14 de mayo

A estas alturas de la pandemia, cuando llevo 61 días de arresto domiciliario, al levantarme de la cama hay unos segundos en los que no soy capaz de recordar lo que pasa, y mi inercia pasa por ir de frente a la ducha, asearme, desayunar y salir a disfrutar del paseo diario que nos permite durante dos horas el estado de alarma decretado por el gobierno.

¿Alguien se acuerda cuando la primera salvación a la que nos tratamos de acoger fue que el coronavirus resultase menos agresivo de lo que sugerían los números? Eran los tiempos del “solo es una gripe”, “en España no tendrá prácticamente incidencia”, “todo está bajo control”. Pero los estudios de letalidad nos dejan cifras que, incluso en el caso más optimista, lo sitúan varios ordenes de magnitud por encima de cualquier otro de los virus con los que ya convivimos, de tal manera que al día de hoy hemos alcanzado la cifra de 27.321 muertos y 229.540 infectados, siempre según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad.

Hasta la fecha, el Covid-19 lleva infectados más de 4,3 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de muertos en todo el mundo supera los 298.000, situándose nuestro país en el cuarto lugar en cuanto al número de infectados, detrás de Estados Unidos (1.395.265), Rusia (252.245) y Reino Unido (230.985), ocupando el mismo lugar en el número de muertos  detrás de Estados Unidos (84.313), Reino Unido (33.264) e Italia (31.368). Esa es la realidad de las cifras, al menos de las cifras oficiales que nos ofrecen los distintos gobiernos.

Hoy, después de tener un pequeño debate entre cuatro  amigos que tomábamos el café sobre las cifras de España, todos cargaban las tintas sobre Madrid manifestándose con palabras bastantes gruesas como “a ver si se enteran estos hijos de puta de madrileños a quien siguen votando en las elecciones para que les sigan privatizando la sanidad, hasta alcanzar el mayor número de muertos e infectados de toda España” – no hace falta decir que se trataba de afiliados al PSOE, dos de ellos excargos provinciales y locales -, a lo que yo les respondía que no estaban siendo nada objetivos desde varias cuestiones que manejaban en sus exposiciones: la primera, que no era verdad que Madrid ocupara el número de España, ni en número de infectados (986) ni mucho menos en número de muertos (132) por cada 100.000 habitantes, ya que incluso era superada en muertos por Castilla-La Mancha (140), gobernada por el PSOE y en número de infectados por La Rioja (1.267), también gobernada por el PSOE, dándose la paradoja de que la comunidad de Murcia, gobernada por el PP, arrojaba menos muertos (10) y menos infectados (103) que Asturias, ejemplo que ponían como la primera comunidad de España, cuando la realidad era que ocupa el noveno lugar de España en número de muertos (30) y el octavo en número de infectados (230), siempre hablando de cifras por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, les hice ver que, siendo verdad la salvaje privatización que había llevado a cabo el gobierno autonómico en los tiempos de la Esperanza Aguirre en Madrid, no era menos cierto que la sanidad española había sido privatizada y recortada en todas y cada una de las comunidades españolas, en unas más que en otras, pero el problema fundamental estaba en los Presupuestos del Estado que se destinaban a la Sanidad española, entre los más bajos de Europa.

Les recordaba que los recortes ya habían comenzando cuando el gobierno de Zapatero, junto con su socio bipartidista del PP se cargaron el artículo 135 de la Constitución para rescatar la banca a costa de imponer el “austericidio”, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación de las pensiones por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica.

Ello me ha obligado a elaborar el cuadro que adjunto a continuación, siempre con los datos oficiales actualizados del ministerio de Sanidad, donde, cada cual puede sacar sus propias conclusiones, esperando que sirva, muy sinceramente, para que, a la hora de hacer valoraciones las hagamos dejando a un lado la “partiditis” y el “sectarismo”  pero, sobre todo, sin olvidar en ningún momento que todos los muertos e infectados, sean de Madrid, Jaén, Soria o Asturias son personas, por encima de todo, joder.

MELILLA                      C’S                            2                           138

CEUTA                           PP                             5                           137

CANARIAS                    PSOE                       7                           106

MURCIA                        PP                           10                           103

BALEARES                    PSOE                     19                           170

ANDALUCÍA                 PP                           16                           147

GALICIA                         PP                           22                          345

VALENCIA                     PSOE                      27                          216

ASTURIAS                      PSOE                     30                          230

CANTABRIA                   PRC                       35                          388

EXTREMADURA           PSOE                    46                          274

ARAGON                          PSOE                    63                          409

PAIS VASCO                    PNV                      66                           599

CATALUÑA                     JCAT                     76                           723

NAVARRA                       PSOE                     76                           780

CASTILLA-LEON           PP                          80                           757

LA RIOJA                         PSOE                   110                        1.267

MADRID                          PP                         132                          986

CASTILLA

LA MANCHA                  PSOE                    140                          810

Elaboración propia del número de muertos e infectados por cada 100.000 habitantes de cada Comunidad Autónoma con su correspondiente partido gobernante a partir de las cifras oficiales actualizadas del Ministerio de Sanidad (14 de mayo de 2020)

La realidad de los hechos, también perfectamente constatados, es que, desde aquel viernes 13 de marzo el ambiente en las calles ya estaba bastante enrarecido. Ya se había dado la recomendación del teletrabajo, y había comenzado el cierre de las escuelas en todo el territorio nacional, así como la restricción de todos los actos multitudinarios por culpa del coronavirus. En España se habían detectado 4.209 casos; de los cuales 1.259 fueron reportados ese mismo día, el triple de los que se localizan ahora por jornada, a pesar de que se realizan muchas más pruebas. Habían muerto 120 personas desde que el bicho había llegado a nuestro país, de tal manera que, siendo el día 14 de marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparecía ante las cámaras de televisión para leernos por teleprónter su discurso que nos imponía el arresto domiciliario mediante el decreto del Estado de Alarma en España, que ya dura 61 días y la que “te rondaré morena”.

