INTERVENCIÓN DE ANTÓN SAAVEDRA SOBRE “PENSIONES Y SINDICALISMO” EN EL I ENCUENTRO ESTATAL DE VAMOS (PODEMOS) EN LA CASA LA BUELGA DE CIAÑO, EL 3 DE JUNIO DE 2017.
Buenos días, compañeras y compañeros. Gracias por vuestras palabras de presentación, pero yo sólo soy un compañero más de SOMOS, de los que VAMOS a trabayar para poder acabar con este sistema injusto y corrupto del bipartidismo turnista del PPSOE, y poder implantar un sistema justo y democrático al servicio de la gente, porque, claro que PODEMOS.
En aras de la brevedad, y con el fin de dar paso a un debate enriquecedor de esta asamblea que estamos celebrando en este magnífico foro de La Casa de La Buelga, me vais a permitir que haga unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia sobre “PENSIONES Y SINDICALISMO”, no sin antes hacer mías las palabras del compañero Tino, en el sentido de que los problemas como el que tratamos tienen un ámbito de Estado y como tal hay que tratarlos.
LA PRIMERA, para decir que el sistema público de pensiones, nuestro sistema, está en permanente deconstrucción, al igual que buena parte de los sistemas europeos. Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 30 años nos están abocando a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos, donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión 606 euros, y en 2060 será de sólo 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de existir, no van a permitir una vida digna después de muchos años trabajo.
LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero de 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión, en 1985, después la edad de jubilación de 65 a 67 años, en 2011, y más recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con el incremento cero para las pensiones. Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, una mayor dificultad para cotizar.
LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancaria, dando más dinero fresco a la banca para especular en los mercados financieros. No nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos: los planes privados de pensiones en absoluto pueden ser una solución para la clase trabajadora: si con un salario medio bruto en España de 12,84 euros a la hora apenas se puede ahorrar a final de mes ¿qué dinero podrían destinar los trabajadores a dichos planes? ¿de qué sirven a la mayoría de población mileurista? ¿y para qué? ¿para que inviertan el ahorro de los trabajadores en acciones que, como las de Bankia, pasaron un buen día de valer 40 euros a no valer nada o en las conocidas participaciones preferentes, caso concreto de CAJASTUR ?
LA CUARTA, para confirmar que el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE es alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.
Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se ha transformado en una “lucha de frases” tan grotescamente practicado por el pandillerismo sindical. Un diseño que ha estado en el ojo de mira de los promotores del “Consenso de Washington”, y cuya filosofía ha impregnado las políticas económicas de los partidos burgueses desde los años 80 hasta hoy, hasta el extremo de que el capital quiere que lleguemos a los 65 años, a los 67 o a los 70… dóciles y pobres.
LA QUINTA, para manifestar, una vez más, que nunca, jamás nadie ha regalado nada a los trabajadores. Si nuestro sistema público de pensiones está ahí es como resultado de la presión que los trabajadores ejercieron un día frente al capital, una presión que se articuló a través de los sindicatos y los partidos de izquierda de antaño. Es decir, las pensiones públicas son una conquista obrera, al igual que la jornada de 8 horas o el descanso semanal, y como todas esas conquistas seguirán ahí mientras sus beneficiarios – presentes y futuros – seamos capaces de seguir luchando y presionando para que así sea frente a quienes llevan 30 años deconstruyéndolas.
Por supuesto que, tanto el gobierno actual del PP como los que le precedieron del PSOE, puede seguir esgrimiendo cifras y más cifras en defensa de sus reformas antisociales. Pero lo que no es de recibo es la interpretación que se puede hacer de cada una de ellas. Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al 1,7%, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9,5%… y se financió?
¿No se puede financiar un déficit del 1,7% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario y a las políticas de austeridad. No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tienen o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el Presupuesto a su servicio, y a tenor de los sucesivos recortes de pensiones que venimos padeciendo parece más bien que no, sobre todo si observamos la actitud pasota de los autodenominados sindicatos de clase, cuando no de la propia connivencia de estos con la patronal y el gobierno de turno.
Además, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real o del Tribunal Constitucional? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Dejamos de hacer carreteras? ¿Cerramos la Universidad?
Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros. En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde. Ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión. ¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo. Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco.
El día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras, y digo bien nuestras pensiones, dejaría de ser un problema. Por lo tanto, VAMOS a seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de los compañeros y compañeras de PODEMOS, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones y jubilaciones.
En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.
En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.
Curiosamente, los actores políticos no variaron sustancialmente. Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores por CC.OO. y UGT”, de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de UGT y CC.OO. que declararon a los cuatro vientos, como papagayos que eran y son de los partidos redactores que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” introduce muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.
¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe? Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura. ¡Todo esto se firmó con el entusiástico aplauso de los llamados sindicatos mayoritarios de la clase de CC.OO. y UGT!
¿Se entiende ahora por qué, en un contexto donde el gobierno anuncia “situaciones catastróficas” en las “reservas” que conforman la “hucha social” a medio plazo, siempre basadas en los “informes”, absolutamente faltos de rigor, provenientes del FMI, el BCE y el Banco de España, dan ganas de echarse “mano a la cartuchera” cada vez que el gobierno acuerda rebajar o suprimir cuotas sociales de la patronal, que no son sino un salario en diferido de los trabajadores, bajo el pretexto de que, con tales dineros, la patronal fomentará el empleo ?
Desde mi punto de vista, por mucho que sigan glayando los González, Aznares, Zapateros y Rajoys, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución española que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Por ello, desde mi punto de vista, considero irrelevante la bajada del número de cotizaciones en el régimen como argumento del bipartidismo y sus correspondientes voceros y tertulianos al uso. Es verdad que con muchos menos trabajadores en el sector agrícola se producen muchos más alimentos, por ejemplo; de la misma manera que un aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener, e incluso expandir, las pensiones sin ningún problema, porque la viabilidad de las pensiones no es una cuestión demográfica o económica, sino política.
En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 50% de las pensiones está por debajo del Salario Mínimo y casi el 30% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, ni a las cúpulas de los sindicatos institucionalizados les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas. Todo lo contrario, su política está destinada a que el Estado se gaste lo menos posible en pensiones y que los trabajadores tengamos que hacernos un plan de pensiones privado.
Por lo expuesto y por mucho más, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso irracional.
¡¡¡ Unidos SOMOS fuertes y PODEMOS ganar la batalla, pero organizados, VAMOS a ser invencibles !!!
Muchas gracias.