5 de abril

Cuando se cumplen 22 días de mi arresto domiciliario, en una situación física como la vivida estos dos últimos días, referida a los fuertes dolores de todas mis articulaciones que impiden mi normal movilización, aunque los dolores van remitiendo un poco, gracias a tres pastillas de Paracetamol y al spray Radio salil que, si bien me van aliviando los fuertes dolores, estos vuelven a reproducirse al poco tiempo, decidiendo quedarme en la cama, que tampoco está nada mal.

Sin embargo, el dolor que más me produce son los comentarios de ciertos jenízaros y jenízaras conocidos del PSOE y alguna que otra persona pretendidamente de izquierdas, ahora reforzados por periodistas y algún que otro supuesto sanitario del PSOE, al menos, los que yo conozco, que aparecen por las redes, tratando de amordazar la palabra a la vez que pidiendo un apoyo total a la gestión del gobierno ante el miedo – dicen – de que llegue la extrema derecha al poder. Todo lo que no sea un cierre de filas al gobierno es considerado un apoyo a la extrema derecha. Miedo, siempre miedo, nuestro mayor enemigo. Mirad, apóstoles del PSOE secuestrado en Suresnes: la extrema derecha siempre estuvo aquí, en España, en su mayoría incrustada en las filas del PP, y una minoría en las filas del PSOE. De hecho, en la primera legislatura de esta segunda restauración monárquica tuvo representación en el Congreso de los Diputados con el notario Blas Piñar representando a Fuerza Nueva.

Los diputados alemanes adoptaron un conjunto de medidas penales para combatir la violencia xenófoba, a la extrema derecha y para castigar a los nostálgicos del Tercer Reich. La propuesta parlamentaria votada por el Bundestag (Parlamento) prevé la imposición de multas y penas de hasta tres años de cárcel para quienes “aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi”.

Yo he votado las candidaturas de Podemos desde el 15M. He apoyado y sigo apoyando al gobierno de coalición con el PSOE porque es lo menos malo, aunque hubiera preferido un programa de gobierno para seguir presionando desde la oposición al gobierno en el cumplimiento de las propuestas, exactamente lo mismo que tiene que hacer ahora en los Consejos de Ministros para llevar a cabo alguna de las propuestas de izquierda. Dicho en un lenguaje más grueso: el capitalismo sabe muy bien que, sobornando con cargos y dinero a la supuesta izquierda, enseguida la convierte en cómplice y la desacredita.

Hace casi diez años que la ultraderecha viene sacudiendo su túnica rojo obispo por toda Europa, aunque no logra gobernar en ningún país. España era una rareza. Tenía la derecha del Partido Popular con alguna facción interna de nostálgicos del franquismo, pero nada significativo, hasta que surgió con una fuerza inédita en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía.  A partir de ahí, debido principalmente a las políticas del neoliberalismo desarrolladas durante 36 años ininterrumpidos por parte del PSOE, con la corrupción y el nepotismo como forma de gobierno, le daría al partido socialista de Andalucía una exigua pero amarga mayoría en el Parlamento, conformándose al final un gobierno trifachito entre el PP, Ciudadanos y los 12 escaños de Vox.

La primera en quedar tiesa con la irrupción de Vox fue la jefa del gobierno regional, Susana Díaz, que había adelantado las elecciones convencida de que ganaría con facilidad. Antes, había intentado disputarle el liderazgo del PSOE al actual presidente del gobierno nacional, Pedro Sánchez, y fracasó. Esta individua siempre creyó que Andalucía era su “chiringuito” particular, su refugio seguro, pero se olvidó que en el medio se había producido la crisis autodeterminista de Cataluña, encendiendo los aires españolistas de los que no están dispuestos a que el territorio nacional se fragmente de ninguna manera, y de que la inmigración de África y América Latina ya estaba afectando hasta a los más liberales.

Quiero decir que, cuando se abandonan las políticas de izquierda y se practican políticas neoliberales, en vez de hacer políticas socialistas, se deja el espacio libre para que otros, de otras formas, lo vayan ocupando. Solo me queda por oír que el programa de Vox es tan socialista como el del PSOE, tal y como llegó a mencionar Indalecio Prieto refiriéndose al programa de Falange.

Me acuerdo cuando, ante el riesgo de involución que unos cuantos veníamos observando en el tiempo, convocamos una manifestación antinazi en La Felguera hace cuatro años. Pues bien, allí no vimos ninguna bandera del PSOE ni mucho menos la presencia de esos jenízaros y jenízaras que ahora pretenden meternos miedo. Solo estábamos unas cuatrocientas personas. Ni partidos, ni sindicatos, salvo excepción de la Corriente Sindical de Izquierdas y CNT. Por si esto no fuera suficiente, sería el mismísimo PSOE quien le daría voz y financiación económica al único escaño de Vox, dotándolo de grupo parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias. En fin, lecciones de moralina y sensibileria baratas las menos.

