19 de mayo

Cuando llevo 66 días de arresto domiciliario como consecuencia del estado de alarma decretado contra el COVID-19, por fin, todo parece indicar que la desescalada va en serio a juzgar por las cifras oficiales que nos viene ofreciendo el ministerio de Sanidad, en las cuales, por tercer día consecutivo la situación de la pandemia mejora, aunque el balance que va dejando atrás de muertos e infectados sea de unas dimensiones colosales. Los muertos al día de hoy, 19 de mayo, ascienden a 27.778 – 69 menos que ayer -, mientras los infectados ascienden a 232.037. Los responsables de Sanidad – los que están dando la cara – indican que España ha entrado en un nuevo escenario en el que se ha logrado cortar casi totalmente la circulación del virus, de lo que no tengo más que mostrar mi enorme y sincera alegría.

Un documento al que tenido acceso NIUS, con membrete de la Comunidad y firmado por el director general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, Carlos Mur de Víu. Carlos Mur, con amplia experiencia en gestión sanitaria, fue destituido el 13 de mayo, cinco días después de la dimisión de la directora de Salud, Yolanda Fuentes, por negarse a que Madrid pasase a la fase 1 de la desescalada. En este documento con fecha de 18 de marzo se aconseja no hospitalizar a los enfermos de Covid-19 de las residencias de ancianos en función de su esperanza de vida y de su pronóstico.

Sin embargo, las dramáticas cifras de muertos en los pretanatorios – en su mayoría llamados sarcásticamente geriátricos o residencias de ancianos -, donde residían los más de 19.000 de nuestros viejos, me siguen pareciendo espeluznantes, aterradores, diría yo, tal y como dejé muy claro en tres de mis diarios, cuando afirmé que tal parecía que el bicho este fuese selectivo a la hora de escoger a las personas, refiriéndome, sin tapujos de ningún tipo, a que iba directamente a por los pensionistas. Aquello me causó toda una campaña de críticas e insultos a través de las redes sociales, a veces de quienes menos lo esperaba, poniéndome hasta como un demente que había perdido los papeles, pero ello no me frenó ni un milímetro en mis convicciones, todas ellas perfectamente constatadas por amigos y amigas pertenecientes al sector sanitario.

Todo ello no hubiera ocurrido si no se estuviera realizando el conocido triaje de guerra, donde se sacrifican las vidas de unas personas – en este caso los pensionistas – en beneficio de otras. Es lo que el papa argentino Francisco define como “cultura del descarte”, que priva a los ancianos del derecho a ser considerados personas relegándolos a ser un número y, en algunos casos, ni siquiera eso.

Documento del Hospital Universitario Infanta Cristina de la localidad madrileña de Parla (25-03-2020)

Y eso es lo que ha ocurrido en muchos de esos pretanatorios repartidos a lo largo y ancho del territorio español, caso concreto de la Comunidad de Madrid, donde se ha impuesto un modelo peligroso que fomenta una “sanidad selectiva” y que, aunque sus dirigentes se confiesen y vayan a comulgar diariamente a la catedral de La Almudena, siguen considerando residual la vida de nuestros viejos. De esta manera, su mayor vulnerabilidad, su avanzada edad y el hecho de que pueden ser portadores de otras patologías justifican esa forma “selectiva” a favor de los más jóvenes y de los demás sanos.

Desde mi punto de vista, resignarse a una resolución hitleriana, totalmente injustificada, contra los hombres y mujeres que más lucharon por la libertad, la democracia y la conquista de un sistema público de sanidad que hoy los abandona, no solo me parece repugnante, entre otras cuestiones y, sobre todo, porque la base de la ética democrática y humanitaria consiste precisamente en no hacer distinción entre las personas, ni siquiera a causa de la edad. En absoluto se puede aceptar bajo ningún “estado de necesidad” que legitime o dé cobertura a los derechos humanos y deontología médica.

Fuente: Ministerio de Sanidad (19 de mayo de 2020)

En absoluto se puede dejar morir a la generación de hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura, trabajando por la reconstrucción del país después de la guerra incivil española, a la vez que contribuyendo a edificar Europa con sus miles de emigrantes repartidos por todos los países europeos de Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Reino Unido y Holanda. Además, la aceptación por parte de estos y estas bestias salvajes que se sientan en las poltronas de los gobiernos que nuestros viejos no tienen el mismo valor significa el rompimiento de la trama social de la solidaridad intergeneracional y el desmembramiento de toda una sociedad.

