Cuando leáis este diario de hoy ya habrán pasado 65 días de mi arresto domiciliario, con la salvedad de que ya podemos salir a la calle desde hace una semana sin otro propósito que dar una vuelta, tomar un cafetín con los amigos, a la distancia decretada, dependiendo de la edad que tengamos cada uno de nosotros, de tal manera que todo parece indicar que ya hemos estrenado lo que el gobierno y la prensa bovina no paran de hablar de la “nueva normalidad” que se avecina. Eso sí, el gobierno emprende otro nuevo giro en su gestión del COVID-19. Si en un principio con la pandemia golpeando ya con dureza a nuestro país, no se obligó al uso generalizado de mascarillas – ni siquiera fueron recomendadas a la población en general -, el gobierno va a regular ahora el uso obligatorio de estas en los espacios públicos, tal y como anticipaba ayer, domingo, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de una petición casi unánime de los presidentes autonómicos en la reunión semanal que mantiene Pedro Sánchez con ellos.
Pero, con mascarilla o sin mascarilla, ¿Cuál es esa “nueva normalidad” que se avecina? No nos engañemos. Que no nos vendan la moto. Lo que se avecina es mucho peor de lo que muchos de nosotros estamos pensando. Ni siquiera nos lo podemos ni imaginar y, mirad, lo digo de corazón: ojalá me lo podáis reprochar de por vida que me estoy equivocando. La sociedad está en choque y no es consciente de la realidad hacia la que nos dirigimos porque ahora mismo solo tenemos una cosa en la cabeza: el ansia de libertad.
El parón es salvaje y eso queda reflejado perfectamente en las cifras del sector bancario, donde la “nueva realidad” es que en lo que llevamos del año se llevan firmadas 150.000 hipotecas menos, cada día se presentan 13.000 peticiones de aplazamiento de pago por parte de hogares y se han recibido 260.000 solicitudes de liquidez en un solo mes. Este es el primer termómetro que nos muestra lo alejado que está el ciudadano de la situación económica.
El segundo termómetro es la proliferación de negocios que revelan una urgente necesidad de liquidez, tal como nos muestran las cada vez más aperturas de los “compro oro”. Esos negocios que ya se hicieron populares durante la crisis de 2008 y que prosperan siempre que escasea la concesión de préstamos o micropréstamos, dándose el caso de qué en los mismos los hay que tienen lista de espera ante la avalancha de ciudadanos necesitados para tener liquidez. Por otra parte, el hambre ya empieza a aparecer, con largas colas ante los establecimientos preparados como bancos de alimentos, como los de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica y la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), entre otros organismos, que recuerdan aquellas fotos del auxilio social de la posguerra
Existen dos consensos entre los economistas: que la economía va a registrar una caída de entre el 10% y el 15% del Producto Interior Bruto, y que todavía no se ha todo lo posible para evitar la destrucción del tejido productivo y preservar la oferta y la capacidad de reactivación de la economía española, especialmente para las pymes y los autónomos. Las medidas adoptadas, tales como los ERTES, ayudas a los autónomos por cese de actividad y avales están contribuyendo a sostener rentas y aliviar cierto tipo de costes, como los laborales, y son imprescindibles, pero muy insuficientes e insostenibles, pudiendo acabar en un gran porcentaje en despidos y paros, siendo España, como es, una economía que no esta preparada para afrontar este duro choque debido a la debilidad de su posición fiscal global, esto es un alto endeudamiento y el mayor déficit estructural, por mucho que el gobierno español haya maquillado la crisis inflando sus previsiones. De hecho, el programa remitido a Bruselas presenta “importantes discrepancias con el escenario de BBVA Research”, subrayan desde el servicio de estudios de la entidad en un reciente documento, siendo “la mayor incertidumbre en la previsión de los ingresos, donde el programa asume una caída de apenas un 5% respecto a 2019 (BBVA Research: -11%), lo que refleja una menor sensibilidad al ciclo económico”, añaden los analistas de la entidad dejando muy claro que el dato del gobierno es muy limitado.