Estos jenízaros y jenízaras del PSOE, a la hora de meternos miedo con la llegada de la extrema derecha, siempre recurren a la privatización de la sanidad pública en Madrid por parte de los gobiernos del PP, cuestión en la que, estando de acuerdo, sin embargo, tratan de ocultar que la privatización del sistema público de la sanidad se ha realizado en toda España, incluida, como no, en la comunidad madrileña, cuando el PSOE gobernó la comunidad madrileña, presidida por Joaquin Leguina, desde junio de 1983 hasta junio de 1995, procediendo a las primeras privatizaciones, en esta ocasión todo el servicio de la limpieza centralizado en los centros de La Paz, Doce de octubre, Ramón y Cajal, Carlos III, Central de la Cruz Roja, Severo Ochoa o el Príncipe de Asturias, entre otros.

Son muchos los empresarios y políticos que se han unido para luchar contra este “diabólico pacto entre PSOE y Unidas Podemos”. Ahora, “la estabilidad de España depende de una vieja guardia de superhéroes”: los ‘Guardianes de la Transición’. “Luchan contra los bolcheviques y los comunistas, y las subidas de tensión, porque alguno ya tiene una edad”. Entre ellos está el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también conocido como ‘Billeto’. “Su enemigo: el control de la economía y la gente que no tiene cambio de 500”. También está el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el ‘Capitán Bellota’. “Aunque podría ser ‘El Increíble Hulk’, porque cuando le hablan de pactos de izquierdas se pone hecho una fiera”. Otro de los guardianes es Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, alias ‘Mostachoman’. Su poder es poseer gran velocidad: “De izquierda a derecha más rápido que Flash”. No podía faltar tampoco Alfonso Guerra, conocido como ‘Wonder Guerra’. “Tiene la capacidad de viajar en el tiempo, aunque solo para atrás, solo al pasado”. Por supuesto, entre los ‘Guardianes de la Transición’ se encuentra Felipe González ‘Panamán’. “En lugar de lycra, usa pana. Mucho cuidado con él, bolcheviques. No vuela a supervelocidad, pero navega en un yate que va a 30 nudos”. José María Aznar ‘Aznathor’ también forma parte de este equipo de superhéroes, que “con una mano lanza misiles contra el pacto de izquierdas y con la otra pelota de pádel”. Y, por último, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, conocido como ‘La Misa’. “Es como ‘La Masa’, pero antes de matar a sus enemigos les da la extrema unción”.

A ello me voy a referir en mi diario de hoy, reflexionando sobre la medicina pública o privada, no queriendo pensar por un solo instante que estos jenízaros y jenízaras del PSOE estén esperando todos los días para alegrase por el incremento de los infectados y muertos en la Comunidad madrileña que, al día de hoy, 5 de abril, nos ofrece las cifras que a continuación expongo, siempre de acuerdo con la página web del ministerio de Sanidad:

22.677 en Madrid (3.082 muertos)

16.157 en Cataluña (1.410 muertos)

5.740 en País Vasco (265 muertos)

5.414 en Castilla y León (442 muertos)

5.246 en Castilla-La Mancha (539 muertos)

4.682 en Andalucía (207 muertos)

4.784 en la Comunidad Valenciana (267 muertos)

3.139 en Galicia (60 muertos)

2.011 en Navarra (84 muertos)

1.858 en Aragón (93 muertos)

1.629 en La Rioja (68 muertos)

1.456 en Extremadura (100 muertos)

1.158 en Asturias (49 muertos)

1.204 en Canarias (40 muertos)

1.023 en Cantabria (26 muertos)

958 en Baleares (31 muertos)

872 en Murcia (20 muertos)

48 en Melilla (1 muerto)

21 en Ceuta (1 muerto)

El refranero español es muy rico para apostillar verdades contrapuestas. No en vano uno de esos refranes afirma que “España es el país de los viceversas”. Me refiero, concretamente, al caso de dos conocidos refranes que reflejan la imposibilidad de confundir “churras con merinas” o mostrar que “las comparaciones son odiosas”, afirmaciones que ni pintadas me vienen a mi mente para definir lo que ha ocurrido y ocurre en la sanidad española. La pretendida comparación entre la sanidad pública y la privada, que ha venido presidiendo todo el largo debate de la transición sanitaria desde 1977, es una controversia, una comparación, desde mi modesto entender, imposible. ¿Cómo se puede comparar una asistencia sanitaria con obligación de atender a todos los españoles por un igual con otra con clara vocación de individualidad? ¿La atención psiquiátrica, por ejemplo, en manos de los grandes centros psiquiátricos “privados” no reproduce, a gran escala, muchos de los malos que se achacan a la Seguridad Social?

