INTERVENCIÓN DE ANTÓN SAAVEDRA SOBRE LA LEY DE GARANTÍA DE DERECHOS Y PRESTACIONES VITALES, EL 20 DE FEBRERO DE 2020
Junta General del Principado de Asturias
Buenos días, señora presidenta, señorías:
Muchas gracias por concederme la palabra para exponer nuestro punto de vista, nuestras inquietudes y también nuestras aspiraciones respecto a la implantación de un mecanismo esencial para la cohesión de nuestra sociedad, como es el proyecto de ley que nos toca debatir sobre la “Garantía de los Derechos y Prestaciones Vitales”.
El Gobierno de Asturias habla de “blindar las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad, y sigue hablando de asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan” en su proyecto de Ley. Hasta aquí todo muy bonito. Pero ¿dónde está el dinero para llevarlo a la práctica? ¿De donde va a salir ese dinero? ¿Acaso tiene este gobierno autónomo la capacidad para legislar una reforma fiscal equitativa que, efectivamente, haga pagar más a aquel que más renta tiene, a la vez que obligue a pagar lo mismo a todos los individuos independientemente del origen de su renta, cuando se dedica a andar miagando por Madrid en busca de las correspondientes migajas para nuestra región?
Hemiciclo antiguo de la Junta General del Principado de Asturias, el 0 de febrero de 2020
Un ejemplo de lo que estoy tratando de reflexionar acerca de la falta de dotación presupuestaria para cualquier iniciativa que se presente, lo supone la Ley de Dependencia, promulgada por el gobierno de España, el 30 de noviembre de 2006, y que actualmente se encuentra en el limbo, con más de un millón de afectados, entre dependientes y sus cuidadores familiares que, en el mejor de los casos, reciben cantidades irrisorias, cuando no se las han cancelado en su totalidad por falta, precisamente, de presupuesto, dándose en múltiples ocasiones – demasiadas – que muchos de los dependientes aún no hayan recibido las ayudas mientras la muerte ya se ha llevado por delante a quiénes cuidaban y amaban.
Señorías: En España somos millonarios en leyes. Tenemos leyes para todo, pero nuestro país está entre los países del mundo que más viola o incumple las leyes, incluida la ley fundamental de la Constitución. Hace 42 años que se aprobó la Constitución española, y muy lejos de los discursos oficialistas habituales, quiero recordar hoy que nuestra Constitución, habiendo marcado un hito importantísimo en nuestra historia, solo tiene un problema. ¿Se cumple nuestra Constitución? Pues depende. Hay muchos artículos constitucionales que se cuestionan o directamente que no se cumplen.
Una lectura atenta del texto arroja la conclusión de que unos cuantos artículos tal parece que sean papel mojado, retórica o brindis al sol:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” (Artículo 31). Pero la progresividad fiscal se incumple de modo sistemático según multitud de evidencias: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 90.000 millones de euros al año, alrededor del 24% del PIB.
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…” (Artículo 35). Pero más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro, según la EPA; más de tres millones de personas están inscritas como paradas en los Servicios Públicos de Empleo, de las que más de un millón y medio no cobran ninguna prestación, y la crisis ha traído un fenómeno nuevo: trabajadores con empleo, pero con una remuneración tan insuficiente para satisfacer sus necesidades que ya son considerados técnicamente “pobres”.
“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo” (Artículo 40). Al respecto, resulta muy difícil decir cuál de las dos premisas de este artículo de la Constitución se cumple menos, cuando las desigualdades económicas cada vez son mayores, siendo España, como es, junto a Estado Unidos, el país del mundo, donde más aumenta la desigualdad, según la OIT.
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto” (Artículo 43). Sin embargo, la privatización de servicios o el copago de medicinas y servicios, son algunas de las consecuencias del austericidio implantado en su día por el bipartidismo PPSOE con la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución para salvar a la banca, hasta el punto de ser la OCDE quien acaba de hacer público un informe que sitúa a España entre los países que más han recortado en Sanidad.
Antón Saavedra en la Junta General del Principado de Asturias, el 20 de febrero de 2020