El cuadro adjunto de Bruegel muestra como el esfuerzo fiscal desplegado por nuestro país no solo es el más bajo, sino que ni siquiera alcanza el valor del déficit público estructural (un 3,1% del PIB potencial en 2019, según la Comisión Europea).
Además, el debate sobre la solidaridad europea seguido hasta ahora está confundiendo el qué con el cómo. Una cosa es qué políticas debería poder financiar la Unión Europea de manera solidaria, con transferencias y subvenciones como sería deseable, y no con préstamos, y otra muy distinta cómo debe hacerlo, si emitiendo eurobonos o deuda perpetua. En estos momentos, en nuestro país más del 51% de la ciudadanía depende económicamente del Estado, de tal manera que, si se cumplen todo lo que están ofreciendo, España se instalará en la quiebra técnica en muy poco tiempo, tras dispararse, aun más el déficit y la deuda pública. Otra cuestión muy distinta es afrontar una reforma fiscal justa y equitativa, tal como se está exigiendo desde la vicepresidencia segunda del gobierno que ostenta Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición, pero todo parece indicar que, por parte de la Calviño, el Escrivá y del propio presidente del gobierno “nanai del Paraguay”. Ni siquiera un simple movimiento para que la banca pague los 60.000 millones de euros perteneciente al erario público, no vaya a ser que les retiren las subvenciones a sus partidos o, lo que sería peor, les hicieran pagar las cifras multimillonarias que todos los partidos, a excepción de Podemos, les deben.
Es verdad que el latigazo del COVID-19 sobre esta espalda desnuda de nuestro país se podría aliviar desde Europa, pero son varios los países que no están dispuesto a ayudar a un gobierno, empezando por la jefa del IV Reich que no quiere ver a un comunista ni a diez mil kilómetros de distancia, lo que nos indica que España va a ser intervenida como ya ocurriera en su día con Grecia, Irlanda o Portugal.
Fuente: Ministerio de Sanidad (18 de mayo de 2020)
Sin embargo, cuando parece que la desescalada va descendiendo con cierta normalidad, siempre según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad que acabo de ver ahora mismo – desde hoy lunes las ofrecen a partir de las 17,00 horas – con 27.709 muertos y 231.606 infectados, algunos, tratando de sacar rentabilidad electoral a cuenta de los muertos como auténticos buitres carroñeros, llevan convocando manifestaciones pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, unas manifestaciones que, desde mi punto de vista, solo merece desdén, un desprecio proporcional al que rezuma por sus poros de indigente racional quien viola la ley en una democracia para comprometer al que la cumple a un virus que ahora se sabe mortal por proximidad, es decir que mata al que te cruzas. Y, lógicamente, esto nada tiene que ver con una lucha de clases sino con la clase de lucha.
La manifestación contra el Gobierno de España que se celebró en el barrio de Salamanca, quebrantando las leyes del estado de alarma, ha llegado a la Asamblea de Madrid. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la movilización de los vecinos en la calle Núñez de Balboa porque son personas que “se van a arruinar a costa de las políticas del Gobierno central”. (Asamblea de Madrid, el 14 de mayo de 2020)
Todo hacía indicar – a veces soy bastante iluso – que la presidenta Ayuso hubiera salido a frenar tal desmadre, aunque le hubiera llamado la atención al gobierno por su juego político con el País Vasco, pero no, lo que hizo fue llamar al desorden. Experta en comunicación, la Ayuso no da puntada pragmática sin filo ideológico conductor, lo que implica que tras meses de terror infeccioso y horror político – siguen muriendo cien personas todos los días – aquello que decía de: “valórenme solo por mi gestión y no por lo que digo” ha quedado totalmente desfasado, salvo en gestionar una suite hotelera que cuesta más de 250 euros diarios, ella logró gestionarla en 80 euros, porque en la pandemia la gestión se basa en hechos, sí, pero los precipitan las palabras. Las suyas, azuzando las movilizaciones de Núñez de Balboa no son precisamente muy edificantes para asegurar el bienestar de la población madrileña, sino, más bien, en un populismo que, hasta incluso, puede actuar de auténtico boomerang.
Boca del metro de Núñez de Balboa en Madrid.
