Día 29 de marzo

Comienzo mi diario de hoy, 29 de marzo, a las 19,00 horas debido a que no arrecian los dolores de mi espalda y cervicales y lo hago, después de haber realizado, en este mis quince días de confinamiento, mi actividad de costumbre, esto es, ducha, aseo, desayuno, compra de la prensa y el pan, paseín diario desde casa a al quiosco de la prensa, comida, lectura y siesta.

Como casi todos los días, nada más abrir los ojos, sufro el bombardeo de las estremecedoras noticias sobre las muertes causadas por el coronavirus, ese enemigo invisible que nos está sacudiendo nuestra perspectiva sobre el porvenir, profundamente arraigado en los seres humanos, que alcanzan 78.797 infectados, de los cuales 9.444 son profesionales de la sanidad, y 6.531 muertos a las 12,30 horas de este día que estoy relatando.

Efectivamente, ante los grandes desastres, la reacción natural de cualquier ser humano nos anima al acercamiento, a la unión y al socorro, entre otras cuestiones, porque pienso que la solidaridad aumenta la supervivencia. Sin embargo, en la pandemia actual que nos está tocando en suerte, sometidos al distanciamiento y confinamiento forzoso, vivimos momentos solidarios y alegres, pero también nos toca vivir otros que se presentan cargados de un miedo indefinido, latente e incomodo, que nos roba la tranquilidad y nos transforma en personas suspicaces e irritables, no solo porque podamos temer que nos pueda ocurrir algo a  nosotros, a nuestros familiares y amigos, sino a personas que, sin conocerlas, también me preocupan en todo el mundo. Y algo de eso, o mucho – más que nunca -, es lo que me ha ocurrido hoy con la visión de un video de 5,29 minutos de duración grabado por uno de los asistentes en la charla celebrada el 25 de marzo de 2020 en un hospital madrileño sobre “Instrucciones sobre ética utilitarista ante las catástrofes”, donde una supuesta médica especialista explica al grupo de los profesionales sanitarios una serie de normas que, debido al interés que necesariamente tiene que despertar en cualquier persona, me he tomado la molestia de recoger  literalmente para transcripción al papel de acuerdo a las palabras de la supuesta doctora: “…a los equipos médicos para aplicar en una situación extrema de recursos, el valor principal es la utilitarista. Recordad los estudios de coste/utilidad (…) Años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a quienes más los necesitan, sino con quien más podemos conseguir (…) El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social, es decir, maximizar el número de vidas salvadas (…) En una catástrofe como la del 11-M se hace triaje de guerra: verde está leve, amarillo es recuperable, rojo es crítico (hay que actuar), negro es no recuperable y se le seda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad, salvo que tenga síntomas y se le pone sedación (…) Ese es el protocolo de catástrofes que casi nadie conoce porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes (…) La situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Hay recursos logísticos, las camas de UCI que van a ser nuestro primer cuello de batalla. Las camas de hospitalización general que van a ser el segundo cuello de batalla, no van a ser la urgencia, va a ser la hospitalización (…) Recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares, no hay más de los que somos, no podemos pintar médicos para que nos ayuden. Recursos materiales: los equipos de protección. En una guerra el soldado no se preocupa de las balas, pero si hay restricción de balas, no te dejan disparar a discreción sino, asegurar el tiro. Habrá momentos donde habrá que decir a quien se le tira la bala y a quien me la guardo para otro paciente (…) Registros logísticos: lo que se ha hecho es centralizar las camas de UCI, porque estas no son de mi hospital. Son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente de toda la comunidad que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables. Esto es drástico, esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo (…) Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos al desabastecimiento, límites tratamientos a los pacientes recuperados (…) No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Ya se está negando el tratamiento a esos ancianos, y si es un COVID mala suerte”.

Así finaliza la charla de la doctora. ¡Tremendo! Que triste ser anciano, después haber trabajado tantos años para levantar este país de aquella guerra incivil que vino como consecuencia del golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República y haber contribuido con sus luchas a la conquista de un sistema público de sanidad, entre los mejores del mundo, que ahora les deja morir por falta de recursos.

¿Qué ha quedado de aquel código deontológico de Hipócrates donde se juraba que “¿Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo (…) En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ¿ya sean libres o esclavos?

No es la primera vez que Aso, uno de los de los políticos más ricos de Japón, ha cuestionado el deber del Estado en relación a la población anciana. En 2008, mientras ejercía como primer ministro, calificó de “chochos” a los pensionistas que deben cuidar mejor de su salud. “Veo a gente de 67 ó 68 años constantemente ir al médico”, soltó en una reunión de economistas. “¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo? Yo ando todos los días y hago otras cosas, pero yo voy a pagar más impuestos”.

