Cuando comienzo mi 64 día de arresto domiciliario, un poco recuperado de la muerte de mi amigo y compañero Julio Anguita, me dispongo a reiniciar mi diario de hoy, refiriéndome a la homilía sabatina que nuestro presidente de gobierno nos tiene acostumbrados a leer por teleprónter. En la misma nos informa de que el 70% de los ciudadanos están disfrutando de la fase 1ª de la desescalada en todas las comunidades menos Madrid, el área metropolitana de Barcelona y una buena parte de la comunidad de Castilla-León.
“Con el informe serológico hemos visto – dijo el presidente – que se ha contagiado el 5% de la población y la letalidad real es del 1%. Estos dos datos nos llevan a concluir que el estado de alarma ha funcionado. El camino que estamos siguiendo desde el principio de la epidemia es el único posible. Algunos dijeron que una solución era dejar que el virus se difundiera hasta alcanzar la inmunidad de grupo, que implica un 70% de la población. Hubo países que iniciaron esa vía y tuvieron que dar marcha atrás. Si hubiéramos optado por esa fórmula, la infección podría haber alcanzado a 30 millones de compatriotas y podría haber costado la vida a 300.000 personas. O tal vez más porque se habría colapsado el sistema sanitario. Debemos de tener en cuenta estas dos lecciones”, aseguró el presidente.
Fuente: Ministerio de Sanidad (16 de mayo de 2020)
La realidad de las cifras oficiales que nos ofrecen diariamente a través del ministerio de Sanidad es que seguimos teniendo al día de hoy, 17 de mayo, 27.650 muertos y 231.350 infectados y, lo más grave de todo, con el mayor número de infectados y muertos del mundo entre los profesionales sanitarios. ¿Ha pensado el presidente y su equipo en cuántas personas se hubieran salvado de haber tomado las medidas en su debido tiempo, cuando se sabía lo que estaba ocurriendo, y sin embargo se nos informaba por parte de los portavoces sanitarios del gobierno y por el propio presidente del gobierno en su mitin electoral del 2 de marzo en Vitoria, que “esta gripe pasaría de largo y tendría una mínima incidencia en nuestro país”, confundiendo a la ciudadanía que ignoran a estas alturas sobre que atenerse incluso con una prenda tan básica como es una simple mascarilla?¿Por qué el presidente del gobierno español se refiere a países como EE.UU., Reino Unido o México que ignoraron la realidad mucho más tarde que nuestro país, y no se refiere a países como Suecia, Corea, Cuba y, sobre todo, a nuestro país vecino de Portugal ?
La prudencia debe ser la regla, debe continuar siendo la regla. Por ello anunció que el Gobierno solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. Será la última y en lugar de 15 días será de un mes”, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. “El único camino para la recuperación económica es superar la crisis sanitaria”, ha insistido.
Cada vez resulta más difícil saber que debemos saber sobre la pandemia. Es evidente que el gobierno de España actuó tarde y se equivocó en los primeros momentos, aunque no me incluyo en ese grupo de los que lo sabemos todo “a toro pasado”, y mucho menos me considero un conspiranoico, entre otras cuestiones, porque suelo renegar de las consignas partidistas y sectarias y mi cabeza me funciona bastante bien. Tampoco actúo como jenízaro de ningún partido o secta ni me pagan por escribir “a tanto la pieza o por palabras al dictadode la consiguiente consigna”, sino cuando creo que tengo algo que decir o quiero expresar, equivocadamente o no, lo hago, pero siempre dentro de mi plena libertad para expresarme.
Pero es que además, nunca entendí los procesos históricos explicados por una sucesión de conspiraciones sino siempre basados por la lucha de clases dentro de una formación económica y social y, lo más importante, porque no soy un reaccionario, pues se es reaccionario cuando se recurre a la conspiración para “explicar” como funciona la economía bajo el neoliberalismo y tengo muy claro al respecto que para un neoliberal, que se rige por la máxima de la rentabilidad, el gasto social nunca es rentable, dejando muy claro, guste o no guste, que los gobiernos del bipartidismo turnista desde la segunda restauración monárquica en España se rigen por ese modelo neoliberal o capitalista, como se quiera llamar.
Es más que preocupante y quimérico que haya “personajes” que, bajo el caparazón del COVID-19 sigan intentando que confundamos ese invento llamado por los progres postcapitalismo con el fin de la etapa neoliberal o del predominio del capitalismo financiero, sin el que no puede sobrevivir el productivo, cuando no hay postcapitalismo sin acabar con las relaciones sociales de producción capitalista basadas en una plusvalía nacida del trabajo excedente sin el que el sistema no puede reproducirse porque carecería de beneficio.