Pero, ¿Qué es y quien vive en Núñez de Balboa? Esta calle que se encuentra en el famoso distrito de Salamanca de Madrid, que lleva el nombre de Vasco Núñez de Balboa, el ‘conquistador’ español que nació en 1475 en Jerez de los Caballeros, donde allá, por los años 70, estaba la sede Fuerza Nueva, formación de la extrema derecha fundada por el notario Blas Piñar, de donde salieron los miembros de tal organización falangista para cometer el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha aquella maldita noche del 24 de enero de 1977. Está muy cerca de la conocida “Milla de Oro”, con las tiendas y firmas de moda, decoración y joyería más caras que hay en Madrid.
Sus calles anchas, trazadas en rigurosa retícula del madrileño distrito de Salamanca no están hechas para las protestas. Luis Napoleón Bonaparte encargó al barón Haussmann, el artista de la demolición, una transformación radical de la geografía urbana parisina precisamente para evitar las barricadas, y las amplias avenidas sustituyeron a las estrechas y sinuosas callejuelas de la capital francesa.
Panorámica del barrio de Salamanca en Madrid.
A pesar de un urbanismo no pensado para las revueltas, unos pocos vecinos del distrito madrileño se han echado a la calle, saltándose las restricciones del estado de alarma, para protestar contra la gestión del Gobierno.
Durante la Guerra Civil, el Ejército de Franco evitó bombardear el barrio burgués de Salamanca, donde residían buena parte de los afines al general. Considerada zona neutral, sus ilustres vecinos apenas sufrieron el impacto de un puñado de bombas.
Precisamente por eso, los partidos y organizaciones de izquierdas se instalaron en él para resguardarse de los bombardeos. El barrio albergó la sede de la Inspección Central de las Brigadas Internacionales, la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas o el mismísimo Ayuntamiento de Madrid que se refugió en el Palacio de Amboage.
A día de hoy, el distrito de Salamanca es uno de los más ricos de España. Tiene una renta disponible declarada de 68.333 euros de media, frente a los 25.086 euros de media estatal, y el 24% de sus vecinos superan los 200.000 euros de renta disponible. El distrito se encuentra además entre los más caros de toda España, con precios medios por metro cuadrado que superan los 6.000 euros.
Como es bien sabido, las élites se perpetúan a través de la educación, y el Colegio Nuestra Señora del Pilar es el buque insignia del sistema educativo del distrito. Por sus aulas, debidamente segregadas hasta mediados de los años ochenta, han pasado los señores que han dirigido el país en las últimas décadas: directivos de grandes empresas, altos cargos del régimen franquista, directores de medios de comunicación, políticos, marqueses, diplomáticos, dirigentes del Opus Dei y algún condenado por corrupción.
Allí viven, por mucho que traten de esconderlo, con sus apellidos compuestos, su educación elitista, sus posgrados en las mejores y más caras escuelas de negocios y una agenda de contactos bien posicionados en la escala social, los miembros dirigentes de la escisión producida en el seno de la organización criminal del PP bajo las siglas de Vox.
Sin embargo, existe una tensión en el seno del partido entre los “ricos sin complejos” y los que abogan por redefinirse en clave popular, siguiendo la estela de la extrema derecha europea. Ya durante las elecciones andaluzas de 2018, vimos a un Santiago Abascal hablando de Vox no como “un partido de extrema derecha, sino de extrema necesidad”, y pocos meses después, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, se reunía en Londres con importantes fondos de inversión para buscar financiación y sinergias.
Y es que, como se encarga de recordarnos el autor de Facha (Blackie Books, 2019) Jason Stanley, “Vox no es un partido español, está financiado por los ricos del mundo”, pero también por la financiación de más de medio millón de euros por parte del grupo terrorista iraní Muyahidin-e Jalq (PMOJ), aunque en 2012 la CIA les haya sacado de su listado de organizaciones terroristas a pesar de haber asesinado a unos 17.000 iraníes y participado en la guerra de Siria.
Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, en la manifestación por la unidad de España organizada por Vox, PP y Ciudadanos. Es decir, las tres raíces del mismo tronco de la organización criminal del PP.
