15 de abril

Me acabo de levantar a las 6,00 horas, aunque seguro que volveré para la cama dentro de una o dos horas. Estaba escuchando las noticias de la radio con las últimas cifras de infectados y muertos y, desde luego, me pongo de mala hostia, entre otras cuestiones, porque me siento engañado y manipulado con tanto pico, aplanamiento y desescalada. A mí, que tanto me gusta el ciclismo, especialmente el de alta montaña, debo entender que la llegada a la cima (pico) de la montaña se llega después de una dura subida (escalada), para llanear (aplanamiento) unos kilómetros e iniciar la bajada (desescalada) hasta llegar a la meta. Pues bien, ese mensaje lo vengo escuchando, día tras día, pero la realidad es que las cifras de infectados y muertos sigue aumentando hasta los 177.633 y 18.579 respectivamente a las 12,00 horas  del día de hoy, 15 de abril, más agravadas cuando se sabe que las mismas no se corresponden con la cruda realidad debido a la ocultación de las cifras reales, tal y como ha quedado explicitado en otros días de mi diario, siempre de acuerdo con los informes oficiales del Instituto de la Salud Carlos III.

Unas cifras verdaderamente inquietantes que, desde mi punto de vista, en absoluto pueden ser fruto de la casualidad, aunque todavía sea pronto para hacer un balance sobre esta pandemia donde, lógicamente, habrá un antes y un después. No, no se trata tampoco y ahora de designar a los culpables sino más bien de hacer evaluaciones – radicalmente independientes de cualquier análisis partidista -, de lo que ha ocurrido y porque ha ocurrido con el único objetivo de que no vuelva a suceder, dejando muy claro la evidencia de que el virus se había propagado en China con rapidez mientras las autoridades occidentales, entre ellas las españolas, no valoraron su peligro de expansión mundial.

Sin embargo, lo que me sigue ofendiendo y repugnando, cada vez más, son ese ejército de jenízaros y jenízaras hipócritas del PSOE – la mayoría de ellos con sus hijos y familiares colocados en las instituciones sanitarias por el método dedocrático -, que diariamente viven en las redes sociales para salir a combatir cualquier comentario que no aplauda la gestión del gobierno, siempre con el mismo argumento de “¡que viene la derecha, la misma que privatizó la sanidad madrileña!” “¿Qué sería de nosotros si en vez de un gobierno socialista que ha invertido más que nadie en sanidad, hubiera ahora un gobierno de derecha?”, “¡ahí tenéis Madrid con sus privatizaciones de la sanidad pública con el mayor número de infectados y muertos por el virus!”.

En fin, como quiera que ya me he referido de manera detallada en otro día de mi diario sobre la realidad de las privatizaciones de la sanidad pública llevadas a cabo, tanto por el PP como por el PSOE a lo largo y ancho del país, hoy me voy a referir someramente a las inversiones que se vienen realizando en la sanidad pública española, comparándola con el resto de los países de Europa y del mundo, pero tal y como os adelantaba al inicio, son las 7,30 horas, me está entrando el sueño otra vez y me voy para la cama.

Después de levantarme nuevamente a las 10,00 horas, ducharme, asearme, desayunar con Irma y salir a comprar la prensa y cuatro kilos de naranjas para zumo, una vez en casa me dispongo a continuar con el asunto de las inversiones de España en materia de sanidad, acogiéndome al último informe que ha editado la Comisión Europea, con el apoyo del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias, “State of Health in the EU”, el cual analiza la situación de los sistemas sanitarios de la Unión, país a país, donde nos muestra que el Estado española ha destinado en 2017 el 8,9% de su PIB a Sanidad, mientras que la media de la UE alcanza el 9,8%.

Analizando el gasto no por paciente, sino por porcentaje del PIB, España destina a gasto sanitario el 8,9 por ciento del PIB, teniendo en cuenta tanto inversión pública como privada. En comparativa, Alemania, Francia y Suiza destinaron cerca del 11 por ciento del PIB.