Tiene 72 años, pero a Taro Aso, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Japón, no le tembló la voz cuando pidió a millones de compatriotas ancianos que se hagan el haraquiri para cuadrar las cuentas del país desarrollado más deficitario —la deuda supera el 200% del Producto Interior Bruto (PIB)—. Durante una reunión de expertos sobre la reforma de la seguridad social, Aso declaró que el sistema médico debe cambiar de manera que “se mueran pronto” muchos de los pacientes terminales que ahora utilizan “el dinero del Gobierno” para sus caros tratamientos. La frase no fue fruto de un exabrupto, sino que el ministro continuó explicando su tesis a los boquiabiertos expertos. “A esos pacientes se les mantiene vivos incluso si desean morirse”, afirmó. “Yo no puedo dormir bien si pienso que estoy utilizando el dinero del Gobierno [para recibir un tratamiento muy caro]”, añadió. (El País, 26 de enero de 2013)

Aquellos y aquellas que rebajan el valor de la vida frágil y débil de los más viejos son exactamente los mismos y las mismas que están preparados para desvalorar todas las vidas, incluso llevando a cabo genocidios como el ocurrido en nuestro país, con viejos, jóvenes, mujeres, niños y niñas.

Precisamente, hablando del COVID-19 y de los pensionistas, uno de los retos más importantes que habrá que afrontar después de la sinPANdemia será como gestionar esa amenaza que sigue pendiendo sobre nuestras pensiones.

Ayer mismo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dió un espaldarazo sin ambages a la “terapia de choque” aplicada para paliar el impacto de la lucha contra la pandemia en la actividad económica, aunque reclamó diseñar sin tardanza un plan para sanear a medio plazo el fuerte desequilibrio que sufrirán las cuentas públicas. “El ajuste es inevitable”, avisó. Junto al plan de revisión del gasto “superfluo” y el incremento de la recaudación tributaria, Hernández de Cos pidió en el Congreso de los Diputados un “pacto político” para emprender un programa de reformas estructurales. Un acuerdo, recalcó, que se deberá aplicar durante varias legislaturas.

Descartadas las estimaciones menos pesimistas, publicadas hace menos de un mes, sobre la contracción para este año por “poco realistas”, quedan obsoletas las proyecciones basadas en “una recesión más breve y moderada”.  Ahora, sitúan la caída del PIB en dos escenarios que plantean una horquilla del 9,5% al 12,4% en el 2020, mientras esperan que el rebote del año siguiente sea del 6,1 % y el 8,5 %, respectivamente. De forma que se inclinó un dibujo en el que la crisis, vinculada a la evolución sanitaria de la pandemia y la eficacia de las medidas para reactivar la economía, puede ser más sombría y duradera, dejando la puerta abierta a nuevas complicaciones. “La recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente”, alertó.

Sobre la implantación “gradual” de un plan de ajuste presupuestario, una vez superada la recesión, el dirigente del Banco de España recordó que la Administración encarará un incremento del gasto por el pago de intereses, mayores necesidades de atención sanitaria, las pensiones, nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital o la crucial preservación de la inversión en I+D y en educación. Por lo que recetó una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todas las partidas de gasto.

Todos los políticos, gobierno y oposición, han prometido seguir subiendo las pensiones, por encima incluso de la inflación. Sin embargo, estas ofertas se contraponen con el fuerte déficit que arrastra el sistema, con que el gasto crece al mayor ritmo en una década y con el reto de la jubilación del ‘baby boom’ a partir de 2023, de tal manera que ya empieza a sonar el “no cuánto se revalorizarán, sino cuánto se van a recortar, si un 20% o un 30%”. Hoy, todos los partidos, gobierno y oposición, prefieren ignorar el elefante en la habitación y evitar hablar de una verdad dolorosa como la que señaló el anterior Gobernador del Banco de España, Óscar Arce, cuando afirmó que “La viabilidad social y financiera del sistema requiere reformas de calado, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos”.

El 11 de mayo, el grupo de trabajadores y familiares agrupados en torno a la Marea de Residencias presentó, en los Juzgados de Plaza de Castilla, una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz-Escudero y diez directores de residencias. Según informa Europa Press, las residencias mencionadas son DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal. La querella les acusa de los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Entienden, además, que la Comunidad de Madrid tiene “plenas competencias en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores”.

El uso electoralista de las pensiones no es nuevo. De hecho, el expresidente Felipe González acusó en 1993 al entonces candidato popular José María Aznar de que la rebaja fiscal que prometía en su programa “significa 8.000 pesetas menos para cada pensionista”, una acusación que posteriormente sirvió para crear el Pacto de Toledo, con el objetivo de sacar el debate de las pensiones de la contienda partidista, aunque ello haya  dificultado el necesario debate sobre las reformas de la Seguridad Social.