Para comprender mejor quienes son estos personajes, a continuación, voy a ir citando a los más destacados, tales como Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, próximo Marqués de Valtierra. Hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, IV Marqués de Valtierra y de María Eugenia de Simón y Vallarino. Su padre ocupó cargos directivos en Iberia, Inditex, Mercedes Benz o Acciona y fue presidente del Círculo de Empresarios y del comisionado para la Marca España. Como presidente del Círculo de Empresarios propuso al Gobierno el recorte de las pensiones y la eliminación de la gratuidad de los medicamentos.
Gracias a sus apellidos ilustres y a una educación elitista, Iván Espinosa de los Monteros adquirió una amplia experiencia empresarial compartiendo negocios inmobiliarios con algunos condenados por corrupción: fue socio de un condenado por evasión fiscal, Andrés Guillamot, en los fondos Varsovia, dedicados a la inversión inmobiliaria en Polonia. También tuvo un negocio con Jacobo Gordon, condenado por el caso Gürtel.
Rocío Monasterio San Martín: Una fortuna amasada al calor de las dictaduras caribeñas. La familia de Rocío Monasterio poseía colonias azucareras en Cuba y hacía fortuna al calor de las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En el Ingenio Manuelita, propiedad de la familia Monasterio, los trabajadores vivían en barracones, carecían de seguro social y contaban con pésimas condiciones sanitarias. Las huelgas eran duramente reprimidas por la guardia rural gracias a las estrechas relaciones de los Monasterio con la dictadura. Las propiedades de la familia fueron expropiadas a raíz del triunfo de la revolución cubana y la empresa azucarera pasó a llamarse 14 de julio.
Este fue el fin de la saga Monasterio en el país caribeño, pero no el fin de su fortuna. Hoy, con seis bienes inmuebles recibidos en herencia, dos sociedades limitadas valoradas en casi 200.000 euros, dos préstamos hipotecarios y una cuenta corriente abultada, Rocío Monasterio es la diputada con mayor patrimonio de la Asamblea de Madrid.
Javier Ortega Smith-Molina. Una estirpe de abogados franquistas. El padre de Javier Ortega, el abogado guipuzcoano Víctor Manuel Ortega Fernández-Arias, frecuentaba en los años sesenta a la flor y nata de la aristocracia de la época. Una crónica de sociedad le sitúa junto a Ramón Serrano Suñer entre los testigos de la boda de los Navarro-Quijano. Su madre, Ana María Smith-Molina Robbiati, nació en Buenos Aires y su apellido aparece vinculado a negocios de la construcción y las obras públicas, integradas desde hace algunos años en un grupo empresarial muy potente, SMITH MOLINA SA. A día de hoy, el número dos de Vox tiene ocho propiedades entre viviendas, solares, fincas y locales comerciales.
Hermann Leopoldo Tertsch del Balle-Lersundi. Este proviene por parte de madre (la Marquesa de Guaimaro) de una rica familia vinculada con la Cuba colonial. Su antepasado, Francisco Lersundi, fue Capitán General en Cuba en 1866 y se ocupó de consolidar el uso de esclavos para las plantaciones azucareras. Cualquiera que vaya hoy a Cuba puede visitar la Ruta del Esclavo en el Valle de los Ingenios donde se encuentran el Ingenio Guaimaro, propiedad de los antepasados de Tertsch, y las torres de vigilancia desde las que se controlaba el trabajo de los más de 300 esclavos de la plantación. Al igual que a la familia de Rocío Monasterio, estas propiedades les fueron expropiadas tras el triunfo de la revolución cubana.