Esta esquela adelantada de nuestros viejos me recuerda las declaraciones de aquel vicepresidente de las Finanzas en el gobierno japones, Taro Aso, cuando refiriéndose a la problemática de las pensiones, pidió a los ancianos del país que “se dieran prisa en morir” para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el Gobierno”, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informa el diario británico ‘The Guardian (22 de enero de 2013). El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir”, acabaría remachando.

A este paso, de seguro que acabaremos copiando de los esquimales, que cuando sus padres son demasiado mayores los dejan a la intemperie glacial en la puerta de la choza.

La cruda realidad de nuestros ancianos es que vienen siendo las víctimas de un gran negocio, perfectamente consentido por los gobiernos del bipartidismo PPSOE, a través de un grupo de multinacionales y fondos buitre – en bastantes ocasiones  también aparecen viejos conocidos que antaño fueron cargos políticos en la administración y en los gobiernos central y autonómicos quienes rigen este tipo de establecimientos que controlan en torno al  75% de las plazas en centros de la tercera edad y mueven todos los años una cifra de 5.000 millones de euros.

Desde constructoras como ACS, Sacyr o Eulen, pasando por aseguradoras como BUPA o Santa Lucía, hasta llegar a entidades religiosas como, por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por el cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente, todas ellas conforman esta red mafiosa en el “mercado” de nuestras y nuestros ancianos.

España supera los 590 muertos por coronavirus, muchos de los cuales son ancianos. En los últimos días en residencias de ancianos han fallecido al menos 48 mayores a causa del coronavirus, aunque posiblemente la cifra aumente ya que a varios no se les ha practicado la prueba del COVID-19.

Más de 2.000 ancianas y ancianos han fallecido en España hasta la fecha del 29 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVID-1 que invade nuestro país, en su mayoría cadáveres abandonados durante horas o días, tal como pudimos saber recientemente por boca de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, personal dándose a la fuga, como lo ocurrido en la residencia Monte Hermoso de Madrid, con 20 persona fallecidas, o confinándose con los enfermos para cuidarlos, como ocurre en la Residencia de Nuestra Señora de los Fresnos en la localidad asturiana de Langreo. Trabajadoras muy precarizadas – un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación requerida para abordar el problema. Responsables empresariales mirando para sus cuentas bancarias. Un gobierno totalmente desbordado que se ha visto obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo. Una gran tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero, lo peor de todo, que se trata de un drama que se pudo y se puede evitar en toda su dimensión.

En efecto, a juzgar por los testimonios y los datos que hemos obtenido, perfectamente constatados, es necesario hacer una retrospectiva años atrás para saber que los problemas ya empezaron a aparecer hace bastantes años, aunque su fase de agudización provenga de  los años del austericidio impuesto por el bipartidismo PPSOE en 2010, con el asalto de los corsarios del neoliberalismo al Estado del Bienestar y la fiebre privatizadora que vino a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución con el objetivo de  rescatar la banca con el dinero del erario público.

Desde esos momentos muchas residencias para ancianas y ancianos poco o nada tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Más bien son factorías de la atención, aparcamientos de abuelas y abuelos, padres y madres, gestionados con la mente puesta en el negocio lucrativo, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados, cuya principal característica es la precariedad: “Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, según el testimonio público de Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.

Los últimos datos publicados por el IMSERSO, indican que de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas, un “mercado” que viene creciendo a un ritmo superior al 4% interanual, según un informe de la consultora DBK Informa.

Diez ancianos de la residencia de mayores Cáxar de la Vega, en Cájar -Granada-, han fallecido tras dar positivo en coronavirus. Desde hacía días, en el centro de mayores se habían registrado distintos casos de contagio por coronavirus. Pero la situación empeoró esta semana, cuando se empezaron a registrarlas primeras muertes. De ese modo, en estos cuatro días ya han perdido la vida diez mayores con COVID19. ( Ideal de Granada , el 26 de marzo)

Es decir, que los recortes del neoliberalismo practicado en España por el bipartidismo PPSOE y las privatizaciones masivas no hicieron más que contribuir a la agudización del problema, hasta el extremo de que, desde los inicios del problema, la tan cacareada Ley de Dependencia viene acumulando un recorte en los Presupuestos Generales del Estado en torno a los 6.000 millones de euros. Además, ahondando más en el problema, nuestro país no tiene suficientes plazas públicas de residencia con sus casi 380.000 plazas por lo que harían falta como mínimo de otras 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS, según distintos informes profesionales realizados sobre la cuestión.

Desde mi punto de vista, queda muy claro que la privatización del sector es una de las  grandes culpables, sino la que más, de la masacre que estamos viviendo durante estas malditas fechas pandémicas del COVID-19, cuyo balance alcanza al día de hoy la cifra de 6.739 muertos y 79.000 infectados a las 8,00 horas del 30 de marzo, de los cuales, se puede decir para el conjunto de España que la mitad de los infectados están en residencias y la cifra de mortandad en los centros privados casi duplica a las de las públicas.