También el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, habló muy recientemente de limitar las pensiones de viudedad para aquellas personas que ya cuentan con una cierta renta, a lo que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, le reprochó que “Granado opina, opina… y a veces no se da cuenta de que forma parte de un Gobierno”. Por eso, le rectificó “totalmente” y abogó por una mayor alza de las pensiones de viudedad. La clave, para el Gobierno, estaría en un incremento de las cotizaciones sociales, que viene impulsado por la subida del salario mínimo y el afloramiento de los falsos autónomos, entre otras medidas.

Lo que queda de manifiesto después de todas estas declaraciones es que el problema de las pensiones, que es uno de los más grandes que sufre el país, y sus posibles soluciones es un tabú durante la campaña electoral. Y más, cuando el número de pensionistas roza ya los 9 millones de personas, un suculento caladero electoral, por no hablar de aquellos que están a las puertas de la jubilación.

No nos engañemos: van a por nosotros, jubilados y pensionistas. Nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con los votos favorables de los populares y liberales, la abstención del PSOE y el voto en contra de UNIDAS PODEMOS.

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades para su rescate, por no decir nulas, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

La estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más tarde con la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010.

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se trata de querer enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”. ¿Cómo es posible que, según el último informe anual de Credit Suisse sobre la riqueza mundial, el 1% de la población mundial posea el 45 % de la riqueza, y el 50 % menos del 1%? Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

Cuando el empleo es seguro, estable y de calidad, el sistema de pensiones ingresa lo suficiente para repartir y no sufre, pero si el empleo se vuelve inseguro, inestable y de baja calidad, el sistema entra en zona roja e ingresa menos de cuánto debe repartir.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado. Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 88% del gasto destinado a las pensiones.

Y dicen mucho más los inspectores de Hacienda: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero. Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.200 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Pero, vuelvo a repetir, los recortes que vendrán otra vez serán sobre los pensionistas, no tanto sobre los actuales, sino de una manera brutal para los que vienen – los que puedan tener derecho a pensión por años cotizados -.

Pocas políticas públicas tienen tanto impacto, político y sobre las cuentas públicas, como el pago de las pensiones. El acuerdo presupuestario de 2018 se ha cerrado a cambio de una subida de las pensiones en línea con el IPC previsto por la ley, tras semanas de protestas de jubilados que consideraban escaso el 0,25% de subida previsto

La pandemia del coronavirus ha provocado que las pensiones concedidas por el Estado sean, en muchos casos, el único sustento e ingreso que tienen las familias para poder vivir. El pasado mes de abril el Gobierno abonó una pensión de jubilación a más de 6.094.000 personas, todas ellas suman una cantidad que asciende a los 7 millones euros y que da como resultado una pensión media de jubilación fijada en 1.159 euros. Con estos datos que ofrece la Seguridad Social, se puede observar que en de febrero a abril el sistema registra una caída de 8.000 jubilados menos. Pero no en todas las comunidades autónomas se cobra la misma pensión de jubilación, la más alta de España ronda los 1.456 euros, mientras que la más baja se queda en 811 euros mensuales.

El 31 de diciembre de 2016 la pensión media de jubilación se establecía en 1.052 euros. En el último registro aportado por la Seguridad Social la pensión media ha subido 107 euros. Esta cantidad se establece con todos los datos segregados por provincia y en esa clasificación en última posición aparece Orense, en la que cada jubilado cobra, de media, 811 euros cada mes. Situación bien similar tienen en Vizcaya, allí los jubilados ingresan una cantidad muy superior y que es la más alta de toda España: 1.456 euros.

El País Vasco es la autonomía española con mayor pensión media (1.426), aunque bien cerca se encuentra, por ejemplo, Madrid con 1.355 euros mensuales, así como los 1.398 euros que se pagan en Asturias. Extremadura, por su parte, cierra la clasificación regional al contar con la pensión media más baja de toda España: 960 euros mensuales.

Siendo verdad que la banca ha sido recatada con nuestros impuestos a base de reformar el artículo 135 de la Constitución para imponer el “austericidio”, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación de las pensiones por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica, no es menos cierto que, a pesar de que la banca nos debe 60.000 millones de euros, sus directivos no tienen problema alguno a la hora de recibir su jubilación, tal y como podéis ver en el cuadro elaborado que os adjunto.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.