Quienes están jugando esta partida no son radicalmente opuestos a los fascistas criminales de VOX ni los fascistas del PP que acusan de comunistas a los de Unidas Podemos, ofendiendo con tal acusación a los comunistas que nada tuvieron ni tienen que ver con quienes emplean bálsamos por vitales que sean, para quienes están en el nivel de la supervivencia, cuando sabemos que tras la pandemia aplicarán nuevas recetas de dolor y recortes sociales a los trabajadores para favorecer la recuperación del beneficio empresarial, en lugar de organizar a la clase trabajadora para lo que se nos viene encima. Ambos mienten. Unos para defender la democracia burguesa, cumpliendo su viejo papel de justificadores, aparentemente críticos, del capital. Otros para actuar como criminales a sueldo del capital, poniendo por delante el trapo de una bandera patria que jamás protegerá a las clases subalternas de los intereses de clase de los patriotas sean estos ciudadanos catalanes, vascos, asturianos o madrileños.
Una de las mayores incertidumbres que me viene dando vueltas a mi cabeza es la referida a la situación en que se encuentran nuestros viejos, la mayoría de ellos pensionistas que han fallecido en esos pretanatorios sin atención médica de ningún tipo, especialmente al futuro que nos espera a los que ya tenemos más de 70 años y para los vulnerables, un término que nunca se define con mucha precisión, a los que ya empiezan a aparecer informaciones tipo globo sonda de que quizás tengan que permanecer confinados hasta que no aparezca la vacuna salvadora. ¿Por qué no vamos a tener las mismas condiciones que los demás ciudadanos? ¿No será necesario establecer un verdadero debate como es debido sobre esta cuestión? Seguramente que tengamos que sufrir las consecuencias de esta pandemia más que los jóvenes, pero yo, al menos, quiero que me la argumenten. En vez de una situación en la que interesa ahorrar el dinero de las pensiones, ahora tenemos una situación en la que se quiere ahorrar dinero al Servicio Nacional de la Salud. Como mínimo, deberían decírnoslo con toda franqueza.
Volviendo a la homilía sabatina del presidente, este nos anuncia la quinta prórroga, que en realidad es la sexta al incluir 30 días. Lo que contando el primer estado de alarma hará que Sánchez al término del ‘último’ estado de alarma el día 21 de junio, habrá disfrutado de tres meses y medio de poder absoluto cuando en esa misma fecha se cumplan cinco meses y medio de su llegada al poder, el pasado 7 de enero.
El presidente intenta también que Inés Arrimadas apoye la nueva prórroga de la alarma, pero la líder de Cs se resiste a los 30 días, diciendo que son demasiados. Lo que satisface a Oriol Junquera y ERC, que odian a los de C’s y pretenden recuperar su plena capacidad de chantaje al Gobierno en unas negociaciones opacas, entre PSOE y ERC.
Puede, pues, que Arrimadas esta vez se abstenga en la votación del nuevo – y según Sánchez ‘último’- estado de alarma mientras el PP votará por fin contra Sánchez. Pero Cs seguirá en la recámara de La Moncloa de cara a la pieza fundamental del momento político que son los Presupuestos de 2021, momento que espera ERC para volver a plantear la “consulta de autodeterminación” catalana y los indultos para los golpistas condenados en el Tribunal Supremo. Y especialmente para que Junqueras pueda ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas del otoño.
Por cierto, unos Presupuestos en los que Iglesias quiere introducir su impuesto contra “los ricos”, sobre el que Sánchez esboza una sonrisa mientras nos anuncia que ya va a pedir los fondos de la UE de ayuda al empleo para sufragar con ellos el gasto de los ERTES, a la vez que insinúa que también pedirá los 24.000 millones del rescate de España a los Fondos MEDE (a partir del día 1 de junio). Pero Sánchez subraya que no se trata de un “rescate” porque no habrá “hombres de negro” ni reformas estructurales obligadas sino unos fondos exclusivos para pagar las facturas de la Sanidad. En esta ocasión – añado yo -, la intervención o rescate será realizada por hombres uniformados con batas médicas, mascarillas y guantes. En fin, esperemos al debate del miércoles en el Congreso de los Diputados para dar veracidad o no a lo expuesto.
Ayer había iniciado mi diario sobre la corrupción, ese virus pandémico que afecta a todos los partidos políticos españoles, excepción, por el momento, de la organización podemita, pero tuve que suspender el temario al recibir la noticia del fallecimiento de Julio Anguita, al que dediqué mi diario de ayer.