En el mismo informe se aclara que el gasto público representa el 71% de todo el gasto sanitario en 2017, por debajo de la media de la UE, que es del 79%, y en él se explica que éste “descendió tras la crisis económica de 2008, debido a las medidas de reducción de costes”.  Todo esto – indica en el informe -, tiene su reflejo en un gasto sanitario per cápita de 2.371 euros, una cifra que está más del 15% por debajo de la media de los 2.884 euros de la Unión Europea.

Es decir, la falta de inversión pública se ha tenido que compensar con pagos directos por atención sanitaria por parte de los ciudadanos – aquellos  que puedan acceder económicamente a ellos -, especialmente a través de copagos de medicamentos y dispositivos médicos dispensados fuera de los hospitales, y también acudiendo a los seguros privados voluntarios, hasta el extremo – dice el informe -, de haber  “aumentado de forma constante entre 2010 y 2014, antes de disminuir ligeramente desde 2015 para alcanzar el 24% del gasto sanitario total en 2017”. “Este porcentaje está”, reza el documento, “muy por encima de la media del 16% de la UE”.

España sigue siendo uno de los países a la zaga de Europa en camas por habitantes. La leve mejora entre los datos de 2014 y 2015 no le permite salir del quinto puesto por la cola. Según los últimos datos actualizados de Eurostat, España tenía 297,9 camas por cada 100.000 habitantes al final de 2015.

Por otra parte, refiriéndonos al número de camas, España es uno de los países con menos camas hospitalarias, permitiéndose hasta el “lujo” de cerrar plantas enteras durante todo el año en los hospitales mientras los enfermos permanecen con sus goteros hacinados por los pasillos. Según el informe, en el año 2017 el Estado disponía de tres camas por cada mil habitantes, una cifra que sólo es inferior en Dinamarca, Reino Unido y Suecia. En 2001, este ratio era de 3,6 plazas.

Es decir, España se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea, con cinco camas por cada mil habitantes en 2017. En 2001, los países que forman parte de la comunidad disponían de 6,3 plazas por cada mil residentes.

Antón Saavedra celebrando el día de la República en su cautiverio, el 14 de abril de 2020.

Ayer, 14 de abril, se cumplía el 89 aniversario de la II República española y, después de celebrarla a mi manera desde mi cautiverio, me puse a rebuscar por los libros, revistas, periódicos y documentos aquel proyecto de país – principalmente en lo referido a sus políticas sanitarias -, que tan salvajemente fue abortado por el golpe fascista de la oligarquía financiera, bendecida por los sacramentos de la iglesia católica y las armas de una parte del ejército fascista apoyados por el nazismo hitleriano, el fascismo mussoliniano, el ejército portugués de Salazar y el moro Mojamé.

Aquella República de 1931 había colocado en nuestro país en la vanguardia europea en cuanto al otorgamiento de derechos y libertades a la ciudadanía. Y aunque el viejo modelo feudalista, clerical y castrense volvería a imponerse pocos años después transfigurado en esa particular forma de fascismo llamada nacionalcatolicismo, el legado de avances en política social, educativa y sanitaria que dejó podría servir, en estos días de crisis global, como guía para reforzar un modelo social y sanitario que deje atrás la precariedad, la privatización y los recortes ejecutados por los gobiernos del bipartidismo PPSOE en una política de trasmisión del capital material y humano de lo público a lo particular cuyas consecuencias estamos sufriendo en estos momentos en la lucha contra el COVID-19.

La Constitución Española marcó un hito en el constitucionalismo español al ser la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de una “existencia digna” mediante protección en casos de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, y con una especial protección al trabajo de las mujeres, de los jóvenes, y de la maternidad.

Tras un periodo de cambios organizativos, durante el gobierno de la república se promulgaron decretos para la creación de instituciones encargadas de coordinar la acción en materias como la investigación, la higiene social, la psiquiatría y asistencia social psiquiátrica, las enfermedades infecciosas, la puericultura, la farmacobiología, la enfermería, la ingeniería y arquitectura sanitaria o la formación de personal. Otras decisiones muy relevantes pusieron el foco en la lucha contra la tuberculosis y enfermedades venéreas, ampliando los recursos e infraestructuras dedicadas exclusivamente a estas enfermedades. Su gestión se completó con una amplia mejora en la dotación presupuestaria general. Posteriormente, las fuerzas progresistas consideraron necesario avanzar hacia la aprobación de una Ley Orgánica que profundizara en la consolidación de la Sanidad Pública, pero las resistencias ultraconservadoras de la CEDA y las políticas liberales de la derecha radical, además de su programa conjunto contrarreformista, dieron al traste con estas aspiraciones. Así y todo, los gobiernos del Frente Popular, ya desde febrero de 1936, impulsaron reformas para asegurar la salud en la España rural a través de infraestructuras y personal médico y sanitario, con especial foco en el tratamiento de tuberculosis, en maternidad e higiene infantil, enfermedades venéreas, odontología, oftalmología y otorrinolaringología, además del refuerzo de la atención primaria.