Santiago Abascal Conde. La historia de Santiago Abascal es más conocida. Con 23 años, fue elegido concejal y nombrado asesor en el gobierno de Álava por el que entonces era subdelegado, César Velasco Arsuaga, que casualmente estaba casado con su tía, Begoña Conde. Todo quedaba en familia. En 2005 intentó entrar en el parlamento vasco, pero no logró el puesto, así que Alfonso Alonso, por aquel entonces alcalde de Vitoria, le nombró asesor hasta que una renuncia le abrió las puertas a la cámara autonómica. En 2010 Esperanza Aguirre le nombra director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y le asigna un sueldo superior al del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En 2013, ya con Ignacio González como presidente de Madrid, sería recolocado como gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Una fundación sin actividad conocida, con un único trabajador además del propio Abascal y que se disolvió el mismo día en que se constituyó Vox como partido. A pesar de ello, recibió de la Comunidad de Madrid una subvención de 183.600 euros de los cuales destinó 82.491 al sueldo anual de Santiago Abascal. Hasta la creación de Vox, Abascal ha cobrado alrededor de 730.000 euros entre sueldos públicos y cargos hechos a medida sin ninguna utilidad. Pero ojo, Abascal no ha vivido siempre de “mamandurrias”, también tuvo una empresa hostelera, Heineken Urban Concept, que acabó condenada por no pagar a sus trabajadores…
Hacer una lista exhaustiva de las fortunas, orígenes y relaciones de todos los miembros de Vox queda fuera del alcance de este texto, pero terminemos con algunos perfiles más allá de las caras más conocidas del partido.
Vox en Asturias está muy ligado a El Club de los Viernes, ‘think tank’ liberal que surgió en el Principado como respuesta al nacimiento de Podemos. En esta asociación colaboró el joven abogado de 30 años José María Figaredo, que fue de número tres de Vox a las municipales de Madrid en 2015 y que ahora liderará al partido de Santiago Abascal en las generales por la circunscripción de Asturias. Licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas, Figaredo es nieto de un famoso empresario minero, hermano de la madre del exministro Rodrigo Rato, que hoy cumple condena en Soto del Real por ladrón.
El diputado por Asturias, José María Figaredo Álvarez-Sela, es nieto del empresario minero asturiano José María Figaredo Sela (que fue secuestrado fugazmente por unos trabajadores del pozo de San Inocencio de Figaredo a los que debía las nóminas de una año) y es familiar del exministro Rodrigo Rato, que hoy cumple condena en Soto del Real por ladrón, al igual que en tiempos de Franco acabó su padre que siendo más franquista que el propio Franco fue encarcelado por el asunto del Banco de Siero y otros asuntos de visión de capitales.
Víctor Guido González Coello de Portugal, hombre de confianza de Santiago Abascal, es vicepresidente primero y responsable de la vicesecretaría de recursos y fue condenado como responsable de la ruina de Marmolería Leonesa, con una pérdida de cerca de 80 empleos directos. El captador de fondos de Vox, según denuncian ex-miembros de su propio partido, estaría implicado además en la ocultación de donaciones de empresarios a Vox a través de testaferros.
En la novela de Rafael Chirbes «En la orilla», hay un momento en que se dice que si el dinero sirve para algo es para comprar la inocencia a tus descendientes. Puede que los líderes de Vox no sean culpables de los pecados de sus ancestros, pero sin duda gozan de ellos. Mantienen un patrimonio y un capital social heredado a cambio de una “obediencia debida” a una aristocracia de nuevo tipo, las élites financieras.
Vox pide reducir al máximo los impuestos a las herencias. Vox propone desmantelar el sistema público de pensiones. Vox rechaza la “paguita” del Gobierno para personas vulnerables. Vox no apoya retirar las dietas a los diputados durante el estado de alarma. Vox rechaza subir los impuestos a los ricos y advierte de que el Estado tendrá que recortar por el lado “más doloroso”.
Las protestas que se han celebrado estos días en el madrileño barrio de Salamanca contra el Gobierno de Sánchez por su gestión frente a la epidemia de coronavirus han provocado un efecto de reacción extendido a otras ciudades españolas, donde se han observado concentraciones similares. Este domingo, numerosas personas han ocupado las calles de Salamanca para denunciar la forma de proceder del Gobierno para frenar esta crisis sanitaria. También en Logroño, Zaragoza y Sevilla, decenas de personas han protestado cubiertos con la bandera de España, pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno.
Su ideología siempre fue la muerte. Son los herederos ideológicos de aquellos que mataron a nuestros abuelos, de quienes los tiraron a cunetas inmundas, de los que dejaron España transformada en un queso gruyere con miles y miles de fosas por todo el territorio, quienes violaron a nuestras abuelas después de quedar viudas, de quienes sacaron a nuestras madres de la escuela con ocho o nueve años para ponerlas a fregar de rodillas los suelos por donde escupían el puro o caían borrachos después de una buena jarana.