El laberinto en el que se ha precipitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la utilización de dos apartamentos de lujo que le habría facilitado un empresario hotelero en el centro de Madrid ha venido a mostrar, una vez más, que la organización criminal del PP no resiste casi nunca la tentación de anteponer el ventajismo a la claridad.
Desde un inicio de la pandemia, la fuerza principal de la oposición ha tratado de convertir Madrid en un modelo de gestión desde el que cuestionar la iniciativa del gobierno. En ese sentido, la presidenta Diaz Ayuso desplegó una enorme capacidad propagandística orientada a trasmitir el mensaje de que las cosas pueden hacerse mejor y ha contribuido a polarizar la gestión de una crisis que, antes que nada, necesitaría de acuerdos y de políticas pactadas, descartando la deslealtad institucional que supone animar a manifestaciones de protestas en la calle en mitad de un estado de alarma.
Desde que la presidenta supo que estaba infectada por el COVID-19 y que debía de mantenerse aislada, parecía lógico que la Comunidad de Madrid le facilitara un lugar idóneo para seguir cumpliendo con sus obligaciones. Pero lo que parecía tan sencillo como normal acabó convirtiéndose en un vodevil en el que se revela lo que parece un regalo indebido, proyectos personales de la presidenta y unos contratos que aparecen y desaparecen como en una comedia de enredo, hasta el extremo de ser destituido de manera fulminante el secretario general técnico de la consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez, responsabilizándolo de haber publicado un contrato en teoría inexistente con Room Mate en pleno escándalo por los dos apartamentos de lujo que Isabel Diaz Ayuso había alquilado por la irrisoria cantidad de 80 euros al día con esa compañía hotelera.
El polémico contrato de Room Mate y la Comunidad de Madrid fue manipulado hasta en cuatro ocasiones. Según ha informado y comprobado Cadena Ser, el Portal de Contratación ha llegado a publicar cuatro versiones distintas, con el mismo número de expediente, del contrato de explotación de los hoteles propiedad del empresario Kike Sarasola, dueño también del apartahotel de lujo en el que se aloja la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El 20 de abril se publicó por primera vez el contrato con expediente 125/2020 para la “puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como espacios de uso residencial de personas mayores”. Este fue un contrato de emergencia y el importe era de 275.000 euros (IVA no incluido).
Semanas después, se publica por primera vez la adjudicación de ese contrato. El número de expediente es el mismo y como beneficiario ya figura la empresa de Sarasola, pero con una errata: ‘Rom Mate’. El importe asciende a 565.000 euros. Esta fue la primera información que se hizo pública tras conocer que Ayuso se alojaba en uno de los hoteles de Sarasola desde que comenzó la pandemia.
Pero esta información aguantó muy poco tiempo en el Portal de Contratación. La Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Rayero, de Ciudadanos, la borró por un supuesto “error humano administrativo”.
Se publicó entonces otra vez, pero cambiando el nombre del adjudicatario (Coordinadora del Tercer Sector) y el importe de adjudicación (240.000 euros). No se modificó el importe del presupuesto base de licitación que seguía siendo de 565.000 euros.
Por último, la Consejería de Políticas Sociales ha modificado una cuarta vez ese contrato. Según han confirmado a la Ser, esta es la versión definitiva. El adjudicatario sigue siendo la Coordinadora del Tercer Sector, el presupuesto es de 806.000 euros (por la gestión de los dos hoteles) y el importe de adjudicación es de 240.000 euros ya que sólo se utilizó uno de los dos que se dispusieron.
Las diferentes versiones de estos contratos y las distintas explicaciones de la Comunidad de Madrid sobre la suite de lujo en la que se hospeda Ayuso ha suscitado muchas sospechas sobre la veracidad de los datos que se han ido dando. La presidenta madrileña ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer lo que ocurrió con el contrato, pero también ha alegado que su estancia en el hotel es un “asunto privado”.
Pero, ¿Quién está detrás de esa compañía hotelera? La empresa Be Mate Community España S.A. fue creada por un despacho de abogados, Afiens Legal, en junio de 2014. El 15 de septiembre es vendida a la firma B Mate Community BV, con sede fiscal en Holanda, creada por Room Mate tan solo seis días antes y a la que se incorporan más tarde los socios mencionados y donde todos ponen el dinero.
