos la Universidad? ¿Y las cárceles? ¿Desaparecemos la casa real española? No es un problema de fondos, sino principalmente de cómo se distribuye lo que la sociedad generamos; y el carbón, pese a quien pese, genera riqueza, empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.
ANTON SAAVEDRA