El golpe fascista que causó la gran tragedia en nuestro país impidió que se implementaran todos esos avances, pero desde el punto de vista declarativo y político la intención fue clara y decidida.  En este ámbito es ineludible subrayar la labor de la anarquista Federica Montseny, primera mujer ministra de un gobierno en la Historia de España, a cargo de una cartera como la de Sanidad y Asistencia Social que por primera vez aparecía como exclusiva e independiente de Trabajo en los seis meses del gobierno de Francisco Largo Caballero. Durante este breve periodo, Montseny planteó medidas realmente revolucionarias como el primer proyecto de ley del aborto, que suscitó un gran debate en el seno del gobierno; una reestructuración de los servicios sanitarios para aumentar su descentralización y vinculación con los entornos sociales; creación de centros de acogida para la infancia y comedores para embarazadas; de “espacios liberatorios” de la prostitución; o incluso un decálogo de profesiones para personas con discapacidad.

En definitiva, un legado en pos de la universalización de los servicios sociales públicos que, dado el contexto histórico general y particular de España, resulta impresionante por su profundidad teórica, su base feminista y visión de futuro. La tradición sanitaria de la II República, en su breve experiencia, nos enseña que toda acción política tiene detrás un espíritu y un objetivo concretos.

Desde mi punto de vista, en absoluto se puede seguir reclamando que un sistema sanitario público tenga financiación y recursos de sobra para afrontar su misión primaria de dar cobertura gratuita, universal, igualitaria y de calidad, y que pueda hacer frente a cualquier situación crítica como la actual, si las políticas sanitarias sobre las que se asienta están diseñadas con una filosofía encaminada a la privatización, el raquitismo presupuestario y la transferencia de recursos hacia el sector privado, tal y como ha quedado exhaustivamente detallado en otra parte de mi diario.

Pero Juan Carlos no ha obtenido su millonaria fortuna solo por comisiones petrolíferas. La revista estadounidense Forbes estima en 1.600 millones de euros la fortuna personal del rey emérito. Empresarios del IBEX comentan en privado que, en las visitas oficiales a países árabes, Juan Carlos obtenía jugosas comisiones gracias a su amistad con reyes y jeques. Fueron definitivas las conversaciones de Juan Carlos con el rey Abdullah, de Arabia Saudí para que se concediera a las empresas españolas (Villar Mir y Florentino, entre otros) la construcción del AVE La Meca-Medina con un presupuesto de 6.000 millones de euros.

Seguir alardeando en ruedas de prensa de que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, como dicen estos jenízaros y jenízaras del PSOE, no otorga automáticamente dicha virtud. Tras esas declaraciones rimbombantes debe existir una voluntad clara y auténtica de defensa de la Sanidad Pública, que se plasme en la puesta a disposición de financiación y recursos necesarios, sin escatimar, para hacerla real y patente. Pero, claro, un PSOE secuestrado en Suresnes para ponerse al servicio del neoliberalismo que, después de haber ostentado mayorías absolutas en los gobiernos de España durante muchos años, aunque siga llamándose republicano sigue durmiendo en la cama de una corona borbónica que tiene el virus de la corrupción es muy difícil, por no decir imposible que pueda garantizar un sistema público que vuelva a ocupar el lugar de privilegio que ocupó en la sanidad mundial. ¿Qué se pueda esperar de un gobierno del PSOE que se opone a que se abra una investigación parlamentaria sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I de Borbón, supuestamente amasada en base a las “mordidas” del petróleo de los jeques árabes? Buenas tardes y hasta mañana.