La ingeniería mercantil propiciaba que los dividendos que pudiera generar la empresa española fueran a parar a su “madre” holandesa, y desde allí distribuirse a los socios bajo parámetros fiscales atractivos. Holanda es un país muy relajado desde el punto de vista fiscal. La existencia de una pantalla holandesa entre Be Mate Community España SA y sus socios finales para eludir la fiscalidad española no fue óbice para que en 2015 la Secretaría de Estado de Turismo y la Entidad Nacional de Innovación, Enisa, dependientes ambas del Ministerio de Industria que entonces comandaba José Manuel Soria, destinasen en conjunto al nuevo proyecto nada menos que 3.450.000 euros en préstamos blandos.
Dichos préstamos procedían de los programas que Industria dota anualmente para impulsar a aquellas pymes españolas que posean buenos proyectos y cuenten con gestores de probada trayectoria, pero que, por tamaño, no tienen llegada fácil al crédito bancario o los contactos para llegar a la comunidad inversora y lograr las cantidades que necesitan y en condiciones asumibles.
Terraza del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.
Los préstamos de apoyo a pymes que otorga el ministerio de Industria siempre son para apoyar su crecimiento, valorándose para la concesión la calidad del proyecto, la capacidad de gestión y la experiencia pasada de los promotores. Industria no presta para refinanciar o pagar deudas, ni concede financiación a empresas con pérdidas o abocadas a las mismas. Enseñar números rojos constantes en años anteriores, si se trata de un negocio ya en marcha, o en experiencias empresariales anteriores, no es, por tanto, la mejor carta de presentación.
El préstamo de Enisa a Be Mate Community España SA era de 450.000 euros. Tenía que ser devuelto en tres anualidades desde 2017 y el calendario fue respetado. No sucedió lo mismo con los préstamos de tres millones de euros de la Secretaría de Estado de Turismo, que debían empezar a restituirse en 2018.
Durante dicho año no se produjeron pagos, obteniéndose “dispensa para su pago en el ejercicio 2019”, según explica la memoria de Be Mate Community España SA para el ejercicio 2018.
Durante sus ya cinco años de vida, Be Mate no ha logrado entrar en beneficios. En todo el periodo ha facturado la cantidad de cuatro millones de euros contra 17 millones de costes y gastos, según las cuentas depositadas en el registro mercantil. Para cubrir la pérdida de 13 millones, además de usar los fondos públicos, la compañía recurrió en los dos últimos años a sus accionistas. A 2018, lo aportado por estos superaba en el balance los 10 millones de euros.
¿Se acuerdan José Manuel Soria, aquel nefasto ministro de Industria de ingratos recuerdos en la minería española?
Los criterios del Ministerio de Industria a la hora de conceder subvenciones, y sobre todo bajo el mando del canario José Manuel Soria (Partido Popular), llevan sorprendiendo a propios y extraños desde hace años. Ya sea desde la Entidad Nacional de Innovación (Enisa) o desde las secretarías de Estado como la de Turismo o Telecomunicaciones.
Enisa es una entidad que concede cientos de préstamos por año, pero en su mayoría por debajo de los 100.000 euros, como puede consultarse en su página web. Muy pocas empresas superan dicha barrera al año. Los 450.000 euros que obtuvo Be Mate se conceden a muy contadas empresas por año.
Entre estas excepciones, son conocidos los casos de Cabify (Maxi Mobility Spain SL), fundada por españoles, pero también creada como filial de otra, Maxi Mobility Inc, con sede última fiscal fuera de España (Delaware) en la que ya estaban depositados millones por los socios, mientras la filial española solicitaba y obtenía fondos públicos de Industria.
Salón del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.
Otros casos que llaman la atención en cuanto a la cuantía, y mero hecho de su concesión, son los de los préstamos subvencionados otorgados a compañías que fueron poco después objeto de procedimientos judiciales, precisamente por no ser lo que decían ser: Gowex, que mintió sobre clientes y contratos; Eico On Line SL, la empresa de Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica; o el Grupo Zed, objeto de una doble investigación en la Audiencia Nacional (operación Hanta). En este último caso, de un lado se profundiza en las causas de la quiebra de Zed y de otro, se investiga la forma en cómo obtuvo tal cantidad de subvenciones públicas, mayormente de Industria, y en el destino final del dinero público. Otra compañía, por ejemplo, que recibió las bendiciones de Industria vía Enisa fue Dos Mil Palabras SL, editora de Okdiario, el digital que comanda Eduardo Inda.