Pero hay una diferencia esencial que hace imposible la comparación entre las distintas sanidades, pública o privada: los centros privados no atienden ni a toda la población española ni ofrecen los mismos recursos que la sanidad pública. Por ejemplo, en los trasplantes, que requieren de grandes inversiones y amplio y coordinado equipo médico, la inmensa mayoría de los centros privados no operan en este terreno. La sanidad privada tiene su principal campo de operaciones en las intervenciones quirúrgicas de corta estancia, aquellas que mayor rentabilidad económica le pueda reportar. Por otra parte, las interminables listas de espera en los hospitales públicos, debido, principalmente, a la falta de profesionales sanitarios, obliga en muchas ocasiones – demasiadas – a concertar con las clínicas privadas la utilización de la gran tecnología de la que goza la sanidad pública. Los enfermos que hayan sufrido infartos, necesiten hemodiálisis o padezcan determinadas dolencias son mayoritariamente rechazados por las compañías de los seguros, tan inseguros ellos. Por ejemplo, Sanitas, una de las más importantes compañías de seguros de enfermedad, duplicó hace bastantes años sus tarifas para las personas entre sesenta y sesenta y cinco años.

No conviene olvidar que existen más de cinco millones de españoles que cotizan por partida doble a la Seguridad Social y a su seguro privado, para usarlos según su conveniencia en cada momento. La gente de status más elevado son los que practican esa “bigamia” asistencial, prefiriendo el público cuando no importa la habitación compartida, y eligiendo el privado cuando quieren una cama sola. Es lo que se conoce como el “adulterio hospitalario”. Y entonces ¿Por qué es empeño de políticos, directores hospitalarios y empresariales del sector por enfrentar un sector con otro? ¿No es imposible averiguar quién gasta más o menos, cuando la sanidad pública debe atender a todos y la privada opta prioritariamente por atender sólo a los más sanos o a quienes pueden pagarse las atenciones más costosas? ¿Cómo medir quién es más eficaz si los enfermos privados son atendidos por los hospitales públicos y gran parte del personal sanitario se pone la bata del seguro por la mañana y la bata blanca de la consulta por la tarde, viceversa?

En cierta ocasión, allá por julio de 2009, después de haberme colocado un bypass aortocoronario en el HUCA, fui citado al EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) para determinar el grado de mi enfermedad a efectos de pensión. La única cuestión que me hicieron fue enviarme a realizar una ecografía a la Clínica Asturias, en Oviedo. A pesar de insistir de que había realizado una hacía tres días en el HUCA, la cual había aportado en la documentación, el médico me contestó: bueno, otra no está de más. Acudo a la clínica Asturias, y ¿Cuál sería mi sorpresa cuando el médico que me iba a hacer aquella ecografía era el mismo que me había hecho otra, hacía tres días en el HUCA? Nos saludamos, y le pregunto el porqué de esta ecografía, cuando él mismo me había hecho otra en el HUCA, siendo la respuesta – dicha entre risas – que aquellas máquinas adquiridas por la clínica eran muy caras y había que pagarlas.

Hablemos claro: “la sanidad privada es una especie de parásito del sistema sanitario público”, decían los del PSOE recién llegados al gobierno, pero la realidad fue otra muy distinta.

El Partido Socialista y el gobierno de Felipe González, ese que cobró 566.000 euros en cuatro años y medio (Diciembre de 2010-Mayo de 2015) como consejero de Gas Natural y predica en la sombra a favor de un gobierno PP-PSOE si Podemos se alzase con posibilidades de llegar al poder en las próximas elecciones generales; ese ejecutivo digo, inició la privatización de la sanidad española en 1991 tras encargar a Fernando Abril Martorell un informe ad hoc que no llegó a aprobarse formalmente por su impopularidad pero que se fue ejecutando de hecho en silencio a lo largo de los lustros siguientes.

El actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad (LGS) aprobada en 1986 por el gobierno felipista del PSOE, quedando diseñado un modelo sanitario basado en lo que se conoce como servicio nacional de salud que recoge las características fundamentales del National Health Service (NHS) del Reino Unido en sus inicios, es decir, la universalización del derecho a la atención sanitaria, un modelo basado en la prevención y la promoción, que integra los servicios sanitarios y que tiene una provisión mayoritaria y hegemónicamente pública.