Son los hijos y nietos de quienes raparon a nuestras abuelas y las pasearon en ropa interior por el pueblo con la única finalidad de humillarlas, después hacerlas beber aceite de ricino para hacerlas pasear con diarreas a la salida de misa de doce. Los mismos que necesitaban ir armados y ser media docena para detener a un solo hombre bueno, despojarlo de su casa, su familia, llevárselo a una prisión inmunda, hacerlo desaparecer y sacarlo de madrugada en una saca para dispararle por la espalda en la tapia de cualquier cementerio.
Son los mismos que mataron a los abogados laboralistas de Atocha, en plena Transición, mientras defendían los derechos de los trabajadores más humildes. Son los herederos de quienes dieron el golpe de Estado contra la democracia española en 1936, el frustrado del 23F de 1981 y los que lo darían de nuevo, mañana si pudiesen.
Son los mismos que se subastaban a los jornaleros andaluces y extremeños en la plaza del pueblo como hacían los esclavistas con los negros antes de subir a las galeras de los barcos. Son los mismos que abusaban sexualmente de las criadas, las dejaban preñadas y, cuando parían, las despedían sin reconocer al bebé y manchando la reputación de la víctima para toda su vida.
Son los herederos de quienes llenaron España de campos de concentración de presos para levantar el país que ellos habían destruido después del golpe de Estado contra el gobierno de la II República que ocasionó la gran tragedia en España.
Son los mismos. Su ideología es la muerte. Sus mayores hobbies están vinculados a la destrucción de la vida: irse de putas, de montería o portar armas. Su ideología es la exaltación de la muerte. Por eso defienden la privatización de la Sanidad y Educación o los recortes en Ciencia y Servicios Sociales, mientras abogan por aumentar el gasto en armamento.
Son también los lacayos del poder. Los que les perdonan a los bancos los 60.000 millones de euros robados al contribuyente español, los que votan en contra de subirle el sueldo a un trabajador que cobra 900 euros.
Son mala gente que camina bien vestida, aseada, perfumada, acomodados desde que los echaron del vientre de su madre; niños pijos que no conocen más esfuerzo que levantarse a las seis de la mañana para irse de montería o de pesca en su yate; seres arrogantes que no saben lo que es tener falta de un trozo de pan en la mesa ni haber recibido nunca el aviso de las eléctricas para que te corten la luz en casa por no poder pagar la factura del mes.
Nacieron el 10 de mayo. Se bautizaron como Movimiento Barrio de Salamanca. Y ahora se llaman Resistencia Democrática. Unos doscientos vecinos de una de las zonas más ricas de España protagonizan cada noche una revuelta contra el estado de alarma en la que se llama asesino al Gobierno y se piden elecciones generales, mientras se escucha el himno nacional y el más marcial ‘La Muerte no es el final’, oda en honor a los militares caídos. A veces, los más entusiastas corean “Sánchez vete ya” con un tono propio de una hinchada enfadada con su equipo de fútbol.
Son los chupópteros de lo público, los golfos de la universidad que al final tienen que irse a la privada o la Harvard madrileña para sacar un doctorado express, son los que, con contactos, herencia y sin esfuerzos lo han conseguido todo en la vida. Son los que están acostumbrados a ganar hasta cuando pierden.
Son los consentidos del actual gobierno, mientras no demuestre lo contrario, por no dar ordenes a la policía y guardia civil para que actúen contra esta gandalla, de igual manera que ordenan cuando se trata de los trabajadores que reivindican sus salarios, sus puestos de trabajos o mejores condiciones de vida y de trabajo. ¿Cómo es posible esta pasividad del gobierno, cuando, durante el estado de Alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han elevado un total de 1.100.000 propuestas de sanción a las respectivas delegaciones del Gobierno?
Es decir, se ha interpuesto una media de casi 20.000 propuestas de sanción diarias por saltarse el confinamiento, la mayoría de ellas por prepotencia de los agentes y por pijadas. Pocos cojones.