Kike Sarasola, exjinete olímpico e hijo de uno de los constructores preferidos de Felipe González, sufrió una lesión de espalda mientras preparaba los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, en la que habría podido ser su cuarta cita olímpica.
En 2006, se casó en Madrid con su novio de toda la vida, Carlos Marrero. Su boda salió en las revistas y tuvo como invitados a muchos rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Guillén Cuervo y Felipe González, que fue quien les casó. Tienen tal estrecha relación, que una de las hijastras del expresidente del Gobierno, Micaela González García-Vaquero, de 31 años, dirige desde hace casi tres años uno de los hoteles, Room Mate.
Todos estos logros los vende en el portal en el que se promocionan sus tres líneas de negocios: Room Mate Hotels, hoteles céntricos y urbanos de “lujo asequible”; Be Mate, apartamentos turísticos en edificios señeros y elegantes; y Xperience, un servicio de consultoría a otros hoteles para compartir el “exitoso modelo” del emporio de este hombre de 56 años que se hizo muy popular por salir del armario en la portada de la Revista Zero en 2002. Su boda con su novio de toda la vida, Carlos Marrero, la ofició Felipe González, el expresidente del Gobierno de España y gran amigo de la familia.
En 2005, al año de abandonar la competición deportiva a la que se dedicaba profesionalmente, Kike Sarasola abría su primer hotel en la Plaza Vázquez de Mella, ahora llamada Pedro Zerolo. A pesar de la crisis económica de 2008, el hijo del que fuera uno de los mejores amigos y más cercanos colaboradores de Felipe González, gracias a contactos y una herencia de varios millones de euros de su padre, comenzaba el meteórico ascenso empresarial del dueño de los apartamentos en los que la presidenta madrileña se rehúye del coronavirus.
Sala del apartayuso de Kike Sarasola por 80 euros.
El holding empresarial ha pasado de un hotel en el barrio de Chueca a contar, solamente 15 años después, con 12 sociedades: 9 en España, una en Nueva York y dos en Florida. Con la marca Room Mate Hotels, en la que aglutina los hoteles, ha abierto 25 hoteles en las principales capitales españolas y del mundo. En Barcelona cuenta con cinco hoteles; en Madrid con seis; en Málaga con dos; uno más en Estambul, Ámsterdam, Nueva York, Milán, Ciudad de México, Rótterdam, San Sebastián, Roma y Mallorca.
Con la firma Be Mate, en la que centraliza la gestión de los apartamentos turísticos, cuenta con cuatro edificios de alojamientos de lujo en Madrid, entre ellos el de Plaza de España con vistas al Palacio Real donde se hospeda la mandataria madrileña; en Barcelona cuenta con otra explotación residencial en Paseo de Gracia; tres en Ciudad de México y en Milán y Romá cuenta con sendos inmuebles.
Curiosamente, el 30% de la sociedad bajo la que operan los apartamentos turísticos pertenecen a Sandra Ortega, hija mayor de Amancio Ortega, dueño de Inditex, quien ha sido una de las grandes financiadoras del enorme crecimiento del grupo de empresas del exjinete.
Sarasola, de 56 años, tiene un hermano, Fernando, al que se le conoce como Gigi Sarasola. Los dos son hijos del empresario Enrique Sarasola Lerchundi, -fallecido en 2002-, y de María Cecilia Marulanda. Su padre era amigo íntimo de Felipe González y apadrinó al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando vino a Madrid.
Actualmente, la familia está envuelta en problemas judiciales ya que la fiscalía pide cuatro años de cárcel para los hermanos Sarasola y su madre, por defraudar a Hacienda cuatro millones de euros heredados de su padre, quien hizo su fortuna en Colombia. En 2005, el casero de Ayuso lanzó su primer hotel bajo la marca Room Mate Hotel; en 2014 hizo lo mismo con Be Mate y los apartamentos turísticos y en 2016, nació la consultora que, en junio de 2019, abrió su primer hotel bajo la marca X-Perience, La Tonnara di Bonagia en Sicilia, una antigua atunera del siglo XVII convertida en un alojamiento de 47 apartamentos y 58 habitaciones inspirado en el Mediterráneo.
La Fiscalía le pide 4 años de cárcel, al igual que a su madre y su hermano, por haber ocultado la herencia de 26,3 millones de euros que recibieron tras la muerte de su padre, en 2002, al no haberlas declarado en el impuesto de sucesiones.
Una condena a cuatro años de prisión podría suponer el ingreso efectivo en la cárcel, aunque se espera el pago de responsabilidad económica antes del final del juicio y conseguir así una disminución o suspensión de la pena.