No obstante, pronto comenzaron a producirse modifi­caciones en este modelo. La primera fue la aprobación de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) en 1990, que definía un modelo sanitario mixto, que integraba en una sola red de utilización pública todos los recursos sani­tarios, sean o no de titularidad pública, y que recoge una tradición de entidades (mutuas, fundaciones, consorcios, centros de iglesia) históricamente dedicadas a la salud en Cataluña.

La LOSC crea la Red de Hospitales de Utilización Pública, favoreciendo este proceso de provisión privada con financiación pública.

El siguiente paso fue en 1991, cuando se aprobó el denominado Informe Abril (Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud). En él se proponían casi todas las medidas que luego se han ido plasmando a lo largo del tiempo (establecimiento de copagos, empresarización de la provisión sanitaria, ampliar el papel del mercado en el sistema sanitario, favorecer el papel de los seguros y la provisión privada, laboralizar al personal sanitario, etc.). Ante el amplio rechazo social, pro­fesional y político que se produjo, las medidas quedaron aparcadas, al menos en teoría, aunque fueron poniéndose en marcha de una manera silente y en “cómodos plazos”.

En 1992 se constituye la empresa pública Hospital Costa del Sol en Andalucía. El sistema incorpora principios de gestión privada a centros que son de titularidad pública, con personalidad jurídica diferenciada. Las empresas se constituyen mediante leyes autonómicas y tienen el control del Parlamento regional.

El siguiente paso significativo fue la constitución por la Xunta de Galicia de la Fundación del Hospital de Verín en 1995, que es el primer caso de la puesta en marcha de un modelo de gestión privado aprovechando la ley de fundaciones de 1994. El modelo de fundaciones se extendió posteriormente, ampliándose en Galicia (tres más), en Mallorca (uno), en Madrid (uno) y en La Rioja (uno).

En 1999 se puso en marcha el Hospital de Alzira, hospital que inicia una nueva etapa, la de las concesiones administrativas, modelo por el que una empresa privada construye un hospital de nueva creación que se hace cargo de la atención sanitaria de un área. La provisión y gestión es totalmente privada. Inicialmente, el modelo incluía solo la atención especializada, pero posteriormente se agregan la atención primaria ya sociosanitaria.

Posteriormente, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999 incluye la posibilidad de transformar todos los centros sanitarios del INSALUD en Fundaciones Públicas Sanitarias.

El modelo de iniciativa de financiación privada (PFI) comienza en Madrid en 2007 y se extiende a otras comunidades autónomas como Baleares (PSOE) Castilla y León (PP) y Galicia (PP) hasta el momento).

En resumen, los mecanismos de privatización en España pueden esquematizarse en:

1. Privatización de la financiación

• Desgravación de seguros médicos por las empresas.

• Copagos: medicamentos, transporte, dietas, ortesis y prótesis.

• Recortes en la cartera de servicios (incita al aseguramiento y/o

financiación privada complementaria).

2. Privatización de la gestión del aseguramiento

• Mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, etc.).

3. Utilización de criterios privados de la gestión manteniendo la titularidad pública

• Empresas públicas.

• Fundaciones sanitarias.

• Entes públicos.

• Sociedades mercantiles públicas.

4. Provisión de algunos servicios por empresas privadas

• Conciertos.

• “Externalizaciones” (privatización de servicios de apoyo y/o de actividades concretas).

5. Privatización de la gestión con titularidad mixta

• Consorcios.

• Iniciativas de financiación privada (PFI).

6. Privatización de la gestión con titularidad privada

• Privatización de servicios centrales y alta tecnología.

• Privatización de la planificación y el control.

• Empresa de base asociativa en atención primaria (EBA).

• Conciertos singulares con empresas privadas para la aten­ción sanitaria de un área de salud.

• Concesiones administrativas (modelo Alzira).

Pues bien, todos estos mecanismos están extendidos con una profundidad y extensión variable en todas las comunidades autónomas, aunque de manera más importante donde gobiernan el PP o la burguesía catalana.

Finalmente, hablando de los recortes a la sanidad, tampoco debemos de ocultar como, durante el gobierno de Zapatero, se procedió a cambiar el artículo 135 de la Constitución española para imponer el “austericidio”, esto es, los recortes a la sanidad, educación o la congelación de las pensiones, en una connivencia PPSOE para salvar a la banca de la quiebra donde su aventura financiera la había llevado. Quiero decir, si se puede seguir hablando, que uno de los portavoces de aquellas reuniones, celebradas con alevosía y nocturnidad, fue precisamente el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Vamos a seguir con la boca cerrada a la espera de que puedan hablar los muertos?