La semana que comenzó el 9 de marzo con la resaca de las manifestaciones del 8 de marzo, los partidos de fútbol celebrados en todos los estadios, los actos multitudinarios de todo tipo, el congreso de Vox en el palacio de Vistalegre, y que terminó con el decreto de alarma fue de vértigo. Todavía más que los dos meses siguientes, que a muchos nos parecen dos años. Hasta unos días antes, el discurso oficial era que todos los casos estaban controlados y que no se estaba produciendo trasmisión comunitaria, pero el lunes se asumió otra realidad: la epidemia estaba totalmente descontrolada. Se empezaron a cerrar colegios en Álava, Madrid o La Rioja. El ministro comparecía por la tarde para pedir a los ciudadanos de toda España que no viajaran si no era estrictamente necesario y para restringir actos masivos en los focos de la epidemia, medidas que solo dos días después se impusieron en todo el país.

El lunes, Sanidad asumió el mando único y comenzaron las comparecencias diarias encabezadas por el director de Coordinación Sanitaria, Fernando Simón, sumándose los mandos de la Policía, Guardia Civil y el Ejército, que estuvieron durante seis semanas dándonos explicaciones de las cifras, movimientos y denuncias realizadas.

Tan solo habían pasado tres días del estado de alarma cuando Simón nos anunciaba que muy pronto comenzarían las pruebas rápidas, algo que iba a dar un vuelco radical a la contabilidad: se detectarían muchos más casos y se tendría una imagen mucho más real de la epidemia, ya que hacía semanas que el sistema, desbordado, solamente diagnosticaba los casos más graves, prácticamente a los que requerían hospitalización. Pero esas pruebas tardaron bastantes semanas en llegar, después de rocambolescas compras de material poco efectivo, entre otra “lindezas”.

En este tiempo han cambiado muchas cosas, como el uso de mascarillas, que pasó de “innecesaria” para las autoridades a obligatorias en los transportes públicos. Ni entonces, ni ahora se conoce exactamente la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos, un dato que el ministerio de Sanidad pidió hace semanas, pero que no pública.

La batalla por conseguir unificar las cifras de todas las comunidades autónomas sigue siendo constante, siendo el día de hoy que no se ha logrado todavía. Esto ha producido saltos en las estadísticas e informes llenos de asteriscos que aclaran cómo reportaba cada territorio, y ha hecho los números difícilmente comparable entre ellos.

Refiriéndonos a los pretanatorios, llamados muchos de ellos geriátricos o residencias de ancianos, el informe anual del Defensor del Pueblo, presidido por el extremeño del PSOE, Francisco Fernández Marugán, pone de manifiesto los puntos débiles de estos establecimientos antes de la crisis causada por COVID-19. El documento, entregado ayer, 13 de mayo, en el Congreso de los Diputados ni siquiera menciona para nada la pandemia que lo ha puesto todo patas arriba en 2020. Habla de otro mundo, en el que estos centros no se habían convertido en un gran foco, pero menciona aspectos que han resurgido ahora. Reclama una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal de atención directa que han quedado “manifiestamente desfasados”; que las comunidades incrementen la inspección del personal, y que se estudie avanzar hacia un modelo en el que gane peso la atención médica y de enfermería.

Durante esta crisis en los centros faltaron equipos de protección individual y test – aún no han llegado en la cantidad adecuada a todos, según los propios sindicatos -. Además, en comunidades muy tensionadas, durante el pico de la pandemia, los hospitales rechazaron derivaciones, dándose el caso de llegar a restringir la atención de algunos pacientes hospitalizados con menos esperanza de vida. El gobierno no informa sobre el número de fallecidos, pese a que recopila información de las comunidades desde hace más de un mes, pero según el reciente recuento realizado por El País, de la semana pasada, al menos 17.500 personas han muerto por COVID-19 en residencias de servicios sociales.

“Es necesario un número suficiente de personal”, sostiene en su informe el Defensor del Pueblo”. “Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor”, añade. Para ello, anima al consejo interterritorial de servicios sociales a fijar unos stándares adecuados, “tanto en cómputo global como específico”, distinguiendo gerocultores y otras categorías. Los sindicatos han insistido durante esta crisis en la precariedad del empleo, con elevadas cargas de trabajo y sueldos bajos. La institución constata la “dispersión normativa” para la apertura de centros y concertación de plazas y anima a homogeneizarla, así como a mejorar la recopilación de datos, para que haya unas estadísticas fiables y actualizadas. Al día de hoy no existe una cifra oficial de centros ni de usuarios.

También se llama a aumentar las inspecciones, dado el gran número de residencias y los diferentes modelos de gestión: privadas, con plazas concertadas, públicas e incluso públicas con gestión privada. “Es muy recomendable que se aprueben planes periódicos de inspección con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas”, añade.

El informe entregado en el Congreso de los Diputados pide que se refuerce la atención médica y de enfermedad en los centros: “Otro modelo de residencias de mayores, más propiamente sociosanitarias que contara con una atención médica y extensa, o en el que al menos y dado el perfil muy dependiente de los residentes se aumentara las exigencias a los centros de contar con más medios sanitarios, sería posible y quizás conveniente.ç

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República